STC14425-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC14425-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-03728-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintisiete de octubre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintisiete (27) de octubre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Minerales Andinos de Occidente S.A.S. contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes del proceso objeto de queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La sociedad promotora del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso e igualdad, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial acusada, por tanto, solicita, en concreto, \u201cse revoque la sentencia\u201d proferida por la corporaci\u00f3n convocada dentro del litigio materia de amparo. <\/p>\n
2. Del ruego tuitivo y sus anexos se extrae como base de su reclamo, lo siguiente: <\/p>\n
2.1. Luis Alberto Castro Saldarriaga y Nancy Helena Castro Palomino, incoaron contra Minerales Andinos de Occidente S.A.S. \u2013 aqu\u00ed tutelante-, el juicio declarativo objeto de resguardo, requiriendo la \u201cresoluci\u00f3n del contrato de cesi\u00f3n de t\u00edtulo minero CHG-081\u201d por incumplimiento en el pago de $140\u2019000.000, por parte del extremo pasivo. <\/p>\n
2.2. El conocimiento de ese asunto correspondi\u00f3 al Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Oralidad de Medell\u00edn, quien, en sentencia de 7 de febrero de 2020, deneg\u00f3 las pretensiones invocadas. <\/p>\n
2.4. Afirma la interesada que, inconforme con esa decisi\u00f3n, interpuso casaci\u00f3n, pero el ad quem no la concedi\u00f3, determinaci\u00f3n que fue ratificada por esta Corporaci\u00f3n el 11 de agosto de 2021. <\/p>\n
2.5. Asevera que la corporaci\u00f3n confutada incurri\u00f3 en \u201cv\u00eda de hecho\u201d, pues <\/p>\n
\u201c(\u2026) al descomponer la decisi\u00f3n, encontramos que su primer eje argumental, la presunta novaci\u00f3n t\u00e1cita de obligaciones, no era procedente, no s\u00f3lo por la inexistencia de una un\u00edvoca manifestaci\u00f3n de voluntad de los contratantes, sino por la condici\u00f3n suspensiva que reg\u00eda sobre la convenci\u00f3n primigenia. Las declaraciones del fallador colegiado son parcialmente acertadas. Se prob\u00f3 que fueron suscritos dos contratos, uno del a\u00f1o 2006 y otro del 2007, que son materialmente id\u00e9nticos y difieren en la manera c\u00f3mo van a realizarse los pagos del precio del negocio. Sin embargo, el primer contrato estipul\u00f3 una obligaci\u00f3n condicional para el precio y el segundo tambi\u00e9n la aplicaba, de manera tal que el entendimiento del problema jur\u00eddico subyacente se hizo en desconocimiento del art\u00edculo 1.692 C.C. (\u2026)\u201d. <\/p>\n
LA RESPUESTA DEL ACCIONADO <\/p>\n
El tribunal criticado se opuso al ruego resaltando la legalidad de su decisi\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u201cel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u201d (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. En el caso que concita la atenci\u00f3n de la Sala, encuentra la Corte que la acci\u00f3n constitucional carece de vocaci\u00f3n de prosperidad, habida cuenta que el Tribunal accionado para establecer el incumplimiento por parte de Minerales Andinos de Occidente S.A.S., respecto del contrato objeto del litigio subex\u00e1mine, consider\u00f3 razonadamente: <\/p>\n
\u201cEn el caso en estudio los actores CASTRO SALDARRIAGA y CASTRO PALOMINO, vendieron el 2.7778% del t\u00edtulo minero \u201cCHG-081\u201d a MINERALES ANDINOS DE OCCIDENTE S.A.S., y como prueba de tal negociaci\u00f3n con la demanda aportaron el contrato figurante a folios 8-10 principal, el cual aparece firmado el 16 de marzo de 2007\u201d. <\/p>\n
\u201cTales documentos coinciden en la cesi\u00f3n total de los derechos mineros que pose\u00edan los demandantes en la mina \u201cVENTANA BAJA\u201d, adem\u00e1s est\u00e1n suscritos por aquellos y por quien para ese momento era el representante legal de la sociedad demandada\u201d. <\/p>\n
\u201cAhora, en ambos textos tambi\u00e9n existen estipulaciones referentes a: <\/p>\n
(i) Obligaciones del cedente y de la cesionaria, <\/p>\n
(ii) La entrega material del \u00e1rea que integra el t\u00edtulo minero, <\/p>\n
(iii) La confidencialidad del contrato, y; <\/p>\n
(iv) Qu\u00e9 hacer en caso de incumplimiento\u201d. <\/p>\n
\u201cEn cada uno de tales instrumentos, el precio est\u00e1 consignado en la CL\u00c1USULA TERCERA, siendo el total $280\u2019000.000,oo, pagaderos en tres (3) cuotas as\u00ed:\u201d <\/p>\n
\u201cLa primera, de $70\u2019000.000,oo a la firma del respectivo contrato. La segunda, tambi\u00e9n de $70\u2019000.000,oo pero al momento de la aceptaci\u00f3n, permiso y\/o autorizaci\u00f3n de la cesi\u00f3n por parte de la autoridad competente, y por \u00faltimo. Un tercer pago de $140\u2019000.000,oo\u201d. <\/p>\n
\u201cSeg\u00fan el contrato del a\u00f1o 2006 el \u00faltimo pago debe darse, as\u00ed:\u201d <\/p>\n
\u201c(\u2026) al momento de recibirse certificado de Registro Minero Nacional en el cual conste que se ha hecho la inscripci\u00f3n de los derechos emanados de la cesi\u00f3n a nombre de la Compa\u00f1\u00eda Minera de Caldas. La prueba de la inscripci\u00f3n de la cesi\u00f3n ser\u00e1 obligaci\u00f3n de EL CEDENTE\u201d. <\/p>\n
\u201cYa en el contrato del a\u00f1o 2007 en cuanto a esa \u00faltima cuota se dijo: \u201c(\u2026) se pagar\u00e1 por EL CESIONARIO AL CEDENTE una vez inscrita la cesi\u00f3n en el Registro Minero Nacional\u201d. <\/p>\n
\u201cAclarada tal situaci\u00f3n, tenemos que el contrato del a\u00f1o 2007 para el pago de la \u00faltima cuota del precio de la cesi\u00f3n, exig\u00eda la inscripci\u00f3n de la cesi\u00f3n en el Registro Minero Nacional, y el del a\u00f1o 2006 condicionaba el pago a que \u201cEL CEDENTE\u201d, en este caso los demandantes, probaran la respectiva inscripci\u00f3n con el certificado del Registro Minero Nacional\u201d. <\/p>\n
\u201cPese a lo anterior seg\u00fan esgrimi\u00f3 el recurrente, el contrato v\u00e1lido es aquel del a\u00f1o 2007, el que omite la exigencia que ten\u00eda el contrato del a\u00f1o 2006, y que para la perfecci\u00f3n del negocio impon\u00eda la presentaci\u00f3n por parte del cedente al cesionario de la inscripci\u00f3n de la cesi\u00f3n en el respectivo Registro Minero Nacional\u201d. <\/p>\n
\u201cTal situaci\u00f3n, se dijo en la alzada, fue se\u00f1alada por la testigo LILIA OSELIA BEJARANO CASTA\u00d1EDA \u2013empleada de la demandada-, adem\u00e1s que resulta ser una interpretaci\u00f3n l\u00f3gica y necesaria, ya que el contrato del a\u00f1o 2007 derog\u00f3 t\u00e1citamente el del a\u00f1o 2006, adecu\u00e1ndose los t\u00e9rminos contractuales a la condici\u00f3n personal de LUIS ALBERTO CASTRO SALDARRIAGA, de quien se dijo es analfabeta\u201d. <\/p>\n
\u201cFrente a tal punto, no es cierto que la se\u00f1ora BEJARANO CASTA\u00d1EDA manifestara que el contrato v\u00e1lido sea el del a\u00f1o 2007, lo \u00fanico que refiri\u00f3 aquella en cuanto al segundo contrato es que se hizo para presentarlo ante la Delegada Minera de Caldas, ello con posterioridad a la autorizaci\u00f3n de la cesi\u00f3n que realiz\u00f3 en tal dependencia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201cAhora, \u00bfpuede decirse que con la suscripci\u00f3n del contrato de 2007 se reemplaz\u00f3 el convenio de 2006?\u201d. <\/p>\n
\u201cPara la Sala la respuesta es positiva, en la medida que tal cambio en las condiciones contractuales implica una novaci\u00f3n en la medida que una nueva obligaci\u00f3n estaba sustituyendo otra, donde la anterior queda extinguida en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 1687 del C.C., norma que debe verse en armon\u00eda con el art\u00edculo 1689 del mismo ordenamiento, pues hasta ese momento ambos contratos eran v\u00e1lidos, o al menos se presum\u00eda su validez\u201d. <\/p>\n
Sobre ese t\u00f3pico, puntualiz\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [L]a novaci\u00f3n que se produjo es la primera de las contempladas en el art\u00edculo 1690 del C.C., esto es, cuando se conservan las partes contractuales, y ellas mismas sustituyen un pacto por otro en el cual se han contemplado las correspondientes obligaciones\u201d. <\/p>\n
\u201cEn esos t\u00e9rminos el pacto de 2007 reemplaz\u00f3 al de 2006, por ende la obligaci\u00f3n del demandado de pagar los $140\u2019000.000,oo, quedaba supeditada a que se inscribiera el objeto del contrato, la cesi\u00f3n, en el Registro Nacional Minero. No era necesario que se cumpliera con ning\u00fan otro requerimiento\u201d. <\/p>\n
\u201cDe otro lado, no puede la Sala dejar por alto que en las presentes existe una parte econ\u00f3mica fuerte y una d\u00e9bil. Aquella con v\u00ednculos transnacionales, para lo que basta ver el certificado de existencia y representaci\u00f3n de la demandada, mientras que los actores seg\u00fan se presentan desde la demanda, son personas con un v\u00ednculo muy local, espec\u00edficamente al municipio de Marmato, habiendo sido propietarios del 2.7778% del t\u00edtulo minero CHG-081, mientras que los otros hacen parte de un entramado multinacional en materia de explotaci\u00f3n y exportaci\u00f3n de metales preciosos\u201d. <\/p>\n
\u201cEn tales t\u00e9rminos, para resolver el caso hemos de soportarnos en el pacto arrimado con la acci\u00f3n, esto es, el de 2007, por lo que el punto objeto de reproche est\u00e1 llamado a prosperar\u201d. <\/p>\n
\u201cOtro punto de inconformidad es que la demandada conoc\u00eda del registro de la cesi\u00f3n, y que como due\u00f1a de la mina ha ejercido operaciones comerciales, tal como lo dijo su representante legal y do\u00f1a LILIA OSELIA BEJARANO CASTA\u00d1EDA\u201d. <\/p>\n
\u201cSobre tal reproche ha de decirse que es cierto que la demandada conoc\u00eda de la inscripci\u00f3n de la cesi\u00f3n de derechos en el Registro Minero Nacional, incluso su empleada y testigo LILIA OSELIA BEJARANO CASTA\u00d1EDA, expres\u00f3 que se enter\u00f3 de la inscripci\u00f3n de la cesi\u00f3n en el Registro Minero Nacional porque lo evidenci\u00f3 en la p\u00e1gina web de la AGENCIA NACIONAL DE MINER\u00cdA (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201cDe igual forma CARLOS EDUARDO CASTILLA BRAVO, quien depuso en su condici\u00f3n de representante legal de la demandada, precis\u00f3 que ten\u00eda conocimiento de la Resoluci\u00f3n 1737 del 20 de mayo de 2016 \u201cPor medio de la cual se eval\u00faa un tr\u00e1mite de cesi\u00f3n de derechos dentro del contrato en virtud de aporte No CHG-081 y se toman otras determinaciones\u201d, seg\u00fan explic\u00f3 porque se trata de documentos p\u00fablicos emanados de la AGENCIA NACIONAL DE MINER\u00cdA (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201cEn virtud de tal situaci\u00f3n, o sea, el conocimiento que la demandada ten\u00eda de la inscripci\u00f3n de la cesi\u00f3n de derechos en el Registro Minero Nacional, surge el siguiente interrogante; \u00bfEstaba la accionada obligaba al pago inmediato de la \u00faltima cuota por $140\u2019000.000,oo?\u201d <\/p>\n
\u201cPara la Sala la respuesta es positiva, pues de ese hecho en concreto se desprend\u00eda la correspondiente obligaci\u00f3n, siendo un sofisma de la accionada afirmar que era deber de los cedentes probar la inscripci\u00f3n con el certificado de Registro Minero Nacional, pues precisamente, el pacto de 2007 hab\u00eda novado en tal sentido al de 2006; si ello era as\u00ed, emerge la mora en la soluci\u00f3n de la obligaci\u00f3n\u201d. <\/p>\n
\u201cConcluyendo parcialmente, en las presentes contamos con un contrato bilateral v\u00e1lido, en el cual los demandantes cumplieron con lo que les correspond\u00eda, pero el demandado incumpli\u00f3 sus compromisos contractuales, espec\u00edficamente en lo que concierne al pago del precio, por lo que se han cumplido los presupuestos axiol\u00f3gicos de la acci\u00f3n (\u2026)\u201d. <\/p>\n
3. As\u00ed las cosas, la Sala concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, con independencia de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que el reclamo de los peticionarios no halla recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed plante\u00f3 la tutelante es una diferencia de criterio acerca de la interpretaci\u00f3n normativa y de la valoraci\u00f3n probatoria realizada por el ad quem para concluir el incumplimiento por parte de Minerales Andinos de Occidente S.A.S. respecto del contrato de cesi\u00f3n de t\u00edtulo minero objeto de litigio, por tanto, las inferencias efectuadas por el fallador criticado no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u201cm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico (\u2026) y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u201d. (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
Ahora, en gracia de discusi\u00f3n, si se aceptara el argumento de la tutelante referente a que en el caso bajo estudio nunca existi\u00f3 la figura jur\u00eddica de la novaci\u00f3n, lo cierto es, el tribunal no incurri\u00f3 en ninguna irregularidad al tener en cuenta el contrato de cesi\u00f3n suscrito en el 2007 para establecer el incumplimiento endilgado a la quejosa, porque, aun cuando existi\u00f3 un negocio efectuado en el 2006 que reca\u00eda sobre el mismo objeto, las obligaciones all\u00ed contenidas, entonces, se mirar\u00edan como coexistentes y seg\u00fan el art\u00edculo 1693 del C\u00f3digo Civil \u201cvaldr\u00e1 la obligaci\u00f3n primitiva en todo aquello en que la posterior no se opusiere a ella, subsistiendo en esa parte los privilegios y cauciones de la primera\u201d, por tanto, si en tales negocios exist\u00eda una diferencia con relaci\u00f3n a su condici\u00f3n de pago, eran las cl\u00e1usulas del segundo contrato las que deb\u00edan observarse para resolver el asunto de marras, como en \u00faltimas fue acogido por la corporaci\u00f3n convocada. <\/p>\n
Sobre el particular, se ha dicho de forma reiterada que \u201cno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u201d (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
4. Basta lo dicho en precedencia para denegar la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y, si la decisi\u00f3n no es impugnada, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
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