STC14429-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC14429-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-03805-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintisiete de octubre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintisiete (27) de octubre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Tecno de la Costa Ltda., contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, a cuyo tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el proceso objeto de la queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La accionante reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de su prerrogativa al debido proceso, presuntamente conculcada por la autoridad judicial acusada, por lo que pidi\u00f3 se ordene \u201cla revisi\u00f3n de la sentencia proferida\u201d por el tutelado dentro del litigio materia de resguardo. <\/p>\n
2. Del ruego tuitivo y sus anexos se extrae como base de su reclamo, lo siguiente: <\/p>\n
2.1. La sociedad Tecno de la Costa Ltda. \u2013 aqu\u00ed accionante -, inco\u00f3 ante el Juzgado Primero Civil del Circuito de Envigado, juicio compulsivo contra Greenyellow Energ\u00eda de Colombia S.A.S., solicitando el pago de $814.177.741. <\/p>\n
2.2. Dentro de ese litigio se profiri\u00f3 sentencia el 4 de octubre de 2019, donde el despacho cognoscente declar\u00f3 probada la excepci\u00f3n de pago frente a las facturas cambiarias Nos. 440, 450 y 452; sin embargo, orden\u00f3 seguir adelante con la ejecuci\u00f3n en relaci\u00f3n con la factura No. 453 por un capital de $153\u2019610.613. <\/p>\n
2.3. El extremo pasivo apel\u00f3 esa decisi\u00f3n, correspondi\u00e9ndole el conocimiento de la alzada a la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, quien, en prove\u00eddo de 26 de noviembre de 2020, revoc\u00f3 \u201clos numerales tercero y cuarto\u201d de la decisi\u00f3n de primera instancia y, en consecuencia, dispuso \u201ccesar la ejecuci\u00f3n en lo que respecta\u201d al \u00faltimo de los referidos documentos objeto de cobro. <\/p>\n
2.4. Se\u00f1ala la quejosa que el colegiado convocado incurri\u00f3 en \u201cerrores en la valoraci\u00f3n de las pruebas\u201d, al \u201cno tener en cuenta que el t\u00edtulo valor que se alleg\u00f3 para adelantar\u201d el decurso bajo estudio, \u201ccumpl\u00eda\u201d con los requisitos contemplados en el art\u00edculo 624 del C\u00f3digo de Comercio, <\/p>\n
\u201c(\u2026) m\u00e1s aun trat\u00e1ndose de un t\u00edtulo ejecutivo, que para el caso en disputa se origin\u00f3 de la actividad contractual, debido a que la constituci\u00f3n del mismo comprende la existencia del contrato y los dem\u00e1s documentos que cont[ienen] la obligaci\u00f3n clara, expresa y exigible, adem\u00e1s de ello, la aceptaci\u00f3n y reconocimiento de la deuda durante el proceso por parte del demandado (\u2026)\u201d. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 el libelo de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
RESPUESTAS DEL ACCIONADO <\/p>\n
1. La Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn se opuso al ruego, se\u00f1alando que el mismo no cumple con el requisito de inmediatez. <\/p>\n
2. Al momento de someterse al conocimiento de la Sala el presente asunto, no se hab\u00edan recibido respuestas adicionales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo instituido para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, cuando sean conculcados o seriamente amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n ileg\u00edtima de una autoridad p\u00fablica o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, siempre y cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial. <\/p>\n
De la misma forma, se ha se\u00f1alado que, en l\u00ednea de principio, esta acci\u00f3n no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre camino el amparo para restablecer los derechos fundamentales conculcados, siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa judicial, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual de la tutela y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. En este orden de ideas, concluye la Corte que la solicitud de resguardo carece del prenotado presupuesto, teniendo en cuenta que la sentencia aqu\u00ed cuestionada data del 26 de noviembre de 2020. <\/p>\n
Entonces, entre dicha fecha y la de interposici\u00f3n de la demanda de amparo, esto es, el 13 de octubre de 2021, ha transcurri\u00f3 un lapso que supera el de seis (6) meses, fijado por la consistente jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n, como razonable y proporcional para que la persona afectada en sus prerrogativas b\u00e1sicas ejerza esta acci\u00f3n constitucional, sin que la foliatura reporte la existencia de alg\u00fan motivo que justifique la anotada tardanza en acudir a este mecanismo de protecci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
Frente al requisito de inmediatez, la Sala ha establecido: <\/p>\n
\u201c(\u2026) no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante\u201d (prove\u00eddo de 2 de agosto de 2007, exp. 00188-01, reiterado el 30 de agosto de 2012, exp. 01254-01)\u201d. <\/p>\n
\u201cReiterando que \u201cel ejercicio de la acci\u00f3n de tutela debe ser oportuno y congruente con el prop\u00f3sito que persigue, que no es otro que brindar soluci\u00f3n \u2018a situaciones presentes que a\u00fan pueden ser susceptibles de tal remedio, y no denunciar hechos cuyos efectos se han materializado\u2026\u2019 (Sentencia de 17 de julio de 2006, exp. No. 11001-0204-000-2006-00826-01)\u201d (Sentencia de 8 de agosto de 2012, exp. 00189-01); o lo que es igual, \u201cla presentaci\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela debe realizarse dentro de un t\u00e9rmino razonable, que permita la protecci\u00f3n inmediata del derecho fundamental a que se refiere el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica\u201d, en aras de \u201cpreservar el car\u00e1cter expedito de la tutela para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales que se consideran vulnerados con la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de la autoridad p\u00fablica\u201d (Sentencia de 2 de agosto de 2007, exp. 00188-01, reiterada el 26 de abril de 2012, exp. 00221-01)\u201d (CSJ STC, 30 ene. 2013, rad. 2012-00274-01, CSJ STC 5977, 15 de mayo de 2015). <\/p>\n
3. Lo anterior resulta suficiente para denegar la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no impugnarse. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
4 <\/p>\n
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