STC14446-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC14446-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-03832-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veintisiete (27) de octubre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Leny Badey, Yenith Luz y Gilberto de Jes\u00fas Vanegas Barrera contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia; tr\u00e1mite al cual fueron vinculados el Juzgado Civil Laboral del Circuito de Caucasia y los intervinientes en los ejecutivos (principal y acumulado) n\u00ba 2011-00268 y 2012-00155. <\/p>\n
I.ANTECEDENTES <\/p>\n
1. A trav\u00e9s de apoderado judicial, los actores reclamaron la protecci\u00f3n de su derecho a un debido proceso, el cual estiman trasgredido con la sentencia de 4 de junio de 2021, mediante la cual el tribunal encartado, con desapego \u2013en su criterio- de las directrices del art\u00edculo 94 del C\u00f3digo General del Proceso, tuvo por prescrita la acci\u00f3n ejecutiva n\u00b0 2011-00268 respecto del deudor cambiario, pero vigente en cuanto a ellos ata\u00f1e, pese a que existe un litisconsorcio necesario y a que su vinculaci\u00f3n a los dos compulsivos materia de este tr\u00e1mite constitucional obedeci\u00f3 \u00fanicamente a su condici\u00f3n de propietarios inscritos del inmueble sobre el cual recae la garant\u00eda real. <\/p>\n
2. En consecuencia, pidieron que se deje sin efecto el aludido fallo y que, en su lugar, se ordene definir nuevamente el asunto, pero esta vez ajustado al citado canon procedimental. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El tribunal accionado inform\u00f3 que el expediente contentivo de las ejecuciones que ac\u00e1 interesan, ya fue devuelto al juzgado de origen. <\/p>\n
2. Bancolombia S.A. pidi\u00f3 desestimar la salvaguarda, en consideraci\u00f3n a que la providencia objeto de censura no involucra una v\u00eda de hecho que habilite la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si el sustrato f\u00e1ctico de la demanda de tutela involucra una trasgresi\u00f3n de la garant\u00eda fundamental all\u00ed invocada que amerite la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
2. De la v\u00eda de hecho por indebida motivaci\u00f3n de la decisi\u00f3n. <\/p>\n
Se ha indicado que, aunque en l\u00ednea de principio la tutela no procede contra las decisiones o actuaciones jurisdiccionales, en casos donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, y ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, surge posible la intervenci\u00f3n del juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n
En esos eventos la Sala ha indicado que resulta necesario estudiar el fondo de la salvaguarda si: <\/p>\n
\u00ab\u2026existen circunstancias verdaderamente excepcionales que, puntual y casu\u00edsticamente verificadas, posibilitan que s\u00f3lo y \u00fanicamente cuando la decisi\u00f3n cuestionada encierra, per se, una anomal\u00eda en grado tal que el yerro enrostrado luzca bajo cualquier \u00f3ptica inadmisible, por causa de producir de manera desmesurada un menoscabo y \u00abpeligro para los atributos b\u00e1sicos\u00bb, es posible la extraordinaria intervenci\u00f3n del juez de amparo, no obstante la negligencia desplegada, por quien depreca el resguardo, al abandonar las v\u00edas legales con que cuenta para remediar sus males directamente en el proceso\u00bb (CSJ STC, 4 feb. 2014, rad. 00088-00, reiterada en STC9491-2016, 13 jul. 2016, rad. 00035-02, entre otras). <\/p>\n
Y ciertamente, uno de los eventos en los cuales se habilita la salvaguarda para conjurar la afectaci\u00f3n que pueden causar los actos judiciales a los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, es la certeza de haber dictado una providencia relevante en la actuaci\u00f3n que desconozca la obligaci\u00f3n de una \u00abdebida motivaci\u00f3n\u00bb. Sobre el tema, esta Sala ha sostenido: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) la motivaci\u00f3n de las sentencias constituye imperativo que surge del debido proceso, cuya finalidad consiste en brindar el derecho a las partes e intervinientes de asentir o disentir de la actividad intelectual desplegada por el juez natural frente al caso objeto de controversia, raz\u00f3n por la cual \u00e9sta debe ser, para el caso concreto, suficiente, es decir, \u2018(\u2026) la funci\u00f3n del juez tiene un rol fundamental, pues no se entiende cumplida con el proferimiento de una decisi\u00f3n que resuelva formalmente, el asunto sometido a su consideraci\u00f3n. La sentencia, como acto procesal que es, seg\u00fan el art\u00edculo 303 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, debe ser motivada \u2018de manera breve y precisa\u2019 \u2013pero necesariamente fundamentada-, dicha evaluaci\u00f3n debe cobijar el \u2018examen cr\u00edtico de las pruebas y a los razonamientos legales\u2019 que sean indispensables para fundamentarla (art. 304 ib.). (\u2026) \u2018la funci\u00f3n del juez radica en la definici\u00f3n del derecho y uno de los principios en que se inspira reside en el imperativo de que, sin excepciones, sus providencias est\u00e9n clara y completamente motivadas. La obligatoriedad e intangibilidad de las decisiones judiciales proviene de la autoridad que les confiere la Constituci\u00f3n para resolver los casos concretos, con base en la aplicaci\u00f3n de los preceptos, principios y valores plasmados en la propia Carta y en las leyes, y de ninguna manera emanan de la simple voluntad o de la imposici\u00f3n que pretenda hacer el juez de una determinada conducta o abstenci\u00f3n, forzosa para el sujeto pasivo del fallo\u00bb (Sentencia de 22 de mayo de 2003, exp. 00526-01, citada en STC, 3 nov. 2011, exp. 02274-00, ratificada y reiterada en STC7781-2016, 13 jun. rad. 00057-01, y STC6688-2018, 23 may. 2018, rad. 00074-01). <\/p>\n
Igualmente, esta Corporaci\u00f3n ha dicho que, en eventos como \u00e9ste, \u00absufre mengua el derecho fundamental al debido proceso por obra de sentencias en las que, a pesar de la existencia objetiva de argumentos y razones, la motivaci\u00f3n resulta ser notoriamente insuficiente, contradictoria o impertinente frente a los requerimientos constitucionales\u00bb (CSJ STC 2 mar. 2008, rad. 00384-00, reiterada entre otras en STC 16 feb. 2011, rad. 2010-445-01, y STC9162-2015, 15 jul. 2015, rad. 00281-01). <\/p>\n
3. Caso concreto. <\/p>\n
Para convenir en ello, es importante tener en cuenta lo siguiente: <\/p>\n
(i) en esas dos tramitaciones se pretendi\u00f3 recaudar el importe de tres pagar\u00e9s que fueron otorgados, exclusivamente, por \u00d3scar Andr\u00e9s Agudelo Pineda como deudor cambiario; (ii) la vinculaci\u00f3n \u2013oficiosa- de los se\u00f1ores Vanegas Barrera \u2013ac\u00e1 accionantes- a esos dos litigios se dispuso en consideraci\u00f3n a que son ellos los propietarios inscritos del inmueble sobre el cual el se\u00f1or Agudelo Pineda constituy\u00f3 hipoteca para garantizar el pago de los cr\u00e9ditos que le fueron otorgados por los ejecutantes; (iii) respecto de dos de los tres cartulares objeto de los recaudos (los que fueron objeto de cobro en el coactivo n\u00b0 2012-00155) se declar\u00f3 prescrita la acci\u00f3n respecto de todos los integrantes del extremo pasivo, incluyendo los hoy convocantes; y (iv) en cuanto al t\u00edtulo valor materia del compulsivo n\u00b0 2011-00268, la magistratura accionada dispuso \u2013en el fallo que se fustig\u00f3 en el escrito introductor de este asunto- acoger la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n extintiva propuesta por el se\u00f1or Agudelo Pineda, pero desestimar la misma defensa que esgrimieron los se\u00f1ores Vanegas Barrera. <\/p>\n
El anterior contexto hace evidentes los yerros jur\u00eddicos que se le atribuyeron a la colegiatura accionada, principalmente porque termin\u00f3 por escindir los resultados de la acciones personal y real que le fueron puestas a consideraci\u00f3n (terminando la primera por prescripci\u00f3n extintiva, pero avalando la continuidad de la segunda so pretexto de una oportuna \u00abinterrupci\u00f3n\u00bb), sin ofrecer mayor explicaci\u00f3n de porqu\u00e9 consideraba que esa resoluci\u00f3n no trasgred\u00eda el art\u00edculo 2457 del C\u00f3digo Civil, seg\u00fan el cual \u00abla hipoteca se extingue junto con la obligaci\u00f3n principal\u00bb. <\/p>\n
Cabe recalcar que fue, justamente, en virtud de este \u00faltimo canon normativo que el tribunal adicion\u00f3 el fallo de primera instancia, para \u00abdeclarar extinguida la hipoteca constituida mediante escritura p\u00fablica n\u00b0 1.058 del 18 de septiembre de 2009 de la Notar\u00eda \u00danica de Caucasia\u00bb, es decir, la garant\u00eda real con la que se grav\u00f3 el predio de propiedad de los ahora accionantes y que motiv\u00f3 su vinculaci\u00f3n a los dos compulsivos sobre los que aqu\u00ed se discute; circunstancia que hace a\u00fan m\u00e1s ininteligible que se refrendara la continuidad del compulsivo n\u00b0 2011-00268 en contra de los se\u00f1ores Vanegas Barrera, pese a la desaparici\u00f3n del \u00fanico v\u00ednculo jur\u00eddico que justificaba su presencia en esa actuaci\u00f3n. M\u00e1s cuando el mismo tribunal hab\u00eda insistido en sus consideraciones preliminares en que \u00ab\u2026los t\u00edtulos valores de contenido crediticio que, entonces, contienen la obligaci\u00f3n principal que en forma accesoria asegura la hipoteca, donde lo substancial es el cr\u00e9dito y lo dependiente la garant\u00eda, que perecer\u00e1 si lo primero perece y se mantendr\u00e1 en tanto lo primero se mantenga, pues como lo dice el viejo aforismo jur\u00eddico, lo accesorio sigue la suerte de lo principal\u00bb. <\/p>\n
Tambi\u00e9n es pertinente memorar que ese desenlace diferenciado que el tribunal le imparti\u00f3 a las acciones real y personal, se explic\u00f3 con la idea de que, \u00abcomo lo primero es el v\u00ednculo obligacional y lo segundo el amparo, la prescripci\u00f3n extintiva debe analizarse alrededor de aquel y no de este, lo cual supone el an\u00e1lisis del t\u00e9rmino y su interrupci\u00f3n, a la luz de las normas que gobiernan el cr\u00e9dito, en lugar de acudir a las que irradian la garant\u00eda. De ah\u00ed que, prime la solidaridad que por pasiva pueda existir frente al pr\u00e9stamo y que se traduce procesalmente en un litisconsorcio cuasi necesario, sobre la propiedad que liga a los resistentes con el bien hipotecado y que implica un litisconsorcio necesario, es decir, la interrupci\u00f3n civil de la prescripci\u00f3n se rige por las normas de solidaridad \u2013arts. 825 del C. de Co., 1568 a 1580 y 2540 del C.C.- y no con las del llamado necesario que regula el precepto 94 del C. G. del P., tanto m\u00e1s si, no se olvide, se tiene presente la preponderancia del derecho sustancial \u2013art. 228 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, que se circunscribe a la solidaridad, sobre lo eminentemente procesal, que apunta a la citaci\u00f3n obligada de los pasivos por la calidad de copropietarios del inmueble\u00bb (subraya del texto original). <\/p>\n
Sin embargo, desde el recuento de antecedentes que se incluy\u00f3 en la parte inicial de la fustigada providencia, la propia magistratura dej\u00f3 claro que los se\u00f1ores Vanegas Barrera no formaron parte de los contratos de cr\u00e9dito que subyac\u00edan a los pagar\u00e9s objeto de recaudo; que dichos cartulares fueron otorgados \u00fanicamente por \u00d3scar Andr\u00e9s Agudelo Pineda, como deudor cambiario; y que la comparecencia de los hoy accionantes se hizo necesaria, solamente, por ser ellos los entonces propietarios del inmueble hipotecado. <\/p>\n
En adici\u00f3n, ha de tenerse en cuenta que m\u00e1s all\u00e1 de la modalidad litisconsorcial que hubiera podido vincular a los all\u00ed convocados, el aspecto medular de la discusi\u00f3n, que debi\u00f3 concentrar los esfuerzos argumentativos de la colegiatura en cita, correspond\u00eda a la naturaleza (accesoria) del gravamen real objeto de la disputa; las repercusiones que esa particularidad ofrec\u00eda para la legal definici\u00f3n de los litigios; y la posibilidad de continuar un proceso ejecutivo en contra de personas, cuya \u00fanica vinculaci\u00f3n con la actuaci\u00f3n correspond\u00eda a una garant\u00eda real que all\u00ed mismo se declar\u00f3 prescrita. <\/p>\n
Como en tales aspectos no repar\u00f3 mayormente el juez colegiado de segunda instancia, en aras de salvaguardar el derecho a un debido proceso de los accionantes, resulta necesario invalidar la providencia atacada, para ordenar al juzgador tutelado que, con pleno respeto por su autonom\u00eda e independencia, vuelva a proferir la decisi\u00f3n correspondiente, pero esta vez analizando, con mayor detenimiento, la viabilidad de la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n extintiva esgrimida por los se\u00f1oras Vanegas Barrera, a la luz del marco f\u00e1ctico del litigio y de los c\u00e1nones normativos aplicables. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Se conceder\u00e1 la solicitud de amparo en estudio al verificarse la indebida motivaci\u00f3n que se le atribuy\u00f3 al tribunal encartado respecto a la suerte de la acci\u00f3n real incoada en contra de los aqu\u00ed accionantes. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONCEDE el amparo al debido proceso de los aqu\u00ed accionantes. <\/p>\n
En consecuencia, se ORDENA a la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Antioquia que, dentro de los 10 d\u00edas siguientes a la notificaci\u00f3n de esta sentencia, deje sin efecto su fallo de 4 de junio de 2021, con el cual defini\u00f3 en segunda instancia los procesos ejecutivos (principal y acumulado) n\u00ba 2011-00268 y 2012-00155, y emita nuevamente su prove\u00eddo, pero teniendo en cuenta las consideraciones expuestas en esta providencia. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para lo de su cargo. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
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