STC14447-2021<\/p>\n
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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC14447-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2020-01498-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintisiete de octubre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintisiete (27) de octubre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta contra el fallo proferido el 13 de octubre de 2020 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Alonso Barrera Cuta contra la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n.\u00b0 1 de esta Corte, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, el Juzgado Segundo Laboral de la misma ciudad, as\u00ed como las partes e intervinientes dentro del proceso objeto de queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante, a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclam\u00f3 el amparo de sus derechos al debido proceso, defensa, contradicci\u00f3n, seguridad social, m\u00ednimo vital, igualdad, vida y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por la autoridad encausada. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, dejar sin efecto el fallo emitido el 19 de mayo de 2020 por la autoridad accionada (SL1530-2020) y, en consecuencia, \u00abse sirva emitir las \u00f3rdenes de ley para lo pertinente, ya sea porque adopte un nuevo fallo de casaci\u00f3n conforme a los postulados de unificaci\u00f3n constitucional y los lineamientos descritos en las providencias SU-267 de 2019, SU-241 de 2015 y SU-113 de 2018 o tome la decisi\u00f3n por principios de inmediatez, celeridad, eficacia y eficiencia de la administraci\u00f3n de justicia, confirmar los fallos de primera y segunda instancia proferidos por el juzgado segundo laboral de Bogot\u00e1 y el Tribunal Superior de Bogot\u00e1 para la protecci\u00f3n inmediata de [sus] derechos\u2026 y ordenar a la accionada a pagar la pensi\u00f3n proporcional de jubilaci\u00f3n convencional\u2026 a partir de la fecha en que\u2026 cumpli\u00f3 la edad de 55 a\u00f1os\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n de este asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Alonso Barrera Cuta promovi\u00f3 proceso ordinario laboral contra Acer\u00edas Paz del R\u00edo S.A., a fin de que le se condenara al pago de la pensi\u00f3n convencional, ratificada mediante laudo emitido el 26 de octubre de 1994, por el Tribunal de Arbitramento a trav\u00e9s de la Resoluci\u00f3n 001181; el conocimiento del asunto le correspondi\u00f3 al Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Bogot\u00e1. <\/p>\n
2.2. Surtido el tr\u00e1mite de rigor, el 1\u00b0 de diciembre de 2015, el estrado judicial accedi\u00f3 a las pretensiones; determinaci\u00f3n confirmada el 28 de julio de 2016, en sede de alzada, por la Sala Laboral del Tribunal de Bogot\u00e1. <\/p>\n
2.3. Sostuvo el tutelante que Acer\u00edas Paz del R\u00edo S.A. acudi\u00f3 en casaci\u00f3n y esta Corporaci\u00f3n cas\u00f3 el fallo del a quem, seg\u00fan sentencia de 19 mayo de 2020, determinaci\u00f3n con la que, en su sentir, se vulneraron sus prerrogativas esenciales invocadas, toda vez que desatendi\u00f3 \u00abpas\u00f3 abruptamente sobre los fundamentos legales, de unificaci\u00f3n constitucional y del bloque inserto por el derecho internacional del Trabajo y los principios rectores de la Constituci\u00f3n y las leyes, as\u00ed como la jurisprudencia que llevaron a reconocer totalmente los derechos pretendidos de la demanda\u2026, que adem\u00e1s, en sede extraordinaria de casaci\u00f3n excedi\u00f3 sus competencias al trasformar un recurso extraordinario de casaci\u00f3n a una acci\u00f3n de revisi\u00f3n totalmente diferente\u00bb. <\/p>\n
2.4. Anot\u00f3 que la autoridad acusada desconoci\u00f3 las sentencias SU-267\/19, SU-113\/18 y SU-241\/15 de la Corte Constitucional, las que son \u00abaut\u00e9nticas fuentes de derecho\u00bb, as\u00ed como el principio de favorabilidad dispuesto en el art\u00edculo 53 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de Colombia; adem\u00e1s, porque con el fallo criticado \u00abborr\u00f3 todo derecho adquirido con justo t\u00edtulo\u2026 por sus m\u00e1s de 20 a\u00f1os de servicios puesto que el art\u00edculo 35 del Laudo Arbitral del Tribunal de Arbitramento Obligatorio que define el conflicto colectivo entre acer\u00edas paz del r\u00edo y el sindicato nacional de trabajadores de acer\u00edas paz del r\u00edo\u2026 vigente a la terminaci\u00f3n del contrato\u2026\u00bb. <\/p>\n
2.5. Sostuvo que la autoridad accionada atendi\u00f3 \u00abcomo prueba el certificado de un tercero en copia sin ser suscrito por el ordenador de gasto de ese tiempo, sin constancia de autenticidad del representante legal de ese tiempo que supuestamente es el gerente, pero porque no se aport\u00f3 ni discuti\u00f3 en sede ordinaria y el demandado ACERIAS PAZ DEL RIO no proporciono las horas extras, diurnas nocturnas dobles triples y \/o con recargos adicionales convencionales y primas extralegales de factores salariales a estas laboradas por el actor y lo devengado por el demandante el \u00faltimo a\u00f1o de servicios para poder confrontar su salario y si aporto la copia de un tercero que nada tiene que ver en el litigio, con el aporte del certificado que nunca fue objeto de discusi\u00f3n en primera o segunda instancia en sede ordinaria pero sobre el cual la magistrada si se pronuncia en casaci\u00f3n para sustentar un fallo a todas luces violatorio de los derechos aqu\u00ed enumerados y otros tantos de manera indirecta afectados cuando es propio no de una casaci\u00f3n si no de una acci\u00f3n de revisi\u00f3n en la cual es muy diferente el procedimiento especial\u00bb. <\/p>\n
2.6. Agreg\u00f3 que no se tuvo en cuenta el principio de favorabilidad en la interpretaci\u00f3n de las convenciones colectivas, pues ante dos posibles interpretaciones, debe fallarse a favor del trabajador. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
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1. La Sala de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n\u00b0 1 de la Corte Suprema de Justicia inst\u00f3 la improcedencia del resguardo, al considerar que la decisi\u00f3n criticada no luce arbitraria; que contrario a lo afirmado por el Tribunal, al estudiar el laudo arbitral encontr\u00f3 que la prestaci\u00f3n all\u00ed regulada no se asimilaba a la pensi\u00f3n restringida de jubilaci\u00f3n consagrada en la Ley 171 de 1961, adem\u00e1s, que el cumplimiento de la edad tampoco era un simple presupuesto de exigibilidad del derecho, sumado a que, para cuando el promotor cumpli\u00f3 la edad exigida, la norma convencional ya no se encontraba vigente por mandato expreso del Acto Legislativo 01 de 2005. <\/p>\n
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2. El Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Bogot\u00e1 relat\u00f3 las actuaciones surtidas en esa instancia; pidi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n por cuanto no ha quebrantado las prerrogativas imploradas. <\/p>\n
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3. El Ministerio de Trabajo solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n por falta de legitimaci\u00f3n en la causa, dado que no tiene obligaci\u00f3n, responsabilidad ni ha vulnerado derecho fundamental alguno al accionante. <\/p>\n
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4. El Patrimonio Aut\u00f3nomo de Remanentes del Instituto de Seguros Sociales en Liquidaci\u00f3n manifest\u00f3 que en el proceso laboral censurado no hizo parte ni se vincul\u00f3 como patrimonio, ni al extinto ISS. <\/p>\n
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5. Acer\u00edas Paz del R\u00edo, a trav\u00e9s de apoderado judicial, se refiri\u00f3 a los hechos de la salvaguarda; pidi\u00f3 su improcedencia, por cuanto la decisi\u00f3n critica est\u00e1 acorde al an\u00e1lisis probatorio, normativo y jurisprudencial aplicable al caso concreto; que los precedentes jurisprudenciales aducidos por el promotor no se aplican al caso, pues en esos asuntos los requisitos se cumplieron con anterioridad al t\u00e9rmino de vigencia dispuestos en el Acto Legislativo 01 de 2005. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a-quo constitucional deneg\u00f3 el resguardo al considerar que la determinaci\u00f3n reprochada no luce arbitraria, pues fue el resultado del an\u00e1lisis de los medios suasorios allegados al plenario, as\u00ed como de la normatividad y jurisprudencia decantada sobre la materia, concluyendo que el actor no cumpli\u00f3 con los requisitos de ley para acceder a la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que si bien con las sentencias SU-267\/19, SU-113\/18 y SU-241\/14 se ha reconocido el principio de favorabilidad en caso de duda frente a la interpretaci\u00f3n de las convenciones colectivas, lo cierto es que, para el caso concreto no hubo duda sobre la normatividad aplicable, pues la norma pensional recogida en el art\u00edculo 32 del laudo arbitral, contempla en el art\u00edculo 73 de la convenci\u00f3n colectiva de trabajo 1974-1975, consagr\u00f3 una remisi\u00f3n expresa a los t\u00e9rminos fijados en el C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo; asimismo, sobre la aplicaci\u00f3n del Acto Legislativo 01 de 2005 en el tiempo. <\/p>\n
Por otra parte, neg\u00f3 la nulidad por indebida notificaci\u00f3n deprecada pro Acer\u00edas Paz del R\u00edo, toda vez que acudi\u00f3 al rito y ejerci\u00f3 su derecho de defensa. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 la parte actora reiterando los argumentos expuestos en el libelo inicial, a los que adicion\u00f3 que no practic\u00f3 las pruebas pretendidas con la solicitud de amparo, ni tampoco se libr\u00f3 comunicaci\u00f3n a la defensor\u00eda del pueblo \u00abpara garantizar el debido proceso que recubre toda actuaci\u00f3n judicial\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
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2. Descendiendo al caso concreto, se anticipa la confirmaci\u00f3n del fallo constitucional de primer grado, comoquiera que el actor dirige su descontento contra la decisi\u00f3n proferida el 19 de mayo de 2020 por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Colegiatura (SL1530-2020), que cas\u00f3 el fallo emitido el 28 de julio de 2016 por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, pues, en su sentir, vulner\u00f3 sus prerrogativas de primer grado, al desconocer el principio de favorabilidad dispuesto en el art\u00edculo 53 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de Colombia; adem\u00e1s, porque se interpret\u00f3 indebidamente la cl\u00e1usula del laudo arbitral, con el fin de reconocer su pensi\u00f3n convencional, toda vez que el requisito de la edad es de exigibilidad y no de causaci\u00f3n. <\/p>\n
Verificados los medios de convicci\u00f3n obrantes en las presentes diligencias, se anticipa la improcedencia del resguardo impetrado, comoquiera que la providencia acusada no luce arbitraria. <\/p>\n
En efecto, el colegiado de casaci\u00f3n, luego de advertir los hechos que quedaron demostrados en el plenario, esto es, que \u00abi) Alfonso Barrera Cuta labor\u00f3 al servicio de Acer\u00edas Paz del R\u00edo, entre el 13 de septiembre de 1974 y el 28 de febrero de 1995, esto es, durante m\u00e1s de 20 a\u00f1os y; ii) naci\u00f3 el 27 de septiembre de 1955 (f.\u00ba 13), por lo que cumpli\u00f3 55 a\u00f1os de edad, el mismo d\u00eda y mes, del a\u00f1o 2010\u00bb, estudi\u00f3 lo consagrado en el art\u00edculo 35 del laudo dictado por el Tribunal de Arbitramento, respecto al requisito de la edad, consignado que: <\/p>\n
\u2026lo primero que advierte la Sala es que del tenor literal de la referida cl\u00e1usula pensional, no se deduce, como lo infiri\u00f3 el juez de segundo grado, que la prestaci\u00f3n que all\u00ed se regula, sea asimilable a la pensi\u00f3n restringida de jubilaci\u00f3n consagrada en la Ley 171 de 1961 y, m\u00e1s concretamente, que la edad sea un simple presupuesto de exigibilidad del derecho, por lo que resulta impreciso el alcance que le dio al texto dispuesto en dicho laudo arbitral. <\/p>\n
En efecto, de la lectura de esa disposici\u00f3n, no es posible deducir que lo que las partes quisieron fue pactar una pensi\u00f3n restringida de jubilaci\u00f3n, en los mismos t\u00e9rminos previstos en la Ley 171 de 1961, no s\u00f3lo porque, como se ver\u00e1 m\u00e1s adelante, all\u00ed no se contemplan los mismos requisitos exigidos para obtener la mencionada prestaci\u00f3n legal, sino porque en todas las referencias del texto, se hace alusi\u00f3n a una \u00abpensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n\u00ab cuyo presupuesto, en el primero de los par\u00e1grafos, es el cumplimiento de 20 o m\u00e1s a\u00f1os de servicios, como ocurre con las pensiones plenas de jubilaci\u00f3n previstas legalmente. <\/p>\n
De hecho, contrario a lo expuesto por el Tribunal, si fuera cierto que, para acceder a la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n prevista en el par\u00e1grafo primero del laudo arbitral, era suficiente con que el trabajador acredite 20 o m\u00e1s a\u00f1os de servicios al empleador, sin consideraci\u00f3n a la edad, no se explicar\u00eda por qu\u00e9, por ejemplo, los numerales 9 y 12 contemplan excepciones a la regla general prevista en el primero de los numerales, concretamente, que para aquellas personas que al momento de iniciar el deber de afiliaci\u00f3n al sistema de seguridad social integral o que desempe\u00f1aran trabajos de miner\u00eda en socav\u00f3n o altas temperaturas, dicho derecho se causar\u00eda con 20 a\u00f1os de servicios \u00absin tener en cuenta la edad\u00bb; precisiones \u00e9stas que sugieren que, contrario a lo manifestado por el Tribunal, la prestaci\u00f3n prevista en el laudo arbitral no se equipara a la contemplada en la Ley 171 de 1961. <\/p>\n
Seguidamente, estudi\u00f3 los antecedentes normativos de laudo y las decisiones emitidas por el Tribunal de Arbitramento y la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, precisando que: <\/p>\n
\u2026la Corte observa lo siguiente: en primer lugar, que la pensi\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 73 de la Convenci\u00f3n Colectiva de Trabajo y que dio origen al conflicto colectivo entre Acer\u00edas Paz del R\u00edo y su sindicato empresarial, contemplaba una pensi\u00f3n plena de jubilaci\u00f3n \u00aben las cuant\u00edas, las edades y con el tiempo de servicios fijados en el C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo\u00bb, lo que evidencia que no es cierto, como lo afirm\u00f3 el Tribunal, que se tratara de la pensi\u00f3n restringida de jubilaci\u00f3n prevista en la Ley 171 de 1961, pues all\u00ed se preve\u00eda claramente, que lo era, con las cuant\u00edas, edades y tiempo laborado previsto en el CST y, no simplemente, que se causara con \u00e9ste \u00faltimo requisito. <\/p>\n
En segundo lugar, tal como se advierte del pliego de peticiones presentado por el sindicato y las consideraciones hechas por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, lo que se pretend\u00eda, respecto de la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n consagrada en la convenci\u00f3n colectiva de trabajo, era simplemente eliminar la alusi\u00f3n que all\u00ed se hac\u00eda al C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo y, en su lugar, que se previeran en el texto del laudo arbitral \u00ablas mismas exigencias del CST, pero de manera expresa\u00bb, esto es, sin que se hubiera pactado alterar los presupuestos de edad, tiempo y cuant\u00edas inicialmente acordados en el pacto colectivo. <\/p>\n
Ello significa, entonces, que la naturaleza de la pensi\u00f3n contemplada en la convenci\u00f3n colectiva de trabajo no se modific\u00f3 con la expedici\u00f3n del laudo arbitral del 26 de octubre de 1994, de modo que continu\u00f3 siendo la pensi\u00f3n plena de jubilaci\u00f3n prevista en el CST, s\u00f3lo que reproducidos sus requisitos en el texto convencional. Igualmente, en las referencias hechas por los Tribunales, se menciona en varias oportunidades el t\u00e9rmino de \u00abpensi\u00f3n plena\u00bb, de donde puede concluirse que el juez de segundo grado se equivoc\u00f3 cuando consider\u00f3 que se trataba de la pensi\u00f3n restringida contemplada en la Ley 171 de 1961 y que, por ende, la edad era un presupuesto de exigibilidad y no de causaci\u00f3n del derecho. En estricto sentido, no exist\u00eda ning\u00fan elemento del que pudiera haber inferido esa intelecci\u00f3n al texto arbitral, pues ni en su texto ni en las rese\u00f1as que explican cu\u00e1l fue la finalidad que llev\u00f3 a su negociaci\u00f3n, se deduce que quisiera pactarse una prestaci\u00f3n proporcional y no plena, adem\u00e1s, distinta a la contemplada en el pacto colectivo. <\/p>\n
Luego, analiz\u00f3 la pensi\u00f3n prevista en el laudo arbitral frente a la restringida de jubilaci\u00f3n prevista en la Ley 171 de 1961, indicando que: <\/p>\n
\u2026el Tribunal se equivoc\u00f3 al considerar que, bastaba el cumplimiento del tiempo m\u00ednimo de servicios exigido por el art\u00edculo 37 del laudo arbitral del 26 de octubre de 1994, para obtener la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n consagrada en el laudo arbitral, en tanto la edad es un requisito de exigibilidad y no de causaci\u00f3n. <\/p>\n
Para la Sala, esa asimilaci\u00f3n que hizo el juez de segundo grado entre ambas prestaciones, a fin de concluir que la contemplada en el laudo arbitral equival\u00eda a la restringida de jubilaci\u00f3n prevista en la Ley 171 de 1961, no tiene soporte alguno que la sustente pues, aparte de las apreciaciones hechas en precedencia en las que se estableci\u00f3 que lo pactado en la convenci\u00f3n colectiva de trabajo y reproducido en dicho laudo, era la pensi\u00f3n plena de jubilaci\u00f3n, no existe ning\u00fan fundamento legal que permita concluir que exist\u00eda una identidad entre ellas. <\/p>\n
Al respecto, debe recordarse que la pensi\u00f3n proporcional de jubilaci\u00f3n por despido injusto o por retiro voluntario, tiene una naturaleza especial, en cuanto protege, en primer t\u00e9rmino, al trabajador que despu\u00e9s de un prolongado tiempo de servicios se le termina su contrato de trabajo sin justa causa por su empleador, con el perjuicio de perder la posibilidad de alcanzar la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n y, en segundo lugar, a aquellos empleados que, despu\u00e9s de una prolongada relaci\u00f3n de trabajo, resolv\u00edan retirarse voluntariamente, eventos en los cuales el elemento de la edad solamente se hace necesario para su exigibilidad. <\/p>\n
Bajo ese entendido, la finalidad que consagra esta espec\u00edfica prestaci\u00f3n no corresponde a aquella prevista en la pensi\u00f3n contenida en el laudo arbitral, la cual, como se vio, aparte de exigir un tiempo de servicios superior a 20 a\u00f1os, no consagra dentro de sus exigencias, un despido o un retiro voluntario de parte del trabajador, que en el caso de la pensi\u00f3n restringida, es precisamente el supuesto en el que se fundamenta, en el entendido de que se frustra al trabajador de la posibilidad de obtener su prestaci\u00f3n de forma plena, dado el hecho de su desvinculaci\u00f3n temprana. <\/p>\n
Ahora, si bien el Tribunal sostuvo que la exigencia relativa al despido o al retiro voluntario, se reemplazaba, en este caso, por el requisito de compartibilidad entre la prestaci\u00f3n extralegal y la de vejez que reconoce el ISS, ese argumento no resulta razonable, ya que no s\u00f3lo evidencia la forzada intelecci\u00f3n que debi\u00f3 hacer dicha Corporaci\u00f3n para equiparar pensiones cuyo origen es distinto, sino porque la compartibilidad, en estricto sentido, ha sido considerada como una consecuencia que se produce una vez reconocida la respectiva prestaci\u00f3n y no, una exigencia para su causaci\u00f3n. <\/p>\n
Pues bien, las anteriores apreciaciones permiten concluir que el juez de segundo grado incurri\u00f3 en los yerros f\u00e1cticos y jur\u00eddicos que se le endilgan, al estimar que la pensi\u00f3n prevista en el laudo arbitral referido era una restringida de jubilaci\u00f3n, conclusi\u00f3n que, como se ve, no se muestra ajustada al texto extralegal ni a los antecedentes del laudo, adem\u00e1s no encuentra soporte f\u00e1ctico ni jur\u00eddico alguno que la respalde. <\/p>\n
En efecto, a fin de que no se considerara que la intelecci\u00f3n del Tribunal deriv\u00f3 de una inferencia inconsistente de su parte, era necesario que, con fundamento en las reglas de la sana cr\u00edtica de la valoraci\u00f3n de la prueba, aquella corporaci\u00f3n hubiera explicado qu\u00e9 relaci\u00f3n hab\u00eda encontrado entre el texto de la norma contenida en el laudo arbitral \u2013fuente de la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n objeto de litigio- y la norma que regula la pensi\u00f3n proporcional de jubilaci\u00f3n, lo que se omiti\u00f3, inferencia que en este caso no resulta coherente de cara al contenido de las disposiciones convencionales, de las discusiones que le dieron origen y de los presupuestos consagrados para la causaci\u00f3n de cada una de ellas. <\/p>\n
Ahora, es cierto que la funci\u00f3n de esta Corte no es establecer el sentido de los preceptos de orden convencional, labor que, con arreglo al art\u00edculo 61 ya mencionado, le corresponde al juzgador de instancia en su prop\u00f3sito de formar de manera libre su propio convencimiento. No obstante, igualmente, tiene asentado que \u00abel error de hecho manifiesto en materia de estimaci\u00f3n o interpretaci\u00f3n de una cl\u00e1usula convencional, no existe sino (\u2026) cuando a la disposici\u00f3n convencional se le hace decir lo que no expresa, o como lo ha dicho esta Sala repetitivamente, cuando el fallador llega a desvirtuarlo o desnaturalizarlo de tal suerte obvia y evidente que ello implica necesariamente el desconocimiento o negaci\u00f3n palmaria de sus voces objetivas\u00bb (sentencia CSJ SL4147-2015). <\/p>\n
De manera que como en este caso, el juez de segundo grado le hizo decir a la norma arbitral algo que no se derivaba de su tenor literal ni de los antecedentes en los que se previ\u00f3 las razones que llevaron a su adopci\u00f3n, la Sala considera que se lleg\u00f3 a una soluci\u00f3n contraria a la que, razonablemente se pod\u00eda esperar para el caso. Ese yerro f\u00e1ctico, adem\u00e1s, tuvo gran trascendencia en el sentido de la decisi\u00f3n impugnada, en tanto llev\u00f3 al ad quem a conceder la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n, pese a que el actor solamente acredit\u00f3 el tiempo de servicio requerido, sin haberse completado la edad exigida en el laudo para causar ese beneficio prestacional. <\/p>\n
Y concluy\u00f3 que: <\/p>\n
las consideraciones que invoc\u00f3 el Tribunal, para equiparar la pensi\u00f3n extralegal con la restringida de jubilaci\u00f3n, no tienen soporte alguno ni justificaci\u00f3n legal. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, se concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, al margen de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que la queja del peticionario no halla recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, es claro que lo dispuesto por la colegiatura atacada deriva de su interpretaci\u00f3n de las disposiciones normativas y jurisprudenciales que regulan el caso particular, especialmente de los requisitos establecidos para adquirir el beneficio de la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n contemplada en el laudo arbitral y la norma aplicable, esto es, la pensional recogida en el art\u00edculo 32 del laudo arbitral, contemplada en el art\u00edculo 73 de la convenci\u00f3n colectiva de trabajo 1974-1975, que consagr\u00f3 una remisi\u00f3n expresa a los t\u00e9rminos fijados en el C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo, sin que pueda afirmar que el requisito de la edad es un simple presupuesto de exigibilidad del derecho y no causaci\u00f3n; adem\u00e1s, para cuando el promotor cumpli\u00f3 los 55 a\u00f1os de edad dispuestos en el laudo arbitral, dicha convenci\u00f3n ya no estaba vigente, en atenci\u00f3n a la reforma constitucional consagrada en el Acto Legislativo 01 de2005. <\/p>\n
En este orden de ideas, tales inferencias no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451; reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
2. Por otra parte, frente a los reproches tra\u00eddos con la impugnaci\u00f3n, relativo a la falta del decreto de pruebas en la presente acci\u00f3n, as\u00ed como falta de vinculaci\u00f3n de la Defensor\u00eda del Pueblo, advierte la Corte que el reclamo constitucional elevado est\u00e1 llamado al fracaso, comoquiera que, de un lado, la vinculaci\u00f3n de dicha autoridad no era necesaria, habida cuenta de que no fue parte ni interviniente del juicio fustigado, sumado a que, con el fin de garantizar la intervenci\u00f3n del Ministerio P\u00fablico, el a quo constitucional vincul\u00f3 a la petici\u00f3n de amparo a la Procuradur\u00eda Delegada para los Asuntos del Trabajo la Seguridad Social, por lo que el supuesto yerro denunciado es inexistente; y, por otra parte, porque, estima la Sala que no hay lugar al decreto de las probanzas pretendidas, pues con lo evidenciado en el plenario de la queja constitucional resultaba a todas luces improcedente, por lo que aqu\u00e9llas resultaban innecesarias, a voces de lo reglado en el art\u00edculo 22 del decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
Frente a la no obligaci\u00f3n de decretar pruebas pedidas en sede de tutela, la Corte ha considerado que: <\/p>\n
\u2026el juez de tutela no est\u00e1 obligado, en principio, a ordenar las pruebas que se le piden, porque basta con que est\u00e9 seguro de las circunstancias que originaron la controversia y la forma de desatar el pleito, para que pueda resolver. <\/p>\n
As\u00ed lo explic\u00f3 la Sala cuando asegur\u00f3 que \u00abresulta claro el mandato del ordenamiento jur\u00eddico cuando se\u00f1ala que, en materia de amparo constitucional, \u2018El Juez, tan pronto llegue al convencimiento respecto de la situaci\u00f3n litigiosa, podr\u00e1 proferir el fallo, sin necesidad de practicar las pruebas solicitadas\u2019 (art\u00edculo 22 del Decreto 2591 de 1991)\u00bb (sentencia de 8 de febrero de 2012, exp. 00150-00) (CSJ STC, 12 mar. 2013, rad. 2013-00004-01; reiterado en STC5449-2016, 28 abr. 2016, rad. 2016-00122-01). <\/p>\n
Entonces, teniendo en cuenta que la situaci\u00f3n de hecho que causaba la supuesta amenaza a las garant\u00edas fundamentales del tutelante es inexistente, la solicitud de amparo no tiene ninguna raz\u00f3n de ser, aspecto frente al que la Corporaci\u00f3n ha se\u00f1alado que: <\/p>\n
[S]i la omisi\u00f3n por la cual la persona se queja no existe, o ya ha sido superada, en el sentido que la pretensi\u00f3n erigida en defensa del derecho conculcado est\u00e1 siendo satisfecha o lo ha sido totalmente (\u2026) la tutela pierde su eficacia y raz\u00f3n de ser, por lo que la posible orden que llegase a impartir el juez del amparo carecer\u00eda de sentido (subraya y negrilla fuera de texto) (CSJ STC, 13 mar. 2009, rad. 2009-00147-01; reiterada en CSJ STC, 7 nov. 2012, rad. 2012-02211-01; y CSJ STC, 17 sep. 2013, rad. 2013-00184-01). <\/p>\n
<\/p>\n
2. Corolario de lo discurrido en precedencia, y mirada nuevamente la postura que en el pasado hab\u00eda tenido esta Sala con relaci\u00f3n a asuntos de contornos similares al presente encuentra necesario adecuarla puesto que, como atr\u00e1s se indic\u00f3, la procedencia de la tutela depende de la existencia de decisiones alejadas de manera absoluta del ordenamiento y carentes de fundamento objetivo, circunstancias que no se evidencian en el asunto presente, a pesar de que pudiera eventualmente esta Sala o cualquier observador discrepar de lo sostenido por el \u00f3rgano de cierre de la justicia laboral pero que no por ello merecen necesariamente ser pasibles de la acci\u00f3n de tutela. Por lo tanto, se impone mantener el fallo refutado, advirtiendo que para la Sala es procedente el respeto por las decisiones judiciales, m\u00e1xime cuando se trata de organismos de cierre, salvo cuando aparezcan visibles las causales de procedibilidad del amparo, comp\u00e1rtase o no lo decidido por el juez natural. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Basta lo dicho en precedencia para respaldar la determinaci\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1 <\/p>\n
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STC14447-2021 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC14447-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2020-01498-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintisiete de octubre de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., veintisiete (27) de octubre de dos mil veintiuno (2021). Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta contra el fallo proferido el 13 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[41],"tags":[],"class_list":["post-58766","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-octubre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/58766","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=58766"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/58766\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=58766"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=58766"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=58766"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}