STC14450-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC14450-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2020-01568-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintisiete de octubre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintisiete (27) de octubre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta por Mar\u00eda Franceli Sotelo Heredia contra el fallo proferido el 22 de octubre de 2020 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n1, que no accedi\u00f3 a la acci\u00f3n de tutela promovida por ella contra la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n Nro. 1 de esta Corte y la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculadas las partes e intervinientes en el asunto objeto que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La accionante, a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas constitucionales al debido proceso, igualdad, \u00abacceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb, m\u00ednimo vital, vida en condiciones dignas, \u00abseguridad social\u00bb y \u00abnegociaci\u00f3n colectiva\u00bb, presuntamente vulneradas por las autoridades acusadas al emitir decisi\u00f3n adversa a sus pretensiones en el juicio laboral que inco\u00f3. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, ordenar a la Sala acusada de esta Corte \u00abdejar sin efectos la sentencia de casaci\u00f3n SL3054-2020, proferida el\u2026 (19) de agosto de\u2026 (2020)\u00bb, y emitir \u00abun nuevo pronunciamiento a trav\u00e9s del cual, adem\u00e1s de obviar el \u201cExceso del Ritual Manifiesto\u201d, en los requisitos formales exigidos, se observe el \u201cprecedente jurisprudencial constitucional\u201d, y resuelva el recurso extraordinario planteado\u2026 contra la providencia dictada el 4 de octubre de 2017, por el Tribunal [enjuiciado]\u2026, con observancia de lo previsto en la sentencias de unificaci\u00f3n SU-445 y SU 267 de 2019[,] emitidas por la Corte Constitucional, y con las sentencias de la Sala Laboral de la Corte SL3343-2020\u2026 del 26 de agosto de\u2026 2020\u2026 [y] SL3407-2020\u2026 del 31 de agosto de 2020, como efectivamente lo ha ordenado\u2026 [la] Sala de Casaci\u00f3n Penal en Sentencia STP16949-2019, \u2026del 10 de diciembre de 2019\u00bb. <\/p>\n
2. La situaci\u00f3n f\u00e1ctica relevante para definir el presente asunto es la que as\u00ed se sintetiza: <\/p>\n
2.1. En el juicio ordinario laboral que la actora le inco\u00f3 al Instituto de Seguros Sociales – en liquidaci\u00f3n (pretendiendo que, como extrabajadora de \u00e9ste -donde labor\u00f3 del 7 de junio de 1983 al 30 de noviembre de 2012- y con 50 a\u00f1os de edad cumplidos el 15 de febrero de 2012, se le reconociera y pagara \u00abla pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n convencional\u00bb a la que consideraba tener derecho desde el 1\u00b0 de enero de ese a\u00f1o), el 22 de agosto de 2017 el Juzgado Treinta y Tres Laboral de Bogot\u00e1 dict\u00f3 sentencia acogiendo las pretensiones, pero esa decisi\u00f3n la revoc\u00f3 el 4 de octubre siguiente el Tribunal convocado, determinaci\u00f3n \u00faltima que el 19 de agosto de 2020 no cas\u00f3 esta Corte. <\/p>\n
2.2. En sede de tutela, en concreto, la gestora critic\u00f3 que la Sala de Descongesti\u00f3n Laboral de esta Corte incurri\u00f3 en un exceso ritual manifiesto al analizar su recurso extraordinario, segmentando los cargos propuestos cuando ha debido analizarlos en conjunto; y que se desconocieron los precedentes jurisprudenciales sobre la materia, especialmente los pronunciamientos CSJ SL3343-2020 y CSJ SL3407-2020, inaplicando, adem\u00e1s, el principio de favorabilidad, al sostener erradamente que \u00abuna regla pensional convencional no puede subsistir con posterioridad [al] 31 de julio de 2010\u00bb, que la reclamada por ella solamente se causaba \u00abcon el cumplimiento del tiempo de servicios y edad en calidad de trabajador oficial\u00bb, obviando que el presupuesto de la edad no era un requisito de existencia sino de exigencia de la prestaci\u00f3n. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
1. El Patrimonio Aut\u00f3nomo de Remanentes del Instituto de Seguros Sociales – en liquidaci\u00f3n pidi\u00f3 el despacho adverso de la solicitud de protecci\u00f3n porque \u00ablas decisiones judiciales objeto de controversia no evidencian un defecto org\u00e1nico, procedimental, f\u00e1ctico, material o sustantivo, como tampoco un error inducido, una decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n, desconocimiento del procedente, ni mucho menos una violaci\u00f3n directa de la constituci\u00f3n, obedeciendo a la valoraci\u00f3n que hizo el operador judicial a la pruebas legales y oportunamente allegadas\u2026 y a la estricta aplicaci\u00f3n de las normas legales que regulan el tema objeto de debate\u00bb. <\/p>\n
2. El Consorcio FOPEP 2019 deprec\u00f3 denegar el resguardo o desvincularlo de este tr\u00e1mite \u00abpor no existir vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales de\u2026 Mar\u00eda Franceli Sotelo Heredia\u00bb. <\/p>\n
3. La Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protecci\u00f3n Social – UGPP indic\u00f3 que esta \u00abacci\u00f3n es improcedente, porque lo pretendido por la\u2026 accionante es sustituir una decisi\u00f3n judicial ejecutoriada proferida por el juez natural de la causa, quien con base en la normativa y jurisprudencia de la\u2026 Corte Constitucional y del Consejo de Estado, vigente para la \u00e9poca de los hechos, revoca el fallo de primera instancia\u2026 de forma acertada (sic)\u00bb. <\/p>\n
4. La Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones tambi\u00e9n rog\u00f3 su exclusi\u00f3n de esta actuaci\u00f3n por no tener ninguna \u00abresponsabilidad en la transgresi\u00f3n de los derechos fundamentales alegados\u00bb, m\u00e1xime cuando la queja reca\u00eda sobre una situaci\u00f3n ajena a sus funciones. <\/p>\n
5. La Sala de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n Nro. 1 de esta Corporaci\u00f3n defendi\u00f3 el acierto y legalidad de su pronunciamiento, enfatiz\u00f3 que \u00abatendi\u00f3 el precedente vigente al\u2026 momento de emitir[lo]\u2026, pues la Sala permanente, dada [su] recomposici\u00f3n[,] hab\u00eda precisado su criterio hac\u00eda tan solo un mes, para determinar que, cuando la convenci\u00f3n colectiva se encuentra surtiendo efectos a la fecha de entrada en vigor de la reforma constitucional -29 de julio de 2005-, cualquiera sea el motivo para ello (que est\u00e9 en curso de la vigencia inicial pactada por las partes, en curso de alguna de las pr\u00f3rrogas previstas en la ley o en tr\u00e1mite de resoluci\u00f3n de conflicto suscitado por denuncia de la convenci\u00f3n), la extinci\u00f3n de las reglas pensionales all\u00ed convenidas, solo se producir\u00e1 al vencimiento de los plazos o de las pr\u00f3rrogas autom\u00e1ticas producidas por mandato del art\u00edculo 478 del CST o por la firma de una nueva convenci\u00f3n; puntualizando que en todo caso perder\u00e1n vigencia el 31 de julio de 2010, criterio expuesto en la sentencia CSJ SL2543-2020 del 15 de julio de 2020\u00bb. <\/p>\n
6. El Juzgado Treinta y Tres Laboral de Bogot\u00e1 limit\u00f3 su intervenci\u00f3n a rese\u00f1ar las actuaciones surtidas en el juico recriminado. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a-quo constitucional neg\u00f3 el resguardo al hallar razonable el criterio exteriorizado por el juez de casaci\u00f3n, en tanto que \u00abno incurri\u00f3 en ninguna irregularidad al momento de se\u00f1alar que no era procedente acceder a la pensi\u00f3n convencional reclamada, como quiera que\u2026 Sotelo Heredia cumpli\u00f3 50 a\u00f1os de edad [el 15 de febrero de 2012,] cuando el beneficio hab\u00eda perdido vigencia, tal como lo establece el Acto Legislativo 01 de 2005\u00bb, acorde con el cual, en consonancia con la jurisprudencia imperante sobre la materia, \u00abuna regla pensional convencional no puede subsistir con posterioridad [al] 31 de julio de 2010\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La inco\u00f3 la gestora del resguardo insistiendo en sus planteamientos iniciales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. En este orden de ideas, se anticipa la improcedencia del resguardo impetrado, comoquiera que la providencia de casaci\u00f3n acusada, adem\u00e1s de que, en aplicaci\u00f3n de las reglas sobre la materia, se ocup\u00f3 del fondo de cada uno de los cargos propuestos en esa sede extraordinaria, de donde inexistente se muestra el supuesto defecto procedimental aducido por la reclamante, lo cierto es que no luce arbitraria, habida cuenta que la autoridad cuestionada, con apoyo en la normatividad y la jurisprudencia aplicable al caso, arrib\u00f3 a la decisi\u00f3n que se le reprocha. <\/p>\n
2.1. En efecto, de entrada encontr\u00f3 indiscutidos \u00ablos siguientes supuestos f\u00e1cticos: (i) que la se\u00f1ora\u2026 Sotelo Heredia naci\u00f3 el 15 de febrero de 1962, por lo que cumpli\u00f3 la edad de 50 a\u00f1os el mismo d\u00eda y mes del a\u00f1o 2012; (ii) que prest\u00f3 servicios al Instituto de Seguros Sociales del 7 de junio de 1983 al 30 de noviembre de 2012 y (iii) que durante tal interregno tuvo la calidad de trabajadora oficial\u00bb; precis\u00f3 que en atenci\u00f3n a los reparos de la censura le correspond\u00eda \u00abdeterminar si se equivoc\u00f3 el Tribunal al considerar que la regla pensional prevista en el art\u00edculo 98 de la convenci\u00f3n colectiva de trabajo estuvo vigente hasta el 31 de julio de 2010, por lo que, al haber cumplido la edad exigida el 15 de febrero de 2012, esto es, con posterioridad al t\u00e9rmino m\u00e1ximo se\u00f1alado en el Acto Legislativo 01 de 2005 no era dable el otorgamiento de la prestaci\u00f3n convencional reclamada\u00bb; y concluy\u00f3 que, \u00abacorde con la posici\u00f3n jurisprudencial vigente, bajo cualquier hip\u00f3tesis, una regla pensional convencional no puede subsistir con posterioridad [al] 31 de julio de 2010, por resultar abiertamente incompatible con la reforma constitucional, de ah\u00ed que se descarte lo planteado por la censura en punto a que el art\u00edculo 98 de la convenci\u00f3n pudiera surtir efectos con posterioridad a dicha calenda\u00bb, de donde, como era \u00abun hecho no discutido entre las partes que la actora cumpli\u00f3 la edad de 50 a\u00f1os el d\u00eda 15 de febrero de 2012, es claro que no alcanz\u00f3 a adquirir el derecho reclamado, pues arrib\u00f3 a la edad cuando tal beneficio hab\u00eda perdido vigencia con ocasi\u00f3n de la enmienda referida\u00bb; aserto que valid\u00f3 de forma copiosa, as\u00ed: <\/p>\n
\u2026la reforma constitucional elimin\u00f3 la posibilidad de las partes de acordar, mediante pacto, convenci\u00f3n o cualquier acto jur\u00eddico, reglas pensionales diferentes a las consignadas en el sistema general de pensiones. Sin embargo, a fin de proteger los derechos adquiridos y las expectativas leg\u00edtimas estableci\u00f3 unas reglas de transitoriedad, a trav\u00e9s del par\u00e1grafo transitorio 3 del Acto Legislativo 01 de 2005, que previ\u00f3: <\/p>\n
Par\u00e1grafo transitorio 3o. Las reglas de car\u00e1cter pensional que rigen a la fecha de vigencia de este Acto Legislativo contenidas en pactos, convenciones colectivas de trabajo, laudos o acuerdos v\u00e1lidamente celebrados, se mantendr\u00e1n por el t\u00e9rmino inicialmente estipulado. En los pactos, convenciones o laudos que se suscriban entre la vigencia de este Acto Legislativo y el 31 de julio de 2010, no podr\u00e1n estipularse condiciones pensionales m\u00e1s favorables que las que se encuentren actualmente vigentes. En todo caso perder\u00e1n vigencia el 31 de julio de 2010. <\/p>\n
La Corte ya ha tenido oportunidad de analizar tal precepto, exponiendo inicialmente que es posible armonizar las expresiones \u00abse mantendr\u00e1n por el t\u00e9rmino inicialmente estipulado\u00bb y \u00aben todo caso perder\u00e1n vigencia el 31 de julio de 2010\u00bb, criterio que como se ver\u00e1 m\u00e1s adelante fue revaluado y precisado. <\/p>\n
Para ello, en una postura anterior, la Sala explic\u00f3 que la expresi\u00f3n \u00abse mantendr\u00e1n por el t\u00e9rmino inicialmente estipulado\u00bb se refiere a la observancia del t\u00e9rmino inicial de duraci\u00f3n de la convenci\u00f3n colectiva expresamente pactado por las partes en el marco de la negociaci\u00f3n, lo que significa que, si ese t\u00e9rmino estaba en curso al momento de entrar en vigor el Acto Legislativo, ese convenio colectivo regir\u00eda hasta cuando tal lapso finalice. Para el efecto, la Corte en esa oportunidad aclar\u00f3 que dicha posibilidad se refiere a aquellos acuerdos colectivos o reglas pensionales que sean negociadas por primera vez antes de la vigencia de la reforma constitucional y cuya fecha de finalizaci\u00f3n sea posterior a \u00e9sta. <\/p>\n
Del mismo modo, la Corte bajo ese criterio anterior, se\u00f1al\u00f3 que la segunda expresi\u00f3n \u00aben todo caso perder\u00e1n vigencia el 31 de julio de 2010\u00bb, hace alusi\u00f3n a las pr\u00f3rrogas legales autom\u00e1ticas que en virtud del art\u00edculo 478 del CST se ven\u00edan dando de las convenciones o pactos que, desde antes de la entrada en vigor del Acto Legislativo 01 de 2005, ven\u00edan operando, caso en el cual, las reglas pensionales subsisten \u00fanicamente hasta el 31 de julio de 2010 (providencia CSJ SL SL12498-2017, en la que se retom\u00f3 lo planteado en decisi\u00f3n CSJ SL, 31 en. 2007, rad. 31000). <\/p>\n
Ahora, si bien en la \u00faltima de las sentencias referidas, a la que se refiere el recurrente para soportar que en el presente caso, la convenci\u00f3n estuvo vigente m\u00e1s all\u00e1 del 31 de julio de 2010, se aludi\u00f3 a que las convenciones podr\u00edan tener una vigencia posterior a tal calenda, tal aseveraci\u00f3n se hizo refiri\u00e9ndose a la primera de las posibilidades, esto es, cuando la convenci\u00f3n colectiva es suscrita por primera vez antes de la reforma constitucional y en ella las partes hubieren acordado que el acuerdo colectivo tendr\u00eda una vigencia m\u00e1s all\u00e1 de la mencionada fecha. As\u00ed, la referencia efectuada en la sentencia citada no se hizo en el evento de que la convenci\u00f3n se estuviera renovando por mandato legal, esto es, respecto de la segunda de las posibilidades, que correspondi\u00f3 a lo ocurrido en el presente caso, pues trat\u00e1ndose de la convenci\u00f3n colectiva del ISS, se ha considerado que al no haberse acreditado la denuncia de la convenci\u00f3n cuya vigencia era por los a\u00f1os 2001-2004, el acuerdo convencional comenz\u00f3 a prorrogarse de forma autom\u00e1tica, conforme al mandato legal previsto en el art\u00edculo 478 del CST. <\/p>\n
La Corte al referirse puntualmente al art\u00edculo 98 de la convenci\u00f3n colectiva de trabajo 2001 \u2013 2004 estim\u00f3 que, conforme a las previsiones del Acto Legislativo 01 de 2005, perdi\u00f3 vigencia el 31 de julio de 2010, para lo cual dijo: <\/p>\n
Ahora bien, si con extremada laxitud la Corte entendiera que lo pretendido por la censura es la revocatoria del fallo acusado en cuanto a la condena por aportes a la seguridad social, y que en su lugar, se conceda el reconocimiento de la pensi\u00f3n convencional y de la bonificaci\u00f3n por pensi\u00f3n, habr\u00eda que decir que el Tribunal al pronunciarse sobre la afectaci\u00f3n de las cl\u00e1usulas convencionales por la expedici\u00f3n del Acto Legislativo No. 1 de 2005, en estricto sentido, no revis\u00f3 el art\u00edculo 98 convencional, aun cuando advirti\u00f3 que la actora cumpli\u00f3 20 a\u00f1os de servicio en septiembre de 2013, pues para nada hizo alusi\u00f3n al contenido normativo, por lo que no pudo incurrir en la interpretaci\u00f3n err\u00f3nea de dicha disposici\u00f3n, que fue la modalidad de ataque planteado por la censura. <\/p>\n
Pues bien, para dar al traste con el ataque solo basta decir que la decisi\u00f3n del juzgador se encuentra a tono con la l\u00ednea de pensamiento mayoritaria de esta Corte en cuanto a que la convenci\u00f3n colectiva de trabajo del I.S.S. 2001-2004, en lo que ata\u00f1e al asunto bajo examen, perdi\u00f3 vigencia el 31 de julio de 2010 y, en ese sentido, la actora para dicha data no verific\u00f3 los supuestos estatuidos en el acuerdo colectivo (sentencia CSJ SL678-2020; subrayado fuera del texto original). <\/p>\n
La Corte Constitucional en sentencia SU-555 de 2014, al estudiar las recomendaciones emitidas por el Comit\u00e9 de Libertad Sindical y de cara a aquellas convenciones que vencieron con anterioridad al Acto Legislativo 01 de 2005 y fueron renovadas autom\u00e1ticamente cada seis meses, se\u00f1al\u00f3 que la \u00faltima pr\u00f3rroga expir\u00f3 el 31 de julio de 2010. Para ello explic\u00f3: <\/p>\n
Con relaci\u00f3n a la segunda parte de este par\u00e1grafo transitorio: \u201cEn los pactos, convenciones o laudos que se suscriban entre la vigencia de este Acto Legislativo y el 31 de julio de 2010, no podr\u00e1n estipularse condiciones pensionales m\u00e1s favorables que las que se encuentren actualmente vigentes. En todo caso perder\u00e1n vigencia el 31 de julio de 2010\u201d la Constituci\u00f3n tambi\u00e9n protege las expectativas de aquellos que cumplieron los requisitos para acceder a la prestaci\u00f3n convencional entre el 29 de julio de 2005 y el 31 de julio de 2010, como consecuencia de las pr\u00f3rrogas de aquellas convenciones que se encontraban vigentes antes de la entrada en rigor del Acto Legislativo. Pr\u00f3rrogas que conservar\u00e1n los mismos beneficios que ven\u00edan rigiendo, teniendo en cuenta la prohibici\u00f3n de pactar condiciones m\u00e1s favorables. <\/p>\n
En estos eventos, teniendo en cuenta que por virtud del art\u00edculo 478 del C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo las convenciones colectivas podr\u00e1n prorrogarse autom\u00e1ticamente cada seis meses cuando sesenta d\u00edas antes de su vencimiento las partes no manifiestan su voluntad expresa de terminarlas, existir\u00eda la expectativa leg\u00edtima de pensionarse incluso cuando los requisitos no se cumplen antes del t\u00e9rmino inicialmente pactado sino tambi\u00e9n despu\u00e9s de \u00e9l por la acostumbrada renovaci\u00f3n sucesiva de los pactos y convenciones. <\/p>\n
Sin embargo, teniendo en cuenta el imperativo que contempla el Acto Legislativo, relacionado con la expiraci\u00f3n de toda regla pensional distinta a las consagradas en el sistema general de pensiones el 31 de julio de 2010, todas las pr\u00f3rrogas que se produzcan de manera autom\u00e1tica con posterioridad al 29 de julio de 2005, quedar\u00e1n sin efectos inexcusablemente en la fecha l\u00edmite estipulada en el art\u00edculo 48 Superior. Es decir, si una regla pensional se consign\u00f3 en una convenci\u00f3n con fecha de vencimiento de febrero de 2003, se fue renovando autom\u00e1ticamente cada seis meses, la \u00faltima renovaci\u00f3n expira el 31 de julio de 2010, con independencia de que al contabilizar los seis meses, \u00e9stos finalicen en una fecha posterior. <\/p>\n
Bajo ese entendido, este par\u00e1grafo transitorio s\u00f3lo proteger\u00eda los derechos y expectativas de aquellos que cumplen los requisitos para acceder a las pensiones convencionales contempladas, entre el 29 de julio de 2005 y el 31 de julio de 2010. Por el contrario, no podr\u00eda constituir una expectativa leg\u00edtima la de aquel trabajador que, en virtud de una renovaci\u00f3n autom\u00e1tica de la convenci\u00f3n, que, sin la citada prohibici\u00f3n vencer\u00eda con posterioridad al 31 de julio de 2010, adquiri\u00f3 su derecho despu\u00e9s de dicho l\u00edmite. <\/p>\n
[\u2026] Se considerar\u00e1n expectativas leg\u00edtimas las de aquellos trabajadores que cumplieron los requisitos durante las pr\u00f3rrogas autom\u00e1ticas de las convenciones (vigentes, es decir, cuyos t\u00e9rminos iniciales no se vencieron a la entrada en vigencia del acto legislativo) que se realizaron entre el 29 de julio de 2005 y el 31 de julio de 2010. <\/p>\n
Ahora bien, esta Corporaci\u00f3n dada la recomposici\u00f3n de la Sala, en reciente providencia precis\u00f3 su actual criterio para determinar que, cuando la convenci\u00f3n colectiva se encuentra surtiendo efectos a la fecha de entrada en vigor de la reforma constitucional -29 de julio de 2005-, cualquiera sea el motivo para ello (que est\u00e9 en curso de la vigencia inicial pactada por las partes, en curso de alguna de las pr\u00f3rrogas previstas en la ley o en tr\u00e1mite de resoluci\u00f3n de conflicto suscitado por denuncia de la convenci\u00f3n), la extinci\u00f3n de las reglas pensionales all\u00ed convenidas, solo se producir\u00e1 al vencimiento de los plazos o de las pr\u00f3rrogas autom\u00e1ticas producidas por mandato del art\u00edculo 478 del CST o por la firma de una nueva convenci\u00f3n; puntualizando que en todo caso perder\u00e1n vigencia el 31 de julio de 2010 (sentencia CSJ SL2543-2020). <\/p>\n
Lo anterior se sustent\u00f3 en la interpretaci\u00f3n de la reforma constitucional y recomendaciones dadas por el Comit\u00e9 de Libertad Sindical de la OIT, entre otros, para lo cual dijo que: <\/p>\n
[\u2026] <\/p>\n
Al respecto, importa tener en cuenta que la segunda parte del par\u00e1grafo transitorio 3.\u00b0, al estipular que \u00abEn los pactos, convenciones o laudos que se suscriban entre la vigencia de este Acto Legislativo y el 31 de julio de 2010, no podr\u00e1n estipularse condiciones pensionales m\u00e1s favorables que las que se encuentren actualmente vigentes. En todo caso perder\u00e1n vigencia el 31 de julio de 2010\u00bb, de alguna manera est\u00e1 imponiendo, constitucionalmente, la protecci\u00f3n de las expectativas de aquellos que cumplieron los requisitos para acceder a la prestaci\u00f3n convencional entre el 29 de julio de 2005 y el 31 de julio de 2010, como consecuencia de las pr\u00f3rrogas de aquellas convenciones que se encontraban vigentes antes de la entrada en rigor del Acto Legislativo. Pr\u00f3rrogas que conservar\u00e1n los mismos beneficios pensionales que ven\u00edan rigiendo, teniendo en cuenta la prohibici\u00f3n de pactar condiciones m\u00e1s favorables. <\/p>\n
Ahora bien, en la misma senda con miras a realizar un ejercicio hermen\u00e9utico que permita compatibilizar la primera recomendaci\u00f3n emitida por el Comit\u00e9 de Libertad Sindical aprobada por el Consejo de Administraci\u00f3n de la OIT, que concluye, luego de instar al Gobierno para adoptar las medidas necesarias, en procura de que: \u00ablas convenciones celebradas con anterioridad a la entrada en vigor de la legislaci\u00f3n nacional y que contienen cl\u00e1usulas sobre pensiones, cuya vigencia va m\u00e1s all\u00e1 del 31 de julio de 2010, mantengan sus efectos hasta su vencimiento\u00bb, esta Sala, en principio, encuentra que la extensi\u00f3n de los efectos pensionales convencionales m\u00e1s all\u00e1 del 31 de julio de 2010 deviene abiertamente incompatible con la enmienda constitucional, pues, tanto para el m\u00e1ximo Tribunal de lo Constitucional como para esta Sala, que tambi\u00e9n lo es de la Jurisdicci\u00f3n Ordinaria Laboral y de la Seguridad Social, han considerado que el Acto Legislativo 01 de 2005, como norma de rango constitucional, no permite, a partir de su vigencia, la inclusi\u00f3n de reglas de car\u00e1cter pensional distintas a las de las leyes generales de pensiones en nuevos acuerdos colectivos, ni mucho menos, extender la aplicaci\u00f3n de las reglas vigentes a su fecha de entrada en vigor con posterioridad a la fecha l\u00edmite, es decir, el 31 de julio de 2010. <\/p>\n
Ergo, la primera recomendaci\u00f3n plurimencionada, no puede cobijar: i) a los trabajadores que soliciten pensiones consagradas en nuevos pactos o en convenciones celebradas despu\u00e9s de la entrada en vigencia del Acto Legislativo; o, ii) a quienes cumplen los requisitos para acceder a una prestaci\u00f3n peri\u00f3dica convencional con posterioridad al 31 de julio de 2010, pues no puede alegarse que esperaban recibir pensiones especiales en la medida que para ese momento ya se encontraban vigentes las nuevas reglas constitucionales, por lo tanto aquello comportar\u00eda algo menos que una mera expectativa. <\/p>\n
Empero, esta Sala si considera que puede compatibilizarse la primera recomendaci\u00f3n con el acto legislativo, en el sentido de proteger las expectativas legitimas que albergan; tanto quienes a la fecha de entrada en vigor de la enmienda constitucional eran beneficiarios de reglas pensionales convencionales que estaban en curso del t\u00e9rmino de vigencia inicialmente pactado por las partes, como quienes a la fecha de entrada en vigor de la enmienda constitucional eran beneficiarios de reglas pensionales convencionales que estaban en curso de una pr\u00f3rroga legal del instrumento convencional que las contiene. <\/p>\n
Para tal efecto, el margen de apreciaci\u00f3n nacional, receptado como pauta hermen\u00e9utica, le permite a esta Sala tener en cuenta que el art\u00edculo 478 del C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo establece que \u00abA menos que se hayan pactado normas diferentes en la convenci\u00f3n colectiva, si dentro de los sesenta (60) d\u00edas inmediatamente anteriores a la expiraci\u00f3n de su t\u00e9rmino, las partes o una de ellas no hubieren hecho manifestaci\u00f3n escrita de su expresa voluntad de darla por terminada, la convenci\u00f3n se entiende prorrogada por per\u00edodos sucesivos de seis en seis meses, que se contar\u00e1n desde la fecha se\u00f1alada para su terminaci\u00f3n.\u00bb, Previsi\u00f3n que conduce a inferir la existencia de una expectativa leg\u00edtima de pensionarse para aquellos que no cumplen los requisitos para ello antes del vencimiento del t\u00e9rmino inicialmente pactado, pero si despu\u00e9s de \u00e9l dentro de la acostumbrada reconducci\u00f3n sucesiva de los pactos y convenciones. <\/p>\n
Ahora bien, el hecho de no haberse se\u00f1alado nada en el Acto legislativo 01 de 2005, en torno a la figura de la pr\u00f3rroga prevista en el art\u00edculo 478 del C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo, no permite inferir de ello, que la misma haya perdido su prestancia o su vigor para reconducir la convenci\u00f3n a seguir fijando las condiciones que regir\u00e1n los contratos de trabajo, ni tampoco, dicho mutismo puede traducirse en la imposibilidad de que dicha figura se continuara aplicando en materia pensional debido a la falta de denuncia del instrumento hasta \u00abel 31 de julio de 2010\u00bb, sea que el 29 de julio de 2005 est\u00e9 transcurriendo el plazo inicial acordado por las partes o una de sus pr\u00f3rrogas, en tanto tal posibilidad no tiene porqu\u00e9 entenderse referida exclusivamente a la segunda hip\u00f3tesis, puesto que nada impide que, aunque se encontrara en su primera etapa de ejecuci\u00f3n, la convenci\u00f3n se renueve autom\u00e1ticamente o como consecuencia de la denuncia de uno o ambos contratantes, toda vez que la expresi\u00f3n \u00abse mantendr\u00e1n por el t\u00e9rmino inicialmente estipulado\u00bb, no puede conllevar la eliminaci\u00f3n de la posibilidad de que suceda uno de los eventos mencionados, en la medida en que se dar\u00e1 al traste con una expectativa legitima, en perjuicio de aquellos trabajadores que, por la raz\u00f3n que sea, se encuentren expectantes de cara a la consolidaci\u00f3n de un derecho extralegal. <\/p>\n
El anterior entendimiento, acompasado con el mandato imperativo contemplado en el Acto Legislativo, dirigido a la expiraci\u00f3n de toda regla pensional distinta a las consagradas en el sistema general de pensiones el 31 de julio de 2010, debe necesariamente concluir, que todas las pr\u00f3rrogas que se produzcan de manera autom\u00e1tica con posterioridad al 29 de julio de 2005, inexorablemente, quedar\u00e1n sin efectos en la fecha l\u00edmite estipulada en la enmienda constitucional -31 de julio de 2010-. <\/p>\n
[\u2026] <\/p>\n
Por lo tanto, con base en el principio de supremac\u00eda constitucional que conlleva al de interpretaci\u00f3n conforme a la Constituci\u00f3n y al de eficacia de la misma, es posible concluir que quienes pretendan el reconocimiento de la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n de acuerdo con una convenci\u00f3n colectiva cuyo t\u00e9rmino inicialmente pactado fij\u00f3 como finiquito de su vigencia una fecha posterior a julio de 2005, pero que se prorrog\u00f3 autom\u00e1ticamente durante varios a\u00f1os consecutivos de seis en seis meses, s\u00f3lo tendr\u00edan derecho a pensionarse si adquieren su derecho antes del 31 de julio de 2010. <\/p>\n
Bajo ese entendido, el par\u00e1grafo transitorio 3.\u00b0 del Acto Legislativo 01 de 2005, sub-examine, proteger\u00eda los derechos y expectativas de quienes cumplen los requisitos para acceder a las pensiones convencionales contempladas, entre el 29 de julio de 2005 y el 31 de julio de 2010, en cualquiera de los siguientes escenarios: <\/p>\n
<\/p>\n
i. para aquellos que a la entrada en vigor del Acto Legislativo 01 de 2005, son beneficiarios de una convenci\u00f3n colectiva de trabajo cuya vigencia se encuentra en curso del t\u00e9rmino inicialmente pactado, en este caso, si las partes no presentaron la denuncia en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 479 del C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo, el termino de vigencia de los derechos pensionales, para estos, va a estar determinado por la pr\u00f3rroga autom\u00e1tica del art\u00edculo 478 ibidem, prosecuci\u00f3n que en materia pensional no podr\u00e1 extenderse m\u00e1s all\u00e1 del 31 de julio de 2010. <\/p>\n
<\/p>\n
ii. para aquellos que a la entrada en vigor del Acto Legislativo 01 de 2005, son beneficiarios de una convenci\u00f3n colectiva de trabajo en virtud de la pr\u00f3rroga autom\u00e1tica, a quienes se les resguardaran, para su aplicaci\u00f3n, los acuerdos pensionales convencionales ya por ministerio de la ley y no por acuerdo de las partes, prosecuci\u00f3n que en materia pensional no podr\u00e1 extenderse m\u00e1s all\u00e1 del 31 de julio de 2010, sin que las partes, en tr\u00e1nsito de la vigencia prorrogada, puedan establecer condiciones m\u00e1s favorables a las ya previstas en el acuerdo colectivo vigente. <\/p>\n
<\/p>\n
iii. para aquellos que a la entrada en vigor del Acto Legislativo 01 de 2005, son beneficiarios de una convenci\u00f3n colectiva de trabajo en virtud de la denuncia de la convenci\u00f3n colectiva y la iniciaci\u00f3n posterior del conflicto colectivo que no ha tenido soluci\u00f3n, a quienes tambi\u00e9n se mantendr\u00e1n los acuerdos pensionales convencionales por ministerio de la y no por acuerdo de las partes, extensi\u00f3n que en materia pensional no podr\u00e1 ir m\u00e1s all\u00e1 del 31 de julio de 2010, sin que las partes ni los \u00e1rbitros, en tr\u00e1nsito de la vigencia extendida, puedan establecer condiciones m\u00e1s favorables a las ya previstas en el acuerdo colectivo vigente. <\/p>\n
Teniendo en cuenta todo lo expuesto en l\u00edneas precedentes, la Sala considera necesario precisar aqu\u00ed y ahora su postura, en el sentido de se\u00f1alar que en aplicaci\u00f3n del par\u00e1grafo transitorio 3 del Acto Legislativo 01 de 2005, cuando la convenci\u00f3n colectiva se encuentre surtiendo efectos a la fecha de entrada en vigor la enmienda constitucional -29 de julio de 2005-, cualquiera sea el motivo para ello -en curso de la vigencia inicial pactada por las partes, en curso de alguna de las pr\u00f3rrogas prevista en la ley o en tr\u00e1mite de resoluci\u00f3n de conflicto suscitado por denuncia de la convenci\u00f3n-, la extinci\u00f3n de las reglas pensionales all\u00ed convenidas, solo se producir\u00e1 al vencimiento de los plazos o de las pr\u00f3rrogas autom\u00e1ticas producidas por mandato del art\u00edculo 478 del CST o por la firma de una nueva convenci\u00f3n; que en todo caso perder\u00e1n vigencia el 31 de julio de 2010. El nuevo criterio jurisprudencial encuentra soporte, tambi\u00e9n, en el derecho a la seguridad social en relaci\u00f3n con el acceso a las pensiones, como garant\u00eda fundamental de los ciudadanos, derecho reconocido en diferentes instrumentos internacionales, tales como la Declaraci\u00f3n Universal de Derechos Humanos de 1948 -ratificado en 1948-, el Pacto Internacional de Derechos Econ\u00f3micos, Sociales y Culturales de 1966 -aprobado por la Ley 74 de 1968- y, el Protocolo de San Salvador de 1988 -aprobado por la Ley 319 de 1996-. (sentencia CSJ SL2543-2020; subrayado fuera del texto original) <\/p>\n
A lo que seguidamente a\u00f1adi\u00f3 que tal conclusi\u00f3n no sufr\u00eda alteraci\u00f3n alguna por la invocaci\u00f3n \u00abdel principio in dubio pro operario, el cual \u00abopera frente a un conflicto real en las fuentes de derecho, que no ante una incertidumbre f\u00e1ctica\u00bb (sentencia CSJ SL, 4 nov. 2009, rad. 5818, reiterada en la CSJ SL7807-2016 y CSJ SL609-2017) y es aplicable cuando \u00abfrente a una misma norma laboral surgen varias interpretaciones sensatas, lo cual implica la escogencia de aqu\u00e9lla que m\u00e1s le favorezca al trabajador\u00bb (CSJ SL7882-2015)\u00bb; lo dicho, porque esa circunstancia no ten\u00eda presencia all\u00ed, \u00abdado que, conforme a lo explicado en precedencia y seg\u00fan la jurisprudencia de la Corte que actualmente impera, no existe duda en la interpretaci\u00f3n de la norma constitucional que regula la tem\u00e1tica planteada, en la medida que la misma dispuso como fecha m\u00e1xima hasta la cual estar\u00edan vigentes las normas convencionales pensionales el d\u00eda 31 de julio de 2010\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed mismo, hall\u00f3 que \u00ablo cierto es que el juez de la alzada en modo alguno desconoci\u00f3 que la actora comenz\u00f3 a laborar el 7 de junio de 1983 y, por ende, no pudo pasar por alto que complet\u00f3 los 20 a\u00f1os de servicios al ISS en el a\u00f1o 2003, esto es, antes de la reforma constitucional; en verdad lo que ocurri\u00f3 fue que consider\u00f3 -acertadamente- que la pensi\u00f3n se causaba no solo con el cumplimiento de los 20 a\u00f1os de servicios sino con la edad de 50 a\u00f1os de edad en calidad de trabajadora oficial, encontrando que cumpli\u00f3 esta \u00faltima exigencia con posterioridad al 31 de julio de 2010, es decir, cuando ya hab\u00eda expirado la norma convencional que regulaba la prestaci\u00f3n deprecada, por expreso mandato constitucional\u00bb; proceder \u00faltimo que advirti\u00f3 ajustado a los m\u00faltiples pronunciamientos del \u00f3rgano de cierre de la jurisdicci\u00f3n laboral, de los cuales cit\u00f3 algunos apartes (entre otros, SL, 16 oct. 2012, rad. 41971; SL1248-2014, SL16267-2014, SL13641-2014, SL4929-2015 y SL1186-2020, rad. 77294). <\/p>\n
2.2. As\u00ed, es claro que lo dispuesto por la Colegiatura que emiti\u00f3 la decisi\u00f3n final atacada responde a su interpretaci\u00f3n de las disposiciones normativas y jurisprudenciales aplicables al caso particular, especialmente, del canon 48 Superior, adicionado por el Acto Legislativo 01 de 2005, determinando que la tutelante no era beneficiaria de la pensi\u00f3n convencional establecida en el canon 98 de la Convenci\u00f3n Colectiva del Trabajo en cuesti\u00f3n, toda vez que no cumpli\u00f3 los requisitos all\u00ed exigidos con antelaci\u00f3n a su p\u00e9rdida de vigencia. <\/p>\n
En este orden de ideas, tales inferencias no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la[s] que ha hecho no resulta[n] contraria[s] a la raz\u00f3n, es decir[,] si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello [se] desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y [el juzgador constitucional] entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo [se refiere al fallador ordinario] para definir el conflicto de intereses\u00bb (CSJ STC, 11 en. 2005, rad. 1451). <\/p>\n
Lo anterior debido a que la funci\u00f3n jurisdiccional dota al juez de autonom\u00eda plena, de manera que s\u00f3lo el yerro ostensible, innegable y trascendente, sirve de apoyo por v\u00eda de tutela para dar al traste con el pronunciamiento del juzgador natural, aunado a que, como recientemente se ha dejado por sentado al denegar acciones de resguardo tambi\u00e9n impulsadas contra la hom\u00f3loga de casaci\u00f3n laboral, cuyo criterio, mutatis mutandis, resulta aqu\u00ed aplicable, \u00abmirada nuevamente la postura que en el pasado hab\u00eda tenido esta Sala con relaci\u00f3n a asuntos de contornos similares al presente[,] encuentra necesario adecuarla puesto que, como atr\u00e1s se indic\u00f3, la procedencia de la tutela depende de la existencia de decisiones alejadas de manera absoluta del ordenamiento y carentes de fundamento objetivo, circunstancias que no se evidencian en el asunto presente, a pesar de que pudiera eventualmente esta Sala o cualquier observador discrepar de lo sostenido por el \u00f3rgano de cierre de la justicia laboral pero que no por ello merecen necesariamente ser pasibles de la acci\u00f3n de tutela. Por lo tanto, se impone mantener el fallo refutado, advirtiendo que para la Sala es procedente el respeto por las decisiones judiciales, m\u00e1xime cuando se trata de organismos de cierre, salvo cuando aparezcan visibles las causales de procedibilidad del amparo, comp\u00e1rtase o no lo decidido por el juez natural\u00bb (STC13803-2021, STC13814-2021, STC13815-2021, STC13816-2021, STC13817-2021 y STC13947-2021, STC13983-2021). <\/p>\n
3. Ahora, en lo que ata\u00f1e al supuesto desconocimiento de la postura inserta en las providencias SL3343-2020 y SL3407-2020, mal puede concluirse que la sede judicial acusada comprometi\u00f3 el derecho a la igualdad de la gestora al no acoger lo expuesto en dichos pronunciamientos, pues lo cierto es que no exist\u00edan para cuando se dict\u00f3 la sentencia de casaci\u00f3n aqu\u00ed fustigada, comoquiera que esta data del 19 de agosto de 2020 mientras que aqu\u00e9llos fueron dictados los d\u00edas 26 y 31 siguientes. <\/p>\n
4. Lo dicho impone respaldar la determinaci\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese a los interesados por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtanse las actuaciones respectivas a la Corte Constitucional, para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 Se precisa que para el tr\u00e1mite de la presente impugnaci\u00f3n, la cual concedi\u00f3 la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corte hasta el pasado 19 de abril, este diligenciamiento tan s\u00f3lo arrib\u00f3 a esta Sala de Casaci\u00f3n Civil el 5 de octubre \u00faltimo, donde se radic\u00f3 y reparti\u00f3 el d\u00eda siguiente y el 7 posterior ingres\u00f3 al despacho. <\/p>\n
1 <\/p>\n
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STC14450-2021 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC14450-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2020-01568-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintisiete de octubre de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., veintisiete (27) de octubre de dos mil veintiuno (2021). Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta por Mar\u00eda Franceli Sotelo Heredia contra […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[41],"tags":[],"class_list":["post-58767","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-octubre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/58767","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=58767"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/58767\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=58767"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=58767"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=58767"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}