STC14456-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC14456-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2021-02041-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintisiete de octubre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintisiete (27) de octubre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta contra el fallo proferido el 28 de septiembre de 2021 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Carmen Amira Salcedo de Hern\u00e1ndez contra los Juzgados Tercero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n, S\u00e9ptimo Civil Municipal de Ejecuci\u00f3n y 50 Civil Municipal, autoridades todas de esta ciudad, a cuyo tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el asunto objeto de la queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora del amparo reclam\u00f3 protecci\u00f3n de sus garant\u00edas fundamentales al debido proceso, igualdad y vivienda digna, que dice vulneradas por las autoridades judiciales accionadas, por lo que solicit\u00f3 \u00abse decrete la nulidad a partir del auto que libr\u00f3 mandamiento de pago\u2026\u00bb. <\/p>\n
2.1. Banco Davivienda SA promovi\u00f3 demanda ejecutiva hipotecaria contra Carmen Amira Salcedo de Hern\u00e1ndez, con miras a lograr el recaudo de un pagar\u00e9 otorgado bajo el sistema de Unidades de Valor Real (UVR), respaldado con hipoteca constituida con escritura p\u00fablica 1508 del 7 de abril de 1997. <\/p>\n
2.2. El 10 de junio de 2011, se libr\u00f3 la orden de apremio y, seguidamente, con providencia del 22 de enero del 2013, se desestimaron las excepciones de m\u00e9rito propuestas por la ejecutada y se orden\u00f3 continuar con la ejecuci\u00f3n. <\/p>\n
2.3. Posteriormente, la enjuiciada reclam\u00f3 la nulidad del proceso por haberse librado mandamiento de pago \u00absin haber cumplido con el proceso de reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito concedido en UPAC\u00bb, conforme lo ordena la ley 546 de 1999. <\/p>\n
2.4. A trav\u00e9s de auto del 29 de enero de 2020, el Juzgado S\u00e9ptimo Civil Municipal de Ejecuci\u00f3n de Bogot\u00e1 desestim\u00f3 la petici\u00f3n de invalidez, decisi\u00f3n que apel\u00f3 la ejecutada, siendo confirmada con prove\u00eddo del 18 de marzo de 2021. <\/p>\n
2.5. En s\u00edntesis, expres\u00f3 la gestora del resguardo que \u00abla obligaci\u00f3n\u2026 pretendida no fue otorgada en el a\u00f1o 2007 en UVR sino en UPAC, lo que desconocieron los\u2026 jueces de instancia, cuando interpretaron que se trata de otro cr\u00e9dito y de no de [uno] en UPAC\u00bb, como lo demuestra la escritura p\u00fablica contentiva de la hipoteca que garantiza el cr\u00e9dito perseguido coercitivamente, por lo que resultaba imperativo, para librar orden de pago, que se demostrara la reestructuraci\u00f3n de la acreencia, lo que no ocurri\u00f3, por lo que debi\u00f3 accederse a su solicitud de nulidad. <\/p>\n
RESPUESTAS DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El abogado Jos\u00e9 Leonardo Garc\u00eda Hern\u00e1ndez, quien dijo fungir \u00abcomo apoderado judicial del cesionario de los derechos litigiosos o de cr\u00e9dito, en el proceso ejecutivo hipotecario [cuestionado]\u00bb, sin que aportara mandato que lo facultara para representarlo, pidi\u00f3 desestimar el resguardo. <\/p>\n
2. El profesional del derecho Arnulfo Ochoa Quintana, quien obra como apoderado de Carmen Amira Salcedo de Hern\u00e1ndez en el juicio cuestionado, dijo coadyuvar la petici\u00f3n de amparo. <\/p>\n
3. El Juzgado S\u00e9ptimo Civil Municipal de Ejecuci\u00f3n de Bogot\u00e1, tras rese\u00f1ar las actuaciones adelantadas en el proceso cuestionado, precis\u00f3 que \u00abha actuado de conformidad con las solicitudes realizadas y con apego a ley procesal vigente\u00bb. <\/p>\n
4. El Juzgado Tercero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de esta localidad defendi\u00f3 la legalidad de su actuaci\u00f3n. <\/p>\n
5. La Superintendencia Financiera de Colombia dijo carecer de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, por lo que solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n. <\/p>\n
6. Banco Davivienda SA resalt\u00f3 que \u00abno ha conculcado derecho fundamental alguno\u00bb. <\/p>\n
7. La Oficina de Apoyo de los Juzgados Civiles Municipales de Ejecuci\u00f3n de Bogot\u00e1 rindi\u00f3 informe. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal neg\u00f3 la salvaguarda, toda vez que \u00abno hay\u2026 irrazonabilidad en la determinaci\u00f3n adoptada por el Estrado Judicial Tercero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias; por el contrario, los raciocinios est\u00e1n a tono con la jurisprudencia aplicable y lo consignado en el expediente\u00bb <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La promotora del resguardo reiter\u00f3 sus alegaciones iniciales, enfiladas a predicar que el cr\u00e9dito objeto de la ejecuci\u00f3n criticada, fue concedido en UPAC para la adquisici\u00f3n de vivienda, sin que pueda predicarse que con la redenominaci\u00f3n del mismo a UVR, a trav\u00e9s del otorgamiento de un nuevo pagar\u00e9, se cumpla con la reestructuraci\u00f3n que orden\u00f3 la ley 546 de 1999. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo singular establecido para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, este instrumento excepcional no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, afincado en sus particulares designios, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre paso el amparo para restablecer las garant\u00edas esenciales conculcadas siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual del resguardo y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. En relaci\u00f3n con la reestructuraci\u00f3n prevista en la Ley 546 de 1999, en trat\u00e1ndose de juicios ejecutivos en los que se pretende cobrar cr\u00e9ditos otorgados antes del 31 de diciembre de 1999, para la adquisici\u00f3n de vivienda, la Sala ha indicado que para acceder al amparo solicitado por v\u00eda constitucional es necesaria la concurrencia de los siguientes requisitos: (i) que la acci\u00f3n haya sido interpuesta oportunamente, esto es, antes del registro del auto aprobatorio del remate o de adjudicaci\u00f3n del inmueble hipotecado, o, a\u00fan con posterioridad, si el bien fue adjudicado a la parte ejecutante1; (ii) que se haya actuado con una m\u00ednima diligencia dentro del asunto censurado, ejerci\u00e9ndose los mecanismos de defensa procedentes; y (iii) que directa o indirectamente se afecte el derecho a la vivienda digna, conforme a lo previsto en la Ley 546 de 1999. <\/p>\n
Lo anterior en concordancia con lo previsto en la Sentencia SU-813 de 2007 de la Corte Constitucional, a cuyo tenor: <\/p>\n
Los jueces que est\u00e9n conociendo de acciones de tutela relativas a la terminaci\u00f3n de procesos ejecutivos que se refieran a cr\u00e9ditos de viviendas iniciados con anterioridad al 31 de diciembre de 1999, deber\u00e1n seguir, entre otros, el precedente sentado en la presente sentencia de unificaci\u00f3n. Por lo tanto, a) deber\u00e1n conceder la acci\u00f3n de tutela cuando i) \u00e9sta haya sido interpuesta de manera oportuna antes de que se haya registrado el auto aprobatorio del remate o de adjudicaci\u00f3n del inmueble y ii) cuando el demandante en dicho proceso ejecutivo haya actuado con una diligencia m\u00ednima dentro del mismo2. <\/p>\n
En efecto, esta Corporaci\u00f3n ha sido enf\u00e1tica en precisar que, trat\u00e1ndose del cobro ejecutivo de una obligaci\u00f3n contra\u00edda antes del 31 de diciembre de 1999, en UPAC e incluso en pesos con capitalizaci\u00f3n de intereses, para la adquisici\u00f3n de vivienda, que no ha sido reestructurada en los t\u00e9rminos de la Ley 546 de 1999, es deber de los operadores judiciales atender la solicitud del deudor tendiente a que se cumpla esta exigencia, pues tal olvido resta exigibilidad a la obligaci\u00f3n. <\/p>\n
Ciertamente, sobre tal tem\u00e1tica ha expresado la Sala que: <\/p>\n
En efecto, la citada reestructuraci\u00f3n es obligaci\u00f3n de las entidades crediticias, a efectos de ajustar la deuda a las reales capacidades econ\u00f3micas de los obligados, cuesti\u00f3n exigible a los cesionarios si se tiene en cuenta que aqu\u00e9llos reemplazan en todo al cedente. Esta Corporaci\u00f3n en casos de contornos similares, ha sido coherente en predicar la imposibilidad de continuar con una ejecuci\u00f3n cuando no se encuentra acreditada la reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito (CJS STC, 31 oct. 2013, rad. 02499-00; reiterado en CSJ STC, 20 may. 2013, rad. 00914-00; 22 jun. 2012, rad. 00884-01; 19 sep. 2012, rad. 00294-01; y 13 feb. 2014, rad. 2013-0645-01, entre otros). <\/p>\n
3. De los elementos de convicci\u00f3n obrantes en las presentes diligencias, se advierte que con prove\u00eddo de 18 de marzo de los corrientes, el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Bogot\u00e1 confirm\u00f3 el dictado el 29 de enero de 2020 por el Juzgado S\u00e9ptimo Civil Municipal de Ejecuci\u00f3n esta misma ciudad, a trav\u00e9s del cual se desestim\u00f3 la nulidad que reclam\u00f3 la ejecutada por la ausencia de reestructuraci\u00f3n de la obligaci\u00f3n materia del recaudo ejecutivo, en los t\u00e9rminos que prev\u00e9 la ley 546 de 1999. <\/p>\n
Como fundamento de dicha determinaci\u00f3n, el ad quem criticado expres\u00f3 que: <\/p>\n
Revisado el paginario se advierte que mediante prove\u00eddo de\u2026 10 de junio de 2011\u2026 se libr\u00f3 orden de apremio por v\u00eda ejecutiva hipotecaria en contra de Carmen Amira Salcedo de Hern\u00e1ndez dada su condici\u00f3n de propietaria y deudora, con base en el pagar\u00e9 No.5700322000186726. As\u00ed como tambi\u00e9n obra en el proceso el documento elaborado por el Banco Davivienda SA\u2026 en el cual se presentan las cifras del cr\u00e9dito re-liquidado y se anexa un extracto del cr\u00e9dito hipotecario junto con el ejercicio operacional tenido en cuenta para la reliquidaci\u00f3n en UPAC y pesos. <\/p>\n
Es claro que jurisprudencialmente toda obligaci\u00f3n contra\u00edda bajo el sistema UPAC debe ajustarse a lo establecido en la Ley 546 de 1999, que especialmente orden\u00f3 a las entidades crediticias ajustar los documentos contentivos de las condiciones de cr\u00e9dito de vivienda individual a largo plazo, desembolsados con anterioridad a la entrada en vigencia de dicha ley, de conformidad con el art\u00edculo 39. <\/p>\n
T\u00e9ngase en cuenta que la Superintendencia Bancaria en el numeral 2.2.1.1. del cap\u00edtulo segundo de la circular externa 100 de 1995\u2026 define la reestructuraci\u00f3n de un cr\u00e9dito como: <\/p>\n
\u201c(\u2026) cualquier mecanismo excepcional, instrumentado mediante la celebraci\u00f3n y\/o ejecuci\u00f3n de cualquier negocio jur\u00eddico que tenga por objeto modificar las condiciones originalmente pactadas con el fin de permitirle al deudor la atenci\u00f3n adecuada de su obligaci\u00f3n ante el real o potencial deterioro de su capacidad de pago. Para esos efectos, se consideran reestructuraciones las novaciones\u201d. <\/p>\n
En el caso particular, se encuentra que el Banco Davivienda SA aplic\u00f3 el alivio [respectivo] el 25 de febrero de 2000, conforme la reliquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito\u2026 el cual se adecu\u00f3 a un sistema de amortizaci\u00f3n definido por la Superbancaria, hoy Superfinanciera, indicado con el No. 5700322000186726\u2026 <\/p>\n
El pagar\u00e9 No. 5700322000186726 base de la ejecuci\u00f3n se suscribi\u00f3 entre las partes el 14 de marzo de 20[0]7\u2026, por el monto en UVR de 121.020.3724 a un plazo de ochenta\u2026 meses, con una tasa de inter\u00e9s remuneratorio al 12.00% y un sistema de amortizaci\u00f3n a capital en UVR; que conforme a lo se\u00f1alado por la parte demandante en los hechos de la demanda las cuotas empezaban a partir del d\u00eda 14 de abril de 2007 y los deudores entraron en mora en el pago de las mismas desde el 14 de octubre de 2010. <\/p>\n
Sobre el requisito de reestructuraci\u00f3n y el otorgamiento de nuevos pagar\u00e9s en vigencia de la ley 546 de 1999, la Sala de Casaci\u00f3n de la Corte Suprema de Justicia a dicho: <\/p>\n
\u201c(\u2026) en este caso no se observa la trasgresi\u00f3n de los derechos fundamentales de los convocantes que amerite la adopci\u00f3n de una medida especial de protecci\u00f3n al encontrarse acreditada por parte del a quo la reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito hipotecario. Lo anterior, en la medida en que, si bien la obligaci\u00f3n fue otorgada bajo en antiguo sistema UPAC, la acreedora y los deudores convinieron de manera voluntaria las nuevas condiciones en que se desarrollar\u00eda el cr\u00e9dito de vivienda a largo plazo en vigencia de la ley 546 de 1999 y suscribieron el pagar\u00e9 que es objeto de recaudo en Unidades de Valor Real. N\u00f3tese que precisamente el objeto de la reestructuraci\u00f3n es lograr el consenso entre las partes para determinar las verdaderas condiciones econ\u00f3micas de los demandados con miras a que puedan preservar su vivienda\u201d3. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, encuentra este Despacho que la acci\u00f3n ejecutiva se instaur\u00f3 con base en el pagar\u00e9 No. 5700322000186726 suscrito entre la partes el 14 de marzo de 20[0]7, el cual fue expedido luego de realizada la reliquidaci\u00f3n de un cr\u00e9dito adquirido en el a\u00f1o 1997, se trata entonces de un nuevo t\u00edtulo valor, en el que el acreedor y la deudora de manera voluntaria pactaron acerca de las condiciones en que se adelantar\u00eda el cr\u00e9dito de vivienda a largo plazo en Unidades de Valor Real, luego a trav\u00e9s de ese consenso se obtuvo la reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito. <\/p>\n
\u2026 <\/p>\n
En conclusi\u00f3n, la solicitud de nulidad formulada por la demandada resulta jur\u00eddicamente inviable, toda vez que no se ha vulnerado derecho alguno a la parte demandada, por cuanto qued\u00f3 demostrado, en el a\u00f1o 2000 se realiz\u00f3 la reliquidaci\u00f3n y posteriormente en el a\u00f1o 2007 la reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito, a trav\u00e9s de la suscripci\u00f3n de un nuevo pagar\u00e9 con condiciones claramente establecidas entre las partes. <\/p>\n
4. Bajo el anterior contexto, se anticipa la procedencia del resguardo impetrado, comoquiera que la determinaci\u00f3n criticada no tuvo en cuenta la normatividad aplicable ni los precedentes jurisprudenciales atinentes a la obligatoriedad de la reestructuraci\u00f3n de los cr\u00e9ditos de vivienda adquiridos con anterioridad al 31 de diciembre de 1999, conforme pasa a explicarse. <\/p>\n
Ello en la medida en que, como soporte de la decisi\u00f3n cuestionada, expres\u00f3 el estrado enjuiciado que: <\/p>\n
\u2026 la acci\u00f3n ejecutiva se instaur\u00f3 con base en el pagar\u00e9\u2026 suscrito entre la partes el 14 de marzo de 20[0]7, el cual fue expedido luego de realizada la reliquidaci\u00f3n de un cr\u00e9dito adquirido en el a\u00f1o 1997, se trata entonces de un nuevo t\u00edtulo valor, en el que el acreedor y la deudora de manera voluntaria pactaron acerca de las condiciones en que se adelantar\u00eda el cr\u00e9dito de vivienda a largo plazo en Unidades de Valor Real, luego a trav\u00e9s de ese consenso se obtuvo la reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito. <\/p>\n
Sin embargo, no tuvo en cuenta la sede judicial criticada que la jurisprudencia de esta Sala ha decantado que: <\/p>\n
[Del] art\u00edculo 42 de la Ley 546 de 1999, se extrae el deber ineludible para las entidades financieras, de reliquidar y reestructurar los cr\u00e9ditos de vivienda en UPAC, vigentes al 31 de diciembre de 1999\u2026 cuya recuperaci\u00f3n pretend\u00edan ante los estrados judiciales, pues, para esa fecha todos ellos quedaron con la posibilidad de replantear la forma de pago, de acuerdo con las condiciones econ\u00f3micas de los propietarios que estaban en peligro de perder su lugar de habitaci\u00f3n. <\/p>\n
El incumplimiento de esa carga, en consecuencia, se constituye en un obst\u00e1culo insalvable para el inicio y el impulso de los procesos hipotecarios estrictamente relacionados con cr\u00e9ditos de vivienda inicialmente concedidos en UPAC, por formar parte de un t\u00edtulo ejecutivo complejo cuya acreditaci\u00f3n se hace imprescindible, para obtener la orden de apremio en caso de mora de los deudores o si, llevado a cabo ese trabajo, es manifiesta la imposibilidad de satisfacci\u00f3n de \u00e9stos con sus actuales ingresos. <\/p>\n
Si tal falencia no es advertida al momento de librar mandamiento de pago, exige un pronunciamiento de los falladores a petici\u00f3n de parte o por v\u00eda del examen oficioso de los instrumentos representativos del cr\u00e9dito cobrado, a\u00fan en segunda instancia, por tratarse de un t\u00f3pico relacionado con la exigibilidad de las obligaciones hipotecarias que llevan inmersos los elevados derechos a la vivienda digna e igualdad entre los deudores de ese sistema. <\/p>\n
Por ende, si se desatiende esa labor inquisitiva de revisar la suficiencia de los documentos allegados como base de recaudo, por mandato excepcional que emana de la normatividad expedida para conjurar una crisis social, como excepci\u00f3n al principio dispositivo que rige la alzada, se incurre en una v\u00eda de hecho que es susceptible de protecci\u00f3n. <\/p>\n
Pasar por alto tal proceder, como si la mera culminaci\u00f3n de los hipotecarios de cr\u00e9ditos en UPAC relacionados con unidades habitacionales individuales fuera suficiente, ser\u00eda desconocer los efectos protectores de la Ley de Vivienda, diluidos con el agotamiento parcial de los ordenamientos del par\u00e1grafo tercero del art\u00edculo 42\u2026 <\/p>\n
Tal etapa, esto es, poner fin a un proceso hipotecario sin que mediara pago, s\u00f3lo constitu\u00eda un paso para normalizar la situaci\u00f3n de los deudores, que se complementar\u00eda, indiscutiblemente, con la posibilidad cierta de revisar de consuno entre acreedor y deudor como se diferir\u00edan los saldos pendientes\u2026 <\/p>\n
Bajo este entendido, al no analizar los juzgadores a ciencia y paciencia si en los nuevos cobros de cr\u00e9ditos de vivienda, cuyos deudores fueron beneficiados con el respiro que les confiri\u00f3 la ley mediante el cese de la ejecuci\u00f3n, se satisficieron a cabalidad cada uno los condicionamientos que habilitaban ese posterior reclamo coercitivo de las entidades financieras, se desvirt\u00faa el prop\u00f3sito que inspir\u00f3 dicha regulaci\u00f3n. <\/p>\n
Esto por cuanto en estos especiales casos, a diferencia de cualquier recaudaci\u00f3n compulsiva, no se trata de verificar el incumplimiento de una obligaci\u00f3n en los plazos inicialmente pactados, conforme aparece en el t\u00edtulo, sino la materializaci\u00f3n de la imposibilidad para los demandados de solventar un cr\u00e9dito con el cual buscaron, antes que incrementar su patrimonio, solucionar una necesidad b\u00e1sica de orden superior. (CSJ STC331-2019 y STC5462- 2020). <\/p>\n
En esa l\u00ednea argumentativa, en reciente pronunciamiento, precis\u00f3 la Corte que: <\/p>\n
En ese entendido, es deber de los jueces revisar si junto con el t\u00edtulo base de recaudo el ejecutante ados\u00f3 los soportes para acreditar eficazmente la reestructuraci\u00f3n de la obligaci\u00f3n. Esto en atenci\u00f3n a que insistentemente se ha decantado que esos documentos \u00abconforman un t\u00edtulo ejecutivo complejo y, por ende, la ausencia de alguno de estos no permit[e] continuar con la ejecuci\u00f3n\u00bb (CSJ STC5462-2020). A ese respecto, t\u00e9ngase en cuenta que \u00abno es exigible el t\u00edtulo valor trat\u00e1ndose de procesos coercitivos hipotecarios que versen sobre cr\u00e9ditos pactados en UPAC, o que a\u00fan pactados en pesos lleven impl\u00edcito el componente DTF, cuando no se acredita la reestructuraci\u00f3n plurimencionada\u00bb (ver en CSJ STC17824-2017). (CSJ STC5363-2021). <\/p>\n
En este orden de ideas, ha concluido esta Corporaci\u00f3n que la suscripci\u00f3n de nuevos pagar\u00e9s en UVR, no resulta prueba suficiente de la reestructuraci\u00f3n de los cr\u00e9ditos en UPAC, sobre el particular se ha dicho que: <\/p>\n
Si bien la colegiatura censurada adujo que dicha operaci\u00f3n [la reestructuraci\u00f3n] tuvo ocurrencia -en atenci\u00f3n a que los cartulares emitidos en el a\u00f1o 2005 en UVR constituyeron una renegociaci\u00f3n-, ello no revela, conforme a los lineamientos de la jurisprudencia, que se haya realizado tal actuaci\u00f3n. <\/p>\n
V\u00e9ase que en reciente pronunciamiento esta Corporaci\u00f3n manifest\u00f3 <\/p>\n
\u00abCotejadas las anteriores premisas con los argumentos expuestos por la mentada funcionaria en la providencia transcrita l\u00edneas atr\u00e1s, refulge evidente la vulneraci\u00f3n alegada por los gestores, si se tiene en cuenta que las autoridades convocadas al resolver sobre la petici\u00f3n de terminaci\u00f3n del proceso elevadas por \u00e9stos, se apart\u00f3 de la jurisprudencia que esta Sala, junto con la de la Corte Constitucional, ha emitido sobre el deber de reestructurar el cr\u00e9dito de vivienda adquirido antes de la vigencia de la Ley 546 de 1999, como requisito para adelantar y proseguir con el cobro coercitivo, en raz\u00f3n a que las documentales allegadas a este tr\u00e1mite dan cuenta de que la obligaci\u00f3n exigida por el banco ejecutante fue adquirida por los deudores en diciembre de 1996 en Unidades de Poder Adquisitivo Constante (UPAC), y de manera alguna los pagar\u00e9 t\u00edtulo de recaudo pueden evidenciar que esta fuera reestructurada, pues, si bien la juzgadora censurada adujo que dicha operaci\u00f3n s\u00ed tuvo ocurrencia, ya que los t\u00edtulos valores objeto de recaudo fueron suscritos por las partes el 12 de septiembre de 2001 y 16 de diciembre de 2003, en unidades de UVR, tales aspectos no demuestran per se que se haya realizado dicha actuaci\u00f3n, pues ello m\u00e1s bien corresponde a una redenominaci\u00f3n del cr\u00e9dito en los t\u00e9rminos consignados en el art\u00edculo 38 de la memorada ley de vivienda4, y no a la implementaci\u00f3n de la rese\u00f1ada figura [restructuraci\u00f3n]\u00bb. (CSJ STC 10546-2020). <\/p>\n
Mem\u00f3rese que la Corte Constitucional, en sentencia T-881 de 2013, asever\u00f3 que la reestructuraci\u00f3n a la que alude la Ley 546 de 1999 no s\u00f3lo se cumple con la conversi\u00f3n del sistema UPAC al de UVR, sino que adem\u00e1s es menester el reconocimiento de los abonos efectuados a 31 de diciembre de 1999. Particularmente se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
\u00abPrecisamente, en lo pertinente, a partir del cap\u00edtulo VIII de la aludida ley, se dispone la creaci\u00f3n de un r\u00e9gimen de transici\u00f3n, en el que expresamente se se\u00f1ala que: \u201c[los] establecimientos de cr\u00e9dito deber\u00e1n ajustar los documentos contentivos de las condiciones de los cr\u00e9ditos de vivienda individual a largo plazo, desembolsados con anterioridad a la fecha de vigencia de la presente ley y a las disposiciones previstas en la misma (\u2026)\u201d. Esto significa que m\u00e1s all\u00e1 de la fecha de iniciaci\u00f3n del proceso ejecutivo, el hecho determinante para hacer exigible la reestructuraci\u00f3n, es que el cr\u00e9dito haya sido desembolsado con anterioridad a las fechas mencionadas en la propia Ley 546 de 1999. <\/p>\n
La reestructuraci\u00f3n implica tanto la conversi\u00f3n del cr\u00e9dito del sistema UPAC al UVR, como el reconocimiento de los abonos previstos en el art\u00edculo 41 de la ley en menci\u00f3n, conforme al cual: \u201cLos abonos a que se refiere el art\u00edculo anterior se har\u00e1n sobre los saldos vigentes a 31 de diciembre de 1999, de los pr\u00e9stamos otorgados por los establecimientos de cr\u00e9dito para la financiaci\u00f3n de vivienda individual a largo plazo (\u2026)\u201d\u00bb (Texto resltado por fuera del original) <\/p>\n
Por tanto, trat\u00e1ndose de cr\u00e9ditos de vivienda la calificaci\u00f3n que opte por librar el mandamiento debe obedecer al estudio fehaciente de la tem\u00e1tica en comento. <\/p>\n
Sobre la materia se ha puntualizado que: <\/p>\n
\u00ab[E] n trat\u00e1ndose de cr\u00e9ditos de vivienda, el art\u00edculo 20 de la Ley 546 de 1999 consagr\u00f3 la mencionada figura [reestructuraci\u00f3n], que se traduce en el acuerdo jur\u00eddico entre el deudor y el acreedor, que tiene como objeto y efecto mejorar las condiciones de pago del deudor, mediante el cual se modifique o se d\u00e9 una nueva estructura crediticia a las operaciones de cr\u00e9dito otorgadas, con el fin de recuperar los recursos. <\/p>\n
Ahora bien, el mencionado art\u00edculo 20 declarado exequible de forma condicionada por la Corte Constitucional mediante sentencia C-990 de 2000, establece la reestructuraci\u00f3n de cr\u00e9ditos de vivienda a largo plazo, en los siguientes t\u00e9rminos: <\/p>\n
\u201c(…) Durante el primer mes de cada a\u00f1o calendario, los establecimientos de cr\u00e9dito enviar\u00e1n a todos sus deudores de cr\u00e9ditos individuales hipotecarios para vivienda una informaci\u00f3n clara y comprensible, que incluya como m\u00ednimo una proyecci\u00f3n de los que ser\u00edan los intereses a pagar en el pr\u00f3ximo a\u00f1o y los que se cobrar\u00e1n con las cuotas mensuales en el mismo per\u00edodo, todo ello de conformidad con las instrucciones que anualmente imparta la Superintendencia Bancaria. <\/p>\n
Dicha proyecci\u00f3n se acompa\u00f1ar\u00e1 de los supuestos que se tuvieron en cuenta para efectuarla y en ella se indicar\u00e1 de manera expresa, que los cambios en tales supuestos, implicar\u00e1n necesariamente modificaciones en los montos proyectados. Con base en dicha informaci\u00f3n los deudores podr\u00e1n solicitar a los establecimientos de cr\u00e9dito acreedores, durante los dos primeros meses de cada a\u00f1o calendario, la reestructuraci\u00f3n de sus cr\u00e9ditos para ajustar el plan de amortizaci\u00f3n a su real capacidad de pago, pudi\u00e9ndose de ser necesario, ampliar el plazo inicialmente previsto para su cancelaci\u00f3n total\u201d. (Subraya fuera de texto original). <\/p>\n
En desarrollo de esta disposici\u00f3n la Superintendencia Bancaria en el cap\u00edtulo IV, t\u00edtulo III, numeral 12 de la Circular Externa 85 de diciembre de 2000, se\u00f1al\u00f3 que \u00abLa reestructuraci\u00f3n de un cr\u00e9dito de conformidad con el numeral 12 del cap\u00edtulo II de la Circular B\u00e1sica Contable y Financiera, se define como, el negocio jur\u00eddico de cualquier clase, que tenga como objeto o efecto modificar cualquiera de las condiciones originalmente pactadas en beneficio el deudor\u00bb (CSJ STC2252-2020). <\/p>\n
Con base en lo anotado, es determinante que el Tribunal adelante tal estudio y no cimentar su decisi\u00f3n solamente en los t\u00edtulos valores. <\/p>\n
A prop\u00f3sito, se ha se\u00f1alado que: <\/p>\n
\u00abes labor irrenunciable del fallador escudri\u00f1ar si quien est\u00e1 en riesgo de perder su vivienda cont\u00f3 con la oportunidad de replantear las condiciones de pago, mediante la reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito, pues, s\u00f3lo en caso de una dificultad manifiesta en asumir el total de la deuda o ante el quebrantamiento de las nuevas estipulaciones convenidas, estar\u00eda habilitado el camino para pedir la venta forzada del inmueble, m\u00e1xime en aquellos casos en que se cuestiona, directa o indirectamente, la suficiencia del t\u00edtulo base de recaudo\u00bb (STC5971-2019). <\/p>\n
De manera que la sola presentaci\u00f3n de un pagar\u00e9 en UVR, tal como ocurri\u00f3 en el compulsivo reprochado, no releva al juzgador estudiar lo pertinente en relaci\u00f3n con la reestructuraci\u00f3n del pr\u00e9stamo. <\/p>\n
Sobre este t\u00f3pico la Sala recientemente precis\u00f3: <\/p>\n
\u00abPor tanto, como la juez acusada \u00fanicamente centr\u00f3 su estudio en los rese\u00f1ados pagar\u00e9s, sin parar en mientes si la parte ejecutante alleg\u00f3 con estos los soportes que acreditaran la realizaci\u00f3n de la tantas veces mencionada reestructuraci\u00f3n, cuando es sabido que para iniciar el proceso judicial el t\u00edtulo base de la obligaci\u00f3n, por la naturaleza de esta, se torna complejo, siendo necesario adosar tal documentaci\u00f3n al legajo, es incontrovertible que dicha funcionaria incurri\u00f3 en los defectos que se le endilgan, los cuales tornan procedente el resguardo implorado. <\/p>\n
4. En conclusi\u00f3n, es claro que ante el defectuoso estudio efectuado por parte del Despacho accionado respecto de la solicitud de terminaci\u00f3n del proceso presentada por los tutelantes por falta de reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito perseguido en el litigio tantas veces referido, se justifica la intervenci\u00f3n del Juez de tutela en aras de restablecer la garant\u00eda superior al debido proceso que le fue conculcada a los aqu\u00ed interesados\u2026\u00bb Destacado propio (STC 10546-2020 Rad.2020-03204 de 26 nov.2020). (CSJ STC5363-2021). <\/p>\n
5. As\u00ed las cosas, se concluye que el despacho judicial criticado err\u00f3 al confirmar la decisi\u00f3n del a quo, que desestim\u00f3 la invalidez propuesta en la ejecuci\u00f3n objeto de reproche constitucional, habida cuenta que, al reclamarse el pago de un cr\u00e9dito otorgado para la adquisici\u00f3n de vivienda, bajo el sistema UPAC, la viabilidad del cobro depend\u00eda, en este caso en particular, de que se demostrara plenamente la prenotada reestructuraci\u00f3n de la obligaci\u00f3n, sin que pudiese tenerse por acreditada la realizaci\u00f3n de la misma, por la simple suscripci\u00f3n de un nuevo t\u00edtulo valor en UVR, seg\u00fan qued\u00f3 expuesto. <\/p>\n
En consecuencia, se impone, entonces, revocar el fallo constitucional de primera instancia y, en su lugar, conceder el amparo impetrado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Primero: Concede el amparo del derecho al debido proceso de la accionante. <\/p>\n
Segundo: Ordena al Juzgado Tercero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Bogot\u00e1 que, dentro del t\u00e9rmino de cuarenta y ocho (48) horas, contado a partir de la fecha en la cual le sea devuelto el expediente contentivo del asunto objeto de esta queja, deje sin efecto la providencia de 18 de marzo de 2021, con la que confirm\u00f3 la proferida por el Juzgado S\u00e9ptimo Civil Municipal de Ejecuci\u00f3n de esta misma ciudad el 29 de enero de 2020, y las actuaciones que dependan de \u00e9sta. <\/p>\n
Tercero: Cumplido lo anterior y, en un t\u00e9rmino no superior a 15 d\u00edas, el prenombrado estrado habr\u00e1 de dictar una nueva providencia en la que resuelva la apelaci\u00f3n interpuesta por la parte ejecutada en contra del referido prove\u00eddo de 29 de enero de 2020, teniendo en cuenta las consideraciones contenidas en la parte motiva de este fallo. Por Secretar\u00eda rem\u00edtasele copia de esta determinaci\u00f3n. <\/p>\n
Cuarto: Ordena al Juzgado S\u00e9ptimo Civil Municipal de Ejecuci\u00f3n de Bogot\u00e1, remitir de inmediato y en un t\u00e9rmino no superior a un d\u00eda, el expediente materia de la queja constitucional al Juzgado Tercero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de la localidad, para que d\u00e9 cumplimiento a lo dispuesto en los ordinales anteriores. <\/p>\n
Quinto: Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados, rem\u00edtaseles copia de esta providencia y env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 Ver en este sentido CSJ STC6968-2015. <\/p>\n
2\u0002 Criterio reiterado en CC T- 881\/13. <\/p>\n
3\u0002 CSJ STC4060, 1\u00b0 de abril de 2019\u2026 <\/p>\n
1 <\/p>\n
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STC14456-2021 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC14456-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2021-02041-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintisiete de octubre de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., veintisiete (27) de octubre de dos mil veintiuno (2021). Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta contra el fallo proferido el 28 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[41],"tags":[],"class_list":["post-58769","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-octubre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/58769","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=58769"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/58769\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=58769"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=58769"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=58769"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}