STC14460-2021<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC14460-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n No. 11001-02-30-000-2021-01750-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintisiete de octubre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintisiete (27) de octubre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
La Sala decide el resguardo constitucional promovido por Abelardo Montoya Duque contra la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a las partes e intervinientes en el proceso de radicado 2017-04599. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- El accionante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de su derecho fundamental al debido proceso y a la defensa, presuntamente vulnerados por la autoridad accionada. <\/p>\n
2.- Del escrito inicial y las pruebas obrantes en el plenario, se resaltan los siguientes hechos y alegaciones relevantes: <\/p>\n
2.1.- En 2017 se inici\u00f3 un proceso disciplinario en contra del aqu\u00ed accionante por una queja presentada por el Juzgado Tercero Penal Municipal de Bogot\u00e1. <\/p>\n
2.2.- El 29 de noviembre de 2019, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogot\u00e1 sancion\u00f3 con la suspensi\u00f3n del ejercicio profesional por 6 meses al se\u00f1or Montoya Duque1, decisi\u00f3n contra la cual el disciplinado formul\u00f3 recurso de apelaci\u00f3n2. <\/p>\n
2.3.- El 10 de junio de 2021, la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial confirm\u00f3 lo resuelto por el a quo3. <\/p>\n
2.4.- El actor censura que la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial incurri\u00f3 en error grave, al afirmar que el m\u00e9dico que refrend\u00f3 las excusas m\u00e9dicas presentadas por \u00e9l en el respectivo tr\u00e1mite no estaba inscrito ante el Ministerio de Salud y que, en segunda instancia, se agrav\u00f3 su situaci\u00f3n disciplinaria. <\/p>\n
Adem\u00e1s, mencion\u00f3 que su defensa fue totalmente nula, pues nunca tuvo contacto con el defensor que lo represent\u00f3. <\/p>\n
3.- Conforme a lo relatado, pidi\u00f3 que se tutelaran sus derechos fundamentales y, en consecuencia, \u00abse declare el error grave cometido en la sentencia de segunda instancia dentro del proceso disciplinario radicado No. 2017-04599 y, se invalide la referida providencia ordenando el reintegro inmediato del accionante al ejercicio de la profesi\u00f3n de abogado\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
El magistrado ponente de la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial solicit\u00f3 declarar improcedente el amparo invocado. En sustento adujo, en primer lugar, que se realizaron las notificaciones al investigado en la direcci\u00f3n registrada en la Unidad de Registro de Abogados y Auxiliares de Justicia y que aqu\u00e9l deb\u00eda tener su lugar de vivienda actualizado; frente a ello, afirm\u00f3 que \u00abfueron garantizados sus derechos constitucionales, entre ellos el debido proceso y el derecho a la defensa, pues se respetaron cada una de las etapas procesales y las notificaciones se realizaron debidamente\u00bb. <\/p>\n
En segundo lugar, trat\u00e1ndose de la queja seg\u00fan la cual la sentencia se fundament\u00f3 en un error grave puesto que se edific\u00f3 en una prueba err\u00f3nea sobre la falta de t\u00edtulo del m\u00e9dico que emiti\u00f3 las excusas presentadas por aqu\u00e9l en el juicio correspondiente, se\u00f1al\u00f3 que, en un oficio del 21 de diciembre de 2018 emitido por el Ministerio de Salud y Protecci\u00f3n Social, se inform\u00f3 que \u00abel doctor Rodolfo L. Garc\u00eda Ospina, no se encontr\u00f3 en el Registro \u00danico de Talento Humano en Salud, ni en las bases de datos de tarjetas profesionales de m\u00e9dicos expedidas por ese ministerio, hecho que le permiti\u00f3 inferir al juzgador que el abogado incurri\u00f3 en un acto fraudulento al presentar incapacidades m\u00e9dicas emitidas por una persona que no ostentaba un t\u00edtulo como profesional de la medicina o siquiera la tarjeta profesional que permitiera acreditar tal calidad\u00bb. Agreg\u00f3 que \u00aben el expediente no obra como prueba el documento que en esta acci\u00f3n constitucional allega el se\u00f1or Abelardo Montoya Duque como anexo al escrito de tutela, por lo que la autoridad disciplinaria no pod\u00eda fundamentar su decisi\u00f3n en un documento que nunca fue allegado al plenario\u00bb. <\/p>\n
De otro lado, manifest\u00f3 que, en la alzada incoada en la causa disciplinaria, el actor \u00abno atac\u00f3 el argumento de las incapacidades falsas presentadas dentro del plenario, as\u00ed como tampoco se fundament\u00f3 en la calidad de profesional de la medicina de la persona que emiti\u00f3 dichas incapacidades, pues como se observa en el recurso de apelaci\u00f3n presentado por disciplinado, los argumentos alegados se relacionaron con: la notificaci\u00f3n al disciplinado; el cumplimiento a la carga procesal por parte del disciplinado. Del derecho al debido proceso y defensa t\u00e9cnica\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- En el sub examine, el gestor pretende que se declare que la Comisi\u00f3n accionada incurri\u00f3 en error grave al emitir la providencia de segunda instancia en el proceso disciplinario de radicado 2017-04599 y pide, en consecuencia, que se invalide dicha determinaci\u00f3n, ordenando su reintegro inmediato al ejercicio de la profesi\u00f3n de abogado. <\/p>\n
En ese sentido, censura que la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial bas\u00f3 su decisi\u00f3n en una prueba err\u00f3nea respecto de la falta de inscripci\u00f3n del m\u00e9dico que emiti\u00f3 las incapacidades que present\u00f3 en el juicio que dio lugar a la investigaci\u00f3n en su contra, que se agrav\u00f3 su situaci\u00f3n disciplinaria en segunda instancia y que no pudo ejercer su defensa, porque no tuvo contacto con el defensor que lo represent\u00f3. <\/p>\n
2.- Del escrutinio del decurso procesal y teniendo en cuenta las alegaciones propuestas por el actor, se evidencia que, en la determinaci\u00f3n proferida el 10 de junio de 2021, la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial analiz\u00f3 las r\u00e9plicas elevadas por el disciplinado en el recurso de apelaci\u00f3n que fue sometido a su conocimiento. <\/p>\n
2.1.- Sobre el particular es necesario destacar que la autoridad judicial atacada precis\u00f3, en primer lugar, que deb\u00eda \u00abdarse aplicaci\u00f3n al par\u00e1grafo segundo del art\u00edculo 171 de la Ley 734 de 2002, seg\u00fan el cual \u2018El recurso de apelaci\u00f3n otorga competencia al funcionario de segunda instancia para revisar \u00fanicamente los aspectos impugnados y aquellos otros que resulten inescindiblemente vinculados al objeto de impugnaci\u00f3n\u2019\u00bb, por remisi\u00f3n del art\u00edculo 16 de la Ley 1123 de 2007. <\/p>\n
Lo anterior resulta relevante, dado que el tutelante reprocha en esta instancia constitucional que el ad quem natural vulner\u00f3 sus derechos, al basar su providencia en una prueba err\u00f3nea sobre la falta de inscripci\u00f3n del m\u00e9dico que suscribi\u00f3 las excusas por \u00e9l presentadas en el respectivo juicio; no obstante, de la verificaci\u00f3n del escrito de alzada presentado por el aqu\u00ed accionante se observa que \u00e9ste \u00fanicamente fund\u00f3 su censura en: i) la carencia de medios econ\u00f3micos para el desplazamiento, a efectos de ejercer la defensa; ii) la antijuridicidad material de la conducta desplegada por el abogado en el proceso de origen; y iii) la violaci\u00f3n al debido proceso, es decir, nada dijo en contra de lo afirmado por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria de Bogot\u00e1 relativo al actuar fraudulento desplegado por el disciplinado, por el uso de incapacidades m\u00e9dicas emitidas por una persona que no ostentaba el t\u00edtulo ni tarjeta profesional para ejercer la medicina. <\/p>\n
En ese orden, la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial se pronunci\u00f3 sobre los reproches formulados, concretamente, sobre la presunta falta de notificaci\u00f3n del investigado, la ausencia de recursos econ\u00f3micos que dificult\u00f3 su gesti\u00f3n como apoderado en el respectivo juicio, la afectaci\u00f3n de los intereses de su cliente y la defensa t\u00e9cnica defectuosa. <\/p>\n
Conforme a lo anterior, se concluyen dos aspectos trascendentales. El primero, que la decisi\u00f3n censurada no se bas\u00f3 en las incapacidades m\u00e9dicas presentadas, toda vez que la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial limit\u00f3 su actuar a las replicas elevadas por el abogado Montoya Duque, en cumplimiento del principio de congruencia. Lo segundo, que el actor no rebati\u00f3, en el recurso de apelaci\u00f3n incoado contra el fallo disciplinario de primera instancia, la queja que, mediante esta acci\u00f3n constitucional, intenta ventilar ni alleg\u00f3, en la debida oportunidad, las pruebas que ahora presenta4, no siendo este mecanismo extraordinario una instancia adicional que le permita ampliar el referido recurso. <\/p>\n
En ese orden de ideas, es claro para esta Sala que el impugnante desperdici\u00f3 las oportunidades procesales con miras a que le fueran atendidas sus s\u00faplicas, por tanto, la acci\u00f3n de tutela no es procedente, dado que este es un instrumento subsidiario y residual que no puede ser utilizado para reabrir un debate que debi\u00f3 darse en el curso del proceso respectivo. <\/p>\n
2.2.- De otra parte, advierte la Sala que carece de fundamento la supuesta agravaci\u00f3n disciplinaria como consecuencia de la sentencia de segunda instancia, por cuanto el fallador atacado no modific\u00f3 la sanci\u00f3n impuesta, sino que se limit\u00f3 a confirmarla, dado que no prosperaron las r\u00e9plicas elevadas por el disciplinado. <\/p>\n
3.- Como corolario de lo expuesto ut supra, se sigue que la determinaci\u00f3n cuestionada no resulta arbitraria o manifiestamente alejada del ordenamiento jur\u00eddico. Lo anterior, am\u00e9n que aquella fue proferida despu\u00e9s de haberse realizado una valoraci\u00f3n razonable de las actuaciones procesales y las quejas enfiladas en sede de alzada, bajo una hermen\u00e9utica plausible que no impone la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
En definitiva, se identifica una disparidad de criterios entre lo considerado por la Corporaci\u00f3n accionada -en el desarrollo del ejercicio normal de sus facultades y amparada en los principios de autonom\u00eda e independencia judicial- y lo planteado por el solicitante. Por lo expuesto, el funcionario constitucional no es el llamado a dirimir la controversia, a modo de autoridad de instancia, arrog\u00e1ndose competencias que no le corresponden. M\u00e1xime, cuando se observa que la decisi\u00f3n adoptada no muestra vulneraci\u00f3n de los derechos invocados. <\/p>\n
Al respecto, la Sala ha esgrimido, de un lado, que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (CSJ STC.7 mar. 2008, Rad. 2007-00514-01); y, de otro, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (CSJ STC 28 mar. 2012, Rad. 00022-01, reiterado en CSJ STC2462-2021 mar. 2021, Rad. 2020-001724-01). <\/p>\n
4.- Por otra parte, de cara a la queja relacionada con la supuesta falta de defensa t\u00e9cnica del abogado que le fue asignado en el proceso disciplinario, deviene imperioso se\u00f1alar que el defensor de oficio adelant\u00f3 actuaciones procesales en la causa en pos de defender los intereses del gestor, tanto as\u00ed que present\u00f3 recurso de apelaci\u00f3n contra la sentencia de primera instancia5. As\u00ed las cosas, se vislumbra que, a pesar de que el resultado pretendido por el accionante no fue el deseado, siempre estuvo representado por un profesional que procur\u00f3 la salvaguarda de sus derechos fundamentales. <\/p>\n
En asuntos con alguna similitud, la Sala ha manifestado: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) [E]n relaci\u00f3n con las afirmaciones efectuadas referentes a una inadecuada defensa t\u00e9cnica, tal situaci\u00f3n no conlleva la vulneraci\u00f3n de garant\u00edas fundamentales, pues, seg\u00fan las pruebas aportadas a la actuaci\u00f3n, el convocante estuvo asistido dentro del proceso por un abogado y el hecho de no estar conforme con su actuar, no lo legitima para controvertir las decisiones judiciales o justificar las omisiones por \u00e9l presentadas. No obstante, en caso de considerarse un proceder negligente (\u2026) por parte del profesional del derecho designado, existen v\u00edas para denunciar tal situaci\u00f3n, a las que puede acudir directamente quien se considere afectado, frente a ello, esta Corporaci\u00f3n ha expuesto que \u2018Tampoco son de recibo las manifestaciones del actor respecto a la negligencia que endilga a su apoderado en el patrocinio de sus derechos, pues esa circunstancia, con independencia de la eventual responsabilidad del abogado en el ejercicio de su profesi\u00f3n, y que el interesado puede reclamar por otras v\u00edas, no sirve para edificar una acci\u00f3n de tutela contra decisiones judiciales\u2019 (…) porque el derecho de postulaci\u00f3n no puede llevar aparejada la consecuencia de que las omisiones o negligencias de \u2018(…) los apoderados judiciales deban reportarse en contra de la seguridad que se predica del orden jur\u00eddico procesal (…)\u2019, ya que eso ser\u00eda opuesto a la ordenaci\u00f3n del proceso y a los principios de eventualidad y preclusi\u00f3n (\u2026)\u00bb. (CSJ STC 9 de junio de 2004, exp. 00448-01 y 21 de marzo de 2006, exp. 00228-01, reiteradas en providencias de 23 de octubre de 2012, exp. 62803-02, STC9510 de 13 de julio de 2016, rad. n.\u00b0 11001-02-04-000-2016- 00905-01 y STC997-2021). <\/p>\n
Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que tutelante tambi\u00e9n fue vinculado al proceso, por lo que tuvo la oportunidad de intervenir en el mismo en defensa de sus intereses y que, como se indic\u00f3, no es la acci\u00f3n de tutela un medio que pueda utilizarse para reanudar los juicios que fueron tramitados, de conformidad con los procedimientos aplicables. <\/p>\n
5.- De acuerdo con lo discurrido, se negar\u00e1 la salvaguarda impetrada. <\/p>\n
<\/p>\n
IV. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NIEGA el amparo invocado. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no ser impugnada. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 Folios 174-183, archivo \u201c2017-4599 M.L.S.V. CUADERNO ORIGINAL \u2013 001\u201d recibido por correo electr\u00f3nico. <\/p>\n
2\u0002 Ibidem, 194-196, <\/p>\n
3\u0002 Folios 1-32, archivo \u201cAnexo respuesta tutela. rad. 2021-01750-00 providencia rad. 1001110200020170459901\u201d del expediente digital. <\/p>\n
4\u0002 Informe de la Comisi\u00f3n accionada rendido en esta sede, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
5\u0002 Folios 201-206, archivo \u201c2017-4599 M.L.S.V. CUADERNO ORIGINAL \u2013 001\u201d recibido por correo electr\u00f3nico. <\/p>\n
1 <\/p>\n
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