STC14461-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC14461-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 25000-22-13-000-2021-00222-02 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintisiete de octubre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintisiete (27) de octubre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca el 27 de agosto de 2021, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Sandra Luc\u00eda Palacio Acosta contra el Juzgado Segundo de Familia y la Comisar\u00eda Primera de Familia de Zipaquir\u00e1, y la Personer\u00eda Municipal de Cajic\u00e1, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los intervinientes en la medida de protecci\u00f3n por violencia intrafamiliar n\u00b0 2020-00095. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando en su propio nombre, la solicitante reclama el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso, petici\u00f3n y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por las autoridades convocadas durante el tr\u00e1mite del asunto antes referido. <\/p>\n
2. En s\u00edntesis, expuso que \u00abpara el a\u00f1o 2016\u00bb promovi\u00f3 querella contra su hermano Carlos Mario Palacio Acosta, porque \u00abha venido presentando conductas lesivas a la tranquilidad, sosiego dom\u00e9stico y que van contra la dignidad y la integridad de mi padre y m\u00eda\u00bb, la cual \u00abno fue \u00edntegramente atendid[a] por la Comisar\u00eda de Familia de Cajic\u00e1\u00bb por lo que volvi\u00f3 a presentarla \u00abel d\u00eda 02 de junio de 2020\u00bb, y en raz\u00f3n a que \u00abpara el mes de septiembre de 2020 nuevamente se presentaron agresiones\u00bb, la autoridad administrativa profiri\u00f3 medida de protecci\u00f3n por violencia intrafamiliar. <\/p>\n
Critic\u00f3 que se hubiera convocado \u00aba audiencia presencial, cuando ya estaba vigente el D. 806 de 2020 [y en ella] se oblig\u00f3 a una fatigosa participaci\u00f3n de mi padre adulto mayor (\u2026), a sabiendas que tal diligencia se deb\u00eda verter de manera virtual\u00bb; que en raz\u00f3n a las \u00abirregularidades\u00bb observadas, \u00absolicit\u00e9 la intervenci\u00f3n del Ministerio P\u00fablico [y que] me permitiera digitalizar las pocas hojas que hab\u00eda all\u00ed en el expediente f\u00edsico y se neg\u00f3\u00bb, tal petici\u00f3n la realiz\u00f3 porque \u00abapreci\u00e9 que se dejaban constancias de providencias que se estaban notificando en estrados cuando eso no sucedi\u00f3 a viva voz por parte de la funcionaria [y tambi\u00e9n] porque no encontr\u00e9 dentro del expediente una de las piezas procesales que hab\u00eda aportado\u00bb. <\/p>\n
Que \u00abcomo se estaba procediendo erradamente por parte de la Comisar\u00eda I al negarse a la solicitud y pr\u00e1ctica de pruebas (\u2026), interpuse nulidad la cual fue denegada y luego agot\u00e9 mi proceder con la interposici\u00f3n de la segunda instancia [frente a lo cual la Comisar\u00eda] remiti\u00f3 [la actuaci\u00f3n] al Juzgado de Familia, cuando no era procedente por cuanto se trata de una acci\u00f3n administrativa\u00bb, y que dicho estrado emiti\u00f3 pronunciamiento el 11 de diciembre de 2020, \u00abque en nada [es] coherente con la ley\u00bb, raz\u00f3n por la que le dirigi\u00f3 \u00abderecho de petici\u00f3n\u00bb que este \u00abse abstuvo de responder\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que igualmente pidi\u00f3 la intervenci\u00f3n de la Personer\u00eda Municipal de Cajic\u00e1 \u00abentidad esta que no procedi\u00f3 a practicar la visita especial o inspecci\u00f3n ocular a las diligencias correspondientes [y] no ha respondido mis derechos de petici\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
3. Se infiere que lo pretendido es que se invalide lo decidido por la Comisar\u00eda Primera de Familia y Juzgado Segundo de Familia de Zipaquir\u00e1, en relaci\u00f3n con la solicitud de nulidad, y que respondan las peticiones elevadas, extensivo esto \u00faltimo a la Personer\u00eda Municipal de Cajic\u00e1, a efectos que intervenga para ejercer el control y vigilancia del proceso. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Secretaria Jur\u00eddica de la Alcald\u00eda de Cajic\u00e1, inform\u00f3 que tras recibir un correo electr\u00f3nico del 11 de junio de 2020, en el que la ac\u00e1 accionante aduc\u00eda \u00abagresiones verbales y psicol\u00f3gicas\u00bb, se le solicit\u00f3 ampliar la versi\u00f3n y concurrir a \u00abvaloraci\u00f3n psicosocial\u00bb, pero solo hasta el 8 de septiembre de 2020 acudi\u00f3 a la Comisar\u00eda de Familia, donde el equipo interdisciplinario \u00able brinda la orientaci\u00f3n\u00bb, y se le otorga \u00abmedida de protecci\u00f3n provisional No. 095 de 2020, fijando como fecha y hora para adelantar la audiencia (\u2026) el d\u00eda 22 de septiembre de 2020 a las 2:30 de la tarde\u00bb, advirtiendo que la misma est\u00e1 \u00abinconclusa\u00bb y que no es el Decreto 806 de 2020 la disposici\u00f3n que rige el servicio a cargo de las comisar\u00edas de familia durante la emergencia sanitaria, sino el Decreto 460 del 22 de marzo de 2020. Solicit\u00f3 se declare la improcedencia del amparo por no cumplir el requisito de la subsidiariedad, ya que el proceso \u00abse encuentra en tr\u00e1mite en sede judicial\u00bb, habida cuenta el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por la actora \u00abfrente al direccionamiento de la diligencia por parte de la Comisar\u00eda de Familia\u00bb. <\/p>\n
2. El Juez Segundo de Familia de Zipaquir\u00e1, dijo que asignado el conocimiento de \u00abrecurso de apelaci\u00f3n dentro de la medida de protecci\u00f3n por violencia intrafamiliar (\u2026) contra la decisi\u00f3n que neg\u00f3 la nulidad invocada por la solicitante (\u2026), mediante auto de 11 de noviembre de 2020 se resolvi\u00f3 la alzada decidiendo confirmar la decisi\u00f3n proferida por la Comisar\u00eda Primera de Familia de Cajic\u00e1 el 22 de septiembre de 2020\u00bb; tambi\u00e9n, que \u00abel 16 de diciembre de 2020 la se\u00f1ora Sandra Luc\u00eda Palacio Acosta formul\u00f3 derecho de petici\u00f3n con el que pretend\u00eda se explicaran los fundamentos de la decisi\u00f3n (\u2026), utilizando el mismo como una tercera instancia, por lo que, en auto de 25 de mayo del presente a\u00f1o, se le indic\u00f3 que no era procedente (\u2026) que el juzgado se pronunciara nuevamente sobre los aspectos que fueron objeto de an\u00e1lisis en la providencia de fecha 11 de noviembre de 2020\u00bb. <\/p>\n
3. El Personero Municipal de Cajic\u00e1, manifest\u00f3 que en relaci\u00f3n con la hoy querellante, el sistema de gesti\u00f3n documental de la entidad muestra que \u00abse dio recepci\u00f3n a diferentes solicitudes (\u2026) de fecha 29 de octubre de 2020, 06 de noviembre de 2020, 16 de febrero de 2021 y 06 de abril de 2021 [las cuales] hacen alusi\u00f3n a hechos en materia de violencia intrafamiliar [que] se hab\u00edan puesto en conocimiento de la Comisar\u00eda Primera de Familia de Cajic\u00e1\u00bb, ante lo cual \u00aben su momento se realiz\u00f3 visita de manera presencial ante la Comisar\u00eda con el prop\u00f3sito de verificar los tr\u00e1mites adelantados y con el fin de realizar seguimientos pertinentes respecto a las solicitudes del usuario [y] dio traslado a cada uno de los escritos, solicitando informaci\u00f3n al respecto ante los entes competentes\u00bb, para lo cual present\u00f3 la relaci\u00f3n de tales actuaciones. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
Declar\u00f3 improcedente el auxilio por desatender el requisito temporal, toda vez que \u00abla accionante viene cuestionando la decisi\u00f3n del Juzgado Segundo de Familia de Zipaquir\u00e1 del 11 de noviembre de 2020, que resolvi\u00f3 su recurso de apelaci\u00f3n contra el rechazo de plano de su solicitud de nulidad (\u2026); igualmente, reprocha el haberse presentado dilaci\u00f3n en la adopci\u00f3n de la medida provisional, practicarse audiencia de pruebas de manera presencial (\u2026) y presentarse irregularidades en la notificaci\u00f3n de las determinaciones\u00bb, pero para interponer la acci\u00f3n dej\u00f3 transcurrir \u00abm\u00e1s de seis (6) meses (\u2026), lapso que la Sala no encuentra razonable, ya que la alegada necesidad de protecci\u00f3n apremiante se desvirt\u00faa ante la inacci\u00f3n de la actora, sin que del expediente se evidencie la existencia de una circunstancia excepcional que haya impedido la oportuna defensa\u00bb. <\/p>\n
Aunado a que el proceso \u00abno se encuentra finiquitado [pues] la audiencia de pruebas a\u00fan no ha culminado, y que la se\u00f1ora Palacio puede all\u00ed solicitar y aportar los medios de convicci\u00f3n que considere pertinentes\u00bb. Respecto a la Personer\u00eda Municipal de Cajic\u00e1, dijo que \u00abrespondi\u00f3 los reclamos de la quejosa y requiri\u00f3 a las autoridades accionadas informaci\u00f3n de su actuaci\u00f3n, pero por el mismo estado inicial en que se encontraba el tr\u00e1mite, dif\u00edcilmente pod\u00eda ir su intervenci\u00f3n m\u00e1s all\u00e1 de lo realizado\u00bb. Por lo dem\u00e1s, record\u00f3 que cuando se trate de actuaciones judiciales, las normas que rigen el derecho de petici\u00f3n, son las del proceso. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso la accionante para insistir en los argumentos de su demanda tutelar y criticar, por tanto, que no hubieran sido acogidos por el tribunal. Anot\u00f3 que \u00abno es cierto que la tutela se hubiera interpuesto contra providencia judicial, am\u00e9n de que a\u00fan persiste dentro de los esgrimidos seis (6) meses la vulneraci\u00f3n al debido proceso, pues habiendo mantenido la competencia funcional la Sra. Comisaria, a esta fecha, no ha despachado la solicitud impetrada por el desacato a la medida provisional\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer, preliminarmente, si la demanda satisface los requisitos de la inmediatez y la subsidiariedad, y de superarse lo anterior, si el Juzgado Segundo de Familia de Zipaquir\u00e1 vulner\u00f3 los derechos fundamentales invocados por la accionante, al haber ratificado la desestimaci\u00f3n de la nulidad de lo actuado deprecada por la actora dentro del proceso de medida de protecci\u00f3n por violencia intrafamiliar n\u00b0 2020-00095. As\u00ed mismo, se establecer\u00e1 si la Personer\u00eda Municipal de Cajic\u00e1 caus\u00f3 afectaci\u00f3n a las prerrogativas de la actora, por omisi\u00f3n en el ejercicio de sus funciones. <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales y de los requisitos gen\u00e9ricos de procedibilidad. <\/p>\n
Asimismo, la Corte Constitucional ha establecido los presupuestos y requisitos generales de procedibilidad que deben confluir y verificarse para tornar imperiosa la intervenci\u00f3n del juez excepcional con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. Enlista como tales: <\/p>\n
\u00ab(i) que la cuesti\u00f3n discutida resulte de evidente relevancia constitucional y que, como en cualquier acci\u00f3n de tutela, est\u00e9 acreditada la vulneraci\u00f3n de un derecho fundamental, requisito sine qua non de esta acci\u00f3n de tutela que, en estos casos, exige una carga especial al actor; (ii) que la persona afectada haya agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial a su alcance y haya alegado, en sede judicial ordinaria, y siempre que ello fuera posible, la cuesti\u00f3n iusfundamental que alega en sede de tutela; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un t\u00e9rmino razonable y proporcionado a partir del hecho que origin\u00f3 la vulneraci\u00f3n; (iv) en el caso de irregularidades procesales, se requiere que \u00e9stas tengan un efecto decisivo en la decisi\u00f3n de fondo que se impugna; y (v) que no se trate de sentencias de tutela\u00bb (CC C-590\/05 y SU-813\/07). <\/p>\n
Conforme a lo anterior, al realizar el examen preliminar de la acci\u00f3n, resulta imprescindible constatar la presencia de los se\u00f1alados requisitos, destac\u00e1ndose como esenciales el temporal y el de la subsidiariedad, esto es, que la reclamaci\u00f3n se realice en un t\u00e9rmino prudencial y razonable y, que previo a la invocaci\u00f3n del auxilio, se haya acudido a los instrumentos de defensa judicial legalmente previstos. <\/p>\n
3. Del caso concreto. <\/p>\n
Con soporte en las anteriores premisas, revisados los argumentos de la presente reclamaci\u00f3n y con apoyo en las piezas procesales adosadas al expediente, la Sala avalar\u00e1 el fallo desestimatorio de primera instancia, por cuanto no alcanza a superar los presupuestos gen\u00e9ricos que enseguida pasan a explicarse. <\/p>\n
3.1. De la inmediatez. <\/p>\n
Pese a que el \u00fanico recurso de apelaci\u00f3n que procede en el proceso de medida de protecci\u00f3n por violencia intrafamiliar, es el que se dirige \u00abcontra la decisi\u00f3n definitiva sobre una medida de protecci\u00f3n que tomen los Comisarios de Familia o los Jueces Civiles Municipales o Promiscuos Municipales\u00bb (inciso 2\u00b0 del art\u00edculo 18 de la Ley 294 de 1994), por cuanto ese medio de impugnaci\u00f3n se concedi\u00f3 por la Comisar\u00eda Primera de Familia frente al rechazo de una nulidad y el Juzgado Segundo de Familia de Zipaquir\u00e1 lo resolvi\u00f3, el referido impedimento de procedibilidad se predica de esa actuaci\u00f3n, la cual tuvo lugar el 11 de noviembre de 2020. <\/p>\n
As\u00ed, al estar dirigida la censura a invalidar la providencia en comento, se advierte que la acci\u00f3n desatiende el requisito temporal, habida cuenta que la queja constitucional la radic\u00f3 la demandante para su respectivo tr\u00e1mite ante el tribunal el 9 de junio de 2021, es decir, transcurridos m\u00e1s de seis (6) meses, excediendo el lapso que la jurisprudencia ha se\u00f1alado como prudencial y razonable para promover la tutela tempestivamente. <\/p>\n
En efecto, de manera constante y reiterada se ha dicho que la prosperidad de la salvaguarda se condiciona al cumplimiento de todas y cada una de las causales generales de procedibilidad, entre las cuales se halla la inmediatez, esto es, que se intente en un plazo que no puede superar los seis (6) meses contados a partir de la actuaci\u00f3n que se califica como vulneradora de las prerrogativas esenciales, requisito que se exige con m\u00e1s rigurosidad de cara a una providencia judicial, porque: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) si bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado de manera un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan amplio que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n y, menos a\u00fan, que no permita adquirir certeza sobre los derechos reclamados (\u2026). En verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros. (CSJ STC 2 ago. 2007, rad. 00188-01, citada entre otras muchas en STC9434-2021, 28 jul. 2021, rad. 00552-01). Resaltado fuera del texto. <\/p>\n
Adicionalmente, se advierte que el incumplimiento del presupuesto de la inmediatez no var\u00eda por el hecho de que la quejosa extienda su ataque al auto dictado por el juzgado el 25 de mayo de 2021, a trav\u00e9s del cual orden\u00f3 estarse a lo resuelto en la providencia que desat\u00f3 la apelaci\u00f3n, pues tal actuaci\u00f3n no habilit\u00f3 el t\u00e9rmino para cuestionar en sede constitucional la decisi\u00f3n que rechaz\u00f3 la nulidad deprecada. <\/p>\n
Sobre la inviabilidad de retomar debates sobre aspectos procesales establecidos con antelaci\u00f3n en el juicio, esta Corporaci\u00f3n ha se\u00f1alado que \u00aba diferencia de lo manifestado en el escrito de impugnaci\u00f3n, la solicitud resuelta\u2026 retom\u00f3 la situaci\u00f3n definida en pret\u00e9rita oportunidad \u2026que se encuentra en firme, sin que el haber reiterado sobre el tema, aunque con distinta argumentaci\u00f3n, tenga la virtud de desconfigurar el principio [de inmediatez]\u00bb (CSJ STC 27, may. 2011, exp, 00096-01, citada en STC9106-2021, 22 jul. 2021, rad. 00332-01, entre otras). <\/p>\n
3.1. De la subsidiariedad. <\/p>\n
Por cuanto la querellante reprocha falencias de orden procesal, en particular que la Comisar\u00eda Primera de Familia de Zipaquir\u00e1, neg\u00f3 \u00abla solicitud y pr\u00e1ctica de pruebas\u00bb, la presente acci\u00f3n se torna prematura, toda vez que seg\u00fan la informaci\u00f3n proporcionada por las partes y corroborada con las piezas procesales allegadas, la instancia a cargo de dicha funcionaria se mantiene vigente, al punto que la audiencia de pruebas y fallo se encuentra \u00abinconclusa\u00bb. <\/p>\n
Por tanto, en caso de no haberse retomado ya el curso del proceso, el cuestionamiento que la reclamante realiza en este escenario jur\u00eddico, alude a aspectos que deben discutirse y resolverse al interior de dicho pleito y por tanto ajenos a esta excepcional herramienta jur\u00eddica. <\/p>\n
Es m\u00e1s, conforme se advirti\u00f3 al inicio del ac\u00e1pite precedente, seg\u00fan el precitado canon 18 de la ley 294 de 1996 -modificado por el art\u00edculo 12 de la Ley 575 de 2000-, contra la determinaci\u00f3n que adopte la Comisar\u00eda de Familia finiquitando el procedimiento de medida de protecci\u00f3n, \u00abproceder\u00e1 en el efecto devolutivo, el recurso de apelaci\u00f3n ante el Juez de Familia o Promiscuo de Familia\u00bb. <\/p>\n
Lo anterior por cuanto -contrario a lo alegado por la accionante-, el superior funcional del Comisario de Familia, -como lo es del Juez Municipal para los efectos de la medida de protecci\u00f3n por violencia intrafamiliar-, es el de la especialidad de familia, conforme lo consagran sendas disposiciones legales especiales que crearon y reglamentaron dicha figura jur\u00eddica (art\u00edculos 4\u00ba, 11, 14, 17 de la Ley 294 de 1996, entre otros, con las modificaciones contenidas en la Ley 575 de 2000, Decreto 652 de 2001, Leyes 1257 de 2008 y 4799 de 2011), concordantes con las competencias asignadas en el C\u00f3digo de la Infancia y la Adolescencia \u2013 Ley 1098 de 2006, y en el C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
\u00aben trat\u00e1ndose de instrumentos dirigidos a la preservaci\u00f3n de los derechos, el medio judicial de protecci\u00f3n es, por excelencia, el proceso y, por lo tanto, a nadie le es dable quejarse por la hipot\u00e9tica vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales, si goz\u00f3 y a\u00fan cuenta con la oportunidad de controvertir las decisiones de las que hoy discrepa\u2026.Por lo dem\u00e1s, es palmario que la tutela no es un mecanismo que se pueda activar, seg\u00fan la discrecionalidad del interesado, para tratar de rescatar las oportunidades perdidas, como tampoco para reclamar prematuramente un pronunciamiento del juez constitucional, que le est\u00e1 vedado, por cuanto no puede arrogarse anticipadamente facultades que no le corresponden, con miras a decidir lo que debe resolver el funcionario competente\u00bb (CSJ STC, 22 feb. 2010, rad. 00312-01, citada en STC10178-2021, 11 ago. 2021, rad. 00132-01, entre otras). <\/p>\n
Ahora, tampoco procede la acci\u00f3n como mecanismo transitorio, porque aunado a la ausencia de reparo sobre la aptitud del medio ordinario de defensa que a\u00fan est\u00e1 disponible, el actor no prob\u00f3 la existencia de perjuicio irremediable, pues para tal evento se requiere que el da\u00f1o \u00abrevista cierta gravedad e inminencia m\u00e1s all\u00e1 de lo puramente eventual, y que s\u00f3lo pueda evitarse con medidas urgentes e impostergables propias de la tutela\u00bb (CSJ STC 1\u00ba sep. 2011, exp. 00194-01). <\/p>\n
Por lo dem\u00e1s, la tutela tampoco tiene vocaci\u00f3n de prosperidad respecto de la Personer\u00eda Municipal de Cajic\u00e1, comoquiera que no se acredit\u00f3 que el funcionario dejara de atender las funciones que como Ministerio P\u00fablico le atribuye el ordenamiento jur\u00eddico. Por el contrario, en sede constitucional demostr\u00f3 que dio respuesta a los pedimentos elevados por la actora, asumiendo el control y la vigilancia de la actuaci\u00f3n ante la Comisar\u00eda Primera de Familia, y pidiendo informaci\u00f3n tanto a esa entidad como al despacho judicial que conoci\u00f3 del asunto. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
Conforme a lo discurrido, se confirmar\u00e1 la sentencia de primera instancia, habida cuenta que el reproche de cara a las actuaciones que la demandante censura, no satisface los principios de la inmediatez y de la subsidiariedad, aunado a que, en lo dem\u00e1s, no se avizora desafuero susceptible de correcci\u00f3n mediante esta excepcional senda jur\u00eddica. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
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STC14461-2021 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC14461-2021 Radicaci\u00f3n n\u00b0 25000-22-13-000-2021-00222-02 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintisiete de octubre de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., veintisiete (27) de octubre de dos mil veintiuno (2021). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[41],"tags":[],"class_list":["post-58773","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-octubre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/58773","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=58773"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/58773\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=58773"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=58773"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=58773"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}