STC14462-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC14462-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 52001-22-13-000-2021-00090-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del veintisiete de octubre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintisiete (27) de octubre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de \u201cX\u201d el 29 de septiembre de 2021, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por \u201cJ\u201d contra el Juzgado \u201c00\u201d Promiscuo de Familia de \u201cY\u201d, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los intervinientes en el proceso de restablecimiento de derechos de menor (rad. 2021-00000). <\/p>\n
ANOTACI\u00d3N PRELIMINAR <\/p>\n
Como medida de protecci\u00f3n a la intimidad del menor involucrado en el asunto bajo estudio, esta Sala ha decidido, suprimir de la providencia, y de toda futura publicaci\u00f3n de la misma, su nombre y el de sus familiares, al igual que los datos e informaci\u00f3n que permita su identificaci\u00f3n, en procura de lo cual se elaborar\u00e1 otro texto del presente fallo, de igual tenor, pero con tal supresi\u00f3n, que ser\u00e1 el publicable para todos los efectos correspondientes1. <\/p>\n
1. Actuando a trav\u00e9s de apoderada judicial, el solicitante reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales de los ni\u00f1os y de la familia, al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, tutela judicial efectiva y dignidad humana, presuntamente vulnerados por la autoridad convocada, en el tr\u00e1mite del asunto antes referido. <\/p>\n
2. En s\u00edntesis, expuso que el 31 de octubre de 2018 \u00abla Defensora de Familias del ICBF Centro Zonal \u201cY\u201d (\u2026) ordena la apertura de investigaci\u00f3n administrativa de restablecimiento de derechos del ni\u00f1o \u201cP\u201d [y] adopta como medida provisional la ubicaci\u00f3n [en] hogar sustituto\u00bb, entre otras disposiciones, y \u00abpor tratarse de situaciones de maltrato infantil dentro del contexto de violencia intrafamiliar (\u2026), remite el expediente a la Comisar\u00eda de Familia que asume competencia el 10 de enero de 2019\u00bb. <\/p>\n
Que en las gestiones adelantadas para recuperar la custodia de su hijo, la defensora p\u00fablica que lo asiste se percat\u00f3 \u00abque desde la fecha de apertura de la investigaci\u00f3n, esto es el 31 de diciembre de 2018, transcurrieron m\u00e1s de veintiocho (28) meses sin que la autoridad administrativa haya resuelto la situaci\u00f3n del ni\u00f1o (\u2026), raz\u00f3n por la cual solicita ante la Comisar\u00eda de Familia la p\u00e9rdida de competencia del conocimiento del proceso (\u2026), toda vez que hab\u00eda trasgredido los t\u00e9rminos establecidos en el art\u00edculo 100 del C.I.A.\u00bb. <\/p>\n
Que como consecuencia de lo anterior, el 7 de mayo de 2021 el asunto pas\u00f3 al conocimiento del Juzgado \u201c00\u201d Promiscuo de Familia de \u201cY\u201d, empero \u00aba partir del d\u00eda 07 de mayo de 2021, el juez no realiz\u00f3 ninguna actuaci\u00f3n tendiente a resolver la situaci\u00f3n del menor \u201cP\u201d, raz\u00f3n por la cual el 12 de julio de 2021 [solicit\u00f3] la p\u00e9rdida de competencia [y] la intervenci\u00f3n de la Procuradur\u00eda delegada de Infancia y Adolescencia por las constantes irregularidades, adem\u00e1s de la revisi\u00f3n judicial administrativa [por] demoras injustificadas\u00bb. <\/p>\n
Que el 20 de agosto de 2021, el juzgado dict\u00f3 auto avocando conocimiento del proceso, mismo que fue ratificado en sede de reposici\u00f3n el 14 de septiembre del mismo a\u00f1o, aduciendo \u00abque el d\u00eda 24 de mayo de 2019 la Comisar\u00eda de Familia de \u201cY\u201d defini\u00f3 la situaci\u00f3n jur\u00eddica del ni\u00f1o (\u2026), sin embargo, que la Comisar\u00eda pierde competencia en la etapa de seguimiento y en el art\u00edculo 103 del C.I.A. no se prev\u00e9 un t\u00e9rmino de p\u00e9rdida de competencia para el juez [como s\u00ed] lo establece el art\u00edculo 100 ibidem\u00bb, postura que en su sentir es lesiva de sus prerrogativas por desatender \u00abel par\u00e1grafo del art\u00edculo 119 de la Ley 1098 de 2006\u00bb. <\/p>\n
3. Pretende \u00abque se declare la nulidad del auto que avoca conocimiento, dictado el 20 de agosto del 2021 por el Juzgado \u201c00\u201d Promiscuo de Familia de \u201cY\u201d, y se env\u00ede el expediente al Juzgado de la misma especialidad y municipio que le siga en turno para que provea la decisi\u00f3n que en derecho corresponda\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juez \u201c00\u201d Promiscuo de Familia de \u201cY\u201d se remiti\u00f3 a los argumentos contenidos en los autos del 20 de agosto y 13 de septiembre de 2021, donde dijo haber analizado que, seg\u00fan las disposiciones aplicables del C\u00f3digo de la Infancia y la Adolescencia, su despacho \u00abtiene competencia y no la ha perdido\u00bb para conocer del proceso de restablecimiento de derechos cuya actuaci\u00f3n es objeto de reproche. <\/p>\n
2. El Procurador (\u2026) Judicial de Familia de \u201cX\u201d, con apoyo en textos jurisprudenciales conceptu\u00f3 que \u00abal Juez de Familia le es aplicable en su integridad el art\u00edculo 103 de la ley 1098 de 2006, con las reformas que se le han hecho hasta la fecha\u00bb, por lo que el t\u00e9rmino para definir el asunto era el de \u00ab18 meses\u00bb, y como en el caso revisado el juzgado \u00abpermiti\u00f3 que el tiempo asignado por la ley avanzara y no emiti\u00f3 decisi\u00f3n de fondo respecto al seguimiento de la medida de protecci\u00f3n vigente, esto es ubicaci\u00f3n en hogar sustituto, extensi\u00f3n de la medida que hace que carezca hacia el futuro de la facultad legal para tomar una decisi\u00f3n\u00bb, por lo que, al mantener la competencia, incurri\u00f3 en defectos \u00aborg\u00e1nico\u00bb, \u00absustantivo\u00bb y \u00abviolaci\u00f3n directa de la Constituci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
3. La Defensora de Familia del ICBF, dijo que en el caso concreto \u00abse han superado por parte del Juzgado los t\u00e9rminos para definir de fondo la situaci\u00f3n jur\u00eddica del ni\u00f1o (cierre, reintegro, adopci\u00f3n), [que] si bien se cuenta con una definici\u00f3n en el t\u00e9rmino inicial de vulneraci\u00f3n de derechos (\u2026), que se profiri\u00f3 dentro del t\u00e9rmino legal (6 meses) por parte de la Comisar\u00eda de Familia, a la luz del art\u00edculo 103 del C\u00f3digo (\u2026), la fase de seguimiento tiene un t\u00e9rmino de 6 meses, prorrogable por 6 meses m\u00e1s, fases que ya se agotaron [por tanto], ya no le asiste competencia al Juzgado de Familia para definir de fondo la situaci\u00f3n jur\u00eddica del ni\u00f1o, pues no hay pronunciamiento en el t\u00e9rmino perentorio de los 02 meses que se\u00f1ala la ley y \u00fanica definici\u00f3n que se mantiene es la declaratoria de vulneraci\u00f3n que en su momento la profiri\u00f3 la Comisar\u00eda de Familia, no hay pronunciamiento de fondo por parte del Juzgado (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
4. La Personer\u00eda Municipal de \u201cY\u201d, tras aludir las gestiones adelantadas por esta entidad en cuando al acompa\u00f1amiento al padre del menor \u00abpara la entrega de copias por parte de la Comisar\u00eda de Familia\u00bb y solicitud al juzgado sobre las actuaciones surtidas en el proceso de restablecimiento de derechos en cuesti\u00f3n, pidi\u00f3 su \u00abdesvinculaci\u00f3n\u00bb del tr\u00e1mite tutelar en tanto la vulneraci\u00f3n aducida por el actor \u00abno se encuentra siendo causada por este despacho, de manera que carecemos de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
Desestim\u00f3 el amparo al observar que aunado a que la decisi\u00f3n criticada \u00abno corresponde a un pronunciamiento definitivo (\u2026), no se configura vicio procesal alguno\u00bb, y que al disponerse que el juzgado mantenga la competencia del proceso, se \u00abgarantiza pronta respuesta a la problem\u00e1tica y armoniza con el inter\u00e9s superior del ni\u00f1o [en cuyo favor] se decretaron las medidas de restablecimiento de derechos, en lo atinente al tr\u00e1mite de seguimiento a las mismas (\u2026), en cuanto tiene como efecto asegurar que el juez al que se le asign\u00f3 el caso por reparto, resuelva prontamente y de fondo acerca de las medidas decretadas por la autoridad administrativa [porque] de haber aceptado la falta de competencia alegada en el recurso de reposici\u00f3n le correspond\u00eda enviar el caso a conocimiento del juez que sigue en turno; lo cual, eventualmente podr\u00eda generar conflicto de competencia o presentarse cualquier otra vicisitud, que conducir\u00eda a mayor demora\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACIONES <\/p>\n
1. La Procuradora (\u2026) Judicial de Familia de \u201cX\u201d, impugn\u00f3 porque en su sentir \u00abno resulta acertada\u00bb la postura del juzgado al realizar \u00abuna lectura aislada de los art\u00edculos 100 y 103 del CIA\u00bb, y para ello se\u00f1al\u00f3 que \u00abtiene dicho la Sala de Servicio y Consulta Civil del Consejo de Estado desde el a\u00f1o 2016 [providencia del 10 de octubre de 2016, rad. 2016-00006] que cuando el juez de familia de manera residual asume competencia en un proceso administrativo de restablecimiento de derechos no act\u00faa en funci\u00f3n jurisdiccional sino administrativa, que es la misma esfera en la que act\u00faa el funcionario a quien reemplaza\u00bb, y en pronunciamiento posterior [rad. 2019-00215] asever\u00f3 que el proceso \u00abcon el seguimiento tendr\u00e1 una duraci\u00f3n de dieciocho (18) meses, contados a partir del conocimiento de los hechos\u00bb, lo cual \u00abse encuentra en sinton\u00eda con la exposici\u00f3n de motivos de la Ley 1878 de 2018, lo cual tuvo como uno de sus fundamentos definir con claridad los tiempos del PARD para evitar la prolongaci\u00f3n indefinida del verdadero restablecimiento de los derechos de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, \u00absi los hechos vulneradores se pusieron en conocimiento del Juzgado \u201c00\u201d Promiscuo de Familia de \u201cY\u201d el 7 de mayo del presente a\u00f1o, ten\u00eda dos meses para tomar una decisi\u00f3n definitiva respecto a la medida de protecci\u00f3n vigente, si ello no se hizo y el auto admisorio apenas se emite el 20 de agosto, es decir luego de transcurridos m\u00e1s de tres meses, su extensi\u00f3n result\u00f3 irregular y por ello ya no debi\u00f3 asumir el conocimiento en este asunto (\u2026). En definitiva, no se justifica que hayan transcurrido m\u00e1s de 2 a\u00f1os y nueve meses desde el inicio del proceso de restablecimiento de derechos hasta la fecha (\u2026), donde la actuaci\u00f3n procesal sugiere que se avizora un buen pron\u00f3stico conforme al auto del 3 de noviembre de 2020 para retornar a su hogar (\u2026), no obstante por falta de diligencia de las autoridades haya permanecido bajo medida de hogar sustituto, que est\u00e1 dise\u00f1ada para un plazo de 6 meses seg\u00fan el CIA (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
2. El accionante tambi\u00e9n interpuso el recurso para reiterar los argumentos de su demanda tutelar, precisando que como \u00abel juzgado dej\u00f3 vencer los dos (2) meses que la norma especial ha dispuesto para que el juez de familia que asuma competencia pueda resolver definitivamente la situaci\u00f3n del ni\u00f1o (\u2026), el tribunal no valor\u00f3 que existen antecedentes de demora y al permitir la trasgresi\u00f3n de los t\u00e9rminos legales y principios constitucionales, en procesos donde adem\u00e1s est\u00e1 inmerso el inter\u00e9s superior de un ni\u00f1o, el juez de conocimiento est\u00e1 vulnerando los derechos fundamentales alegados en la presente acci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si el Juzgado \u201c00\u201d Promiscuo de Familia de \u201cY\u201d vulner\u00f3 las prerrogativas invocadas por el accionante, al haber excedido el t\u00e9rmino para resolver de fondo sobre el seguimiento a las medidas de restablecimiento de derechos adoptadas en el proceso radicado bajo el n\u00b0 2021-00000. <\/p>\n
2. Del restablecimiento de derechos de menores. <\/p>\n
Conforme a lo previsto en los art\u00edculos 50 y 51 del C\u00f3digo de la Infancia y la Adolescencia – Ley 1098 de 2006, esta figura jur\u00eddica comprende \u00abla restauraci\u00f3n de su dignidad e integridad como sujetos y de la capacidad para hacer un ejercicio efectivo de los derechos que le han sido vulnerados\u00bb a ni\u00f1os y adolescentes, y \u00abes responsabilidad del Estado en su conjunto a trav\u00e9s de las autoridades p\u00fablicas, quienes tienen la obligaci\u00f3n de informar o conducir ante la Polic\u00eda, las Defensor\u00edas de Familia, las Comisar\u00edas de Familia o en su defecto, los Inspectores de Polic\u00eda o las Personer\u00edas Municipales o Distritales a todos los ni\u00f1os, las ni\u00f1as o los adolescentes que se encuentren en condiciones de riesgo o vulnerabilidad\u00bb. <\/p>\n
Siendo variadas las circunstancias para determinar una situaci\u00f3n irregular que amerite la intervenci\u00f3n estatal, en los art\u00edculos 53, 56, 57 y 59 ibidem, se contemplan como medidas de restablecimiento: (i) \u00abla amonestaci\u00f3n con asistencia obligatoria a curso pedag\u00f3gico\u00bb; (ii) el retiro inmediato del menor \u00abde la actividad que amenace o vulnere sus derechos o de las actividades il\u00edcitas en que se pueda encontrar, y ubicaci\u00f3n en un programa de atenci\u00f3n especializada\u00bb; (iii) \u00abla ubicaci\u00f3n inmediata en medio familiar\u00bb, la cual puede ser con su familia extensa cuando existen parientes cercanos que puedan cuidarlo; en \u00abhogar de paso\u00bb cuando no aparezcan esas personas; o en \u00abhogar sustituto\u00bb, es decir en una familia que se comprometa a brindarle el cuidado y atenci\u00f3n necesaria en sustituci\u00f3n a sus parientes de origen; (iv) \u00abla ubicaci\u00f3n en centros de emergencia para los casos en los que no procede ubicaci\u00f3n en los hogares de paso\u00bb; (v) \u00abla adopci\u00f3n\u00bb; y (vi) las dem\u00e1s que est\u00e9n se\u00f1aladas en otras disposiciones legales, o cualquier otra \u00abque garantice la protecci\u00f3n integral\u00bb del ni\u00f1o o adolescente. <\/p>\n
Las autoridades que est\u00e1n llamadas a aplicar dichas medidas, seg\u00fan lo contemplado en los art\u00edculos 79 a 95 de la citada normativa, son: (i) el Defensor de Familia del ICBF, de manera preferente, dada su calidad de coordinador del sistema de Bienestar Familiar y concretamente de las medidas de protecci\u00f3n o de restablecimiento; (ii) el Comisario de Familia; (iii) la Polic\u00eda Nacional y (iv) el Ministerio P\u00fablico. <\/p>\n
Al abrir la investigaci\u00f3n, el art\u00edculo 99 del estatuto en menci\u00f3n autoriza al Defensor o al Comisario de Familia que tenga a su cargo la instrucci\u00f3n del caso, para ordenar \u00ab2. Las medidas provisionales de urgencia que requiera la protecci\u00f3n integral del ni\u00f1o, ni\u00f1a o adolescente\u00bb, las cuales podr\u00e1n mantenerse al decidir de fondo el asunto, seg\u00fan la necesidad y utilidad de las mismas con observancia en la prevalencia de los derechos de los ni\u00f1os como lo contemplan los tratados internacionales y se recoge expresamente en el art\u00edculo 44 de la Constituci\u00f3n de 1991 y en el ordenamiento legal en comento. <\/p>\n
Seg\u00fan el art\u00edculo 100 de dicha codificaci\u00f3n, modificado por el precepto 4\u00ba de la Ley 1878 de 2018, \u00abla definici\u00f3n de la situaci\u00f3n jur\u00eddica deber\u00e1 resolverse declarando en vulneraci\u00f3n de derechos o adoptabilidad al ni\u00f1o, ni\u00f1a y adolescente, dentro de los seis (6) meses siguientes, contados a partir del conocimiento de la presunta amenaza o vulneraci\u00f3n de los derechos del menor de edad, t\u00e9rmino que ser\u00e1 improrrogable y no podr\u00e1 extenderse ni por actuaci\u00f3n de autoridad administrativa o judicial\u00bb, precisando que si en el t\u00e9rmino fijado no se resolvi\u00f3 el recurso o no resolvi\u00f3 de fondo el asunto, \u00abla autoridad administrativa perder\u00e1 la competencia para seguir conociendo del asunto y remitir\u00e1 dentro de los tres (3) d\u00edas siguientes el expediente al juez de familia para que resuelva el recurso o defina la situaci\u00f3n jur\u00eddica\u00bb, y \u00absi el juez no resuelve el proceso en este t\u00e9rmino, perder\u00e1 competencia para seguir conociendo del asunto, remitir\u00e1 inmediatamente el expediente al juez de familia que le sigue en turno y se pondr\u00e1 en conocimiento del Consejo Superior de la Judicatura\u00bb. <\/p>\n
3. De la mora judicial. <\/p>\n
La Corte Constitucional, en sede de tutela, de vieja data ha sostenido que \u00ab[e]l acceso a la administraci\u00f3n de justicia, garantizado en el art\u00edculo 229 Superior, no implica solamente la posibilidad de acudir ante el juez para demandar que deduzca de la normatividad vigente aquello que haga justicia en un evento determinado, sino que se concreta en la real y oportuna decisi\u00f3n judicial y, claro est\u00e1, en la debida ejecuci\u00f3n de ella. Esto, a la vez, representa una culminaci\u00f3n del debido proceso, que no admite dilaciones injustificadas en el tr\u00e1mite de los asuntos puestos en conocimiento de los jueces ni, por supuesto, en el cabal y pleno desarrollo de lo que se decida en el curso de los juicios\u00bb (CC T-329\/94). <\/p>\n
Por su parte, sobre el incumplimiento del juez en su deber de proferir oportunamente las providencias a su cargo, la jurisprudencia de esta Sala ha dicho y reiterado que: <\/p>\n
4. Del caso concreto. <\/p>\n
Con soporte en las anteriores premisas, del examen realizado a los argumentos de la queja constitucional, su cotejo con la informaci\u00f3n proporcionada por los intervinientes y la que se extracta de las piezas procesales allegadas al expediente, la Sala revocar\u00e1 el fallo impugnado y en su lugar conceder\u00e1 el amparo implorado por haber incurrido el funcionario querellado en mora judicial, como pasar\u00e1 a explicarse. <\/p>\n
4.1. Preliminarmente se precisa que la apertura del proceso de restablecimiento de derechos del menor hijo del promotor del auxilio (actualmente con 8 a\u00f1os de edad), tuvo lugar mediante auto proferido por la Defensora de Familia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF el 31 de diciembre de 2018, y el 24 de mayo de 2019 la Comisar\u00eda de Familia declar\u00f3 mediante fallo \u00aben situaci\u00f3n de vulneraci\u00f3n de derechos al ni\u00f1o (\u2026)\u00bb, disponiendo \u00abla continuidad de la medida de (\u2026) ubicaci\u00f3n en hogar sustituto\u00bb, y adicionalmente la de amonestaci\u00f3n a los padres. <\/p>\n
Ahora, como una vez agotada la fase inicial del proceso, procede la de seguimiento, la Sala observa que esta no se desarroll\u00f3 con sujeci\u00f3n al C\u00f3digo de la Infancia y la Adolescencia, en particular a los incisos 4\u00b0 y 5\u00b0 del art\u00edculo 103, modificado por el art\u00edculo 6\u00b0 de la Ley 1878 de 2018, seg\u00fan los cuales: <\/p>\n
\u00abEn los procesos donde se declare en situaci\u00f3n de vulneraci\u00f3n de derechos a los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, la autoridad administrativa deber\u00e1 hacer seguimiento por un t\u00e9rmino que no exceda seis (6) meses, contados a partir de la ejecutoria del fallo, t\u00e9rmino en el cual determinar\u00e1 si procede el cierre del proceso cuando el ni\u00f1o, ni\u00f1a o adolescente est\u00e9 ubicado en medio familiar y ya se hubiera superado la vulneraci\u00f3n de derechos; el reintegro al medio familiar cuando el ni\u00f1o se hubiera encontrado institucionalizado y la familia cuente con las condiciones para garantizar sus derechos; o la declaratoria de adoptabilidad cuando del seguimiento se hubiera establecido que la familia no cuenta con las condiciones para garantizar los derechos. <\/p>\n
En los casos excepcionales que la autoridad administrativa considere que debe superarse el t\u00e9rmino de seguimiento, deber\u00e1 prorrogarlo mediante resoluci\u00f3n motivada por un t\u00e9rmino que no podr\u00e1 exceder de seis (6) meses, contados a partir del vencimiento del t\u00e9rmino de seguimiento inicial. La pr\u00f3rroga deber\u00e1 notificarse por Estado\u00bb. <\/p>\n
Tambi\u00e9n inobserv\u00f3 el inciso 8\u00b0 de dicha disposici\u00f3n en el que se se\u00f1ala que: \u00abCuando la autoridad administrativa supere los t\u00e9rminos establecidos en este art\u00edculo sin resolver de fondo la situaci\u00f3n jur\u00eddica o cuando excedi\u00f3 el t\u00e9rmino inicial de seguimiento sin emitir la pr\u00f3rroga, perder\u00e1 competencia de manera inmediata y deber\u00e1 remitir el expediente al Juez de Familia para que este decida de fondo la situaci\u00f3n jur\u00eddica en un t\u00e9rmino no superior a dos (2) meses. Si la autoridad administrativa no remite el expediente, el Director Regional har\u00e1 la remisi\u00f3n al Juez de Familia\u00bb. Resaltado y subrayado fuera del texto. <\/p>\n
En este orden, la etapa de seguimiento que deb\u00eda adelantar la autoridad administrativa venc\u00eda el 31 de diciembre de 2019, pero como fue prorrogado el 24 de noviembre del mismo a\u00f1o por los 6 meses que autoriza la ley, el plazo fenec\u00eda el 31 de junio de 2020; no obstante, en raz\u00f3n a la suspensi\u00f3n de t\u00e9rminos que gener\u00f3 la pandemia del Covid-19, el lapso -de 18 meses en total-, debi\u00f3 extenderse hasta el 31 de octubre de 2020. <\/p>\n
Contrario a ello, aunque con prove\u00eddo del 3 de noviembre de 2020 orden\u00f3 \u00abel inicio del proceso para preparaci\u00f3n de reintegro en medio familiar\u201d, la Comisar\u00eda de Familia mantuvo la medida de institucionalizaci\u00f3n del ni\u00f1o, y el 4 de mayo de 2021, en atenci\u00f3n a solicitud del accionante, remiti\u00f3 la actuaci\u00f3n al juzgado previa declaraci\u00f3n de la p\u00e9rdida de su competencia para seguir conociendo del asunto. <\/p>\n
Por su parte, la autoridad judicial -aqu\u00ed convocada-, en lugar de asumir y en el t\u00e9rmino de dos (2) meses resolver si cerraba el proceso o en su defecto declaraba el reintegro del ni\u00f1o en medio familiar, se mantuvo silente hasta el 20 de agosto de 2021, data en la que avoc\u00f3 conocimiento y tras exponer su interpretaci\u00f3n de los art\u00edculos 100 y 103 del C\u00f3digo de la Infancia y la Adolescencia, consider\u00f3 que no era imperioso resolver en el t\u00e9rmino antes se\u00f1alado y que tampoco en ese escenario su despacho perd\u00eda competencia. <\/p>\n
La postura asumida por el accionado, en particular lo atinente a la oportunidad para dirimir sobre el seguimiento de la medida de restablecimiento de derechos del menor, es contraria a la normativa transcrita, as\u00ed como a lo que sobre dicha tem\u00e1tica ha dicho la Corte Constitucional: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Se destaca que la celeridad anteriormente referida del tr\u00e1mite de restablecimiento de derechos tambi\u00e9n se ha entendido predicable de las medidas de seguimiento, pues, en aras de garantizar el inter\u00e9s superior del menor, las autoridades cuentan con el deber de resolver definitivamente su situaci\u00f3n de la manera m\u00e1s efectiva y r\u00e1pida posible, de forma que sea factible evitar que el proceso de restablecimiento pueda constituirse en un factor de vulneraci\u00f3n de los derechos que se pretende proteger. <\/p>\n
As\u00ed, el texto actual del art\u00edculo 103 de la Ley 1098 de 2006 (modificado por la Ley 1955 de 2019) dispone un plazo m\u00e1ximo de seis (06) meses en los que las autoridades administrativas deber\u00e1n realizar el seguimiento de las medidas que adopten y establece igualmente que, en casos excepcionales, dicho t\u00e9rmino ser\u00eda prorrogable, en una \u00fanica ocasi\u00f3n, por seis (06) meses m\u00e1s. En ese orden de ideas, la norma en menci\u00f3n refiere que, en la actualidad, el procedimiento de restablecimiento de derechos y el seguimiento de las medidas que, como producto de \u00e9l, puedan ser adoptadas, tendr\u00e1 una duraci\u00f3n que no podr\u00e1 exceder los dieciocho (18) meses contados a partir del conocimiento de los hechos por parte de la autoridad administrativa. <\/p>\n
Se destaca que, para reforzar la obligatoriedad de estos t\u00e9rminos, la misma norma dispone que, cuando quiera que \u00e9stos se adviertan desconocidos, la autoridad administrativa \u201cperder\u00e1 competencia de manera inmediata y deber\u00e1 remitir el expediente al Juez de Familia para que este decida de fondo la situaci\u00f3n jur\u00eddica\u201d. <\/p>\n
De ah\u00ed que la Ley, con el objetivo de garantizar la celeridad del tr\u00e1mite de restablecimiento de derechos, previ\u00f3 la posibilidad de que, dado el incumplimiento del t\u00e9rmino relativo al desarrollo de medidas de seguimiento, se traslade la competencia para resolver la situaci\u00f3n del menor a una autoridad judicial que, con idoneidad y en un plazo no superior a los dos meses, determine si, en efecto, (i) se desconocieron los derechos del menor, (ii) si las medidas adoptadas ahora resultan innecesarias o (iii) deber\u00e1n ser modificadas. <\/p>\n
Con todo, se resalta que si bien lo anteriormente expuesto se deriva de la redacci\u00f3n actual del art\u00edculo 103 de la Ley 1098 de 2006, la Sala estima pertinente traer a colaci\u00f3n que el texto original de esta normativa se abstuvo de plantear l\u00edmites de car\u00e1cter temporal para el ejercicio de la competencia de seguimiento, y, por tanto, dicho estatuto no contempla el paso del tiempo en el ejercicio de esta funci\u00f3n como una causal de p\u00e9rdida de competencia que pueda derivar eventualmente en una nulidad de lo actuado. <\/p>\n
No obstante lo anterior, la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n, en Sentencia T-741 de 2017 reconoci\u00f3 que ello no es justificante para que los procesos de restablecimiento de derechos puedan ser prolongados indefinidamente pues, de conformidad con los lineamientos desarrollados por el ICBF para el efecto, es necesario que, en el momento de adoptar una determinaci\u00f3n en la que se concluyan vulnerados los derechos de un ni\u00f1o, ni\u00f1a o adolescente, se disponga un plazo expreso para su seguimiento, cuyo desconocimiento, si bien como se dijo, no tiene la virtualidad de afectar su competencia, s\u00ed puede llegar a generar responsabilidades disciplinarias. <\/p>\n
En ese sentido, en la sentencia anteriormente referida se concluy\u00f3 que lo anterior toma fundamento en que la garant\u00eda del inter\u00e9s superior del menor y, en general, sus derechos fundamentales obliga a \u201clos jueces y funcionarios administrativos a aplicar un grado especial de diligencia, celo y cuidado al momento de adoptar sus decisiones, especialmente trat\u00e1ndose de ni\u00f1os de temprana edad, cuyo proceso de desarrollo puede verse afectado en forma definitiva e irremediable por cualquier decisi\u00f3n que no atienda a sus intereses y derechos\u201d\u00bb (CC T-019\/20). Se resalta y subraya. <\/p>\n
4.2. De lo anterior emerge que si bien la ley no consagr\u00f3 p\u00e9rdida de competencia para el juez de familia que asume el conocimiento del proceso en la fase de seguimiento, s\u00ed estableci\u00f3 que debe definir si hay o no lugar a variar las medidas que fueron adoptadas en la etapa inicial, y para ello, seg\u00fan se desprende del inciso 7\u00b0 del art\u00edculo 103 ibidem, cuenta con \u00abun t\u00e9rmino no superior a dos (2) meses\u00bb, contado desde que recibe la actuaci\u00f3n del funcionario administrativo que dej\u00f3 vencer el plazo m\u00e1ximo de dieciocho (18) meses. <\/p>\n
Esto, porque en concordancia con lo previsto en los art\u00edculos 100 y 103 de la codificaci\u00f3n en cita, el par\u00e1grafo del art\u00edculo 119 consagra que \u00abLos asuntos regulados en este c\u00f3digo deber\u00edan ser tramitados con prelaci\u00f3n sobre los dem\u00e1s, excepto los de tutela y habeas corpus, y en todo caso el fallo deber\u00e1 proferirse dentro de los dos meses siguientes al recibo de la demanda, del informe o del expediente, seg\u00fan el caso. El incumplimiento de dicho t\u00e9rmino constituye causal de mala conducta\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, como el accionado desatendi\u00f3 el l\u00edmite temporal que el legislador fij\u00f3 para dirimir sobre el seguimiento de las medidas de restablecimiento de derechos, sin que para tal omisi\u00f3n expusiera una justificaci\u00f3n, la injerencia del fallador constitucional se torna procedente a fin de corregir el desafuero que ocurre no s\u00f3lo frente a las prerrogativas derivadas del debido proceso y acceso eficiente a la administraci\u00f3n de justicia, sino que conlleva afectaci\u00f3n a los derechos de un menor de edad. <\/p>\n
Sobre este \u00faltimo t\u00f3pico la Sala reitera que cuando se est\u00e1 ante un proceso judicial en el que se involucran los derechos superiores de los ni\u00f1os, el juez de conocimiento debe ser m\u00e1s acucioso al realizar el abordaje de cualquiera de los temas que puedan llegar a afectarlos, en tanto el reconocimiento de sus intereses debe verse desde un contexto m\u00e1s amplio. <\/p>\n
Lo anterior porque se tienen como principios b\u00e1sicos que orientan la Doctrina de la Protecci\u00f3n Integral a los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, consolidada a partir de la Convenci\u00f3n sobre Derechos del Ni\u00f1o: (i) la igualdad y no discriminaci\u00f3n; (ii) el inter\u00e9s superior de las y los ni\u00f1os; (iii) la efectividad y prioridad absoluta; y (iv) la participaci\u00f3n solidaria. <\/p>\n
A tono con ello, la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1991, en su art\u00edculo 44, establece que \u00abLos derechos de los ni\u00f1os prevalecen sobre los derechos de los dem\u00e1s\u00bb, y frente a ello, la misma disposici\u00f3n superior se\u00f1ala que \u00abla familia, la sociedad y el Estado tienen la obligaci\u00f3n de asistir y proteger al ni\u00f1o para garantizar su desarrollo arm\u00f3nico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento y la sanci\u00f3n de los infractores\u00bb. <\/p>\n
Aunado a los postulados internacionales, el legislador de 1989, a trav\u00e9s del Decreto 2737, previno a las personas y las entidades, tanto p\u00fablicas como privadas para que al desarrollar programas y al asumir responsabilidades en asuntos de menores, tuvieran en cuenta sobre toda otra consideraci\u00f3n, el inter\u00e9s superior de \u00e9stos, lo cual fue armonizado con la Carta de 1991, y posteriormente con el C\u00f3digo de la Infancia y Adolescencia – Ley 1098 de 2006, que en su art\u00edculo 8\u00ba prev\u00e9 que \u00abse entiende por inter\u00e9s superior del ni\u00f1o, ni\u00f1a y adolescente, el imperativo que obliga a todas las personas a garantizar la satisfacci\u00f3n integral y simult\u00e1nea de todos sus Derechos Humanos, que son universales, prevalentes e interdependientes\u00bb. <\/p>\n
Por su parte, el art\u00edculo 9\u00ba ibidem, se\u00f1ala que \u00abEn todo acto, decisi\u00f3n o medida administrativa, judicial o de cualquier naturaleza que deba adoptarse en relaci\u00f3n con los ni\u00f1os, las ni\u00f1as y los adolescentes, prevalecer\u00e1n los derechos de estos, en especial si existe conflicto entre sus derechos fundamentales con los de cualquier otra persona\u00bb, y en caso de existir controversia \u00abentre dos o m\u00e1s disposiciones legales, administrativas o disciplinarias, se aplicar\u00e1 la norma m\u00e1s favorable al inter\u00e9s superior del ni\u00f1o, ni\u00f1a o adolescente\u00bb. <\/p>\n
4.3. En las condiciones descritas, transcurridos a la fecha dos (2) a\u00f1os y cinco (5) meses sin que el encartado hubiera emitido el pertinente pronunciamiento, es evidente la mora que motiv\u00f3 la tutela y con ello la actitud dilatoria para definir el proceso. <\/p>\n
Entonces, aunado a lo que sobre el punto se\u00f1ala el ac\u00e1pite anterior, ac\u00f3tese que al desatender con holgura el cumplimiento de los t\u00e9rminos para resolver los juicios, el juez incurre en conducta reprochada constitucionalmente por afectar el debido proceso y constituir omisi\u00f3n a su obligaci\u00f3n de impartir pronta y cumplida justicia, sobre lo cual ha precisado la Corte Constitucional que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) toda persona tiene derecho a que los tr\u00e1mites judiciales en que participe como demandante, demandado e incluso como tercero no se vean afectados por retrasos injustificados, pues ello ir\u00eda en detrimento no solo del derecho al debido proceso sin dilaciones injustificadas sino al derecho al acceso a una real y efectiva administraci\u00f3n de justicia, dado que la resoluci\u00f3n tard\u00eda de las controversias judiciales equivale a una falta de tutela judicial efectiva. As\u00ed, el derecho al acceso a la administraci\u00f3n de justicia no puede interpretarse como algo desligado del tiempo en que deben ser adoptadas las decisiones judiciales durante las diferentes etapas del proceso por parte de los funcionarios, sino que ha de ser comprendido en el sentido de que se garantice dentro de los plazos fijados en la ley\u00bb (CC T-030\/05). <\/p>\n
Obs\u00e9rvese que con el fin de evitar las dilaciones injustificadas a que refiere el art\u00edculo 29 de la Carta Magna, a\u00fan antes de la regulaci\u00f3n legal sobre la duraci\u00f3n de los procesos ordinarios, este deb\u00eda delimitarse en cada caso seg\u00fan factores que incidieran efectivamente en ello, y bajo ese entendimiento, el precedente constitucional en cita refiri\u00f3 que las exculpaciones para no reprochar la mora judicial, deb\u00edan demostrarse suficientemente, porque \u00abla justificaci\u00f3n, que es del alcance restrictivo, consiste \u00fanicamente en la situaci\u00f3n probada y objetivamente insuperable, que impide al juez o fiscal adoptar oportunamente la decisi\u00f3n [y considerar] que las causas de justificaci\u00f3n en la materia deben ser fijadas en la ley, raz\u00f3n por la cual no pueden obedecer a la caprichosa interpretaci\u00f3n del funcionario de turno\u00bb. <\/p>\n
En ese orden, en el caso bajo estudio, el juez querellado no adujo estar en presencia de un hecho imprevisible o ineludible, que impidiera impulsar el tr\u00e1mite procesal, por ello, la omisi\u00f3n refleja una mora judicial que conlleva la vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales invocados, en especial, al debido proceso sin dilaciones injustificadas. <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
De conformidad con lo discurrido, se impone revocar el fallo de primer grado y en su lugar conceder el resguardo, toda vez que la autoridad judicial convocada incurri\u00f3 en mora judicial. Por tanto, se ordenar\u00e1 al funcionario cognoscente del proceso radicado bajo el n\u00b0 2021-00000, que en el t\u00e9rmino de diez (10) d\u00edas, contado a partir de la notificaci\u00f3n de este fallo, emita la resoluci\u00f3n que, con respeto de su autonom\u00eda e independencia, en derecho corresponda sobre el seguimiento de las medidas de restablecimiento de derechos del menor, e informe a la respectiva Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial sobre el incumplimiento del plazo para finiquitar el asunto. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, REVOCA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
En su lugar, CONCEDE el amparo de los derechos fundamentales invocados por \u201cJ\u201d. <\/p>\n
En consecuencia, se ORDENA al titular del Juzgado \u201c00\u201d Promiscuo de Familia de \u201cY\u201d, que en el t\u00e9rmino de diez (10) d\u00edas, contado a partir de la notificaci\u00f3n de este fallo, resuelva de fondo sobre el seguimiento de las medidas de restablecimiento de derechos dentro del proceso n\u00b0 2021-00000, y proceda, conforme se indic\u00f3 en precedencia, a informar a la respectiva Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 Acuerdo No. 034 de 16 de diciembre de 2020, CSJ – Sala de Casaci\u00f3n Civil. <\/p>\n
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STC14462-2021 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC14462-2021 Radicaci\u00f3n n\u00b0 52001-22-13-000-2021-00090-01 (Aprobado en sesi\u00f3n del veintisiete de octubre de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., veintisiete (27) de octubre de dos mil veintiuno (2021). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[41],"tags":[],"class_list":["post-58774","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-octubre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/58774","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=58774"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/58774\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=58774"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=58774"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=58774"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}