STC14463-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC14463-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 20001-22-14-000-2021-00244-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintisiete de octubre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintisiete (27) de octubre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 17 de septiembre de 2021 por la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Eduardo Bettin Vallejo contra el Juzgado Civil del Circuito de Chiriguan\u00e1, tr\u00e1mite al que se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el proceso atacado. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del resguardo, a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclam\u00f3 protecci\u00f3n de sus garant\u00edas al debido proceso, \u00abtutela judicial efectiva\u00bb e igualdad, que dice vulneradas por la autoridad judicial acusada, por lo que deprec\u00f3 que se le ordene \u00abremitir el expediente al Tribunal Administrativo del Cesar para que asuma su conocimiento o reparto dentro de la jurisdicci\u00f3n contencioso administrativa\u00bb. <\/p>\n
De manera subsidiaria, pidi\u00f3 que \u00abse decrete la nulidad de lo actuado\u00bb; y, en consecuencia, se ordene al estrado acusado que asuma \u00abel conocimiento del fondo de incidente de nulidad\u00bb; as\u00ed como tambi\u00e9n que tenga \u00abpara todos los efectos, acreditada la presentaci\u00f3n de la excepci\u00f3n de falta de jurisdicci\u00f3n calificada por el legislador popular y procesal como previa, reconoci\u00e9ndola como tal\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto: <\/p>\n
2.1. El departamento del Cesar promovi\u00f3 acci\u00f3n popular contra Richard May Cabrera, Eduardo Bettin Vallejo, CI Carbones del Caribe SAS (hoy SATOR SAS), el Grupo Empresarial Argos SA y Juan Manuel Ruiseco Vieira, que fue admitida con auto del 2 de marzo de 2017, tr\u00e1mite al que fueron vinculados, entre otros, la Agencia Nacional de Miner\u00eda, Miguel Villaz\u00f3n Guti\u00e9rrez, Luis Eduardo Manjarrez Pumarejo, Misael Guerra L\u00f3pez, Oswaldo Angulo Ar\u00e9valo y Alberto Vigna Garc\u00eda. <\/p>\n
2.2. Posteriormente, la demandante reform\u00f3 la demanda, que fue admitida con prove\u00eddo del 5 de abril de 2017. <\/p>\n
2.3. Cumplido lo anterior y tras resolver varios recursos formulados por los intervinientes, mediante prove\u00eddo del 31 de agosto de 2021, se convoc\u00f3 a las partes a audiencia de pacto de cumplimiento. <\/p>\n
2.4. En s\u00edntesis, expres\u00f3 el gestor del amparo que el juzgado accionado carece de jurisdicci\u00f3n para conocer de la acci\u00f3n popular criticada, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 15 de la ley 472 de 1998, toda vez que en el litigio, como partes, intervienen entidades p\u00fablicas; y, adem\u00e1s, porque las \u00absupuestas afectaciones al inter\u00e9s p\u00fablico\u2026 resultan inescindibles de actos, acciones u omisiones de la propia administraci\u00f3n y sus funcionarios\u00bb, raz\u00f3n por la cual el asunto debe ser tramitado por la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo. <\/p>\n
2.5. Adicion\u00f3 que a pesar de que puso de presente la anotada falta de jurisdicci\u00f3n a la sede judicial acusada, a trav\u00e9s de la formulaci\u00f3n de recurso de reposici\u00f3n contra el auto admisorio y la proposici\u00f3n de la correspondiente nulidad, aquel se ha negado a desprenderse del conocimiento del asunto, excus\u00e1ndose en una interpretaci\u00f3n errada del principio de la \u00abperpetuatio iurisdictionis\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTAS DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Civil del Circuito de Chiriguan\u00e1, tras defender la legalidad de su actuaci\u00f3n, precis\u00f3 que la excepci\u00f3n de \u00abfalta de jurisdicci\u00f3n\u00bb, formulada por varios de los intervinientes en el asunto cuestionado, \u00abfue admitida y por expresa disposici\u00f3n de la ley 472 de 1996 [art\u00edculo 23] se resuelve en la sentencia, motivo de suyo suficiente para considerar que\u2026 el despacho [deber\u00e1] referirse y resolver necesariamente sobre [el prenotado mecanismo defensivo]\u00bb. <\/p>\n
2. Grupo Argos S.A. pidi\u00f3 conceder el resguardo, comoquiera que \u00abla jurisdicci\u00f3n competente para conocer y decidir la acci\u00f3n popular es la jurisdicci\u00f3n contencioso administrativa, seg\u00fan lo establece el art\u00edculo 15 de la Ley 472 de 1998\u00bb, por cuanto: <\/p>\n
\u2026 la acci\u00f3n popular se origin\u00f3 en virtud de una demanda presentada por la Gobernaci\u00f3n del Cesar, que es una entidad p\u00fablica, y a la que adem\u00e1s fue vinculada la ANM [Agencia Nacional de Miner\u00eda], que es una entidad p\u00fablica del orden nacional. Adem\u00e1s, la acci\u00f3n popular busca resolver controversias derivadas del contrato de Gran Miner\u00eda No. 147 de 1997, que es un contrato estatal sujeto a derecho administrativo que puede afectar regal\u00edas (recursos p\u00fablicos). Y, finalmente, en la acci\u00f3n popular la Gobernaci\u00f3n del Cesar cuestiona las acciones y omisiones de la ANM, que, como ya se dijo, es una entidad p\u00fablica del orden nacional. <\/p>\n
3. La Agencia Nacional de Miner\u00eda, a trav\u00e9s de apoderado judicial, dijo coadyuvar la petici\u00f3n de amparo, pues tambi\u00e9n considera que la sede judicial acusada carece de jurisdicci\u00f3n para conocer de la acci\u00f3n popular fustigada. <\/p>\n
5. El abogado Mario Alonso P\u00e9rez Torres, quien dijo fungir como \u00abapoderado de\u2026 Juan Manuel Ruiseco Vieira\u00bb, sin que aportara mandato que lo facultara para representarlo en el presente asunto, dijo coadyuvar la demanda de tutela. <\/p>\n
6. Juan Carlos Gil Betancur, Carlos Juan Olivella Pavajeau, Jorge Camilo Gnecco Espinosa, Julio Cesar O\u00f1ate Mart\u00ednez y Mar\u00eda Consuelo Pavajeau Castro, a trav\u00e9s de apoderado judicial, defendieron la legalidad de la actuaci\u00f3n criticada. <\/p>\n
7. Miguel Jos\u00e9 Villaz\u00f3n Guti\u00e9rrez, Luis Eduardo Manjarrez Pumarejo, Misael Guerra L\u00f3pez, Oswaldo Angulo Ar\u00e9valo y Alberto Vigna Garc\u00eda, mediante procurador judicial, pidieron desestimar el resguardo, toda vez que \u00ab\u2026 el accionante aun ostenta la posibilidad de ejercer medios procesales ordinarios id\u00f3neos para ejercer su defensa \u201cal interior\u201d de\u2026 la acci\u00f3n popular, pues\u2026 la excepci\u00f3n de falta de jurisdicci\u00f3n por \u00e9l propuesta debe ser resuelta en la sentencia, sobre la cual se otorga la posibilidad de interponer recurso de apelaci\u00f3n\u2026\u00bb. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo desestim\u00f3 la protecci\u00f3n invocada, por cuanto \u00abla inconformidad del actor se debe a los efectos jur\u00eddicos producidos por la expedici\u00f3n del auto que rechaz\u00f3 la nulidad que solicit\u00f3\u2026, contando con la oportunidad de apelar dicha decisi\u00f3n, si encuentra raz\u00f3n para ello\u00bb. <\/p>\n
LAS IMPUGNACIONES <\/p>\n
1. El accionante destac\u00f3 que, contrario a lo que se sostuvo en el fallo censurado, \u00abinterpuso el recurso de apelaci\u00f3n que el juez constitucional ech[\u00f3] de menos\u00bb, pero su concesi\u00f3n fue negada por el estrado acusado. Por lo dem\u00e1s reiter\u00f3 sus alegaciones iniciales, enfiladas a predicar la falta de jurisdicci\u00f3n del juzgado accionado para adelantar la acci\u00f3n popular criticada. <\/p>\n
2. La Agencia Nacional de Miner\u00eda tambi\u00e9n puso de presente que el tutelante \u00abinterpuso el respectivo recurso\u2026 en contra del auto que decidi\u00f3 el incidente de nulidad rechaz\u00e1ndolo de plano\u00bb, circunstancia que lo habilitaba \u00abpara acceder a la protecci\u00f3n v\u00eda tutela, dado que no tiene (o ten\u00eda) otro medio para la defensa de sus intereses\u00bb. <\/p>\n
Adem\u00e1s, reiter\u00f3 las alegaciones relacionadas con la ausencia de jurisdicci\u00f3n que imput\u00f3 al juzgado convocado. <\/p>\n
3. SATOR S.A.S. tambi\u00e9n destac\u00f3 que el actor s\u00ed apel\u00f3 el auto que rechaz\u00f3 la nulidad y, por lo dem\u00e1s, insisti\u00f3 en que el juzgado accionado carece de jurisdicci\u00f3n para tramitar la acci\u00f3n popular fustigada. <\/p>\n
4. Grupo Argos S.A. precis\u00f3 que \u00abcontrario a lo se\u00f1alado por el\u2026 Tribunal, el accionante s\u00ed interpuso recurso de apelaci\u00f3n\u00bb, por lo que \u00abqueda plenamente acreditado el cumplimiento del requisito de subsidiariedad, en la medida en la que el accionante efectivamente interpuso recurso de apelaci\u00f3n en contra del auto que rechaz\u00f3 de plano la nulidad propuesta\u00bb. <\/p>\n
De otro lado, insisti\u00f3 en la ausencia de jurisdicci\u00f3n que se le achaca al estrado accionado. <\/p>\n
5. CNR II LTD Sucursal Colombia resalt\u00f3 que \u00abel a quo no hizo un an\u00e1lisis integral y completo respecto del requisito de subsidiariedad\u2026, pues en las acciones populares, por mandato legal, no es procedente el recurso de apelaci\u00f3n contra el auto que rechaz\u00f3 la nulidad presentada por\u2026 Eduardo Bettin por falta de jurisdicci\u00f3n y competencia\u2026\u00bb; y, seguidamente, reiter\u00f3 sus alegaciones iniciales, conforme a las cuales pidi\u00f3 conceder el resguardo por la ausencia de jurisdicci\u00f3n que se le achaca a la autoridad judicial enjuiciada. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
Siguiendo los criterios jurisprudenciales, este instrumento no procede contra las providencias judiciales, no obstante, en los precisos casos en los cuales el funcionario incurre en una decisi\u00f3n desviada por completo, sin objetividad, se abre paso la intervenci\u00f3n del juez constitucional, para modificar o cambiar las determinaciones y restablecer las garant\u00edas esenciales conculcadas, claro est\u00e1, siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa. <\/p>\n
2. Bajo esa \u00f3ptica, revisada la demanda de tutela y las coadyuvancias presentadas, se verifica que el reclamo constitucional a circunscribe a predicar que el juzgado accionado carece de jurisdicci\u00f3n para tramitar la acci\u00f3n popular objeto de censura constitucional, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 151 de la ley 472 de 1992. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, se advierte que, al margen de lo que concluy\u00f3 el a quo constitucional, el resguardo resulta prematuro, por cuanto varios de los intervinientes en el juicio criticado, a trav\u00e9s de la proposici\u00f3n de excepciones, alegaron la anotada falta de jurisdicci\u00f3n, mecanismo que fundamentaron en supuestos f\u00e1cticos similares a los que sustentan este reclamo constitucional y que, por tanto, habr\u00e1n de ser objeto de pronunciamiento en la sentencia que dirima el proceso, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 23 de la citada ley. <\/p>\n
En efecto, la citada disposici\u00f3n establece que \u00ab[e]n la contestaci\u00f3n de la demanda s\u00f3lo podr\u00e1[n] proponerse las excepciones de m\u00e9rito y las previas de falta de jurisdicci\u00f3n y cosa juzgada, las cuales ser\u00e1n resueltas por el juez en la sentencia\u00bb (resaltado ajeno al texto). <\/p>\n
Por lo dem\u00e1s, dest\u00e1quese que de ser desestimada la citada excepci\u00f3n de \u00abfalta de jurisdicci\u00f3n\u00bb, en la sentencia que dirima el litigio, el promotor cuenta con la posibilidad de apelar dicho fallo, con miras a que dicho aspecto sea abordado por el superior del juzgado accionado (art\u00edculo 372, ley 472 de 1998). <\/p>\n
Lo anterior traduce que como el referido medio de defensa est\u00e1 en curso, el juzgador constitucional no puede anticiparse a las decisiones que son del resorte exclusivo del juez natural, ya que ello equivaldr\u00eda a invadir injustificadamente sus privativas funciones y competencia. <\/p>\n
Al respecto, reiteradamente ha sostenido la Sala que: <\/p>\n
\u2026 resulta palmaria la impertinencia del amparo deprecado, toda vez que el quejoso est\u00e1 haciendo uso de otro medio de defensa judicial y debe esperar que la autoridad cuestionada profiera la respectiva determinaci\u00f3n, en atenci\u00f3n a que no es admisible que el Juez de tutela se anticipe a una decisi\u00f3n que por competencia debe adoptar el juzgador natural; por tanto, el constitucional no puede invadir la competencia, despojando de las atribuciones asignadas v\u00e1lidamente al funcionario de conocimiento por el constituyente y el legislador, pues si fuera de otra manera, desconocer\u00eda el car\u00e1cter residual de esta senda y las normas de orden p\u00fablico, que son de obligatoria aplicaci\u00f3n, con la consiguiente alteraci\u00f3n de las reglas preestablecidas y el quebrantamiento de las prerrogativas de los intervinientes en tal causa\u00bb (CJS STC6999, 27 may. 2016, rad. 2016-00436-01). <\/p>\n
3. Lo anterior, resulta suficiente para confirmar el fallo de tutela de primera instancia, pero por lo aqu\u00ed expuesto. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 \u00abLa jurisdicci\u00f3n de lo Contencioso Administrativo conocer\u00e1 de los procesos que se susciten con ocasi\u00f3n del ejercicio de las Acciones Populares originadas en actos, acciones u omisiones de las entidades p\u00fablicas y de las personas privadas que desempe\u00f1en funciones administrativas, de conformidad con lo dispuesto en las disposiciones vigentes sobre la materia. (\u2026) En los dem\u00e1s casos, conocer\u00e1 la jurisdicci\u00f3n ordinaria civil\u00bb. <\/p>\n
2\u0002 \u00abEl recurso de apelaci\u00f3n proceder\u00e1 contra la sentencia que se dicte en primera instancia, en la forma y oportunidad se\u00f1alada en el C\u00f3digo de Procedimiento Civil, y deber\u00e1 ser resuelto dentro de los veinte (20) d\u00edas siguientes contados a partir de la radicaci\u00f3n del expediente en la Secretar\u00eda del Tribunal competente\u00bb. <\/p>\n
1 <\/p>\n
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