STC14464-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC14464-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-03757-00 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintisiete de octubre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintisiete (27) de octubre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela promovida por Fiduciaria Davivienda S.A. contra el Tribunal Superior del Distrito Judicial (Sala Civil-Familia) y, el Juzgado Quinto Civil del Circuito, ambos de Barranquilla. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. La convocante deprec\u00f3, mediante apoderado, el respeto de sus prerrogativas fundamentales al debido proceso y \u00abACCESO A LA ADMINISTRACI\u00d3N DE JUSTICIA\u00bb, presuntamente conculcadas por las dependencias jurisdiccionales repelidas. <\/p>\n
De modo concreto, que se ordene dejar sin ning\u00fan valor y efecto todo lo tramitado dentro del dossier reivindicatorio n.\u00b0 \u00ab2020-00104\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
2. El sustrato f\u00e1ctico relevante, es el que enseguida se devela: <\/p>\n
<\/p>\n
1. Ante el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Barranquilla se surti\u00f3 la demanda descrita a espacio, impulsada por la titular del resguardo contra la \u00abcomunidad de propietarios de Mequejo o Agua Viva\u00bb, inadmitida a trav\u00e9s de auto de 30 de septiembre de 2020, para que la primera allegara \u00abcertificado de existencia y representaci\u00f3n\u00bb de la \u00faltima. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Dicho libelo devino rechazado con interlocutorio de 21 de enero de la anualidad en curso, aparentemente por inapropiada subsanaci\u00f3n; pronunciamiento que hubo de ratificar el Tribunal Superior de la misma urbe (Sala Civil-Familia), en providencia calendada el 20 de agosto postrero, en sede de apelaci\u00f3n interpuesta por el extremo demandante1. <\/p>\n
<\/p>\n
3. La promotora critic\u00f3, en estricto compendio, que los dispensadores de justicia encartados desecharan su texto demandatorio, pues desconocieron que la \u00abcomunidad\u00bb enjuiciada s\u00ed puede concurrir a los procesos, aun cuando sea por conducto de su \u00abadministrador\u00bb, tal como lo prev\u00e9 la ley 95 de 1890 (art. 22) y respalda el precedente CSJ SC, 31 ag. 1955, a lo que a\u00f1adi\u00f3 que el juez de alzada invoc\u00f3 jurisprudencia inaplicable al caso (SC2415-2021). <\/p>\n
<\/p>\n
3. La Corte acab\u00f3 por avocar conocimiento del ruego supralegal, libr\u00f3 las comunicaciones de rigor y, adem\u00e1s, llam\u00f3 a rendir los informes de que trata el canon 19 del decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
LA INTERVENCI\u00d3N DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
El Juzgado Quinto Civil del Circuito de Barranquilla se opuso al \u00e9xito de la clama, por ausencia de vulneraci\u00f3n. A su turno, el Tribunal Superior de la misma urbe guard\u00f3 silencio. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, por los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar los escenarios comunes de defensa. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones jurisdiccionales, el resguardo cabe de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable anomal\u00eda, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 00183-01), y por antonomasia, se cumpla el mandato de inmediatez. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Advierte la Corte que el an\u00e1lisis, de cara a la resoluci\u00f3n a tomar en el sub examine, lo acaparar\u00e1 el auto proferido por el Tribunal requerido el 20 de agosto pasado, al ser el que en apelaci\u00f3n acab\u00f3 por definir el debate sobre el rechazo de la demanda reivindicatoria de la ahora quejosa. <\/p>\n
N\u00f3tese que, en lo estrictamente medular, all\u00ed se acot\u00f3: <\/p>\n
(\u2026)El art\u00edculo 53 del C\u00f3digo General del Proceso, determina quienes pueden ser parte en un proceso: <\/p>\n
\u2026Podr\u00e1n ser parte en un proceso: <\/p>\n
Las personas naturales y jur\u00eddicas. <\/p>\n
Los patrimonios aut\u00f3nomos. <\/p>\n
El concebido, para la defensa de sus derechos. <\/p>\n
Los dem\u00e1s que determine la ley. <\/p>\n
Lo primero es dejar claro el concepto de comunidad, que de acuerdo al art\u00edculo 2322 del C\u00f3digo Civil \u201cLa comunidad de una cosa universal o singular, entre dos o m\u00e1s personas, sin que ninguna de ellas haya contratado sociedad, o celebrado otra convenci\u00f3n relativa a la misma cosa, es una especie de cuasicontrato\u201d. <\/p>\n
De lo anterior se colige que la Comunidad no es un ente jur\u00eddico con autonom\u00eda ni con personer\u00eda jur\u00eddica, lo que, para la Corte Suprema de Justicia, no est\u00e1 facultada, por ejemplo, para ejercer derechos o contraer obligaciones con prescindencia de sus integrantes. <\/p>\n
Ahora bien, de acuerdo a las [s]entencias de la Sala [de Casaci\u00f3n] Civil\u2026, SC8410, 1\u00ba jul. 2014, rad. n.\u00ba 2005 -00304-01 y SC2415-2021, 13 de mayo. 2021, rad. n.\u00b0 2014-00097-01, sobre la comunidad: <\/p>\n
La suma de quienes la conforman la representan \u00absiendo esta la raz\u00f3n para que, salvo prueba en contrario, los actos del comunero se entiendan en pro de la comunidad y no de su exclusivo beneficio\u00bb. De tal manera que, \u00abde acuerdo con la naturaleza de la comunidad y con los textos legales, la posesi\u00f3n de cada copart\u00edcipe es com\u00fan y cada uno de ellos posee entonces en nombre de todos los condue\u00f1os\u00bb <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
Es presupuesto de la acci\u00f3n reivindicatoria, que el dominio del bien que se persigue este en cabeza de la parte demandante, y por el otro lado, el bien debe estar en poder de otra persona que ejerce actos posesorios. <\/p>\n
De tal manera, que el extremo pasivo en la acci\u00f3n reivindicatoria, debe estar conformado por quien tiene la capacidad jur\u00eddica de restituir la cosa que posee. <\/p>\n
En el caso concreto de la comunidad, quien ejerce la posesi\u00f3n no es la comunidad que se constituy\u00f3, sino que son sus comuneros quienes ejercen la posesi\u00f3n com\u00fan y proindiviso. <\/p>\n
Descendiendo al caso concreto, en la acci\u00f3n reivindicatoria que se inicia en contra de la COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DE MEQUEJO O AGUAS VIVAS, no se cumplen con los presupuestos (\u2026) establecidos en el art\u00edculo 53 del C\u00f3digo General del Proceso, porque la precitada comunidad no tiene personer\u00eda jur\u00eddica, por ende, no tiene capacidad para ser parte en el proceso. Los legitimados para integrar el extremo pasivo de la Litis son quienes ejercen la posesi\u00f3n del bien; es decir, los comuneros que integran la comunidad precitada son quienes tienen la capacidad para ser parte, pues es a ellos a quienes se le puede condenar a restituir la cosa que poseen\u2026 <\/p>\n
Prove\u00eddo que al margen de compartirse no subyace arbitrario, subjetivo o antojadizo, pues se supedit\u00f3 al ordenamiento, lo que descarta las trasgresiones aducidas, las cuales, por ende, no encuentran recibo en esta calzada excepcional de auxilio. <\/p>\n
Es que, en rigor, la accionante revela un mero desacuerdo en torno a la forma en que el Tribunal acusado confirm\u00f3, en apelaci\u00f3n, el rechazo de la demanda reivindicatoria por ella instaurada, al estimar, en s\u00edntesis, que la \u00abcomunidad\u00bb llamada a juicio \u00abno tiene capacidad para ser parte\u00bb por pasiva, sino directamente los presuntos \u00abcomuneros\u00bb, esto es, el conjunto de personas naturales que \u00abejercen la posesi\u00f3n [en] com\u00fan y proindiviso\u00bb sobre el inmueble en disputa. <\/p>\n
Tales planteamientos, entonces, es dif\u00edcil desaprobarlos de plano o calificarlos de absurdos o aviesos, \u00abm\u00e1xime si (\u2026) no resulta[n] contrari[os] a la raz\u00f3n, es decir, si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado\u2026, ya que (\u2026) se desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico(…) y [se] entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente\u00bb en la definici\u00f3n del \u00abconflicto de intereses\u00bb (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 01451; reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 01050). <\/p>\n
<\/p>\n
3. M\u00e1s all\u00e1 de las afirmaciones de la promotora acerca de la potestad del \u00abadministrador\u00bb de una \u00abcomunidad\u00bb, seg\u00fan las previsiones de la ley 95 de 1890, lo cierto es que el Tribunal confutado acab\u00f3 por desechar, en grado de alzada, la admisi\u00f3n de la demanda de reivindicaci\u00f3n, tras constatar que la capacidad para ser demandado en este tipo de procesos (reivindicatorio) recae en la(s) persona(s) que detenta(n) bajo posesi\u00f3n el bien en reyerta; aspecto que, ins\u00edstase, escapa al \u00e1mbito de la aversi\u00f3n y, en contraste, se muestra respetuoso de la normatividad. <\/p>\n
Total, tema averiguado es que divergir del fundamento de un pronunciamiento judicial no desemboca, a simple vista, en una vulneraci\u00f3n ostensible, si en cuenta se tiene que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 00088-01; y STC, 12 ag. 2013, rad. 00125-01; reiterada en STC18711, 10 nov. 2017). <\/p>\n
<\/p>\n
4. Ergo, se impone resolver adversamente. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, deniega el resguardo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y, de no impugnarse, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional, para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de la Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
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