STC14467-2021<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC14467-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 73001-22-13-000-2021-00295-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual del veintisiete de octubre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veintisiete (27) de octubre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
La Corte decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9 el 13 de septiembre de 2021, que deneg\u00f3 la acci\u00f3n de tutela promovida por A.G.R. contra el Juzgado Primero de Familia de la misma ciudad. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a las partes e intervinientes en el proceso de fijaci\u00f3n de cuota alimentaria del menor de edad K.A.G.H.1, de radicado 2009-00431. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales al debido proceso, libre locomoci\u00f3n, libre desarrollo de la personalidad y trabajo, presuntamente vulnerados por la autoridad Judicial cuestionada en el proceso referido. <\/p>\n
2. De conformidad con el escrito inicial y las probanzas que obran en el plenario, se observa la siguiente situaci\u00f3n f\u00e1ctica: <\/p>\n
2.1. El 25 de agosto de 2009, la demanda de fijaci\u00f3n de cuota alimentaria que D.P.H.M., en representaci\u00f3n de su hijo menor de edad, formul\u00f3 contra A.G.R. fue repartida al Juzgado Primero de Familia de Ibagu\u00e9 (fls. 1 a 11 \u2018RADICADO 2009 00431\u2019 pdf.) <\/p>\n
2.2. El 4 de septiembre de 2009, el Juzgado admiti\u00f3 la demanda y fij\u00f3 como cuota provisional de alimentos el 25% del salario y las primas devengadas por el demandado. <\/p>\n
En consecuencia, \u00abse ordena al pagador que corresponda, proceder a efectuar los descuentos en la oportunidad respectiva y consignar los dineros por tales conceptos\u2026\u00bb y \u00abComo garant\u00eda de la cuota de alimentos se decreta el embargo del VEINTICINO POR CIENTO (25%) de las Cesant\u00edas parciales o definitivas que le sean canceladas al demandado\u00bb; asimismo, prohibi\u00f3 la salida del pa\u00eds del accionado (fls. 1 a 11 \u2018RADICADO 2009 00431\u2019 pdf.). <\/p>\n
2.3. El 8 de septiembre de 2010, el Juzgado Primero de Familia de Ibagu\u00e9 dict\u00f3 sentencia, en la que resolvi\u00f3 \u00abOBLIGAR al se\u00f1or A.G.R. (\u2026) suministrar por concepto de alimentos a K.A., la suma equivalente al veinticinco por ciento (25%) de lo que legalmente compone su salario, prima semestral y navidad. Como garant\u00eda al 25% de las cesant\u00edas parciales o definitivas. Se ratifica la prohibici\u00f3n de salida al demandado\u00bb (fls. 55 a 68 \u2018RADICADO 2009 00431\u2019 pdf.). <\/p>\n
2.4. El 10 de febrero de 2021, el tutelante, a trav\u00e9s de apoderada, solicit\u00f3 el levantamiento de todas las medidas cautelares decretadas en el proceso, toda vez que ya se encontraba terminado (fls. 116 y 117 \u2018RADICADO 2009 00431\u2019 pdf.). <\/p>\n
2.5. El 4 de marzo de 2021, el Juzgado consider\u00f3 que \u00abno se acredita paz y salvo o cumplimiento de la obligaci\u00f3n alimentaria por la parte demandada se\u00f1or A.G.R., de otro lado se le informa que a efectos de la exoneraci\u00f3n de la cuota alimentaria que pretende, debe acudir al debido proceso (art. 390 del C.G.P) acreditando el intento de conciliaci\u00f3n como requisito de procedibilidad\u00bb (fl. 119 \u2018RADICADO 2009 00431\u2019 pdf.). <\/p>\n
La anterior providencia fue recurrida por el demandado, pero el Juzgado mantuvo inc\u00f3lume su decisi\u00f3n, mediante auto del 29 de junio de 2021 (fls. 120 y 133 \u2018RADICADO 2009 00431\u2019 pdf.). <\/p>\n
3. El quejoso asegur\u00f3 que responde econ\u00f3micamente por sus otros 2 hijos menores de edad y \u00abde acuerdo a lo pactado si se hace reducci\u00f3n del 25% de mi salario y se asigna a cada menor un porcentaje igual por sus necesidades alimentarias, el resultado ser\u00eda el embargo del 75% de mi salario. El anterior porcentaje est\u00e1 prohibido por norma sustancial del C\u00f3digo sustantivo del Trabajo que indica que solo es posible embargos en un 50% a favor para cubrir pensiones alimentarias\u00bb. <\/p>\n
Afirm\u00f3 que \u00abmantener unas medidas cautelares vigente (sic), como lo es la prohibici\u00f3n de salida del pa\u00eds, dentro de un proceso declarativo, sin ning\u00fan indicio, prueba o motivaci\u00f3n suficiente, es superfluo (\u2026) y as\u00ed mismo la intenci\u00f3n del proceso es crear precisamente el valor de esa deuda y por otros medios judiciales, como el ejecutivo, hacer que esa deuda se cumpla si hay mora\u00bb. <\/p>\n
4. Conforme a lo relatado, solicit\u00f3 que se ordene al estrado judicial demandado dejar sin efectos el auto del 29 de junio de 2021 y levantar las medidas cautelares de embargo y de prohibici\u00f3n de salida del pa\u00eds que recaen en su contra. <\/p>\n
<\/p>\n
II. LA RESPUESTA DEL ACCIONADO <\/p>\n
Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Procurador Judicial de Familia de Ibagu\u00e9 consider\u00f3 que \u00abla decisi\u00f3n confutada no es arbitraria, ni caprichosa, ni causa un perjuicio irremediable; am\u00e9n tampoco vulnera los derechos fundamentales del menor de edad, pues se busca garantizar sus mesadas alimentarias\u00bb. <\/p>\n
2. El Juzgado Primero de Familia de Ibagu\u00e9 remiti\u00f3 el enlace del expediente digitalizado e indic\u00f3 que \u00abesta acci\u00f3n se estima temeraria porque sin motivo expresamente justificado, pretende el accionante los mismos objetivos perseguidos en la acci\u00f3n de tutela tramitada y fallada (\u2026) bajo el radicado (\u2026) 2021-00209-00\u00bb2. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a-quo constitucional neg\u00f3 el amparo, por cuanto \u00abesta consideraci\u00f3n no resulta arbitraria ni apartada de la normatividad que regula la materia, teniendo en cuenta fundamentalmente que contrario a lo afirmado por el tutelante en su escrito, el soporte jur\u00eddico de la decisi\u00f3n sigui\u00f3 los lineamientos legales establecidos tanto en el art\u00edculo 129 del C\u00f3digo de la Infancia y la Adolescencia como 397 del CGP, concluyendo que no se encuentra garantizado el cumplimiento de la obligaci\u00f3n alimentaria, raz\u00f3n suficiente para no acceder a la petici\u00f3n de levantamiento de las cautelas decretadas al interior del juicio alimentario\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 el promotor, quien insisti\u00f3 en los argumentos que sirvieron de base fundacional a la acci\u00f3n de tutela e indic\u00f3 que, \u00abde la lectura e interpretaci\u00f3n clara del art\u00edculo 129, todo este art\u00edculo se debe examinar de forma \u00edntegra y que el acto que desencadena todo es solo el hecho de que el OBLIGADO INCUMPLA DENTRO DE LOS DIEZ D\u00cdAS HABILES SIGUIENTES. M\u00e1s no hay una interpretaci\u00f3n diferente si no hay incumplimiento, como en el caso en concreto, se puede ejercer una medida coercitiva\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el caso bajo estudio, el gestor cuestiona la decisi\u00f3n proferida por la autoridad accionada el 29 de junio de 2021, que confirm\u00f3 la del 4 de marzo de ese mismo a\u00f1o, a trav\u00e9s de la cual se neg\u00f3 la solicitud de levantamiento de medidas cautelares decretadas en el tr\u00e1mite del proceso de alimentos. <\/p>\n
2. En el decurso procesal se observa que, el 29 de junio de 2021, el Juzgado accionado, al resolver el recurso de reposici\u00f3n contra el auto del 4 de marzo de ese mismo a\u00f1o, que neg\u00f3 la solicitud de levantamiento de las medidas cautelares decretadas, sostuvo que el art\u00edculo invocado por el solicitante, esto es, el 597 del C\u00f3digo General del Proceso, \u00abno aplica en el presente evento por las razones que pasa a indicarse (\u2026) En el presente caso, los alimentos a cargo del se\u00f1or A.G.R. y a favor de su hijo (\u2026) se encuentran impuestos mediante sentencia de fecha 8 de septiembre de 2010, y como se puede verificar desde la fecha de la sentencia al d\u00eda de hoy, no existe manifestaci\u00f3n concertada por las partes, decisi\u00f3n administrativa o judicial modificando ni exonerando el pago de la cuota alimentaria, prima semestral, navidad y cesant\u00edas, como tampoco acerca del levantamiento de las medidas cautelares sobre los haberes del alimentante y la personal de ausentarse del pa\u00eds sin dejar garant\u00eda suficiente que respalde sus compromisos alimentarios, conforme lo dispuesto en el inciso 6 art\u00edculo 129 C\u00f3digo de la Infancia y Adolescencia, por lo que no encuentra asidero jur\u00eddico alguno los presupuestos y a que alude el recurrente, en cuanto a que por el simple hecho de encontrarse terminado y archivado el proceso, procede el levantamiento de las medidas adoptadas en garant\u00eda del cumplimiento de la obligaci\u00f3n alimentaria\u00bb. <\/p>\n
De igual manera, asegur\u00f3 que \u00abla obligaci\u00f3n alimentaria a favor de hijos menores de edad acorde con la doctrina constitucional se extiende hasta los 25 a\u00f1os de edad – sentencia T-192 de 2008, m\u00e1xime cuando en la actualidad el acreedor alimentario (\u2026) cuenta con apenas 13 a\u00f1os de edad, y que para la exoneraci\u00f3n de alimentos y el levantamiento de las medidas debe acudirse en debido proceso, agotando el requisito de procedibilidad para acudir a la jurisdicci\u00f3n, tal como se indic\u00f3 el auto de fecha 4 de marzo de 2021\u00bb. <\/p>\n
3. De lo transcrito se sigue que la determinaci\u00f3n cuestionada no puede entenderse como irrazonable, dado que fue proferida despu\u00e9s una valoraci\u00f3n sensata de las pruebas y la normatividad que gobierna el asunto en torno al tema debatido. <\/p>\n
3.1. En efecto, en un caso con algunas similitudes, esta Sala manifest\u00f3 que: <\/p>\n
\u00abno es cierto como lo esgrime el interesado que la \u2018medida de prohibici\u00f3n de salida del pa\u00eds\u2019 s\u00f3lo sea factible en los \u2018ejecutivos por alimentos\u2019, pues es claro que adem\u00e1s procede en los \u2018declarativos\u2019 que se impulsan para fijarlos. <\/p>\n
Mem\u00f3rese que \u2018[l]a presentaci\u00f3n de la \u00abdemanda de alimentos\u00bb implica deducir, en principio, que dicha prestaci\u00f3n econ\u00f3mica ya se debe \u00abdesde la primera demanda\u00bb, seg\u00fan lo contempla el canon 421 del C\u00f3digo Civil, \u00aby se pagar\u00e1 por mesadas anticipadas\u00bb (STC1232-2018), de donde se infiere, que en los juicios de \u2018fijaci\u00f3n de cuota alimentaria\u2019 el juez est\u00e9 facultado para imponer la aludida restricci\u00f3n a fin de garantizar la satisfacci\u00f3n de la \u2018obligaci\u00f3n adeudada\u2019, cuando m\u00e1s si desde el inicio de la lid aqu\u00e9l, si no la hay, debe establecer la \u2018cuota provisional\u2019 que el convocado suministrar\u00e1 mientras se determina la definitiva mediante sentencia o acuerdo entre las partes\u00bb (CSJ STC3483-2020, 20 may. 2020, rad. 2020-00017-01). <\/p>\n
De otro lado, la Sala ha establecido que: <\/p>\n
\u00abla razonabilidad de la resoluci\u00f3n confutada, obedece a la hermen\u00e9utica de la normativa aplicable (art\u00edculo 129 del C\u00f3digo de la infancia y la Adolescencia \u2013 Ley 1098 de 2009), que faculta al juez para \u2018adoptar las medidas necesarias para que el demandado cumpla con lo dispuesto\u2019 en la providencia que fija alimentos, y a la observancia de la primac\u00eda de los derechos fundamentales de los ni\u00f1os y adolescentes conforme a los art\u00edculos 44 y 45 de la Carta Magna. <\/p>\n
Tambi\u00e9n, porque en relaci\u00f3n con la prohibici\u00f3n de salida del pa\u00eds en los procesos alimentarios donde se involucran menores de edad, la medida emerge del inciso 6\u00b0 del art\u00edculo 129 del C\u00f3digo de la Infancia y la Adolescencia, y se deriva del derogado canon 148 del Decreto 2737 de 1989, en cuyo estudio de constitucionalidad se dijo que \u2018no tiene un fin sancionatorio sino cautelar\u2019 (C-1064\/00), sino de evitar que el obligado evada su responsabilidad, frente a lo cual esta Corte ha sostenido que \u2018contiene una restricci\u00f3n justificada al derecho de locomoci\u00f3n de los obligados a suministrar alimentos, desde la perspectiva de la prevalencia del inter\u00e9s superior de los ni\u00f1os consagrada en el art\u00edculo 44 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica\u2019 (CSJ STC, 8 MAY. 2014, RAD. 00113-01\u00bb (CSJ STC5462-2021, 14 may. 2021, rad. 2021-00064-01). <\/p>\n
3.2. En definitiva, lo que se observa en el sub judice es una disparidad de criterios entre lo considerado por el operador judicial accionado -en desarrollo del ejercicio normal de las facultades y amparada en los principios de autonom\u00eda e independencia judicial- y lo planteado por el solicitante, por tanto, el juez constitucional no es el llamado a dirimir la controversia, a modo de autoridad de instancia, arrog\u00e1ndose competencias que no le corresponden. <\/p>\n
En ese sentido, esta Corporaci\u00f3n ha esgrimido, de un lado, que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia. Y, de otro, que la adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (STC 28. mar. 2012, Rad. 00022-01, reiterada recientemente en STC3968-2021. 16 abr, rad. 2021-00239-02). <\/p>\n
4. En cuanto al monto de la cuota alimentaria y las obligaciones que, por el mismo concepto, dice tener el actor con sus otros hijos menores de edad, es pertinente se\u00f1alar que para el efecto cuenta con la posibilidad de solicitar la disminuci\u00f3n de alimentos, a trav\u00e9s del procedimiento respectivo, dado que no es el juez de tutela el llamado a definir dicho aspecto. <\/p>\n
5. Por lo razonado en precedencia, se ratificar\u00e1 el fallo impugnado. <\/p>\n
<\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por mandato de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese esta providencia a los interesados en la forma prevista por el art\u00edculo 30 del decreto 2591 de 1991. Oportunamente, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 En virtud del Acuerdo 034 de 16 de diciembre de 2020, emitido por la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, y como medida de protecci\u00f3n a la intimidad de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, se profieren dos versiones de esta providencia con id\u00e9ntico tenor, una reemplazando los nombres y datos e informaciones (familiares), para efectos de publicaci\u00f3n, y otra con la informaci\u00f3n real y completa de las partes, para la correspondiente notificaci\u00f3n. <\/p>\n
2\u0002 La tutela a la que alude el Juzgado fue instaurada para que se ordenara a dicha autoridad judicial dar tr\u00e1mite al recurso de reposici\u00f3n que el ac\u00e1 actor interpuso contra el auto del 4 de marzo de 2021. <\/p>\n
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