AC5102-2021 (2007-00629-01)<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
AC5102-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-31-03-041-2007-00629-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintisiete de octubre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., dieciocho (18) de noviembre de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Se pronuncia la Corte sobre la admisibilidad de la demanda presentada por Radio Taxi Aeropuerto S.A. para sustentar el recurso de casaci\u00f3n que interpuso frente a la sentencia de 10 de noviembre de 2020, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 dentro del proceso declarativo promovido por Juan Carlos Ramos Buitrago contra Horacio No\u00e9 Abril Corredor, Juan Carlos S\u00e1nchez Alarc\u00f3n, Seguros C\u00f3ndor S.A. y la aqu\u00ed impugnante. <\/p>\n
I. EL LITIGIO <\/p>\n
A. La pretensi\u00f3n <\/p>\n
El proceso se inici\u00f3 con demanda en la que el actor pidi\u00f3 se declarara que los demandados incumplieron el \u00abcontrato de transporte\u00bb a causa del accidente automovil\u00edstico en el que result\u00f3 gravemente herido. En consecuencia, reclam\u00f3 se declaren civil y contractualmente responsables y condenados a pagarle solidariamente los perjuicios materiales [Folios 30 a 38, Archivo Digital: Cd. 1 T1], que seg\u00fan la reforma al libelo inaugural aceptada por el a quo el 29 de noviembre de 2011, se delimitaron as\u00ed: (i) \u00ab$127\u2019285.471.oo\u00bb por \u00ablucro cesante pasado, incluidos los intereses puros y lucrativos\u00bb; (ii) \u00ab$303\u2019648.193.oo\u00bb a t\u00edtulo de \u00ablucro cesante futuro, previa deducci\u00f3n del costo financiero del 6% anual, liquidado con base en el \u00edndice de precios al consumidor\u00bb; (iii) cien (100) SMLMV por \u00abda\u00f1os morales\u00bb; (iv) mil (1.000) SMLMV por concepto de \u00abda\u00f1os a la salud\u00bb; y (v) mil (1.000) SMLMV por \u00abda\u00f1os a la vida de relaci\u00f3n\u00bb. Tambi\u00e9n rog\u00f3 los \u00abintereses legales (Art. 1617 del C.C.)\u00bb y la indexaci\u00f3n de aquellas sumas. Subsidiariamente, demand\u00f3 \u00abse reconozcan los da\u00f1os Materiales y Morales, que resulten demostrados y tasados pericialmente\u00bb. [Folios 300 a 318, \u00cddem]. <\/p>\n
B. Los hechos <\/p>\n
1. El 18 de marzo de 2006, el actor abord\u00f3 como pasajero el taxi de placas VDA-266, de pronto, a eso de las 2:40 a.m., cuando se movilizaba por la \u00abAvenida Carrera 68 con Calle 53\u00bb de esta capital, dicho veh\u00edculo colision\u00f3 con otro automotor de servicio p\u00fablico de placas SIH-322, provoc\u00e1ndole al gestor graves lesiones en su cuerpo, equivalentes a una p\u00e9rdida de la capacidad laboral del \u00ab70.05%\u00bb, conforme al dictamen emitido por el \u00abequipo interdisciplinario de calificaci\u00f3n de invalidez de la compa\u00f1\u00eda Seguros Bol\u00edvar\u00bb. <\/p>\n
2. Para el momento del siniestro, el convocante contaba con \u00ab25 a\u00f1os de edad\u00bb, con una expectativa probable de vida de \u00ab55.1 a\u00f1os, m\u00e1s\u00bb, gozaba de un \u00abexcelente estado de salud\u00bb, de profesi\u00f3n \u00abingeniero de telecomunicaciones\u00bb, ten\u00eda una buena \u00abproyecci\u00f3n intelectual y profesional\u00bb y laboraba en la empresa \u00abNases Nacional de Servicios Ltda.\u00bb, devengando un salario mensual de \u00ab$1\u2019311.366.oo\u00bb. <\/p>\n
3. Como resultado de las secuelas de aquel percance, el interesado perdi\u00f3 su trabajo y en la actualidad est\u00e1 \u00abviviendo de la caridad de su familia y amigos\u00bb, am\u00e9n de que no puede disfrutar de los \u00abplaceres de la vida\u00bb y de valerse \u00abpor s\u00ed mismo\u00bb, por los da\u00f1os a la \u00abintegridad f\u00edsica, est\u00e9ticos, biol\u00f3gicos, a la persona, a la salud (\u2026) sexuales, al agrado, al proyecto de vida [y] al goce de vivir\u00bb, a causa de la situaci\u00f3n infausta padecida. <\/p>\n
4. El accidente en cuesti\u00f3n tuvo origen en la culpa de Juan Carlos S\u00e1nchez Alarc\u00f3n, conductor del taxi de placas VDA-266, quien transitaba en estado \u00abDos (2) de embriaguez\u00bb, por ende, Radio Taxi Aeropuerto S.A. como afiliadora, Horacio No\u00e9 Abril Corredor en su condici\u00f3n de propietario del mencionado rodante, el chofer mismo y la aseguradora demandada, deben responder por los perjuicios ocasionados. <\/p>\n
C. El tr\u00e1mite de las instancias <\/p>\n
<\/p>\n
2. Al contestar la demanda, Horacio No\u00e9 Abril Corredor se opuso a las pretensiones de la demanda acept\u00f3 algunos hechos, neg\u00f3 otros y de los dem\u00e1s pidi\u00f3 la prueba, destacando que Isaac Cadena, piloto del veh\u00edculo de placas SIH-322, fue el causante el accidente; propuso adem\u00e1s las excepciones que denomin\u00f3 \u00abausencia de responsabilidad y nexo causal [y] hecho de un tercero\u00bb. Adicionalmente, solicit\u00f3 llamar en garant\u00eda a Seguros C\u00f3ndor S.A. [Folios 54 a 60, \u00cddem]. <\/p>\n
3. A su turno, Radio Taxi Aeropuerto S.A. oponi\u00e9ndose tambi\u00e9n a las aspiraciones, hizo \u00e9nfasis en que no debe indemnizar a la v\u00edctima, pues no existe relaci\u00f3n de subordinaci\u00f3n alguna con el conductor demandado, mucho menos vigilaba la actividad que \u00e9ste desarrollaba, ya que se movilizaba sin la \u00abtarjeta de control\u00bb exigida por las normas de tr\u00e1nsito y transporte p\u00fablico. Invoc\u00f3, como excepciones de m\u00e9rito las que llam\u00f3 \u00abno recaer en cabeza de la sociedad demandada las calidades m\u00ednimas que exige la ley sustancial para que esta sea tenida como tercero civilmente responsable [y] sobre el cobro de perjuicios\u00bb. [Folios 100 a 109, \u00cddem]. <\/p>\n
4. En auto de 19 de junio de 2009 se orden\u00f3 la vinculaci\u00f3n de Isaac Cadena Grandas y Nelson Veloza Rivera, conductor y propietario, respectivamente, del otro carro involucrado en el percance origen del pleito, quienes fueron notificados por emplazamiento y se les design\u00f3 curador ad-litem, mismo que, al contestar el libelo manifest\u00f3 no aceptar ni negar los hechos y pedimentos del accionante. [Folios 167, 264 y 265, Ib\u00eddem]. <\/p>\n
5. Juan Carlos S\u00e1nchez Alarc\u00f3n pese a que fue enterado del tr\u00e1mite, guard\u00f3 silencio. <\/p>\n
6. En providencia de 19 de enero de 2010 se tuvo por extempor\u00e1neos los medios exceptivos formulados por Seguros C\u00f3ndor S.A. <\/p>\n
7. El 29 de noviembre de 2011, el a-quo acept\u00f3 la reforma al escrito inaugural, el cual se modific\u00f3 la reclamaci\u00f3n condenatoria por perjuicios. [Folios 300 a 318, \u00cddem]. <\/p>\n
8. En respuesta a la anterior enmienda, Radio Taxi Aeropuerto S.A., plante\u00f3 las defensas de fondo de \u00abfalta del necesario sustento normativo, de la correcta interpretaci\u00f3n y aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 2356 del c\u00f3digo Civil, la sociedad demandada est\u00e1 liberada de responsabilidad conforme a las normas positivas pertinentes, no se aporta el sustento probatorio indispensable para comprometer la responsabilidad de Radio Taxi Aeropuerto S.A., existencia de un contrato que exime de responsabilidad a Radio Taxi Aeropuerto S.A. [y] cobro de lo no debido\u00bb. [Folios 322 a 334, Ib\u00eddem]. <\/p>\n
9. En decisi\u00f3n de 27 de febrero de 2013 se acept\u00f3 el desistimiento de la \u00abacci\u00f3n directa\u00bb instaurada por el gestor frente a Seguros C\u00f3ndor S.A., as\u00ed que se tuvo por vinculada a esta \u00faltima s\u00f3lo en calidad de llamada en garant\u00eda. [Folio 432 \u00cddem]. <\/p>\n
10. En sentencia de 28 de noviembre de 2019 el juzgador de primer grado accedi\u00f3 a las s\u00faplicas del peticionario, en consecuencia, declar\u00f3 que Juan Carlos S\u00e1nchez Alarc\u00f3n, Radio Taxi Aeropuerto S.A. y Horacio No\u00e9 Abril Corredor eran \u00absolidariamente responsables\u00bb de los perjuicios ocasionados al demandante con ocasi\u00f3n del accidente de tr\u00e1nsito ocurrido el 18 de marzo de 2006, en consecuencia, los conden\u00f3 al pago de: (i) \u00ab$571\u2019289.617.77\u00bb por \u00ablucro cesante\u00bb; (ii) \u00ab$24\u2019843.480.oo\u00bb por \u00abda\u00f1o a la vida de relaci\u00f3n\u00bb; y (iii) \u00ab$24\u2019843.480.oo\u00bb a t\u00edtulo de \u00abperjuicio moral\u00bb. <\/p>\n
De otro lado, desestim\u00f3 el llamamiento en garant\u00eda, toda vez que el demandado Horacio No\u00e9 Abril Corredor omiti\u00f3 acreditar el \u00abcontrato de seguro\u00bb supuestamente, celebrado con Seguros C\u00f3ndor S.A. y que amparaba el siniestro demandado. [Folios 1297 a 1322, Archivo Digital: Cd. 1 T3]. <\/p>\n
11. El actor y la enjuiciada Radio Taxi Aeropuerto S.A. apelaron la anterior determinaci\u00f3n y en fallo de 10 de noviembre de 2020 el Tribunal la confirm\u00f3, reform\u00e1ndola en lo relativo al monto de los perjuicios deducidos y declarando de oficio la falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva respecto del demandado Juan Carlos S\u00e1nchez Alarc\u00f3n. [Folios 65 a 95, Archivo Digital: Cuaderno Siete Segunda Instancia]. <\/p>\n
D. La sentencia impugnada <\/p>\n
1. De entrada, el fallador delimit\u00f3 los hechos de la contienda, para lo cual se\u00f1al\u00f3 que el accidente de tr\u00e1nsito sucedi\u00f3 a eso de las 2:40 a.m. del 18 de marzo de 2006, cuando el reclamante en compa\u00f1\u00eda de otras personas m\u00e1s, con quienes se encontraba \u00abconsumiendo bebidas alcoh\u00f3licas\u00bb, en un establecimiento de comercio cercano al \u00abAlmac\u00e9n \u00c9xito de la Avenida Carrera 68 con Calle 80\u00bb de esta capital, tomaron el \u00abveh\u00edculo taxi marca Hyundai, Atos Prime GL, modelo 2004, placas VDA 266, de propiedad de demandado Horacio No\u00e9 Abril Corredor, vinculado a la empresa Radio Taxi Aeropuerto y conducido por el otro demandado, Juan Carlos S\u00e1nchez Alarc\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Aconteci\u00f3, entonces, que al dirigirse hacia el sur por la \u00abAvenida Calle (sic) 68\u00bb, a la altura de la \u00abcalle 53\u00bb, el mencionado conductor, quien piloteaba en estado de embriaguez, hizo caso omiso al \u00absem\u00e1foro en rojo que lo obligaba detenerse\u00bb y a causa de ello \u00abtermin\u00f3 colisionando fuertemente con el automotor de placas SIH 332, tambi\u00e9n de servicio p\u00fablico, que hac\u00eda uso adecuado de la luz verde cuando se desplazaba por la Calle 53 direcci\u00f3n oriente-occidente\u00bb. En el percance resultaron afectados tres ocupantes del taxi, pero el de mayor gravedad fue el demandante, \u00abcuyo estado de postraci\u00f3n, hoy por hoy, es algo pac\u00edfico en el proceso\u00bb. <\/p>\n
2. Con miras en lo antedicho, dej\u00f3 sentado el Tribunal que, a diferencia de lo entendido por el juez de primer grado, las pretensiones del litigio estaban dirigidas a reclamar la \u00abindemnizaci\u00f3n de perjuicios de orden patrimonial y extrapatrimonial\u00bb, como resultado del incumplimiento del contrato de transporte, concretamente, de la obligaci\u00f3n del transportista en garantizar la integridad f\u00edsica del pasajero \u00abdesde el instante en que abord\u00f3 el veh\u00edculo y el conductor dispuso las maniobras para conducirlo al destino indicado\u00bb, conforme lo establece el numeral 2\u00b0 del art\u00edculo 982 del C\u00f3digo de Comercio. <\/p>\n
<\/p>\n
3. De manera que, el Tribunal consciente de lo fundamental que era establecer la modalidad de la responsabilidad reclamada, bien la aquiliana ora la derivada de un acuerdo de voluntades, habl\u00f3 prolijamente acerca de las caracter\u00edsticas y diferencias de cada una de \u00e9stas, no m\u00e1s para desembocar en que la indemnizaci\u00f3n pretendida en el juicio tuvo origen en la insatisfacci\u00f3n de las prestaciones del convenio de transporte. <\/p>\n
<\/p>\n
3. A regl\u00f3n seguido, analiz\u00f3 si en el sub-lite hac\u00edan presencia los elementos de la responsabilidad contractual a voces de lo establecido en el art\u00edculo 991 del C\u00f3digo de Comercio y a ese respecto coligi\u00f3 que, en primer lugar, se acredit\u00f3 la propiedad del coche \u00abcon que se ejecutaba el transporte\u00bb en cabeza de Horacio No\u00e9 Abril Corredor, cual se desprende del \u00abcertificado de tradici\u00f3n\u00bb arrimado al litigio; y, en segundo t\u00e9rmino, tuvo por \u00abdemostrada cabalmente\u00bb la afiliaci\u00f3n del automotor a la convocada Radio Taxi Aeropuerto S.A., \u00abcomo bien se comprueba con la copia aut\u00e9ntica del documento de vinculaci\u00f3n (\u2026) y la certificaci\u00f3n que (\u2026) trajo a los autos el demandante\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Dio pas\u00f3 as\u00ed, al examen de los reparos elevados por la empresa apelante, comenzando por el atinente a que la \u00abadministraci\u00f3n, control, vigilancia y usufructo estaban exclusivamente en cabeza del propietario\u00bb y no en aquella, de ah\u00ed que, no ten\u00eda el deber de reparar en el \u00e1mbito contractual. Sobre este \u00edtem, el juez plural, vali\u00e9ndose de la jurisprudencia de esta Corte y en contrav\u00eda de lo dicho por un autor patrio citado por la inconforme, estim\u00f3 que aun cuando \u00e9sta no hizo parte del contrato, estaba llamada a responder en su condici\u00f3n de \u00abguardi\u00e1n de la cosa o de la actividad peligrosa que produjo el da\u00f1o\u00bb, pues esa era la inteligencia que emanaba del canon 991 ej\u00fasdem. <\/p>\n
Record\u00f3 que en ocasi\u00f3n pasada, \u00aben el proceso que instauraron el padre, la madre y la hermana del se\u00f1or Ramos Buitrago deduciendo perjuicios propios del jaez extracontractual por el da\u00f1o padecido por el pasajero\u00bb, el Tribunal consider\u00f3 que, no obstante los esfuerzos de la compa\u00f1\u00eda afiliadora por dejar en evidencia que el propietario ejerc\u00eda de modo exclusivo la funci\u00f3n de administrar el carro y sacar provecho de su uso, as\u00ed como el poder de control y disposici\u00f3n del mismo, seg\u00fan el clausulado del pacto de afiliaci\u00f3n, aquella deb\u00eda \u00abvelar y vigilar por que el veh\u00edculo vinculado porte la documentaci\u00f3n necesaria para la prestaci\u00f3n del servicio y de igual forma que est\u00e9 en buenas condiciones t\u00e9cnicas y mec\u00e1nicas\u00bb, adem\u00e1s de \u00abcomparecer \u2018ante las autoridades administrativas civiles y penales por todo tipo de demandas o acciones judiciales que se deriven de la prestaci\u00f3n del servicio, ya sea por actos propios o de sus conductores o de cualquier persona que tenga ocasionalmente el veh\u00edculo bajo su cuidado\u00bb y de \u00abpagar todo perjuicio que pudieran causar aquellos a terceros\u00bb. <\/p>\n
Tambi\u00e9n memor\u00f3 que en aquel asunto, el fallador se hab\u00eda detenido en el an\u00e1lisis del \u00abliteral k) de la cl\u00e1usula 6\u00aa\u00bb del acuerdo de afiliaci\u00f3n, del cual en ese momento infiri\u00f3 la \u00abobligaci\u00f3n y responsabilidad de la empresa\u00bb, se\u00f1alando que si bien en ejercicio del libre albedr\u00edo los negociantes pactaron dejar el mando del automotor en manos del due\u00f1o, lo cierto es que de conformidad con el \u00abDecreto 172 de 2001\u00bb, exist\u00eda una \u00absubordinaci\u00f3n, control y direcci\u00f3n de los veh\u00edculos afiliados\u00bb por parte de la compa\u00f1\u00eda afiliadora, en cuya virtud, se compromet\u00eda a tramitar la \u00abtarjeta de operaci\u00f3n\u00bb ante los funcionarios del tr\u00e1nsito, examinar el estado mec\u00e1nico de los autos afiliados y chequear la idoneidad profesional de los conductores, de ah\u00ed que, emergiera la responsabilidad en cabeza de aquella. <\/p>\n
En esas condiciones, aunque en dicho pleito se persigui\u00f3 la reparaci\u00f3n extracontractual de los da\u00f1os irrogados a la familia del aqu\u00ed actor, hay una poderosa verdad, y es que all\u00ed quedaron definidos los alcances del convenio de afiliaci\u00f3n, de tal suerte que, \u00abpor obvias razones, si fuera posible entrar todav\u00eda en una discusi\u00f3n con esas aristas, algo inocuo si se tiene en cuenta que la doctrina jurisprudencial (\u2026) ha fijado una postura acerca del entendimiento de la regla del art\u00edculo 991 en cita, de todas maneras tendr\u00edase que ni aun apelando a dicho contrato de vinculaci\u00f3n ser\u00eda factible predicar ausencia de responsabilidad en la empresa de taxis, mucho menos a sabiendas de que, de sostener lo contrario, as\u00ed para la recurrente ese antecedente se muestre nefasto, debe imponerse tambi\u00e9n en este proceso\u00bb. <\/p>\n
6. A vuelta de lo dicho, pas\u00f3 a ocuparse de la segunda queja invocada por la sociedad apelante, ata\u00f1edera a la existencia de concurrencia de culpas en la producci\u00f3n del da\u00f1o, fundada en que la v\u00edctima abord\u00f3 el taxi \u00absin tomar precauciones para evitar un riesgo\u00bb, como la falta de uso del cintur\u00f3n de seguridad, el hecho de que se encontraba en estado de alicoramiento y el sobrecupo de viajeros, cual se verifica de la \u00abhistoria cl\u00ednica\u00bb y del \u00abinforme elaborado por la m\u00e9dica especialista en psiquiatr\u00eda del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses\u00bb. <\/p>\n
Pero, se cuestion\u00f3 el Tribunal, si esa inocultable verdad develada por dichas probanzas era suficiente para destronar la negligencia del conductor demandado, quien en situaci\u00f3n de ebriedad pilote\u00f3 un carro, irrespet\u00f3 un \u00absem\u00e1foro en rojo\u00bb y ante la justicia penal acept\u00f3 los cargos imputados a \u00e9l por lesiones personales culposas. Y la respuesta fue negativa, pues aun cuando convergi\u00f3 lo acontecido con el pasajero y la desidia del chofer, en trat\u00e1ndose de la responsabilidad originada en el contrato de transporte, los art\u00edculos 992 y 1003 (n\u00fam. 3\u00ba) de la ley mercantil eximen al transportador \u00abdemostrando la ocurrencia de que eso que el Decreto 01 de 1990 denomin\u00f3 causa extra\u00f1a\u00bb, excepci\u00f3n que emana de la \u00abnaturaleza de las prestaciones que genera este tipo contractual, de resultado, como bien lo acent\u00faa la doctrina\u00bb. <\/p>\n
Quiere ello decir, que es el viajero quien debe cargar con toda la culpa, \u00abno que, en el evento de una culpa suya, puedan hacerse esas ponderaciones que reclama el recurso\u00bb, ya que si bien ese tipo de situaciones suelen valorarse bajo el tamiz de la responsabilidad aquiliana, en el evento de la originada en un acuerdo de voluntades \u00abno tiene ingreso, menos, por supuesto, en una hip\u00f3tesis donde la culpa del transportador resulta abrumadora\u00bb, o \u00ab\u00bfqu\u00e9 decir del grado de alcoholemia que ten\u00eda el conductor del automotor en que se prestaba el servicio? O de la infracci\u00f3n de tr\u00e1nsito que cometi\u00f3, transgrediendo una norma de seguridad cuyo respeto es lo m\u00ednimo que se le puede exigir a alguien que se desplaza en un veh\u00edculo automotor por una v\u00eda p\u00fablica de una ciudad?\u00bb, se pregunt\u00f3 el juez plural. <\/p>\n
Siendo as\u00ed, para el juzgador de segundo grado, no hab\u00eda duda alguna sobre la responsabilidad contractual de la compa\u00f1\u00eda impugnante. <\/p>\n
7. A continuaci\u00f3n, acometi\u00f3 el estudio de la otra protesta de la sociedad apelante, relacionada con la absoluci\u00f3n de la Aseguradora llamada en garant\u00eda, la que opina errada, pues \u00abno puede dejar a la deriva los derechos de quien acudi\u00f3 a esa figura para convocarlo al proceso\u00bb. <\/p>\n
Al respecto, memor\u00f3 el Tribunal que el actor desisti\u00f3 de las aspiraciones elevadas contra Seguros C\u00f3ndor S.A., de ah\u00ed la inconformidad de la compa\u00f1\u00eda de taxis convocada. Cay\u00f3 en la cuenta, adem\u00e1s, de que en el pasado similar alegaci\u00f3n fue invocada en sede de segunda instancia, pero en auto de 7 de junio de 2013, se deneg\u00f3 porque al tratarse de la acci\u00f3n directa contemplada en el art\u00edculo 1133 del C\u00f3digo de Comercio, modificado por el \u00abart\u00edculo 45 del Decreto 01 de 1990\u00bb, era \u00abposible al demandante presentar el desistimiento frente a [la aseguradora], as\u00ed la recurrente adujera un perjuicio para ella\u00bb. <\/p>\n
Ahora, el reparo iba dirigido a evidenciar una posible vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas del llamante, en cuyo caso, adem\u00e1s de desconocerse el presupuesto del \u00abinter\u00e9s impugnaticio\u00bb previsto en el art\u00edculo 322 del C\u00f3digo General del Proceso, \u00abconspira contra la naturaleza de la instituci\u00f3n procesal\u00bb, pues siendo como es la figura del llamamiento en garant\u00eda, a voces de la \u00abdoctrina autorizada\u00bb, una \u00abacci\u00f3n rev\u00e9rsica\u00bb, en virtud de la cual \u00abel juez est\u00e1 habilitado a destrabar, en el mismo litigio inicial y en caso de ser condenado el demandado, la relaci\u00f3n procesal que surge entre el llamante y llamado\u00bb, resulta \u00abimposible que un interviniente dentro del proceso que no hace parte de dicha relaci\u00f3n pretenda entrometerse en ella, a sabiendas de que carece de inter\u00e9s\u00bb. <\/p>\n
8. Persuadido, entonces, de la presencia de los presupuestos para el surgimiento de la responsabilidad reclamada, el ad-quem prosigui\u00f3 con el examen de la condena por perjuicios hecha por el a-quo, aspecto del cual hall\u00f3 molestias, tanto del demandante como de la empresa de taxis enjuiciada. <\/p>\n
El primero, se lament\u00f3 porque el castigo pecuniario desatendi\u00f3 las f\u00f3rmulas aritm\u00e9ticas para determinar el \u00ablucro cesante consolidado y el futuro a la fecha del fallo\u00bb, ya que, no se actualizaron con base en el IPC los guarismos obtenidos \u00aben 2016 por el perito\u00bb, tambi\u00e9n, exterioriz\u00f3 su aflicci\u00f3n en cuanto al c\u00e1lculo de los \u00abda\u00f1os a la salud, moral y de vida de relaci\u00f3n\u00bb; de otra parte, Radio Taxi Aeropuerto S.A. se doli\u00f3 del fallo de primer grado \u00abpor haber adoptado como base para ese c\u00e1lculo las cifras tasadas por el perito\u00bb, en vez de las \u00abdos certificaciones, una de ingresos y retenciones y otra expedida [por] Colfondos, en el que consta cu\u00e1nto percib\u00eda Juan Carlos por concepto de renta vitalicia para el a\u00f1o 2007, esto es, $818.968\u00bb. <\/p>\n
8.1. Al cabo del marco expuesto, procedi\u00f3 al estudio de dichos reparos, comenzando por el alegato de la empresa interpelada. <\/p>\n
Ha dicho con sano criterio la jurisprudencia que una cosa es la indemnizaci\u00f3n a que tiene derecho el perjudicado, \u00aben este caso el pasajero\u00bb, y otra muy distinta los \u00abingresos que por concepto de pensi\u00f3n percibe\u00bb. Suficiente con que tienen fuentes diferentes; la primera busca resarcir los perjuicios de quien ha padecido un da\u00f1o; la segunda se origina a partir del \u00abcumplimiento de los requisitos necesarios establecidos en la ley para beneficiarse de esa prestaci\u00f3n social, bien las normas que regulan el sistema general de pensiones, ora el de riesgos profesionales\u00bb. <\/p>\n
Siendo ello as\u00ed, esto es que, tanto la reparaci\u00f3n de los menoscabos como el derecho a percibir una mesada pensional, provienen de causas legales distintas, es permitido acumularlas, por ende, aunque el \u00abactor tenga ingresos despu\u00e9s del hecho no significa que no deba ser indemnizado por haber resultado lesionado gravemente cuando se ejecutaba el contrato de transporte por parte de la demandada\u00bb, de donde, deviene la improsperidad de la reprimenda. <\/p>\n
8.2. Enseguida, la colegiatura pos\u00f3 su mirada en los reclamos del actor, referidos a la manera en que se determinaron las cantidades reconocidas a su favor en la primera instancia por concepto de infortunios patrimoniales y extrapatrimoniales. <\/p>\n
As\u00ed, se equivoc\u00f3 el especialista y el juzgador de primer grado, al desconocer el precedente de esta Corte SC2498-2018, 3 julio, seg\u00fan el cual, cuando la invalidez supera el \u00ab50%\u00bb el \u00abingreso probado\u00bb se debe indemnizar \u00abcomo si fuera un 100%, tal y como lo dispone el art\u00edculo 38 de la Ley 100 de 1993\u00bb. Por otra parte, a juicio del ad-quem la forma correcta para traer a valor presente la liquidaci\u00f3n del lucro cesante debi\u00f3 efectuarse conforme a los \u00abcriterios que tiene definidos la jurisprudencia\u00bb y con base en los siguientes datos: \u00aba) fecha del accidente (\u2026) b) fecha de nacimiento del demandante (\u2026) c) vida probable certificada por la Superintendencia Bancaria en la Resoluci\u00f3n 0497 de 20 de mayo de 1997 (teniendo en cuenta que era la vigente a la \u00e9poca de los hechos): 51,04 a\u00f1os [y] e) ingreso mensual a la fecha del hecho: 1\u2019331.069, cifra que calcul\u00f3 el perito promediando los valores devengados por el pasajero durante los doce meses anteriores a la fecha del suceso, increment\u00e1ndola en el factor prestacional en que seg\u00fan la doctrina, debe ajustarse dicho valor\u00bb. <\/p>\n
Procedi\u00f3, el Juzgador, en primer lugar, a actualizar el \u00abingreso promedio\u00bb percibido por la v\u00edctima al momento del nefasto suceso, luego tom\u00f3 esa cifra y aplicando sendas f\u00f3rmulas matem\u00e1ticas all\u00ed descritas, liquid\u00f3 dos per\u00edodos, de un lado, el referido a la indemnizaci\u00f3n consolidada que abarca el tiempo transcurrido entre el momento del accidente y el del fallo, y de otro la indemnizaci\u00f3n futura, esto es, el lapso entre el momento de proferimiento de la sentencia y la expectativa de vida del actor, obteniendo un total por lucro cesante en las modalidades de consolidado y futuro, la suma de \u00ab$1.069\u2019011.469,09\u00bb. <\/p>\n
8.2.2. En lo concerniente la p\u00e9rdida de la salud, al menoscabo moral y de vida de relaci\u00f3n, el juez plural, tras se\u00f1alar que a voces de la jurisprudencia todos ellos provienen de una misma ra\u00edz, esto es, de la disminuci\u00f3n a la integridad psicof\u00edsica, confirm\u00f3 lo decidido al respecto por el juzgado de primer grado, ya que las cantidades fijadas por este \u00faltimo obedecieron a su arbitrio, adem\u00e1s, \u00abdesde el punto de vista f\u00e1ctico, ninguna aspereza trae el recurrente contra ese labor\u00edo probatorio que adelant\u00f3 al verificar en qu\u00e9 medida las delicadas lesiones que padeci\u00f3 el pasajero en el accidente, impactaron negativamente su vida\u00bb. <\/p>\n
Sobre esto, el Tribunal destac\u00f3 la labor del a-quo a la hora de ponderar el haz demostrativo, en ese orden, dijo que \u00abacentu\u00f3 las condiciones personales de Juan Carlos, una persona plena de juventud apenas con 25 a\u00f1os\u00bb, tuvo en cuenta que conviv\u00eda con sus padres y hermana, \u00abque ten\u00eda una relaci\u00f3n de pareja y amigos con quienes depart\u00eda\u00bb, es m\u00e1s, la noche y madrugada del d\u00eda del accidente se encontraba divirti\u00e9ndose con ellos, adicionalmente, ten\u00eda un futuro promisorio en el campo profesional, \u00abgraduado de dos tecnolog\u00edas, una en 2001, en electr\u00f3nica, en la Universidad Francisco Jos\u00e9 de Caldas y otra en comunicaciones, en el SENA, y fuera de eso pr\u00f3ximo a titularse como ingeniero en telecomunicaciones en la citada Universidad\u00bb, obteniendo ese t\u00edtulo un a\u00f1o despu\u00e9s del lamentable episodio y en los cinco meses anteriores a ello, hab\u00eda conseguido incrementos salariales en la compa\u00f1\u00eda donde laboraba. <\/p>\n
En fin, fue tan considerable el detrimento f\u00edsico y mental de la v\u00edctima que el sentenciador de segundo grado repar\u00f3 que \u00abpor cuenta de la irresponsabilidad de un conductor de servicio p\u00fablico terminara postrado el resto de sus d\u00edas en una silla de ruedas, despu\u00e9s de haber pasado varios meses en un centro hospitalario en esas condiciones que p\u00e1gina por p\u00e1gina desnuda la historia cl\u00ednica que en copia se trajo al proceso\u00bb, sin restarle valor a la tasaci\u00f3n realizada por el a-quo en el \u00e1mbito de los da\u00f1os morales y de vida de relaci\u00f3n, el hecho que el actor en un intento por superar su desconsuelo, haya ejercido el \u00abliderazgo que se le reconoce en la publicaci\u00f3n de la Secretar\u00eda de Integraci\u00f3n del Distrito\u00bb. <\/p>\n
9. Llegado a este punto y aun cuando detect\u00f3 los presupuestos para dar paso a las aspiraciones del convocante, estim\u00f3 que deb\u00eda modificarse de oficio la decisi\u00f3n apelada en lo relativo a la responsabilidad del conductor del taxi \u00aben que se ejecutaba el contrato de transporte que termin\u00f3 en las lesiones al pasajero\u00bb. <\/p>\n
En favor de esa gesta, recalc\u00f3 que la sola dependencia laboral sostenida con el propietario del veh\u00edculo de servicio p\u00fablico, no lo hace merecedor de integrar el \u00abextremo de la relaci\u00f3n contractual sustancial que da lugar a los reclamos que vienen haci\u00e9ndose en el proceso, por lo que mal puede fulmin\u00e1rselo con una condena, as\u00ed no haya contestado la demanda ni haya concurrido a la audiencia de conciliaci\u00f3n prejudicial a que fue convocado, naturalmente que eso no es motivo para hacerlo sin que al efecto, de otro lado, pueda decirse que la modificaci\u00f3n no quepa por no estar esa zona litigiosa discutida en sede del recurso\u00bb. <\/p>\n
A juicio del Tribunal, \u00abdado el enfoque que en \u00faltimas se plantea en la impugnaci\u00f3n de las partes, esta parte de la controversia es susceptible de revisi\u00f3n, en la medida en que ubicado el debate finalmente en el \u00e1mbito contractual, en que debi\u00f3 juzgarse desde un comienzo, as\u00ed lo autoriza el precepto 322 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb. <\/p>\n
10. En definitiva, tras advertir la verdadera \u00abnaturaleza de la responsabilidad que genera la obligaci\u00f3n de indemnizar para los demandados\u00bb, procedi\u00f3 a reformar el fallo de primer grado, en el sentido de declarar \u00absolidariamente responsables\u00bb de los da\u00f1os ocasionados al convocante a la sociedad Radio Taxi Aeropuerto S.A. y a Horacio No\u00e9 Abril Corredor, conden\u00e1ndolos al pago de: (i) \u00abPor lucro cesante la suma total de $1.069\u2019011.469,09 M\/L\u00bb; (ii) \u00abPor da\u00f1o a la vida de relaci\u00f3n la suma de $24\u2019843.480 M\/L\u00bb; y (iii) \u00abPor perjuicio moral la suma de $24\u2019843.480 M\/L\u00bb. De otra parte, declar\u00f3 \u00abprobada oficiosamente la excepci\u00f3n de falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva respecto del demandado Juan Carlos S\u00e1nchez Alarc\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
II. LA DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
Contra lo definido por el colegiado, la empresa Radio Taxi Aeropuerto S.A., erigi\u00f3 tres (3) cargos; el inicial por la v\u00eda de la \u00abviolaci\u00f3n directa de la ley sustancial\u00bb (n\u00fam. 1\u00ba art. 336 C.G.P); el segundo por la senda de la infracci\u00f3n indirecta de la ley sustancial (n\u00fam. 2\u00ba Ib\u00eddem); y el restante por el camino de la \u00abcausal quinta de casaci\u00f3n\u00bb (n\u00fam. 5\u00ba Ib\u00eddem). La censora los desarroll\u00f3 as\u00ed: <\/p>\n
PRIMER CARGO <\/p>\n
Para la casacionista, la sentencia censurada vulner\u00f3 de manera recta, por falta de aplicaci\u00f3n, el art\u00edculo 991 del C\u00f3digo de Comercio. <\/p>\n
Tras realizar la tarea de trascribir el mandato legal, supuestamente omitido, y contrastarlo con los argumentos del fallo combativo, para la impugnante err\u00f3 el Tribunal al declarar la falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva del demandado Juan Carlos S\u00e1nchez Alarc\u00f3n, chofer del taxi. <\/p>\n
Concluir, \u00abde forma arrevesada\u00bb como lo hizo el Tribunal, de que se trata de \u00abuna persecuci\u00f3n judicial que tiene un \u00e1nimo revanchista con la que se \u2018fulmin\u00f3\u2019 al plurimencionado conductor\u00bb solo por el hecho de que \u00abrenunci\u00f3 de forma deliberada, consciente y aut\u00f3noma a asumir su defensa judicial\u00bb, significa que \u00abtodo aquel que cometa un delito (\u2026) le bastar\u00e1, simplemente, no comparecer a las acciones civiles que apareja su conducta, para no ser condenado, pues no puede ser \u2018fulminado\u2019\u00bb. <\/p>\n
Esa postura del sentenciador de segundo grado, \u00abvictimiza\u00bb al taxista enjuiciado, dejando de lado que este fue hallado responsable penalmente del punible de \u00ablesiones personales culposas\u00bb, como consecuencia del accidente de tr\u00e1nsito motivo de la controversia. <\/p>\n
Y es que, de haber aplicado el art\u00edculo 991 de la ley mercantil, insiste la suplicante, el ad-quem habr\u00eda mantenido el fallo del juez de primera instancia, en el entendido de condenar al piloto del veh\u00edculo de servicio p\u00fablico al \u00abpago solidario\u00bb de los detrimentos padecidos por el actor, a causa del percance ocurrido el \u00ab18 de marzo de 2006\u00bb. <\/p>\n
SEGUNDO CARGO <\/p>\n
Con miramiento en el segundo motivo del canon 336 Ib\u00eddem, censur\u00f3 la sentencia por la senda indirecta de haber transgredido el art\u00edculo 2357 del C\u00f3digo Civil, debido a \u00aberrores de hecho manifiestos y trascendentes\u00bb, al \u00abno dar por demostrado, est\u00e1ndolo, la incidencia causal de la v\u00edctima-concurrencia de culpas\u00bb. <\/p>\n
La inconforme expresa, que seg\u00fan el dictamen pericial rendido por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, obrante a \u00abfolios 1272 en adelante\u00bb del expediente, en los \u00abt\u00e9rminos del art\u00edculo 191 del C\u00f3digo General del Proceso, con id\u00e9ntico tratamiento en el otrora C.P.C.\u00bb, la v\u00edctima \u00abconfes\u00f3\u00bb su \u00abincidencia causal y por tanto su exposici\u00f3n imprudente al da\u00f1o\u00bb, al manifestar que por el \u00ablapso de casi diez (10) horas, (\u2026) estuvo ingiriendo bebidas alcoh\u00f3licas, para luego abordar un veh\u00edculo de servicio p\u00fablico, situaci\u00f3n f\u00e1ctica que no puede ser valorada de manera distinta a una clara y concreta exposici\u00f3n al riesgo y al consecuente da\u00f1o\u00bb. <\/p>\n
Para la censora, lo antedicho, era m\u00e1s que suficiente para reducir la condena impuesta en su contra \u00abcomo m\u00ednimo en un 50%\u00bb, conforme lo precept\u00faa el art\u00edculo 2357 del C\u00f3digo Civil y lo ha tratado desde anta\u00f1o la jurisprudencia patria. Y es que, una persona en \u00abpleno uso de sus facultades\u00bb nunca hubiera abordado un veh\u00edculo de servicio p\u00fablico, a sabiendas de la embriaguez de su conductor y consciente de su \u00absobrecupo\u00bb, am\u00e9n de que no hizo uso del cintur\u00f3n de seguridad, siendo de que esto \u00faltimo \u00abhubiese menguado, exponencialmente, las lesiones sufridas por el demandante\u00bb. <\/p>\n
Raz\u00f3n hab\u00eda, entonces, para la \u00abliberaci\u00f3n parcial\u00bb de la responsabilidad de la parte demandada, pues ante la reveladora realidad develada por el documento de marras, el fallador habr\u00eda ultimado que el convocante contribuy\u00f3 a la realizaci\u00f3n del perjuicio, al no tomar las \u00abmedidas necesarias\u00bb para mermar el peligro, obligaci\u00f3n que, incluso, tambi\u00e9n se deriva del contrato de transporte. <\/p>\n
TERCER CARGO <\/p>\n
Este embate se edific\u00f3 bajo la \u00abcausal quinta de casaci\u00f3n: nulidad\u00bb del art\u00edculo 336 Ib\u00eddem, con el prop\u00f3sito de denunciar la sentencia de segundo grado de contener una condena \u00abmuy superior a la pretendida en la demanda\u00bb. <\/p>\n
Al sustentar la acusaci\u00f3n, la censora adujo que la aspiraci\u00f3n indemnizatoria del demandante abarcaba la suma de \u00ab$424.361.433.00\u00bb a t\u00edtulo de \u00ablucro cesante consolidado y futuro\u00bb, tal y como se aprecia en el escrito de reforma a la demanda, sin embargo, el Tribunal conden\u00f3 a la empresa afiliadora a cancelar solidariamente por dicho concepto el valor de \u00ab$1.069\u2019011.469,09\u00bb, bastante elevado, incluso teniendo en cuenta el dictamen pericial practicado para ello, el cual arroj\u00f3 una cuant\u00eda equivalente \u00ab$524\u2019782.235\u00bb. <\/p>\n
De esta manera, afirm\u00f3 que el ad-quem dict\u00f3 una decisi\u00f3n \u00abultra-petita\u00bb, excedi\u00e9ndose a la hora de condenar a la sociedad Radio Taxi Aeropuerto S.A. al pago solidario de un importe muy superior al solicitado en el escrito inaugural y su enmienda, es m\u00e1s, ni siquiera all\u00ed se hace uso de la expresi\u00f3n \u00abo por la suma que resulte demostrada en el proceso\u00bb, evento en el cual, conforme a la jurisprudencia de esta Corte, \u00abhace que desaparezca la incongruencia\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Es caracter\u00edstica esencial de este mecanismo de defensa su condici\u00f3n extraordinaria, por lo cual no todo desacuerdo con lo dictaminado permite adentrarse en su examen de fondo, sino que debe asentarse en las causales taxativamente previstas y atender los par\u00e1metros que para su concesi\u00f3n y tr\u00e1mite legal y jurisprudencialmente se imponen, como es acreditar el descontento \u00abmediante la introducci\u00f3n adecuada del correspondiente escrito, respecto del cual, la parte afectada con el fallo que se aspira aniquilar, no tiene plena libertad de configuraci\u00f3n\u00bb (CSJ AC, 1\u00b0 nov 2013, rad. 2009-00700; reiterado en CSJ AC3327-2021, 26 ago., rad. 2017-00405-01). <\/p>\n
Para ese cometido ha sido enf\u00e1tica esta Colegiatura al se\u00f1alar, que \u00abpor la naturaleza misma del recurso extraordinario, no es dable que el recurrente deambule por los diversos aspectos que en las instancias fueron debatidos, pues lo suyo es la sentencia, es decir, los fundamentos de hecho y de derecho invocados por el Tribunal, para lo cual deber\u00e1 desplegar su carga argumentativa en la demostraci\u00f3n de la infracci\u00f3n, puntualmente en el aspecto medular de que discrepa, que no propiamente de las falencias probatorias achacadas al ad quem -cosa que por supuesto debe cumplir tambi\u00e9n si de violaci\u00f3n indirecta se trata- sino la incidencia de esas equivocaciones en la infracci\u00f3n normativa\u00bb (CSJ AC8255-2017 de 7 de dic. Rad. 2011-00024-02; reiterado en CSJ AC3327-2021, 26 ago., rad. 2017-00405-01). <\/p>\n
As\u00ed, que la admisi\u00f3n de la s\u00faplica casacional depende del acatamiento cabal de los requisitos del art\u00edculo 344 C\u00f3digo General del Proceso, entre otros, la formulaci\u00f3n de los cargos con la exposici\u00f3n de sus fundamentos, en forma separada, clara, precisa y completa, y no basados en meras generalidades, o de cualquier manera como si de un alegato de instancia se tratara, por cuanto el opugnante asume el duro labor\u00edo de enervar la doble presunci\u00f3n de legalidad y acierto con que viene precedida la providencia. <\/p>\n
En tal sentido, la Corte tiene adoctrinado que: \u00ab\u2026 toda acusaci\u00f3n o cargo debe trascender de la simple enunciaci\u00f3n, al campo de la demostraci\u00f3n, haci\u00e9ndose patentes los desaciertos, no como contraste de pareceres, o de interpretaciones, ni de meras disputas conceptuales o procesales, sino de la verificaci\u00f3n concluyente de lo contrario y absurdo, de modo que haga rodar al piso la resoluci\u00f3n combatida\u00bb (CSJ, AC1262-2016, 12 ene., rad. 1995-00229-01, criterio reiterado en CSJ AC2588-2021, 30 jun., rad. 2016-00074-01). <\/p>\n
2. Las sentencias pueden ser controvertidas por errores in iudicando o in procedendo. Entre los primeros la violaci\u00f3n de normas sustanciales, producto de desv\u00edos de interpretaci\u00f3n o aplicaci\u00f3n normativa (directa), o \u00abde error de derecho derivado del desconocimiento de una norma probatoria, o por error de hecho manifiesto y trascendente en la apreciaci\u00f3n de la demanda, de su contestaci\u00f3n, o de una determinada prueba\u00bb1 (indirecta). Mientras, que los segundos hacen referencia, a la indebida construcci\u00f3n del proceso, por infracci\u00f3n de las normas que los regulan (vicios de nulidad). <\/p>\n
2.1. Cuando los reparos se enfilan por la causal primera, adem\u00e1s de la citaci\u00f3n de las normas sustanciales que constituyan base esencial del fallo o que hayan debido serlo, resulta imperativo exponer, adicionalmente, la manera como el enjuiciador las quebrant\u00f3, esto es, la discusi\u00f3n se ce\u00f1ir\u00e1 a \u00abla cuesti\u00f3n jur\u00eddica sin comprender ni extenderse a la materia probatoria, por lo que debe estructurarse en forma adecuada c\u00f3mo se produjo la vulneraci\u00f3n ya por tomar en cuenta normas completamente ajenas al caso, pasar por alto las que lo reg\u00edan o, a pesar de acertarse en la selecci\u00f3n, terminar reconoci\u00e9ndoles implicaciones que no tienen\u00bb (AC3599-2018, 27 ago., rad. 2015-00704, criterio reiterado en AC2396-2020, 28 sep., rad. 2014-00045-01). <\/p>\n
2.2. Si la acusaci\u00f3n se direcciona por la v\u00eda indirecta, esto es, por errores en materia probatoria, se deber\u00e1 indicar la forma como se hizo patente el desconocimiento de leyes de esa naturaleza o de los elementos materiales, es decir, en qu\u00e9 consisti\u00f3 el yerro y la incidencia del supuesto desatino en la decisi\u00f3n cuestionada, carga de demostraci\u00f3n que, recae exclusivamente en el censor. <\/p>\n
El error de hecho en la valoraci\u00f3n de las pruebas tiene ocurrencia, seg\u00fan se ha decantado por la jurisprudencia, \u00aba) cuando se da por existente en el proceso una prueba que en \u00e9l no existe realmente; b) cuando se omite analizar o apreciar la que en verdad si existe en los autos; y, c) cuando se valora la prueba que si existe, pero se altera sin embargo su contenido atribuy\u00e9ndole una inteligencia contraria por entero a la real, bien sea por adici\u00f3n o por cercenamiento\u2026\u00bb (C.S.J SC, 10 ago 1999, Rad. 4979; C.S.J SC; reiterado en CSJ AC3327-2021, 26 ago., rad. 2017-00405-01). <\/p>\n
Sea que se aduzca error de hecho o de derecho compete al recurrente indicar las normas de derecho sustancial que a consecuencia de los dislates resultaron infringidas, precisando c\u00f3mo se dio dicha vulneraci\u00f3n, pero cuando se perfila por la \u00faltima tipolog\u00eda tendr\u00e1 la carga adicional de indicar la disposici\u00f3n probatoria trasgredida \u00abhaciendo una explicaci\u00f3n sucinta de la manera en que ellas fueron infringidas\u00bb, esto es, c\u00f3mo a la luz de \u00e9sta el juzgador err\u00f3 en su solicitud, decreto, pr\u00e1ctica o el m\u00e9rito que le otorg\u00f3 en su valoraci\u00f3n. <\/p>\n
3. De otra parte, trat\u00e1ndose del motivo de casaci\u00f3n contemplado en el numeral 5\u00b0 del art\u00edculo 336 Ib\u00eddem, el cual alude a \u00abhaberse dictado sentencia en un juicio viciado de algunas de las causales de nulidad consagradas en la ley, a menos que tales vicios hubieren sido saneados\u00bb, esta Sala ha sostenido que las condiciones requeridas para que pueda invocarse con \u00e9xito son las siguientes: <\/p>\n
\u00ab(…) a) que las irregularidades aducidas como constitutivas de nulidad general existan realmente; b) que adem\u00e1s de corresponder a realidades procesales comprobables, esas irregularidades est\u00e9n contempladas taxativamente dentro de las causales de nulidad adjetiva que enumera el referido art\u00edculo [133 del C\u00f3digo General del Proceso]; y por \u00faltimo, c) que concurriendo los dos presupuestos anteriores y si son saneables, respecto de las nulidades as\u00ed en principio caracterizadas no aparezca que fueron convalidadas por el asentimiento expreso o t\u00e1cito de la persona legitimada para hacerlas valer\u00bb (SC, 5 dic. 2008, rad. 1999-02197-01, SC 20 ago. 2013, rad. 2003-00716-01, SC10302-, 18 jul. 2017, rad. 2008-00037-01, SC299-2021, 15 feb., rad. 2009-00625-01). <\/p>\n
Se ha precisado igualmente que la formulaci\u00f3n de la causal en comento debe sujetarse a los principios que gobiernan la instituci\u00f3n de la nulidad procesal, esto es, los de \u00abespecificidad, protecci\u00f3n, trascendencia y convalidaci\u00f3n\u00bb (SC8210, 21 jun. 2016, rad. 2008-00043-01), respecto de los cuales se ha indicado: <\/p>\n
La especificidad alude a la necesidad de que los hechos alegados se subsuman dentro de alguna de las causales de nulidad taxativamente se\u00f1aladas en las normas procesales o en la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, sin que se admitan motivos adicionales (cfr. CSJ, SC11294, 17 ago. 2016, rad. n.\u00b0 2008-00162-01). <\/p>\n
La protecci\u00f3n se relaciona \u2018con la legitimidad y el inter\u00e9s para hacer valer la irregularidad legalmente erigida en causal de nulidad, en cuanto, dado el car\u00e1cter preponderantemente preventivo que le es inherente, su configuraci\u00f3n se supedita a que se verifique una lesi\u00f3n a quien la alega\u2019 (CSJ, SC, 1 mar. 2012, rad. n.\u00b0 2004-00191-01). <\/p>\n
La trascendencia impone que el defecto menoscabe los derechos de los sujetos procesales, por atentar contra sus garant\u00edas o cercenarlas. <\/p>\n
Por \u00faltimo, la convalidaci\u00f3n, en los casos en que ello sea posible, excluye la configuraci\u00f3n de la nulidad cuando el perjudicado expresa o t\u00e1citamente ratific\u00f3 la actuaci\u00f3n an\u00f3mala, en se\u00f1al de ausencia de afectaci\u00f3n a sus intereses\u00bb (SC, 19 dic. 2011, rad. 2008-00084-01, criterio reiterado en AC2199-2021, 9 jun., rad. 2016-00370-01). <\/p>\n
4. Bajo esa perspectiva, desde el p\u00f3rtico se advierte que los cargos formulados no satisfacen los requisitos legales que jurisprudencial y legamente se tienen establecidos y por ello, ser\u00e1n inadmitidos. <\/p>\n
4.1. Con relaci\u00f3n al primer embate, la impugnante acusa el fallo de segundo grado de haber infringido rectamente la ley sustancial, por omitir la aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 991 del C\u00f3digo de Comercio, seg\u00fan el cual \u00ab[c]uando la empresa de servicio p\u00fablico no sea propietaria o arrendataria del veh\u00edculo en que se efect\u00faa el transporte, o no tenga a otro t\u00edtulo el control efectivo de dicho veh\u00edculo, el propietario de \u00e9ste, la empresa que contrate y la que conduzca, responder\u00e1n solidariamente del cumplimiento de las obligaciones que surjan del contrato de transporte. (\u2026) La empresa tiene el control efectivo del veh\u00edculo cuando lo administra con facultad de utilizarlo y designar el personal que lo opera, directamente y sin intervenci\u00f3n del propietario\u00bb. <\/p>\n
En suma, para la censora, de dicho mandato dimana la responsabilidad solidaria de Juan Carlos S\u00e1nchez Alarc\u00f3n -conductor del taxi- por el incumplimiento de las obligaciones del contrato de transporte, de ah\u00ed que, no pod\u00eda el fallador declarar la ausencia de habilitaci\u00f3n de aqu\u00e9l para ser llamado al juicio, so pretexto de encontrar demostrada una \u00abpersecuci\u00f3n judicial\u00bb frente al prenombrado se\u00f1or. <\/p>\n
Mirada as\u00ed la reprimenda, pronto se percibe una falencia obvia en su planteamiento. Y es que, la impugnante no hizo el menor esfuerzo por evidenciar si de la norma legal aludida, se derivaba la consecuencia o el deber legal del chofer de indemnizar al pasajero a causa de la insatisfacci\u00f3n de las prestaciones del convenio de transporte. En otras palabras, debi\u00f3 la casacionista apuntar toda su argumentaci\u00f3n hacia un s\u00f3lo prop\u00f3sito: demostrar que a voces del canon 991 de la ley mercantil, S\u00e1nchez Alarc\u00f3n estaba llamado a reparar contractual y solidariamente el da\u00f1o causado a la v\u00edctima. <\/p>\n
Sin embargo, la Corte echa de menos ese labor\u00edo, porque si el objetivo de la acusaci\u00f3n era patentizar la inaplicaci\u00f3n de aquella pauta, lo m\u00ednimo que debi\u00f3 hacer la denunciante fue acreditar bien en la jurisprudencia, ora en la doctrina o de la aut\u00e9ntica y genuina interpretaci\u00f3n, que ese mandato era el apropiado para regular la controversia. <\/p>\n
4.2. Ahora, la segunda querella no corre mejor suerte que la anterior como pasa a verse. <\/p>\n
La inconforme endilg\u00f3 al superior la comisi\u00f3n de pifias f\u00e1cticas en la apreciaci\u00f3n del dictamen pericial rendido por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, probanza en la que consta la \u00abconfesi\u00f3n\u00bb del actor, en cuanto a su \u00abincidencia causal y por tanto su exposici\u00f3n imprudente al da\u00f1o\u00bb, al manifestar que abord\u00f3 el taxi en estado de alicoramiento, acompa\u00f1ado de otras cuatro personas y sin hacer uso del cintur\u00f3n de seguridad durante el trayecto previo al accidente, circunstancias que, de haber sido valoradas por el juez plural, habr\u00edan conllevado la \u00abliberaci\u00f3n parcial\u00bb de la responsabilidad de la parte demandada, ante la innegable \u00abconcurrencia de culpas\u00bb. <\/p>\n
Aqu\u00ed la opugnante parte de un equ\u00edvoco, pues asegura que el sentenciador tuvo \u00abpor no probada\u00bb, est\u00e1ndolo, \u00abla incidencia causal y por tanto la concurrencia de culpa\u00bb del demandante, a causa de la indebida apreciaci\u00f3n de aquel elemento suasorio. Sin embargo, una simple mirada al fallo confutado deja sin piso esa acusaci\u00f3n, habida cuenta que el Tribunal s\u00ed atisb\u00f3 el contenido de la probanza, es m\u00e1s, ante la inocultable verdad all\u00ed contenida, esto es, la ebriedad del pasajero, el sobrecupo del automotor y el no empleo de uno de los sistemas de seguridad pasiva, se cuestion\u00f3 sobre la suficiencia de esas circunstancias frente a la realidad mostrada al otro lado de la balanza, valga decir, la melopea del conductor, la desobediencia de una se\u00f1al de tr\u00e1nsito \u2013sem\u00e1foro en rojo- y la aceptaci\u00f3n de los cargos a \u00e9l imputados en el \u00e1mbito penal. <\/p>\n
Ante esa disyuntiva en la b\u00e1scula de la controversia, encontr\u00f3 el ad-quem abrigo en los art\u00edculos 992 y 1003 del C\u00f3digo de Comercio para ultimar que en materia de da\u00f1o contractual derivado del acuerdo de transporte, el transportador s\u00f3lo pod\u00eda eximirse de responsabilidad demostrando alguna de las eximentes contempladas en el ordenamiento, que en el presente evento, estaba dada por la culpa exclusiva de la v\u00edctima, la cual, no hall\u00f3 probada, justamente, por la coet\u00e1nea conducta negligente del chofer. <\/p>\n
Esa fundamental raz\u00f3n condujo al juzgador a dejar de lado el peritazgo aportado por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses; no fue que arbitrariamente haya obviado su contenido, por el contrario, de all\u00ed visualiz\u00f3 el camino para establecer que aun cuando el pasajero actu\u00f3 con desidia, tambi\u00e9n lo hizo el piloto, raz\u00f3n por la que no hab\u00eda c\u00f3mo exonerar a este \u00faltimo bajo los presupuestos contemplados en la normatividad memorada. <\/p>\n
4.3. Adicionalmente, el segundo ataque es escaso a la hora de derruir la presunci\u00f3n de legalidad y acierto de la decisi\u00f3n fustigada. N\u00f3tese que la impugnante orient\u00f3 la lidia hacia la incorrecta evaluaci\u00f3n del concepto t\u00e9cnico rendido por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, dejando de lado, eso s\u00ed, el argumento toral del sentenciador para no tener en cuenta la \u00abconcurrencia de culpas\u00bb reclamada en la apelaci\u00f3n, esto es, el razonamiento jur\u00eddico realizado para estimar que en virtud de los art\u00edculos 992 y 1003 del C\u00f3digo de Comercio, esa figura no se abre paso en la responsabilidad civil contractual. <\/p>\n
Enhiesto como se encuentra la reflexi\u00f3n memorada en la determinaci\u00f3n combatida, de nada sirve achacar un error de facto en la apreciaci\u00f3n de aquella probanza, pues, de toparse con la incursi\u00f3n de un dislate de tal calibre, en nada variar\u00eda el sentido de la decisi\u00f3n, si es que el camino escogido por el colegiado para denegar la convergencia de las circunstancias del conductor y el pasajero en la producci\u00f3n del da\u00f1o hall\u00f3 eco a partir de un punto de vista puramente de Derecho, valga decir, en la interpretaci\u00f3n arm\u00f3nica de las disposiciones se\u00f1aladas que lo llevaron a ultimar que ese suceso de causalidad era inaplicable en el caso bajo estudio. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, ni a\u00fan guiada la Corte por el sendero propuesto por la casacionista en este cargo, podr\u00edase poner en vilo lo resuelto en segunda instancia, se repite, porque en el horizonte todav\u00eda estar\u00eda en pie la cavilaci\u00f3n del ad quem, en torno a la improcedencia de la \u00abconcurrencia de culpas\u00bb en el asunto examinado. <\/p>\n
4.4. Ahora bien, el tercer y \u00faltimo cargo tampoco supera el examen formal para ser admitido en esta sede extraordinaria, por las razones que a continuaci\u00f3n se exponen. <\/p>\n
En primer lugar, confundi\u00f3 la senda correcta por la que deb\u00eda transitar la censura, ya que, si la molestia de la recurrente estaba fincada en la falta de consonancia de la condena impuesta por el superior con las pretensiones del escrito inaugural, ha debido construir la censura bajo el amparo de la causal tercera del art\u00edculo 336 de la ley adjetiva, esto es, por \u00ab[n]o estar la sentencia en consonancia con lo hechos, con las pretensiones de la demanda, o con las excepciones propuestas por el demandado o que el juez ha debido reconocer de oficio\u00bb; y no as\u00ed, como lo hizo, con fundamento en el quinto motivo ib\u00eddem, el cual se edifica por \u00ab[h]aberse dictado sentencia en un juicio viciado de algunas de las causales de nulidad consagradas en la ley (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Y es que, a decir verdad, la ausencia de correspondencia entre lo pedido y lo resuelto en la determinaci\u00f3n confutada, no se encuentra regulada taxativamente en el ordenamiento adjetivo como un m\u00f3vil capaz de invalidar los procesos judiciales (art\u00edculo 133 ej\u00fasdem), por tal raz\u00f3n de presentarse esa irregularidad en la decisi\u00f3n de segundo grado, ha de ponerse de manifiesto a trav\u00e9s de la causal contemplada en el numeral 3\u00ba \u00eddem, la cual, se refiere a los casos en que: \u00abel juzgador decide el caso por fuera de las pretensiones o excepciones probadas en el caso (extra petita), o m\u00e1s all\u00e1 de lo pedido (ultra petita), o cercenando lo que fue objeto de alegaci\u00f3n y demostraci\u00f3n (citra petita). Tambi\u00e9n se configura cuando la sentencia no guarda correlaci\u00f3n con las \u2018afirmaciones formuladas por las partes\u2019, puesto que es obvio que el juez no puede hacer m\u00e9rito de un hecho que no haya sido afirmado por ninguna de ellas. Y se ha reconocido, asimismo, que la incongruencia como causal de casaci\u00f3n se da en los eventos en los que se presenta \u2018una desviaci\u00f3n del tema que fue objeto de la pretensi\u00f3n deducida en la sustentaci\u00f3n del recurso\u00bb. (AC280-2021, 8 Feb, Rad. 2013-00031-02). <\/p>\n
Bajo esa perspectiva, es evidente que aqu\u00ed la opugnante incurri\u00f3 en un entremezclamiento de causales, al invocar el motivo quinto previsto en el canon 336 de la nueva ley de enjuiciamiento civil, apoyando su planteamiento bajo argumentos propios de una alegaci\u00f3n por falta de congruencia (numeral 3\u00ba Ibidem), lo que, sin duda, acarrea la frustraci\u00f3n del cargo tercero incoado. <\/p>\n
4.5. Pero aun cuando, se tratase de un lapsus del casacionista en la formulaci\u00f3n del reparo y la Corte encontrara que, en efecto, su protesta va encaminada a poner de manifiesto un yerro edificado en la inconsonancia de las aspiraciones de la demanda con respecto a lo decidido por el sentenciador, de todos modos, la acusaci\u00f3n carece de la t\u00e9cnica necesaria para viabilizar su admisi\u00f3n. <\/p>\n
Obs\u00e9rvese que la censora al realizar la tarea de cotejar el memorial de postulaci\u00f3n inicial y su reforma, con el prove\u00eddo reprochado en casaci\u00f3n, se tropez\u00f3 con que los pedimentos del actor a t\u00edtulo de \u00ablucro cesante consolidado y futuro\u00bb ascend\u00edan a la suma de \u00ab$424.361.433.oo\u00bb, en tanto que, en el ac\u00e1pite resolutivo del fallo Radio Taxi Aeropuerto S.A. fue condenada por ese mismo concepto al pago solidario de \u00ab$1.069\u2019011.469,09\u00bb. <\/p>\n
A primera mano, es incontestable el exceso entre lo solicitado y lo resuelto, no obstante, pese a esa evidente realidad, lo cierto es que esa incoherencia encuentra asidero en las consideraciones expuestas en el pronunciamiento confutado. <\/p>\n
Y es que, la alteraci\u00f3n en el monto de los perjuicios reclamados en la modalidad de \u00ablucro cesante\u00bb se dio porque el juez plural descubri\u00f3 un labor\u00edo regular en la valoraci\u00f3n efectuada por el a-quo respecto del dictamen rendido para cuantificar ese tipo de da\u00f1o. De esta manera, se percat\u00f3 que no se estableci\u00f3 en debida forma el porcentaje del \u00abingreso probado que se tom\u00f3 en cuenta para la liquidaci\u00f3n\u00bb y, adem\u00e1s, se ignor\u00f3 la actualizaci\u00f3n de las cifras presentadas por el experto. <\/p>\n
Con tal objetivo, tom\u00f3 como base el precedente SC2498-2018 de esta Corte, para considerar que se deb\u00eda tener en cuenta el \u00ab100%\u00bb del \u00abingreso probado\u00bb a fin de liquidar el lucro cesante pedido, pues la invalidez de la v\u00edctima superaba el \u00ab50%\u00bb. Pero, adicionalmente, tambi\u00e9n era indispensable atender los criterios jurisprudenciales para traer a valor presente la amortizaci\u00f3n del aquel padecimiento patrimonial, por lo que al tomar esos \u00edtems y aplicar las f\u00f3rmulas aritm\u00e9ticas en pro de calcular la indemnizaci\u00f3n del da\u00f1o material, la operaci\u00f3n arroj\u00f3 como resultado la suma total de \u00ab$1.069\u2019011.469,09\u00bb. <\/p>\n
Y fueron esos los motivos que sirvieron de soporte al Tribunal para modificar el monto referido, no fue a su arbitrio o capricho, por el contrario, el c\u00f3mputo de los padecimientos tuvo cimiento en el derecho pretorio, tal y como lo hizo notar en el desarrollo de su argumentaci\u00f3n. <\/p>\n
Y precisamente, ese entendimiento, empleado como pilar del pronunciamiento, fue el que se olvid\u00f3 cuestionar en esta sede excepcional, raz\u00f3n por la cual, el reparo de la inconforme qued\u00f3 a medias, porque aunque es evidente la disimilitud entre lo reclamado en la demanda con lo decidido en la segunda instancia, lo cierto es que ese mayor valor se encuentra blindado con la argumentaci\u00f3n empleada por el ad-quem, la que para nada fue siquiera puesta en duda al sustentar la censura extraordinaria, de ah\u00ed que, no se satisfaga el presupuesto de la completud en la formulaci\u00f3n del ataque en casaci\u00f3n. <\/p>\n
5. Tampoco concurren los presupuestos que consagra la legislaci\u00f3n para la selecci\u00f3n oficiosa, porque no es ostensible que lo dispuesto en la instancia comprometa el orden o el patrimonio p\u00fablico, atente contra los derechos y garant\u00edas constitucionales, ni se requiera unificar la jurisprudencia de la Corte. De otra parte, el tr\u00e1mite se ajust\u00f3 a las pautas legales; el prove\u00eddo fue el producto de una valoraci\u00f3n reflexiva del marco decisorio fijado por las partes y las probanzas arrimadas al juicio, y se apoy\u00f3 en la regulaci\u00f3n aplicable al caso, sin que se avizoren desatinos evidentes y trascendentes que ameriten su admisi\u00f3n. <\/p>\n
6. Las anteriores razones imponen, por lo tanto, la inadmisi\u00f3n de las acusaciones y, por ende, de la s\u00faplica en sede extraordinaria. <\/p>\n
IV. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: INADMITIR la demanda presentada para sustentar la impugnaci\u00f3n extraordinaria interpuesta contra la sentencia descrita en el encabezamiento de esta providencia. <\/p>\n
SEGUNDO: En su oportunidad devu\u00e9lvase el expediente a la Corporaci\u00f3n de origen. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 Numeral 2\u00b0 de art\u00edculo 366 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
1 <\/p>\n
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AC5102-2021 (2007-00629-01) HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA Magistrada ponente AC5102-2021 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-31-03-041-2007-00629-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintisiete de octubre de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., dieciocho (18) de noviembre de dos mil veintiuno (2021) Se pronuncia la Corte sobre la admisibilidad de la demanda […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[42],"tags":[],"class_list":["post-58790","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-noviembre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/58790","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=58790"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/58790\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=58790"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=58790"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=58790"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}