AC5153-2021 (2021-03942-00)<\/p>\n
<\/p>\n
Magistrada Ponente <\/p>\n
AC5153-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2021-03942-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., tres (3) de noviembre de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Ser\u00eda del caso decidir el conflicto suscitado entre los Juzgados Tercero Administrativo de Manizales y Octavo Civil Municipal de la misma ciudad, para conocer de la demanda ejecutiva singular promovida por el Ministerio de Educaci\u00f3n Nacional \u2013 Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, frente a Eddy Usma Porras, si no fuera porque su tr\u00e1mite no corresponde a esta Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La citada entidad gubernamental pidi\u00f3 ante la jurisdicci\u00f3n contencioso administrativa librar orden de apremio en contra de Eddy Usma Porras, con el prop\u00f3sito de recaudar las \u00abcostas procesales\u00bb por las que fue condenado el ejecutado en sentencia de 27 de septiembre de 2018, dentro de la acci\u00f3n de nulidad y restablecimiento del derecho adelantada por este \u00faltimo frente a aqu\u00e9lla. [Archivo Digital: 01]. <\/p>\n
2. El Juez Tercero Administrativo de Manizales, al que correspondi\u00f3 en reparto el coercitivo, declar\u00f3 la \u00abfalta de jurisdicci\u00f3n\u00bb para adelantarlo, en atenci\u00f3n a que la obligaci\u00f3n objeto de cobro no proviene de una condena impuesta en contra de una entidad p\u00fablica, sino corresponde al \u00abpago de costas procesales a cargo de un particular\u00bb, raz\u00f3n por la cual, el ejecutivo debe tramitarlo la \u00ab[jurisdicci\u00f3n] ordinaria en la especialidad civil\u00bb. [Archivo Digital: 03]. <\/p>\n
3. El despacho Octavo Civil Municipal de la localidad referida en un comienzo inadmiti\u00f3 la demanda, pero una vez subsanada tambi\u00e9n se rehus\u00f3 a asumir el conocimiento del litigio compulsivo, con sustento en que en materia de ejecuciones dinerarias derivadas de condenas impuestas en pleitos administrativos, ser\u00e1n asumidas por el \u00abjuez que conoci\u00f3 de la primera instancia del proceso declarativo\u00bb, por lo que \u00abel asunto es propio de competencia de la aludida jurisdicci\u00f3n, sin que incida en la atribuci\u00f3n de competencia el que la condena haya sido en costas\u00bb, conclusi\u00f3n que apoy\u00f3 en un pronunciamiento del Consejo de Estado. [Archivo Digital: 21]. <\/p>\n
4. Planteado de esa manera el conflicto, arribaron las diligencias a la Corte. <\/p>\n
II. CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. De entrada, advierte la Corte que carece de atribuci\u00f3n constitucional y legal para resolver la pugna por la competencia suscitada entre los Juzgados Tercero Administrativo del Circuito de Manizales y Octavo Civil Municipal de la misma ciudad, para conocer de la demanda ejecutiva singular promovida por el Ministerio de Educaci\u00f3n Nacional \u2013 Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, frente a Eddy Usma Porras, por las siguientes razones. <\/p>\n
2. El numeral 6\u00ba del art\u00edculo 256 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en su redacci\u00f3n original, establec\u00eda que correspond\u00eda al Consejo Superior de la Judicatura, entre otras funciones, la de dirimir los conflictos de competencia surgidos entre diversas jurisdicciones, mandato que luego fue reglamentado en el inciso 2\u00b0 del art\u00edculo 112 de la Ley Estatutaria de Administraci\u00f3n de Justicia -Ley 270 de 1996, seg\u00fan el cual la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura ten\u00eda a su cargo \u00abDirimir los conflictos de competencia que ocurran entre las distintas jurisdicciones (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
3. Sin embargo, el Acto Legislativo 02 de 20151, suprimi\u00f3 el Consejo Superior de la Judicatura, derog\u00f3 el mandato constitucional aludido y adicion\u00f3 el canon 241 de la norma fundamental, asign\u00e1ndole a la Corte Constitucional la funci\u00f3n de \u00abDefinir los conflictos de competencia que ocurran entre las distintas jurisdicciones\u00bb [numeral 11]. <\/p>\n
Pero aun cuando se realiz\u00f3 la anterior modificaci\u00f3n, en prove\u00eddo 278 de 9 de julio de 2015, la Corte Constitucional consider\u00f3 que el \u00abpar\u00e1grafo transitorio primero del art\u00edculo 19\u00bb del acto legislativo memorado, hab\u00eda fijado el \u00abt\u00e9rmino de un a\u00f1o, contado a partir de la expedici\u00f3n del acto legislativo, para que se lleve a cabo la elecci\u00f3n de los Magistrados de la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial, disponiendo a su vez que -[l]os actuales Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercer\u00e1n sus funciones hasta el d\u00eda que se posesionen los miembros de la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial-\u00bb. [Subrayado fuera de texto]. <\/p>\n
De ah\u00ed que, \u00abhasta tanto los miembros de la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial no se posesionen, los magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura deben continuar en el ejercicio de sus funciones. Ello significa que, actualmente, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura conserva sus competencias, es decir, se encuentra plenamente habilitada para ejercer, no s\u00f3lo la funci\u00f3n jurisdiccional disciplinaria, sino tambi\u00e9n, para dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones y para conocer de acciones de tutela\u00bb. <\/p>\n
Ahora, el 13 de enero de la presente anualidad los magistrados que componen la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial tomaron posesi\u00f3n ante el Presidente de la Rep\u00fablica, con lo cual, \u00abcesaron las funciones jurisdiccionales del Consejo Superior de la Judicatura, incluida aquella que la facultaba para elucidar los conflictos de jurisdicci\u00f3n, por ejemplo, los acontecidos entre una autoridad de lo contencioso y otra de lo ordinaria, por el conocimiento de un proceso judicial\u00bb (CSJ AC4301-2021, 20 sept.). <\/p>\n
<\/p>\n
4. En el sub-lite, es incuestionable que la contienda involucra a los Juzgados Tercero Administrativo de Manizales y Octavo Civil Municipal de la misma ciudad, pero de diferente jurisdicci\u00f3n; autoridades que repelieron la competencia para asumir el tr\u00e1mite del proceso ejecutivo singular promovido por el Ministerio de Educaci\u00f3n Nacional \u2013 Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, frente a Eddy Usma Porras, en el que se pretende el recaudo de las \u00abcostas procesales\u00bb impuestas en contra de este \u00faltimo a favor de aquella entidad, en la acci\u00f3n de nulidad y restablecimiento del derecho adelantada entre las mismas partes ante la jurisdicci\u00f3n contenciosa administrativa. <\/p>\n
Puestas en esa dimensi\u00f3n las cosas, surge evidente que la presente colisi\u00f3n involucra a dos despachos de distintas jurisdicciones (administrativa y ordinaria especialidad civil), por tal raz\u00f3n esta Sala no tiene la atribuci\u00f3n para definir esa disputa, ya que, en virtud de lo establecido en el art\u00edculo 18 de la Ley 270 de 1996, la Corte Suprema de Justicia, es la encargada de solucionar los \u00abconflictos de competencia que se susciten entre autoridades de la jurisdicci\u00f3n ordinaria que tengan distinta especialidad jurisdiccional y que pertenezcan a distintos distritos, ser\u00e1n resueltos por la Corte Suprema de Justicia en la respectiva Sala de Casaci\u00f3n que de acuerdo con la ley tenga el car\u00e1cter de superior funcional de las autoridades en conflicto, y en cualquier otro evento por la Sala Plena de la Corporaci\u00f3n\u00bb [resaltado por fuera del texto]. <\/p>\n
5. En consecuencia, comoquiera que el conflicto que ahora se examina no se enmarca dentro del supuesto previsto en la norma, y atendiendo que actualmente la funci\u00f3n para dirimir esa clase de controversias est\u00e1 asignada a la Corte Constitucional, se remitir\u00e1 a esta \u00faltima el asunto de la referencia, tal y como en el pasado ha procedido esta Sala en casos similares (AC1863-2021 y AC4301-2021). <\/p>\n
III. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: Remitir el expediente del conflicto de jurisdicci\u00f3n a que se ha hecho referencia, a la Corte Constitucional para que sea ella quien lo dirima. <\/p>\n
SEGUNDO: Comunicar esta decisi\u00f3n a las autoridades judiciales involucradas y a la entidad p\u00fablica demandante. <\/p>\n
Notif\u00edquese, <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada <\/p>\n
1\u0002 En sentencia C-285 de 2016 la Corte Constitucional declar\u00f3 inexequible el art\u00edculo 17 del Acto Legislativo 02 de 2015, salvo en lo concerniente a la derogatoria de los numerales 3\u00ba y 6\u00ba del art\u00edculo 256 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. <\/p>\n
<\/p>\n
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