AC5162-2021 (2018-00863-01)<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada Ponente <\/p>\n
AC5162-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n. \u00ba 11001-31-10-008-2018-00863-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veinticuatro de junio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., tres (3) de noviembre de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Procede la Sala a decidir sobre la admisibilidad de la demanda presentada por Ciro Valbuena Lizarazo para sustentar el recurso extraordinario de casaci\u00f3n interpuesto frente a la sentencia de 18 de noviembre de 2019, proferida por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, dentro del proceso adelantado en su contra por Paula Andrea Villamar\u00edn Mesa. <\/p>\n
I. EL LITIGIO <\/p>\n
A. La pretensi\u00f3n <\/p>\n
1. La demandante pidi\u00f3 declarar la existencia de uni\u00f3n marital de hecho y la respectiva sociedad patrimonial conformada entre ella y Ciro Valbuena Lizarazo, desde el 8 de enero de 2016 hasta el 15 de agosto de 2018. En consecuencia, solicit\u00f3 disolver el se\u00f1alado v\u00ednculo y disponer la liquidaci\u00f3n pertinente. <\/p>\n
B. Los hechos <\/p>\n
1. El 8 de enero de 2016, Paula Andrea Villamar\u00edn Mesa y Ciro Valbuena Lizarazo iniciaron convivencia que perdur\u00f3 hasta el 15 de agosto del a\u00f1o 2018, cuando el demandado \u201cejerci\u00f3 actos de violencia intrafamiliar contra la demandante\u201d, originando medida de protecci\u00f3n en favor de la consorte y la correspondiente denuncia ante la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n (fol. 45, c.1). <\/p>\n
2. La pareja se comportaba en sociedad como marido y mujer, al punto de encontrarse afiliados a Colsanitas Medicina Prepagada en calidad de \u201cc\u00f3nyuges\u201d y laborar juntos en el negocio familiar de importaci\u00f3n de accesorios para tecnolog\u00eda (ibidem). <\/p>\n
3. Fruto de esa relaci\u00f3n nacieron dos hijos, uno de ellos, fallecido el 26 de junio de 2018, cuando contaba con un mes de edad (ibid.). <\/p>\n
4. Dentro de la vigencia del v\u00ednculo, los consortes adquirieron los inmuebles identificados con las matr\u00edculas n.\u00ba 50C-1965469, 50C-1805706 y 50C-1675196, todos ubicados en este distrito capital, una camioneta marca Jeep Gran Cherokee de placas JFK191, cuatro establecimientos de comercio con registros mercantiles n.\u00ba 02665206, 02719493, 02553578 y 02850602 y constituyeron la sociedad Celnova S.A.S (fol. 46-47, c. 1). <\/p>\n
4. Los convivientes no ten\u00edan impedimento alguno para contraer matrimonio y no suscribieron capitulaciones (fol. 47, c.1). <\/p>\n
C. El tr\u00e1mite de la primera instancia <\/p>\n
<\/p>\n
1. El Juzgado Octavo de Familia de Bogot\u00e1, en auto de 2 de octubre de 2018, admiti\u00f3 la demanda (folio 59, c. 1). <\/p>\n
2. Notificado, el convocado manifest\u00f3 su oposici\u00f3n a las pretensiones del escrito introductor; como excepciones de m\u00e9rito formul\u00f3 las de \u201cinexistencia de la uni\u00f3n marital de hecho\u201d, \u201cinexistencia de sociedad patrimonial entre las partes\u201d, \u201cmala fe de la parte demandante\u201d, \u201cabuso del derecho de acci\u00f3n\u201d y \u201cabuso de medidas cautelares por desproporci\u00f3n\u201d (folios 125 a 150, \u00eddem). <\/p>\n
<\/p>\n
3. En sentencia de 21 de mayo de 2019, el a-quo acogi\u00f3 parcialmente la defensa esgrimida por el convocado, declarando que el v\u00ednculo marital tuvo vigencia en dos per\u00edodos diferentes, el primero, comprendido entre el 31 de octubre de 2016 y el 10 de septiembre de 2017, y el segundo, desde el 27 de febrero hasta el 15 de agosto de 2018. Bajo ese entendimiento, deneg\u00f3 el surgimiento de la sociedad patrimonial reclamada (folios 187 a 189, \u00eddem). <\/p>\n
<\/p>\n
3. Inconforme, la promotora formul\u00f3 apelaci\u00f3n. <\/p>\n
D. La sentencia impugnada <\/p>\n
Una vez establecidos los contornos legales y jurisprudenciales que rigen este tipo de pleitos, el Tribunal memor\u00f3 los presupuestos f\u00e1cticos necesarios para la prosperidad de las pretensiones de la actora, abordando sus cr\u00edticas frente a la valoraci\u00f3n probatoria del fallador de primer nivel y el an\u00e1lisis de los elementos de convicci\u00f3n obrantes en la foliatura. <\/p>\n
Como resultado de tal ejercicio, encontr\u00f3 acreditado que la pareja residi\u00f3 en el apartamento 305 de la Torre 2 del Conjunto Portal Burgos del barrio Tabora de esta ciudad, desde el 1\u00ba de mayo de 2016, cuando la gestora lo tom\u00f3 en alquiler, pidiendo permiso al arrendador para que Ciro Valbuena pudiera vivir all\u00ed, siendo este \u00faltimo quien se encargaba de cancelar el valor del canon pactado, como lo asever\u00f3 el due\u00f1o del inmueble, quien identificaba a los contendores como una \u201cpareja\u201d. <\/p>\n
Para el ad-quem, la convivencia en dicho lugar y \u00e9poca fue corroborada por la testigo Paula Andrea Dur\u00e1n Cuervo, empleada de uno de los locales comerciales de propiedad del convocado, de cuyo dicho se desprende que los consortes la acercaron en un taxi, a una estaci\u00f3n de Transmilenio cercana al se\u00f1alado sitio y siguieron \u201cpara la casa\u201d, dando cuenta, igualmente, del trato afectivo y de confianza que ellos se prodigaban ante los dem\u00e1s. <\/p>\n
De la citada residencia, dedujo el ad-quem, salieron el 30 de octubre de 2016, para su propio apartamento, ubicado en el Centro Internacional de esta capital, donde naci\u00f3 su primer hijo, seg\u00fan lo narr\u00f3 la accionante y lo confes\u00f3 el demandado, quien tambi\u00e9n admiti\u00f3 haber asumido el pago del contrato de medicina prepagada del n\u00facleo familiar, vigente entre el 1\u00ba de julio y el 1\u00ba de diciembre de 2016, donde \u00e9l figuraba como c\u00f3nyuge de la reclamante, decidiendo, posteriormente, modificar los t\u00e9rminos del convenio para tomarlo como titular, beneficiando a su compa\u00f1era y extendi\u00e9ndolo m\u00e1s all\u00e1 de la fecha del nacimiento de su primog\u00e9nito (1\u00ba ene. a 31 dic., 2017). <\/p>\n
Estim\u00f3 irrelevante la existencia de una alcoba tomada en arriendo por Valbuena Lizarazo, entre los meses de febrero y octubre de 2016, cuando ya se hab\u00eda establecido en el occidente de la ciudad con Villamar\u00edn Mesa, porque era comprensible que por razones contractuales no pudiera finiquitar el negocio anticipadamente y, en todo caso, de acuerdo con la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n, la dualidad de domicilios no desvirt\u00faa, per se, la cohabitaci\u00f3n marital. <\/p>\n
En cuanto a la data de finalizaci\u00f3n del lazo, hall\u00f3 desvirtuada la postura de la juzgadora de primera instancia, pues evidenci\u00f3 que, pese a los malos tratos recibidos por la actora, el \u00e1nimo de mantener su convivencia con el convocado solo ces\u00f3 el 15 de agosto de 2018, cuando \u00e9ste la agredi\u00f3 f\u00edsicamente y le exigi\u00f3 marcharse del domicilio. Si bien la pareja se hab\u00eda distanciado en el mes de septiembre de 2017, por las mismas causas, ello no implic\u00f3 la terminaci\u00f3n de la relaci\u00f3n, en tanto la demandante regres\u00f3 a Bogot\u00e1 tras los ruegos del padre de su hijo, \u201cal punto de reanudar la convivencia, quedar en embarazo por segunda vez y retomar la vida familiar en el apartamento ubicado en la calle 26\u201d. <\/p>\n
Soportado en tales disertaciones, el juez plural encontr\u00f3 viables las s\u00faplicas de la promotora y, en consecuencia, revoc\u00f3 la decisi\u00f3n de su inferior funcional para, en su lugar, acceder a la declaratoria de la uni\u00f3n marital de hecho entre el 1\u00ba de mayo de 2016 y el 15 de agosto de 2018, as\u00ed como la configuraci\u00f3n de la correspondiente sociedad patrimonial entre las mismas fechas. <\/p>\n
II. LA DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
La acusaci\u00f3n se erigi\u00f3 sobre dos cargos, ambos enderezados por la v\u00eda de la violaci\u00f3n indirecta de la ley sustancial (n\u00fam. 2\u00ba, art. 336 del C. G. del P.). <\/p>\n
PRIMER CARGO <\/p>\n
Se acus\u00f3 a la sentencia de violar, de manera indirecta, los art\u00edculos 1\u00ba y 2\u00ba de la Ley 54 de 1990, modificada por la Ley 979 de 2005, \u201cnormas concordantes con el 5\u00ba inciso del art\u00edculo 2\u00ba del Decreto 128 de 2003 y el par\u00e1grafo 1\u00ba del canon 233 de la Ley 599 de 2000\u201d, como consecuencia de evidentes y trascendentes errores de hecho. <\/p>\n
1. Para el inconforme, el tribunal incurri\u00f3 en yerro f\u00e1ctico al fijar como fecha inicial de la convivencia el 1\u00ba de mayo de 2016, por cuanto ninguna de las pruebas en las cuales soport\u00f3 esa afirmaci\u00f3n, sirven para respaldarla; en esa medida, concluy\u00f3, el fallador supuso ese hecho, con repercusiones ostensibles para la decisi\u00f3n de la litis, pues a partir de \u00e9l se estructur\u00f3 el lapso necesario para edificar la sociedad patrimonial, a la postre, reclamada por su contendiente. <\/p>\n
Al desarrollar su ataque, confront\u00f3 el contenido de las declaraciones rendidas por Karol Dar\u00edo Reyna Chaparro y Paula Andrea Dur\u00e1n Cuervo, as\u00ed como el de la certificaci\u00f3n expedida por Colsanitas \u2013 Medicina Prepagada, con las deducciones extra\u00eddas de cada una de ellas por el ad-quem, aseverando que el hito finalmente acogido no corresponde al dicho de esos medios de convicci\u00f3n ni a los dem\u00e1s elementos obrantes en la foliatura. <\/p>\n
1.1. Exclusivamente el primer deponente dio cuenta del contrato de arrendamiento suscrito con la actora a partir del 1\u00ba de mayo de 2016, empero fue claro en advertir que su inquilina le \u201cpidi\u00f3 autorizaci\u00f3n para que Ciro se pudiera quedar junto a ella en mi apartamento\u201d, lo cual desvirt\u00faa que la cohabitaci\u00f3n hubiese comenzado en dicha calenda, pues de haber sido as\u00ed, habr\u00edan alquilado el inmueble juntos, en vez de solicitar permiso para que se \u201cpermitiera [a] su amigo o novio (\u2026) ingresar y ocasionalmente quedarse con ella all\u00ed\u201d. <\/p>\n
Si bien el testigo indic\u00f3 que \u201cen varias ocasiones que viaj\u00e9 a Bogot\u00e1, tanto Paula como Ciro iban al lugar donde yo me hospedaba a realizar el pago del canon de arrendamiento, las veces que no estuve presente el se\u00f1or Ciro, (\u2026) por medio de transferencia bancaria hac\u00eda el pago\u201d, siempre se refiri\u00f3 a Paula como su \u00fanica arrendataria, al exponer frases como \u201cel tiempo que ella vivi\u00f3 en mi apartamento\u201d o \u201cella se fue de mi apartamento el 30 de octubre de 2016\u201d, atestaciones que desdicen de la comunidad de vida alegada, m\u00e1xime cuando ning\u00fan elemento de cognici\u00f3n da cuenta de que sus pertenencias hubiesen sido llevadas a esa vivienda. <\/p>\n
1.2. De hecho, apunt\u00f3, las expresiones utilizadas por la propia demandante para referirse a esa fase de su vida, son indicativas de la autonom\u00eda e individualidad con la cual obr\u00f3 al acordar \u201ccon la persona que me arrend\u00f3\u201d, que se mudar\u00eda en \u201cla \u00faltima semana de abril (\u2026) [cuando] empec\u00e9 a llevar las cosas\u201d, de donde no es dable inferir el establecimiento de un nuevo hogar conformado por \u00e9l y su contraparte, quien, contrario sensu, admiti\u00f3 no poder \u201cdecir que \u00e9l estuviera todos los d\u00edas, pero s\u00ed se quedaba conmigo, ten\u00edamos una relaci\u00f3n y \u00e9l viv\u00eda en una habitaci\u00f3n a tres cuadras de la habitaci\u00f3n donde yo viv\u00eda\u201d. <\/p>\n
1.3. Hilda Mariela Ru\u00edz de Monico y Luz Mery Mart\u00ednez Bernal, record\u00f3, acudieron al juicio a dar testimonio sobre su real lugar de habitaci\u00f3n en aquella \u00e9poca; la primera, fue clara al manifestar que en febrero de 2016 dio en arriendo una alcoba de su apartamento al demandado, por un lapso de 7 meses, vencidos los cuales, acordaron \u201cde palabra\u201d extender el contrato dos meses m\u00e1s, esto es, hasta el 30 de octubre de 2016, cuando, efectivamente, finiquit\u00f3 el convenio y Valbuena Lizarazo sali\u00f3 de su residencia. <\/p>\n
En su sentir, \u201cno resulta l\u00f3gico pensar que no obstante haber finalizado el plazo de ese pacto, lo hubiera ampliado por dos meses m\u00e1s, cuando, seg\u00fan el [t]ribunal, ya conviv\u00eda con la demandante en el apartamento que ella ten\u00eda alquilado\u201d en el barrio Tabora, pues ninguna necesidad habr\u00eda tenido de pagar m\u00e1s c\u00e1nones de arriendo a la due\u00f1a de ese aposento. <\/p>\n
1.4. A su turno, la segunda deponente asever\u00f3 ser quien se encargaba del arreglo de su ropa, ingresando, semanalmente, a su dormitorio a recogerla \u201cy luego de arregl\u00e1rsela, se la devolv\u00eda, e inclusive, se la organizaba en su habitaci\u00f3n, labor que ejerci\u00f3 desde febrero hasta la \u00faltima semana de octubre de 2016\u201d, lo cual evidencia que sus pertenencias se encontraban en ese lugar y no en la vivienda donde habitaba Paula Andrea. <\/p>\n
1.5. Las manifestaciones de Paula Andrea Dur\u00e1n Cuervo tampoco serv\u00edan para fundar la conclusi\u00f3n reprochada, en tanto ella misma asever\u00f3 haber llegado a trabajar en uno de los establecimientos comerciales de su propiedad \u201ca finales de agosto de 2016\u201d afirmando que conoci\u00f3 a la reclamante una semana despu\u00e9s, luego nada pod\u00eda decir de lo ocurrido entre la pareja antes de ese momento. Si ello es as\u00ed, el tribunal no pod\u00eda fijar en el 1\u00ba de mayo de 2016, el punto de partida de la cohabitaci\u00f3n, soport\u00e1ndose en el dicho de esta persona. <\/p>\n
A\u00fan m\u00e1s, Dur\u00e1n Cuervo admiti\u00f3 que jam\u00e1s visit\u00f3 el hogar de los contendientes, luego tampoco pod\u00eda dar fe de su comportamiento como marido y mujer, pues su conocimiento se limit\u00f3 al \u00e1mbito laboral del cual no es dable extraer los elementos necesarios para configurar la uni\u00f3n deprecada por la accionante, de ah\u00ed que la misma expositora se\u00f1alara que se trataba de cosas \u201cque uno supone\u201d, refiri\u00e9ndose a la relaci\u00f3n marital de su patr\u00f3n con Villamar\u00edn Mesa, cuya g\u00e9nesis, en todo caso, no le era dable adverar. <\/p>\n
En oposici\u00f3n a lo decantado por el colegiado, la citada testigo asever\u00f3: \u201cellos no ten\u00edan como nada propio, era en arriendo y sacaron un apartamento y ellos estrenaron juntos el apartamento, ellos se fueron a vivir juntos, ya PAULA estaba a punto de tener el beb\u00e9\u00bb y m\u00e1s adelante se\u00f1al\u00f3: \u201cellos eran pareja y despu\u00e9s en ese periodo fue que ellos se fueron a vivir juntos en el apartamento ya propio\u201d, ratificando, de esta manera, su tesis defensiva, consistente en que la convivencia inici\u00f3 el 30 de octubre de 2016, cuando les entregaron el apartamento adquirido en el Centro Internacional y no el 1\u00ba de mayo de 2016. <\/p>\n
1.6. Del contenido del certificado de afiliaci\u00f3n a medicina prepagada emitido por Colsanitas el 10 de septiembre de 2018, tampoco dimana la calenda anotada como despunte del v\u00ednculo. Revisado objetivamente ese documento, adujo el censor, all\u00ed solo consta que \u201cPaula Andrea y [\u00e9l] estuvieron afiliados a la medicina prepagada de Colsanitas\u201d, lo cual, lejos de demostrar el \u00e1nimo de formar una familia, \u201c(\u2026) denota su responsabilidad como padre, sin que, en personas solteras, el inicio de una gestaci\u00f3n, o una afiliaci\u00f3n a la seguridad social en salud, implique, por s\u00ed, una convivencia o el inicio de \u00e9sta, con las caracter\u00edsticas que la ley 54 de 1990 exige (\u2026)\u201d. <\/p>\n
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2. En segundo t\u00e9rmino, el casacionista censur\u00f3 la l\u00f3gica empleada por el juzgador plural para establecer el comienzo de la convivencia, por estimarla contradictora con la utilizada para descartar ese l\u00edmite temporal determinado en la demanda en el 8 de enero de 2016, por cuanto si esa aseveraci\u00f3n se consider\u00f3 desvirtuada con la suscripci\u00f3n del contrato de arrendamiento entre Hilda Mariela Ru\u00edz y \u00e9l, el 31 de enero de 2016, el fallador tambi\u00e9n debi\u00f3 considerar que despu\u00e9s de su vencimiento inicial, fue prolongado hasta el 30 de octubre del mismo a\u00f1o, quedando sin piso la supuesta uni\u00f3n marital conformada el 1\u00ba de mayo de 2016. <\/p>\n
En otras palabras, si la decisi\u00f3n del convocado de tomar en arriendo una habitaci\u00f3n para \u00e9l solo el 31 de enero de 2016, desvirtu\u00f3 que desde el 8 del mismo mes y a\u00f1o, hubiese establecido una convivencia con la actora, el mismo efecto debi\u00f3 atribu\u00edrsele a la pr\u00f3rroga de ese alquiler, pues con ella, explicit\u00f3 que, ni siquiera para el mes de agosto de 2016, tuvo la intenci\u00f3n de constituir un hogar con Villamar\u00edn Mesa. <\/p>\n
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Para el impugnante, el tribunal desconoci\u00f3 la declaraci\u00f3n vertida al juicio por Flor Alba Pi\u00f1eros Ram\u00edrez, quien fue contundente al afirmar que entre el 27 de octubre de 2017 y el 27 de febrero de 2018, ella le arrend\u00f3 un apartamento en el barrio Santa Fe del Tintal a su oponente \u201cpara ella y el hijo de ella\u201d, agregando que all\u00ed vivieron todo el tiempo y, sin embargo, no lo conoci\u00f3 a \u00e9l. <\/p>\n
Aunque la testigo admiti\u00f3 que s\u00f3lo fue dos o tres veces a la puerta de esa residencia a cobrar el canon de arriendo, ello no era raz\u00f3n suficiente para descartar su dicho, pues \u201cno existe medio de convicci\u00f3n alguno que lo infirme o que demuestre la convivencia de dicha pareja en ese lugar\u201d. <\/p>\n
Por su parte, la deponente Martha Luc\u00eda Valbuena, su hermana, asest\u00f3 que, durante el memorado lapso, \u201cla demandante estuvo residiendo en el barrio el Tintal y mientras tanto, [\u00e9l] qued\u00f3 viviendo s\u00f3lo\u201d en el apartamento de la calle 26 y tal conocimiento lo obtuvo por ser \u201cquien le arreglaba el apartamento a \u00e9ste\u201d, declaraci\u00f3n que no pod\u00eda desecharse por el simple hecho del parentesco mencionado. <\/p>\n
Con todo, a\u00fan de admitir, como lo estim\u00f3 el Tribunal, que tal separaci\u00f3n no implic\u00f3 \u201c(\u2026) la terminaci\u00f3n de la relaci\u00f3n porque el demandado busc\u00f3 reconciliarse con ella, reanudaron la convivencia, la misma qued\u00f3 en embarazo de su segundo hijo nacido el 28 de mayo de 2018, al cual, junto con aquella \u00e9l tambi\u00e9n afili\u00f3 a la medicina prepagada de Colsanitas, afiliaci\u00f3n que perdur\u00f3 durante todo el a\u00f1o 2017, como lo certific\u00f3 dicha entidad y, en compendio, que retomaron la vida familiar en el apartamento ubicado en la calle 26 (\u2026)\u201d, el protuberante y trascendental dislate permanece inc\u00f3lume, pues se declar\u00f3 el cumplimiento del \u201c(\u2026) requisito temporal necesario para la consolidaci\u00f3n de la sociedad patrimonial (\u2026)\u201d, cuando ello no est\u00e1 demostrado en las diligencias. <\/p>\n
Lo antedicho, en tanto, desde su \u00f3ptica, qued\u00f3 acreditado que la comuni\u00f3n de vida inici\u00f3 el 31 de octubre de 2016 y finiquit\u00f3 el 15 de agosto de 2018, \u201c(\u2026) momento de clausura absolutamente pac\u00edfico (\u2026)\u201d, de donde surge palmaria la insuficiencia del t\u00e9rmino de duraci\u00f3n de la convivencia para predicar la satisfacci\u00f3n de los presupuestos consagrados en el art\u00edculo 2\u00ba de la Ley 54 de 1990, modificado por la Ley 979 de 2005, cuya interpretaci\u00f3n ha establecido esta Corporaci\u00f3n en diversos pronunciamientos que trajo a colaci\u00f3n. <\/p>\n
3.1. El errado entendimiento del sentenciador de segundo grado acot\u00f3 el inconforme, le impidi\u00f3 dar cr\u00e9dito a las declaraciones de sus exempleadas Natalia Mercedes Maestre Blanco y Lorena Villalba Zabaleta, quienes concurrieron a desvirtuar la teor\u00eda de su contrincante y, sin embargo, fueron calificadas de parcializadas, por haber informado que \u201cla demandante era una empleada m\u00e1s de Ciro y, la segunda, que aun estando en embarazo, el trato dado a ella fue netamente laboral\u201d. <\/p>\n
3.2. Tampoco tom\u00f3 en cuenta la documental militante en la foliatura, en especial, \u201cel contrato individual de trabajo celebrado entre la demandante y Celnov S.A.S. y liquidaci\u00f3n del mismo, la carta de renuncia presentada, al parecer, por la se\u00f1ora Paula Andrea Villamar\u00edn Mesa, ni los certificados de aportes a seguridad social de la [actora] y menos el extracto de cr\u00e9dito de \u201cSufi\u201d del demandado\u201d los cuales \u201crevelan que la relaci\u00f3n inicialmente existente entre las partes, fue, eminentemente laboral\u201d y, por lo tanto, tampoco de esos medios emanaba orientaci\u00f3n alguna en cuanto al hito inicial de la convivencia. <\/p>\n
Basado en la argumentaci\u00f3n acabada de compendiar, insisti\u00f3 en que no existe en la foliatura medio de convicci\u00f3n alguno que permita soportar la conclusi\u00f3n del juez plural, seg\u00fan la cual su convivencia con Villamar\u00edn Mesa inici\u00f3 el 1\u00ba de mayo de 2016, pues, por el contrario, en el expediente qued\u00f3 demostrado que ello ocurri\u00f3 el 30 de octubre de la misma anualidad, y por tanto, inviable resultaba declarar el nacimiento a la vida jur\u00eddica de la sociedad patrimonial reclamada, pues el v\u00ednculo culmin\u00f3 el 15 de agosto de 2018, esto es, antes de completarse el presupuesto temporal exigido por el legislador para tal efecto. <\/p>\n
SEGUNDO CARGO <\/p>\n
Al abrigo del segundo supuesto del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso, el impugnante endilg\u00f3 la violaci\u00f3n indirecta de los mismos preceptos citados en el embate anterior, como resultado de los errores de derecho cometidos por el fallador al haber desconocido las reglas 164, 166, 167, 176, 191, 196, 197 y 242 del C\u00f3digo General del Proceso, en grave detrimento a sus intereses, pues tal proceder lo llev\u00f3 a determinar, equivocadamente, la fecha de inicio de la uni\u00f3n marital y la configuraci\u00f3n de la sociedad patrimonial entre compa\u00f1eros permanentes. <\/p>\n
<\/p>\n
1. En efecto, explic\u00f3, aunque el canon 164 citado establece el deber de fundar toda decisi\u00f3n \u201cen las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso\u201d, el fallo confutado edific\u00f3 una conclusi\u00f3n que carece de tal soporte probatorio, quebrantando dicha disposici\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Tampoco valor\u00f3 el haz probatorio de acuerdo con las exigencias del art\u00edculo 176 adjetivo, pues no tom\u00f3 en consideraci\u00f3n la culminaci\u00f3n de \u201clos respectivos contratos de arrendamiento celebrados de manera individual y respecto de distintos inmuebles\u201d, ni el momento que \u201ccada uno de aquellos dej\u00f3 de habitarlos\u201d. <\/p>\n
De haber valorado, en conjunto, los elementos de convicci\u00f3n allegados al paginario, sus conclusiones habr\u00edan sido distintas y ajustadas a la realidad material de la lid, pues el despunte de la cohabitaci\u00f3n en el apartamento situado en el barrio Tabora de esta ciudad, no encuentra eco en ning\u00fan medio de conocimiento; tal hecho fue producto de la invenci\u00f3n del juzgador, como lo demuestra, dijo, la exposici\u00f3n efectuada en los puntos 5 a 13 y 20 a 24 del cargo anterior. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Aunque su contendiente no cumpli\u00f3 con la carga establecida en la regla 167 ejusdem, pues no acredit\u00f3 haber empezado a convivir con \u00e9l en la fecha indicada en la demanda -8 de enero de 2016- y mucho menos que ello hubiese ocurrido el 1\u00ba de mayo siguiente, el ad-quem, accedi\u00f3 a sus pretensiones. <\/p>\n
<\/p>\n
4. Ni siquiera apreci\u00f3 la confesi\u00f3n del demandado en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 191 del estatuto procesal, cuando \u00e9l \u201cde manera libre, voluntaria y en perjuicio suyo, admiti\u00f3 haber iniciado la uni\u00f3n marital con la accionante el 31 de octubre de 2016, se repite, confesi\u00f3n no desvirtuada por \u00e9sta\u201d, violentando, de paso, los art\u00edculos 196 y 197 ibid, al no advertir que aqu\u00e9lla no fue infirmada y por tanto debi\u00f3 aceptarla \u201c(\u2026) con las modificaciones, aclaraciones y explicaciones expuestas por el confesante, concernientes al hecho confesado, como lo determina el art\u00edculo 196 ibidem, particularmente, que la convivencia aflor\u00f3 el 31 de octubre de 2016 y todas las dem\u00e1s explicaciones que ofreci\u00f3, en esencia, las relacionadas con la vinculaci\u00f3n, tanto laboral con la demandante, como a Colsanitas (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Es decir, que, en virtud de la indivisibilidad de la confesi\u00f3n, el tribunal debi\u00f3 tomar de ella, no solo los aspectos perjudiciales para sus intereses, \u201csino lo que igualmente [lo] favorec[\u00eda]\u201d, asertos que solicit\u00f3 analizar en consonancia con las consideraciones 6.3, 6.9.3., 12 y 7 del embate precedente. <\/p>\n
<\/p>\n
5. Tambi\u00e9n inaplic\u00f3 las previsiones del canon 242 del ordenamiento en cita, al preterir la prueba indiciaria, premisa que soport\u00f3 en el punto 6.7. del primer reproche, pues de haberla estimado y analizado juntamente con los restantes medios de cognici\u00f3n, a la luz de las reglas de la l\u00f3gica y la experiencia, como, asegur\u00f3, lo expuso en el ac\u00e1pite 6.1.1., el colegiado no habr\u00eda podido sostener sus conjeturas. <\/p>\n
<\/p>\n
Amparado en las disertaciones que vienen de compendiarse, solicit\u00f3 casar la sentencia impugnada para dejar inc\u00f3lume la dictada por la falladora de primer grado. <\/p>\n
III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. La naturaleza extraordinaria del recurso de casaci\u00f3n exige una sustentaci\u00f3n cimentada en alguna de las causales taxativamente consagradas en el art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso, desarrollada con observancia de los requisitos formales previstos en el art\u00edculo 344 del mismo compendio, pues no todo desacuerdo con el veredicto confutado, permite el estudio de fondo de la cuesti\u00f3n litigiosa. <\/p>\n
1.1. Las sentencias pueden ser controvertidas por errores in iudicando o in procedendo, estando entre los primeros la violaci\u00f3n de normas sustanciales, producto de desv\u00edos de interpretaci\u00f3n o aplicaci\u00f3n normativa (directa), o \u201cde error de derecho derivado del desconocimiento de una norma probatoria, o por error de hecho manifiesto y trascendente en la apreciaci\u00f3n de la demanda, de su contestaci\u00f3n, o de una determinada prueba\u201d1 (indirecta). <\/p>\n
1.2. En cualquiera de los dos casos, el censor deber\u00e1 se\u00f1alar los c\u00e1nones de derecho sustancial que estime infringidos, para lo cual ser\u00e1 suficiente denunciar cualquier precepto de esa naturaleza que, constituyendo base substancial de la resoluci\u00f3n rebatida, o habiendo debido serlo, haya sido quebrantado, sin que sea imprescindible integrar una proposici\u00f3n jur\u00eddica completa. <\/p>\n
1.3. Trat\u00e1ndose de la causal segunda de casaci\u00f3n, a m\u00e1s de la invocaci\u00f3n de los mandatos sustanciales se le impone al recurrente la carga de manifestar la manera como el enjuiciador las transgredi\u00f3. <\/p>\n
En esa tarea, el censor deber\u00e1 discutir los razonamientos basilares y los instrumentos sobre los cuales ciment\u00f3 el fallador su decisi\u00f3n, con el objeto de desvirtuarlos, se\u00f1alando la incidencia de los yerros y la forma como \u00e9stos llevaron a la desatenci\u00f3n de los preceptos invocados, su contundencia e inconsistencia entre lo acreditado objetivamente por tales probanzas y las conclusiones del juzgador, am\u00e9n de que \u00abno cualquier yerro de esa estirpe es suficiente para infirmar un fallo en sede de casaci\u00f3n, sino que se requiere que sea manifiesto, porque si se edifica a partir de un complicado proceso dial\u00e9ctico, as\u00ed sea acertado, frente a unas conclusiones tambi\u00e9n razonables del sentenciador, dejar\u00eda de ser evidente, pues simplemente se tratar\u00eda de una disputa de criterios, en cuyo caso prevalecer\u00eda la del juzgador, puesto que la decisi\u00f3n ingresa al recurso extraordinario escoltada de la presunci\u00f3n de acierto (subrayado fuera del texto) (CSJ SC1905, 4 jun. 2019, rad. 2011-00271-01, reiterada en CSJ SC003, 18 ene. 2021, rad. 2010-00682-01). <\/p>\n
1.4. De otra parte, ha sostenido la jurisprudencia que se incurre en error de derecho cuando el juzgador \u00abaprecia pruebas aducidas al proceso sin la observancia de los requisitos legalmente necesarios para su producci\u00f3n; o cuando, vi\u00e9ndolas en la realidad que ellas demuestran, no las eval\u00faa por estimar erradamente que fueron ilegalmente rituadas; o cuando le da valor persuasivo a un medio que la ley expresamente proh\u00edbe para el caso; o cuando, requiri\u00e9ndose por la ley una prueba espec\u00edfica para demostrar determinado hecho o acto jur\u00eddico, no le atribuye a dicho medio el m\u00e9rito probatorio por ella se\u00f1alado, o lo da por demostrado con otra prueba distinta; o cuando el sentenciador exige para la justificaci\u00f3n de un hecho o de un acto una prueba especial que la ley no requiere\u00bb (CSJ SC1929-2021, 26 may., rad. 2007-00128-01 que reitera providencia anterior). <\/p>\n
2. Aun de cumplir los lineamientos aludidos en precedencia, es factible inadmitir el libelo de sustentaci\u00f3n, por as\u00ed preverlo el canon 347 del C\u00f3digo General del Proceso, cuando: \u201ci) \u201cexista identidad esencial del caso con jurisprudencia reiterada de la Corte, salvo que el recurrente demuestre la necesidad de variar el sentido\u201d; ii) \u201clos errores procesales aducidos no existen o, dado el caso, fueron saneados, o no afectaron las garant\u00edas de las partes, ni comportan una lesi\u00f3n relevante del ordenamiento\u201d; y, iii) \u201cno es evidente la trasgresi\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico en detrimento del recurrente\u201d. <\/p>\n
Al respecto, esta Corporaci\u00f3n ha precisado que la aplicaci\u00f3n de la potestad de selecci\u00f3n descrita privilegia los principios de econom\u00eda y celeridad procesal, sin desconocer el \u00abderecho a un debido proceso constitucional y legal frente al recurrente, por cuanto la decisi\u00f3n ab initio termina adopt\u00e1ndose una vez ha sido escuchado, y respecto a la parte opositora en el tr\u00e1mite del recurso de casaci\u00f3n, porque ninguna consecuencia adversa le acarrea, de ah\u00ed que a las claras resulta superfluo o\u00edrla con antelaci\u00f3n\u00bb (CSJ AC3594-2018, 27 ago., 2006-00137-01, reiterado en CSJ AC5140-2019, 3 dic., rad. 2005-00136-01). <\/p>\n
As\u00ed mismo, en atenci\u00f3n a lo previsto en el art\u00edculo 16 de la Ley 270 de 1996, modificado por el 7\u00ba de la Ley 1285 de 2009, es viable \u201cseleccionar las sentencias objeto de (\u2026) pronunciamiento, para los fines de unificaci\u00f3n de la jurisprudencia, protecci\u00f3n de los derechos constitucionales y control de legalidad de los fallos\u201d, e incluso, acudiendo a la prerrogativa consagrada en el inciso final del canon 336 adjetivo, le est\u00e1 permitido a la Corte \u201ccasar la sentencia, a\u00fan de oficio, cuando sea ostensible que compromete gravemente el orden o el patrimonio p\u00fablico, o atenta contra los derechos y garant\u00edas constitucionales\u201d, tal como lo ha reconocido la jurisprudencia de la Sala (CSJ AC665-2021, 1\u00ba mar., rad. 2017-00464). <\/p>\n
3. En el sub iudice, se har\u00e1 uso de la atribuci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 347 procedimental, por cuanto, no obstante hallar satisfechos los presupuestos de forma exigidos para la presentaci\u00f3n de la demanda destinada a sustentar el recurso extraordinario de casaci\u00f3n interpuesto, no se evidencia trasgresi\u00f3n alguna al ordenamiento jur\u00eddico con la determinaci\u00f3n confutada, lo cual, naturalmente, descarta la vulneraci\u00f3n de garant\u00edas fundamentales o el detrimento a los intereses y prerrogativas del recurrente, como pasa a exponerse. <\/p>\n
3.1. En el primer ataque, el casacionista reproch\u00f3 la valoraci\u00f3n material de los medios de convicci\u00f3n obrantes en la foliatura, mientras en el segundo, aleg\u00f3 la incursi\u00f3n del juzgador en errores de derecho, por desconocer algunas reglas de apreciaci\u00f3n, respecto de esos mismos elementos, al haber fijado, en d\u00eda el 1\u00ba de mayo de 2016, el comienzo de la cohabitaci\u00f3n marital y desestimado la separaci\u00f3n de la pareja ocurrida entre los meses de septiembre de 2017 y febrero de 2018, habilit\u00e1ndose el reconocimiento de la sociedad patrimonial deprecada por su contraparte. <\/p>\n
3.1.1. Para el memorialista, la primera conclusi\u00f3n deviene de la \u201cinvenci\u00f3n\u201d del ad quem, quien, sin base probatoria estableci\u00f3 el hito inicial de la relaci\u00f3n dom\u00e9stica (cargo primero), dejando de lado sus obligaciones de: i) fundar sus decisiones en \u201clas pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso\u201d (art. 164 del C.G.P.); ii) valorar conjuntamente los medios de conocimiento adosados al expediente (art. 176); iii) aplicar a su oponente las consecuencias jur\u00eddicas de no haber demostrado los hechos alegados en la demanda (art. 167); iv) apreciar la confesi\u00f3n, no desvirtuada, del demandado, no s\u00f3lo en lo perjudicial, sino tambi\u00e9n en los aspectos a \u00e9l favorables (art. 191, 196 y 197); v) preterir el an\u00e1lisis de la prueba indiciaria (art. 242); y vi) olvidar que de acuerdo con el canon 166 ejusdem, las presunciones admiten prueba en contrario (cargo segundo). <\/p>\n
Si bien, asiste raz\u00f3n al inconforme en cuanto a que ni las declaraciones de Karol Dar\u00edo Reyna Chaparro y Paula Andrea Dur\u00e1n Cuervo, ni la certificaci\u00f3n emitida por Colsanitas Medicina Prepagada, el 10 de septiembre de 2018, demostraban, por s\u00ed mismas, que la comunidad de vida entre \u00e9l y la madre de sus hijos, empez\u00f3 en la data establecida por el fallador, lo cierto es que, precisamente, el an\u00e1lisis conjunto de la totalidad del material recaudado en el juicio, permit\u00eda inferir que los contendientes emprendieron un proyecto de vida com\u00fan en esa \u00e9poca. <\/p>\n
Seg\u00fan da cuenta la foliatura, la demandante lleg\u00f3 a vivir a Bogot\u00e1, procedente de Yopal (Casanare), el 2 de enero de 2016, tomando en arriendo una habitaci\u00f3n, ubicada en el barrio El Salitre, a pocas cuadras de la vivienda de Hilda Mariela Ru\u00edz de Monico, quien, el 31 del mismo mes y a\u00f1o, le alquil\u00f3 una alcoba al hoy impugnante. Al d\u00eda siguiente, la accionante empez\u00f3 a laborar para el convocado, a quien hab\u00eda conocido en su ciudad natal, tal como este \u00faltimo lo confes\u00f3 en el interrogatorio de parte (r\u00e9cord 00:12:00, audiencia inicial de 9 de mayo de 2019). <\/p>\n
Fruto del romance sostenido por las partes, durante los albores de ese a\u00f1o, Paula Andrea qued\u00f3 en embarazo y, el 1\u00ba de mayo siguiente, rent\u00f3 el memorado inmueble del barrio Tabora, cuyo canon era cubierto por el padre del nasciturus, seg\u00fan lo apunt\u00f3 Villamar\u00edn Mesa y lo corrobor\u00f3 el arrendador de esa edificaci\u00f3n (fol. 18, c.1), sin ser desmentido por el opugnador. <\/p>\n
Un mes despu\u00e9s de ese acontecimiento, es decir, en junio de 2016, seg\u00fan lo expres\u00f3 el propio demandado en la primera vista p\u00fablica celebrada, la actora le manifest\u00f3 \u201clo del embarazo y que a ella no le gusta hacer filas en la EPS\u201d y le pregunt\u00f3 si la autorizaba a suscribir un contrato de medicina prepagada, a lo cual \u00e9l asinti\u00f3, dici\u00e9ndole \u201csi quiere yo le ayudo con ese pago\u201d (r\u00e9cord 00:21:00). Seg\u00fan el certificado de afiliaci\u00f3n a ese servicio de salud, Paula Andrea figuraba como contratante o titular \u201cCT\u201d y Ciro como beneficiario en calidad de \u201cc\u00f3nyuge\u201d, seg\u00fan la sigla \u201cCO\u201d, utilizada para identificar el parentesco por la entidad (fol. 21, c.1). <\/p>\n
Tales sucesos constituyeron, para el sentenciador \u201cmanifestaciones significativas para determinar los albores de la uni\u00f3n marital, pues esa afiliaci\u00f3n, afianza el hecho de que la pareja se comportaba como un grupo familiar al brindarse esa clase de coberturas, signo inequ\u00edvoco de solidaridad\u201d; por otra parte, consider\u00f3 que el extremo pasivo se limit\u00f3 a se\u00f1alar que el contrato fue suscrito por Paula, con ayuda de una t\u00eda, en la ciudad de Yopal; empero, al mismo tiempo reconoci\u00f3 \u201cque \u00e9l cubr\u00eda los costos, y que con posterioridad, [\u00e9]l personalmente modific\u00f3 el contrato asumi\u00e9ndolo como titular y esta vez tuvo afiliada a la demandante como su beneficiaria, incluso, luego del nacimiento de su primer hijo\u201d. <\/p>\n
Si la intenci\u00f3n de Ciro Valbuena no era la de conformar un hogar con la madre de su descendiente, sino, simplemente, garantizar el bienestar del beb\u00e9, como lo adujo en su declaraci\u00f3n y en la demanda de casaci\u00f3n, para ello bastaba con vincular, exclusivamente, a la gestante y no, como si de una familia se tratara, m\u00e1xime, cuando a toda costa quiso hacer ver que la relaci\u00f3n fue estrictamente \u201claboral\u201d, circunstancia que no acompasa con las cargas econ\u00f3micas asumidas en su favor, al punto de pagar el alquiler de su vivienda en el barrio Tabora, pese a que ella percib\u00eda ingresos por cuenta de su contrato de trabajo, seg\u00fan su propio dicho, vigente entre \u201cel 3 de enero de 2016 hasta su liquidaci\u00f3n, sus dos liquidaciones, en el 30 de noviembre de 2018 (sic)\u201d (00:12:25). <\/p>\n
Los hechos narrados en precedencia corroboran la tesis de la reclamante, quien, si bien en el escrito genitor asever\u00f3 que la uni\u00f3n con el enjuiciado floreci\u00f3 el 8 de enero de 2016, durante el interrogatorio de parte, aclar\u00f3 que no pod\u00eda decir que desde ese momento Ciro se quedara con ella todo el tiempo, pues \u00e9l ten\u00eda alquilada una habitaci\u00f3n a pocas cuadras del lugar donde ella lleg\u00f3 a vivir en Bogot\u00e1; sin embargo, asever\u00f3, con el fin de tener un espacio m\u00e1s grande y c\u00f3modo, adem\u00e1s de cercano al nuevo local comercial abierto en el centro comercial Titan Plaza, en mayo de 2016, decidieron tomar en arriendo el apartamento de Karol Dar\u00edo Reyna, donde inici\u00f3 la gestaci\u00f3n de su primer hijo (r\u00e9cord 00:30:00). <\/p>\n
Esa narraci\u00f3n coincide con lo esgrimido, espont\u00e1neamente, por el demandado, frente a la pregunta de si alguna vez hab\u00eda existido convivencia marital con la actora, a lo cual contest\u00f3: \u201cnosotros, cuando ella qued\u00f3 embarazada, ella qued\u00f3 embarazada en el mes de \u2026 [guarda silencio y no termina la frase] existi\u00f3 una convivencia, \u00bfpor qu\u00e9 motivo?, ella qued\u00f3 embarazada, qued\u00f3 en embarazo de alto riesgo\u201d (r\u00e9cord 00:12:48). Si el nacimiento del ni\u00f1o ocurri\u00f3 en el mes de enero de 2017 (fol. 3, c.1), surge palmaria la sinceridad de la madre, cuando se\u00f1al\u00f3 que en mayo de 2016 \u201cinici\u00f3 [la] gestaci\u00f3n de mi hijo\u201d (r\u00e9cord 00:29:50); luego, fundadamente pod\u00eda inferirse, como lo hizo el Tribunal, que la convivencia germin\u00f3 en dicha \u00e9poca y no el 30 de octubre de 2016, como lo intent\u00f3 hacer ver el progenitor. <\/p>\n
Aunque el interrogado trat\u00f3 de matizar sus afirmaciones iniciales diciendo \u201cy yo le dije a la se\u00f1ora Paula, ella me solicita, la familia me solicita en el mes de octubre, en el mes de septiembre del a\u00f1o 2016, me solicitan que le de respaldo a la se\u00f1ora, porque, pues, yo qued\u00e9 sorprendido porque ella me dijo que ten\u00eda los ovarios operados, que ella no pod\u00eda tener hijos, yo no me cuid\u00e9, tuve unas relaciones ocasionales con la se\u00f1ora en el 2016\u201d (r\u00e9cord 00:13:05) y termin\u00f3 precisando, a solicitud de la directora de la audiencia, que hubo convivencia \u201cdel 30 de octubre de 2016 al 12 de febrero, que ella ya tuvo el ni\u00f1o, pas\u00f3 el alto riesgo y se fue de la [no termina la frase]\u201d, es palpable su \u00e1nimo de esconder la verdad. <\/p>\n
En efecto, la postura inicial del deponente fue la de negar la existencia de cualquier v\u00ednculo distinto al de empleador-trabajadora, no obstante, poco a poco, a lo largo de su exposici\u00f3n fue reconociendo que tuvo \u201crelaciones espor\u00e1dicas\u201d con la reclamante, admitiendo, finalmente, que s\u00ed hubo vida marital, pero ubic\u00e1ndola en un extremo temporal posterior al de su real despunte. <\/p>\n
3.1.2. Al respecto, llama la atenci\u00f3n de la Sala, la cuidadosa forma en que el enjuiciado contestaba a las preguntas y dejaba inconclusas algunas de sus respuestas, lo cual pone en evidencia su preparaci\u00f3n para ocultar cualquier hecho que pudiera contribuir a robustecer la teor\u00eda de caso de su contrincante, quien, por el contrario, no tuvo reparo en admitir que no pod\u00eda asegurar que \u00e9l viviera con ella desde enero de 2016, pero s\u00ed lo hizo desde mayo, cuando qued\u00f3 en embarazo por primera vez. <\/p>\n
Aunque el recurrente puso de relieve las expresiones utilizadas por el arrendador Reyna Chaparro, para referirse a Paula Andrea como su inquilina e incluso, enarbol\u00f3 la autorizaci\u00f3n solicitada por ella para que \u00e9l pudiera pernoctar all\u00ed, aduciendo que se trata de muestras inequ\u00edvocas de la informalidad de su amor\u00edo, pues \u00e9l era un simple \u201camigo\u201d o \u201cnovio\u201d, ello corresponde a la particular interpretaci\u00f3n del libelista, quien por este medio excepcional, lejos de derruir la del fallador, pretende imponer la propia. <\/p>\n
N\u00f3tese, el citado declarante jam\u00e1s dijo que el permiso pedido por Villamar\u00edn Mesa fue para que Ciro pudiera quedarse \u201cocasional\u201d o \u201cespor\u00e1dicamente\u201d en la vivienda, \u00e9l no precis\u00f3 en qu\u00e9 contexto se le formul\u00f3 esa solicitud y la actora explic\u00f3 que luego, la hip\u00f3tesis del demandado no pasa de ser una simple conjetura que, analizada a la luz de los dem\u00e1s elementos de prueba ya expuestos, se queda sin piso, pues el mismo deponente asever\u00f3 tambi\u00e9n que los contendores eran \u201cpareja\u201d, que iban juntos a cancelarle el valor del arriendo cuando \u00e9l ven\u00eda a Bogot\u00e1 y si no arribaba a la ciudad, era el recurrente quien le transfer\u00eda el pago respectivo (fol. 18, c.1). <\/p>\n
Lo propio ocurre frente a las declaraciones de Hilda Mariela Ru\u00edz de Monico y Luz Mery Mart\u00ednez Bernal y el contrato de arrendamiento suscrito entre la primera y el censor, pues, adem\u00e1s de reducirse el ataque a una simple disparidad de criterios con las consideraciones expuestas por el ad quem, ciertamente se torna irrelevante la existencia del citado convenio, por ser m\u00e1s reveladores los hechos que dan cuenta de una convivencia marital entre los consortes, a saber: la manifestaci\u00f3n espont\u00e1nea del enjuiciado, la decisi\u00f3n de tomar en arriendo un apartamento m\u00e1s grande y c\u00f3modo para el beb\u00e9 que estaban esperando, el consentimiento del progenitor para afiliarse como n\u00facleo familiar a medicina prepagada en Colsanitas, el cubrimiento de tales gastos por parte del convocado y el trato que se prodigaban los futuros padres, al punto de ser identificados como \u201cpareja\u201d, por el deponente Karol Dar\u00edo Reyna. <\/p>\n
Es cierto que el contrato de alquiler firmado entre el recurrente e Hilda Mariela Ru\u00edz, as\u00ed como las declaraciones de \u00e9sta \u00faltima y Luz Mery Mart\u00ednez, acreditan que el primero tuvo arrendada una alcoba para \u00e9l solo, entre enero y octubre de 2016, ello no est\u00e1 en discusi\u00f3n, pues la misma demandante dio cuenta de que su compa\u00f1ero se quedaba all\u00ed cada vez que se disgustaban (r\u00e9cord 00:31:00), siendo ese, adem\u00e1s, un lugar cercano al Centro Comercial Gran Estaci\u00f3n donde el censor ten\u00eda su oficina (r\u00e9cord 00:09:30), lo cual explica la existencia del citado convenio, pero lejos est\u00e1 de desvirtuar el proyecto de vida com\u00fan acreditado por los dem\u00e1s elementos de juicio analizados. <\/p>\n
3.1.3. Tampoco puede endilgarse yerro alguno al juzgador, por la l\u00f3gica utilizada para desestimar la fecha demarcada en el libelo introductor como punto de partida -8 de enero de 2016-, pues es evidente que en esa \u00e9poca no exist\u00eda la multiplicidad de sucesos ocurridos desde el 1\u00ba de mayo de ese a\u00f1o, con entidad suficiente para variar el panorama de la pareja Valbuena Villamar\u00edn. <\/p>\n
Mientras en el primer momento ella acababa de llegar a Bogot\u00e1, tom\u00f3 en arriendo una alcoba cuyo precio no cancelaba el inconforme, no se encontraba en embarazo, ni se trajo al juicio un solo testigo que los reconociera como compa\u00f1eros sentimentales, para la segunda calenda, la promotora se encontraba en estado de gravidez, hab\u00eda tomado en arriendo un apartamento con el respaldo econ\u00f3mico del padre del beb\u00e9 y dos meses m\u00e1s tarde se encontraba afiliada a medicina prepagada como integrante de un n\u00facleo familiar con su hoy oponente; luego, no pod\u00eda el fallador aplicar el mismo rasero para decidir una y otra cuesti\u00f3n. <\/p>\n
3.1.4. Con todo, vale la pena precisarlo, aun de admitir que Ciro Valbuena no tuvo la intenci\u00f3n de vivir junto a la madre de su primog\u00e9nito desde el 1\u00ba de mayo de 2016, el eventual desacierto del fallador plural devendr\u00eda intrascendente, pues, pese a la particular y conveniente postura del demandado frente al contrato de medicina prepagada que estuvo vigente entre el 1\u00ba de julio y el 1\u00ba de diciembre de 2016, tal documento confirma la comunidad de vida establecida, por lo menos, desde la primera fecha citada, a partir de cuya contabilizaci\u00f3n era dable declarar reunidos los requisitos para la configuraci\u00f3n de la sociedad patrimonial, teniendo en cuenta la fecha de clausura definitiva del v\u00ednculo marital -15 de agosto de 2018-. <\/p>\n
Vistas de ese modo las cosas, en manera alguna resulta descabellada, absurda ni manifiestamente contraria a la realidad, la conclusi\u00f3n del ad quem, al ubicar en el 1\u00ba de mayo de 2016, el punto de partida de la cohabitaci\u00f3n de los compa\u00f1eros, pues, se insiste, los acontecimientos descritos y debidamente probados, permit\u00edan inferir tal l\u00edmite temporal y, desechar la tesis defensiva del convocado, seg\u00fan la cual su relaci\u00f3n con la actora se ci\u00f1\u00f3, exclusivamente, al plano laboral. <\/p>\n
En esas condiciones, el juzgador plural estim\u00f3 tanto individual como conjuntamente la prueba testimonial y documental allegada al paginario para demostrar el hito de inicio de la uni\u00f3n marital incoada, con sujeci\u00f3n al art\u00edculo 176 del C\u00f3digo General del Proceso; no valor\u00f3 medios de conocimiento distintos a los regular y oportunamente aportados, observando las previsiones del canon 164 ibidem; no bas\u00f3 en la confesi\u00f3n del demandado sus conclusiones sobre el l\u00edmite temporal en pugna, de manera que no puede predicarse la infracci\u00f3n de los preceptos 191, 196 y 197 adjetivos; y concedi\u00f3 a la convocante, \u00fanicamente, los derechos acreditados en el juicio, en consonancia con las reglas 166 y 167 procedimentales, pues una vez decantada la suficiencia del lapso de convivencia, proced\u00eda aplicar la presunci\u00f3n contenida en el art\u00edculo 2\u00ba de la Ley 54 de 1990. <\/p>\n
3.2. Dentro del primer embate, el memorialista recrimin\u00f3 tambi\u00e9n que el Tribunal decidiera no respaldar la tesis del juez a quo, en cuanto a la ruptura del v\u00ednculo entre los compa\u00f1eros permanentes, \u201c(\u2026) porque, en su sentir, el distanciamiento temporal de la pareja en el mes de agosto de 2017, no implic\u00f3 la terminaci\u00f3n de la relaci\u00f3n (\u2026)\u201d, desechando con tal postura los testimonios de Flor Alba Pi\u00f1eros Ram\u00edrez, por no ser del todo clara la ciencia de su dicho ni demostrar solidez en sus atestaciones, y Martha Luc\u00eda Valbuena, cuya declaraci\u00f3n consider\u00f3 visiblemente parcializada por ser la hermana del encausado. <\/p>\n
A partir de tales razonamientos, afirm\u00f3 el casacionista, el juez plural desconoci\u00f3 que \u201cla permanencia, entendida como ‘la estabilidad, continuidad o perseverancia en la comunidad de vida’ estuvo ausente entre el 11 de septiembre de 2017 y el 26 de febrero de 2018, dado que sus integrantes optaron por romperla, establecer residencias separadas, dejar de convivir y, en compendio, malograron [tal presupuesto]\u201d, cuando, \u201cde acuerdo con el art\u00edculo 1\u00ba de la Ley 54 de 1990, \u201cpara todos los efectos civiles, se denomina uni\u00f3n marital de hecho la formada entre un hombre y una mujer, que sin estar casados, hacen una comunidad de vida permanente y singular\u201d. <\/p>\n
De nuevo se echa de menos la trasgresi\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico en detrimento del recurrente o la violaci\u00f3n de sus garant\u00edas fundamentales, en tanto es evidente que lo pretendido por el vencido en juicio es anteponer su propia visi\u00f3n del asunto a la del fallador, seg\u00fan la cual el dicho de las citadas deponentes deb\u00eda preferirse sobre los dem\u00e1s medios de convicci\u00f3n que respaldaban la tesis de su oponente. <\/p>\n
Sobre este t\u00f3pico, el juzgador sostuvo: <\/p>\n
\u201c(\u2026) La demandante solicit\u00f3 declarar la existencia de la uni\u00f3n marital de hecho del 8 de enero de 2016 al 15 de agosto de 2018, reivindicando la intenci\u00f3n de las partes de seguir conviviendo, pues, aun cuando la se\u00f1ora Paula Andrea regres\u00f3 a Bogot\u00e1, luego de haber viajado a Yopal en el a\u00f1o 2017, huyendo del maltrato del demandado, y resolvi\u00f3 ubicarse en otro apartamento, para evitar seguir siendo v\u00edctima de las agresiones del se\u00f1or Ciro, ello no puso fin a la vida familiar porque el demandado busc\u00f3 reconciliarse con ella, como en efecto ocurri\u00f3, al punto de reanudar la convivencia, quedar en embarazo por segunda vez y retomar la vida familiar en el apartamento ubicado en la calle 26. <\/p>\n
Las conclusiones del fallo de primera instancia, en efecto ri\u00f1en con estas circunstancias demostradas en el proceso y resultan insuficientes para sustentar la tesis de la existencia de dos uniones maritales, cuando por otro lado, el examen panor\u00e1mico de la situaci\u00f3n pone de manifiesto que, a pesar de las dificultades y de la violencia sufrida por la demandante, la pareja persisti\u00f3 en su relaci\u00f3n, y si bien [ella] se fue a vivir en arriendo a un apartamento ubicado en el barrio El Tintal, ello no fue \u00f3bice para que continuaran compartiendo como pareja. <\/p>\n
Tan cierto es que precisamente en ese lapso (\u2026) Paula Andrea [Villamar\u00edn Mesa] qued\u00f3 embarazada de su segundo hijo con el demandado, nacido el 26 de mayo de 2018, seg\u00fan lo dijo este \u00faltimo en el interrogatorio de parte que absolvi\u00f3, siendo tambi\u00e9n del todo revelador para la Sala que la pareja continuara afiliada al servicio de medicina prepagada con Colsanitas, hecho aceptado por el demandado al decir que con posterioridad al nacimiento de su primer hijo hubo una modificaci\u00f3n del contrato, cuando \u00e9l asumi\u00f3 la titularidad del mismo y afili\u00f3, tanto a su hijo menor de edad, como a la demandante, am\u00e9n de obrar a folio 20 copia del certificado de pagos \u201cCONTRATO DE MEDICINA PREPAGADA\u201d, expedido por dicha entidad, de cuya lectura se establece que durante todo el a\u00f1o gravable 2017 el n\u00facleo familiar permaneci\u00f3 afiliado, figurando el se\u00f1or Ciro [Valbuena] Lizarazo como \u201cC\u00d3NYUGE\u201d (\u2026)\u201d. <\/p>\n
En verdad, la informaci\u00f3n entregada por Flor Alba y Martha Luc\u00eda, denotan su parcializaci\u00f3n en favor del demandado. <\/p>\n
La primera, porque sin tener ning\u00fan conocimiento sobre la intimidad de la pareja, pues asegur\u00f3 que fue arrendadora de Paula Andrea respecto de un apartamento ubicado en el barrio Santa Fe del Tintal de Bogot\u00e1, vivir en el municipio de Funza y haber venido \u201cdos o tres veces\u201d a cobrar el arriendo en la puerta de su inmueble, afirm\u00f3 que la inquilina vivi\u00f3 sola con su hijo, durante todo el tiempo del contrato, cuyos extremos temporales (27 de octubre de 2017 a 27 de febrero de 2018) recordaba n\u00edtidamente, pese a tratarse de un convenio verbal, agregando que en sus visitas pudo ver \u201cun comedor, unas sillas y cuando se fue, dej\u00f3 el colch\u00f3n y el corral del ni\u00f1o (\u2026) yo fui a recibir el apartamento, ella me dej\u00f3 las llaves con la se\u00f1ora Martha\u201d (r\u00e9cord 02:10:00 a 02:19:00 audiencia inicial). <\/p>\n
Por su parte, la hermana del enjuiciado neg\u00f3 insistentemente la convivencia de \u00e9ste con la actora, a quien dijo haber conocido un \u201ca\u00f1o y medio\u201d antes, aseveraci\u00f3n desvirtuada por su propia respuesta posterior seg\u00fan la cual la distingui\u00f3 \u201ccuando estaba embarazada de \u00e9l\u201d, admitiendo despu\u00e9s que convivieron \u201ccomo unos cinco meses y medio\u201d, \u201csolamente cuando estaba embarazada\u201d del primer ni\u00f1o, pues Ciro viv\u00eda solo \u201ccuando a \u00e9l le entregaron el apartamento\u201d, de lo cual dijo poder dar fe porque era quien le hac\u00eda el aseo en los a\u00f1os 2017 y 2018 \u201ccada 20 d\u00edas o cada mes\u201d; sin embargo, una vez enterada por la juez de que estaba contradiciendo las manifestaciones de su propio pariente, reconoci\u00f3 haber cuidado al primog\u00e9nito de la pareja, as\u00ed como la dieta de la madre, despu\u00e9s del segundo alumbramiento, en el inmueble ubicado \u201cen la calle 26\u201d (r\u00e9cord 02:03:00 a 02:09:10). <\/p>\n
Lo propio ocurre con las atestaciones de Lorena Villalba Zabaleta, ex contadora del encausado y Natalia Mercedes Maestre Blanco, quien se ocupaba de dicho menester desde el mes de septiembre de 2017 a la fecha de la vista p\u00fablica donde se recepcion\u00f3 su declaraci\u00f3n, pues ambas, respaldando la alegaci\u00f3n de Valbuena, depusieron que el trato hacia Paula Andrea Villamar\u00edn Mesa era \u201cnetamente\u201d laboral; empero contestaron a la apoderada de la parte actora que \u00fanica y exclusivamente aqu\u00e9l ten\u00eda acceso a las claves de las cuentas bancarias de sus establecimientos de comercio, as\u00ed como a las c\u00e1maras de seguridad. <\/p>\n
Si ni siquiera las contadoras de sus negocios contaban con tales facultades, como ning\u00fan otro empleado las ten\u00eda, f\u00e1cil es colegir que la reclamante no era una trabajadora m\u00e1s, no solo por todas las situaciones ya auscultadas, sino porque con su demanda pudo aportar algunos extractos bancarios de la empresa Celnova S.A.S. de propiedad del convocado, dejando al descubierto que s\u00ed ten\u00eda funciones de administraci\u00f3n, seg\u00fan las reglas de la sana cr\u00edtica y la experiencia, no asignadas regularmente a cualquier asesor de ventas en una compa\u00f1\u00eda. <\/p>\n
En fin, la prueba tra\u00edda al juicio por el extremo demandado, as\u00ed como su propio interrogatorio de parte, muestra una marcada intenci\u00f3n de ocultar los hechos como en realidad ocurrieron, de ah\u00ed que la teor\u00eda defensiva inicial se haya desmoronado en su integridad, fortaleciendo, parad\u00f3jicamente, la de la promotora, quien, de manera m\u00e1s cre\u00edble, espont\u00e1nea y abierta, asegur\u00f3 que si bien en el mes de septiembre de 2017 se fue del apartamento donde conviv\u00eda con Ciro, \u00e9ste la empez\u00f3 a buscar de nuevo, pidi\u00e9ndole perd\u00f3n, raz\u00f3n por la cual volvi\u00f3 a Bogot\u00e1, pero para evitar seguir sometida a su maltrato e intentar salvar la relaci\u00f3n, acordaron alquilar el predio de Flor Alba, donde se qued\u00f3 muy pocas veces, pues, por lo general, Ciro la llevaba a la casa, recog\u00edan al ni\u00f1o y se iban para el inmueble del Centro Internacional. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, como acertadamente lo coligi\u00f3 el ad quem, la separaci\u00f3n ocurrida en el mes de septiembre de 2017 no tuvo la entidad necesaria para interrumpir la convivencia, pues el \u00e1nimo de continuarla permaneci\u00f3 inc\u00f3lume, tal como qued\u00f3 explicado en la providencia reprochada. <\/p>\n
4. En armon\u00eda con lo analizado en precedencia, tampoco hay lugar a la selecci\u00f3n oficiosa, pues la determinaci\u00f3n de segundo grado no vulner\u00f3 los derechos y garant\u00edas constitucionales de las partes, ni les irrog\u00f3 agravios que deban ser reparados; no amenaza la unidad e integridad del ordenamiento jur\u00eddico, ni compromete el orden o el patrimonio p\u00fablico; y tampoco se requiere un pronunciamiento unificador de jurisprudencia respecto del tema discutido. <\/p>\n
Las razones anotadas justifican la inadmisi\u00f3n del libelo. <\/p>\n
III. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO: INADMITIR la demanda presentada para sustentar la impugnaci\u00f3n extraordinaria interpuesta contra la sentencia de 18 de noviembre de 2019, proferida por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, dentro del proceso rese\u00f1ado, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. <\/p>\n
SEGUNDO: En su oportunidad devu\u00e9lvase el expediente a la corporaci\u00f3n de origen. An\u00f3tese su salida. <\/p>\n
Notif\u00edquese, <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presiente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 Numeral 2\u00b0 de art\u00edculo 366 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
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AC5162-2021 (2018-00863-01) HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA Magistrada Ponente AC5162-2021 Radicaci\u00f3n n. \u00ba 11001-31-10-008-2018-00863-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veinticuatro de junio de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1 D.C., tres (3) de noviembre de dos mil veintiuno (2021) Procede la Sala a decidir sobre la admisibilidad de la […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[42],"tags":[],"class_list":["post-58813","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-noviembre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/58813","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=58813"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/58813\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=58813"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=58813"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=58813"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}