AC5164-2021 (2021-00503-00)<\/p>\n
<\/p>\n
AC5164-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n. 11001-02-03-000-2021-00503-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., cinco (5) de noviembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
La Corte decide el conflicto de competencia suscitado entre el Juzgado Primero Civil del Circuito de Zipaquir\u00e1 y el Juzgado Cuarenta y Uno Civil del Circuito de Bogot\u00e1, atinente al conocimiento de la demanda de imposici\u00f3n de servidumbre el\u00e9ctrica interpuesta por Grupo Energ\u00eda de Bogot\u00e1 S.A. E.S.P., frente a Miguel \u00c1ngel Bernal Barreto y otros. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. En el libelo presentado por el apoderado judicial de la empresa Grupo Energ\u00eda de Bogot\u00e1 S.A E.S.P al \u00abJuez Civil del Circuito (Reparto) Zipaquir\u00e1 – Cundinamarca\u00bb, de la que dan cuenta estas diligencias, la parte actora reclam\u00f3 de la jurisdicci\u00f3n, entre otras, \u00abDecretar la imposici\u00f3n de una Servidumbre Legal de Energ\u00eda con Ocupaci\u00f3n Permanente a favor del GRUPO ENERG\u00cdA BOGOT\u00c1 S.A. ESP, sobre el predio rural denominado \u201cLOTE (LAS CAPARITAS),\u201d, ubicado en la vereda Quebradahonda del Municipio de Cogua Departamento de Cundinamarca, identificado con folio de matr\u00edcula inmobiliaria No. 176-40716 de la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Zipaquir\u00e1-Cundinamarca\u2026\u00bb. <\/p>\n
Asimismo, se indic\u00f3 en cuanto a la competencia que le correspond\u00eda a dicha autoridad judicial \u00aben consideraci\u00f3n a la naturaleza del asunto, la ubicaci\u00f3n del predio que soportar\u00e1 el gravamen de servidumbre, el domicilio del demandado y la cuant\u00eda\u00bb. <\/p>\n
2. El escrito incoativo fue asignado al Juzgado Primero Civil del Circuito de Zipaquir\u00e1 quien el 1 de octubre de 2019 admiti\u00f3 la demanda. <\/p>\n
No obstante, el 12 de marzo de 2020 el juzgado en ejercicio del control oficioso de legalidad, declar\u00f3 la falta de competencia, pues la demandante es una entidad p\u00fablica con domicilio en Bogot\u00e1, en consecuencia, orden\u00f3 la remisi\u00f3n del asunto a la oficina de reparto de los Juzgados Civiles del Circuito de Bogot\u00e1, en cumplimiento del numeral 10\u00ba del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del proceso y conforme al criterio de interpretaci\u00f3n que fij\u00f3 esta Corporaci\u00f3n mediante providencia AC140-2020. <\/p>\n
3. Cumplidos los tr\u00e1mites pertinentes, el expediente fue repartido y entregado al Juzgado Cuarenta y Uno Civil del Circuito de Bogot\u00e1. Tal despacho, mediante auto de 12 de enero de 2021, opt\u00f3 por declarar su incompetencia para asumir este asunto y entonces, propuso el conflicto negativo de competencia que ocupa la atenci\u00f3n de la Corte. Para ello precis\u00f3 que: <\/p>\n
\u00abEn efecto dispone el numeral 10 del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General que en los procesos contenciosos en que sea parte una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad p\u00fablica, conocer\u00e1 en forma privativa el juez de domicilio de la respectiva entidad. <\/p>\n
Empero no siempre ello se impone concluyente para determinar la competencia en trat\u00e1ndose de procesos contenciosos, como quiera que prevalece adem\u00e1s la voluntad a prevenci\u00f3n de quien precisamente acude a la jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
No debe perderse de vista que la entidad p\u00fablica es el Grupo Energ\u00eda Bogot\u00e1 S.A., ESP que funge como parte demandante en el presente asunto, la que decidi\u00f3 presentar la demanda en Zipaquir\u00e1, luego entonces quien debe conocer es el juez del municipio donde se present\u00f3 la demanda y que a la postre resulta ser el lugar con jurisdicci\u00f3n donde se ubica el inmueble objeto de expropiaci\u00f3n, en el entendido que al haberse escogido tal municipio para el adelantamiento del proceso, se entiende que renunci\u00f3 a lo que consagra el numeral 10\u00ba del art\u00edculo 28 ib\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
4. As\u00ed las cosas, conforme al canon 139 del C\u00f3digo General del Proceso, se entra a desatar el t\u00f3pico en cuesti\u00f3n. <\/p>\n
II. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Sea lo primero anotar, que como el conflicto planteado se ha suscitado entre dos despachos de diferente distrito judicial, Bogot\u00e1 y Cundinamarca, la Corte es la competente para definirlo, tal y como lo establece el art\u00edculo 16 de la ley 270 de 1996, estatutaria de la administraci\u00f3n de justicia, este \u00faltimo modificado por el art\u00edculo 7\u00ba de la ley 1285 de 2009. <\/p>\n
2. Para la determinaci\u00f3n de la competencia debe precisarse que la selecci\u00f3n del juez a quien le corresponde asumir el conocimiento de una causa litigiosa surge como el resultado de la conjugaci\u00f3n de algunas circunstancias o aspectos subjetivos u objetivos, vinculados, verbigracia, a la persona involucrada, al sitio en donde el accionado tiene su domicilio, al lugar en donde est\u00e1 ubicado el inmueble, la cuant\u00eda o naturaleza del asunto, etc. <\/p>\n
Por supuesto, en ciertas ocasiones, aunque algunos de esos factores se entremezclan y se vuelven concurrentes, prevalecen unos sobre otros, puesto que el legislador privativamente determina la potestad e indica de manera precisa el funcionario que, con exclusi\u00f3n de cualquier otro, est\u00e1 llamada a encarar el debate. <\/p>\n
Con respecto a la competencia privativa, esta Corporaci\u00f3n, recientemente en auto CSJ AC, 1 de febrero de 2019 rad. 2018-03601 entre otros, en el que reiter\u00f3 lo dicho en prove\u00eddo CSJ AC, 16 sep. 2004, rad. N\u00b0 00772-00, expuso en lo concerniente que: <\/p>\n
(\u2026)\u2018[e]l fuero privativo significa que necesariamente el proceso debe ser conocido, tramitado y fallado por el juzgador que tenga competencia territorial en el lugar de ubicaci\u00f3n del bien involucrado en el debate pertinente, no pudi\u00e9ndose acudir, bajo ning\u00fan punto de vista, a otro funcionario judicial, ni siquiera bajo el supuesto autorizado para otros eventos, (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
3. De las pautas de competencia territorial consagradas en el art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, para el caso espec\u00edfico de las servidumbres, el numeral 7\u00b0 del art\u00edculo 28 ibidem, fij\u00f3 la competencia privativa al juzgador del lugar donde se encuentre el bien involucrado en el litigio. Al respecto, prescribi\u00f3 que \u00ab[e]n los procesos que se ejerciten derechos reales, en los divisorios, de deslinde y amojonamiento, expropiaci\u00f3n, servidumbres, posesorios de cualquier naturaleza, restituci\u00f3n de tenencia, declaraci\u00f3n de pertenencia y de bienes vacantes mostrencos, ser\u00e1 competente de modo privativo el juez del lugar donde se hallen ubicados los bienes, y si \u00e9stos comprenden distintas jurisdicciones territoriales, el de cualquiera de ellas a elecci\u00f3n del demandante\u00bb (se subraya). <\/p>\n
Sin embargo, el numeral 10\u00b0 de ese mismo estatuto previene que \u00ab [e]n los procesos contenciosos en que sea parte una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad p\u00fablica, conocer\u00e1 en forma privativa el juez del domicilio de la respectiva entidad\u00bb. <\/p>\n
De manera tal que habr\u00eda una concurrencia entre fueros privativos al tratarse de pleitos de imposici\u00f3n de servidumbres en que una de las partes sea una entidad p\u00fablica, lo que implicaba una encrucijada que deb\u00eda ser superada a trav\u00e9s de la actividad interpretativa de esta Alta Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
4. En un principio, esta Corporaci\u00f3n hab\u00eda superado tal dilema al entender que el nuevo Estatuto Procesal no hab\u00eda variado la tradici\u00f3n legislativa en torno a tener en cuenta como elemento material para asignar la competencia en estos tipos de procesos el lugar de ubicaci\u00f3n de los bienes. Bajo tal l\u00ednea de pensamiento, ser\u00eda la disposici\u00f3n especial correspondiente al fuero real dentro del factor territorial la llamada a gobernar los asuntos all\u00ed dispuestos, por ser privativa, es decir, excluyente de otros fueros. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, estim\u00f3 que si bien el numeral 10, art\u00edculo 28 del CGP prescribe que \u00abEn los procesos contenciosos en que sea parte una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad p\u00fablica, conocer\u00e1 en forma privativa el juez del domicilio de la respectiva entidad\u00bb, la articulaci\u00f3n e interpretaci\u00f3n de los numerales 7\u00b0 y 10\u00b0, por corresponder ambos a fueros dentro del mismo factor territorial, real y general, impon\u00eda no tener por recibo la aplicaci\u00f3n del canon 29 del CGP, ya que este regula lo atinente a la prelaci\u00f3n del factor subjetivo frente a los otros factores, y el art\u00edculo 28 establece reglas de competencia atendiendo a un solo factor: el territorial. <\/p>\n
5. Sin embargo, el 24 de enero del 2020 en el prove\u00eddo AC140-20201, en un caso de contornos similares, la Corte se decant\u00f3 por la aplicaci\u00f3n del inciso primero del citado art\u00edculo 29, seg\u00fan el cual \u00abes prevalente la competencia establecida en consideraci\u00f3n a la calidad de las partes\u00bb, por lo que en todos los tr\u00e1mites en donde participe un organismo u entidad \u00abp\u00fablica\u00bb habr\u00e1 de primar su \u00abfuero personal\u00bb. <\/p>\n
Por ende, en los procesos en que se ejercen derechos reales se aplica el fuero territorial correspondiente al lugar donde se encuentre ubicado el bien, pero en el evento de que sea parte una entidad p\u00fablica, la competencia privativa ser\u00e1 el del domicilio de \u00e9sta, como regla de principio. Siendo as\u00ed las cosas, la posible contradicci\u00f3n entre los numerales 7\u00b0 y 10\u00b0 del art\u00edculo 28, ib\u00eddem, es m\u00e1s aparente que real, ya que la misma se salva con una adecuada hermen\u00e9utica del ordenamiento jur\u00eddico. <\/p>\n
As\u00ed lo estableci\u00f3 el citado auto de unificaci\u00f3n, en el cual se\u00f1al\u00f3 que \u00abla colisi\u00f3n presentada entre los dos fueros privativos de competencia consagrados en los numerales 7\u00b0 (real ) y 10\u00b0 (subjetivo ) del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, debe solucionarse a partir de la regla establecida en el canon 29 ib\u00eddem, raz\u00f3n por la que prima el \u00faltimo de los citados\u00bb. <\/p>\n
Sobre el particular, esta Corporaci\u00f3n ha precisado lo siguiente: <\/p>\n
\u00abComo se anot\u00f3 anteriormente, en las controversias donde concurran los dos fueros privativos enmarcados en los numerales 7\u00ba y 10\u00ba del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, como el que se presenta cuando una entidad p\u00fablica pretende imponer una servidumbre de conducci\u00f3n de energ\u00eda el\u00e9ctrica sobre un fundo privado, surge el siguiente interrogante: \u00bfCu\u00e1l de las dos reglas de distribuci\u00f3n es prevalente?2 <\/p>\n
Para resolver dicho cuestionamiento, el legislador consign\u00f3 una regla especial en el canon 29 ib\u00eddem, el cual precept\u00faa que \u201c[e]s prevalente la competencia establecida en consideraci\u00f3n a la calidad de las partes\u2026 Las reglas de competencia por raz\u00f3n del territorio se subordinan a las establecidas por la materia y por el valor\u201d. <\/p>\n
En virtud de las pautas interpretativas previstas en los art\u00edculos 27 y 28 del C\u00f3digo Civil, que aluden en su orden a que, \u201c[c]uando el sentido de la ley sea claro, no se desatender\u00e1 su tenor literal a pretexto de consultar su esp\u00edritu\u201d, y \u201c[l]as palabras de la ley se entender\u00e1n en su sentido natural y obvio, seg\u00fan el uso general de las mismas palabras; pero cuando el legislador las haya definido expresamente para ciertas materias, se les dar\u00e1 en \u00e9stas su significado legal\u201d; es dable afirmar, con contundencia, que con dicha regla lo que quiso el legislador fue dar prevalencia al factor subjetivo sobre cualquier otro, con independencia de donde se halle previsto, al expresar que la competencia \u201cen consideraci\u00f3n a la calidad de las partes\u201d prima, y ello cobija, como se explic\u00f3 en precedencia, la disposici\u00f3n del mencionado numeral 10\u00ba del art\u00edculo 28 del C.G.P. <\/p>\n
La justificaci\u00f3n procesal de esa prelaci\u00f3n muy seguramente viene dada por el orden del grado de lesi\u00f3n a la validez del proceso que consultan cada uno de esos factores de competencia, ya que para este nuevo C\u00f3digo es m\u00e1s gravosa la anulabilidad por el factor subjetivo que por el objetivo y territorial, pues, como se anticip\u00f3, hizo improrrogable, exclusivamente, la competencia por aqu\u00e9l factor y por el funcional (Art. 16). <\/p>\n
En ese sentido, ante situaciones como la que se analiza, debe aplicarse la pauta de atribuci\u00f3n legal privativa que merece mayor estimaci\u00f3n legal, esto es, la que refiere al juez del domicilio de la entidad p\u00fablica, por cuanto la misma encuentra cimiento en la especial consideraci\u00f3n de la naturaleza jur\u00eddica del sujeto de derecho en cuyo favor se ha establecido, regla subjetiva que, en la actualidad, est\u00e1 enlazada con una de car\u00e1cter territorial. <\/p>\n
Por tanto, no es pertinente afirmar que el inciso primero del aludido precepto 29 se refiere exclusivamente a colisiones que se susciten entre factores de competencia, en el caso, el subjetivo y territorial, no respecto de los foros o fueros previstos en este \u00faltimo, toda vez que el legislador, dentro de su margen de libertad de configuraci\u00f3n normativa, no excluy\u00f3 en manera alguna las controversias que lleguen a suscitarse dentro del mismo u otro, a m\u00e1s que ello desconoce c\u00f3mo el factor subjetivo est\u00e1 presente en distintas disposiciones procesales, seg\u00fan se dej\u00f3 clarificado en el anterior ac\u00e1pite. (CSJ AC140 de 2020, 24 ene. 2020, rad. 2019-00320) (CSJ AC140 de 2020, 24 ene. 2020). <\/p>\n
6. Pues bien, el asunto que origin\u00f3 la atenci\u00f3n de la Corte, en el caso particular concierne a la imposici\u00f3n de una servidumbre de conducci\u00f3n el\u00e9ctrica sobre el inmueble denominado \u00ab\u201cLOTE\u201d (LAS CAPARITAS),\u201d, ubicado en la Vereda Quebradahonda del Municipio de Cogua Departamento de Cundinamarca\u00bb que promovi\u00f3 Grupo Energ\u00eda Bogot\u00e1 S.A E.S.P., frente a Miguel \u00c1ngel Bernal Barreto y otros. <\/p>\n
6.1. Sobre la naturaleza de la demandante se advierte que esta es una empresa de servicios p\u00fablicos, constituida como sociedad an\u00f3nima por acciones, conforme a las disposiciones de la ley 142 de 1992. Tal informaci\u00f3n aparece consignada en el art\u00edculo 2\u00b0 de sus estatutos sociales, frente a cuya naturaleza jur\u00eddica se precisa que: <\/p>\n
\u00abEl Grupo Energ\u00eda Bogot\u00e1 S.A. ESP., es una empresa de servicios p\u00fablicos, constituida como sociedad an\u00f3nima por acciones, conforme a las disposiciones de la Ley 142 de 1994. La sociedad tiene autonom\u00eda administrativa, patrimonial y presupuestal, ejerce sus actividades dentro del \u00e1mbito del derecho privado como empresario mercantil de car\u00e1cter sui generis, dada su funci\u00f3n de prestaci\u00f3n de servicios p\u00fablicos domiciliarios <\/p>\n
Par\u00e1grafo: Por la composici\u00f3n y el origen de su capital el Grupo Energ\u00eda Bogot\u00e1 S.A. ESP., es una sociedad constituida con aportes estatales y de capital privado, de car\u00e1cter u orden distrital, en la cual los entes del Estado poseer\u00e1n por lo menos el cincuenta y uno por ciento (51%) de su capital social, de conformidad con el acuerdo 001 de 1996 del Concejo de Bogot\u00e1 (antes Concejo de Santa Fe de Bogot\u00e1), Distrito Capital, que autoriz\u00f3 su organizaci\u00f3n como sociedad por acciones en desarrollo de las disposiciones del art\u00edculo 17 de la Ley 142 de 1994 y del art\u00edculo 104 del Decreto ley 1421 de 1993\u00bb3 (Resaltado por la Corte) <\/p>\n
6.2. Aunado a lo anterior, ha de destacarse que, conforme lo prescribe el canon 104 del C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se entiende por \u00abentidad p\u00fablica\u2026 todo \u00f3rgano, organismo o entidad estatal, con independencia de su denominaci\u00f3n; las sociedades o empresas en las que el Estado tenga una participaci\u00f3n igual o superior al 50% de su capital; y los entes con aportes o participaci\u00f3n estatal igual o superior al 50%\u00bb (Resaltado por la Corte). <\/p>\n
En tal sentido, al observar la composici\u00f3n accionaria de la demandante se concluye que esta es una entidad p\u00fablica, pues el 51% corresponde a los inversionistas estatales y el 49 % restante a personas naturales o jur\u00eddicas de derecho privado4. <\/p>\n
6.3. As\u00ed las cosas, pese a que la demandante es una sociedad an\u00f3nima, tambi\u00e9n ostenta la caracter\u00edstica de p\u00fablica, cuyo objeto es la prestaci\u00f3n de servicios p\u00fablicos. De suerte que, de conformidad con lo expuesto, opera el privilegio reconocido por el numeral 10\u00ba del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso a favor de la citada entidad, para que en su sede se adelante el litigio. <\/p>\n
7. Por \u00faltimo y en cuanto ata\u00f1a a la renuncia al fuero subjetivo alegado por la entidad demandante, recuerda esta Corporaci\u00f3n que, como lo se\u00f1al\u00f3 en auto AC140-2020 ya citado: <\/p>\n
\u00abFinalmente, en virtud de lo expuesto hasta ahora y de la condici\u00f3n de imperativa de las normas procesales por ser de orden p\u00fablico (Art. 13, C.G.P.) surge una \u00faltima consecuencia, no menos importante, el car\u00e1cter irrenunciable de las reglas de competencia en raz\u00f3n de los aludidos foros, en tanto que ya se dijo, no pueden ser desconocidas ni por el juez no por las partes, motivo por el cual no puede interpretarse que el no acudir a ellas significa una renuncia t\u00e1cita a la prerrogativa que confiere, como lo ser\u00eda, en este caso, la ventaja otorgada a las entidades p\u00fablicas en el evento previsto en el numeral 10\u00ba del art\u00edculo 28 del citado art\u00edculo. <\/p>\n
En tal sentido, no puede afirmarse que si un \u00f3rgano, instituci\u00f3n o dependencia de la mencionada calidad radica una demanda en un lugar distinto al de su domicilio, est\u00e1 renunciando autom\u00e1ticamente a la prebenda procesal establecida en la ley adjetiva civil a su favor, pues, como se ha reiterado, no lo es autorizado disponer de ella, comoquiera que la competencia ya le viene dada en forma privativa y prevalente a un determinado juez, esto es, el de su domicilio; de ah\u00ed que, no puede renunciar a ella. <\/p>\n
Por ello es que se ha dicho, con profusa insistencia, que: <\/p>\n
\u201cNo puede resultar de recibo la tesis que ve en lo previsto en el numeral 10\u00ba del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, una prerrogativa en favor de la entidad p\u00fablica, de la cual puede a voluntad hacer o no ejercicio, dado que la literalidad del texto, inequ\u00edvocamente, establece de forma imperativa una regla privativa, cuya observancia es insoslayable, adem\u00e1s, por estar inserta en un canon de orden p\u00fablico. Recu\u00e9rdese, en ese sentido, el precepto 13 de la Ley 1564 de 2012, a cuyo tenor, \u2018[l]as normas procesales son de orden p\u00fablico y, por consiguiente, de obligatorio cumplimiento, y en ning\u00fan caso podr\u00e1n ser derogadas, modificadas o sustituidas por los funcionarios o particulares, salvo autorizaci\u00f3n legal\u2019\u00bb CSJ AC3545-2020, 14 dic. 2020 rad 2020-02912)5 <\/p>\n
8. Por las razones antedichas, procede remitir la presente demanda al Juzgado Cuarenta y Uno Civil del Circuito de Bogot\u00e1, a quien corresponde continuar con el conocimiento de la acci\u00f3n emprendida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO: DECLARAR que el conocimiento del proceso de la referencia deber\u00e1 continuar por cuenta del Juzgado Cuarenta y Uno Civil del Circuito de Bogot\u00e1. <\/p>\n
<\/p>\n
SEGUNDO: COMUNICAR lo decidido al Juzgado Primero Civil del Circuito de Zipaquir\u00e1 (Cundinamarca), acompa\u00f1\u00e1ndole copia de este prove\u00eddo. <\/p>\n
TERCERO: REMITIR, el expediente a la c\u00e9lula judicial referida en el numeral primero de esta resolutiva. <\/p>\n
CUARTO: LIBRAR, por Secretar\u00eda, los oficios correspondientes dej\u00e1ndose las constancias del caso. <\/p>\n
Notif\u00edquese <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1\u0002 Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-03-000-2019-00320-00 <\/p>\n
2\u0002 Conocer en forma prevalente un asunto significa que necesariamente el proceso debe ser conocido, tramitado y fallado por el juzgador que de acuerdo a la regla de competencia designada por la ley como preponderante o dominante entre las dem\u00e1s, debe primar en su elecci\u00f3n. <\/p>\n
3\u0002 Obtenido de: Referencia, estatutos sociales del Grupo Energ\u00eda Bogot\u00e1 S.A. E.S.P., Cap\u00edtulo I, par\u00e1grafo, art\u00edculo 2. Documento de p\u00fablico acceso. https:\/\/www.grupoenergiabogota.com\/content\/search\/(offset)\/10?SearchText=estatutos <\/A><\/p>\n