AC5217-2021 (2021-03914-00)<\/p>\n
<\/p>\n
AC5217-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-03914-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., cinco (05) de noviembre de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Se decide el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados, Promiscuo del Circuito de La Virginia y Treinta y Tres Civil del Circuito de Bogot\u00e1, para conocer de la acci\u00f3n popular promovida por SEBASTI\u00c1N COLORADO contra DAVIVIENDA S.A. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El precursor de la referida acci\u00f3n constitucional pretende la protecci\u00f3n de los intereses colectivos presuntamente conculcados por la compa\u00f1\u00eda financiera demandada, quien \u201cno cuenta en el inmueble donde presta sus servicios p\u00fablicos, con un int\u00e9rprete profesional, ni con un gu\u00eda interprete profesional, que describa el inmueble a la poblaci\u00f3n\u201d que as\u00ed lo requiera. En el escrito introductor expres\u00f3 inicialmente que el \u201cagravio ocurre a lo largo y ancho del territorio patrio\u201d, pero despu\u00e9s lo precis\u00f3 en \u201cCARRERA 7 # 13-09\/BOGOT\u00c1\/CUNDINAMARCA\u201d, y finalmente indic\u00f3 que el domicilio de la enjuiciada es en la Virginia Risaralda1. <\/p>\n
2. Pese a que el Despacho Promiscuo del Circuito de la precitada municipalidad, admiti\u00f3 la acci\u00f3n p\u00fablica (Radicado No.66400-31-89-001-2020-00231-00)2, posteriormente la rechaz\u00f3, anulando lo actuado, mediante auto de 14 de abril de 2021, al considerar que aun cuando en su jurisdicci\u00f3n \u201cLa Virginia \u2013 Risaralda, no es el sitio donde est\u00e1 ubicado el domicilio principal de la demandada y tampoco es el territorio donde se est\u00e1 produciendo la presunta vulneraci\u00f3n de los derechos colectivos invocados\u201d, pues conforme al canon 16 de la Ley 472 de 1998, la competencia en esta clase de juicio concierne a la oficina judicial del lugar de ocurrencia de la supuesta vulneraci\u00f3n o a la del domicilio principal de la demandada, motivo por el que remiti\u00f3 las diligencias a Bogot\u00e1, donde, asever\u00f3, concurren ambos escenarios3. <\/p>\n
3. Inconforme, el actor formul\u00f3 recurso horizontal frente a la anterior determinaci\u00f3n, censur\u00e1ndola por desconocer la \u201cinmutabilidad de la competencia ya que no es l\u00edcito al juez modificarla MOTU PROPRIO\u201d4; no obstante, la misma fue mantenida en prove\u00eddo del 29 de abril de esta anualidad5. <\/p>\n
4. A su vez, el estrado Treinta y Tres Civil del Circuito de la urbe destinataria, a quien por reparto le fue asignado el asunto constitucional, tambi\u00e9n declin\u00f3 su atribuci\u00f3n para rituarlo, y en efecto, provoc\u00f3 la colisi\u00f3n negativa que ahora se resuelve, al arg\u00fcir que, \u201cesta Sede Judicial no comparte la postura tomada por el Despacho que decidi\u00f3 apartarse del conocimiento el proceso, aun cuando ya hab\u00eda asumido el tr\u00e1mite del mismo, contrariando el Principio del Derecho Procesal denominado perpetuatio jurisdictionis que indica que una vez aprehendida la competencia, al juzgador le est\u00e1 vedado sustraerse de seguir conociendo de un asunto a menos que la parte pasiva haga cuestionamientos al respecto en la oportunidad correspondiente\u201d6. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Como la discusi\u00f3n planteada involucra a dos autoridades de diferente distrito judicial, corresponde dirimirla a esta Sala de la Corte Suprema de Justicia, por ser la superior funcional com\u00fan de ambas, seg\u00fan lo establecido en los art\u00edculos 139 del C\u00f3digo General del Proceso y 16 de la Ley 270 de 1996, modificado \u00e9ste por el 7\u00ba de la Ley 1285 de 2009. <\/p>\n
2. Los factores de competencia determinan el operador judicial al que el ordenamiento atribuye el conocimiento de un litigio en particular, raz\u00f3n por la cual, a quien se le radica el libelo con que se promueve, tiene la carga de valorar la legislaci\u00f3n vigente para ese momento, a fin de adoptar la determinaci\u00f3n de rigor en torno a su facultad o la de otra autoridad para administrar justicia. <\/p>\n
3. De conformidad con lo dispuesto en el canon 16 de la Ley 472 de 1998, trat\u00e1ndose de acciones populares \u201cser\u00e1 competente el juez del lugar de ocurrencia de los hechos o el del domicilio del demandado a elecci\u00f3n del actor (\u2026)\u201d, estableciendo as\u00ed un fuero concurrente a prevenci\u00f3n. <\/p>\n
De manera que, como lo ha se\u00f1alado esta Sala, <\/p>\n
\u201cEn t\u00e9rminos de tal expresi\u00f3n legislativa, el promotor de la acci\u00f3n judicial tiene libertad para escoger ante cu\u00e1l de los funcionarios con competencia potencial la inicia. Si ante el del lugar donde acontecieron los hechos o ante el del domicilio del opositor; desde luego, la manifestaci\u00f3n de preferencia del accionante al respecto, es vinculante para \u00e9l, pero tambi\u00e9n para el juez ante quien se la concreta\u201d7. <\/p>\n
Sin embargo, cuando el funcionario pasa por alto la ausencia de los factores de asignaci\u00f3n expuestos, y aun as\u00ed decide rituar la litis, le corresponde de forma congruente mantener inc\u00f3lume su valoraci\u00f3n, convirti\u00e9ndose as\u00ed en exclusiva la facultad del enjuiciado para controvertirlo mediante los mecanismos legales, lo que se traduce en que si esta \u00faltima eventualidad no acontece, la competencia adoptada resultar\u00e1 inalterable por virtud del principio de la perpetuatio jurisdictionis, impidi\u00e9ndole al funcionario desprenderse posteriormente del legajo, pues esa renuncia transgredir\u00eda, entre otros, los principios de eventualidad y econom\u00eda procesal. Conclusi\u00f3n a la que se arriba por conducto de las normas de enjuiciamiento civil, en gracia de la remisi\u00f3n normativa contemplada en el art\u00edculo 44 Ib\u00eddem8. <\/p>\n
Adem\u00e1s, es menester sincronizar lo dicho con la norma atinente a la improrrogabilidad, dispuesta en el inciso segundo del precepto 16 del estatuto adjetivo civil vigente, el cual establece que la \u201cfalta de competencia por factores distintos del subjetivo o funcional es prorrogable cuando no se reclame en tiempo, y el juez seguir\u00e1 conociendo del proceso. Cuando se alegue oportunamente lo actuado conservar\u00e1 validez\u201d. Previsi\u00f3n que exhibe palmaria e inequ\u00edvocamente una autorizaci\u00f3n respecto a esos dos foros, y en l\u00ednea l\u00f3gica, la desestimaci\u00f3n en los dem\u00e1s casos. <\/p>\n
4. Descendiendo al caso concreto, y conforme al panorama expuesto, se advierte que mediante auto de 18 de noviembre de 2021, la judicatura de La Virginia avoc\u00f3 conocimiento de la acci\u00f3n popular, y que de esa manera se vincul\u00f3 definitivamente a la causa, pues la competencia territorial que asumi\u00f3 est\u00e1 al margen de la alterabilidad predicable solo respecto a los factores subjetivo y funcional. Por tanto, el acto de desprenderse de las diligencias resulta improcedente, a pesar de que en su jurisdicci\u00f3n no concurra el lugar de la presunta transgresi\u00f3n a las prerrogativas colectivas, ni el domicilio de la sociedad enjuiciada en tal raz\u00f3n, quien no se opuso a que all\u00ed se surta el tr\u00e1mite. <\/p>\n
Expresado de otra manera, lo esbozado significa que la aptitud legal adoptada por la sede judicial donde fue presentada la queja constitucional, es prorrogable por cuanto fue esa misma autoridad quien calific\u00f3 positivamente el libelo inaugural, y, en suma, porque brillan por ausentes las excepciones al mandato de perpetuidad de la atribuci\u00f3n. <\/p>\n
En cuanto a la variaci\u00f3n de la vocaci\u00f3n legal, ha destacado la Sala, <\/p>\n
\u201c(\u2026) el juez no podr\u00e1 variar o modificar la competencia a su libre arbitrio \u2018cuando la pas\u00f3 por alto en la oportunidad que le confiere la ley procesal, esto es, al calificar la idoneidad del escrito introductor\u2026\u2019 de suerte que \u2018si por alguna circunstancia la manifestaci\u00f3n del demandante resultare inconsistente, es carga procesal del extremo demandado alegar la incompetencia del juez, lo que debe hacer en las oportunidades procesales que se establecen para tal efecto\u2019\u201d9. <\/p>\n
As\u00ed entonces, provista la admisi\u00f3n de la demanda y dispuesta la notificaci\u00f3n de los interesados en el pleito, no cab\u00eda desprenderse de su conocimiento, pues, se reitera, bien afianzado lo tiene la Corte, que <\/p>\n
\u201cUna vez el asunto es asignado a un operador judicial, a \u00e9l le corresponde verificar lo relativo a la competencia. Si admite la demanda, ese acto comporta la asunci\u00f3n de la aptitud legal para conocer de la causa, con lo cual afirma la misma y excluye a todos los dem\u00e1s de todas las jurisdicciones y todas las competencias, o bien puede, rechazarla y remitirla a la autoridad que considere competente\u201d10. <\/p>\n
5. En definitiva, asumido el conocimiento de la aludida acci\u00f3n p\u00fablica, su impulso debe proseguirlo la juzgadora de La Virginia, pues se itera, la aceptaci\u00f3n de la competencia la lig\u00f3 inexorablemente al proceso, de ah\u00ed que repudiarlo, como lo hizo, desatienda el principio de la perpetuatio jurisdictionis; de manera que se le remitir\u00e1 el expediente y de ello se pondr\u00e1 al tanto a la otra autoridad judicial concernida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Devu\u00e9lvase el expediente a dicha oficina y mediante oficio inf\u00f3rmese de tal situaci\u00f3n a la otra autoridad involucrada. <\/p>\n
Notif\u00edquese, <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1\u0002 Folio 1 anexo 01 centro. Exp. digital <\/p>\n
2\u0002Prove\u00eddo 14 de diciembre de 2020. anexo Proceso ordinario de petici\u00f3n de herencia. Ib\u00eddem. <\/p>\n
3\u0002 Folios 1 a 6. C. ordinario de petici\u00f3n de herencia. Ib\u00eddem. <\/p>\n
4\u0002 Folios 1 a 3. C.07. interpone Reposici\u00f3n 80 al 300. Ib\u00eddem. <\/p>\n
5\u0002 Folios 1 a 4 C. Proceso ordinario de petici\u00f3n de herencia. Ib\u00eddem. <\/p>\n
6\u0002Prove\u00eddo 28 de junio del 2021. C.18. Auto suscita conflicto. Ib\u00eddem. <\/p>\n
7\u0002CSJ AC3261-2018. <\/p>\n
8\u0002 Art\u00edculo 44 de la Ley 472 de 1998. En los procesos por acciones populares se aplicar\u00e1n las disposiciones del C\u00f3digo de Procedimiento Civil y del C\u00f3digo Contencioso Administrativo dependiendo de la jurisdicci\u00f3n que le corresponda, en los aspectos no regulados en la presente ley, mientras no se opongan a la naturaleza y la finalidad de tales acciones. <\/p>\n
9\u0002CSJ AC 8 Nov. 2011. Rad. 2010-01617-00. Reiterada en CSJ AC 31 enero 2013 Rad. 2012-02927-00. <\/p>\n
10\u0002CSJ AC1836-2019. <\/p>\n
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