AC5223-2021 (2021-03626-00)<\/p>\n
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AC5223-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-03626-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., cinco (05) de noviembre de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Decide la Corte el conflicto de atribuci\u00f3n suscitado entre los Juzgados civiles municipales, Diecis\u00e9is de Bogot\u00e1 y Trece de Barranquilla, con ocasi\u00f3n del conocimiento de la demanda ejecutiva instaurada por el Instituto Colombiano de Cr\u00e9dito Educativo y Estudios T\u00e9cnicos en el Exterior \u201cMariano Ospina P\u00e9rez\u201d – ICETEX, contra Cecilia Isabel Baeza Castro y Yolanda Esther Castro Su\u00e1rez. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La entidad accionante solicit\u00f3 a la jurisdicci\u00f3n librar mandamiento de pago a su favor y en contra de las citadas a juicio, en virtud de las acreencias que como deudoras solidarias adquirieron, conforme al \u201cpagar\u00e9 No. 1140849126\u201d aportado con la demanda, en la que se fij\u00f3 la atribuci\u00f3n en las autoridades de Bogot\u00e1, con motivo de la cuant\u00eda del asunto1. <\/p>\n
2. Surtido el reparto, el pliego inicial fue asignado al Despacho Diecis\u00e9is Civil Municipal de la preanotada urbe distrital, quien lo rechaz\u00f3, y remiti\u00f3 por competencia a sus similares de Barranquilla, de acuerdo al foro general de asignaci\u00f3n estatuido en el numeral primero del canon 28 del C\u00f3digo General del Proceso, al considerar que all\u00ed se sit\u00faa el domicilio de las convocadas, y que el \u201cdocumento base de la ejecuci\u00f3n no se pact\u00f3 el lugar de cumplimiento\u201d, aspirado2. <\/p>\n
3. A su vez, el estrado trece de la precitada \u00e1rea y categor\u00eda ubicado en la circunscripci\u00f3n destinataria, tambi\u00e9n se sustrajo de asumir la atribuci\u00f3n, y en efecto, propuso la colisi\u00f3n negativa que ahora se resuelve, tras colegir, en lo esencial, que a la c\u00e9lula judicial remitente le concierne rituar el cobro coercitivo, en raz\u00f3n del criterio subjetivo previsto en la regla d\u00e9cima del art\u00edculo 28 referido, comoquiera que la interesada es una \u201centidad p\u00fablica de car\u00e1cter especial adscrita al Ministerio de Educaci\u00f3n Nacional\u201d, cuyo domicilio es la capital de la Rep\u00fablica\u201d3. <\/p>\n
4. Planteada as\u00ed la controversia, llegaron las diligencias a la Corte. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico <\/p>\n
Determinar el juez civil competente para conocer de la mencionada demanda ejecutiva, respecto de la cual, los funcionarios concernidos discuten qu\u00e9 foro aplicar, si el general de que trata el numeral primero, o si lo pertinente es atender el fuero prevalente inserto en el \u00edtem d\u00e9cimo, ambos previstos en el precepto 28 del compendio adjetivo vigente. <\/p>\n
2. Facultad de la Corte para decidir el conflicto <\/p>\n
Como la divergencia para avocar el conocimiento del debate se trab\u00f3 entre estrados de diferente distrito judicial, le corresponde a la Corte dirimirla como superior funcional de aquellos, a trav\u00e9s del Magistrado Sustanciador, como establecen los art\u00edculos 35 y 139 del C\u00f3digo General del Proceso y16 de la Ley 270 de 1996, este \u00faltimo modificado por el s\u00e9ptimo de la 1285 de 2009. <\/p>\n
3. Factores y prevalencia entre foros <\/p>\n
Estos disponen el operador judicial a quien el ordenamiento atribuye el conocimiento de una controversia en particular, raz\u00f3n por la cual, al asumirla o repelerla, el administrador de justicia tiene la carga de orientar su resoluci\u00f3n con fundamento en las disposiciones del C\u00f3digo General del Proceso, en particular las contenidas en el Cap\u00edtulo I, T\u00edtulo I, Secci\u00f3n Primera, Libro Primero, a la luz de lo manifestado por el demandante y las pruebas aportadas. <\/p>\n
Trat\u00e1ndose del factor territorial, la regla general es la contenida en el numeral primero del art\u00edculo 28 del precitado compendio, que adscribe la asignaci\u00f3n de los procesos contenciosos al juez del domicilio del demandado. <\/p>\n
De forma concurrente, la competencia se atribuye tambi\u00e9n al juzgador del lugar de cumplimiento de las obligaciones, cuando se est\u00e1 en presencia de procesos originados en un negocio jur\u00eddico o en un t\u00edtulo ejecutivo, tal como lo indica la pauta tercera del citado precepto. <\/p>\n
No obstante, como excepci\u00f3n que se impone a esas previsiones legales, la nueva normatividad procesal incorpor\u00f3 en el numeral d\u00e9cimo ib\u00eddem, una disposici\u00f3n especial en favor de los entes p\u00fablicos, seg\u00fan la cual, \u201c[e]n los procesos contenciosos en que sea parte una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad p\u00fablica, conocer\u00e1 en forma privativa el juez del domicilio de la respectiva entidad (\u2026) Cuando la parte est\u00e9 conformada por una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad p\u00fablica y cualquier otro sujeto, prevalecer\u00e1 el fuero territorial de aquellas\u201d (resaltado a prop\u00f3sito). <\/p>\n
La asignaci\u00f3n privativa o \u00fanica como se conoce en la doctrina, consiste en que de la multiplicidad de jueces que existe dentro de la jurisdicci\u00f3n ordinaria, solo uno de ellos puede conocer v\u00e1lidamente del asunto y llevarlo a feliz t\u00e9rmino, competencia especial que se enlista en la norma procesal y que se enmarca como una excepci\u00f3n a la regla general para determinar la facultad decisoria por raz\u00f3n del territorio, esto es, el domicilio del demandado. <\/p>\n
Y es que el art\u00edculo 29 del C\u00f3digo General del Proceso, sin excluir en manera alguna las controversias que lleguen a suscitarse dentro del fuero territorial, se\u00f1al\u00f3 con contundencia, que \u201c[e]s prevalente la competencia establecida en consideraci\u00f3n a la calidad de las partes\u201d sobre cualquier otra, y ello alude, naturalmente, a la disposici\u00f3n del mencionado \u00edtem d\u00e9cimo del art\u00edculo 28 ejusdem, que por mandato del legislador y en raz\u00f3n de su margen de libertad de configuraci\u00f3n normativa se determin\u00f3 prevalente sobre las dem\u00e1s. <\/p>\n
De ah\u00ed que, en principio, en un proceso que involucre t\u00edtulos ejecutivos, nada obsta para que el ejecutante opte por fincar la competencia, ya sea en el funcionario del domicilio del demandado o en el lugar del cumplimiento de cualquiera de las prestaciones; ello por tratarse de foros concurrentes por elecci\u00f3n; sin embargo, si en dicho litigio, es una entidad p\u00fablica la que obra como parte, el fuero privativo ser\u00e1 el del domicilio de \u00e9sta, debido a que la ley lo determina como prevalente. <\/p>\n
Por tanto, no puede resultar de recibo la tesis que ve en lo previsto en la regla d\u00e9cima del art\u00edculo 28 del actual estatuto de enjuiciamiento civil, una prerrogativa en favor de la entidad p\u00fablica, de la cual puede a voluntad hacer o no ejercicio, dado que la literalidad del texto, inequ\u00edvocamente, establece de forma imperativa una pauta privativa, cuya observancia es insoslayable, adem\u00e1s, por estar inserta en un canon de orden p\u00fablico. <\/p>\n
Al respecto la Sala en el AC140-2020 (auto de unificaci\u00f3n), se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
\u201cEn virtud de lo expuesto hasta ahora y de la condici\u00f3n de imperativa de las normas procesales por ser de orden p\u00fablico (Art. 13, C.G.P.), surge una \u00faltima consecuencia, no menos importante, el car\u00e1cter de irrenunciable de las reglas de competencia establecidas en raz\u00f3n de los aludidos foros, en tanto que, como ya se dijo, no pueden ser desconocidas ni por el juez ni por las partes, motivo por el cual no puede interpretarse que el no acudir a ellas significa una renuncia t\u00e1cita a la prerrogativa que confieren, como lo ser\u00eda, en este caso, la ventaja otorgada a las entidades p\u00fablicas en el evento previsto en el numeral 10\u00ba del art\u00edculo 28 del citado estatuto. (\u2026) En tal sentido, no puede afirmarse que si un \u00f3rgano, instituci\u00f3n o dependencia de la mencionada calidad radica una demanda en un lugar distinto al de su domicilio, est\u00e1 renunciando autom\u00e1ticamente a la prebenda procesal establecida en la ley adjetiva civil a su favor, pues, como se ha reiterado, no le es autorizado disponer de ella, comoquiera que la competencia ya le viene dada en forma privativa y prevalente a un determinado juez, esto es, el de su domicilio; de ah\u00ed que, no puede renunciar a ella. Por ello es que se ha dicho, con profusa insistencia, que \u201cNo puede resultar de recibo la tesis que ve en lo previsto en el numeral 10\u00ba del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, una prerrogativa en favor de la entidad p\u00fablica, de la cual puede a voluntad hacer o no ejercicio, dado que la literalidad del texto, inequ\u00edvocamente, establece de forma imperativa una regla privativa, cuya observancia es insoslayable, adem\u00e1s, por estar inserta en un canon de orden p\u00fablico. Recu\u00e9rdese, en ese sentido, el precepto 13 de la Ley 1564 de 2012, a cuyo tenor, \u2018[l]as normas procesales son de orden p\u00fablico y, por consiguiente, de obligatorio cumplimiento, y en ning\u00fan caso podr\u00e1n ser derogadas, modificadas o sustituidas por los funcionarios o particulares, salvo autorizaci\u00f3n legal\u2019\u201d (CSJ AC4273-2018). (Subrayado fuera de texto). <\/p>\n
4. El caso concreto <\/p>\n
Verificado el certificado de existencia y representaci\u00f3n legal aportado con la demanda, y la informaci\u00f3n de p\u00fablico acceso que puede ser consultada a trav\u00e9s de la internet, se advierte que la acreedora es una es una entidad financiera de naturaleza especial, con personer\u00eda jur\u00eddica, autonom\u00eda administrativa y patrimonio propio, sujeta al r\u00e9gimen de empresa industrial y comercial del Estado, vinculada al Ministerio de Educaci\u00f3n Nacional4, cuyo domicilio principal es la capital de la Rep\u00fablica; elementos que conllevan, sin lugar a dudas, a subsumirla en uno de los sujetos a que alude el numeral d\u00e9cimo del mentado canon 28, y a la consecuente aplicaci\u00f3n del mismo. <\/p>\n
Se vislumbra, que adem\u00e1s del fuero subjetivo prevalente, en tal ciudad se configura el criterio negocial, en tanto que, el pagar\u00e9 b\u00e1culo de la ejecuci\u00f3n evidencia que las obligaciones perseguidas deb\u00edan honrarse ante el \u201cINSTITUTO COLOMBIANO DE CR\u00c9DITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS T\u00c9CNICOS EN EL EXTERIOR \u2018Mariano Ospina P\u00e9rez\u2019 -ICETEX-, o a su orden, en sus Oficinas de Bogot\u00e1 D.C.\u201d, circunstancia que no tuvo en cuenta la judicatura all\u00ed circunscrita, y que, por ende, reafirma su desacierto, al declinar la aptitud legal que le fue irrogada con la radicaci\u00f3n de la demanda. <\/p>\n
Bajo el panorama expuesto, es indudable que el conocimiento de la acci\u00f3n compulsiva, debe avocarlo el juzgador del distrito capital, en armon\u00eda con el pluricitado fuero d\u00e9cimo, por cuanto es la autoridad del asiento cardinal de la ejecutante, quien, como se dilucid\u00f3, es una entidad de linaje p\u00fablico; y en suma, porque aun cuando no mediara tal pauta, cuyo linaje es prioritario e irrenunciable, el foro negocial conducir\u00eda las actuaciones hacia el mismo funcionario, si se tiene en cuenta la informaci\u00f3n incorporada en el pagar\u00e9 que respalda el cr\u00e9dito educativo supuestamente desatendido. <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
En definitiva, la atribuci\u00f3n legalmente est\u00e1 atribuida al sentenciador involucrado en la controversia con sede en Bogot\u00e1, en atenci\u00f3n al foro subjetivo (28-10), con el agregado de que dicha municipalidad fue la estipulada para la satisfacci\u00f3n de las prestaciones. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, RESUELVE el conflicto de competencia surgido entre los Juzgados mencionados, determinando que al Diecis\u00e9is Civil Municipal de la capital de la Rep\u00fablica, le corresponde conocer de la acci\u00f3n cambiaria promovida por el Instituto Colombiano de Cr\u00e9dito Educativo y Estudios T\u00e9cnicos en el Exterior \u201cMariano Ospina P\u00e9rez\u201d – ICETEX, contra Cecilia Isabel Baeza Castro y Yolanda Esther Castro Su\u00e1rez. <\/p>\n
En consecuencia, rem\u00edtase el expediente a dicha autoridad, y mediante oficio comun\u00edquese de esta determinaci\u00f3n a la otra involucrada. <\/p>\n
Notif\u00edquese, <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1\u0002 Folios 1 a 6 pdf., c. 01 Demanda y Anexos. Expediente digital. <\/p>\n
2\u0002 Folio 37, c. Ib\u00eddem. <\/p>\n
3\u0002 C. 04. Auto Declara Conflicto de Competencia. <\/p>\n
4\u0002Folio 20 del pdf, c01. Demanda y Anexos. <\/p>\n
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