AC5227-2021 (2021-03947-00)<\/p>\n
<\/p>\n
AC5227-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-03947-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., cinco (05) de noviembre de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Se decide lo pertinente sobre conflicto suscitado entre el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Manizales y Octavo Civil Municipal de la misma ciudad, para conocer del proceso de \u201csolicitud de ejecuci\u00f3n de providencia judicial\u201d planteado por el Ministerio de Educaci\u00f3n Nacional contra Gilma del Socorro Trejos Santa. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. En su respectiva demanda, el Ministerio de Educaci\u00f3n Nacional, a trav\u00e9s de apoderado judicial, solicit\u00f3 ante el Juzgado Tercero Administrativo de Manizales, <\/p>\n
\u201c1. Que se libre mandamiento de pago por el valor de las costas procesales aprobadas por el Despacho 2. Que se ejecute al se\u00f1or (a) GILMA DEL SOCORRO TREJOS SANTA, por concepto de intereses moratorios sobre los valores determinados en el auto de costas, a la tasa m\u00e1xima permitida hasta la fecha de pago 3. Que se ejecute al se\u00f1or (a) GILMA DEL SOCORRO TREJOS SANTA, por concepto de costas del proceso ejecutivo\u201d1. <\/p>\n
2. Dicha autoridad remiti\u00f3, por falta de jurisdiccion, el asunto a los juzgados Civiles Municipales de la misma ciudad, al considerar que de acuerdo con los art\u00edculos 141 y 297 del CPACA, <\/p>\n
\u201c\u2026 se observa claramente que la competencia de los jueces administrativos en materia de procesos ejecutivos, se limita a las obligaciones derivadas de las condenas impuestas en los procesos ordinarios a cargo de entidades p\u00fablicas, raz\u00f3n por la cual y teniendo en cuenta que en este caso no se trata de una condena contra una entidad estatal, sino de una obligaci\u00f3n correspondiente al pago de costas procesales a cargo de un particular, se concluye que la jurisdicci\u00f3n competente para conocer del presente asunto es la ordinaria en la especialidad civil, en cabeza de los Juzgados Civiles Municipales (\u2026)\u201d2. <\/p>\n
3. Por su parte, la juez Octava Civil Municipal de Manizales, inicialmente inadmiti\u00f3 la demanda mediante auto de 29 de septiembre de 20213, y posteriormente la rechaz\u00f34 con prove\u00eddo del 14 de octubre del mismo a\u00f1o, al considerar que <\/p>\n
\u201c\u2026 es claro que la jurisprudencia unific\u00f3 la regla de competencia por conexidad, correspondiendo conocer del proceso ejecutivo al juez de primera instancia que conoci\u00f3 del proceso declarativo. El art\u00edculo 104 de la ley 1437 de 2002, desde un criterio material, dispone que la jurisdicci\u00f3n de lo Contencioso Administrativo conoce de los ejecutivos derivados de las condenas impuestas por esa jurisdicci\u00f3n, y en el caso concreto qued\u00f3 visto que el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Manizales en providencia del 27 de septiembre de 2018, neg\u00f3 las pretensiones de la demanda y conden\u00f3 en costas a la entonces demandante se\u00f1ora GILMA DEL SOCORRO TREJOS SANTA, liquidaci\u00f3n efectuada por auto de 27 de enero de 2020.\u201d En consecuencia, determin\u00f3 provocar \u201cconflicto negativo de jurisdicciones\u201d y envi\u00f3 el expediente a la \u201cCorte Constitucional\u201d. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. La Constituci\u00f3n de 1991 se ocup\u00f3 de regular, en el Cap\u00edtulo 7 del T\u00edtulo VIII (art\u00edculos 254 a 257), lo concerniente al Consejo Superior de la Judicatura, atribuy\u00e9ndole, entre otras, las funciones de dirimir los conflictos de competencia que ocurran entre las distintas jurisdicciones, disposici\u00f3n que fue reglamentada con el inciso 2\u00b0 del art\u00edculo 112 de la Ley Estatutaria de Administraci\u00f3n de Justicia (Ley 270 de 1996), en el cual se estableci\u00f3 que corresponde a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, \u201cDirimir los conflictos de competencia que ocurran entre las distintas jurisdicciones (\u2026)\u201d. <\/p>\n
As\u00ed mismo, mediante Acto Legislativo 02 de 2015, se modificaron las normas contenidas en el Cap\u00edtulo 7 del T\u00edtulo VIII de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, suprimiendo el Consejo Superior de la Judicatura, entre ellas, el art\u00edculo 14 modific\u00f3 el art\u00edculo 241, asign\u00e1ndole a la Corte Constitucional la funci\u00f3n de \u201cDefinir los conflictos de competencia que ocurran entre las distintas jurisdicciones\u201d. <\/p>\n
Por su parte, la Corte Constitucional, mediante Auto 278 de 20155, precis\u00f3 que, en lo referente a las funciones jurisdiccionales del Consejo Superior de la Judicatura, el par\u00e1grafo transitorio primero del art\u00edculo 19 \u201cfij\u00f3 el t\u00e9rmino de un a\u00f1o, contado a partir de la expedici\u00f3n del acto legislativo, para que se lleve a cabo la elecci\u00f3n de los Magistrados de la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial, disponiendo a su vez que -[l]os actuales Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercer\u00e1n sus funciones hasta el d\u00eda que se posesionen los miembros de la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial-\u201d. <\/p>\n
En dicha providencia se determin\u00f3, consecuentemente, que \u201cla Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura continuar\u00e1 ejerciendo sus funciones en relaci\u00f3n con los conflictos de competencia que ocurran entre las distintas jurisdicciones, hasta el d\u00eda en que cese definitivamente en el cumplimiento de las mismas, momento en el cual, aquellos deber\u00e1n ser remitidos a la Corte Constitucional en el estado en que se encuentren (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Y, finalmente, el pasado 13 de enero, se posesionaron ante el presidente de la Rep\u00fablica, los magistrados que componen la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial, con lo cual, cesaron las funciones jurisdiccionales del Consejo Superior de la Judicatura, incluida aquella que la facultaba para elucidar los conflictos de jurisdicci\u00f3n, por ejemplo, los acontecidos entre una autoridad de lo contencioso y otra de lo ordinaria, por el conocimiento de un proceso judicial. <\/p>\n
2. Ahora bien, en este asunto, el demandante present\u00f3 el libelo inicial ante la Jurisdicci\u00f3n de lo Contencioso Administrativo de la ciudad de Manizales (Juzgado Tercero Administrativo), solicitando la \u201cejecuci\u00f3n de providencia judicial\u201d, y que, \u201c\u2026se libre mandamiento de pago por el valor de las costas procesales aprobadas por el Despacho (\u2026)\u201d, el cual fue rechazado por el receptor, que decidi\u00f3 remitirlo a los Juzgados Civiles Municipales de su misma ciudad (Juzgado Octavo de esa especialidad), quien plante\u00f3 el conflicto que lleg\u00f3 a esta Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
3. Pues bien, el recorrido surtido por la demanda en cuesti\u00f3n, permite establecer que ac\u00e1 se est\u00e1 en presencia de un conflicto de jurisdicci\u00f3n, en cuanto la demanda ha sido rehusada, para su conocimiento, tanto por autoridades de la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo, como de la jurisdicci\u00f3n ordinaria, en sus diferentes especialidades. <\/p>\n
Por lo mismo, no es del resorte de la Corte Suprema de Justicia dirimir tal controversia, pues, a tenor de lo previsto en el art\u00edculo 18 de la Ley 270 de 1996, <\/p>\n
\u201cLos conflictos de competencia que se susciten entre autoridades de la jurisdicci\u00f3n ordinaria que tengan distinta especialidad jurisdiccional y que pertenezcan a distintos distritos, ser\u00e1n resueltos por la Corte Suprema de Justicia en la respectiva Sala de Casaci\u00f3n que de acuerdo con la ley tenga el car\u00e1cter de superior funcional de las autoridades en conflicto, y en cualquier otro evento por la Sala Plena de la Corporaci\u00f3n\u201d. <\/p>\n
4. Es m\u00e1s, se advierte que este asunto lleg\u00f3 a la Corte Suprema de Justicia por equivocaci\u00f3n en su remisi\u00f3n, dado que en el auto del juzgado civil municipal que dispuso no avaocar conocimiento, expresamente se indic\u00f3 que las diligencias deber\u00edan ser enviadas a la \u201cCorte Constitucional\u201d, autoridad que es, se insiste, la facultada para elucidar un conflicto de jurisdicci\u00f3n, que se plantea entre un juzgado contencioso administrativo y otra civil municipal. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, RESUELVE remitir el conflicto de jurisdicci\u00f3n a que se ha hecho referencia, a la Corte Constitucional para que sea ella quien lo dirima. <\/p>\n
En consecuencia, env\u00edesele el expediente e inf\u00f3rmese de tal situaci\u00f3n, por el medio m\u00e1s expedito, a la demandante. <\/p>\n
Notif\u00edquese, <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1\u0002 Folios 1 a 3 anexo 02 demanda anexos. Exp. digital. <\/p>\n
2\u0002 Folios 1 a 3 anexo 03 auto declara falta jurisdicci\u00f3n. ib. <\/p>\n
3\u0002 Folios 1 a 2 anexo 04 inadmite demanda. Ib. <\/p>\n
4\u0002 Folios 1 a 6 anexo 05 no avoca conocimiento conflicto de competencia ib. <\/p>\n
5\u0002\u0002 Magistrado Ponente, Luis Guillermo Guerrero P\u00e9rez, julio 9 de 2015. <\/p>\n
<\/p>\n
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