AC5275-2021 (2021-03008-00)<\/p>\n
<\/p>\n
AC5275-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-03008-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., nueve (9) de noviembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide el conflicto de competencia que surgi\u00f3 entre el Juzgado Promiscuo Municipal de Liborina (Antioquia) y el Veintid\u00f3s Civil Municipal de Oralidad de Medell\u00edn, atinente al conocimiento de la demanda ejecutiva hipotecaria interpuesta por el Diego Alejandro Aguirre Pavas contra \u00d3scar de Jes\u00fas Mar\u00edn Villa. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. En la demanda presentada al \u00abJuez Civil Municipal de Medell\u00edn (Reparto)\u00bb, la parte actora reclam\u00f3 de la jurisdicci\u00f3n librar mandamiento de pago por las sumas contenidas en la escritura p\u00fablica No. 372 del 14 de febrero del 2018 de la Notar\u00eda Quinta de Medell\u00edn. Adicionalmente, inst\u00f3 a que se ordene el embargo, secuestro y posterior venta en p\u00fablica subasta del bien inmueble identificado con M.I. 029-1199, situado en el paraje La Ceja, del municipio de Liborina. <\/p>\n
2. El expediente fue repartido al Juzgado Veintid\u00f3s Civil Municipal de Oralidad de Medell\u00edn. A trav\u00e9s de prove\u00eddo de 5 de mayo de 2021, resolvi\u00f3 rechazar por competencia el asunto, considerando para ello que, conforme el numeral 7 del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, <\/p>\n
\u00abel se\u00f1or Diego Alejandro Aguirre Pavas por intermedio de apoderada judicial, pretende iniciar demanda en la ciudad de Medell\u00edn, siendo as\u00ed que la ubicaci\u00f3n del inmueble objeto del proceso, identificado con matr\u00edcula inmobiliaria Nro. 029-1199, conforme el certificado de tradici\u00f3n y libertad expedido por la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Sopetr\u00e1n, el inmueble se encuentra localizado en el Municipio de Liborina. Lo anterior nos indica que el Juez competente para conocer del presente asunto es el Juez Civil Municipal del lugar donde se halla ubicado el bien, esto es, el Juez Promiscuo Municipal de Liborina – Antioquia\u00bb. (fl. 19 ibidem). <\/p>\n
3. El ejecutante interpuso recurso de reposici\u00f3n y en subsidio apelaci\u00f3n contra la mentada providencia. Sin embargo, no se les dio tr\u00e1mite por improcedentes en auto del 10 de junio del a\u00f1o en curso (fl. 37 ibidem). <\/p>\n
4. Cumplidos los tr\u00e1mites, el proceso fue asignado al Juez Promiscuo Municipal de Liborina – Antioquia. El despacho, en auto del 07 de julio de 2021, opt\u00f3 por rechazar de plano la demanda y, entonces, propuso el conflicto que ocupa la atenci\u00f3n de la Corte. Fundament\u00f3 su postura en que <\/p>\n
\u00abEl demandado OSCAR DE JES\u00daS MAR\u00cdN VILLA (\u2026) seg\u00fan consta en el escrito de la demanda, en el ac\u00e1pite de notificaciones, su lugar de residencia es el municipio de Sons\u00f3n Antioquia. <\/p>\n
De conformidad con lo establecido en el art\u00edculo 28 numeral 1 del C\u00f3digo General del Proceso (\u2026) <\/p>\n
En consecuencia, se dispone, que la competencia para conocer del presente proceso, lo tiene el Juzgado Promiscuo Municipal de Sons\u00f3n Antioquia, y no este Despacho como lo dispone el Juzgado Civil Municipal de Oralidad de Medell\u00edn\u00bb (fls. 39 ib\u00eddem). <\/p>\n
5. As\u00ed las cosas, conforme al canon 139 del C\u00f3digo General del Proceso, se entra a desatar el t\u00f3pico en cuesti\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Habida cuenta que se enfrentan juzgados de distinto distrito judicial, Medell\u00edn y Antioquia, corresponde a esta Sala resolver el conflicto negativo suscitado entre ellos, de acuerdo con los art\u00edculos 139 ib\u00eddem y 16 de la Ley 270 de 1996, modificado por el 7\u00ba de su par 1285 de 2009. <\/p>\n
2. Para la determinaci\u00f3n de la competencia, debe precisarse que la selecci\u00f3n del juez a quien le corresponde asumir el conocimiento de una causa litigiosa surge como el resultado de la conjugaci\u00f3n de algunas circunstancias o aspectos subjetivos u objetivos. Tales criterios est\u00e1n vinculados, verbigracia, a la persona involucrada, al sitio en donde el accionado tiene su domicilio, al lugar en donde acontecieron los hechos, la cuant\u00eda o naturaleza del asunto, etc. Por supuesto, en ciertas ocasiones, aunque algunos de esos factores se entremezclan y se vuelven concurrentes, prevalecen unos sobre otros. <\/p>\n
3. De las pautas de competencia territorial consagradas en el art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, la del numeral primero (1\u00ba) constituye la regla general, esto es, que \u00ab[e]n los procesos contenciosos, salvo disposici\u00f3n legal en contrario, es competente el juez del domicilio del demandado. Si son varios los demandados o el demandado tiene varios domicilios, el de cualquiera de ellos a elecci\u00f3n del demandante. Cuando el demandado carezca de domicilio en el pa\u00eds, ser\u00e1 competente el juez de su residencia. Cuando tampoco tenga residencia en el pa\u00eds o esta se desconozca, ser\u00e1 competente el juez del domicilio o de la residencia del demandante\u00bb (se subraya). <\/p>\n
A su vez, el numeral 3\u00b0 dispone que \u00ab[e]n los procesos originados en un negocio jur\u00eddico o que involucren t\u00edtulos ejecutivos es tambi\u00e9n competente el juez del lugar de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones\u00bb. <\/p>\n
Por tanto, para las demandas derivadas de un negocio jur\u00eddico o que involucran t\u00edtulos ejecutivos, en el factor territorial hay fueros concurrentes. En efecto, al general, basado en el domicilio del demandado, se suma la potestad del actor de tramitar el proceso ante el juez del lugar de cumplimiento de las obligaciones. Siendo as\u00ed las cosas, al presentarse convergencia entre dos factores de competencia por tratarse de la ejecuci\u00f3n de un t\u00edtulo ejecutivo (numerales 1 y 3\u00b0 del art\u00edculo 28 del CGP), el actor, en principio, cuenta con la posibilidad de escoger el juzgador que a bien le pareciera. <\/p>\n
4. Sin embargo, trat\u00e1ndose de asuntos en los que se ejerciten derechos reales, conforme al numeral s\u00e9ptimo (7\u00ba) del citado canon, es competente de modo privativo el funcionario judicial del lugar donde se hallen ubicados los bienes. Ciertamente, la aludida disposici\u00f3n consagra que \u00ab[e]n los procesos que se ejerciten derechos reales, en los divisorios, de deslinde y amojonamiento, expropiaci\u00f3n, servidumbres, posesorios de cualquier naturaleza, restituci\u00f3n de tenencia, declaraci\u00f3n de pertenencia y de bienes vacantes mostrencos, ser\u00e1 competente de modo privativo el juez del lugar donde se hallen ubicados los bienes, y si \u00e9stos comprenden distintas jurisdicciones territoriales, el de cualquiera de ellas a elecci\u00f3n del demandante\u00bb (se subraya). <\/p>\n
Con respecto a la competencia privativa, esta Corporaci\u00f3n, entre otros, en auto CSJ AC, 5 jul. 2012, rad. 2012-00974-00, en el que reiter\u00f3 lo dicho en prove\u00eddo CSJ AC, 16 sep. 2004, rad. n\u00b0 00772-00, expuso en lo concerniente que: <\/p>\n
(\u2026)\u2018[e]l fuero privativo significa que necesariamente el proceso debe ser conocido, tramitado y fallado por el juzgador que tenga competencia territorial en el lugar de ubicaci\u00f3n del bien involucrado en el debate pertinente, no pudi\u00e9ndose acudir, bajo ning\u00fan punto de vista, a otro funcionario judicial, ni siquiera bajo el supuesto autorizado para otros eventos, (\u2026)\u2019\u00bb. <\/p>\n
5. Tal circunstancia fija la competencia para conocer de la comentada acci\u00f3n, pues, por tratarse este de un proceso ejecutivo hipotecario en donde se pretende hacer efectivo el derecho real de hipoteca, la precitada regla establece que la competencia radica privativamente en los jueces de la jurisdicci\u00f3n territorial donde se ubica el inmueble objeto del gravamen, descart\u00e1ndose desde cualquier punto de vista la aplicaci\u00f3n de otro foro. <\/p>\n
Sobre el punto, esta Corporaci\u00f3n en CSJ AC8186-2017, reiter\u00f3 lo dicho en CSJ AC5699-2017, esto es, que <\/p>\n
(\u2026) trat\u00e1ndose de procesos de esa naturaleza [hipotecario], no es el domicilio del demandado y el lugar de cumplimiento de la obligaci\u00f3n las reglas a ser usadas para establecer el funcionario competente, sino el lugar de ubicaci\u00f3n de la cosa con relaci\u00f3n a la cual se ejercitan los respectivos derechos reales, pues la norma acabada de aludir, al contrario de como lo hac\u00eda el C\u00f3digo de Procedimiento Civil (art. 23, num. 9\u00b0), no previ\u00f3 una atribuci\u00f3n concurrente entre el mentado domicilio o sitio de cumplimiento y el sitio de ubicaci\u00f3n de los efectos patrimoniales, sino una competencia \u00ab(\u2026) de modo privativo (\u2026)\u00bb a partir del lugar \u00ab(\u2026) donde est\u00e9n ubicados los bienes\u00bb. (citado en AC1452-2020 del 21 de jul. 2020). <\/p>\n
As\u00ed mismo, en reciente jurisprudencia, esta Corporaci\u00f3n plante\u00f3 que: <\/p>\n
\u00abDentro de ese marco conceptual, sin perjuicio de la unificaci\u00f3n del tr\u00e1mite que trajo el nuevo estatuto procesal para los procesos ejecutivos sin garant\u00eda real o con ella, se tiene que cuando sea con esa prerrogativa, vale decir, que en el cobro forzado se ejercite el derecho real de prenda o de hipoteca, es necesario aplicar el comentado fuero privativo, esto es, determinar que es competente, exclusivamente, el juez del lugar donde est\u00e9n ubicados los bienes objeto del respectivo gravamen (\u2026) <\/p>\n
Tal conclusi\u00f3n no sufre ning\u00fan desmedro con los fueros personal y obligacional, previstos en los numerales 1\u00b0 y 3\u00b0 del citado art\u00edculo 28, que suelen concurrir para procesos ejecutivos, pues dado el car\u00e1cter imperativo y excluyente del fuero privativo, es evidente que para el ejercicio de los derechos reales de prenda e hipoteca debe seguirse el tr\u00e1mite en el lugar de ubicaci\u00f3n de los bienes, con independencia del domicilio del demandado y del sitio de cumplimiento de las obligaciones. <\/p>\n
5. Desde esta \u00f3ptica, carece de raz\u00f3n el Juzgado Promiscuo Municipal de Puerto Guzm\u00e1n (Putumayo) para rehusar la competencia en el asunto que ahora ocupa la atenci\u00f3n de la Corte, por cuanto el ejecutante promovi\u00f3 una demanda ejecutiva con garant\u00eda hipotecaria, esto es, est\u00e1 ejerciendo el derecho real de hipoteca respecto del inmueble ubicado en su circunscripci\u00f3n territorial\u00bb (AC2909-2020 del 03 nov. de 2020). <\/p>\n
6. As\u00ed, emerge de lo anterior y con fundamento en el an\u00e1lisis de las piezas procesales obrantes en el expediente que el llamado a conocer la controversia suscitada es el Juzgado Promiscuo Municipal de Liborina (Antioquia), pues tal es designado en virtud del foro privativo demarcado por la ley. <\/p>\n
7. Por lo precedentemente expuesto, como el inmueble objeto de la acci\u00f3n ejecutiva hipotecaria est\u00e1 ubicado en el municipio de Liborina1, departamento de Antioquia, corresponde remitir la presente demanda al Promiscuo Municipal de esa localidad para que contin\u00fae con el conocimiento de la acci\u00f3n emprendida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO: Declarar que el conocimiento del proceso de la referencia deber\u00e1 continuar por cuenta del Juzgado Promiscuo Municipal de Liborina (Antioquia). <\/p>\n
SEGUNDO: Comunicar lo decidido al Despacho Veintid\u00f3s Civil Municipal de Medell\u00edn, acompa\u00f1\u00e1ndole copia de este prove\u00eddo. <\/p>\n
TERCERO: Remitir el expediente a la c\u00e9lula judicial referida en el numeral primero de esta decisi\u00f3n. <\/p>\n
CUARTO: La Secretar\u00eda librar\u00e1 los oficios correspondientes y dejar\u00e1 las constancias del caso. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1\u0002 De conformidad con el certificado de tradici\u00f3n obrante a folio 2 del Cuaderno de Medidas Cautelares. <\/p>\n
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