AC5284-2021 (2021-01731-00)<\/p>\n
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AC5284-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-01731-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., nueve (9) de noviembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide sobre el conocimiento de un asunto de protecci\u00f3n de derechos al consumidor allegado a esta Sala de Casaci\u00f3n Civil para lo pertinente. <\/p>\n
1. Es incontrastable que en el proceso remitido por la Delegatura para asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio de Bogot\u00e1, la demandante Liliana Marcela Bravo Colmenares solicit\u00f3 la protecci\u00f3n al consumidor de que trata el art\u00edculo 57 de la Ley 1480 de 2011, con ocasi\u00f3n del contrato de prestaci\u00f3n de servicios educativos suscrito con British Council Colombia. <\/p>\n
Como sustento de su reclamaci\u00f3n, la all\u00ed demandante, expuso que una vez realizado el pago por un valor de $1.350.0001, mediante correo electr\u00f3nico del 19 de marzo de 2021, solicit\u00f3 a la entidad educativa el aplazamiento del curso de ingl\u00e9s por temas laborales. Sin embargo, British Council Colombia neg\u00f3 dicha petici\u00f3n, argumentando que no fue interpuesta dentro del t\u00e9rmino de 24 horas despu\u00e9s de realizado el pago. Por tanto, se duele la querellante de \u00abperder su dinero\u00bb. <\/p>\n
2. En consecuencia, la autoridad administrativa, mediante auto 49472 del 23 de abril de abril de 2021, rechaz\u00f3 por falta de competencia la demanda promovida por Liliana Bravo Colmenares. Para ello, argument\u00f3 que: (i) \u00ablos hechos y pretensiones de la demanda van encaminados a resolver una controversia ajena\u2026protecci\u00f3n contractual\u2026por la prestaci\u00f3n de servicios que suponen la entrega de un bien, \u2026 por vulneraci\u00f3n de los derechos del consumidor por la violaci\u00f3n directa de las normas sobre protecci\u00f3n a consumidores y usuarios\u00bb. (ii) la instituci\u00f3n demandada, conforme a las disposiciones de la ley 16 de 1980, \u00abresulta un sujeto de derecho excluido de la facultad judicial que en materia de derecho de consumo ejerce este juzgador\u00bb. Y (iii) que \u00abdada la naturaleza jur\u00eddica como organismo gubernamental de la aqu\u00ed demandada, que obra en nombre y representaci\u00f3n de un estado extranjero ampliamente acreditada\u2026debe darse cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 6 del art\u00edculo 30 del C.G. del P.\u00bb. <\/p>\n
I. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Acorde con la doctrina general del proceso, todo recurso contra providencias judiciales est\u00e1 regido por ciertos requisitos que lo hacen posible, a cuyo prop\u00f3sito cabe destacar ahora su procedencia legal frente a la respectiva decisi\u00f3n. Por supuesto, trat\u00e1ndose del recurso extraordinario de revisi\u00f3n, el art\u00edculo 354 del C\u00f3digo General del Proceso, establece que procede \u00abcontra las sentencias ejecutoriadas\u00bb, desde luego seg\u00fan las reglas espec\u00edficas de competencia (arts. 30, 31 y 32 ibidem). <\/p>\n
En efecto, cuando se trata de decisiones proferidas por los jueces civiles del circuito, civiles municipales, de peque\u00f1as causas y las autoridades administrativas cuando ejerzan funciones jurisdiccionales, compete el recurso a las Salas Civiles de los Tribunales Superiores (art. 30.2 y 31.4). <\/p>\n
Sumado a ello, se debe resaltar que, adem\u00e1s de la caducidad y la falta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa, la demanda de revisi\u00f3n tambi\u00e9n se rechazar\u00e1 de plano cuando se configure ausencia de competencia o de jurisdicci\u00f3n por parte de la entidad donde sea radicada, para lo cual se remitir\u00e1 el expediente al organismo que corresponda, sin que tal decisi\u00f3n sea pasible de recursos (arts. 90, 139 y 358 C.G.P). <\/p>\n
En consonancia con lo expuesto, la Delegatura para asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio de Bogot\u00e1 D.C., se equivoc\u00f3 al declarar su incompetencia. Esto, por cuanto emerge sin complejidad que la controversia est\u00e1 relacionada con la ejecuci\u00f3n y el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de prestaci\u00f3n de servicios educativos suscrito entre Liliana Marcela Bravo Colmenares y British Council Colombia, lo cual es suficiente para repeler su conocimiento. <\/p>\n
3. Por lo anterior, se devolver\u00e1 el proceso de protecci\u00f3n al consumidor a la Superintendencia de Industria y Comercio para que contin\u00fae con el tr\u00e1mite respectivo, de acuerdo con los art\u00edculos 24 y 90 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
II. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, ordena devolver a la Delegatura para asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio de Bogot\u00e1 D.C. el proceso de protecci\u00f3n al consumidor referenciado. Of\u00edciese. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1\u0002 Hecho No. 3. Pago realizado el 15 de marzo de 2021. Fol. 3. Expediente digital. <\/p>\n
2\u0002 Fols. 15 y 16. Expediente digital. <\/p>\n
3\u0002 Ley 1480 de 2011 <\/p>\n
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