AC5338-2021 (2020-02512-00)<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
AC5338-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2020-02512-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., once (11) de noviembre de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Se resuelve el recurso de queja interpuesto por Gil Juvenal, Joaqu\u00edn Fernando y Ramiro V\u00e9lez Gil, frente al auto de 20 de enero de 2020, por medio del cual el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, Sala Civil, neg\u00f3 conceder el recurso de casaci\u00f3n. Tal remedio se instaur\u00f3 contra la sentencia de 28 de noviembre del 2019, dictada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales1, Sala Civil-Familia, dentro del proceso de simulaci\u00f3n instaurado por los impugnantes en contra de los herederos determinados e indeterminados de Nelly Gil de V\u00e9lez, Diego Jaime V\u00e9lez Gil y de las sociedades Inversiones D. V\u00e9lez y C\u00eda S. en C.A. e Inversiones Laureles S.A. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Petitum: El actor reclam\u00f3 que se declarar la simulaci\u00f3n absoluta de los contratos de compraventa sobre un inmueble ubicado en el municipio de Itag\u00fc\u00ed e identificado con M.I. 001-285338. Los actos jur\u00eddicos cuestionados se elevaron en las escrituras p\u00fablicas No. 332 del 21 de marzo de 1997 y 433 del 21 de abril de 1997, protocolizadas en la Notar\u00eda Segunda de Itag\u00fc\u00ed. <\/p>\n
En consecuencia, pidi\u00f3 dejar sin efectos las respectivas escrituras contentivas de los se\u00f1alados negocios jur\u00eddicos, incluidos sus registros en los folios de matr\u00edcula inmobiliaria. <\/p>\n
2. Causa petendi: los actores fundamentaron su pretensi\u00f3n en que los actuales propietarios no hicieron pago alguno ni se efectu\u00f3 la entrega material del inmueble. En adici\u00f3n, sostuvieron que el \u00e1nimo para celebrar los actos jur\u00eddicos censurados fue defraudar a la Sociedad Laureles S.A. de la que son accionistas los demandantes <\/p>\n
3. Sentencia de primera instancia: El 9 de febrero de 2015, el Juzgado Primero Civil del Circuito de Itag\u00fc\u00ed-Antioquia declar\u00f3 la simulaci\u00f3n. <\/p>\n
4. Fallo de segundo grado: El 28 de noviembre de 2019, el superior, al resolver la apelaci\u00f3n formulada por la codemandada Inversiones D. V\u00e9lez & CIA. S. en C. revoc\u00f3 la sentencia y declar\u00f3 impr\u00f3spera la acci\u00f3n de simulaci\u00f3n absoluta. <\/p>\n
5. Recurso de casaci\u00f3n: Lo formul\u00f3 el extremo activo. <\/p>\n
6. Decisi\u00f3n sobre la concesi\u00f3n: El Tribunal, mediante prove\u00eddo de 20 de enero de 2020, no accedi\u00f3 a tramitarlo. En s\u00edntesis, se adujo la falta de demostraci\u00f3n del monto que se exige para la procedencia del medio de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
Lo anterior, en tanto que las pretensiones de la parte demandante fueron por 444.77 SMLMV para el a\u00f1o 1997 y, actualizadas al momento del fallo, dan como resultado la suma de $368.321.153,32, monto que no supera la cuant\u00eda prevista para la procedencia del recurso. <\/p>\n
7. Reposici\u00f3n y recurso de queja: Lo interpusieron los demandantes. Adujeron la procedencia del medio extraordinario por cuanto se debi\u00f3 tener en cuenta el avalu\u00f3 catastral del a\u00f1o 2016, por un valor de $ 948.242.357 \u00abcomo prueba deductiva de valor comercial de inmueble objeto del acto simulado\u00bb. De este modo \u00abes deducible que, a noviembre 28 de 2019, fecha de la sentencia de segunda instancia, el valor del perjuicio supera ampliamente lo 1.000 SMLMV\u00bb. Por \u00faltimo, se\u00f1al\u00f3 que se debieron decretar pruebas de oficio a fin de determinar el inter\u00e9s. <\/p>\n
Por otra parte, el Despacho, previo a resolver, le solicit\u00f3 al recurrente, en auto fechado el 14 de febrero de 2020, que allegara \u00abficha predial correspondiente al lote objeto de compraventa que se pretende declarar simulada, esto es, el denominado \u201cLa Gilesia\u201d, donde se acredita el valor catastral del mismo para el a\u00f1o 2019, y en el evento de estar incluido en el predio denominado \u201cLa Querencia\u201d, la ficha catastral de este \u00faltimo para el mismo a\u00f1o\u00bb. <\/p>\n
A su turno, el impugnante present\u00f3: i) copia del pago del impuesto predial, correspondiente al primer trimestre de 2020; ii) ficha predial catastral; iii) aval\u00fao sobre el predio \u00abLas Acacias\u00bb; iv) aval\u00fao sobre el lote \u00abLa Querencia\u00bb. Respecto de este \u00faltimo indic\u00f3 que \u00abel aval\u00fao comercial asciende a $17.539.329.857, deduci\u00e9ndose que el valor de los perjuicios causados con la sentencia emitida ascender\u00eda a $7.053.297\u00bb. <\/p>\n
Adem\u00e1s, requiri\u00f3 al inconforme a efectos de aportar certificado catastral para el a\u00f1o 2019, pero alleg\u00f3 aval\u00fao de la calenda 2020. En consecuencia, consider\u00f3 que \u00abse tomar\u00e1 como referencia el aval\u00fao catastral m\u00e1s reciente [2016] que obra en el expediente, en aplicaci\u00f3n a lo establecido en el articulo 339 del c\u00f3digo general del proceso\u00bb <\/p>\n
Agreg\u00f3 que los aval\u00faos comerciales aportados resultan extempor\u00e1neos a voces del art\u00edculo 339 del C\u00f3digo General del Proceso \u00abpues como lo contempla la norma, es al momento de formularse el recurso extraordinario que debe aportarse la prueba que pretende hacerse valer, para que se defina la procedencia del mismo de plano\u00bb. En tal sentido, valor\u00f3 la pieza catastral del a\u00f1o 2016. Situado en la documental, consider\u00f3 que no se cumple con la cuant\u00eda de los 1000 SMLMV. <\/p>\n
En efecto, advirti\u00f3 que el impuesto predial adosado no corresponde \u00fanicamente a la finca \u201cLa Gilesia\u201d. En tal virtud, determin\u00f3 que los metros a evaluar son 16.664 mts2, correspondientes al referido fundo objeto del pleito, y que el valor del metro cuadrado es de $ 44.273,84, lo que al multiplicar da un aval\u00fao catastral de $737.779.269,76. No obstante, sostuvo que al haber demandado tres (3) de los cinco (5) herederos, el perjuicio irrogado es del 60%, lo que conduce a una resoluci\u00f3n desfavorable de $442.667.561,856. <\/p>\n
Despunt\u00f3 que en lo que respecta a las pruebas de oficio para determinar el justiprecio en casaci\u00f3n \u00absolo se har\u00e1 uso de ella cuando considere que los elementos que obren en el expediente, para determinar la cuant\u00eda sean precarios o insuficientes, mas no porque la parte as\u00ed lo solicite (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
En conclusi\u00f3n, el ad-quem mantuvo su decisi\u00f3n y por tanto, orden\u00f3 la expedici\u00f3n de copias para desatar la impugnaci\u00f3n objeto de esta decisi\u00f3n. <\/p>\n
II. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. De conformidad con los art\u00edculos 352 y 353 del C\u00f3digo General del Proceso, el recurso de queja procede contra el auto que deniega conceder el de casaci\u00f3n. Asimismo, tiene como derrotero que la Corte examine el si prove\u00eddo impugnado y ratificado al desatar la respectiva reposici\u00f3n, estuvo o no ajustado al ordenamiento. <\/p>\n
2. La regla 338 ejusdem prescribe su procedencia en pleitos en los cuales las pretensiones sean esencialmente econ\u00f3micas, siempre y cuando \u00ab(\u2026) el valor actual de la resoluci\u00f3n desfavorable al recurrente sea superior a un mil salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes (1.000 smlmv) (\u2026)\u00bb, los cuales, traducidos a pesos en 2019, equivaldr\u00edan a $828\u00b4116.0002. <\/p>\n
A la par, el art\u00edculo 338 del C.G.P. except\u00faa del justiprecio las \u00ab(\u2026) sentencias dictadas dentro de las acciones de grupo, y las que versen sobre el estado civil (\u2026)\u00bb; en consonancia, con el par\u00e1grafo del precepto 334 \u00eddem, en el cual, tambi\u00e9n se excluyen de esa tasaci\u00f3n las de \u00ab(\u2026) impugnaci\u00f3n o reclamaci\u00f3n de estado y declaraci\u00f3n de uniones maritales de hecho (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Esta Corporaci\u00f3n ha expuesto reiteradamente que \u00abla cuant\u00eda de este inter\u00e9s depende del valor econ\u00f3mico de la relaci\u00f3n sustancial definida en la sentencia, esto es, del agravio, la lesi\u00f3n o el perjuicio patrimonial que con las resoluciones adoptadas en el fallo sufre el recurrente, s\u00f3lo la cuant\u00eda de la cuesti\u00f3n de m\u00e9rito en su realidad econ\u00f3mica en el d\u00eda de la sentencia, es lo que realmente cuenta para determinar el monto del comentado inter\u00e9s\u00bb (Auto 064 de 15 de mayo de 1991, reiterado en AC2918-2020 y AC867-2021). <\/p>\n
A su turno, el canon 339 ejusdem, ofrece sendas alternativas para la determinaci\u00f3n del monto econ\u00f3mico que acredita la configuraci\u00f3n del inter\u00e9s en la senda casacional. En efecto, dicho quantum se obtiene con los elementos de juicio que obran en el expediente. Ello sin perder de vista que el interesado puede aportar un dictamen a efectos de acreditar el justiprecio. De forma tal que el magistrado decidir\u00e1 de plano sobre la concesi\u00f3n. De ah\u00ed, que la oportunidad para allegar el dictamen pericial sea en el momento de su interposici\u00f3n, que es precisamente la etapa en la cual se decide sobre la concesi\u00f3n del remedio, am\u00e9n que la carga de la prueba esta en cabeza del recurrente. <\/p>\n
Al respecto esta Sala ha se\u00f1alado que \u00ab[\u2026]el recurrente tiene la facultad de aportar un dictamen pericial. No de otra manera puede entenderse los vocablos \u201cpodr\u00e1\u0301\u201d y \u201csi lo considera necesario\u201d que tiene la norma transcrita. Por lo que la carga ya no recae en el Tribunal quien, en principio, no estar\u00eda convocado a decretar una prueba de tal linaje para esos fines (CSJ AC1923-2018, 16 mayo)\u00bb. <\/p>\n
3. En el sub-ex\u00e1mine, anticipa la Corte que, como lo estableci\u00f3 el ad-quem, los elementos de juicio adosados al plenario, para el momento en que el medio de impugnaci\u00f3n fue formulado, no acreditaban el quantum necesario para recurrir en casaci\u00f3n. <\/p>\n
En el caso en concreto, el Tribunal, con el prop\u00f3sito de fijar el inter\u00e9s recurri\u00f3 a los elementos convictivos obrantes en plenario, analiz\u00f3 inicialmente el libelo introductor, el cual arroj\u00f3 la suma de $ 76.504.024. De ello, realiz\u00f3 una aproximaci\u00f3n al d\u00eda de la sentencia, dando como resultado $368.321.153,32, lo que llev\u00f3 a negar el recurso por no satisfacer el justiprecio. <\/p>\n
Posteriormente, y con el prop\u00f3sito de desatar la reposici\u00f3n propuesta, estudi\u00f3 el aval\u00fao catastral del a\u00f1o 2016, y advirti\u00f3 que la cuant\u00eda es insuficiente de cara a superar los 1000 SMLMV. Para el efecto, asever\u00f3 que \u00ablos metros a evaluar son 16.664. Mts2, correspondientes al fundo objeto del pleito, y que el valor del metro cuadrado es de $ 44.273,84, lo que al multiplicar da un aval\u00fao catastral de $737.779.269,76, no obstante, sostuvo que al haber demando 3 de los 5 herederos, el perjuicio irrogado es del 60%, lo que conduce a una resoluci\u00f3n desfavorable de $442.667.561,856\u00bb. <\/p>\n
4. Ahora bien, en el marco del precepto 339 del C\u00f3digo General del proceso, el recurrente pudo aportar un dictamen a efectos de determinar el justiprecio para recurrir en sede de casaci\u00f3n y no lo hizo. El remedio extraordinario es improcedente porque los impugnantes ten\u00edan la carga de aportar la experticia, teniendo en cuenta que no concurr\u00eda la cuant\u00eda indispensable, para evidenciar con suficiencia el inter\u00e9s. <\/p>\n
Al respecto la Corte ha indicado, \u00ab[p]ara la determinaci\u00f3n del mencionado inter\u00e9s, la nueva regulaci\u00f3n procesal prev\u00e9\u0301 que \u201c…su cuant\u00eda deber\u00e1\u0301 establecerse con los elementos de juicio que obren en el expediente. Con todo, el recurrente podr\u00e1\u0301 aportar un dictamen pericial si lo considera necesario, y el magistrado decidir\u00e1\u0301 de plano sobre la concesi\u00f3n\u201d (art\u00edculo 339). Se trata pues de dos maneras para determinar el justiprecio del inter\u00e9s para recurrir, o bien se establece con los elementos de juicio que obren en el expediente; o bien, el recurrente tiene la facultad de aportar un dictamen pericial. No de otra manera puede entenderse los vocablos \u201cpodr\u00e1\u0301\u201d y \u201csi lo considera necesario\u201d que tiene la norma transcrita. Por lo que la carga ya no recae en el Tribunal quien, en principio, no estar\u00eda convocado a decretar una prueba de tal linaje para esos fines. Ahora, de optar el recurrente por no aportar un dictamen pericial que determine el inter\u00e9s para recurrir, se somete entonces al escrutinio que sobre el particular pueda hacer el ad quem con los elementos de juicio que obren en el expediente. Pero, de elegir hacer uso de tal prerrogativa, habr\u00e1\u0301 de ce\u00f1irse en su aportaci\u00f3n a las normas probatorias que regulan la aducci\u00f3n de este tipo de prueba, pues aunque al dictamen allegado por la parte no se le someta a contradicci\u00f3n, ello no le resta rigurosidad en su materialidad probatoria. De manera que, ese dictamen pericial aportado por el recurrente, no es cualquier documento. Por el contrario, bien claro dispuso el legislador que la carga consiste en aportar un \u201cdictamen pericial\u201d, luego debe cumplir con los requisitos contemplados en el art\u00edculo 226 de la misma codificaci\u00f3n\u00bb (CSJ AC1923-2018, 16 mayo). <\/p>\n
De tal manera que, el proceder del Tribunal fue ajustado a la disposiciones propias que disciplinan la concesi\u00f3n del recurso de casaci\u00f3n. En efecto, estim\u00f3 el inter\u00e9s con las probanzas obrantes en el plenario. Rep\u00e1rese que, al momento de negar la concesi\u00f3n, fij\u00f3 su atenci\u00f3n a los hechos de fundaron las pretensiones y, a\u00fan actualizando el valor plasmado en el libelo \u00ab$76.504.024\u00bb (fl 21 C, Juzgado), no se cumpli\u00f3 con el montante para la procedencia de la impugnaci\u00f3n extraordinaria. <\/p>\n
En adici\u00f3n, al resolver sobre la reposici\u00f3n analiz\u00f3 el avalu\u00f3 catastral de la calenda 2016, y se\u00f1al\u00f3 que para el momento del fallo, no supera los 1000 SMLMV, en tanto valor del bien fue de $737,779,269,76. No obstante el perjuicio para los impugnantes fue de $442.667.561,856. Toda vez que, \u00abobtenido el valor catastral del bien debe tomarse en consideraci\u00f3n para verificar la cuant\u00eda (\u2026) solo el 60%, como lo se\u00f1ala el mismo recurrente, por haber demandado solo tres de cinco herederos\u00bb. ( fls 189-190 c. Tribunal). De tal manera que el justiprecio en ninguna de las hip\u00f3tesis, contempladas se colm\u00f3. <\/p>\n
5. En lo referente al dictamen pericial aportado en el tr\u00e1mite del recurso de reposici\u00f3n (fls 122-153 C. tribunal), se advierte que dicha experticia es extempor\u00e1nea. El art\u00edculo 339 del C\u00f3digo General del Proceso se\u00f1ala, \u00abcuando para la procedencia del recurso sea necesario fijar el inter\u00e9s econ\u00f3mico afectado con la sentencia, su cuant\u00eda deber\u00e1 establecerse con los elementos de juicio que obren en el expediente. Con todo, el recurrente podr\u00e1 aportar un dictamen pericial si lo considera necesario, y el magistrado decidir\u00e1 de plano sobre la concesi\u00f3n\u00bb. En efecto, la oportunidad probatoria para aportar el dictamen es al momento de la interposici\u00f3n del recurso. Pues tal acto procesal, habilita el estudio sobre el inter\u00e9s y la ulterior concesi\u00f3n. (ver, entre otros, CSJ AC4098-2018, 25 sep. 2018, rad. 2018-02131, AC4423, 13 jul. 2017, rad. 2017-1073, AC2206, 4 abr. 2017, rad. 2017-00264 y AC6255-2017, 22 sep. 2017, rad. 2017-02286-00). <\/p>\n
6. Por \u00faltimo, en la actual ley de enjuiciamiento civil, el Tribunal, no esta compelido para suplir la deficiencia probatoria del recurrente en casaci\u00f3n, al respecto \u00abel recurrente es quien debe satisfacer la carga de demostrar los supuestos necesarios para que el asunto pueda ser objeto de ese control extraordinario, entre ellos la cuant\u00eda requerida para poder acceder a esa v\u00eda\u00bb. (CSJ AC 1146-2021). <\/p>\n
7. De acuerdo con lo discurrido, no prospera la queja, sin que haya lugar a condenar en costas al impugnante, por cuanto no se erogaron gastos en esta sede. <\/p>\n
III. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, resuelve, declarar bien denegado el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida el 28 de noviembre de 2019, por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, Sala Civil y de Familia dentro del proceso de simulaci\u00f3n ya referenciado. <\/p>\n
Devu\u00e9lvase lo actuado a la Corporaci\u00f3n de origen. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1\u0002 En virtud del Acuerdo PCSA-11327 del Consejo Superior de la Judicatura. <\/p>\n
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