AC5378-2021 (2017-00583-01)<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
AC5378-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 25899-31-10-001-2017-00583-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de trece de mayo de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecis\u00e9is (16) de noviembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte sobre la admisibilidad de la demanda con la cual Alfonso Rodr\u00edguez pretende sustentar el recurso de casaci\u00f3n que interpuso contra la sentencia del 12 de marzo de 2019, proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Cundinamarca, en el proceso verbal que le instaur\u00f3 Nancy Moyano Gualteros. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
A. La pretensi\u00f3n <\/p>\n
Nancy Moyano Gualteros pide que se declare que entre ella y Alfonso Rodr\u00edguez existi\u00f3 una uni\u00f3n marital de hecho con su correspondiente sociedad patrimonial, desde el 01 de diciembre de 1990 hasta la fecha de presentaci\u00f3n de la demanda. <\/p>\n
B. Fundamentos de hecho <\/p>\n
Aduce que entre ella y el convocado se estableci\u00f3 una convivencia permanente, continua y estable por m\u00e1s de veintis\u00e9is a\u00f1os, durante los cuales cohabitaron bajo el mismo techo, compartieron gastos del hogar, se brindaron ayuda econ\u00f3mica y espiritual permanente, se comportaron en sus familias y socialmente como pareja y procrearon dos hijas. Mas, por los malos tratos y amenazas o violencia intrafamiliar por prate del demandado, avino su disoluci\u00f3n, quedando por disolverse y liquidarse una sociedad patrimonial de hecho con activos que en la demanda se relacionan. <\/p>\n
C. Posici\u00f3n del demandado <\/p>\n
En su oportuna contestaci\u00f3n, el interpelado, tras manifestar que eran ciertos total o parcialmente algunos hechos y oponerse a las pretensiones, propuso como excepciones de m\u00e9rito la \u00abinexistencia de los presupuestos de ley para la declaratoria de la existencia de la uni\u00f3n marital de hecho entre el se\u00f1or Alfonso Rodr\u00edguez y Nancy Moyano Gualteros\u00bb, \u00abinexistencia de los presupuestos de ley para la declaratoria de la constituci\u00f3n de la sociedad patrimonial entre el se\u00f1or Alfonso Rodr\u00edguez y Nancy Moyano Gualteros\u00bb, \u00abprescripci\u00f3n de la acci\u00f3n para obtener la disoluci\u00f3n y liquidaci\u00f3n de la sociedad patrimonial entre compa\u00f1eros permanentes\u00bb. <\/p>\n
En particular, sostuvo que, si bien las partes decidieron convivir juntos sin estar casados entre s\u00ed, llevando una vida com\u00fan con las caracter\u00edsticas propias de un matrimonio, \u00ab\u00e9sta no cumple el presupuesto de ser una \u201ccomunidad de vida permanente singular\u201d, ya que esta convivencia se vio cercenada desde mediados del mes de agosto del a\u00f1o dos mil catorce (2014) cuando la ac\u00e1 demandante, sin justificaci\u00f3n alguna, tom\u00f3 la decisi\u00f3n de separarse f\u00edsicamente de mi prohijado, trasladando todas sus cosas, prendas y objetos personales de la alcoba que compart\u00edan, a una habitaci\u00f3n con ba\u00f1o independiente que estaba destinada para hu\u00e9spedes, y le suspendi\u00f3 \u201cde plano\u201d todas sus responsabilidades y obligaciones como pareja (\u2026)\u00bb. Por tanto, a su juicio, la acci\u00f3n impetrada se encuentra prescrita. <\/p>\n
D. Primera instancia <\/p>\n
La clausur\u00f3 el Juzgado Primero de Familia de Zipaquir\u00e1, con sentencia del 9 de agosto de 2018, por la cual declar\u00f3 fundada la excepci\u00f3n denominada \u00abprescripci\u00f3n de la acci\u00f3n para obtener la disoluci\u00f3n y liquidaci\u00f3n de la sociedad patrimonial entre compa\u00f1eros permanentes\u00bb. Por ende, neg\u00f3 las pretensiones de la demanda. <\/p>\n
E. Segunda instancia <\/p>\n
El recurso de apelaci\u00f3n formulado contra el fallo de primera instancia fue desatado por el Tribunal, con sentencia del 12 de marzo de 2019. All\u00ed se revoc\u00f3 en su totalidad el fallo apelado y, en consecuencia, se declar\u00f3 la existencia de la sociedad patrimonial entre compa\u00f1eros permanentes desde diciembre de 1990 hasta octubre de 2017, \u00absociedad cuya disoluci\u00f3n y estado de liquidaci\u00f3n se decreta\u00bb. <\/p>\n
II. LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
El Tibunal comenz\u00f3 por poner de presente que en el curso del proceso se logr\u00f3 comprobar la uni\u00f3n de vida que mantuvieron los contendientes en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 54 de 1990. Ello para fijar la atenci\u00f3n en el t\u00e9rmino de tal convivencia, sobre el que se considera que \u00abam\u00e9n de la convivencia entre la pareja, algo que, cual se anot\u00f3, aflora esplendente de su contenido (\u2026) existe certeza de que \u00e9sta en efecto se extendi\u00f3 en el tiempo hasta por lo menos la fecha en que se instaur\u00f3 la demanda\u00bb. <\/p>\n
Al respecto, asever\u00f3 que si la pareja sigui\u00f3 habitando el mismo techo, pese a dormir en habitaciones separadas, esta \u00faltima circunstancia no era suficiente para desmerecer la vida marital por el solo dicho del demandado. En tal sentido, para el Colegiado \u00abes de sind\u00e9resis pensar que, no habiendo un rompimiento absoluto entre los compa\u00f1eros, determinado por un cambio diametral en esas condiciones de existencia que hasta ese momento llevaban, menester es que no quede resquicio de duda de la \u201cseparaci\u00f3n f\u00edsica y definitiva de los compa\u00f1eros\u201d (\u2026) para concluir certeramente en que aquella termin\u00f3\u00bb. <\/p>\n
Cotejado lo dicho con las pruebas obrantes en el plenario, advirti\u00f3 que no existe un acto inequ\u00edvoco que indicara el rompimiento definitivo de la comunidad de vida que ostentaban los compa\u00f1eros. En atenci\u00f3n a ello, \u00abes que la carga probatoria que corr\u00eda en hombros del demandado era mucho m\u00e1s exigente; pues, se repite, habiendo mantenido la pareja una relaci\u00f3n de vida que para 2014 sumaba m\u00e1s de 24 a\u00f1os, es ostensible que para asegurar que \u00e9sta en un momento dado ces\u00f3, no obstante que la pareja y las hijas continuaron habitando bajo el mismo techo, debieron venir al proceso unas pruebas de tal entidad probatoria que resultaran capaces de desdibujar la existencia de cada uno de esos elementos con que cobran vida este tipo de uniones\u00bb. <\/p>\n
Pues bien, aunque el demandado hubiera dirigido todos los esfuerzos a tratar de acreditar que despu\u00e9s del 2014 no volvi\u00f3 a tener intimidad con la demandante, para el Tribunal era imprescindible que existiera \u00abprueba irrefutable de que la ruptura de la comunidad de vida es tal que ning\u00fan resquicio de \u00e9sta alcanzara a despuntar por ninguna parte, esto es, que ya no ten\u00edan desde ninguna perspectiva, la intenci\u00f3n de mantenerse juntos\u00bb. Ello, no sin mencionar que los testimonios de las hijas de la pareja, que dijeron cosas que \u00abpudieran allanar la idea de una ruptura definitiva\u00bb, se encontraban influenciados por el apego que sienten estas hacia su padre, \u00abque las lleva incluso a preferirlo en caso de tener que escoger con cu\u00e1l de sus padres vivir\u00bb; adem\u00e1s que, a su juicio, las declaraciones est\u00e1n desprovistas de conocimiento cierto sobre c\u00f3mo se suceden o no las relaciones \u00edntimas entre sus padres \u00abnaturalmente que si son \u00edntimas es l\u00f3gico que sean reservadas\u00bb. Aunado a que la experiencia muestra que los padres, \u00abmovidos por la m\u00e1s elemental verg\u00fcenza\u00bb, no demuestran sus \u201cpasiones\u201d en frente de sus hijos. <\/p>\n
Respecto de los otros testimonios practicados, se dictamin\u00f3 que \u00abpor m\u00e1s cercan\u00eda que tuvieran con la pareja, no pueden precisar exactamente qu\u00e9 acontec\u00eda dentro del hogar, espec\u00edficamente en el plano \u00edntimo y marital, naturalmente que la convivencia bajo el mismo techo (\u2026) impide aceptar a fardo cerrado que como consecuencia de ello todos los elementos caracter\u00edsticos de la uni\u00f3n se extinguieron\u00bb. <\/p>\n
Por dem\u00e1s, las fotograf\u00edas tomadas en la celebraci\u00f3n de los cincuenta a\u00f1os de la demandante, as\u00ed como el grado de su hija mayor, evidenciaron que las partes se mostraban como una familia, lo que se refuerza con el hecho de que en la EPS Famisanar aparece la actora como parte del n\u00facleo familiar de la pasiva. <\/p>\n
III. LA DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
Se formularon tres cargos contra la sentencia del Tribunal, que la Corte resumir\u00e1 y a continuaci\u00f3n determinar\u00e1 las razones t\u00e9cnicas que impiden su estudio de fondo y conducen a su inadmisibilidad. <\/p>\n
A. PRIMER CARGO <\/p>\n
Con estribo en la causal primera de casaci\u00f3n, el recurrente censur\u00f3 la sentencia de ser violatoria de los art\u00edculos 1\u00b0 y 8\u00b0 de la Ley 54 de 1990. El canon primero, pues el Tribunal \u00abincurri\u00f3 en falsos juicios sobre la norma sustancial que gobierna el presente caso, por falta de aplicaci\u00f3n al no haberse tenido en cuenta que no s\u00f3lo basta que convivan las partes, sino que \u00e9sta convivencia sea \u201cpermanente\u201d como as\u00ed se desprende de innumerables extractos jurisprudenciales, present\u00e1ndose una interpretaci\u00f3n err\u00f3nea de la misma\u00bb. En particular, adujo que se omiti\u00f3 la aplicaci\u00f3n completa de la norma, comoquiera que pas\u00f3 por alto el requisto de estabilidad, continuidad o perseverancia de la convivencia en la comunidad de vida. <\/p>\n
En concordancia con lo dicho, asever\u00f3 que en el proceso se prob\u00f3 la ruptura de la convivencia con el dicho no desvirtuado del demandado en torno al cambio de habitaci\u00f3n intempestivo de la se\u00f1ora Moyano Gualteros. Hechos corroborados, adem\u00e1s, con los testimonios de las dos hijas. Agreg\u00f3 que se viol\u00f3, adem\u00e1s, el art\u00edculo octavo de la citada ley \u00abya que se demostr\u00f3 plenamente en el plenario que los se\u00f1ores demandante y demandado no conviv\u00edan de manera permanente desde el mes de agosto del a\u00f1o dos mil catorce (2014), y as\u00ed fue confirmado por la Juez de primera instancia\u00bb. Por ende, consider\u00f3 que el Tribunal \u00abviol\u00f3 directamente \u00e9stos dos preceptos legales por incurrir en un error de derecho, al transgredir los art\u00edculos 1 y 8 de la Ley 54 de 1990\u00bb. <\/p>\n
B. SEGUNDO CARGO <\/p>\n
En este cargo se acus\u00f3 la sentencia de violar indirectamente normas sustanciales por error de hecho, pues el fallador \u00abno estableci\u00f3 si los hechos objeto del presente proceso (\u2026) quedaron plenamente demostrados, existiendo as\u00ed una violaci\u00f3n indirecta de la ley\u00bb. En concreto, argument\u00f3 que el error se present\u00f3 \u00abcuando el H. Tribunal dio por probado el hecho de la PERMANENCIA de las partes, cuando las pruebas arrimadas desvirt\u00faan por completo esa exigencia legal, ya que el H. Tribunal al analizar las pruebas, no tuvo para nada las declaraciones dadas por las hijas de las partes (\u2026) quienes son las DIRECTAS y \u00daNICAS conocedoras de los hechos que suceden dentro del n\u00facleo familiar\u00bb. <\/p>\n
Por dem\u00e1s, las razones para restarle valor probatorio a tales declaraciones \u00abson s\u00f3lo sospechas o apreciaciones dadas por los mismos, no escucharon de antemano sus afirmaciones, ninguna estaba afectada de parcialidad y nunca manifestaron \u201cpreferir a su padre antes que a su progenitora\u201d, sacando el fallador de segunda instancia conclusiones fuera de contexto, apoyadas en meros supuestos (\u2026) desconociendo el fallador que las declaraciones constituyen plena prueba\u00bb. Por ende, consider\u00f3 que existe clara vulneraci\u00f3n indirecta al art\u00edculo 1\u00b0 de la Ley 54 de 1990. <\/p>\n
C. TERCER CARGO <\/p>\n
Con estribo en la causal tercera de casaci\u00f3n, acus\u00f3 la sentencia del Tribunal de no estar en consonancia con los hechos, pretensiones, excepciones propuestas por el demandado o que el juez debe reconocer de oficio. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que \u00abel yerro del fallador de segunda instancia, al valorar indebidamente la prueba testimonial, especialmente de las hijas de demandante y demandado (\u2026) y darle un alcance equivocado y como consecuencia revocar la sentencia de primera instancia, d\u00e1ndole credibilidad a lo expresado por la demandadnte, inobservando que tales afirmaciones fueron desvirtuadas por las testigos conocedoras de la real situaci\u00f3n, tanto por conocimiento directo como por vivencia y convivencia en la casa de las partes\u00bb. Arguy\u00f3 que resulta violatorio de la norma sustancial y de la procesal la postura del Tribunal \u00abal se\u00f1alar el fallo atacado en casaci\u00f3n, conclusiones sin sustento probatorio, presumiendo por el hecho de vivir bajo un mismo techo, la existencia de convivencia de pareja, convivencia que seg\u00fan la prueba testimonial tanto de la parte demandante como de la parte demandada dej\u00f3 de existir desde el a\u00f1o dos mil catorce\u00bb. <\/p>\n
Bajo tales consideraciones, sostuvo que el prove\u00eddo cuestionado no guarda consonancia con las excepciones propuestas pues los magistrados no tuvieron en cuenta \u00abel acervo probatorio y el an\u00e1lisis de cada una de las pruebas aportadas y valoradas en primera instancia, igualmente se bas\u00f3 en \u201csuposiciones\u201d manifestadas verbalmente por el apoderado de la parte en sus alegaciones al igual que en la intervenci\u00f3n del Agente del Ministerio P\u00fablico, que en momento alguno hace parte del proceso en menci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Insisti\u00f3 en que \u00abla Sentencia del H. Tribunal no guarda consonancia con lo argumentado, probado y decidido por la H. Se\u00f1ora Juez de primera instancia, ya que, desde un comienzo, las partes no presentaron objeci\u00f3n alguna, conforme se se\u00f1al\u00f3 en la audiencia inicial (folio 126 C.1) respecto al extremo inicial, no ocurriendo lo mismo con la fecha de la separaci\u00f3n f\u00edsica y definitiva de las partes \u2013 extremo final, ya que no se prob\u00f3 y mucho menos se demostr\u00f3 dentro del plenario, que los se\u00f1ores RODR\u00cdGUEZ MOYANO convivieran hasta la fecha de presentaci\u00f3n se la demanda (26 de octubre de 2017), conforme se se\u00f1al\u00f3 en el inciso segundo de la misma\u00bb. Por dem\u00e1s, tampoco se prob\u00f3 la convivencia con posterioridad al mes de agosto del 2014, situaci\u00f3n que sustenta la posici\u00f3n del juez de primera instancia. <\/p>\n
IV. CONSIDERACIONES <\/p>\n
A. En lo que concierne a los requisitos que la demanda de casaci\u00f3n debe cumplir, es de destacar en esta oportunidad algunos de los previstos en el art\u00edculo 344 en concordancia con el 336: <\/p>\n
1. La formulaci\u00f3n, por separado, de los cargos contra la sentencia recurrida. <\/p>\n
Atiende este requisito a la pregonada autonom\u00eda de las causales de casaci\u00f3n, sobre todo, como ocurre en esta demanda, cuando unas est\u00e1n dirigidas al ataque de vicios in procedendo y otras a los vicios in judicando, lo que impide su yuxtaposici\u00f3n, lo que, valga decirlo, puede presentarse por excepci\u00f3n y con algunas limitantes, en la violaci\u00f3n directa e indirecta de normas sustanciales. <\/p>\n
2. Los fundamentos de las acusaciones deben plantearse en forma clara, precisa y completa. La claridad hace referencia a que la argumentaci\u00f3n sea inteligible. La precisi\u00f3n apunta al tino, lo que impide que prospere una acusaci\u00f3n desenfocada o ayuna de simetr\u00eda con los fundamentos del fallo. Y la completitud resalta la necesidad de combatir todos los pilares jur\u00eddicos y f\u00e1cticos del fallo -o del segmento del que se discrepa-, de forma que el censor destruya la presunci\u00f3n de acierto y legalidad con que viene revestida la sentencia impugnada a la Corte. <\/p>\n
3. Si encamina el recurrente su acusaci\u00f3n por la v\u00eda directa (causal primera), el cargo debe quedar circunscrito a la cuesti\u00f3n jur\u00eddica, lo que significa que no puede entrar en discrepancias con aspectos f\u00e1cticos (probatorios) definidos por el juzgador. <\/p>\n
4. Si su acusaci\u00f3n la basa en errores del Tribunal en el campo de las pruebas, debe determinar (lo que incluye la demanda y la contestaci\u00f3n) aquellas que fueron objeto de pifia y exponer los argumentos tendientes a demostrarlo. Si ese error probatorio es de derecho, debe indicar las normas de esa estirpe que considera infringidas con explicaci\u00f3n de la raz\u00f3n de dicha infracci\u00f3n. Y si es por error probatorio de hecho, debe tener en cuenta que para ser \u00e9ste considerado en casaci\u00f3n, debe ser ostensible o que salte a la vista, esto es, que con un simple cotejo entre lo que la prueba indica y lo que el Tribunal dedujo o dej\u00f3 de deducir de ella, brille la falencia, sin esforzados razonamientos. <\/p>\n
5. Cuando la causal de casaci\u00f3n invocada se sustenta en infracciones de normas sustanciales, es determinante que el recurrente se\u00f1ale -por lo menos- una de esa categor\u00eda, esencial en la litis, en el fallo o en la parte de este de la que discrepa el censor. Ha dicho una y otra vez la Corte que la norma sustancial es aquella que \u201cfrente a la situaci\u00f3n f\u00e1ctica que ella contempla, declara, crea, modifica o extingue derechos subjetivos, o impone obligaciones a las personas\u201d (S.C. de 30 oct. 1970, G.J. CXXXVI, p\u00e1g. 68). Posteriormente, complement\u00f3 la descripci\u00f3n, se\u00f1alando que no tienen tal calidad aquellas que \u201csin embargo de encontrarse en los c\u00f3digos sustantivos, se limitan a definir fen\u00f3menos jur\u00eddicos, o a describir los elementos integrantes de estos, o a hacer enumeraciones o enunciaciones, como tampoco la tienen las disposiciones ordinativas o reguladoras de la actividad in procedendo\u201d (sentencia del 24 de octubre de 1.975, G.J. Tomo CLI, p\u00e1gina 254). <\/p>\n
La fundamentaci\u00f3n clara y precisa de un cargo expuesto al amparo de la causal tercera supone determinar qu\u00e9 tipo de inconsonancia le achaca el recurrente a la sentencia combatida (extra petita, ultra petita o infra petita; o incongruencia f\u00e1ctica) con una labor de comparaci\u00f3n entre las pretensiones de la demanda (o en su caso, las excepciones aducidas o que el juzgador debe reconocer de oficio) y las decisiones adoptadas; o entre la causa petendi y los hechos alegados por el fallador como aducidos en la demanda, cotejo del cual debe aflorar la incongruencia, sin que para ello sea menester apelar a cuestiones probatorias o de infracci\u00f3n normativa, propias de otras causales, lo que, por lo dem\u00e1s, introducir\u00eda un elemento de confusi\u00f3n, en detrimento de la precisi\u00f3n y claridad exigidas. <\/p>\n
En adici\u00f3n, debe recordarse que al amparo del art\u00edculo 347 del C\u00f3digo General del Proceso, la Sala puede inadmitir una demanda de casaci\u00f3n (o un cargo) \u201ccuando los errores procesales aducidos no existen o, dado el caso, fueron saneados, o no afectaron las garant\u00edas de las partes, ni comportan una lesi\u00f3n relevante del ordenamiento\u201d. Lo que para el vicio in procedendo de incongruencia, causal que contempla el numeral 3\u00ba del art\u00edculo 336 ib\u00eddem, significa que desde la misma demanda de casaci\u00f3n est\u00e1 habilitada la Corte para verificar si en efecto est\u00e1 presente el error procesal delatado, para descartarlo por estar saneado o ser intrascendente. <\/p>\n
B. Aplicadas las anteriores directrices a los cargos, encuentra la Corte: <\/p>\n
1. En el primero, se advierte que no tiene la calidad sustancial la prevista en el art\u00edculo 1\u00b0 de Ley 54 de 1990, que alude a la definici\u00f3n de la uni\u00f3n marital de hecho. Al respecto, en no pocas ocasiones, esta Corte ha determinado que tal canon no tiene la susodicha naturaleza especial pues \u00ab[e]se precepto, como la Corte ha tenido la oportunidad de precisar, no declara, crea, modifica o extingue una relaci\u00f3n jur\u00eddica concreta, pues es \u201cmeramente definitorio del fen\u00f3meno jur\u00eddico all\u00ed previsto y de los sujetos que lo estructuran\u201d\u00bb (CSJ\uff0eAC\uff0e28 Feb 2005\uff0crad 2001 <\/p>\n
670\uff0c reiterado en AC 22\uff0eSep\uff0e2014\uff0eRad\uff0e2010 <\/p>\n
00551 <\/p>\n
01 y AC 2534-2017, Rad. 2013-0481-01) <\/p>\n
As\u00ed lo reiter\u00f3 en providencia AC2678-2019, de 8 de julio de 2019, en la cual explic\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) la norma sustancial en la que apoy\u00f3 la censura, para este espec\u00edfico caso, carece de dicha estirpe, pues se limita a definir un fen\u00f3meno jur\u00eddico, los sujetos que lo conforman y no otorga ninguna consecuencia jur\u00eddica. <\/p>\n
Sobre la misma, la Sala ha se\u00f1alado que: <\/p>\n
De lo anterior se sigue que la demanda no cit\u00f3 disposici\u00f3n sustancial alguna, porque se limit\u00f3 a referir gen\u00e9ricamente el texto normativo completo de la ley 54 de 1990, para elegir el primero de sus art\u00edculos, que de cara a este caso, no opera como mandato de la mencionada estirpe, pues por el contrario la Corte ha dado pasos en sentido de excluirlo como precepto de tal categor\u00eda al decir que \u00abel art\u00edculo 1\u00b0 de la ley 54 de 1990 (\u2026) no es id\u00f3neo para fundar sobre \u00e9l la acusaci\u00f3n de la sentencia recurrida por la causal primera de casaci\u00f3n, precisamente por no tratarse de un precepto de car\u00e1cter sustancial.\u00bb porque \u00abse trata, de un precepto meramente definitorio del fen\u00f3meno jur\u00eddico all\u00ed previsto y de los sujetos que lo estructuran\u00bb (auto de 24 de junio de 1997, Exp. No. 6612, reiterado en auto de 10 de marzo de 2004, Exp. No. 332-01\u201d (criterio tambi\u00e9n sostenido en autos CSJ AC, 28 feb. 2005\uff0crad. 2001-670\uff0creiterado en AC 22\uff0esep\uff0e2014\uff0eRad\uff0e2010 <\/p>\n
00551 <\/p>\n
01 y AC2534-2017). (negrilla intencional)\u00bb <\/p>\n
En ese sentido, la eventual vulneraci\u00f3n de la disposici\u00f3n a que hace alusi\u00f3n el censor no puede alegarse con base en la causal primera de casaci\u00f3n (n\u00fam. 1\u00ba del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso), pues no tiene la calidad de norma sustancial dado que \u00fanicamente define una instituci\u00f3n jur\u00eddica y las partes que la componen. <\/p>\n
De otra parte, en lo que toca con la violaci\u00f3n de lo preceptuado en el art\u00edculo 8\u00b0 de la misma Ley 54 de 1990, se advierte que el reproche del impugnante se centr\u00f3 en contradecir el juicio f\u00e1ctico del tribunal, soporte de la decisi\u00f3n de segunda instancia: a saber, la falta de acreditaci\u00f3n de la ruptura de la convivencia, lo que implic\u00f3 que el Colegiado considerara que esta acaeci\u00f3 hasta la fecha de interposici\u00f3n de la demanda. Desde la perspectiva del censor, s\u00ed se prob\u00f3 \u00abque los se\u00f1ores demandante y demandado no conviv\u00edan de manera permanente desde el mes de agosto del a\u00f1o dos mil catorce (2014), y as\u00ed fue confirmado por la Juez de primera instancia\u00bb, por lo que, a su juicio, proced\u00eda en el caso en concreto la declaratoria de prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n. <\/p>\n
Sin embargo, pasa por alto el actor que cuando se alude a la causal primera de casaci\u00f3n, la argumentaci\u00f3n para evidenciar el yerro jur\u00eddico en que incurri\u00f3 el sentenciador no debe comprender ni extenderse a materia probatoria. Mem\u00f3rese que, en punto de la violaci\u00f3n directa aparece cuando se trasgreden normas sustanciales a consecuencia de errores de juicio sobre la existencia, validez, alcance o significado del precepto legal aplicable al caso, sin referencia a los hechos debatidos y probados. <\/p>\n
Consecuente con esto, compete al recriminador \u00abcentrar sus juicios exclusivamente sobre los textos legales que considere inaplicados, indebidamente aplicados o err\u00f3neamente interpretados, prescindiendo de cualquier consideraci\u00f3n que implique discrepancia con las apreciaciones f\u00e1cticas del fallador, cuesti\u00f3n esta que s\u00f3lo puede abordarse por la v\u00eda indirecta\u00bb. (CSJ SC feb. 18 de 2004, Exp. n\u00b0 7037, reiterado en CSJ, oct. 3 de 2013, Exp. n\u00b0 2000-00896-01). <\/p>\n
Significa lo anterior, que cuando se censure una sentencia por la causal primera, a m\u00e1s de la aceptaci\u00f3n de todos los hechos que en ella se tuvieron por probados, deber\u00e1 el recurrente demostrar qu\u00e9 textos legales sustanciales resultaron inaplicados, aplicados indebidamente, o err\u00f3neamente interpretados. <\/p>\n
Por ende, y en tanto que se trajeron de presente consideraciones f\u00e1cticas en torno a la fecha en que se fractur\u00f3 la vida marital, se observa la mixtura de causales, lo que no amerita su admisi\u00f3n a tr\u00e1mite para la ulterior decisi\u00f3n de fondo por la Corte. <\/p>\n
2. Esta falencia sobre la ausencia de enunciaci\u00f3n de norma sustancial se repite en el cargo segundo, toda vez que, se insiste, el canon 1\u00b0 de la Ley 54 de 1990 no es una norma sustancial, al contener \u00fanicamente la definici\u00f3n de la figura de uni\u00f3n marital de hecho. De manera que con tal yerro qued\u00f3 el cargo ac\u00e9falo, con lo cual se impide absolutamente a la Corte abordar el tema en estudio pues \u00abes necesario incluir la disposici\u00f3n legal que, constituyendo base esencial del fallo impugnado o habiendo debido serlo, haya sido infringida\u00bb. Lo cierto es que tal deficiencia deja el ataque del todo incompleto y vac\u00edo. <\/p>\n
Adem\u00e1s, se advierte la falta de precisi\u00f3n y claridad por parte del ac\u00e1 demandante, comoquiera que si bien alega la incursi\u00f3n de un error de hecho, la alegaci\u00f3n empieza a ocupar la v\u00eda de los errores de derecho, pues adujo que las declaraciones de las hijas \u00abconstituyen plena prueba suficiente para demostrar que entre los se\u00f1ores NANCY MOYANO y ADOLFO DOMINGUEZ\u00bb. Aunado a ello, reproch\u00f3 que, debido a la desestimaci\u00f3n de las declaraciones de Luis Alfonso Rodr\u00edguez, Walter Acosta Ni\u00f1o, Nelly Janethe Rodr\u00edguez y Luz Marina Cruz, el Tribunal debi\u00f3 \u00abvalorar con mayor precisi\u00f3n lo afirmado y aseverado por sus dos hijas quienes son las directas conocedoras y las \u00fanicas a quienes les consta la realidad de los hechos\u00bb. <\/p>\n
Como se observa, todos estos argumentos aluden a errores de derecho, en tanto reclama un efecto jur\u00eddico de \u201cplena prueba\u201d, as\u00ed como la valoraci\u00f3n en conjunto y el alcance de tales medios, alegaciones propias del yerro probatorio de derecho. Sobre este tipo de defecto, recu\u00e9rdese que supone la conformidad con el contenido objetivo de la prueba, pero se reclama su indebida estimaci\u00f3n, por mediar la violaci\u00f3n de normas de disciplina probatoria que ata\u00f1en con la aportaci\u00f3n, admisi\u00f3n, producci\u00f3n o estimaci\u00f3n de la misma. \u00ab[E]n esta clase de error, diversamente a lo que sucede con el de hecho, siempre se parte de que el juzgador es consciente de la presencia del medio, solo que al evaluarlo no lo hace con sujeci\u00f3n a la preceptiva legal\u00bb (CSJ SC 137 de 13 de oct. de 1995, Exp. n\u00b0 3986), o lo que es lo mismo, en este no se cuestiona la contemplaci\u00f3n material de las pruebas, sino el m\u00e9rito legal que a ellas se dio o debi\u00f3 darse. <\/p>\n
Por dem\u00e1s, tambi\u00e9n omiti\u00f3 efectuar la indispensable labor, en caso de haberse tratado de la verdadera exposici\u00f3n de un error de hecho, de confrontar aquello que las pruebas presuntamente omitidas se\u00f1alan con los razonamientos de la sentencia cuestionada, para poner en evidencia, a partir de ello, el error denunciado. Al respecto, ha sostenido esta Corporaci\u00f3n que \u00abcorresponde al recurrente identificar los medios de convicci\u00f3n incorrectamente ponderados; singularizar los pasajes de ellos en los que recay\u00f3 el yerro; y contrastar su contenido objetivo con lo que el Tribunal coligi\u00f3, o debi\u00f3 deducir, de los mismos\u00bb (AC3661-2020). <\/p>\n
A su turno, de vieja data se ha sostenido que: <\/p>\n
3. En cuanto concierne al cargo tercero, se advierte que el recurrente incluy\u00f3 apreciaciones probatorias. En efecto, en el cargo tercero se expuso la raz\u00f3n probatoria de la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n expuesta en la contestaci\u00f3n, sustentada en la declaraci\u00f3n de parte y los testimonios de las hijas, los que considera valorados indebidamente al \u00abdarle un alcance equivocado\u00bb e inobservando que las declaraciones de la demandante fueron \u00abdesvirtuadas por las testigos conocedoras de la real situaci\u00f3n, tanto por conocimiento directo como por vivencia y convivencia en la casa de las partes\u00bb. <\/p>\n
Adem\u00e1s, subray\u00f3 en distintas ocasiones la inconsonancia de la sentencia con las excepciones propuestas ya que \u00ablos H. Magistrados no tuvieron en cuenta el acervo probatorio y el an\u00e1lisis de cada una de las pruebas aportadas y valoradas en primera instancia, igualmente se bas\u00f3 en suposiciones manifestadas verbalmente por el apoderado de la parte actora (\u2026)\u00bb. Con tales argumentos, no hace m\u00e1s el actor que ubicar la discusi\u00f3n de la presunta incongruencia en el \u00e1mbito probatorio, con lo cual se impone su inadmisi\u00f3n. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
Primero: INADMITIR los cargos formulados contra la sentencia del 12 de marzo de 2019, proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Cundinamarca en el asunto indicado en el ep\u00edgrafe de esta providencia. <\/p>\n
Segundo: En su oportunidad, devu\u00e9lvase el expediente al tribunal de origen. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1 <\/p>\n
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AC5378-2021 (2017-00583-01) FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado Ponente AC5378-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 25899-31-10-001-2017-00583-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de trece de mayo de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., diecis\u00e9is (16) de noviembre de dos mil veintiuno (2021). Decide la Corte sobre la admisibilidad de la demanda con la […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[42],"tags":[],"class_list":["post-58906","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-noviembre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/58906","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=58906"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/58906\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=58906"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=58906"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=58906"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}