AC5379-2021 (2012-00617-01)<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
AC5379-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 68001-31-10-003-2012-00617-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintisiete de mayo de dos mil <\/p>\n
veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecis\u00e9is (16) de noviembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte sobre la admisibilidad de la demanda, con la cual Saul Antonio Vega Serrano dice sustentar el recurso de casaci\u00f3n que formul\u00f3 contra la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Bucaramanga, en el proceso verbal (impugnaci\u00f3n de paternidad) que entabl\u00f3 frente a Mayela Alejandra Vega Correa. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
A. La pretensi\u00f3n <\/p>\n
Pretende el demandante que se declare que Mayela Alejandra Vega Correa, nacida el 20 de abril de 1994, no es su hija, que se \u00abdeclare impugnada la paternidad y el reconocimiento hecho y con ella la filiaci\u00f3n extramatrimonial existente entre la demandada MAYEL ALEJANDRA VEGA CORREA y el demandante SAUL ANTONIO VEGA SERRANO\u00bb, y se inscriba la sentencia en el registro civil de nacimiento de la demandada. <\/p>\n
B. Fundamentos f\u00e1cticos <\/p>\n
Aduce que, cuando Mayela Alejandra Vega Correa ten\u00eda once a\u00f1os y ocho meses, la reconoci\u00f3 como su hija en atenci\u00f3n a la convivencia que sosten\u00eda con la madre, \u00aby, ante la petici\u00f3n por parte de \u00e9sta para que mi poderdante le registrara la hija como si \u00e9l fuera su padre\u00bb. Explic\u00f3 que Mayela Vega Correa no es su hija leg\u00edtima y tampoco puede aplicarse la presunci\u00f3n prescrita en el art\u00edculo 92 del C\u00f3digo Civil pues, para la \u00e9poca en que se concibi\u00f3 a Mayela Alejandra, \u00abse hab\u00eda efectuado la vasectom\u00eda, lo cual le imped\u00eda la procreaci\u00f3n de hijos\u00bb. Adem\u00e1s, en ese momento no conoc\u00eda a Elvira Correa Berm\u00fadez, madre de la convocada. <\/p>\n
C. Posici\u00f3n de la demandada <\/p>\n
En su oportuna contestaci\u00f3n, la interpelada manifest\u00f3 que eran ciertos total o parcialmente algunos hechos. Y se opuso a las pretensiones. En particular, sostuvo que, la se\u00f1ora Elvira Correa Berm\u00fadez empez\u00f3 una relaci\u00f3n amorosa con el demandante desde enero de 1996, quienes luego comenzaron a convivir. <\/p>\n
Afirma que el se\u00f1or Vega Serrano nunca fue coaccionado, amenazado o constre\u00f1ido para registrarla como su hija. Por el contrario, este la reconoci\u00f3 voluntariamente, \u00abtomando el rol de padre ante la comunidad, sociedad, amigos, familiares, trat\u00e1ndola como hija suya, como consta en los registros de nacimiento, durante los cuatro a\u00f1os transcurridos de la relaci\u00f3n con la se\u00f1ora ELVIRA CORREA BERM\u00daDEZ como compa\u00f1era permanente (1996-2000). Relaci\u00f3n que duro hasta el a\u00f1o de 2009\u00bb. Por su parte, alude a que el demandante ten\u00eda pleno conocimiento que Alejandra Correa no era su hija, pese a que la reconoci\u00f3 como tal. <\/p>\n
D. Primera instancia <\/p>\n
El Juzgado Tercero de Familia de Bucaramanga puso fin a la primera instancia con sentencia del 26 de julio de 2018, en que deneg\u00f3 la pretensi\u00f3n de impugnaci\u00f3n del reconocimiento de paternidad \u00abpor haber operado el fen\u00f3meno de la caducidad de la acci\u00f3n\u00bb en tanto que: \u00abcuando Sa\u00fal Antonio vega serrano reconoci\u00f3 como hija a Mayela Alejandra (18 de noviembre de 2000) sab\u00eda que no era su procreador (\u2026) de suerte que para el momento de la presentaci\u00f3n de la demanda ( Septiembre 11 de 2012) hab\u00edan trascurrido cerca de 12 a\u00f1os de haber reconocido la paternidad\u00bb (cdr 1 fl 305). As\u00ed mismo, deneg\u00f3 por improcedente la filiaci\u00f3n paterna que respecto de Mayela Alejandra Vega Correa se reclama en relaci\u00f3n con el se\u00f1or Reinaldo Esteban S\u00e1nchez. <\/p>\n
Este fallo fue objeto de apelaci\u00f3n interpuesta por la parte actora, en lo fundamental porque \u00able est\u00e1 asignando dos estados civiles, uno que es ilegal que es el que en el fallo le otorga al colocarla como hija de SAUL ANTONIO VEGA SERRANO sin serlo y, a su vez, le quieta (sic) su verdadero estado civil y filiaci\u00f3n que por naturaleza y por ley le corresponden, que es el de ser la hija de REYNALDO ESTEBAN, quien es su padre biol\u00f3gico y quien conforme los resultados de ADN dio como conclusi\u00f3n irrebatible que era el padre de la demandada, al arrojar la prueba un irrefutable porcentaje del 99.99990%\u00bb. Por lo dem\u00e1s, asegur\u00f3 que la perenci\u00f3n de la acci\u00f3n no opera en este tipo de procesos porque \u00abestamos frente a un proceso de impugnaci\u00f3n de reconocimiento no de paternidad como para que se diga que se dej\u00f3 pasar el tiempo que contempla la ley para esa acci\u00f3n, porque para esa acci\u00f3n ni para esa clase de procesos opera ese t\u00e9rmino pues ninguna ley as\u00ed lo contempla\u00bb. <\/p>\n
E. Tr\u00e1mite en la segunda instancia <\/p>\n
Con sentencia proferida en audiencia oral llevada a cabo el 27 de marzo de 2019, el Tribunal Superior de Bucaramanga desat\u00f3 la alzada, con sentencia que confirm\u00f3 aquella del a quo. <\/p>\n
En lo fundamental, se\u00f1al\u00f3 el ad quem que el juzgador de primera instancia no debi\u00f3 admitir la demanda pues de entrada estaba clara la caducidad de la acci\u00f3n. Asever\u00f3 que fue el demandante mismo quien, a sabiendas de que la demandada no era su hija, la reconoci\u00f3. En tal sentido, las consecuencias de orden econ\u00f3mico que genera tal proceder \u00abse las ech\u00f3 sobre sus hombros el propio se\u00f1or Sa\u00fal Antonio Vega Serrano, no la justicia, no la ley, sino \u00e9l con su propio acto\u00bb. Aclar\u00f3 que la ley s\u00ed otorga la posibilidad de impugnar el propio acto de reconocimiento. Sin embargo, esta fija un t\u00e9rmino para proceder de conformidad, a saber, 140 d\u00edas y, \u00abes evidente que para cuando el se\u00f1or Saul Vega demanda la impugnaci\u00f3n de la paternidad que \u00e9l mismo se atribuy\u00f3 ya ha pasado mucho m\u00e1s de ese tiempo\u00bb. Apuntal\u00f3 que si bien es cierto tal t\u00e9rmino de caducidad se cuenta a partir del conocimiento, \u00abel conocimiento de que Mayela no era su hija ocurr\u00eda concomitante en el momento en que la reconoc\u00eda, pues lo hizo a sabiendas\u00bb. <\/p>\n
Respecto de la diferencia entre la acci\u00f3n de impugnaci\u00f3n de la paternidad y la de reconocimiento de la paternidad, el Tribunal clarific\u00f3 que \u00abel derecho no tiene la posibilidad de entrada de saber que no es el padre, sino solamente despu\u00e9s de un proceso. Y resulta que para el derecho el se\u00f1or Sa\u00fal Antonio es el padre. \u00bfPor qu\u00e9? Porque \u00e9l mismo lo reconoci\u00f3\u00bb. Adem\u00e1s, manifest\u00f3 que no es cierto que la se\u00f1ora Mayela tenga dos estados civiles. Por el contrario, \u00abtiene uno solo: el de hija del se\u00f1or Sa\u00fal Antonio Vega. Ese es el que le corresponde por derecho. Porque \u00e9l se lo atribuy\u00f3\u00bb y quien en todo caso conserva el derecho para impugnar en cualquier momento la paternidad del demandante. <\/p>\n
II. DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
Se formularon dos cargos. <\/p>\n
A. PRIMER CARGO <\/p>\n
Con estribo en la causal segunda de casaci\u00f3n, el recurrente acusa a la sentencia de ser violatoria de las \u00abnormas del proceso ordinario\u00bb, de las \u00abnormas del c\u00f3digo civil, de la ley 1060 del 2006\u00bb, y de los art\u00edculos 13, 29, 228 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica por una \u201cinterpretaci\u00f3n errada\u201d al haber considerado el Tribunal: i) que el tr\u00e1mite ventilado correspond\u00eda a un asunto de impugnaci\u00f3n de la paternidad cuando en realidad se trataba de un proceso ordinario de impugnaci\u00f3n del reconocimiento de la paternidad. Por tanto, el tr\u00e1mite estuvo viciado al aplicar normas de procedimiento contrario a la acci\u00f3n impetrada. ii) Cuestiona el proceder del tribunal al tener como prueba el registro civil \u201csustituido\u201d y desconocer la prueba de ADN, testimonios e interrogatorio de parte. iii) El tribunal desconoce el derecho a la defensa y la igualdad al no subordinar las normas procesales a las sustanciales. Insisti\u00f3 en la preeminencia del derecho sustancial sobre el derecho formal, la prevalencia de la Constituci\u00f3n, el acatamiento al debido proceso. <\/p>\n
<\/p>\n
B. SEGUNDO CARGO <\/p>\n
En este cargo se acusa a la sentencia de no ser coherente con los hechos, pretensiones y \u00abcon la decisi\u00f3n del juez 3 de familia de Bucaramanga\u00bb. Consider\u00f3 que la acci\u00f3n impetrada fue aquella de impugnaci\u00f3n del reconocimiento de paternidad tal como lo entendi\u00f3 el juez de primer grado. Sin embargo, el Colegiado, al tramitar la segunda instancia, determin\u00f3 que se trataba de un proceso de impugnaci\u00f3n de la paternidad \u00ablo que conlleva a un total y absoluto cambio de acci\u00f3n, de demanda, de procedimiento y de decisi\u00f3n\u00bb. Adem\u00e1s, el fallo dej\u00f3 de lado la prueba de ADN de la demanda. Por ello, reprocha \u00abque si dentro del proceso se practica la prueba y el resultado es 99.999% que el padre es Reynaldo Esteban S\u00e1nchez\u00bb se tenga como padre a otro. Por otra parte, \u00abtampoco se tuvo en cuenta la otra fundamental prueba que es el registro civil de la demandada\u00bb. (f. 24, c. Corte). <\/p>\n
III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
El C\u00f3digo General del Proceso, si bien morigera aspectos t\u00e9cnicos del recurso de casaci\u00f3n, no elimina las exigencias que tradicionalmente le han acompa\u00f1ado. En efecto, como recurso extraordinario, requiere que los fundamentos de las acusaciones exhiban precisi\u00f3n, claridad, completitud, a la vez que armon\u00eda con las bases fundamentales de la sentencia, de modo que la funci\u00f3n de la Corte en sede de casaci\u00f3n no quede confundida con una tercera instancia, en la que, panor\u00e1micamente, suele revisarse con amplitud la causa litigiosa. <\/p>\n
Ahora bien, en lo que concierne a los requisitos que la demanda de casaci\u00f3n debe cumplir, es de destacar en esta oportunidad algunos de los previstos en el art\u00edculo 344 en concordancia con el 336: <\/p>\n
1. La formulaci\u00f3n, por separado, de los cargos contra la sentencia recurrida. Atiende este requisito a la pregonada autonom\u00eda de las causales de casaci\u00f3n, sobre todo, como ocurre en esta demanda, cuando unas est\u00e1n dirigidas al ataque de vicios in procedendo y otras a los vicios in judicando, lo que impide su yuxtaposici\u00f3n, lo que, valga decirlo, puede presentarse por excepci\u00f3n y con algunas limitantes, en la violaci\u00f3n directa e indirecta de normas sustanciales. <\/p>\n
2. Los fundamentos de las acusaciones deben plantearse en forma clara, precisa y completa. Estas \u00faltimas expresiones ponen de presente no s\u00f3lo que el cargo sea inteligible (a eso alude la palabra \u201cclara\u201d) sino que vaya dirigido en concreto a todos (\u201ccompleta\u201d) los elementos esenciales, f\u00e1cticos y jur\u00eddicos, que soportan la decisi\u00f3n y no a otros (\u201cprecisa\u201d), lo que supone armon\u00eda o simetr\u00eda del recurrente con lo que el Tribunal sostuvo, sin incurrir, consecuentemente, en lo que la Corte ha dado en denominar desenfoque. La claridad de los fundamentos de las acusaciones reclama que los cargos se formulen por separado, lo que significa que no se pueden entremezclar las diferentes causales, debido a la autonom\u00eda de cada una de ellas, dado que se estructuran sobre motivos dis\u00edmiles, son de orden p\u00fablico y de interpretaci\u00f3n restringida. Ha dicho la Corte: \u201c\u00abla t\u00e9cnica del recurso de casaci\u00f3n exige de los cargos se formulen en forma correcta y completa, sin ser posible la integraci\u00f3n de unos con otros, en virtud de los principios de autonom\u00eda e independencia que gobiernan el recurso\u00bb (Cas. Civ. del 16 de junio de 1985)\u201d (AC-034 de 6 oct, 1999, rad. no. 7681, G.J. CCLXI, Vol. 1, p\u00e1g. 550). <\/p>\n
3. Si su acusaci\u00f3n se basa en errores del Tribunal en el campo de las pruebas, debe determinar (lo que incluye la demanda y la contestaci\u00f3n) aqu\u00e9llas que fueron objeto de pifia. Y, desde luego, exponer los argumentos tendientes a demostrarlo. Si ese error probatorio es de derecho, debe indicar las normas de esa estirpe que considera infringidas con explicaci\u00f3n de la raz\u00f3n de dicha infracci\u00f3n. Y si es por error probatorio de hecho, debe tener en cuenta que para ser \u00e9ste considerado en casaci\u00f3n, debe ser ostensible o que salte a la vista. Esto es, que con un simple cotejo entre aquello que la prueba indica y aquello que el Tribunal infiri\u00f3 o dej\u00f3 de colegir de ella, brille la falencia, sin esforzados razonamientos. <\/p>\n
4. Cuando la causal de casaci\u00f3n invocada se sustenta en infracciones de normas sustanciales, es determinante que el recurrente se\u00f1ale -por lo menos- una de esa categor\u00eda, esencial en la litis, en el fallo o en la parte de este de la que discrepa el censor. Ha dicho una y otra vez la Corte que la norma sustancial es aquella que \u201cfrente a la situaci\u00f3n f\u00e1ctica que ella contempla, declara, crea, modifica o extingue derechos subjetivos, o impone obligaciones a las personas\u201d (S.C. de 30 oct. 1970, G.J. CXXXVI, p\u00e1g. 68). Posteriormente, complement\u00f3 la descripci\u00f3n, se\u00f1alando que no tienen tal calidad aquellas que \u201csin embargo de encontrarse en los c\u00f3digos sustantivos, se limitan a definir fen\u00f3menos jur\u00eddicos, o a describir los elementos integrantes de estos, o a hacer enumeraciones o enunciaciones, como tampoco la tienen las disposiciones ordinativas o reguladoras de la actividad in procedendo\u201d (sentencia del 24 de octubre de 1.975, G.J. Tomo CLI, p\u00e1gina 254). <\/p>\n
5. Si se opta por acusar la sentencia de disonancia (causal tercera) o violaci\u00f3n del principio de la no reformatio in pejus (causal cuarta), no son admisibles disquisiciones jur\u00eddicas o probatorias (lit. b, #2\u00ba del art. 344 CGP). La fundamentaci\u00f3n clara y precisa de un cargo expuesto al amparo de la causal tercera supone determinar qu\u00e9 tipo de inconsonancia le atribuye el recurrente a la sentencia combatida (extra petita, ultra petita o infra petita; o incongruencia f\u00e1ctica) con una labor de comparaci\u00f3n entre las pretensiones de la demanda (o en su caso, las excepciones aducidas o que el juzgador debe reconocer de oficio) y las decisiones adoptadas. O entre la causa petendi y los hechos alegados por el fallador como aducidos en la demanda, cotejo del cual debe aflorar la incongruencia, sin que para ello sea menester apelar a cuestiones probatorias o de infracci\u00f3n normativa, propias de otras causales, lo que, por lo dem\u00e1s, introducir\u00eda un elemento de confusi\u00f3n, en detrimento de la precisi\u00f3n y claridad exigidas. <\/p>\n
B. Aplicadas las anteriores directrices a los cargos, encuentra la Corte: <\/p>\n
1. En el primero, se advierte que las normas invocadas por el casacionista, previstas en los art\u00edculos 13, 29, 228, 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica no tienen la calidad de sustanciales. Dichos enunciados ling\u00fc\u00edsticos no crean, modifican o extinguen relaci\u00f3n jur\u00eddica alguna, ni tienen aplicaci\u00f3n directa en la problem\u00e1tica resuelta en la sentencia. Mem\u00f3rese que lo usual es que las disposiciones superiores se desenvuelvan mediante leyes, de esta forma el ataque debe estar orientado a censurar la aplicaci\u00f3n legal frente al caso sometido a escrutinio. As\u00ed lo ha se\u00f1alado reiteradamente esta Corporaci\u00f3n la que, AC1241\u20132019, 4 abr. sostuvo que: \u00ab[l]os preceptos 2, 13, 29, 58, 83, 228, 229 y 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica (…) carecen de alcance sustancial porque no consagran derechos ni obligaciones concretas a las partes, ligadas por un v\u00ednculo especial\u00bb <\/p>\n
Y en fecha reciente, en CSJ AC2133-2020, citado en AC334-2021, la Corte sostuvo: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) debe insistirse en que, cuando el recurso se finque en la transgresi\u00f3n (directa o indirecta) de normas de car\u00e1cter sustancial, es tarea del impugnante invocar al menos un precepto de esa naturaleza que, \u00abconstituyendo base esencial del fallo, o habiendo debido serlo\u00bb, haya sido infringido por la decisi\u00f3n que se censura. Ahora bien, como lo tiene sentado la jurisprudencia de esta Sala, <\/p>\n
\u00ab[U]na norma es de estirpe sustancial cuando contiene una prescripci\u00f3n enderezada a declarar, crear, modificar o extinguir relaciones jur\u00eddicas concretas\u201d (G.J. CLI, p\u00e1g.254) y por ende carecen de tal connotaci\u00f3n \u201clos preceptos materiales que se limitan a definir fen\u00f3menos jur\u00eddicos, o a precisar los elementos estructurales de los mismos, o los puramente enunciativos o enumerativos, o los procesales, entre ellos, los de disciplina probatoria\u201d (auto 5 de agosto de 2009, exp. 1999 00453 01; reiterado el 12 de abril de 2011, exp. 11001-3103-026-2000-24058-01)\u00bb (CSJ AC4591-2018, 19 oct.). Ello es trascendente porque en el cargo formulado, la inconforme cit\u00f3 gran cantidad de pautas legales y constitucionales que no revisten la aludida naturaleza, como el art\u00edculo 29 de la Carta Pol\u00edtica (\u2026). <\/p>\n
Aunado a lo anterior, el censor fundament\u00f3 el cargo en la violaci\u00f3n del C\u00f3digo Civil y la Ley 1060 de 2006, sin indicar de manera concreta las disposiciones sustanciales, aspecto trascendental de la t\u00e9cnica del recurso, en la medida en que la individualizaci\u00f3n de los preceptos permite acometer el estudio nomofil\u00e1ctico. De ah\u00ed que la singular voluntad de la norma no pueda ser estudiada para determinar su quebranto de cara a la decisi\u00f3n del fallador sin que sea posible a esta Sala suplir, enmendar o completar la tarea del recurrente. Adicionalmente, enarbol\u00f3 disposiciones estrictamente procedimentales como el art\u00edculo 164 del C.G.P. En efecto, ese texto legal regula la necesidad de motivar con medios de prueba la decisi\u00f3n judicial, motivo por el cual al no consagrar derechos subjetivos, carecen de connotaci\u00f3n sustancial. Adem\u00e1s, observa la Sala que en la formulaci\u00f3n del cargo en estudio se incurri\u00f3 en hibridismo o entremezclamiento de los motivos de casaci\u00f3n. El recurrente dice sustentarlo con base en la causal segunda de casaci\u00f3n sobre violaci\u00f3n indirecta de normas sustanciales. Sin embargo, lo desarrolla imputando al Tribunal yerros procesales por haber \u00abdesconocido la acci\u00f3n impetrada, y los hechos de la demanda\u00bb (f. 11, c. Corte). Ese hibridismo sube de nivel cuando el censor pone de presente la discordancia entre el libelo introductor y la determinaci\u00f3n del tribunal: \u00aben la sentencia acusada ni los hechos ni las pretensiones de la demanda est\u00e1n en consonancia con lo dicho en ese fallo\u00bb (f. 15, c. Corte). De ah\u00ed que el recurrente empez\u00f3 a trasegar por la v\u00eda de la causal tercera, cuando el embate tuvo como p\u00e1bulo la violaci\u00f3n indirecta de la norma sustancial. <\/p>\n
Corolario de lo anterior refulge notorio que la acusaci\u00f3n incurri\u00f3 en los siguientes defectos t\u00e9cnicos: i) las normas enunciadas no tienen el car\u00e1cter de sustanciales. ii) La invocaci\u00f3n general de cuerpos normativos. iii) El entremezclamiento de causales. Todo lo cual conlleva a la frustraci\u00f3n del primer cargo incoado. <\/p>\n
2. Con relaci\u00f3n a la censura que se sustent\u00f3 en la causal tercera, la parte demandante adujo que \u00abacus\u00f3 la sentencia de no estar en consonancia con los hechos, con las pretensiones de la demanda y con la decisi\u00f3n tomada por el juez de conocimiento\u00bb. Adem\u00e1s, que \u00abla acci\u00f3n impetrada fue la de impugnaci\u00f3n del reconocimiento de la paternidad as\u00ed se estableci\u00f3 en la respectiva demanda, y as\u00ed lo entendi\u00f3 y asumi\u00f3 la parte demandada, y en la sentencia proferida por el juzgado 3 de Familia de Bucaramanga (..) pero, a pesar de que era el proceso: Impugnaci\u00f3n del reconocimiento de la paternidad, el tribunal determina que es un proceso de impugnaci\u00f3n de paternidad y procede con consideraciones totalmente diferentes a confirmar el fallo\u00bb. <\/p>\n
Asever\u00f3 que \u00abun aspecto grave dentro del proceso es el hecho de haberse desconocido y no haberse tenido en cuenta la prueba de ADN cuyo resultado es que Reynaldo Esteban S\u00e1nchez sea el padre de la demandada, no el demandante (\u2026) tampoco se tuvo en cuenta el registro civil de la demandada en donde consta que fue sustituido (el apellido) de manera ileg\u00edtima\u00bb. (f. 20-23, c. Corte). Sin embargo, se advierte que el actor s\u00ed plante\u00f3 como pretensi\u00f3n \u00abque se declare impugnada la paternidad y el reconocimiento de hecho\u00bb. (Cdr 1 fls 11), y en lo que respecta a los aspectos f\u00e1cticos en la demanda se consign\u00f3: \u00abA los once a\u00f1os y ocho meses de vida la se\u00f1orita Mayela Alejandra Vega Correa, fue registrada como hija extramatrimonial -el 18 de octubre del a\u00f1o 2000- del se\u00f1or Sa\u00fal Antonio Vega Serrano quien la registro como su hija natural sin serlo\u00bb. <\/p>\n
En ese sentido, se advierte que la inconsonancia alegada no existe. Por dem\u00e1s, el recurrente cej\u00f3 dejar en evidencia la incongruencia aducida pues omiti\u00f3 realizar el cotejo o comparaci\u00f3n entre el petitum y la parte resolutiva de la sentencia, presupuesto necesario para la admisibilidad de la demanda. Ahora bien, ante la ausencia de yerro denunciado, agrega la Sala que la sentencia impugnada confirmatoria del fallo de primer grado que declar\u00f3 \u00abla caducidad de la acci\u00f3n\u00bb, no es pasible de denunciarse con estribo en la causal bajo estudio. Lo anterior puesto que, al desestimarse los pedimentos de la demanda, se resolvieron en su integridad las s\u00faplicas de la parte actora y el asunto en debate. <\/p>\n
\u00abUn fallo totalmente absolutorio, como el que es motivo del presente recurso, no es, en principio, susceptible de ser combatido por la v\u00eda de la incongruencia, toda vez que en esta clase de prove\u00eddos, dada la adversidad que padecen las s\u00faplicas de la actora, el fallador adopta una decisi\u00f3n que necesariamente armoniza con una de las posibilidades procesales que se dan al resolver un asunto, como es el de denegar los pedimentos y, en consecuencia, exonerar de todo cargo a la parte accionada\u00bb. (CSJ SC, 16 Jun. 2009, Rad. 2003-00003, reiterada en CSJ SC, 22 Abr. 2013, Rad. 2006-00187) <\/p>\n
Finalmente, se distingue que al reproche lo acompa\u00f1a otro defecto t\u00e9cnico. En efecto, el censor dijo: \u00abhaberse desconocido y no haberse tenido en cuenta la prueba de ADN y el registro civil modificado\u00bb. Con tales argumentos, no hace m\u00e1s el actor que ubicar la discusi\u00f3n de la presunta incongruencia en el \u00e1mbito probatorio, con lo cual se impone su inadmisi\u00f3n. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
Primero: INADMITIR los cargos formulados contra la sentencia del 27 de marzo de 2019, proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Bucaramanga en el asunto indicado en el ep\u00edgrafe de esta providencia. <\/p>\n
Segundo: En su oportunidad, devu\u00e9lvase el expediente al tribunal de origen. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1 <\/p>\n
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AC5379-2021 (2012-00617-01) FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado Ponente AC5379-2021 Radicaci\u00f3n n\u00b0 68001-31-10-003-2012-00617-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintisiete de mayo de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., diecis\u00e9is (16) de noviembre de dos mil veintiuno (2021). Decide la Corte sobre la admisibilidad de la demanda, con […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[42],"tags":[],"class_list":["post-58907","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-noviembre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/58907","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=58907"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/58907\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=58907"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=58907"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=58907"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}