AC5407-2021 (2011-00479-01)<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
AC5407-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n. \u00ba 11001-31-03-037-2011-00479-01 <\/p>\n
(Discutido y aprobado en sesi\u00f3n virtual del catorce de octubre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintitr\u00e9s (23) de noviembre de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Procede la Sala a decidir sobre la admisibilidad de la demanda presentada por PETRONILA GRACIA, JORGE ELI\u00c9CER L\u00d3PEZ GRACIA, SOCORRO DEL CARMEN y MANUEL ANOTNIO PAZOS RODR\u00cdGUEZ para sustentar el recurso extraordinario de casaci\u00f3n interpuesto frente a la sentencia de 18 de diciembre de 2020, proferida por Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, Sala Civil, en el proceso verbal incoado por los recurrentes contra RA\u00daL MART\u00cdNEZ FANDI\u00d1O. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.1. Los demandantes, en calidad y representaci\u00f3n de los vendedores, solicitaron declarar la nulidad absoluta del contrato de venta de bien inmueble celebrado el 15 de mayo de 2007 con el interpelado; y consecuentemente, volver las cosas al estado anterior, exigiendo conservar el precio recibido, m\u00e1s el pago de perjuicios. <\/p>\n
1.2. En sustento de sus s\u00faplicas, se\u00f1alaron lo siguiente: <\/p>\n
1.2.1. El inmueble ubicado en la calle 131 N\u00ba 45\u00aa-42 de Bogot\u00e1, con matr\u00edcula inmobiliaria 50N-20090509 fue adquirido por Manuel Mar\u00eda Rodr\u00edguez Gracia e Isidoro Gracia, por partes iguales, mediante escritura p\u00fablica N\u00ba 4619 de 7 de octubre de 1965. <\/p>\n
1.2.2. Manuel Mar\u00eda Rodr\u00edguez Gracia muri\u00f3 en 1994 y le sobrevive su hermana Em\u00e9rita Albina Rodr\u00edguez de Pazos. <\/p>\n
1.2.3. Isidoro Gracia falleci\u00f3 en 1991 y subsisten como herederos su fraterna Petronila Gracia y sus sobrinos Jorge Eli\u00e9cer L\u00f3pez, Gabriel Spell Gracia, Esperanza Spell Gracia, Luis Hernando Gracia y Dora Ni\u00f1o Gracia. <\/p>\n
1.2.4. Luis Hernando Gracia y Dora Ni\u00f1o Gracia vendieron los derechos que les correspond\u00eda sobre el inmueble a Manuel Antonio Pazos Rodr\u00edguez y Socorro del Carmen Pazos Rodr\u00edguez. <\/p>\n
1.2.5. El demandado Ra\u00fal Mart\u00ednez Fandi\u00f1o fue inquilino de Manuel Mar\u00eda Rodr\u00edguez Gracia desde 1978, y hoy contin\u00faa si\u00e9ndolo de Em\u00e9rita Albina Rodr\u00edguez de Pazos y sus hijos Manuel Antonio Pazos Rodr\u00edguez y Socorro del Carmen Pazos Rodr\u00edguez, en relaci\u00f3n con el predio se\u00f1alado. <\/p>\n
1.2.6. El arrendatario formul\u00f3 demanda de pertenencia ante el Juzgado Treinta y Cuatro Civil del Circuito de Bogot\u00e1, aportando un documento privado adiado el 9 de julio de 1974, en donde Isidoro Gracia le hab\u00eda vendido el 50% del inmueble mencionado. No obstante, el mismo fue declarado falso por informe pericial practicado en ese juicio. <\/p>\n
1.2.8. El precio se pact\u00f3 en $48\u2019194.700 para cada uno, de los cuales solo recibieron $3\u00b4000.000.oo. <\/p>\n
1.2.9. El comprador indujo a error a las vendedoras, al se\u00f1alar que ejerc\u00eda la posesi\u00f3n desde 1974, por compra realizada mediante \u00abdocumento privado al due\u00f1o inicial de los derechos de cuota\u00bb. <\/p>\n
1.2.10. Las vendedoras, al momento de celebrar la compraventa, se encontraban en situaci\u00f3n de \u00abincapacidad absoluta\u00bb, porque padec\u00edan demencia senil por su avanzada edad. <\/p>\n
1.3. El demandado Ra\u00fal Mart\u00ednez Fandi\u00f1o se opuso a las pretensiones y no propuso excepciones. <\/p>\n
1.4. Agotado el tr\u00e1mite respectivo, la primera instancia culmin\u00f3 con el fallo el 22 de enero de 2020, por medio del cual el Juzgado Cuarenta y Seis Civil del Circuito de Bogot\u00e1, neg\u00f3 las s\u00faplicas. <\/p>\n
Afirm\u00f3 que la causal de invalidez alegada, relacionada con las maniobras fraudulentas del comprador para inducir a error a las vendedoras, no era \u00abfuente generadora de nulidad absoluta\u00bb. <\/p>\n
En lo concerniente a la \u00abcausa\u00bb, estim\u00f3 que la ley no exige expresarla en el contrato, pues esta puede permanecer en el fuero interno del contratante, aun cuando sea determinante para celebrarlo. <\/p>\n
No obstante, si esta fue exteriorizada y la misma configura ilicitud, ello bastar\u00eda para declarar el negocio absolutamente nulo. Con todo, la omisi\u00f3n de manifestar la causa, no anula el contrato, y debe presumirse l\u00edcita, por aplicaci\u00f3n del principio de buena fe. <\/p>\n
En torno a la incapacidad de los contratantes, no se demostr\u00f3 su falta de discernimiento al momento de suscribir la compraventa. <\/p>\n
Deneg\u00f3 por \u00faltimo, la nulidad relativa o anulabilidad del acto, pues los art\u00edculos 1743 del C.C. y 822 del C. de Co., proh\u00edben expresamente reconocerla de oficio. <\/p>\n
1.5. Al resolver la apelaci\u00f3n formulada por los actores, el 18 de diciembre de 2020, el colegiado confirm\u00f3 en su integridad lo resuelto en primer grado. <\/p>\n
Para el ad-quem, el problema sobre la existencia de la nulidad absoluta del contrato cuestionado, deb\u00eda analizarse con fundamento en los extremos tem\u00e1ticos fijados por los apelantes en la alzada. <\/p>\n
Esboz\u00f3 entonces, como derroteros la (i) causa l\u00edcita por las maniobras fraudulentas del comprador de los derechos de cuota sobre el inmueble; (ii) error inducido a las vendedoras de dichos derechos; y (iii) la incapacidad absoluta para consentir la venta de derechos de cuota, por sufrir de discapacidad mental derivada de su avanzada edad; y la (iv) lesi\u00f3n enorme en la venta de los derechos de cuota sobre el inmueble. <\/p>\n
2.1. En relaci\u00f3n con el primero, y citando el art\u00edculo 1524 del C.C., se\u00f1al\u00f3 que la causa il\u00edcita \u00abes aquella contraria a derecho, a las costumbres y al orden p\u00fablico, pero advirtiendo que es muy diferente que un negocio jur\u00eddico carezca de causa y otra que su causa sea l\u00edcita, puesto que genera consecuencias jur\u00eddicas diversas\u00ab. <\/p>\n
2.1.1. En la apelaci\u00f3n, agreg\u00f3, se denunci\u00f3 como causa il\u00edcita el hecho de ser la escritura p\u00fablica N\u00ba 1982 de 15 de mayo de 2007, contentiva de la compraventa, producto de \u00abun minuta elaborada por el abogado del demandado\u00ab, premisa ajena a cualquier reproche, pues no existe norma positiva que califique de irregular esa conducta, mucho menos \u00abcausa\u00bb de nulidad del acto jur\u00eddico. <\/p>\n
Dicha labor, por el contrario, es leg\u00edtima, pues es funci\u00f3n de los profesionales del derecho brindar esa clase asesor\u00edas, en particular, cuando asisten a sus clientes en la elaboraci\u00f3n de los negocios jur\u00eddicos que vayan a celebrar. Con todo, las partes pudieron asesorarse del Notario donde se otorg\u00f3 el instrumento p\u00fablico, \u00abas\u00ed que no puede soslayarse que el documento de haya extendido sin las garant\u00edas\u00bb previstas por el legislador para solemnizar la compraventa de inmuebles. <\/p>\n
2.1.2. Otra raz\u00f3n esgrimida por los actores como causa invalidante, constituye el hecho de no recibir el valor completo de la compraventa; y porque, en realidad, la misma correspond\u00eda a una donaci\u00f3n por \u00abfalta de precio\u00bb. <\/p>\n
El Tribunal, al respecto, desestim\u00f3 tal planteamiento, porque toda controversia relacionada con la falta de pago del precio, no genera invalidez sino \u00abun eventual incumplimiento contractual\u00bb; por tal raz\u00f3n, debieron los demandantes someter su reclamo a las acciones de cumplimiento, resoluci\u00f3n o responsabilidad contractual, pretensiones todas ajenas al presente asunto, pues prescindieron enarbolarse. <\/p>\n
2.1.3. Tampoco configura causa il\u00edcita el hecho que el comprador, antes de celebrar la compra cuestionada, ejerciera la posesi\u00f3n irregular frente al bien. <\/p>\n
En efecto, los recurrentes aducen que para la fecha de celebraci\u00f3n del contrato, el demandado Ra\u00fal Mart\u00ednez Fandi\u00f1o no era poseedor del 50% del inmueble objeto de venta, \u00abo que haya comprado ese derecho a\u00f1os atr\u00e1s\u00bb, pues \u00e9l siempre fungi\u00f3 como arrendatario. <\/p>\n
Esto, porque el documento por medio del cual adquiri\u00f3 del otrora propietario la posesi\u00f3n del 50% del inmueble, adiado el 9 de julio de 1974, fue declarado espurio en otro juicio, convirti\u00e9ndose entonces en \u00abtenedor de mala fe\u00bb. Adem\u00e1s, no realiz\u00f3 mejoras, y porque perdi\u00f3 el juicio de posesi\u00f3n por \u00e9l instaurado. <\/p>\n
Los anotados cuestionamientos, con independencia de hallarse demostrados, carecen de alcance para estructurar nulidad absoluta por causa il\u00edcita, pues la condici\u00f3n de poseedor o no del comprador, o la falsedad del documento privado de la compra de la posesi\u00f3n, resultan irrelevantes frente a los elementos esenciales o naturales a validez del contrato de compraventa. Por lo mismo, la situaci\u00f3n de tenedor del mismo predio, en nada vulnera la ley, la costumbre o el orden p\u00fablico. <\/p>\n
2.1.4. Por \u00faltimo, interpretando la demanda, concluy\u00f3 el Tribunal que los recurrentes denunciaban la nulidad absoluta del negocio jur\u00eddico por \u00abausencia de causa\u00ab. <\/p>\n
A prop\u00f3sito, desestim\u00f3 el reparo por confundirse los fen\u00f3menos de \u00abcausa il\u00edcita\u00bb y \u00abausencia de causa\u00bb en el contrato; pues el primero, lo invalida, mientras que el otro, lo simula. Este \u00faltimo, precisamente, fue el argumento elegido por los demandantes, aspecto equivocado para atacar la nulidad del acto, pues lo correcto era encausar la pretensi\u00f3n de simulaci\u00f3n, lo cual, en efecto, no hicieron. <\/p>\n
2.2. El segundo planteamiento de la apelaci\u00f3n se sustenta espec\u00edficamente en un \u00aberror\u00bb que vicia el consentimiento. <\/p>\n
El punto, al respecto, lo desech\u00f3 el juzgador porque el equ\u00edvoco en la voluntad, ya sea de hecho o de derecho, genera nulidad relativa, s\u00faplica que no se realiz\u00f3 en el libelo y por tanto es improcedente declararse de oficio (C.C., art. 1743). <\/p>\n
2.3. El tercer reparo recae en el hecho de afirmar que la se\u00f1ora Virginia Gracia de Spell era \u00abincapaz absoluta por sufrir demencia senil\u00bb para la fecha de suscripci\u00f3n del contrato, adem\u00e1s \u00ab(\u2026) que las dem\u00e1s vendedoras eran se\u00f1oras de mucha edad y no estaban en plena capacidad f\u00edsica para celebrar el negocio jur\u00eddico cuestionado (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
El asunto, fallado en vigencia de los art\u00edculos 1503, 1504 del C.C. y 2, 14,15,17 y 48 de la Ley 1306 de 2009 (esto es, antes de regir la Ley 1996 de 2019), tampoco es procedente, pues los demandantes no probaron por ning\u00fan medio la discapacidad mental absoluta de las vendedoras del contrato de compraventa criticado. <\/p>\n
Dicha falencia no puede demostrarse, como quiere darse a entender, \u00ab(\u2026) con las simples declaraciones de sus hijos o de una versi\u00f3n libre rendida por una de las contratantes ante la fiscal\u00eda a\u00f1os atr\u00e1s (\u2026)\u00bb. Tal acusaci\u00f3n, requer\u00eda una prueba id\u00f3nea, por ejemplo, la declaratoria de interdicci\u00f3n judicial o un dictamen m\u00e9dico, los cuales permitir\u00edan acreditar la existencia de una perturbaci\u00f3n patol\u00f3gica de la actividad ps\u00edquica que suprimi\u00f3 la libre determinaci\u00f3n de la voluntad, la cual fue concomitante con la celebraci\u00f3n del contrato. <\/p>\n
2.4. Finalmente, el Tribunal desestim\u00f3 la alegaci\u00f3n relativa a la lesi\u00f3n enorme como causal de nulidad absoluta. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que los efectos de la lesi\u00f3n enorme difieren sustancialmente de la nulidad absoluta, pues esta no deja sin efectos el contrato, solo lo rescinde, e igual a la nulidad relativa, puede sanearse, ya sea completando el justo precio con deducci\u00f3n de una d\u00e9cima parte si es el comprador, o restituyendo el exceso del precio aumentado en una d\u00e9cima parte si es el vendedor (C.C., art. 1948). <\/p>\n
Ahora, como la cuesti\u00f3n de la acci\u00f3n rescisoria por lesi\u00f3n enorme no fue planteada en las pretensiones de forma principal o subsidiaria, o en la reforma de la demanda, mucho menos establecida en la fijaci\u00f3n de hechos de litigio, \u00ab(\u2026) elementales fundamentos de garant\u00eda del derecho de contradicci\u00f3n, defensa, segunda instancia, congruencia del fallo y dem\u00e1s temas que conforman el n\u00facleo esencial del debido proceso (\u2026)\u00bb, limitan el an\u00e1lisis de dicho fen\u00f3meno jur\u00eddico en la alzada, cuando el litigio jam\u00e1s vers\u00f3 sobre dicho t\u00f3pico. <\/p>\n
LA DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
CARGO \u00daNICO <\/p>\n
Con apoyo en la causal primera, los censores denuncian por \u00abaplicaci\u00f3n indebida\u00ab y \u00abfalta de aplicaci\u00f3n\u00ab la violaci\u00f3n directa de los art\u00edculos 1741, 1742, 63, 1502, 1515, 1516, 1524, 1740, 1741 y 1742 del C\u00f3digo Civil. En lo esencial, sustentan la acusaci\u00f3n as\u00ed: <\/p>\n
3.1. Acusan al Tribunal de no advertir que la nulidad absoluta de los contratos puede ser \u00ab(\u2026) alegada por toda persona que tenga un inter\u00e9s actual, entre esas, las partes del negocio y sus herederos (\u2026)\u00bb; estos \u00faltimos, en particular, adquieren ese derecho con la muerte del causante. <\/p>\n
En ese sentido, Gabriel y Esperanza Spell Gracia, y Jorge Eliecer L\u00f3pez Gracia; los primeros, herederos de Virginia Gracia de Spell (q.e.p.d.), y el segundo, sucesor de Lucrecia Gracia de P\u00e9rez (q.e.p.d.), fueron coherentes y concordantes en afirmar que fueron testigos de que el demandado Ra\u00fal Mart\u00ednez Fandi\u00f1o \u00absolamente les entreg\u00f3\u00bb la suma de $3\u00b4000.000.oo a cada una de las vendedoras. <\/p>\n
Sostuvieron que la intenci\u00f3n del convocado era celebrar la compraventa \u00abpara acelerar su proceso de pertenencia\u00bb, en donde sustentaba la posesi\u00f3n del bien con fundamento en un documento privado el cual \u00abresult\u00f3 falso\u00bb. <\/p>\n
3.2. Agregan que \u00abest\u00e1 plenamente probada\u00bb la conducta dolosa del comprador para enga\u00f1ar a las vendedoras de transferir el bien, pues la escritura p\u00fablica de compraventa se realiz\u00f3 con base en la minuta redactada por el abogado de confianza del interpelado. Tal actitud, por tanto, evidenciaba un vicio del consentimiento que llevaba a anular absolutamente el contrato. <\/p>\n
Las maniobras fraudulentas del interpelado provocaron \u00aberror en el consentimiento\u00bb de las vendedoras, al hacerlas creer que era poseedor parcial del predio para hacerse al dominio de la heredad. <\/p>\n
3.3. Se incurri\u00f3 en \u00aberror de interpretaci\u00f3n\u00bb frente al documento privado de 9 de julio de 1974, por el cual el demandado compr\u00f3 al otrora propietario del bien Isidoro Gracia (q.e.p.d.), los derechos de posesi\u00f3n del 50%. <\/p>\n
En efecto, Ra\u00fal Mart\u00ednez Fandi\u00f1o no ha sido poseedor real y material del inmueble, \u00absino mero tenedor en calidad de arrendatario\u00bb, circunstancia que evidenciaba reconocer derecho ajeno, desvirtuando as\u00ed la existencia del contrato de compraventa. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
4.1. El art\u00edculo 344 del C\u00f3digo General del Proceso, se\u00f1ala los requisitos que debe contener una demanda de casaci\u00f3n, en orden a admitirla y resolverla de fondo. <\/p>\n
La raz\u00f3n de ser de tales exigencias se funda en la naturaleza dispositiva y exceptiva del recurso, en cuanto responde a motivos previstos en forma expresa por el legislador y se estructura en las precisas hip\u00f3tesis normativas, de ah\u00ed el adjetivo de extraordinario. <\/p>\n
En adici\u00f3n, las formalidades sirven para diferenciar y delimitar ese medio defensivo de las instancias ordinarias, en las cuales, al tener por mira el proceso como thema decidendum, las partes pueden discurrir libremente sobre todas las cuestiones de hecho y de derecho controvertidas. <\/p>\n
Esto, en cambio, no sucede en casaci\u00f3n, pues su objeto lo constituye la sentencia impugnada como thema decissum, con fines nomofil\u00e1cticos y de unificaci\u00f3n de la jurisprudencia en procura de la coherencia del sistema jur\u00eddico, desde luego, en el entendido que el juzgador no se equivoc\u00f3 y que lo decidido ingresa al medio extraordinario escoltado por la presunci\u00f3n de la legalidad y acierto. <\/p>\n
Como tiene sentado la Sala, el medio de defensa extraordinario \u00abconstituye un mecanismo especial de censura a las providencias judiciales, distante en mucho de los recursos propios de las instancias, pues la discusi\u00f3n ante la Corte procura demostrar las desarmon\u00edas del fallo recurrido frente al ordenamiento jur\u00eddico, y nunca convertirse en la oportunidad para recrear el debate gen\u00e9rico de que se ocup\u00f3 el proceso\u00bb1. <\/p>\n
La actividad del casacionista, por tanto, apoyado de las causales legales, se circunscribe a desvirtuar esa presunci\u00f3n; y la Corte, a responder dentro del estricto marco propuesto, sin que, en l\u00ednea de principio, le sea dado replantear acusaciones mal formuladas, suplir deficiencias o superar inconsistencias o inexactitudes. <\/p>\n
4.2. Por esto, com\u00fan a todas las causales de casaci\u00f3n, el numeral 2\u00ba del precepto citado, obliga al censor a formular los cargos por separado \u00abcon la exposici\u00f3n de los fundamentos de cada acusaci\u00f3n en forma clara, precisa y completa\u00bb. <\/p>\n
4.2.1. La \u00abexposici\u00f3n de los fundamentos de cada acusaci\u00f3n\u00bb, permite identificar si entre el juzgador y el recurrente existen discrepancias alrededor de lo respondido o resuelto, pues si en su lugar se observan consensos, en esos precisos t\u00f3picos habr\u00eda ausencia del objeto del recurso de casaci\u00f3n. <\/p>\n
En consecuencia, si no existen disensos, en sentir de esa Corporaci\u00f3n, \u00abdesde el punto de vista t\u00e9cnico, no podr\u00eda hablarse de acusaci\u00f3n por sustracci\u00f3n de materia, en la medida en que, por tal acci\u00f3n, la de acusar, se entiende la exposici\u00f3n de los cargos contra el acusado2 o contra lo acusado\u00bb3. <\/p>\n
4.2.2. La claridad se refiere a que las acusaciones deben ser inteligibles o f\u00e1ciles de comprender, y no lo ser\u00edan, por ejemplo, cuando se entremezclan causales, toda vez que al confundirse o refundirse, llevar\u00eda a hacerlas inentendibles, y por ese camino, a dificultar su contradicci\u00f3n. <\/p>\n
En ese sentido, corresponde al recurrente se\u00f1alar, en palabras de esta Sala, \u00ab(\u2026) la v\u00eda y la clase de yerro que se atribuye al ad quem y no abandonarse en su desarrollo el camino escogido\u00bb4, pues si lo discurrido \u00ab(\u2026) no cuadra ni con una ni con otra causal, en la medida en que tiene cosas de all\u00e1 y de ac\u00e1, su admisi\u00f3n es improcedente (\u2026)\u00bb5. <\/p>\n
Por esto, trat\u00e1ndose de violaci\u00f3n directa de la ley sustancial, el ataque debe circunscribirse a la cuesti\u00f3n estrictamente jur\u00eddica, \u00absin comprender ni extenderse a la materia probatoria\u00ab (numeral 2\u00ba, literal a), ib\u00eddem), pues la causal parte de que la censura acepta el cuadro f\u00e1ctico y probatorio sentado por el Tribunal, s\u00f3lo que se equivoc\u00f3 en el respectivo ejercicio de subsunci\u00f3n normativa. <\/p>\n
En ese caso, como se tiene explicado, la Corte \u00abtrabaja con los textos legales sustantivos \u00fanicamente, y ante ellos enjuicia el caso; ya sabe si los hechos est\u00e1n probados o no est\u00e1n probados, parte de la base de una u otra cosa, y s\u00f3lo le falta aplicar la ley a los hechos establecidos\u00bb6. <\/p>\n
4.2.3. El ataque completo, implica que el censor, al margen de identificar cada una de las razones fundamentales que, por s\u00ed, sostendr\u00edan la sentencia, debe confutarlas todas. De nada sirve, entonces, acertar en aquello y errar en lo \u00faltimo, porque en esa hip\u00f3tesis, los argumentos que no se cuestionan seguir\u00edan prest\u00e1ndole base firme a la decisi\u00f3n. <\/p>\n
En palabras de esta Corte, en doctrina aplicable, \u00ab(\u2026) los cargos operantes en un recurso de casaci\u00f3n \u00fanicamente son aquellos que se refieren a las bases fundamentales del fallo recurrido, con el objeto de desvirtuarlas o quebrarlas, puesto que si alguna de ellas no es atacada y por s\u00ed le presta apoyo suficiente al fallo impugnado, \u00e9ste debe quedar en pie, haci\u00e9ndose de paso inocuo el examen de aquellos otros desaciertos cuyo reconocimiento reclama la censura (\u2026)\u00ab7. <\/p>\n
4.2.4. La precisi\u00f3n, por su parte, exige simetr\u00eda entre los argumentos basilares blandidos por el Tribunal y los confutados. De ah\u00ed que, en ese marco, el censor debe ser correspondiente, en el sentido de no desviar la atenci\u00f3n a cuestiones distintas, pues si lo hace, estricto sensu, dejar\u00eda de acusar. <\/p>\n
En casaci\u00f3n, un ataque preciso o enfocado requiere, al decir de la Corte, que \u00abguarde adecuada consonancia con lo esencial de la motivaci\u00f3n que se pretende descalificar, vale decir que se refiera directamente a las bases en verdad importantes y decisivas en la construcci\u00f3n jur\u00eddica sobre la cual se asienta la sentencia, habida cuenta de que si blanco del ataque se hacen los supuestos que delinea a su mejor conveniencia el recurrente y no a los que objetivamente constituyen el fundamento nuclear de la providencia, se configura un notorio defecto t\u00e9cnico por desenfoque\u00bb10. <\/p>\n
La ratio legis de lo dicho estriba en que, si lo reprochado no guarda consonancia con los argumentos estructurales del fallo impugnado, resulta claro que al quedar \u00e9stos f\u00edrmes, al margen del juicio del ad-quem, le seguir\u00edan prestando base firme, ciertamente, al permanecer en pie la presunci\u00f3n de legalidad y acierto de que los abriga. <\/p>\n
4.3. Frente a las anteriores directrices, el cargo \u00fanico propuesto no cumple con los requisitos formales para admitirlo y resolverlo de m\u00e9rito, al margen inclusive de cualquier otro defecto predicable. <\/p>\n
4.3.1. En efecto, porque enarbolado por la v\u00eda directa, esto significa que ninguna discrepancia f\u00e1ctica o probatoria existe entre el juzgador y el recurrente. <\/p>\n
En el caso, que efectivamente la causa il\u00edcita no fue acreditada en el contrato de compraventa, pues la \u00abminuta\u00bb base de la escritura p\u00fablica de compraventa, elaborada por el abogado del comprador, de manera alguna contradice la ley o el orden p\u00fablico, pues comprende una actividad l\u00edcita de los profesionales del derecho; y porque el \u00abno pago\u00bb completo del precio y la posesi\u00f3n espuria del demandado sobre el predio, tampoco configuran nulidad plena. En gracia de discusi\u00f3n, los hechos denunciados como invalidantes del acto confutado no eran de aquellos que la ley proh\u00edbe para inducir la voluntad de los contratantes para celebrarlo. <\/p>\n
Ahora, como las anteriores conclusiones no aparecen aceptadas en el cargo, por el contrario, se desconocen, pues respecto a la causa il\u00edcita, el ad-quem prescindi\u00f3 unos testimonios que advert\u00edan la \u00abfalta de pago total del precio\u00ab; el dolo del comprador al presentar una \u00abminuta\u00ab redactada por su abogado; y la inexistencia de la posesi\u00f3n del comprador sobre el bien al tiempo de celebrar la compraventa, por ser falso el documento que lo acreditaba como tal; salta de bulto que ante el desdoblamiento de la acusaci\u00f3n, se peca contra la claridad requerida para recibirla a tr\u00e1mite y resolverla de fondo. <\/p>\n
4.3.2. Con todo, interpretando la acusaci\u00f3n por la senda indirecta, en la modalidad del yerro de hecho, pues en definitiva no se plantea un problema de \u00abaplicaci\u00f3n o inaplicaci\u00f3n normativa\u00bb, sino se sostiene que el juzgador de segundo grado incurri\u00f3 en \u00aberror de interpretaci\u00f3n de esta prueba (el documento privado de 9 de julio de 1974) para descartar el dolo determinante de la causa il\u00edcita\u00bb, as\u00ed como la falta de apreciaci\u00f3n de las declaraciones de Gabriel y Esperanza Spell Gracia, y Jorge Eliecer L\u00f3pez Gracia, la Corte tropezar\u00eda con un obst\u00e1culo insalvable. <\/p>\n
A prop\u00f3sito, el embate resulta desenfocado, porque para el Tribunal, frente a la posesi\u00f3n probada o no del demandado, y la falsedad del documento por medio del cual compr\u00f3 la posesi\u00f3n del 50% del fundo, en nada pod\u00eda configurar la causa il\u00edcita, de donde concluy\u00f3 que la para la validez de la compraventa \u00abno es requisito de la esencia ni de su naturaleza que el comprador tenga o no la posesi\u00f3n del predio que adquiere\u00bb, y tampoco transgrede la ley; m\u00e1s a\u00fan, cuando el contrato cuestionado indic\u00f3 en la cl\u00e1usula primera que \u00abreca\u00eda sobre la nuda propiedad o dominio desprendida de la posesi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
En consecuencia, si los contratantes acordaron sin confusi\u00f3n objeto y precio, y el negocio no tuvo motivo il\u00edcito; por lo anotado, en el cargo debi\u00f3 ponerse de presente que lo as\u00ed sentenciado era contraevidente, por cuanto aparec\u00eda acreditado que la compraventa incurr\u00eda en las causales de nulidad absoluta. <\/p>\n
Sin embargo, como nada al respecto se refut\u00f3, al margen del juicio del juzgador, la conclusi\u00f3n de que no \u00abafecta la legalidad del negocio jur\u00eddico\u00ab cualquier divergencia surgida entre las partes, relativa al dominio, posesi\u00f3n o tenencia del bien, as\u00ed como la falta de pago \u00abcompleta\u00bb del precio, se erige suficiente para seguir sosteniendo la decisi\u00f3n. <\/p>\n
4.3.3. Los reparos de los censores corresponden m\u00e1s a un alegato de instancia que a la sustentaci\u00f3n de un recurso de casaci\u00f3n, pues pretenden hacer valer su propia interpretaci\u00f3n del conjunto probatorio que, distante de la valoraci\u00f3n razonable del Tribunal, no logra desvirtuar los argumentos esgrimidos en la sentencia. <\/p>\n
4.3.4. No se desconoce, que los art\u00edculos 16 de la Ley 270 de 1996, modificado por el art\u00edculo 7 de la Ley 1285 de 2009, y 336, in fine, del C.G.P., facultan a esta Corte, bien para proteger los derechos constitucionales, defender el orden o el patrimonio p\u00fablico, en cuyos eventos, al momento de proferir sentencia, es dable una decisi\u00f3n oficiosa; ya para escoger en forma positiva los fallos objeto de pronunciamiento cuando hay lugar a unificar o corregir la jurisprudencia, o a ejercer un control de legalidad. <\/p>\n
4.3.4.1. Sin embargo, en la hip\u00f3tesis de llevarse el caso al estadio de dictar sentencia, en el \u00e1mbito constitucional, el simple hecho de haber obtenido la demandante recurrente decisiones en su contra, por s\u00ed, no impone adoptar correctivos, dado que para el efecto se requiere de la presencia de defectos superlativos. <\/p>\n
Desde el punto de vista adjetivo, no se observan, toda vez que como se constata, al interior de la actuaci\u00f3n los recurrentes mantuvieron intactas las garant\u00edas de defensa y contradicci\u00f3n; en tanto, en el caso de su quebrantamiento, al no haberse reclamado, los vicios procesales subsanables quedaron saneados. <\/p>\n
En el terreno de los hechos y de las pruebas, y en el campo estrictamente jur\u00eddico, tampoco se encuentra allanado el camino para la protecci\u00f3n nomofil\u00e1ctica de un derecho subjetivo, porque con independencia de que en el contrato se refer\u00eda a la venta de unos derechos de cuota del 50%, inclusive, con prescindencia de la calidad de poseedor o tenedor del comprador sobre el inmueble, o de la supuesta falta de pago del precio, lo enarbolado en la demanda respecto a la nulidad absoluta, no comprend\u00eda causales que afectaran su existencia o validez, pues los demandantes las confundieron con los motivos de nulidad relativa, rescisi\u00f3n, responsabilidad contractual, y simulaci\u00f3n, cuesti\u00f3n que razonablemente permit\u00eda la interpretaci\u00f3n del Tribunal. <\/p>\n
4.3.4.2. En la \u00f3ptica de la selecci\u00f3n positiva de los fallos objeto de decisi\u00f3n, en la mira de unificar o corregir jurisprudencia, o ejercer control de legalidad, tampoco habr\u00eda lugar a la actuaci\u00f3n de esta Corte, al no aparecer temas relacionados con la aplicaci\u00f3n o alcance de una norma sustantiva, menos con diversidad de interpretaciones sobre un mismo punto de derecho, ni con la necesidad de erradicar del ordenamiento el valor de un precedente. <\/p>\n
4.5. Relevado cualquier estudio de fondo, es del caso aplicar el art\u00edculo 346 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO.- INADMITIR la demanda presentada por PETRONILA GRACIA, JORGE ELI\u00c9CER L\u00d3PEZ GRACIA, SOCORRO DEL CARMEN y MANUEL ANOTNIO PAZOS RODR\u00cdGUEZ para sustentar el recurso extraordinario de casaci\u00f3n interpuesto frente a la sentencia de 18 de diciembre de 2020, proferida por Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, Sala Civil, en el proceso verbal incoado por los recurrentes contra RA\u00daL MART\u00cdNEZ FANDI\u00d1O. <\/p>\n
SEGUNDO.- ADVERTIR que contra la presente decisi\u00f3n no procede recurso alguno al tenor del art\u00edculo 346 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
TERCERO.- DEVOLVER por las Secretar\u00eda el expediente al Tribunal de origen. <\/p>\n
Notif\u00edquese, <\/p>\n
FRANCISCO JOS\u00c9 TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de la Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 CSJ. Casaci\u00f3n Civil. Auto de 2 de junio de 2009, expediente 08749. <\/p>\n
2\u0002 Diccionario de la Real Academia de la Lengua Espa\u00f1ola. <\/p>\n
3\u0002 CSJ. Civil. Auto 323 de 15 de diciembre de 2000, expediente 8690; reiterado en providencia de 4 de noviembre de 2015, expediente 2010-00116. <\/p>\n
4\u0002 CSJ. Civil. Auto de 19 de febrero de 2010, expediente 03455. <\/p>\n
5\u0002 CSJ. Civil. Auto de 19 de enero de 2010, expediente 00017. <\/p>\n
6\u0002 CSJ. Civil. Sentencia 040 de 25 de abril de 2000, expediente 5212, reiterando doctrina anterior. <\/p>\n
7\u0002 CSJ. Civil. Sentencia 027 de 27 de julio de 1999; reiterada en fallos de 7 de septiembre de 2006 y de 19 de agosto de 2015, y en auto de 22 de agosto de 2011, entre otros muchos. <\/p>\n
8\u0002 CSJ. Civil. Sentencia 027 de 27 de julio de 1999; reiterada en fallos de 7 de septiembre de 2006 y de 19 de agosto de 2015, y en auto de 22 de agosto de 2011. <\/p>\n
9\u0002 CSJ. Civil. Sentencia de 19 diciembre de 2005 (radicaci\u00f3n 7864); reiterada en fallo de 9 abril de 2008 (expediente 00435) y en autos de 29 julio de 2010 (radicaci\u00f3n 00366) y de 30 de septiembre de 2013 (expediente 00326), entre otros. <\/p>\n
10\u0002 CSJ. Civil. Sentencia de26 de marzo de 1999 (CCLVIII-294), reiterada en autos de 19 de diciembre de 2014(expediente 00147), 25 de febrero de 2013 (radicaci\u00f3n 00228), y 30 de abril de 2014 (radicado 00084), entre otros muchos. <\/p>\n
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AC5407-2021 (2011-00479-01) \u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO Magistrado Ponente AC5407-2021 Radicaci\u00f3n n. \u00ba 11001-31-03-037-2011-00479-01 (Discutido y aprobado en sesi\u00f3n virtual del catorce de octubre de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., veintitr\u00e9s (23) de noviembre de dos mil veintiuno (2021).- Procede la Sala a decidir sobre […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[42],"tags":[],"class_list":["post-58924","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-noviembre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/58924","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=58924"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/58924\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=58924"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=58924"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=58924"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}