AC5408-2021 (2021-03814-00)<\/p>\n
<\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2021-03814-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecisiete (17) de noviembre de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Se decide el conflicto de competencia suscitado entre el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito Judicial de San Gil, el Veinticinco Civil Municipal de Bucaramanga y el Veintiocho Civil Municipal de Bogot\u00e1, atinente al conocimiento del medio de control de controversias contractuales que promovi\u00f3 Socorm\u00e9dicas IPS contra el Ministerio De Salud y Protecci\u00f3n Social, y Superintendencia De Salud. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Ante el \u00abJUEZ ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICAL EN ORALIDAD -REPARTO- San Gil, Santander\u00bb, el actor instaur\u00f3 demanda invocando el medio de control de controversias contractuales. Adem\u00e1s, indic\u00f3 que la competencia le concern\u00eda a dicha autoridad judicial, sin justificaci\u00f3n alguna, m\u00e1s all\u00e1, de la radicaci\u00f3n de su acci\u00f3n ante los jueces administrativos de la municipalidad referenciada1. <\/p>\n
El gestor reclam\u00f3 de la jurisdicci\u00f3n \u00ab1. Que se declare la existencia del contrato entre Solsalud entidad promotora de salud del r\u00e9gimen contributivo y subsidiado Solsalud S.A. hoy extinta y Socormedicas IPS(\u2026) 2. Que, como consecuencia de las anteriores declaraciones, las entidades accionadas: Superintendencia Nacional De Salud y El Ministerio de Salud Y Protecci\u00f3n Social, solidariamente deben cancelar a favor de SOCORMEDICA IPS E.U., la suma de SETENTA MILLONES CUATROSCIENTOS CINCUENTA Y CUANTRO MIL CATORCE PESOS ($74.454.014,00) (\u2026)\u00bb, m\u00e1s los intereses de mora correspondientes y las costas judiciales, entre otras2. <\/p>\n
2. El escrito incoativo fue asignado al Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito Judicial de San Gil, el cual, en auto del 02 de diciembre de 2020, opt\u00f3 por rechazar el conocimiento de la acci\u00f3n y plantear el conflicto de jurisdicci\u00f3n, bajo el entendimiento de las siguientes consideraciones: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) De igual forma, se tiene que el Art\u00edculo 422 del C.G. del P. establece la que puede demandarse a trav\u00e9s del proceso ejecutivo \u201c\u2026las obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor o de su causante, y constituyan plena prueba contra \u00e9l, o las que emanen de una sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier jurisdicci\u00f3n, o de otra providencia judicial, o de las providencias que en procesos de polic\u00eda aprueben liquidaci\u00f3n de costas o se\u00f1alen honorarios de auxiliares de la justicia, y los dem\u00e1s documentos que se\u00f1ale la ley\u2026\u201d. <\/p>\n
De acuerdo a lo anterior se advierte que dentro de la competencia de la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo no se encuentran los procesos ejecutivos derivados de actos administrativos, salvo lo dispuesto en el art\u00edculo 75 de la ley 80 de 1993 en relaci\u00f3n con los actos derivados de contratos estatales, conclusi\u00f3n a la que se llega en la medida que la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo define en su estatuto contencioso y de procedimiento de forma taxativa los asuntos de conocimiento de la misma, sin que se encuentre dentro de ellos los ejecutivos derivados de actos administrativos.- <\/p>\n
En ese orden de ideas y descendiendo al caso en concreto, se tiene que el titulo ejecutivo base de ejecuci\u00f3n presentado por la parte demandante lo son las Resoluciones 000931 y 1417 de 2014 expedidas por SOLSALUD S.A EN LIQUIDACI\u00d3N por medio de las cuales se aceptan unas acreencias presentadas al proceso liquidatorio de \u00e9sta, careciendo en consecuencia esta jurisdicci\u00f3n de competencia para su conocimiento en la medida que no son actos administrativos derivados de contrato estatal y no se tipifican dentro de los presupuestos previstos por el legislador para que el conocimiento sea asumido por esta jurisdicci\u00f3n, siendo competente para su tr\u00e1mite la jurisdicci\u00f3n ordinaria; en consecuencia se proceder\u00e1 a ordenar su remisi\u00f3n a los Juzgados Civiles Municipales de Bucaramanga (REPARTO).(\u2026)\u00bb3. <\/p>\n
3. Cumplidas las diligencias pertinentes, el expediente fue entregado a la c\u00e9lula judicial Veinticinco Civil Municipal de Bucaramanga, el cual, mediante decisi\u00f3n del 28 de junio de 2021 declin\u00f3 su conocimiento, sin plantear el conflicto de jurisdicci\u00f3n y orden\u00f3 remitir las diligencias a los Jueces Civiles Municipales de Bogot\u00e1. Edificando sus razones a partir de las siguientes premisas, <\/p>\n
\u00ab(…) Revisada detenidamente la demanda se tiene que el apoderado de la parte demandante omiti\u00f3 indicar cual es la regla por la cual se debe definir la competencia por territorio, si la regla 1 o la regla 3 del art\u00edculo 28 del C.G.P. Teniendo en cuenta que el t\u00edtulo ejecutivo es la Resoluci\u00f3n No. 001417 del 29 de abril de 2014 \u00abpor la cual se determina, califica y grad\u00faa una acreencia oportunamente presentada con cargo a la masa liquidatoria de LA SOCIEDAD SOLIDARIA DE SALUD SOLSALUD E.P.S. S.A. en liquidaci\u00f3n\u00bb emitida por la SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD \u2013 SUPERSALUD., no se evidencia donde se deber\u00e1 cumplir la obligaci\u00f3n, solo queda como factor para determinar la competencia la regla establecida en el numeral 3\u00ba del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
En consecuencia, se tiene que el domicilio de los demandados se encuentra ubicado en la ciudad de Bogot\u00e1, por lo cual, se estima que este Juzgado carece de competencia para conocer del asunto, agr\u00e9guese que tambi\u00e9n lo hace incompetente lo dispuesto el art\u00edculo 28\u20145 y 28-10 del CGP, siendo lo procedente su rechazo y posterior remisi\u00f3n al funcionario competente que es un Juez del Circuito de Bogot\u00e1 (\u2026)\u00bb4. <\/p>\n
4. Posteriormente, por reparto, el proceso se asign\u00f3 al despacho Veintiocho Civil Municipal de Bogot\u00e1, quien, de la misma manera, objeta el conocimiento de la demanda. En consecuencia, promovi\u00f3 el conflicto que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala. Para ello, concluy\u00f3 que: <\/p>\n
\u00abNo obstante lo anterior, este Despacho no comparte el criterio del Juzgado Veinticinco Civil Municipal Bucaramanga, como quiera que, al tenor de lo preceptuado por el numeral 9\u00b0 del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, en los procesos en que la naci\u00f3n sea demandada, ser\u00e1 competente el juez del domicilio que corresponda a la cabecera de distrito judicial del demandante, motivo suficiente para declarar la falta de competencia por factor territorial. <\/p>\n
Por consiguiente, avizora el Despacho que no le asiste raz\u00f3n al Juzgado Veinticinco Civil Municipal Bucaramanga, al considerar competente a los Juzgados Civiles Municipales Reparto de Bogot\u00e1 D.C., para conocer del presente asunto.\u00bb.5 <\/p>\n
5. As\u00ed las cosas, de conformidad con el art\u00edculo 139 del C\u00f3digo General del Proceso y el 16 de la Ley 270 de 1996, se entra a evaluar si esta Corporaci\u00f3n es la competente para resolver el presente asunto. <\/p>\n
II. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. La Constituci\u00f3n de 1991 regul\u00f3, en el Cap\u00edtulo 7\u00ba del T\u00edtulo VIII (art\u00edculos 254 a 257), lo pertinente al Consejo Superior de la Judicatura, atribuy\u00e9ndole, entre otras, las funciones de arbitrar los conflictos de competencia que sobrevengan entre las distintas jurisdicciones, canon que fue reglamentado con el inciso 2\u00b0 del art\u00edculo 112 de la Ley Estatutaria de Administraci\u00f3n de Justicia (Ley 270 de 1996), en el cual se instaur\u00f3 que concierne a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, \u00abDirimir los conflictos de competencia que ocurran entre las distintas jurisdicciones (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Posteriormente, mediante Acto Legislativo 02 de 2015, se alteraron las reglas comprendidas en el Cap\u00edtulo 7\u00ba del T\u00edtulo VIII de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, eliminando el Consejo Superior de la Judicatura, entre ellas, el art\u00edculo 14 modific\u00f3 el art\u00edculo 241, fij\u00e1ndole a la Corte Constitucional la labor de \u00abDefinir los conflictos de competencia que ocurran entre las distintas jurisdicciones\u00bb. <\/p>\n
Por su parte, la Corte Constitucional, mediante Auto 278 de 20156, indic\u00f3 que, en lo relativo a las funciones jurisdiccionales del Consejo Superior de la Judicatura, el par\u00e1grafo transitorio primero del art\u00edculo 19 \u00abfij\u00f3 el t\u00e9rmino de un a\u00f1o, contado a partir de la expedici\u00f3n del acto legislativo, para que se lleve a cabo la elecci\u00f3n de los Magistrados de la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial, disponiendo a su vez que -[l]os actuales Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercer\u00e1n sus funciones hasta el d\u00eda que se posesionen los miembros de la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial-\u201d. (Subrayado fuera de texto). <\/p>\n
En el antelado prove\u00eddo, determin\u00f3 que \u00abla Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura continuar\u00e1 ejerciendo sus funciones en relaci\u00f3n con los conflictos de competencia que ocurran entre las distintas jurisdicciones, hasta el d\u00eda en que cese definitivamente en el cumplimiento de las mismas, momento en el cual, aquellos deber\u00e1n ser remitidos a la Corte Constitucional en el estado en que se encuentren (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Y, finalmente, el 13 de enero de la presente anualidad, se posesionaron ante el presidente de la Rep\u00fablica, los magistrados que componen la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial, con lo cual, concluyeron las funciones jurisdiccionales del Consejo Superior de la Judicatura, incluida aquella que la autorizaba para esclarecer los conflictos de jurisdicci\u00f3n, verbigracia, los acaecidos entre un juzgado contencioso y otro de lo ordinaria, para el conocimiento de un proceso judicial. <\/p>\n
2. Ahora bien, en este asunto, la demandante present\u00f3 el libelo inicial ante la Jurisdicci\u00f3n de lo Contencioso Administrativo (Juzgados Administrativos en Oralidad de San Gil, Santander), pretendiendo que se \u00abQue se declare la existencia del contrato entre Solsalud entidad promotora de salud del r\u00e9gimen contributivo y subsidiado Solsalud S.A. hoy extinta y Socormedicas IPS(\u2026)\u00bb y que como consecuencia de lo anterior, las accionadas solidariamente, paguen a su favor \u00abla suma de SETENTA MILLONES CUATROSCIENTOS CINCUENTA Y CUANTRO MIL CATORCE PESOS ($74.454.014,00)\u00bb <\/p>\n
Empero, el Juzgado citado, al asignarle el escrito incoativo, decidi\u00f3 rechazarlo y proponer el conflicto de jurisdicci\u00f3n, por considerar que se est\u00e1 solicitando el cobro de un t\u00edtulo ejecutivo no objeto de su \u00e1mbito jurisdiccional. Posteriormente, el tr\u00e1mite se reparti\u00f3 al Juzgado Veinticinco Civil Municipal de Bucaramanga, el cual, en lugar de plantear el conflicto de jurisdicciones, objeta el conocimiento de la acci\u00f3n y lo remite a sus hom\u00f3logos en la ciudad de Bogot\u00e1. Recibido as\u00ed el legajo por el Juzgado Veintiocho Civil Municipal de Bogot\u00e1, este, tambi\u00e9n lo rechaz\u00f3 y plante\u00f3 el conflicto que lleg\u00f3 a esta Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
3. Pues bien, el recorrido que ha tenido que surtir la demanda en cuesti\u00f3n, permite establecer que ac\u00e1 se est\u00e1 en presencia de un conflicto de jurisdicci\u00f3n, en cuanto la demanda ha sido rehusada, para su conocimiento, tanto por autoridades de la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo, como de la jurisdicci\u00f3n ordinaria en su especialidad civil. <\/p>\n
Por lo mismo, no es del resorte de la Corte Suprema de Justicia dirimir tal controversia, pues, al tenor de lo previsto en el art\u00edculo 18 de la Ley 270 de 1996, <\/p>\n
\u00abLos conflictos de competencia que se susciten entre autoridades de la jurisdicci\u00f3n ordinaria que tengan distinta especialidad jurisdiccional y que pertenezcan a distintos distritos, ser\u00e1n resueltos por la Corte Suprema de Justicia en la respectiva Sala de Casaci\u00f3n que de acuerdo con la ley tenga el car\u00e1cter de superior funcional de las autoridades en conflicto, y en cualquier otro evento por la Sala Plena de la Corporaci\u00f3n\u201d. <\/p>\n
Es m\u00e1s, tampoco es posible dividir o fraccionar la controversia, para se\u00f1alar que se trata de una disputa circunscrita entre juzgados civiles de distinto Distrito Judicial, porque ya se detall\u00f3, el libelo inicial se present\u00f3 con la finalidad de invocar el medio de control de controversias contractuales, y, ha transitado, en b\u00fasqueda de un juzgador para su conocimiento, por autoridades de lo contencioso administrativo como de la jurisdicci\u00f3n ordinaria. <\/p>\n
4. Por lo expuesto, en consideraci\u00f3n a que se est\u00e1 en presencia de un conflicto de jurisdicci\u00f3n, se enviar\u00e1n las diligencias a la Corte Constitucional para que, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales lo dirima. Al respecto, esta Sala, en un caso de similar temperamento, resolvi\u00f3 en estos mismos t\u00e9rminos (AC5227-2021). <\/p>\n
III. DECISI\u00d3N <\/p>\n
Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, RESUELVE remitir el conflicto de jurisdicci\u00f3n a que se ha hecho referencia, a la Corte Constitucional para que sea ella quien lo dirima. <\/p>\n
En consecuencia, env\u00edesele el expediente e inf\u00f3rmese de tal situaci\u00f3n, por el medio m\u00e1s expedito, a la demandante. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1\u0002 Folios 3 a 19, Archivo 01CuadernoPrincipal.doc. Expediente digital <\/p>\n
2\u0002 Folio 6, ib\u00eddem <\/p>\n
3\u0002 Folios 4-5, Archivo 03. AUTO DECLARA FALTA DE JURISDICCION.pdf. Expediente digital <\/p>\n
4\u0002 Folio 1, Archivo 08Auto21330RechazaDemandaPorTerritorio20210628.pdf. Expediente digital <\/p>\n
5\u0002 Folio 1, Archivo 12.2021-00559 Propone conflicto negativo.pdf. Expediente Digital. <\/p>\n
6\u0002\u0002 Magistrado Ponente, Luis Guillermo Guerrero P\u00e9rez, julio 9 de 2015. <\/p>\n
<\/p>\n
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