AC5536-2021 (2021-04210-00)<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada Ponente <\/p>\n
AC5536-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2021-04210-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veinticuatro (24) de noviembre de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Se decide sobre la admisibilidad de la demanda de exequ\u00e1tur promovida por Silvia Sulli Arroyo Betancur. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Se formul\u00f3 petici\u00f3n de exequ\u00e1tur, a trav\u00e9s de la cual se pretende el reconocimiento de efectos en la Rep\u00fablica de Colombia de la \u00absentencia de fecha 17 de noviembre de 2011, dictada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucci\u00f3n Numero 2 de Torrox (M\u00e1laga)\u00bb, en el reino de Espa\u00f1a. [Archivo Digital: Demanda de Exequ\u00e1tur]. <\/p>\n
2. En la referida providencia, seg\u00fan lo se\u00f1ala el demandante, se decret\u00f3 el divorcio del matrimonio que contrajo con Herbert Hansson Dag, el 24 de octubre de 1998 en la localidad de Orebro (Suecia). En el escrito inaugural del presente tr\u00e1mite se indic\u00f3 que el v\u00ednculo aludido se finiquit\u00f3 \u00abde mutuo acuerdo\u00bb, adem\u00e1s, que \u00abno se procrearon hijos\u00bb y durante la uni\u00f3n \u00abno se adquirieron bienes muebles, inmuebles, veh\u00edculos, ni ning\u00fan otro activo tanto en el pa\u00eds de residencia, ni en Colombia\u00bb. [Ib\u00eddem]. <\/p>\n
II. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Seg\u00fan lo tiene precisado la jurisprudencia, ninguna providencia dictada por jueces extranjeros puede tener obligatoriedad ni ejecuci\u00f3n forzada en Colombia, a menos que medie la autorizaci\u00f3n del \u00f3rgano judicial colombiano competente, que seg\u00fan el ordenamiento adjetivo es la Corte Suprema de Justicia. <\/p>\n
En ese orden, para que una sentencia judicial extranjera surta efectos vinculantes en nuestro pa\u00eds se requiere el cumplimiento de los presupuestos que se reclaman en el orden legal interno, espec\u00edficamente los contenidos en el Cap\u00edtulo I del Libro V del T\u00edtulo I del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
2. El numeral tercero 3\u00ba del art\u00edculo 606 del estatuto procesal, se\u00f1ala como requisito para que la sentencia extranjera pueda surtir efectos en Colombia, que esa providencia \u00abse encuentre ejecutoriada de conformidad con la ley del pa\u00eds de origen, y se presente en copia debidamente autenticada y legalizada\u00bb. <\/p>\n
Por consiguiente, la falta de tal formalidad, determina el necesario rechazo in l\u00edmine de la solicitud, en los t\u00e9rminos establecidos en el art\u00edculo 607 ejusdem, cuyo numeral 2\u00ba prescribe que la demanda deber\u00e1 rechazarse si faltare alguna de las exigencias previstas en los numerales 1\u00ba a 4\u00ba del art\u00edculo 606. <\/p>\n
3. Y ocurre que la causa petendi que ahora examina la Corte pasa por alto tal condicionamiento. As\u00ed, de las piezas documentales aportadas se echa de menos la constancia de ejecutoria de la decisi\u00f3n judicial objeto de convalidaci\u00f3n, de conformidad con la ley del pa\u00eds de origen, que para el caso de ahora, debe acreditarse seg\u00fan lo pactado en el Convenio 134 de 30 de mayo de 1908, \u00abSobre Ejecuci\u00f3n de Sentencias Civiles\u00bb, entre el reino de Espa\u00f1a y la Rep\u00fablica de Colombia, que en lo pertinente prev\u00e9 como exigencia: \u00abLas sentencias civiles pronunciadas por los Tribunales Comunes de una de las Altas Partes Contratantes, ser\u00e1n ejecutadas en la otra, siempre que re\u00fanan los requisitos siguientes: Primero. Que sean definitivas y que est\u00e9n ejecutoriadas como en derecho se necesitar\u00eda para ejecutarlas en el Pa\u00eds en que se hayan dictado (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Y sobre la manera en que se satisface el mentado presupuesto, nom\u00e1s hay que acudir al canon 2\u00ba Ib\u00eddem, seg\u00fan el cual \u00ab(\u2026) se comprobar\u00e1 por un certificado expedido por el Ministro de Gobierno o de Gracia y Justicia, siendo la firma de \u00e9stos legalizada por el correspondiente Ministro de Estado o de Relaciones Exteriores y la de \u00e9ste a su vez por el Agente Diplom\u00e1tico respectivo, acreditado en el lugar de la legalizaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Precisamente, aquel documento no fue adosado a la demanda, sin que sea suficiente la mera manifestaci\u00f3n de la interesada en cuanto a eso de que la \u00abdecisi\u00f3n [motivo de homologaci\u00f3n] se encuentra debidamente ejecutoriada y frente a la misma no se interpuso ning\u00fan tipo de recurso por ninguna de las partes\u00bb, pues, se reitera, es indispensable satisfacer la formalidad de allegar la constancia de ejecutoria emanada del Ministro de Gobierno o de Gracia y Justicia [Actual Subdirecci\u00f3n General Adjunta de Cooperaci\u00f3n Jur\u00eddica Internacional y Relaciones con las Confesiones del Ministerio de Justicia], con el fin de dar curso a la solicitud de exequ\u00e1tur. <\/p>\n
En casos similares la Sala ha determinado que: <\/p>\n
\u00abSe rechaza\u2026la anterior solicitud de exequ\u00e1tur respecto de la providencia del 4 de marzo de 2010, del Juzgado de Primera Instancia n\u00ba 3 de Torremolinos, Espa\u00f1a, mediante el cual decret\u00f3 el divorcio por mutuo acuerdo del matrimonio\u2026, por las siguientes razones: No aparece prueba de la ejecutoria de dicho pronunciamiento de conformidad con la ley del pa\u00eds de origen, que solo se acredita con el documento a que refiere el art\u00edculo 2\u00ba de la Ley 7\u00aa de 1908, mediante la cual se aprob\u00f3 el Convenio suscrito entre la Rep\u00fablica de Colombia y el Reino de Espa\u00f1a el 30 de mayo de 1908, es decir, con el \u00abcertificado expedido por el Ministerio de Gobierno o de Gracia y Justicia, siendo la firma de estos legalizada por el correspondiente Ministerio de Estado o de Relaciones Exteriores y la de \u00e9ste, a su vez por el agente diplom\u00e1tico respectivo, acreditado en el lugar de legalizaci\u00f3n\u00bb (CSJ, AC 2940 de 16 de mayo de 2016, criterio reiterado en CSJ, AC4731-2021, 8 oct.) <\/p>\n
4. A lo anotado se suma, que en la postulaci\u00f3n inicial se pasaron por alto algunos de los requisitos formales, indispensables para aperturar esta tramitaci\u00f3n. <\/p>\n
4.1. En primer lugar, el mandato judicial otorgado al abogado Jorge Alberto Mu\u00f1oz Alfonso fue extendido en Espa\u00f1a ante un funcionario de ese pa\u00eds, sin embargo no est\u00e1 apostillado ni debidamente autenticado por el c\u00f3nsul o agente diplom\u00e1tico de la Rep\u00fablica de Colombia en dicha naci\u00f3n como lo exige los art\u00edculos 74 y 251 de la nueva codificaci\u00f3n de los ritos civiles. <\/p>\n
4.2. En segundo t\u00e9rmino, no se adjunt\u00f3 prueba de la reciprocidad diplom\u00e1tica o legislativa, siendo deber de las partes y sus apoderados la obtenci\u00f3n de \u00abdocumentos que directamente o por medio del ejercicio del derecho de petici\u00f3n hubiere podido conseguir\u00bb (n\u00fam. 10 art\u00edculo 78 C.G.P.), record\u00e1ndose, adem\u00e1s, que seg\u00fan el inciso segundo del art\u00edculo 173 Ib\u00eddem, al juez le est\u00e1 vedado ordenar la pr\u00e1ctica de las pruebas que pudieron haberse obtenido directamente por el interesado mediante el derecho de petici\u00f3n. <\/p>\n
Sobre el particular la Corte ha dicho que: <\/p>\n
\u00abla reciprocidad es un presupuesto neur\u00e1lgico del exequ\u00e1tur, su demostraci\u00f3n constituye carga del interesado1, por lo que el fundamento f\u00e1ctico y jur\u00eddico de la demanda debe contener alusi\u00f3n sobre el particular, en la cual se sustente la existencia de correspondencia jur\u00eddica de orden diplom\u00e1tico o la subsidiaria de car\u00e1cter legislativo. Trat\u00e1ndose de la reciprocidad legislativa, se deber\u00e1 allegar la prueba id\u00f3nea de la ley extranjera en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 177 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb (CSJ AC2822-2021, 14 Jul.). <\/p>\n
4.3. De otra parte, la interesada omiti\u00f3 formular las pretensiones ajustadas a las precisas exigencias del art\u00edculo 82 del C\u00f3digo General del Proceso para esta clase de asuntos, esto es, la s\u00faplica consecuencial concerniente a la inscripci\u00f3n de lo que se resuelva en el registro civil de matrimonio y de nacimiento de la contrayente. <\/p>\n
5. Por las razones esbozadas, se impone el rechazo de la demanda, tal como lo ordena el art\u00edculo 607 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
III. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia. Sala de Casaci\u00f3n Civil, RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO. Rechazar la demanda de exequ\u00e1tur de la referencia. <\/p>\n
SEGUNDO. Previas las constancias de rigor, devu\u00e9lvanse los anexos del libelo, sin necesidad de desglose. <\/p>\n
Notif\u00edquese y c\u00famplase, <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada <\/p>\n
1\u0002 CSJ. SC 15495 de 11 de noviembre de 2015. <\/p>\n
<\/p>\n
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