AC5539-2021 (2021-04266-00)<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada Ponente <\/p>\n
AC5539-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b011001-02-03-000-2021-04266-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veinticuatro (24) de noviembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Civil Municipal de La Mesa Cundinamarca y Cuarenta y Ocho Civil Municipal de Bogot\u00e1. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Carmen Elvira Puentes Mart\u00ednez convoc\u00f3 a pleito a Orlando Puentes Mart\u00ednez para que se condenara a este \u00faltimo al pago de los \u00abfrutos civiles\u00bb causados por la explotaci\u00f3n econ\u00f3mica del inmueble situado en la \u00abCarrera 29 No. 6-21\u00bb de La Mesa, Cundinamarca e identificado con la matr\u00edcula inmobiliaria No. 166-62258, y respecto del cual las partes ostentan la titularidad compartida; la demandante en un \u00ab33.33%\u00bb y el demandado un \u00ab66.66%\u00bb. [Archivo Digital: 02]. <\/p>\n
2. En la demanda se indic\u00f3 que la competencia radicaba en los jueces municipales de la referida urbe, \u00abpor el lugar del cumplimiento de la obligaci\u00f3n, por el domicilio de las partes y por la cuant\u00eda\u00bb. <\/p>\n
3. El Juzgado Civil Municipal de La Mesa (Cundinamarca), al que inicialmente le fue repartido el escrito inaugural, rehus\u00f3 su conocimiento con fundamento en que el domicilio del accionado es la ciudad de Bogot\u00e1, seg\u00fan lo informado \u00abtanto el poder como el libelo genitor\u00bb, as\u00ed que remiti\u00f3 el asunto a los jueces de esa plaza [archivo digital: 04]. <\/p>\n
4. Al recibir las diligencias, el Juzgado Cuarenta y Ocho Civil Municipal de la urbe mencionada tambi\u00e9n se neg\u00f3 a impartirle tr\u00e1mite, al considerar que la atribuci\u00f3n para adelantar el pleito est\u00e1 radicada en cabeza de las autoridades judiciales de la circunscripci\u00f3n territorial del fundo aludido, conforme lo establecido en el numeral 7\u00ba del art\u00edculo 28 de la ley adjetiva, comoquiera que las aspiraciones del libelo inicial refieren al ejercicio del \u00abderecho real de usufructo\u00bb [archivo digital: 05]. <\/p>\n
II. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Corresponde a esta Sala, a trav\u00e9s de la magistrada sustanciadora, dirimir el presente conflicto, en tanto la Corte es superior funcional com\u00fan de los despachos involucrados, los cuales pertenecen a diferentes distritos judiciales. As\u00ed lo establecen los art\u00edculos 139 del C\u00f3digo General del Proceso y 16 de la Ley 270 de 1996, modificado por el 7\u00ba de la Ley 1285 de 2009. <\/p>\n
2. La competencia del juez, como bien se sabe, es determinada por varios factores, uno de ellos el territorial, que es precisamente el que aqu\u00ed cumple determinar. <\/p>\n
Es tambi\u00e9n conocido que el art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso regula dicha competencia, sentando en su numeral 1\u00ba el principio general de que el conocimiento de los asuntos contenciosos corresponde al juez del domicilio del demandado, eso s\u00ed, precisando que si \u00e9ste tiene multiplicidad de asientos, o son varios los enjuiciados, puede adelantarse el litigio ante el juez de cualquiera de ellos, a elecci\u00f3n del accionante. <\/p>\n
Sobre el particular la Sala ha considerado que: <\/p>\n
\u00ab[C]omo al demandante es a quien la ley lo faculta para escoger, dentro de los distintos fueros del factor territorial, la autoridad judicial que debe pronunciarse sobre un asunto determinado, suficientemente se tiene dicho que una vez elegido por aqu\u00e9l su juez natural, la competencia se torna en privativa, sin que el funcionario judicial pueda a su iniciativa eliminarla o variarla, a menos que el demandado fundadamente la objete mediante los mecanismos legales que sean procedentes. (CSJ, AC2738, 5 may. 2016; criterio reiterado en AC1983-2020, 21 ago.). <\/p>\n
A lo anterior ha de agregarse, que la apuntada regla no obsta la aplicaci\u00f3n de otras disposiciones que rigen esa materia, entre las cuales cabe recordar -en cuanto aqu\u00ed aparecen involucradas- la del numeral 3\u00ba Ib\u00eddem, seg\u00fan la cual \u00ab[e]n los procesos originados en un negocio jur\u00eddico o que involucren t\u00edtulos ejecutivos es tambi\u00e9n competente el juez del lugar de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones. La estipulaci\u00f3n de domicilio contractual para efectos judiciales se tendr\u00e1 por no escrita\u00bb y, de otra parte, la contemplada en el numeral 7\u00ba \u00cddem, que a pie juntillas ordena: \u00ab[e]n los procesos en que se ejerciten derechos reales, en los divisorios, de deslinde y amojonamiento, expropiaci\u00f3n, servidumbres, posesorios de cualquier naturaleza, restituci\u00f3n de tenencia, declaraci\u00f3n de pertenencia y de bienes vacantes y mostrencos, ser\u00e1 competente, de modo privativo, el juez del lugar donde est\u00e9n ubicados los bienes, y si se hallan en distintas circunscripciones territoriales, el de cualquiera de ellas a elecci\u00f3n del demandante\u00bb. <\/p>\n
Al efecto, se hace menester recordar que respecto a la primera de las disposiciones acabadas de mencionar, la jurisprudencia ha dicho que el foro all\u00ed establecido concurre con el mandato general referido, de ah\u00ed que, trat\u00e1ndose de actos jur\u00eddicos de alcance bilateral o en un t\u00edtulo ejecutivo el convocante tiene la opci\u00f3n de accionar, ad libitum, \u00aben uno u otro lugar, o sea, en el domicilio de la contraparte o donde el pacto objeto de discusi\u00f3n o t\u00edtulo de ejecuci\u00f3n deb\u00eda cumplirse; pero, ins\u00edstese, ello queda, en principio, a la determinaci\u00f3n expresa de su promotor\u00bb (CSJ, AC1983-2020, 21 ago.). <\/p>\n
En tanto que, la pauta del numeral 7\u00ba ej\u00fasdem es \u00fanica y excluyente, erigi\u00e9ndose como un fuero \u00abprivativo\u00bb, por manera que, en los eventos previstos all\u00ed no pueden converger otras reglas de competencia, como, verbigracia, el asiento del enjuiciado o el sitio de satisfacci\u00f3n de las obligaciones provenientes de un convenio privado o de un instrumento cambiario, pues, <\/p>\n
\u00ab\u2026 [e]l fuero privativo significa que necesariamente el proceso debe ser conocido, tramitado y fallado por el juzgador que tenga competencia territorial en el lugar de ubicaci\u00f3n del bien involucrado en el debate pertinente, no pudi\u00e9ndose acudir, bajo ning\u00fan punto de vista, a otro funcionario judicial, ni siquiera bajo el supuesto autorizado para otros eventos, como por ejemplo para la situaci\u00f3n del fuero personal, del saneamiento por falta de la alegaci\u00f3n oportuna de la parte demandada mediante la formulaci\u00f3n de la correspondiente excepci\u00f3n previa o recurso de reposici\u00f3n, en el entendido de que solamente es insaneable el factor de competencia funcional, seg\u00fan la preceptiva del art\u00edculo 144, inciso final, ib\u00eddem; obvio que si as\u00ed fuera, el foro exclusivo se tornar\u00eda en concurrente, perdi\u00e9ndose la raz\u00f3n de ser de aqu\u00e9l\u00bb (CSJ AC 2 oct. 2013, rad. 2013-02014-00, reiterado en CSJ AC 13 feb. 2017, rad. 2016-03143-00, criterio reiterado en AC1983-2020, 21 ago.). <\/p>\n
3. En el sub-lite, las pretensiones de la disputa planteada van encaminadas a que se ordene al demandado reembolsar los \u00abfrutos civiles generados por c\u00e1nones de arrendamiento\u00bb del bien ra\u00edz situado en la \u00abCarrera 29 No. 6-21\u00bb de La Mesa, Cundinamarca, e identificado con la matr\u00edcula inmobiliaria No. 166-62258, y respecto del cual las partes son comuneros, pues, seg\u00fan se afirm\u00f3 en la postulaci\u00f3n inicial la demandante ostenta la propiedad del \u00ab33.33%\u00bb y el demandado es due\u00f1o del \u00ab66.66%\u00bb restante. <\/p>\n
Bajo esa \u00f3ptica, de plano se descarta la aplicaci\u00f3n del numeral 7\u00ba del canon 28 de la nueva ley de enjuiciamiento civil, dado que, las aspiraciones de la controversia no se encuentran dirigidas a obtener ni la divisi\u00f3n del fundo, ni el deslinde o amojonamiento de este, ni la imposici\u00f3n de una servidumbre, ni la protecci\u00f3n de la posesi\u00f3n, ni la restituci\u00f3n de la tenencia, tampoco su expropiaci\u00f3n y, mucho menos, el ejercicio de un derecho real. Sobre esto \u00faltimo, se aprecia que, si bien la accionante pretende el desembolso de los \u00abfrutos civiles\u00bb producidos por el predio, lo cierto es que lo hace alegando su condici\u00f3n de copropietaria frente al otro condue\u00f1o que en su decir, lo ha venido explotando econ\u00f3micamente sin reconocer debida y oportunamente su participaci\u00f3n en el predio, sin que de esa situaci\u00f3n pueda derivarse el ejercicio del derecho real de usufructo, como equivocadamente lo estim\u00f3 la autoridad judicial de esta capital. Adem\u00e1s, de los documentos anexados con la demanda, se echa de menos, precisamente, el instrumento p\u00fablico sobre su constituci\u00f3n, cual manda el art\u00edculo 826 del C\u00f3digo Civil, habida cuenta que el \u00fanico registro de un derecho de esta naturaleza fue el establecido en favor de la tradente de los aqu\u00ed contendientes y que fue extinguido debido al fallecimiento de \u00e9sta. <\/p>\n
Menos a\u00fan, media entre los extremos procesales convenio alguno de administraci\u00f3n, no obstante, de los folios adjuntos al memorial de apertura se observa que en virtud del documento denominado \u00abacuerdo de voluntades\u00bb celebrado entre las partes el 25 de octubre de 2018 [folios 95 y 96, archivo digital: 02], el demandado se comprometi\u00f3 a \u00abconsignar el valor del arriendo neto\u00bb de la heredad a favor de la demandante, por lo que, a buen juicio, esa circunstancia conllevar\u00eda la aplicaci\u00f3n de la regla de competencia contemplada en el numeral 3\u00ba del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, empero, en dicho convenio no aparece registrado pacto alguno con relaci\u00f3n al sitio de cumplimiento de las obligaciones all\u00ed descritas. <\/p>\n
En este orden de ideas, no existiendo circunstancia alguna que conlleve la aplicaci\u00f3n de las reglas especiales de competencia previstas en el ordenamiento jur\u00eddico, es dable acudir al mandato general contemplado en el numeral 1\u00ba ejusdem, esto es, el domicilio del enjuiciado. <\/p>\n
5. Sin embargo, examinado este puntual aspecto, advierte el despacho que en el pliego introductor, la parte interesada guard\u00f3 silencio acerca el asiento principal del interpelado, apenas se hace una escueta menci\u00f3n sobre ese \u00edtem en el mandato judicial otorgado al abogado de la demandante. [Folios 92 y 93, archivo digital: 02]. <\/p>\n
No puede olvidarse que el examen del escrito inicial, es una labor de gran trascendencia en el desarrollo de la funci\u00f3n judicial, y en la efectividad del derecho de acceso a la justicia, porque a partir de este no solo se determina la satisfacci\u00f3n de las exigencias formales para impulsar la acci\u00f3n, sino que permite materializar el derecho al juez natural, por lo que el juzgador estar\u00e1 llamado a verificar si el demandante realiz\u00f3 la elecci\u00f3n ajustada a las precisar reglas que demarca el ordenamiento adjetivo, para que en el evento que no se acomode a estas disponer su rechazo y enviarlo al que resulte competente, o de evidenciar omisi\u00f3n o falta de claridad inadmitirlo en busca de la respectiva subsanaci\u00f3n. <\/p>\n
Labor que era la llamada a hacer en el sub examine, ante las contradicciones, no solo de los hechos y las pretensiones de la convocante, sino, adem\u00e1s, en torno al domicilio del accionado, para que una vez clarificado lo anterior se determinara con exactitud la competencia del juez llamado a adelantar el asunto. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, ante esa incertidumbre debi\u00f3 la primera autoridad que recibi\u00f3 las actuaciones solicitar la aclaraci\u00f3n pertinente, a efectos de establecer, con plena certeza, a cu\u00e1l juzgador le ata\u00f1e adelantar el proceso, empero no lo hizo. <\/p>\n
6. Bajo ese entendido, deviene prematuro el rechazo de la demanda por parte del Juzgado Civil Municipal de La Mesa (Cundinamarca), pues, se itera, era indispensable contar con mejores elementos de juicio para definir su falta de competencia, habida cuenta que conforme a adoctrinado esta Corte \u00ab(…) el receptor no puede salirse de los elementos delimitantes expuestos expl\u00edcita o impl\u00edcitamente en la demanda; adem\u00e1s, de no estar clara su determinaci\u00f3n, est\u00e1 en la obligaci\u00f3n de requerir las precisiones necesarias para su esclarecimiento, de manera que se evite su repulsi\u00f3n sobre una base inexistente, propiciando un conflicto antes de tiempo\u00bb (CSJ AC1943-2019, may. 28, rad. 2019-01535-00, reiterada en CSJ AC383-2021, feb. 15, rad. 2021-00325). <\/p>\n
7. Consecuente con lo anotado, se dispondr\u00e1 la devoluci\u00f3n del expediente al despacho judicial de La Mesa (Cundinamarca), a fin de que adelante las gestiones necesarias para establecer inequ\u00edvocamente la concurrencia o no de los supuestos legales que le permitan definir su competencia y acorde con ello adopte la determinaci\u00f3n que en derecho corresponda. <\/p>\n
III. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: Declarar prematuro el planteamiento del conflicto de competencia de la referencia. <\/p>\n
SEGUNDO: Remitir el expediente al Juzgado Civil Municipal de La Mesa (Cundinamarca), para que proceda en la forma indicada en este prove\u00eddo. <\/p>\n
TERCERO: Comunicar esta decisi\u00f3n al Juzgado Cuarenta y Ocho Civil Municipal de Bogot\u00e1 D.C. y a la parte demandante en el juicio. <\/p>\n
Notif\u00edquese, <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada <\/p>\n
<\/p>\n
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