AC5606-2021 (2021-00165-00)<\/p>\n
<\/p>\n
AC5606-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2021-00165-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintis\u00e9is (26) de noviembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Segundo Civil Municipal de Oralidad de Medell\u00edn, Trece Civil Municipal de Barranquilla y Dieciocho de Peque\u00f1as Causas y Competencias M\u00faltiples de esa ciudad, atinente al conocimiento de la demanda ejecutiva que promovi\u00f3 Ignacio Samin Bernal y Cita Abogados S.A \u201cC.I BLU S.A.S\u201d contra EPK KIDS SMART S.A.S. <\/p>\n
1. Ante el \u00abJuez Civil Municipal de Medell\u00edn (REPARTO)\u00bb, el actor, instaur\u00f3 demanda para la ejecuci\u00f3n de m\u00ednima cuant\u00eda. Por su parte, la sociedad actora reclam\u00f3 de la jurisdicci\u00f3n librar mandamiento de pago a su favor, por las obligaciones contenidas en el auto N\u00b010 del 7 de octubre de 2019, fijadas por el Tribunal de Arbitramento1. <\/p>\n
Indic\u00f3 que la competencia le concern\u00eda a dicha autoridad judicial, \u00ab(\u2026) en raz\u00f3n de la cuant\u00eda, de la naturaleza de este asunto y del cumplimiento de la obligaci\u00f3n (\u2026)\u00bb2. <\/p>\n
2. El escrito incoativo fue asignado al Juzgado Segundo Civil Municipal de Oralidad de Medell\u00edn, el cual, con auto del 17 de febrero de 2020, opt\u00f3 por rechazar el conocimiento de la acci\u00f3n, bajo el entendimiento de las siguientes consideraciones: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) [L]a sociedad CI BLU S.A.S present\u00f3 ante la oficina de Apoyo Judicial de Medell\u00edn demanda ejecutiva singular de m\u00ednima cuant\u00eda en contra de EPK KIDS SMART S.A.S, sin embargo, analizando el libelo genitor se advierte que el demandado tiene su domicilio en Barranquilla \u2013 Atl\u00e1ntico. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, si bien el actual estatuto procedimental en el numeral 3 del art\u00edculo 28, consagra que trat\u00e1ndose de procesos originados en un negocio jur\u00eddico o que involucre t\u00edtulos ejecutivos es tambi\u00e9n competente el Juez del lugar de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones, y si bien la parte demandante afirma dicho criterio como atributivo de competencia en este Despacho, lo cierto es que de la CERTIFICACION expedida por el TRIBUNAL ARBRITRAL (FL. 6 C.1) constituido para dirimir el conflicto entre las partes, no se desprende que se haya establecido que este Municipio fuera el lugar de cumplimiento de la obligaci\u00f3n all\u00ed contenida, por tanto la competencia radicado conforme a la cl\u00e1usula general de Competencia establecida en el numeral 1 de la norma en comento, es decir, es el Juez del domicilio del demandado, que es este caso, son los JUZGADOS CIVILES MUNICIPALES DE BARRANQUILLA ATLANTICO. (\u2026)\u00bb3. <\/p>\n
3. Cumplidas las diligencias pertinentes, el expediente fue entregado al despacho Trece Civil Municipal de Barranquilla, quien, mediante decisi\u00f3n del 15 de octubre de 2020 declin\u00f3 su conocimiento, sin plantear el conflicto de competencia. Y orden\u00f3 remitir las diligencias a los Jueces Civiles de Peque\u00f1as Causas de la ciudad de Barranquilla. Edificando sus razonamientos en las siguientes premisas: <\/p>\n
\u00ab(…) En el sub-examine nos encontramos frente a una demanda ejecutiva en la que se ejecuta por auto No.10 calendado octubre 7 del 2019 y certificaci\u00f3n expedida por el Tribunal de Arbitramento de Medell\u00edn, y suscrita por el \u00e1rbitro y secretario, de fecha 2 de diciembre del 2019 por un valor de $ 31.202.817, y de acuerdo con lo preceptuado en el art\u00edculo 25 del C.G.P, esta es de m\u00ednima cuant\u00eda, por cuanto sus pretensiones patrimoniales (Capital-intereses a la presentaci\u00f3n de la demanda-reparto 20 diciembre 2019) no exceden el equivalente a cuarenta (40) salarios m\u00ednimos legales vigentes, por ello no debe ser conocida por los Jueces Civiles Municipales, en virtud que para el presente a\u00f1o, los procesos de menor cuant\u00eda, corresponden a aquellos cuyas pretensiones son superiores a ($35.112.120). <\/p>\n
En ese orden de ideas, tenemos que la competencia para conocer de este libelo introductor recae sobre los Jueces Civiles de Peque\u00f1as Causas de la ciudad de Barranquilla y no los Jueces Civiles Municipales, por lo que, con fundamento en lo antes indicado, este despacho rechazar\u00e1 la demandada y ordenar\u00e1 su env\u00edo al Juez competente a trav\u00e9s de la oficina judicial (\u2026)\u00bb4. <\/p>\n
4. Posteriormente, por reparto, el proceso se asign\u00f3 al Juzgado Dieciocho de Peque\u00f1as Causas y Competencias M\u00faltiples de Barranquilla, el cual, de la misma manera, objeta el conocimiento de la demanda. En consecuencia, promovi\u00f3 el conflicto que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala. Para ello, concluy\u00f3 que: <\/p>\n
\u00abV\u00e9ase que efectivamente en la providencia proferida por el Tribunal de arbitramiento se estableci\u00f3 como una de las obligaciones de las partes el deber de allegar a la oficina del secretario ubicada en la ciudad de Medell\u00edn los cheques de gerencia mediante el cual deber\u00eda efectuarse el pago de los honorarios y gastos del tr\u00e1mite arbitral. <\/p>\n
En ese orden, en el presente asunto la competencia en virtud del factor territorial pod\u00eda establecerse bien por el domicilio de la parte demandada, o bien por el lugar de cumplimiento de la obligaci\u00f3n, prevaleciendo en todo caso, la voluntad de la parte ejecutante para su elecci\u00f3n. <\/p>\n
Puestas as\u00ed las cosas, no es de recibo para la suscrita el criterio expuesto por la Juez remitente para declarar su incompetencia para conocer del presente asunto, pues indistintamente de que la parte demandada tenga su domicilio en la ciudad de Barranquilla, lo cierto es que la demanda es dirigida y presentada ante el JUEZ CIVIL MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE MEDELLIN, (lugar de cumplimiento de una obligaci\u00f3n ordenada por en el auto proferido por el tribunal de arbitramento) y, por ende, di\u00e1fano resulta concluir que su voluntad es que tal funcionario conozca del litigio\u00bb5. <\/p>\n
5. As\u00ed las cosas, de conformidad con el art\u00edculo 139 del C\u00f3digo General del Proceso, se entra a desatar el t\u00f3pico en cuesti\u00f3n. <\/p>\n
II. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Habida cuenta que se enfrentan juzgados de distinto distrito judicial -Medell\u00edn y Barranquilla-, la Corte es la competente para resolver el conflicto negativo suscitado entre ellos, de conformidad con los art\u00edculos 139 ib\u00eddem y 16 de la Ley 270 de 1996, modificado por el 7\u00b0 de su par 1285 de 2009. <\/p>\n
2. Para la determinaci\u00f3n de la competencia debe precisarse que la selecci\u00f3n del juez a quien le corresponde asumir el conocimiento de una causa litigiosa surge como el resultado de la conjugaci\u00f3n de algunas circunstancias o aspectos subjetivos u objetivos, vinculados, verbigracia, a la persona involucrada, al sitio en donde el accionado tiene su domicilio, al lugar en donde est\u00e1 ubicado el inmueble, la cuant\u00eda o naturaleza del asunto, etc. Por supuesto, en ciertas ocasiones, aunque algunos de esos factores se entremezclan y se vuelven concurrentes, prevalecen unos sobre otros. <\/p>\n
3. El numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso contempla como norma general de competencia el domicilio del demandado, precisando que, si tiene varios domicilios, o son diversos los procesados, puede accionarse ante el juez de cualquiera de ellos, a prevenci\u00f3n del gestor. <\/p>\n
\u00ab(\u2026) como al demandante es a quien la ley lo faculta para escoger, dentro de los distintos fueros del factor territorial, la autoridad judicial que debe pronunciarse sobre un asunto determinado, suficientemente se tiene dicho que una vez elegido por aqu\u00e9l su juez natural, la competencia se torna en privativa, sin que el funcionario judicial pueda a su iniciativa eliminarla o variarla, a menos que el demandado fundadamente la objete mediante los mecanismos legales que sean procedentes\u00bb. (AC2738, 5 may. 2016, rad. 2016-00873-00). <\/p>\n
Empero, trat\u00e1ndose de asuntos suscitados, entre otros, que involucren un \u00abt\u00edtulo ejecutivo\u00bb, conforme al numeral tercero (3\u00ba) del precepto en comento, asimismo es competente el funcionario judicial del lugar de cumplimiento de la obligaci\u00f3n. Es decir, que \u00ab[e]n los procesos originados en un negocio jur\u00eddico o que involucren t\u00edtulos ejecutivos es tambi\u00e9n competente el juez del lugar de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones. La estipulaci\u00f3n de domicilio contractual para efectos judiciales se tendr\u00e1 por no escrita\u00bb (se subraya). <\/p>\n
Por supuesto, se destaca que es el demandante quien cuenta con el beneficio de escoger, entre esas posibilidades el fallador que debe pronunciarse sobre el asunto, sin que a este le sea posible alterar tal elecci\u00f3n. As\u00ed lo ha manifestado esta Sala, entendiendo que el interesado (a) con fundamento en actos jur\u00eddicos de \u00abalcance bilateral o en un t\u00edtulo ejecutivo tiene la opci\u00f3n de accionar, ad libitum, en uno u otro lugar, o sea, en el domicilio de la contraparte o donde el pacto objeto de discusi\u00f3n o t\u00edtulo de ejecuci\u00f3n deb\u00eda cumplirse; pero, ins\u00edstese, ello queda, en principio, a la determinaci\u00f3n expresa de su promotor\u00bb (AC4412, 13 jul. 2016, rad. 2016-01858-00, reiterado en AC4020, 24 sep. 2018, rad. 2018-02392-00). <\/p>\n
4. Ahora bien, de la revisi\u00f3n efectuada a las piezas procesales se observa la siguiente situaci\u00f3n: <\/p>\n
4.1. En primer orden, el caso sub judice versa sobre el cobro de una suma de dinero contenida en el auto proferido por el Tribunal de Arbitramento que fij\u00f3 honorarios, el cual presta m\u00e9rito ejecutivo de conformidad con lo establecido en el art\u00edculo 27 de la Ley 1563 de 2012. De manera que, es ostensible que concurren los fueros se\u00f1alados a efectos de determinar el juez competente para conocer la controversia. Por supuesto, el reclamante estaba legalmente facultado para presentar la demanda ante cualquiera de los jueces mencionados en los citados numerales 1\u00ba y 3\u00b0 del art\u00edculo 28 del estatuto adjetivo. <\/p>\n
4.2. En segundo t\u00e9rmino, se advierte que el escrito genitor est\u00e1 dirigido al \u00abJUEZ CIVIL MUNICIPAL DE MEDELL\u00cdN (REPARTO)\u00bb, en raz\u00f3n a que dicha autoridad es competente, \u00aben raz\u00f3n de la cuant\u00eda, de la naturaleza de este asunto y del cumplimiento de la obligaci\u00f3n\u00bb, seg\u00fan lo afirmado por la apoderada del demandante en el ac\u00e1pite de la competencia, tornando ambigua y poco clara la escogencia del \u00abjuez\u00bb. <\/p>\n
Asimismo, si pretendiera el gestor usar el \u00abfuero contractual\u00bb, se advierte que, de los medios de convicci\u00f3n obrantes en el expediente, no se evidencia el negocio causal del cual brota el t\u00edtulo ejecutivo exigido y las condiciones de la cl\u00e1usula compromisoria. En efecto, es a partir del contrato edificante que se establecen el lugar y las dem\u00e1s clausulas para la ejecuci\u00f3n de las diferentes obligaciones. <\/p>\n
Igualmente, tampoco es de recibo para esta Corporaci\u00f3n aplicar lo dispuesto en el art\u00edculo 625 del C\u00f3digo de Comercio como norma de funcionalidad supletiva, cuando en el \u00abt\u00edtulo valor\u00bb no se menciona el lugar para el cumplimiento de las obligaciones, porque ellos se rigen bajo el principio de la autonom\u00eda, de conformidad a lo establecido en el 619 ejusdem. <\/p>\n
4.3. En ese orden, no dimana certidumbre sobre la competencia que en este asunto pod\u00eda escoger a prevenci\u00f3n el gestor, en raz\u00f3n, a las manifestaciones surtidas en el escrito inicial y el lugar de radicaci\u00f3n de la acci\u00f3n. No obstante, sobre el punto discurrido, es constatable que el domicilio y lugar de notificaci\u00f3n del accionado, EPK KIDS SMART S.A.S, es la ciudad de Barranquilla6. <\/p>\n
4.4. Ahora bien, la tarea de esclarecer los supuestos f\u00e1cticos del referido criterio de asignaci\u00f3n debe realizarse en principio con base en las manifestaciones que sobre el particular (el domicilio de cualquiera de los demandados y el fuero a prevenci\u00f3n que prefiera el accionante) se hubieren consignado en la demanda. Al respecto, esta Corte ha precisado que: <\/p>\n
\u00ab(…) la informaci\u00f3n determinante de la asignaci\u00f3n del trabajo judicial se halla principalmente en la demanda y no en sus anexos, de suerte que deber\u00e1 estarse la autoridad judicial a las afirmaciones en ella contenidas, sin perjuicio de reconocer que si se presenta divergencia de criterios sobre ello, ser\u00e1 a trav\u00e9s de los medios ordinarios de defensa y de los mecanismos de saneamiento como deben las partes enfrentar esos asuntos\u00bb (CSJ AC5334-2014, 5 sep. 2014, 2014-01275-00 y CSJ AC3771-2017, 14 jun., entre otras). <\/p>\n
La anterior dicotom\u00eda, conlleva la invalidez del argumento utilizado por el fallador a quien le fue asignado inicialmente el asunto, pues ante la ausencia de certeza sobre la fijaci\u00f3n de la competencia del asunto, al concurrir varios fueros, es su deber requerir. Y, por consiguiente, inadmitir la demanda, con el fin de que el demandante aclare, ajuste y aporte, los elementos necesarios que permitan a su despacho dilucidar si el asunto es de su \u00f3rbita competencial. <\/p>\n
5. Por ende, deviene que el juzgador de Medell\u00edn rehus\u00f3 el conocimiento del expediente de manera prematura, al no contar con los elementos de juicio suficientes que permitieran esclarecer la situaci\u00f3n. As\u00ed lo ha aseverado esta Corporaci\u00f3n en casos similares, frente a los cuales se ha afirmado que <\/p>\n
\u00ab(…) el receptor no puede salirse de los elementos delimitantes expuestos expl\u00edcita o impl\u00edcitamente en la demanda; adem\u00e1s, de no estar clara su determinaci\u00f3n, est\u00e1 en la obligaci\u00f3n de requerir las precisiones necesarias para su esclarecimiento, de manera que se evite su repulsi\u00f3n sobre una base inexistente, propiciando un conflicto antes de tiempo\u00bb (CSJ AC1943-2019, 28 may.). <\/p>\n
Por su parte, en CSJ AC 17 mar. 1998, rad. 7041, citado en AC5991-2015 y AC216-2018, se dijo que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) si la ambigua redacci\u00f3n de la demanda le suscitaba alguna duda al respecto, debi\u00f3 reclamar del actor, previamente a adoptar decisiones apresuradas, las precisiones que fuesen del caso, pues no debe perderse de vista que el examen preliminar de la demanda tiene por finalidad, justamente, la correcci\u00f3n de las imprecisiones de esa especie, con miras a evitar dilaciones injustificadas en el tr\u00e1mite del proceso y el desaprovechamiento de la actividad jurisdiccional\u00bb. <\/p>\n
6. Acorde con lo expuesto, y con relaci\u00f3n a la manera precipitada en que actu\u00f3 el operador con asiento en Medell\u00edn, se ordenar\u00e1 remitir las presentes diligencias al despacho de marras, a fin de que proceda conforme a lo indicado en esta providencia. <\/p>\n
III. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO: Declarar que el conflicto de competencia planteado en este proceso es prematuro. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1\u0002Folio 73, archivo 01Demanda.pdf. Expediente digital <\/p>\n
2\u0002 Folio 77, ib\u00eddem. <\/p>\n
3\u0002 Folios 81-82, ib\u00eddem. <\/p>\n
4\u0002 Folio 2, Archivo 02JuzgadoTreceRechazaCompetencia.pdf. Expediente digital <\/p>\n
5\u0002 Folio 4, Archivo 05AutoPropone ConflictoCompetenciaFactorTerritorialR2020484. pdf. Expediente digital. <\/p>\n
6\u0002 Folio 41, 01Demanda.pdf. Certificado de Existencia y Representaci\u00f3n Legal expedido por la C\u00e1mara de Comercio de Barranquilla. Expediente digital <\/p>\n
<\/p>\n
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