AC5641-2021 (2021-03567-00)<\/p>\n
<\/p>\n
AC5641-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-03567-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintinueve (29) de noviembre de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Se decide el conflicto de competencia suscitado entre los juzgados civiles municipales, Veintiocho de Bogot\u00e1 y Segundo de Cartago, para conocer del juicio verbal de imposici\u00f3n de servidumbre promovido por el GRUPO ENERG\u00cdA BOGOT\u00c1 S.A \u2013 GEB S.A. ESP, frente al citado municipio del Valle del Cauca, Fanny Stella Puentes Londo\u00f1o, y los bancos, Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A.-BBVA S.A. y Agrario de Colombia S.A.-Banagrario S.A. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La sociedad actora solicit\u00f3 ante los jueces de la capital de la Rep\u00fablica, como pretensi\u00f3n principal, la autorizaci\u00f3n de una \u201cServidumbre Legal de Energ\u00eda El\u00e9ctrica con Ocupaci\u00f3n Permanente como cuerpo cierto con los derechos inherentes a ella\u201d, sobre el predio rural denominado \u201cFINCA EL MANDARINO\u201d, ubicado en la vereda \u201cVILLA RODAS\u201d del municipio de Obando, \u201cidentificado con la Matr\u00edcula Inmobiliaria No. 375-71525 de propiedad de la parte demandada\u201d. <\/p>\n
En el libelo inaugural, fij\u00f3 la competencia \u201cpor la ubicaci\u00f3n del inmueble y por la cuant\u00eda\u201d del mismo, estimada en \u201cCUARENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL PESOS ($47.237.000.)\u201d, conforme al prove\u00eddo (AC140-2020), y al numeral 10\u00ba del canon 28 del C\u00f3digo General del Proceso1. <\/p>\n
2. El Despacho Veintiocho Civil Municipal de la preanotada urbe distrital, a quien le fue asignado el asunto, tras admitirlo2, realiz\u00f3 \u201ccontrol de legalidad\u201d y se declar\u00f3 incompetente para continuar conociendo del tr\u00e1mite, al considerar que, en la empresa gestora y el demandado -municipio de Cartago, concurre la calidad de entes p\u00fablicos que hace necesario observar el foro s\u00e9ptimo establecido en el precepto 28 Ib\u00eddem, y en efecto, remitir las diligencias al juez administrativo dicha localidad del Valle del Cauca3. Decisi\u00f3n que posteriormente corrigi\u00f3, para as\u00ed enviar las actuaciones a los estrados civiles municipales del mismo destino4. <\/p>\n
3. Inconforme, la actora formul\u00f3 recurso de reposici\u00f3n y en subsidio de apelaci\u00f3n, tendiente a que el proceso permaneciera en la citada judicatura, y en todo caso, a que no fuera cambiada su naturaleza y jurisdicci\u00f3n5. Sin embargo, dichos mecanismos no tuvieron \u00e9xito, pues tras haber sido confirmada la decisi\u00f3n6, el superior rechaz\u00f3 de plano por improcedente la alzada concedida7. <\/p>\n
4. Por su parte, el estrado Segundo Civil Municipal de la circunscripci\u00f3n destinataria, tambi\u00e9n se abstuvo de proseguir la litis, y, en consecuencia, provoc\u00f3 la colisi\u00f3n negativa que ahora se resuelve, limit\u00e1ndose a manifestar, que de acuerdo al auto de unificaci\u00f3n (AC140-2020), lo pertinente es atender el factor subjetivo, por cuanto el Grupo de Energ\u00eda de Bogot\u00e1 S.A. ESP, \u201ctiene una participaci\u00f3n estatal como m\u00ednimo del 51%\u201d, y su domicilio es la capital que da origen a su raz\u00f3n social8. <\/p>\n
5. Planteada as\u00ed la controversia, llegaron las actuaciones a la Corte. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico <\/p>\n
Determinar el juez civil competente para conocer del mentado proceso verbal de imposici\u00f3n de servidumbre, en el que se discute cu\u00e1l de los dos foros privativos que convergen al caso se debe aplicar, esto es, si el s\u00e9ptimo o el d\u00e9cimo, previstos en el art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, ello teniendo en cuenta que los extremos procesales est\u00e1n integrados por personas jur\u00eddicas de naturaleza p\u00fablica con domicilios diferentes. <\/p>\n
2. Facultad de la Corte para decidir el conflicto <\/p>\n
Como la divergencia para avocar el conocimiento del debate se trab\u00f3 entre los estrados de diferente distrito judicial, le corresponde a la Corte dirimirla como superior funcional de aquellos, a trav\u00e9s del Magistrado Sustanciador, como establecen los art\u00edculos 35 y 139 del C\u00f3digo General del Proceso y16 de la Ley 270 de 1996, este \u00faltimo modificado por el s\u00e9ptimo de la 1285 de 2009. <\/p>\n
3. Factores y prevalencia entre foros privativos cuando una de las partes es una persona jur\u00eddica de derecho p\u00fablico <\/p>\n
Estos determinan el operador judicial a quien el ordenamiento atribuye el conocimiento de una controversia en particular, raz\u00f3n por la cual, al asumirla o repelerla, el administrador de justicia tiene la carga de orientar su resoluci\u00f3n con fundamento en las disposiciones del C\u00f3digo General del Proceso, en particular las contenidas en el Cap\u00edtulo I, T\u00edtulo I, Secci\u00f3n Primera, Libro Primero, a la luz de lo manifestado por el demandante y las pruebas aportadas. <\/p>\n
De conformidad con el numeral s\u00e9ptimo del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, \u201cen los procesos en que se ejerciten derechos reales, en los divisorios, de deslinde y amojonamiento, expropiaci\u00f3n, servidumbres, posesorios de cualquier naturaleza\u2026 ser\u00e1 competente de modo privativo, el juez del lugar donde est\u00e9n ubicados los bienes, y si se hallan en distinta circunscripciones territoriales, el de cualquiera de ellas a elecci\u00f3n del demandante\u201d. (Negrilla fuera del texto original). <\/p>\n
No obstante, el numeral d\u00e9cimo de la misma norma, indica que \u201cen los procesos contenciosos en que sea parte una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad p\u00fablica, conocer\u00e1 en forma privativa el juez del domicilio de la respectiva entidad\u2026 Cuando la parte est\u00e9 conformada por una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad p\u00fablica y cualquier otro sujeto, prevalecer\u00e1 el fuero territorial de aquellas\u201d. <\/p>\n
De ah\u00ed que, cumple precisar que el estatuto procesal asign\u00f3 en ambos numerales una asignaci\u00f3n territorial privativa, el primero de tales, en raz\u00f3n de un fuero o foro real, en \u201cel lugar donde est\u00e9n ubicados los bienes\u201d, y el segundo en virtud de la calidad del sujeto, \u201cpor el domicilio de la entidad\u201d. <\/p>\n
En cuanto a la competencia privativa o \u00fanica como se conoce en la doctrina, consiste en que de la multiplicidad de jueces que existe dentro de la jurisdicci\u00f3n ordinaria solo uno de ellos puede conocer v\u00e1lidamente del asunto y llevarlo a feliz t\u00e9rmino, atribuci\u00f3n especial que se enlista en la norma procesal y que se enmarca como una excepci\u00f3n a la regla general para determinar la facultad decisoria por raz\u00f3n del territorio, esto es, el domicilio del demandado. <\/p>\n
Se desprende de lo anterior que, cuando se presenta una colisi\u00f3n de competencia entre dos fueros privativos como la que ahora concierne la atenci\u00f3n de la Sala, no es del resorte del actor elegir el lugar donde presentar el libelo genitor, sino que es la ley la que se\u00f1ala cu\u00e1l de los dos prevalece, pues, el art\u00edculo 29 ejusdem, precept\u00faa que \u201ces prevalente la competencia establecida en consideraci\u00f3n a la calidad de las partes\u2026 Las reglas de competencia por raz\u00f3n del territorio se subordinan a las establecidas por la materia y por el valor\u201d9. <\/p>\n
Ahora bien, cuando solo una de las partes detenta la estirpe de entidad p\u00fablica, no podr\u00eda resultar de recibo la tesis que ve una prerrogativa a favor de esta, en lo previsto en el numeral d\u00e9cimo del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, de la cual puede a voluntad hacer o no ejercicio, dado que la literalidad del texto, inequ\u00edvocamente, establece de forma imperativa una regla privativa, cuya observancia es insoslayable, adem\u00e1s, por estar inserta en un canon de orden p\u00fablico. <\/p>\n
Recu\u00e9rdese, en ese sentido, el precepto 13 de la ley de enjuiciamiento citada, a cuyo tenor, \u201c[l]as normas procesales son de orden p\u00fablico y, por consiguiente, de obligatorio cumplimiento, y en ning\u00fan caso podr\u00e1n ser derogadas, modificadas o sustituidas por los funcionarios o particulares, salvo autorizaci\u00f3n expresa de la ley\u201d. <\/p>\n
Tampoco ser\u00eda viable sostener ese otro criterio que privilegia el foro real (28-7) sobre el contemplado por el legislador en raz\u00f3n de la naturaleza de la persona jur\u00eddica de derecho p\u00fablico (28-10), dado que ser\u00eda ignorar esta \u00faltima regla, prevista por el legislador para, precisamente, solucionar los casos en los que debe determinarse qu\u00e9 factor o fuero aplicar a un caso concreto. <\/p>\n
Y es que el art\u00edculo 29 del C\u00f3digo General del Proceso, sin excluir en manera alguna las controversias que lleguen a suscitarse dentro del fuero territorial, se\u00f1al\u00f3 con contundencia, que \u201c[e]s prevalente la competencia establecida en consideraci\u00f3n a la calidad de las partes\u201d sobre cualquier otra, y ello cobija, naturalmente, la disposici\u00f3n del mencionado numeral d\u00e9cimo del art\u00edculo 28 ib\u00eddem, que por mandato del legislador y en raz\u00f3n de su margen de libertad de configuraci\u00f3n normativa se determin\u00f3 prevalente sobre las dem\u00e1s. <\/p>\n
Por tanto, trat\u00e1ndose de los procesos en los que se ejercen derechos reales o en los espec\u00edficos que se\u00f1ala el numeral s\u00e9ptimo del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, como el de servidumbre, prima facie opera el factor territorial correspondiente al lugar de ubicaci\u00f3n del bien; sin embargo, si en dicho litigio, es una entidad p\u00fablica la que obra como parte, el fuero privativo ser\u00e1 el del domicilio de \u00e9sta, debido a que la ley lo determina como prevalente. <\/p>\n
4. Criterio de Unificaci\u00f3n de la Jurisprudencia <\/p>\n
La Sala con el prop\u00f3sito de dirimir discusiones semejantes a la presente, en auto de unificaci\u00f3n de la jurisprudencia de 24 de enero de 2020 (AC140-2020), constituido en gu\u00eda indiscutible para la soluci\u00f3n de este asunto y de todos los dem\u00e1s que en lo sucesivo se presenten, estim\u00f3 que, <\/p>\n
\u201cComo se anot\u00f3 anteriormente, en las controversias donde concurran los dos fueros privativos enmarcados en los numerales 7\u00ba y 10\u00ba del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, como el que se presenta cuando una entidad p\u00fablica pretende imponer una servidumbre de conducci\u00f3n de energ\u00eda el\u00e9ctrica sobre un fundo privado, surge el siguiente interrogante: \u00bfCu\u00e1l de las dos reglas de distribuci\u00f3n es prevalente? Para resolver dicho cuestionamiento, el legislador consign\u00f3 una regla especial en el canon 29 ib\u00eddem, el cual precept\u00faa que \u201c[e]s prevalente la competencia establecida en consideraci\u00f3n a la calidad de las partes\u2026 Las reglas de competencia por raz\u00f3n del territorio se subordinan a las establecidas por la materia y por el valor\u201d. En virtud de las pautas interpretativas previstas en los art\u00edculos 27 y 28 del C\u00f3digo Civil, que aluden en su orden a que, \u201c[c]uando el sentido de la ley sea claro, no se desatender\u00e1 su tenor literal a pretexto de consultar su esp\u00edritu\u201d, y \u201c[l]as palabras de la ley se entender\u00e1n en su sentido natural y obvio, seg\u00fan el uso general de las mismas palabras; pero cuando el legislador las haya definido expresamente para ciertas materias, se les dar\u00e1 en \u00e9stas su significado legal\u201d; es dable afirmar, con contundencia, que con dicha regla lo que quiso el legislador fue dar prevalencia al factor subjetivo sobre cualquier otro, con independencia de donde se halle previsto, al expresar que la competencia \u201cen consideraci\u00f3n a la calidad de las partes\u201d prima, y ello cobija, como se explic\u00f3 en precedencia, la disposici\u00f3n del mencionado numeral 10\u00ba del art\u00edculo 28 del C.G.P. La justificaci\u00f3n procesal de esa prelaci\u00f3n muy seguramente viene dada por el orden del grado de lesi\u00f3n a la validez del proceso que consultan cada uno de esos factores de competencia, ya que para este nuevo C\u00f3digo es m\u00e1s gravosa la anulabilidad por el factor subjetivo que por el objetivo y territorial, pues, como se anticip\u00f3, hizo improrrogable, exclusivamente, la competencia por aqu\u00e9l factor y por el funcional (Art. 16). En ese sentido, ante situaciones como la que se analiza, debe aplicarse la pauta de atribuci\u00f3n legal privativa que merece mayor estimaci\u00f3n legal, esto es, la que refiere al juez del domicilio de la entidad p\u00fablica, por cuanto la misma encuentra cimiento en la especial consideraci\u00f3n de la naturaleza jur\u00eddica del sujeto de derecho en cuyo favor se ha establecido, regla subjetiva que, en la actualidad, est\u00e1 enlazada con una de car\u00e1cter territorial. Por tanto, no es pertinente afirmar que el inciso primero del aludido precepto 29 se refiere exclusivamente a colisiones que se susciten entre factores de competencia, en el caso, el subjetivo y territorial, no respecto de los foros o fueros previstos en este \u00faltimo, toda vez que el legislador, dentro de su margen de libertad de configuraci\u00f3n normativa, no excluy\u00f3 en manera alguna las controversias que lleguen a suscitarse dentro del mismo u otro, a m\u00e1s que ello desconoce c\u00f3mo el factor subjetivo est\u00e1 presente en distintas disposiciones procesales, seg\u00fan se dej\u00f3 clarificado en el anterior ac\u00e1pite. De ah\u00ed que, trat\u00e1ndose de los procesos en los que se ejercen derechos reales, prima facie, opera el factor territorial correspondiente al lugar de ubicaci\u00f3n del bien; sin embargo, si en dicho litigio, es una entidad p\u00fablica la que obra como parte, el fuero privativo ser\u00e1 el del domicilio de \u00e9sta, debido a que la ley lo determina como prevalente. Por ello es que se ha dicho, en un sinn\u00famero de oportunidades, que \u201cen las controversias donde concurran los dos fueros privativos antes citados, prevalecer\u00e1 el segundo de ellos, es decir el personal, esto es, el del domicilio de la entidad p\u00fablica, por expresa disposici\u00f3n legal\u201d (AC4272-2018), as\u00ed como tambi\u00e9n que \u201cen esta clase de disyuntivas, la pauta de atribuci\u00f3n legal privativa aplicable, dada su mayor estimaci\u00f3n legal, es la que se refiere al juez de domicilio de la entidad p\u00fablica, por cuanto la misma encuentra cimiento en la especial consideraci\u00f3n a la naturaleza jur\u00eddica del sujeto de derecho en cuyo favor se ha establecido\u201d (AC4798-2018). <\/p>\n
5. El caso concreto <\/p>\n
Revisado el certificado de existencia y representaci\u00f3n legal aportado con el pliego inicial y la informaci\u00f3n publicada en internet, se observa que la precursora del litigio es una empresa de servicios p\u00fablicos, constituida como sociedad por acciones con aportes estatales y de capital privado, de car\u00e1cter u orden Distrital, en que el Estado posee por lo menos el cincuenta y uno por ciento (51%) del capital social, de conformidad con el Acuerdo 001 de 1996 del Concejo de Bogot\u00e1, elementos que indican, sin lugar a dudas, su naturaleza p\u00fablica, y tambi\u00e9n, que su domicilio es la capital de la Rep\u00fablica10. <\/p>\n
Sin embargo, tal caracter no es ajeno al extremo pasivo del pleito, al punto que, por un lado, el municipio de Cartago, hace parte de la divisi\u00f3n pol\u00edtico-administrativa del Estado, concretada en su reconocida condici\u00f3n de ente territorial, de donde se desprende un estatus p\u00fablico, y en suma, que su jurisdicci\u00f3n es l\u00f3gicamente, su asiento principal; y de otra parte, que Banagrario S.A., tambi\u00e9n comporta esa categor\u00eda, por ser una sociedad de econom\u00eda mixta del orden nacional, sujeta al R\u00e9gimen Industrial y Comercial del Estado, vinculada al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, cuyo domicilio es la capital de la Rep\u00fablica11; lo que traduce, di\u00e1fanamente, que ambos accionados, al igual que a la sociedad promotora de la controversia, son subsumibles en la regla d\u00e9cima del canon 28 referido. <\/p>\n
As\u00ed entonces, dado que en los beneficios de la preanotada pauta de asignaci\u00f3n privativa, concurren entes p\u00fablicos con vecindades diferentes, y que no existe un criterio legal que privilegie uno u otro, lo pertinente para solucionarlo, es abstraer de la discusi\u00f3n el foro subjetivo, y en su lugar, aplicar el fuero territorial s\u00e9ptimo de la precitada previsi\u00f3n 28, comoquiera que el de servidumbre es uno de los procesos all\u00ed enunciados por comprender el ejercicio de un derecho real, circunstancia que conlleva a determinar que, a quien le asiste la aptitud legal para administrar justicia, es al juzgador de Obando, por ser el sitio donde se halla el bien a gravar. <\/p>\n
En un asunto de contorno similar, esta Corte sostuvo, que: <\/p>\n
\u201cEn asuntos como el sub examine donde, iterase, est\u00e1n contrapuestas dos o m\u00e1s entidades de naturaleza p\u00fablica o semip\u00fablica, no es de aplicaci\u00f3n lo consignado en el aludido precepto, porque en rigor de verdad nada dice acerca de ello, debiendo entonces, a fin de determinar la competencia por el factor territorial, acudirse a las reglas generales estatuidas en el art\u00edculo 28 del Estatuto Adjetivo. (\u2026) 2.4. Puestas las cosas de esta manera, deviene palmario que la norma llamada a fijar la competencia en materia del territorio es la prevista en el numeral 7\u00ba del precepto 28, ib\u00eddem, que atribuye el conocimiento al juez del sitio de ubicaci\u00f3n del inmueble materia de la servidumbre. (\u2026) Cuanto se ha dicho no desconoce, de ning\u00fan modo, las directrices fijadas por la Sala mayoritaria en el auto de unificaci\u00f3n de jurisprudencia AC140, de 24 de enero de 2020, porque el supuesto de ahora es enteramente distinto al ventilado en aquella oportunidad. N\u00f3tese que all\u00ed no concurr\u00edan, en ambos extremos procesales, entidades de las relacionadas en la regla 10\u00aa del art\u00edculo 28 del Estatuto Adjetivo\u201d (CSJ, AC417-2020). <\/p>\n
6. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
En definitiva, como en la contienda es inviable atender el factor subjetivo prevalente, lo pertinente es adoptar el foro real, y con vista en la cuant\u00eda del asunto, enviar el expediente al Despacho Promiscuo Municipal de Obando, pues aunque no hizo parte de la pugna atribucional, es la autoridad de la jurisdicci\u00f3n donde se ubica el fundo procurado en servidumbre. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, RESUELVE el conflicto de atribuci\u00f3n surgido entre los Juzgados mencionados, determinando que al Despacho Promiscuo Municipal de Obando, ajeno a la colisi\u00f3n, le compete conocer el juicio verbal de constituci\u00f3n de servidumbre promovido por el GRUPO ENERG\u00cdA BOGOT\u00c1 S.A \u2013 GEB S.A. ESP, frente al municipio de Cartago, Fanny Stella Puentes Londo\u00f1o, y los bancos, Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A.-BBVA S.A. y Agrario de Colombia S.A.-Banagrario S.A. <\/p>\n
Rem\u00edtase el expediente a dicha oficina y mediante oficio inf\u00f3rmese de tal situaci\u00f3n a las autoridades involucradas. <\/p>\n
Notif\u00edquese; <\/p>\n
ALVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado. <\/p>\n
1\u0002 C. 002. Escrito Demanda. Expediente Digital. <\/p>\n
2\u0002 C. 004. Auto Admite Demanda (10 de septiembre de 2020). <\/p>\n
3\u0002 C.008. Control Legalidad (Rechaza demanda). <\/p>\n
4\u0002 C.011. Corrige Auto. <\/p>\n
5\u0002 C.009. Recurso Reposici\u00f3n. <\/p>\n
7\u0002 C.018. Rechaz\u00f3 Apelaci\u00f3n. <\/p>\n
8\u0002 C.0027. Conflicto De Competencia. <\/p>\n
9\u0002 Criterio reiterado en CSJ AC 4273-2018 y en CSJ AC 4641 de 2019. <\/p>\n
10\u0002 Referencia, estatutos sociales del Grupo Energ\u00eda Bogot\u00e1 S.A. E.S.P., Cap\u00edtulo I, par\u00e1grafo, art\u00edculo 2. Documento de p\u00fablico acceso. <\/p>\n
11\u0002 Art. 233 del Estatuto Org\u00e1nico del Sistema Financiero, y Estatuto Sociales. <\/p>\n
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