AC5642-2021 (2021-04135-00)<\/p>\n
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AC5642-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-04135-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintinueve (29) de noviembre de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Se decide el conflicto de competencia suscitado entre el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Yopal y su Hom\u00f3logo Tercero de Sogamoso, para conocer del juicio ejecutivo promovido por el INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE -IFC, frente a FREDDY GIOVANY URRUTIA HERRERA. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El instituto precursor del litigio solicit\u00f3 a la jurisdicci\u00f3n librar mandamiento de pago a su favor y en contra del citado a juicio, en virtud de las obligaciones estipuladas en el contrato \u201cCONTRATO DE COMPRAVENTA DE MADERA EN PIE No. 175 de 2019\u201d, presuntamente incumplido. <\/p>\n
En el pliego inicial, fij\u00f3 la competencia en los juzgadores de Yopal, por ser el lugar pactado para la satisfacci\u00f3n de las obligaciones y en virtud de la cuant\u00eda que estim\u00f3 en \u201cDOSCIENTOS DIECINUEVE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS ($219.600.000)\u201d1. <\/p>\n
2. Surtido el reparto, la demanda fue asignada al Despacho Segundo Civil del Circuito de la prenombrada municipalidad, quien tras rechazarla, la remiti\u00f3 por competencia a sus similares de Sogamoso, al considerar que all\u00ed se ubica el asiento principal del convocado, y que el domicilio contractual debe tenerse por no escrito2. <\/p>\n
3. A su vez, el estrado Tercero de la precitada \u00e1rea y categor\u00eda situado en la circunscripci\u00f3n de destino, propuso la colisi\u00f3n negativa que ahora se desata, luego de se\u00f1alar que la atribuci\u00f3n debe asumirla la judicatura primigenia, en virtud del factor subjetivo de que trata el \u00edtem d\u00e9cimo contemplado en el canon 28 del C\u00f3digo General del Proceso, dado que all\u00ed converge el asiento principal del acreedor, quien ostenta la calidad de ente p\u00fablico3. <\/p>\n
4. Planteada as\u00ed la controversia, llegaron las diligencias a la Corte. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico <\/p>\n
Determinar el juez civil competente para conocer de la mencionada demanda ejecutiva, respecto de la cual, los funcionarios concernidos discuten qu\u00e9 foro aplicar, si el negocial a que alude el numeral tercero, o si lo pertinente es atender el fuero prevalente inserto en el \u00edtem d\u00e9cimo, ambos previstos en el precepto 28 del compendio adjetivo vigente. <\/p>\n
2. Facultad de la Corte para decidir el conflicto <\/p>\n
Como la divergencia para avocar el conocimiento del debate se trab\u00f3 entre estrados de diferente distrito judicial, le corresponde a la Corte dirimirla como superior funcional de aquellos, a trav\u00e9s del Magistrado Sustanciador, como establecen los art\u00edculos 35 y 139 del C\u00f3digo General del Proceso y16 de la Ley 270 de 1996, este \u00faltimo modificado por el s\u00e9ptimo de la 1285 de 2009. <\/p>\n
3. Factores y prevalencia entre foros <\/p>\n
Estos disponen el operador judicial a quien el ordenamiento atribuye el conocimiento de una controversia en particular, raz\u00f3n por la cual, al asumirla o repelerla, el administrador de justicia tiene la carga de orientar su resoluci\u00f3n con fundamento en las disposiciones del C\u00f3digo General del Proceso, en particular las contenidas en el Cap\u00edtulo I, T\u00edtulo I, Secci\u00f3n Primera, Libro Primero, a la luz de lo manifestado por el demandante y las pruebas aportadas. <\/p>\n
Trat\u00e1ndose del factor territorial, la regla general es la contenida en el numeral primero del art\u00edculo 28 del precitado compendio, que adscribe la asignaci\u00f3n de los procesos contenciosos al juez del domicilio del demandado. <\/p>\n
De forma concurrente, la competencia se atribuye tambi\u00e9n al juzgador del lugar de cumplimiento de las obligaciones, cuando se est\u00e1 en presencia de procesos originados en un negocio jur\u00eddico o en un t\u00edtulo ejecutivo, tal como lo indica la pauta tercera del citado precepto. <\/p>\n
La asignaci\u00f3n privativa o \u00fanica como se conoce en la doctrina, consiste en que de la multiplicidad de jueces que existe dentro de la jurisdicci\u00f3n ordinaria, solo uno de ellos puede conocer v\u00e1lidamente del asunto y llevarlo a feliz t\u00e9rmino, competencia especial que se enlista en la norma procesal y que se enmarca como una excepci\u00f3n a la regla general para determinar la facultad decisoria por raz\u00f3n del territorio, esto es, el domicilio del demandado. <\/p>\n
Y es que el art\u00edculo 29 del C\u00f3digo General del Proceso, sin excluir en manera alguna las controversias que lleguen a suscitarse dentro del fuero territorial, se\u00f1al\u00f3 con contundencia, que \u201c[e]s prevalente la competencia establecida en consideraci\u00f3n a la calidad de las partes\u201d sobre cualquier otra, y ello alude, naturalmente, a la disposici\u00f3n del mencionado \u00edtem d\u00e9cimo del art\u00edculo 28 ejusdem, que por mandato del legislador y en raz\u00f3n de su margen de libertad de configuraci\u00f3n normativa se determin\u00f3 prevalente sobre las dem\u00e1s. <\/p>\n
De ah\u00ed que, en principio, en un proceso que involucre t\u00edtulos ejecutivos, nada obsta para que el ejecutante opte por fincar la competencia, ya sea en el funcionario del domicilio del demandado o en el lugar del cumplimiento de cualquiera de las prestaciones; ello por tratarse de foros concurrentes por elecci\u00f3n; sin embargo, si en dicho litigio, es una entidad p\u00fablica la que obra como parte, el fuero privativo ser\u00e1 el del domicilio de \u00e9sta, debido a que la ley lo determina como prevalente. <\/p>\n
Por tanto, no puede resultar de recibo la tesis que ve en lo previsto en la regla d\u00e9cima del art\u00edculo 28 del actual estatuto de enjuiciamiento civil, una prerrogativa en favor de la entidad p\u00fablica, de la cual puede a voluntad hacer o no ejercicio, dado que la literalidad del texto, inequ\u00edvocamente, establece de forma imperativa una pauta privativa, cuya observancia es insoslayable, adem\u00e1s, por estar inserta en un canon de orden p\u00fablico. <\/p>\n
Al respecto la Sala en el AC140-2020 (auto de unificaci\u00f3n), se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
\u201cEn virtud de lo expuesto hasta ahora y de la condici\u00f3n de imperativa de las normas procesales por ser de orden p\u00fablico (Art. 13, C.G.P.), surge una \u00faltima consecuencia, no menos importante, el car\u00e1cter de irrenunciable de las reglas de competencia establecidas en raz\u00f3n de los aludidos foros, en tanto que, como ya se dijo, no pueden ser desconocidas ni por el juez ni por las partes, motivo por el cual no puede interpretarse que el no acudir a ellas significa una renuncia t\u00e1cita a la prerrogativa que confieren, como lo ser\u00eda, en este caso, la ventaja otorgada a las entidades p\u00fablicas en el evento previsto en el numeral 10\u00ba del art\u00edculo 28 del citado estatuto. (\u2026) En tal sentido, no puede afirmarse que si un \u00f3rgano, instituci\u00f3n o dependencia de la mencionada calidad radica una demanda en un lugar distinto al de su domicilio, est\u00e1 renunciando autom\u00e1ticamente a la prebenda procesal establecida en la ley adjetiva civil a su favor, pues, como se ha reiterado, no le es autorizado disponer de ella, comoquiera que la competencia ya le viene dada en forma privativa y prevalente a un determinado juez, esto es, el de su domicilio; de ah\u00ed que, no puede renunciar a ella. Por ello es que se ha dicho, con profusa insistencia, que \u201cNo puede resultar de recibo la tesis que ve en lo previsto en el numeral 10\u00ba del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, una prerrogativa en favor de la entidad p\u00fablica, de la cual puede a voluntad hacer o no ejercicio, dado que la literalidad del texto, inequ\u00edvocamente, establece de forma imperativa una regla privativa, cuya observancia es insoslayable, adem\u00e1s, por estar inserta en un canon de orden p\u00fablico. Recu\u00e9rdese, en ese sentido, el precepto 13 de la Ley 1564 de 2012, a cuyo tenor, \u2018[l]as normas procesales son de orden p\u00fablico y, por consiguiente, de obligatorio cumplimiento, y en ning\u00fan caso podr\u00e1n ser derogadas, modificadas o sustituidas por los funcionarios o particulares, salvo autorizaci\u00f3n legal\u2019\u201d (CSJ AC4273-2018). (Subrayado fuera de texto). <\/p>\n
4. El caso concreto <\/p>\n
Verificado el Decreto No. 00073 de 30 de mayo 20024, allegado con la demanda, por medio del cual fue reestructurado el Fondo para el Desarrollo de Casanare, para darle paso al Instituto Financiero de Casanare, se advierte que este \u00faltimo es una \u201cempresa comercial y de gesti\u00f3n econ\u00f3mica (\u2026) vinculada a la Secretar\u00eda de Desarrollo Econ\u00f3mico\u201d del referido ente territorial, cuyo asiento principal es su jurisdicci\u00f3n, y se consolida en Yopal; elementos que conllevan, sin lugar a dudas, a subsumirlo en uno de los sujetos a que alude el numeral d\u00e9cimo del mentado canon 28, y a la consecuente aplicaci\u00f3n del mismo. <\/p>\n
Se vislumbra adem\u00e1s, que en la cl\u00e1usula vig\u00e9simo primera del documento base de la ejecuci\u00f3n, se estipul\u00f3 que para \u201ctodos los efectos se tiene como el domicilio la ciudad de Yopal\u201d5, lo que abarca de manera gen\u00e9rica el sitio de satisfacci\u00f3n de las obligaciones contractuales, y permite inferir, que fue all\u00ed donde se surtieron los pagos parciales que en la demanda manifest\u00f3 haber recibido la acreedora. <\/p>\n
Bajo el panorama expuesto, es indudable que el conocimiento de la acci\u00f3n compulsiva, debe avocarlo el juzgador de Yopal, en armon\u00eda con el pluricitado fuero d\u00e9cimo, por cuanto es la autoridad de la plaza cardinal del ejecutante, quien, como se dilucid\u00f3, es un instituto de linaje p\u00fablico; y en suma, porque aun cuando no mediara tal pauta de asignaci\u00f3n, el foro negocial evocado en la demanda conducir\u00eda las actuaciones hacia el mismo funcionario, si se tiene en cuenta la informaci\u00f3n plasmada en el contrato presuntamente incumplido. <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
Se atender\u00e1 la directriz d\u00e9cima establecida en el canon 28 del compendio adjetivo civil, en simetr\u00eda con las previsiones 13 y 29 ejusdem, comoquiera que del promotor de la ejecuci\u00f3n subyacen garant\u00edas prevalentes propias de una persona jur\u00eddica de derecho p\u00fablico, que en el particular sit\u00faa su asiento cardinal en Yopal. <\/p>\n
De contera, se informar\u00e1 de esta decisi\u00f3n a la otra autoridad concernida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, RESUELVE el conflicto de atribuci\u00f3n surgido entre los Juzgados mencionados, determinando que al Segundo Civil del Circuito de Yopal, le compete conocer del juicio ejecutivo singular promovido por INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE -IFC, frente a FREDDY GIOVANY URRUTIA HERRERA. <\/p>\n
En consecuencia, rem\u00edtase el expediente a dicha autoridad, y mediante oficio comun\u00edquese de esta determinaci\u00f3n a la otra involucrada. <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
. <\/p>\n
1\u0002 C.03. Eje Demanda. <\/p>\n
2\u0002 Actuaci\u00f3n Juzgado Yopal. C. 04. Rechaza Competencia. <\/p>\n
3\u0002 C.05. Propone conflicto negativo de competencia. <\/p>\n
4\u0002 Fls. 16 a 19 (pdf) del C. Eje demanda. <\/p>\n
5 <\/p>\n
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