AC5697-2021 (2021-03454-00)<\/p>\n
<\/p>\n
AC5697-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2021-03454-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., treinta (30) de noviembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte el recurso de queja formulado por el demandante frente al auto de 28 de junio de 2021, con el que se deneg\u00f3 la concesi\u00f3n del recurso extraordinario de casaci\u00f3n que interpuso contra la sentencia de 21 de mayo del mismo a\u00f1o, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 en el proceso declarativo adelantado por el doctor Edgardo Villamil Portilla contra Campo El\u00edas Corredor S\u00e1nchez y personas indeterminadas. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El actor pidi\u00f3 que se declarara que adquiri\u00f3, por el modo originario de la prescripci\u00f3n ordinaria, el derecho de dominio del inmueble al que le corresponde el folio de matr\u00edcula n.\u00ba 50C-1152174, ubicado en la ciudad de Bogot\u00e1. <\/p>\n
2. En la providencia recurrida, el tribunal confirm\u00f3 el fallo desestimatorio de primera instancia. Contra esa decisi\u00f3n, el demandante interpuso el recurso de casaci\u00f3n, arrimando junto con su escrito de impugnaci\u00f3n un dictamen pericial, que arroj\u00f3 como aval\u00fao de la heredad en disputa la suma de $1.010.741.000. Asimismo, indic\u00f3 que el valor catastral de dicho fundo, incrementado en un 50%, conforme lo dispone el art\u00edculo 444 del C\u00f3digo General del Proceso, tambi\u00e9n permitir\u00eda superar la cota m\u00ednima prevista en el art\u00edculo 338 ejusdem. <\/p>\n
3. Mediante auto de 28 de junio de 2021, el tribunal deneg\u00f3 la concesi\u00f3n del referido remedio, tras establecer que la experticia aportada no merec\u00eda credibilidad, dado que: (i) descart\u00f3 \u00abel valor del predio obtenido a trav\u00e9s del m\u00e9todo de mercado\u00bb; (ii) emple\u00f3 el \u00abm\u00e9todo residual\u00bb para calcular \u00fanicamente el valor comercial del terreno, sin reparar en que \u00abla normativa aplicable (art. 14 de la Resoluci\u00f3n No. 620 de 2008 del IGAC) establece que el \u201cvalor resultante de esta t\u00e9cnica [m\u00e9todo residual] es el valor total del inmueble, es decir, del valor del terreno y del valor de la construcci\u00f3n sobre \u00e9l edificada\u00bb; (iii) tas\u00f3 por separado los valores del lote y de la construcci\u00f3n que all\u00ed se levanta, perdiendo de vista las reglas que contempla el art\u00edculo 14 de la Resoluci\u00f3n 620 de 2008 del IGAC; y (iv) privilegi\u00f3 el \u00abm\u00e9todo de reposici\u00f3n, a pesar de que la normativa establece que \u201c[e]ste m\u00e9todo se debe usar en caso de que el bien objeto de aval\u00fao no cuente con bienes comparables por su naturaleza\u201d\u00bb, hip\u00f3tesis ajena al presente evento. <\/p>\n
A lo expuesto agreg\u00f3 que no era viable acudir a la metodolog\u00eda supletoria de tasaci\u00f3n del inter\u00e9s para recurrir en casaci\u00f3n que sugiri\u00f3 la parte demandante, porque \u00ablos aval\u00faos catastrales obrantes en el expediente (…) no constituyen elemento de convencimiento que sirva a efectos de justipreciar la afectaci\u00f3n del demandante, que lo habilite para acudir a dicha impugnaci\u00f3n extraordinaria\u00bb. <\/p>\n
4. El doctor Villamil Portilla formul\u00f3 reposici\u00f3n y en subsidio queja, arguyendo que \u00abla labor interpretativa del tribunal fue desbordada, pues indag\u00f3 exhaustivamente la experticia aportada para acreditar el valor del inter\u00e9s econ\u00f3mico para recurrir, tareas propias de la parte demandada a quien la ley reserv\u00f3 especialmente la facultad de contradicci\u00f3n del dictamen pericial\u00bb, y que \u00abla parte recurrente qued\u00f3 hu\u00e9rfana en la posibilidad de controvertir id\u00f3neamente lo dicho por el fallador en la providencia\u00bb. <\/p>\n
A ello agreg\u00f3 que el ingeniero William Robledo, a quien se confi\u00f3 la elaboraci\u00f3n de la cuestionada pericia, \u00abdiscrepa de las apreciaciones del Honorable Tribunal\u00bb, con fundamento en explicaciones t\u00e9cnicas que transcribi\u00f3, a espacio, en su memorial, y que las previsiones del citado art\u00edculo 444 del estatuto procesal civil pueden aplicarse a este asunto, \u00abpues aunque la norma se ubique en el T\u00edtulo \u00danico de los procesos ejecutivos, ello no impide su aplicaci\u00f3n por analog\u00eda\u00bb. <\/p>\n
5. Como en sede de reposici\u00f3n se mantuvo el auto impugnado, se remitieron copias de lo actuado a esta Colegiatura, para que se surtiera la queja. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Aptitud legal para el pronunciamiento. <\/p>\n
Compete a la Corte definir el presente asunto mediante providencia proferida por el Magistrado Sustanciador, seg\u00fan lo dispuesto en los art\u00edculos 30, numeral 3, y 35 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
2. Procedencia del recurso extraordinario de casaci\u00f3n. <\/p>\n
En virtud de la naturaleza extraordinaria y restringida del recurso de casaci\u00f3n, su procedencia se halla condicionada a la satisfacci\u00f3n de diversos requisitos, expresamente establecidos en la ley. Al respecto, el art\u00edculo 334 del C\u00f3digo General del Proceso prev\u00e9 que el aludido medio de impugnaci\u00f3n \u00ab(\u2026) procede contra las siguientes sentencias, cuando son proferidas por los tribunales superiores en segunda instancia: 1) Las dictadas en toda clase de procesos declarativos; 2) Las dictadas en las acciones de grupo cuya competencia corresponda a la jurisdicci\u00f3n ordinaria; 3) Las dictadas para liquidar una condena en concreto\u00bb. No todas las providencias judiciales son susceptibles de ser atacadas por esta v\u00eda, sino solo aqu\u00e9llas expresamente previstas por el legislador, en consideraci\u00f3n a la naturaleza del asunto debatido y, en determinados supuestos, a la cuant\u00eda actual del agravio denunciado por el impugnante. <\/p>\n
De otro lado, conviene precisar que el C\u00f3digo General del Proceso introdujo relevantes modificaciones a la impugnaci\u00f3n extraordinaria en comento. Por v\u00eda de ejemplo, ampli\u00f3 el espectro de las sentencias susceptibles de ser atacadas en casaci\u00f3n, desde la perspectiva del tipo de procedimiento en el que se profirieron (declarativos, acciones de grupo y liquidaciones de condena en concreto en cualquier tramitaci\u00f3n). Asimismo, la normativa procesal actual puntualiz\u00f3 que, en trat\u00e1ndose de pretensiones esencialmente patrimoniales, el importe de la resoluci\u00f3n desfavorable debe ascendera 1000 salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes (SMLMV), cuanto menos, exceptuando los fallos pronunciados en acciones de grupo. <\/p>\n
Claro est\u00e1, de esta \u00faltima exigencia patrimonial quedan excluidos los juicios donde el debate alude a tem\u00e1ticas relativas al estado civil (y que carecen, por lo mismo, de cuant\u00eda), siempre y cuando versen sobre la reclamaci\u00f3n e impugnaci\u00f3n del mismo o la declaraci\u00f3n de uniones maritales de hecho (art\u00edculos 334 y 338 ejusdem). <\/p>\n
3. El inter\u00e9s para recurrir en casaci\u00f3n. <\/p>\n
Acorde con el art\u00edculo 338 del estatuto procesal civil, \u00ab[c]uando las pretensiones sean esencialmente econ\u00f3micas, el recurso procede cuando el valor actual de la resoluci\u00f3n desfavorable al recurrente sea superior a un mil salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes (1.000 SMLMV). Se excluye la cuant\u00eda del inter\u00e9s para recurrir cuando se trate de sentencias dictadas dentro de las acciones populares y de grupo, y las que versen sobre el estado civil\u00bb. <\/p>\n
El inter\u00e9s para recurrir en casaci\u00f3n se refiere a la estimaci\u00f3n cuantitativa de la resoluci\u00f3n desfavorable al momento de proferirse la sentencia objeto de la impugnaci\u00f3n extraordinaria, concepto que \u00ab(…) est\u00e1 supeditado a la tasaci\u00f3n econ\u00f3mica de la relaci\u00f3n jur\u00eddica sustancial que se conceda o niegue en la sentencia, (\u2026) a la cuant\u00eda de la afectaci\u00f3n o desventaja patrimonial que sufre el recurrente con la resoluci\u00f3n que le resulta desfavorable, evaluaci\u00f3n que debe efectuarse para el d\u00eda del fallo\u00bb (AC7638-2016, 8 nov.). Lo anterior implica que, cuando sea necesario establecer el aludido monto, este se determinar\u00e1 a partir del agravio o perjuicio que a quien impugna le ocasione la decisi\u00f3n censurada, analizado el mismo en su dimensi\u00f3n integral y atendidas las singularidades del caso. <\/p>\n
El examen de la afectaci\u00f3n, en su faceta patrimonial, constituye un paso esencial para la verificaci\u00f3n de la viabilidad del indicado medio de defensa, el cual debe apreciarse con estricta sujeci\u00f3n a la relaci\u00f3n sustancial definida en la sentencia, en tanto \u00abs\u00f3lo la cuant\u00eda de la cuesti\u00f3n de m\u00e9rito en su realidad econ\u00f3mica en el d\u00eda de la sentencia, es lo que realmente cuenta para determinar el monto del comentado inter\u00e9s\u00bb (CSJ AC924-2016, 24 feb.). <\/p>\n
4. Caso concreto. <\/p>\n
4.1 Aunque el impugnante no controvirti\u00f3 el punto, es pertinente se\u00f1alar que el tribunal acert\u00f3 al reconocer el v\u00ednculo entre el precio comercial del inmueble objeto de la pretendida usucapi\u00f3n y la cuant\u00eda del inter\u00e9s para recurrir en casaci\u00f3n, pues la sentencia desestimatoria de segunda instancia le habr\u00eda irrogado al doctor Villamil Portilla un agravio equivalente al valor actual de dicha heredad. Sobre el particular, la Corte ha precisado que <\/p>\n
\u00abel objeto de la usucapi\u00f3n no es otro que obtener la regularizaci\u00f3n o el ascenso de la posesi\u00f3n hacia el dominio, que valga precisar, es el m\u00e1s importante de los derechos reales, no solo a partir de la perspectiva jur\u00eddica, sino desde la \u00f3ptica econ\u00f3mica, en tanto l\u00edder del tr\u00e1fico negocial, m\u00e1xime cuando se trata de inmuebles, tradicionalmente catalogados como los de mayor importancia y esmero regulatorio. Justamente esta Corporaci\u00f3n ha ense\u00f1ado: \u201cLa prescripci\u00f3n adquisitiva supone alterar el derecho real de dominio, uno de los m\u00e1s importantes en la construcci\u00f3n de la historia de la humanidad y de la riqueza, al punto que cuenta con un decisivo raigambre legal en todos los c\u00f3digos civiles modernos, con un registro inmobiliario aut\u00f3nomo, con acciones judiciales propias, e inclusive con estatura constitucional, como en el caso colombiano en el art\u00edculo 58 de la Carta de 1991\u201d (SC17141-2014, 16 dic. 2014, rad. 2005-00037-01). A tono con lo decantado, la Sala de forma invariable, tanto en el r\u00e9gimen procesal actual como en el anterior, ha requerido la cuantificaci\u00f3n de la resoluci\u00f3n desfavorable cuando se trata de pretensiones relacionadas con la prescripci\u00f3n adquisitiva de dominio, estableciendo regla constante conforme a la cual \u201cel monto del inter\u00e9s para recurrir en casaci\u00f3n est\u00e1 representado \u00fanicamente por el valor del inmueble materia de la acci\u00f3n de pertenencia\u201d (Subrayado fuera de texto) (AC de 4 may. 2012, rad. 2012-00301, AC2014-2014, AC3910-2015, AC6307-2016 y AC7084-2016)\u00bb (CSJ AC8423-2017). <\/p>\n
4.2 Decantado lo anterior, conviene puntualizar que, en estricto sentido, el demandante no desconoci\u00f3 los yerros y omisiones que el ad quem atribuy\u00f3 al dictamen pericial que elabor\u00f3 el ingeniero William Robledo Giraldo. Simplemente, se limit\u00f3 a alegar que fue desmedido el rigor con que se valor\u00f3 dicha probanza, en consideraci\u00f3n a que la parte demandada no cuestion\u00f3 sus fundamentos t\u00e9cnicos, ni se otorg\u00f3 al experto la oportunidad de ofrecer explicaciones adicionales para disipar las dudas que su trabajo gener\u00f3 en la magistratura \u2013precisiones que, a la postre, fueron incluidas en la impugnaci\u00f3n en estudio\u2013. <\/p>\n
A juicio de la Corte, tal planteamiento no es de recibo, principalmente porque la naturaleza extraordinaria del recurso de casaci\u00f3n precisa la exhaustiva verificaci\u00f3n de los requisitos que el ordenamiento jur\u00eddico contempla para la interposici\u00f3n, concesi\u00f3n y admisi\u00f3n de ese remedio, lo cual impone al tribunal la aplicada valoraci\u00f3n de las pruebas t\u00e9cnicas aportadas con el prop\u00f3sito de acreditar la cuant\u00eda del inter\u00e9s para recurrir, sin que fuera relevante que los fundamentos t\u00e9cnicos y f\u00e1cticos de esa pericia no hubieren sido cuestionados por el extremo convocado \u2013como es natural, dado que el ordenamiento impone resolver \u00abde plano\u00bb sobre la concesi\u00f3n del recurso\u2013. <\/p>\n
4.3. Sin perjuicio de lo expuesto, cabe se\u00f1alar que el aval\u00fao aportado por el quejoso carece de las explicaciones echadas de menos por el tribunal, autoridad judicial que, dicho sea de paso, no demerit\u00f3 esa probanza porque evidenciara en ella yerros de naturaleza t\u00e9cnica, como lo sugiri\u00f3 el impugnante, sino porque no encontr\u00f3 all\u00ed ilustraci\u00f3n suficiente para establecer la certeza de las conclusiones que se plasmaron. <\/p>\n
Ciertamente, en el auto recurrido se recalc\u00f3 que el perito Robledo Giraldo no exterioriz\u00f3 las razones que lo llevaron a (i) descartar \u00abel valor del predio obtenido a trav\u00e9s del m\u00e9todo de mercado\u00bb; (ii) emplear \u00abel m\u00e9todo residual\u00bb, \u00fanicamente para establecer \u00abel valor del terreno\u00bb, pese a que el art\u00edculo 14 de la Resoluci\u00f3n n\u00b0 620 de 2008 del IGAC \u00abestablece que el \u201cvalor resultante de esta t\u00e9cnica es el valor total del inmueble, es decir, del valor del terreno y del valor de la construcci\u00f3n sobre \u00e9l edificada\u00bb; (iii) presentar \u00abde forma independiente el aval\u00fao del terreno y el de la construcci\u00f3n\u00bb sin emplear la metodolog\u00eda que, para esos efectos, prev\u00e9 el citado canon 14 (\u00abcalcular por el m\u00e9todo de reposici\u00f3n el valor de la construcci\u00f3n y descontarla al valor total del inmueble\u00bb); y (iv) basar sus conclusiones \u00fanicamente en el \u00abm\u00e9todo de reposici\u00f3n\u00bb, pese a que tal criterio solo fue previsto \u00aben caso de que el bien objeto de aval\u00fao no cuente con bienes comparables por su naturaleza o por la inexistencia de datos de mercado\u00bb. <\/p>\n
Como ya se anot\u00f3, las mencionadas falencias no fueron rebatidas por el memorialista, quien, por el contrario, pretendi\u00f3 solventarlas incluyendo en su memorial de impugnaci\u00f3n las tard\u00edas \u00abaclaraciones\u00bb que el perito ofreci\u00f3 frente a los reparos expuestos por la colegiatura de segundo grado, proceder que no resulta admisible, por cuanto el ordenamiento jur\u00eddico no prev\u00e9 oportunidades adicionales para recomponer los fundamentos de la experticia que se allegue para los fines previstos en el citado art\u00edculo 339. <\/p>\n
Adem\u00e1s, debe se\u00f1alarse que en buena parte de las \u201cprecisiones adicionales\u201d del experto, este se limit\u00f3 a afirmar que \u00ab[n]o existe ninguna norma que obligue al avaluador a explicar por qu\u00e9 se utiliza o descarta un m\u00e9todo valuatorio espec\u00edfico. Es potestad del avaluador seleccionar el m\u00e9todo a emplear, sin que est\u00e9 obligado a explicar por qu\u00e9 utiliza uno y\/o descarta el otro, realmente la utilizaci\u00f3n de los diferentes m\u00e9todos depende de la informaci\u00f3n existente, en ocasiones el mercado se referencia a t\u00edtulo informativo solamente\u00bb. Lo anterior, en contrav\u00eda con las ya referidas exigencias de fundamentaci\u00f3n que contempla el art\u00edculo 226 del C\u00f3digo General del Proceso para la prueba pericial. <\/p>\n
A lo indicado se agrega que, en sus glosas, el experto no ofreci\u00f3 verdadera ilustraci\u00f3n sobre la problem\u00e1tica a la que se refiri\u00f3 el tribunal. Prueba de ello es que se\u00f1alara que \u00aben ninguna parte del documento [se] afirma que descarta el M\u00e9todo de Mercado\u00bb, obviando que el aval\u00fao propuesto ($1.010.741.000) result\u00f3 \u00fanicamente de sumar el costo del terreno, calculado a trav\u00e9s del \u00abm\u00e9todo residual\u00bb ($364.667.000), y el de la construcci\u00f3n, que arroj\u00f3 el \u00abm\u00e9todo de reposici\u00f3n a nuevo\u00bb ($646.074.000). <\/p>\n
De otro lado, y en contrav\u00eda con lo que \u2013en forma sobreviniente\u2013 plante\u00f3 el perito, el m\u00e9todo comparativo empleado en la experticia parti\u00f3 del costo total de negociaciones ajustadas respecto de predios an\u00e1logos (es decir, bodegas erigidas sobre lotes cercanos al que incumbe a este litigio) y, por ello, el valor del metro cuadrado que arroj\u00f3 esa estimaci\u00f3n era relativo a toda la propiedad, y no solamente a la edificaci\u00f3n. Al menos, nada distinto permite colegir la probanza en comento. <\/p>\n
Res\u00e1ltese igualmente que, a\u00fan hoy, carece de explicaci\u00f3n que el costo final del inmueble se hubiera calculado mediante la sumatoria de los valores que arrojaron los m\u00e9todos residual y de reposici\u00f3n a nuevo, pese a que, prima facie, tal metodolog\u00eda no acompasa con las pautas del art\u00edculo 14 de la Resoluci\u00f3n 620 de 2008 del IGAC, seg\u00fan el cual \u00abEl valor resultante de esta t\u00e9cnica [la residual] es el valor total del inmueble, es decir, del valor del terreno y del valor de la construcci\u00f3n sobre \u00e9l edificada, por lo tanto, al valor obtenido no se debe agregar el valor de la construcci\u00f3n. Cuando se requiera presentar en el avalu\u00f3 de forma independiente, tanto el valor del terreno como el de la construcci\u00f3n, se deber\u00e1 hacer de la siguiente forma: calcular por el m\u00e9todo de reposici\u00f3n el valor de la construcci\u00f3n y descontarla al valor total del inmueble\u00bb. <\/p>\n
4.4. Ante ese escenario probatorio, emerge evidente el acierto del cuerpo colegiado de segunda instancia, en tanto coligi\u00f3 que la pericia reci\u00e9n aludida, en la que se avalu\u00f3 el predio en disputa en una suma muy superior al precio de venta de predios similares (diferencia que asciende a $250.000.000, aproximadamente), no resultaba apta para habilitar la concesi\u00f3n del remedio extraordinario, predicamento que cabe extender a los aval\u00faos catastrales obrantes en la foliatura de los que, en forma subsidiaria, quiso prevalerse el inconforme. <\/p>\n
Lo anterior porque, como se ha se\u00f1alado en casos similares, <\/p>\n
Justamente con base en ello, en \u00e9poca m\u00e1s reciente la Corte resalt\u00f3 que para estimar el agravio sufrido con el fallo recurrido en casaci\u00f3n, <\/p>\n
\u00abno sirve el aval\u00fao catastral de que da cuenta el recibo de impuesto predial y, por lo tanto, no son de recibo actualizaciones realizadas con par\u00e1metros fijados para actualizar a\u00f1o a a\u00f1o ese tributo, pues, el aludido certificado representa simplemente un indicador fiscal, salvo lo dispuesto para el proceso ejecutivo, lo cual significa que \u201c(\u2026) no sirve en todo caso para fijar el aludido monto econ\u00f3mico, en la medida en que el art\u00edculo 370 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil traza unas pautas especiales para los eventos en que el valor para recurrir por la indicada v\u00eda no aparezca determinado en el proceso\u201d (autos de 25 de abril de 2002, exp. 0403-01 y de 29 de junio de 2004, exp. 11001-0203-000-2003-00261-01)\u201d. <\/p>\n
Tampoco es admisible la actualizaci\u00f3n con base en el \u00cdndice de Precios al consumidor, como hizo el Tribunal, por la misma raz\u00f3n que tal variable expresa una realidad econ\u00f3mica diferente de la que se requiere averiguar.\u00bb (CSJ., AC808-2017, 16 feb., rad. 2013-00580-01, citado tambi\u00e9n en AC3300-2019, 14 ago., rad. 2011-00184-01). <\/p>\n
En todo caso, si se prescindiera de los razonamientos reci\u00e9n expuestos y se valorara el contenido de los susodichos aval\u00faos catastrales, tampoco ese escenario ofrecer\u00eda mayor provecho para el actor, por cuanto el valor que all\u00ed se le atribuye al inmueble para el a\u00f1o 2021 es de $608.686.000, es decir, menos de los 1000 SMLMV que refiere el art\u00edculo 338 del estatuto procesal. <\/p>\n
Y no sobra insistir en que, para resolver sobre la concesi\u00f3n del pluricitado remedio extraordinario tampoco era factible \u00abincrementar\u00bb el susodicho aval\u00fao catastral en una mitad, en la forma que contempla el art\u00edculo 444-4 del C\u00f3digo General del Proceso, pues esa pauta no fue dispuesta propiamente para estimar la cuant\u00eda del inter\u00e9s para recurrir en casaci\u00f3n, sino, puntualmente, para el aval\u00fao de inmuebles en procesos ejecutivos. En relaci\u00f3n con dicho aspecto, esta Sala puntualiz\u00f3: <\/p>\n
\u00abEl \u00fanico medio de convicci\u00f3n que puede aportar el recurrente, con posterioridad al proferimiento del fallo que pretenda censurar, es un dictamen pericial, connotaci\u00f3n que, ciertamente, no ostenta la \u201ccertificaci\u00f3n catastral\u201d que aport\u00f3 el quejoso, pues se trata de un elemento de juicio distinto al que de manera particular contempl\u00f3 la ley para ese caso espec\u00edfico, como es la cuantificaci\u00f3n del inter\u00e9s para recurrir en casaci\u00f3n, que no es una tasaci\u00f3n cualquiera, sino una determinaci\u00f3n jur\u00eddica sobre el monto en t\u00e9rminos econ\u00f3micos del desmedro alegado por el quejoso frente a la sentencia cuestionada. <\/p>\n
Por eso mismo, deben descartarse aplicaciones de normas propias de otro tipo de actuaciones, como las del aval\u00fao de bienes en procesos ejecutivos, que pretende invocar el censor, en la medida en que se refieren a situaciones totalmente distintas. Adem\u00e1s, bien se sabe que la aplicaci\u00f3n anal\u00f3gica tiene lugar cuando no hay norma que regule el caso concreto, carencia que no se advierte en este asunto, comoquiera que el legislador estableci\u00f3, con claridad, el procedimiento a seguir para determinar el prenotado inter\u00e9s para recurrir en casaci\u00f3n\u00bb (CSJ AC4423-2017). <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Como la decisi\u00f3n del tribunal armoniza con el escenario probatorio existente para la fecha en que deneg\u00f3 la concesi\u00f3n del recurso de casaci\u00f3n, habr\u00e1 de entenderse que fue adecuado negar la concesi\u00f3n de esa impugnaci\u00f3n extraordinaria. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO. Estimar BIEN DENEGADO el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por el demandante contra la sentencia de 21 de mayo de 2021, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 en el proceso declarativo adelantado por Edgardo Villamil Portilla contra Campo El\u00edas Corredor S\u00e1nchez y personas indeterminadas. <\/p>\n
SEGUNDO. Sin costas por no aparecer justificadas (art\u00edculo 365-8, C\u00f3digo General del Proceso). <\/p>\n
TERCERO. Devu\u00e9lvase la actuaci\u00f3n al tribunal de origen, para lo de su cargo. <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
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AC5697-2021 (2021-03454-00) AC5697-2021 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2021-03454-00 Bogot\u00e1 D.C., treinta (30) de noviembre de dos mil veintiuno (2021). Decide la Corte el recurso de queja formulado por el demandante frente al auto de 28 de junio de 2021, con el que se deneg\u00f3 la concesi\u00f3n del recurso extraordinario de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[42],"tags":[],"class_list":["post-59020","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-noviembre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/59020","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=59020"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/59020\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=59020"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=59020"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=59020"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}