ATC1654-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
ATC1654-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2021-01649-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de tres de noviembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., tres (3) de noviembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Corresponder\u00eda decidir la impugnaci\u00f3n interpuesta frente al fallo proferido el 14 de septiembre de 2021 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, en la acci\u00f3n de tutela instaurada por Gonzalo Alfonso Mar\u00edn Casta\u00f1o contra la Sala Penal del Tribunal Superior de Cali, el Juzgado Doce Penal del Circuito de esa ciudad y el Ministerio de Justicia y del Derecho; si no fuera porque la Corte observa que en el tr\u00e1mite de la primera instancia se incurri\u00f3 en causal de nulidad que afecta lo actuado. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, buen nombre, dignidad humana, vida y salud, presuntamente conculcados por las autoridades acusadas. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, \u00abordenar la nulidad parcial de la sentencia. En lo que se refiere a la individualizaci\u00f3n de las penas principales de prisi\u00f3n e interdicci\u00f3n de derechos y funciones p\u00fablicas que [le] fueran impuestas y dictar sentencia de reemplazo en la que se tase la sanci\u00f3n de acuerdo con los criterios legales y sea regido el proceso de dosificaci\u00f3n por el principio de legalidad y racionalidad\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Contra Gonzalo Alfonso Mar\u00edn Casta\u00f1o se adelant\u00f3 proceso penal por el delito de \u00abpeculado por apropiaci\u00f3n a favor de terceros\u00bb, que luego de surtir el tr\u00e1mite de rigor, el 24 de febrero de 2011 el Juzgado Doce Penal del Circuito de Cali lo conden\u00f3 a 120 meses de prisi\u00f3n; determinaci\u00f3n recurrida en apelaci\u00f3n. <\/p>\n
2.2. El 27 de enero de 2012 la Sala Penal del Tribunal Superior de Cali, en sede de alzada, confirm\u00f3 la decisi\u00f3n referida a espacio; decisi\u00f3n recurrida en casaci\u00f3n, empero, el 20 de febrero de 2013 la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corte inadmiti\u00f3 la demanda formulada. <\/p>\n
2.3. Por v\u00eda de tutela critic\u00f3 el quejoso, en s\u00edntesis, las decisiones referidas a espacio, pues, refiere, la investigaci\u00f3n y el tr\u00e1mite penal que se adelant\u00f3 bajo las disposiciones de la Ley 906 de 2004, sin embrago, \u00abse debi\u00f3 aplicar las normas regidas por la Ley 600 de 2000. En la actualidad est[\u00e1] pagando una condena de 10 a\u00f1os (120 meses) y en el objeto de la tutela demuestra que m\u00e1ximo a pagar son 6 a\u00f1os (72 meses), de los cuales h[a] pagado casi 8 a\u00f1os\u00bb. <\/p>\n
2.4. Refiri\u00f3 que la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corte, limit\u00f3 su actuar a inadmitir la demanda, sin estudiar las pretensiones formuladas. <\/p>\n
2.5. Indic\u00f3 que \u00abel Tribunal hizo suyas las consideraciones del Juez Doce Penal del Circuito de Cali en cuanto hacen referencia a las penas principales\u00bb; que, para su caso, cuando el punible se cometi\u00f3, fue con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 599 de 2000, por lo que la norma que deb\u00eda ser aplicada era la Ley 100 de 1980 y, bajo esa disposici\u00f3n, \u00abel Juez ha tenido que partir del m\u00ednimo de la sanci\u00f3n establecido en el art\u00edculo 133 del decreto -ley 100 de 1980 en la redacci\u00f3n del art\u00edculo 19 de la Ley 190 de 1995, esto es, seis (6) a\u00f1os, que equivalen a setenta y dos (72) meses\u00bb. <\/p>\n
2.6. Refiri\u00f3 que el fallo emitido por el Tribunal carece de motivaci\u00f3n, toda vez que no aplic\u00f3 el principio de legalidad, cuyos criterios son \u00ab(i) los l\u00edmites legales de la pena; (ii) la gravedad y modalidades del hecho punible; (iii) el grado de culpabilidad; (iv) las circunstancias de atenuaci\u00f3n o agravaci\u00f3n, y (v) la personalidad del agente\u00bb, pues, en su sentir, indic\u00f3 la norma, pero no la aplic\u00f3. <\/p>\n
2.7. Agreg\u00f3 que es una persona mayor de 65 a\u00f1os de edad, con un cuadro de salud complejo, habida cuenta de que padece de c\u00e1ncer. <\/p>\n
3. El 12 de agosto de 2021 la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corte admiti\u00f3 a tr\u00e1mite la presente acci\u00f3n supralegal y, posteriormente, neg\u00f3 el resguardo tras considerar que incumpl\u00eda con el requisito de inmediatez, pues, la \u00faltima decisi\u00f3n emitida en el curso penal fue emitida por esa colegiatura el 20 de febrero de 2013, es decir, m\u00e1s de 8 a\u00f1os. <\/p>\n
De la misma manera, resalt\u00f3 que el actor tiene a su alcance la acci\u00f3n de revisi\u00f3n establecida en los art\u00edculos 192 y siguientes de la Ley 906 de 2004, pues si \u00abel accionante considera que posee elementos materiales probatorios que no exist\u00edan al momento de surtirse el proceso penal adelantado en su contra, los cuales versan sobre hechos que no fueron objeto debate en dicha oportunidad y que tienen la vocaci\u00f3n probatoria suficiente para demostrar su inocencia, tiene la posibilidad hacer uso de la mencionada acci\u00f3n de revisi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que los reparos tra\u00eddos con la solicitud de amparo, no fueron planteados ante los falladores de instancia. <\/p>\n
4. El anterior fallo fue impugnado por el tutelante. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Del relato f\u00e1ctico expuesto en el escrito de amparo se desprende, sin asomo de duda, la falta de competencia de esta Corporaci\u00f3n para decidir la impugnaci\u00f3n del presente asunto, pues el auxilio constitucional se encuentra dirigido contra la condena impuesta en contra del accionante dentro del proceso penal 2011-00023, \u00faltima que conoci\u00f3, en sede extraordinaria, la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corte. <\/p>\n
En efecto, la supuesta v\u00eda de hecho en que se incurri\u00f3 es que el Juzgado y el Tribunal accionados aplicaron indebidamente la norma, a su caso concreto, con el fin de contabilizar la condena impuesta, por lo que, se itera, tal queja resulta extensiva a la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, en tanto que inadmiti\u00f3 la demanda de casaci\u00f3n interpuesta contra la sentencia de 27 de enero de 2012 proferida por la Sala Penal del Tribunal de Cali, que confirm\u00f3 la condenatoria que emiti\u00f3 el Juzgado Doce Penal del Circuito de esa ciudad, \u00faltima que cuestiona aqu\u00ed Gonzalo Alfonso Mar\u00edn Casta\u00f1o; situaci\u00f3n que, sin duda, involucra al alto tribunal, por lo que deb\u00eda ser vinculado por pasiva, lo que imped\u00eda que resolviera v\u00e1lidamente la salvaguarda, debiendo conocer, entonces, de la acci\u00f3n de tutela, en primera instancia a la Sala de Casaci\u00f3n Civil de esta Corporaci\u00f3n, conforme a lo previsto en el numeral 7\u00ba del art\u00edculo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015 (modificado por el art\u00edculo 1\u00ba del Decreto 333 de 2021 -vigente para el momento de la interposici\u00f3n de la presente solicitud de amparo). <\/p>\n
2. En consecuencia, el fallo proferido en este tr\u00e1mite por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corte est\u00e1 viciado de nulidad, por falta de competencia, de acuerdo al art\u00edculo 16 del C\u00f3digo General del Proceso, aplicable a los procesos de tutela por remisi\u00f3n del art\u00edculo 4\u00b0 del Decreto 306 de 1992. <\/p>\n
Al respecto ha se\u00f1alado esta Colegiatura que: <\/p>\n
El fallo dictado por un juzgador carente de competencia funcional para tal efecto, en nuestro ordenamiento procesal actual, esto es, a partir de la entrada en vigencia del C\u00f3digo General del Proceso, constituye una decisi\u00f3n \u00abnula\u00bb, la que se torna insubsanable, al establecer el legislador que la competencia por tal factor es \u00abimprorrogable\u00bb, tal como lo dispone el inciso 1\u00ba del art\u00edculo 16 del referido estatuto adjetivo1, por lo que el funcionario que advierta esa anomal\u00eda est\u00e1 obligado a declararla de oficio, como se extrae de la misma norma, la cual resulta aplicable al tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela de conformidad con el art\u00edculo 4\u00ba del Decreto 306 de 1992. (Criterio expuesto en CSJ ATC1396-2016; reiterado, entre muchos otros, en ATC1684-2016, ATC1686-2016 y ATC2521-2016). <\/p>\n
<\/p>\n
3. Por otro lado, en torno a la facultad para declarar \u00abnulidades\u00bb a partir de las reglas fijadas en el Decreto 1983 de 2017, recientemente esta Corporaci\u00f3n precis\u00f3 que: <\/p>\n
4. Bajo la \u00e9gida del Decreto 1382 de 2000 la Sala, con argumentos que hoy, en vigencia del aludido Decreto 1983 de 2017, reitera, ha discrepado de la tesis prohijada por la Corte Constitucional y, en ese sentido, tiene ocasi\u00f3n de puntualizar: <\/p>\n
\u201c(\u2026) respecto a que los jueces \u2018no est\u00e1n facultados para declararse incompetentes o para decretar nulidades por falta de competencia con base en la aplicaci\u00f3n o interpretaci\u00f3n de las reglas de reparto del Decreto 1382 de 2000\u2019 el cual \u2018(\u2026) en manera alguna puede servir de fundamento para que los jueces o corporaciones que ejercen jurisdicci\u00f3n constitucional se declaren incompetentes para conocer de una acci\u00f3n de tutela, puesto que las reglas en \u00e9l contenidas son meramente de reparto (\u2026), [pues para esta Corporaci\u00f3n el aludido Decreto] reglamenta el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 1991 relativo a la competencia para conocer de la acci\u00f3n de tutela y, por supuesto, establece las reglas de reparto entre los jueces competentes\u201d. <\/p>\n
\u201c[Por lo tanto,] \u201c(\u2026) aunque el tr\u00e1mite del amparo se rige por los principios de informalidad, sumariedad y celeridad, la competencia del juez est\u00e1 indisociablemente referida al derecho fundamental del debido proceso (art\u00edculo 29 de Carta), el acceso al juez natural y la administraci\u00f3n de justicia, de donde, \u2018seg\u00fan la jurisprudencia constitucional la falta de competencia del juez de tutela genera nulidad insaneable y la constataci\u00f3n de la misma no puede pasarse por alto, por m\u00e1s urgente que sea el pronunciamiento requerido, pues (\u2026) la competencia del juez se relaciona estrechamente con el derecho constitucional fundamental al debido proceso\u201d (Auto 304 A de 2007), \u2018el cual establece que nadie puede ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio\u2019 (Auto 072 A de 2006, Corte Constitucional)\u201d (CSJ ATC, 13 may. 2009, rad. 2009-00083-01) (criterio expuesto en ATC298-2018, 31 en., rad. 2017-00314-01). <\/p>\n
4. En atenci\u00f3n a lo expuesto, se dispondr\u00e1 la remisi\u00f3n de la queja a la Presidencia de la Sala de Casaci\u00f3n Civil de esta Corte, para que sea asignada de acuerdo con el reparto, por ser la competente para resolver, en primera instancia, el reclamo constitucional. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, resuelve: <\/p>\n
1. Declarar la nulidad de todo lo actuado por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corte en la presente acci\u00f3n de tutela, sin perjuicio de la validez de las pruebas recaudadas, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 138 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
2. En consecuencia, remitir de inmediato el expediente a la Secretar\u00eda de la Sala de Casaci\u00f3n Civil de esta Corporaci\u00f3n para que efect\u00fae el reparto respectivo, tendiente a que se imprima el tr\u00e1mite de rigor. <\/p>\n
3. Comunicar lo aqu\u00ed resuelto a los interesados mediante telegrama y l\u00edbrense las dem\u00e1s comunicaciones pertinentes. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 \u00abart\u00edculo 16. Prorrogabilidad e improrrogabilidad de la jurisdicci\u00f3n y la competencia. La jurisdicci\u00f3n y la competencia por los factores subjetivo y funcional son improrrogables. Cuando se declare, de oficio o a petici\u00f3n de parte, la falta de jurisdicci\u00f3n o la falta de competencia por los factores subjetivo o funcional, lo actuado conservar\u00e1 validez, salvo la sentencia que se hubiere proferido que ser\u00e1 nula, y el proceso se enviar\u00e1 de inmediato al juez competente. Lo actuado con posterioridad a la declaratoria de falta de jurisdicci\u00f3n o de competencia ser\u00e1 nulo\u00bb. [Se subray\u00f3] <\/p>\n
1 <\/p>\n
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