ATC1657-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
ATC1657-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 08001-22-13-000-2021-00647-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de tres de noviembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., cuatro (4) de noviembre de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Corresponder\u00eda decidir la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de 5 de octubre de 2021, mediante el cual la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla resolvi\u00f3 la acci\u00f3n de tutela promovida por Beatriz Eugenia Morales Gonz\u00e1lez contra el Comit\u00e9 Coordinador de los Juzgados Civiles Municipales de Ejecuci\u00f3n de Sentencias y la Coordinaci\u00f3n de la Oficina de Apoyo de los Juzgados Civiles Municipales de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de la misma ciudad, el Consejo Seccional de la Judicatura y la Direcci\u00f3n Ejecutiva de Administraci\u00f3n Judicial del Atl\u00e1ntico, si no fuera porque se observa que en el tr\u00e1mite de la primera instancia se incurri\u00f3 en causal de nulidad que afecta lo actuado, como pasa a examinarse. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. La promotora del amparo reclama la protecci\u00f3n de sus derechos a la \u00abestabilidad laboral reforzada\u00bb, salud, vida digna, m\u00ednimo vital e igualdad, entre otros, presuntamente conculcados por las autoridades convocadas, al separarla del cargo ocupado en el Centro de Servicios para los Juzgados Civiles Municipales de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Barranquilla, desconociendo su situaci\u00f3n m\u00e9dica. <\/p>\n
Reclama, en consecuencia, disponer su reintegro \u00abal cargo y funciones en la Rama Judicial vinculada en provisionalidad como asistente administrativo grado 5 o en un cargo equivalente o superior al mismo en la misma dependencia u otra dependencia\u00bb; as\u00ed como el pago de los salarios y dem\u00e1s prestaciones dejadas de percibir hasta su efectiva vinculaci\u00f3n; adem\u00e1s, exige decretar su permanencia en dicha plaza mientras la misma \u00absea provista en propiedad mediante el registro de elegibles\u00bb y, en defecto de esto \u00faltimo, reclama \u00abser vinculada al sistema de seguridad social en salud, de tal suerte que se [le] permita acceder al tratamiento integral que requiere para la recuperaci\u00f3n de la normalidad de [su] estado de salud\u00bb. <\/p>\n
Advierte que el Consejo Seccional acusado, tras conformar el Registro de Elegibles para el mencionado cargo, expidi\u00f3 la Resoluci\u00f3n No. CSJATR21-1979 con la cual se estableci\u00f3 el listado de quienes optaron por la sede donde ella se encuentra, procediendo su nominador, en consecuencia, a desvincularla y a nombrar en su reemplazo a Darwin Alejandro Sierra, desconoci\u00e9ndose, con ello, su calidad de sujeto especial de protecci\u00f3n, en raz\u00f3n de sus padecimientos de salud, determinaci\u00f3n frente a la cual interpuso reposici\u00f3n; no obstante, ese remedio fue rechazado de plano. <\/p>\n
Arguye que existen otras plazas similares a la suya; sin embargo, \u00e9stas no se proveyeron a pesar de estar ocupadas por personas que a\u00fan no hab\u00edan allegado prueba de su \u00abestabilidad laboral reforzada\u00bb y otras, designadas tambi\u00e9n en provisionalidad, circunstancias que evidencian el quebranto de sus garant\u00edas, toda vez que se releg\u00f3 su \u00abcondici\u00f3n de debilidad manifiesta por razones de salud, y el precedente sentado en esta materia por el m\u00e1ximo Tribunal Constitucional, que entre otros aspectos fija las reglas que han de seguirse al desvincular a un servidor p\u00fablico que ocupa cargo de carrera administrativa en provisionalidad y que esta diagnosticado con una enfermedad considerada como catastr\u00f3fica o ruinosa\u00bb. <\/p>\n
3. La Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla neg\u00f3 el resguardo suplicado, tras advertir el desconocimiento del presupuesto de subsidiariedad, por cuanto el nominador de la censora no ten\u00eda conocimiento de su actual estado de salud, pues \u00abno obra en el legajo evidencia al respecto, y tampoco as\u00ed lo manifiesta la actora en su libelo tutelar, quien se limit\u00f3 a se\u00f1alar que la convocada s\u00ed sab\u00eda de su condici\u00f3n debido a los permisos que solicitaba para los controles m\u00e9dicos, sobre lo que se destaca que conforme a la historia cl\u00ednica ya analizada, no exist\u00eda al momento del acto desvinculaci\u00f3n, un tratamiento propiamente dicho para el c\u00e1ncer que padeci\u00f3, ni recomendaciones m\u00e9dicas, y la otra patolog\u00eda es posterior, es decir que encuentra la Sala que no existe un solo medio suasorio a trav\u00e9s del cual se demuestre que la interesada requiri\u00f3 ante las tuteladas que se tuviera en cuenta la estabilidad laboral reforzada frente al proceso de provisi\u00f3n de su cargo en propiedad y producto del concurso de m\u00e9ritos\u00bb. <\/p>\n
4. Impugnada la sentencia por la parte accionante, fue remitida a esta Corte para lo pertinente, a trav\u00e9s del correo institucional. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. De lo anteriormente relatado, se desprende la falta de competencia de la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla para desatar el resguardo rogado en primera instancia, dada la naturaleza de las autoridades convocadas y lo previsto en la normatividad actualmente aplicable -Decreto 333 de 2021-, en torno a la competencia para el conocimiento de resguardos como el presente. <\/p>\n
2. En efecto, se observa que la solicitante cuestiona actuaciones administrativas provenientes del Comit\u00e9 Coordinador de los Juzgados Civiles Municipales de Ejecuci\u00f3n de Sentencias y la Coordinaci\u00f3n de la Oficina de Apoyo de los Juzgados Civiles Municipales de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Barranquilla, as\u00ed como la del Consejo Seccional de la Judicatura y la Direcci\u00f3n Ejecutiva de Administraci\u00f3n Judicial del Atl\u00e1ntico, por cuanto, tras surtirse el concurso de m\u00e9ritos correspondiente, se determin\u00f3 separarla del cargo que ocupaba, nombrando en su reemplazo al participante que alcanz\u00f3 el mejor puntaje y aspir\u00f3 a la sede donde ella se desempe\u00f1aba. <\/p>\n
Por tanto, si bien el numeral 6\u00b0 del art\u00edculo 1\u00ba del Decreto 1983 de 2017 que modific\u00f3 lo dispuesto en el canon 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado recientemente por el Decreto 333 de 2021, advierte que \u00abLas acciones de tutela dirigidas contra los Consejos Seccionales de la Judicatura y las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial ser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a los Tribunales Superiores de Distrito Judicial\u00bb, lo cierto es que debe darse aplicaci\u00f3n, igualmente, a lo consignado en el inciso 2\u00b0 del numeral 8\u00b0 \u00eddem, el cual dispone: \u00abCuando se trate de acciones de tutela presentadas por funcionarios o empleados judiciales, que pertenezcan o pertenecieron a la jurisdicci\u00f3n ordinaria, el conocimiento corresponder\u00e1 a la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo, y cuando se trate de acciones de tutela presentadas por funcionarios o empleados judiciales, que pertenezcan o pertenecieron a la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo, el conocimiento corresponder\u00e1 a la jurisdicci\u00f3n ordinaria (\u2026)\u00bb (subraya fuera de texto). <\/p>\n
3. Lo anterior significa que el conocimiento de este amparo, en primera instancia, debi\u00f3 ser asumido por el Tribunal Administrativo del Atl\u00e1ntico -reparto, pues, conforme se acot\u00f3, la accionante estuvo vinculada a la jurisdicci\u00f3n ordinaria y es en raz\u00f3n de su retiro que exige la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas, disponiendo la citada normatividad, el conocimiento de asuntos como \u00e9ste a la jurisdicci\u00f3n contencioso administrativa, tal como se ordenar\u00e1. <\/p>\n
Esta Sala ha acogido el criterio se\u00f1alado en distintos pronunciamientos (CSJ ATC1407-2021, ATC682-2021 y ATC1049-2021, entre otros), expresando, en uno de esos casos, por ejemplo, que \u00abla gestora aduce ser empleada de la Rama Judicial, en \u00abel cargo de Oficial Mayor o Sustanciador en el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal del municipio de Maicao\u00bb. As\u00ed, la asignaci\u00f3n del asunto con el cual pretende la salvaguarda de su \u00abestabilidad laboral reforzada\u00bb por su alegada condici\u00f3n de \u00abprepensionada\u00bb, estaba sujeta al inciso 2, numeral 8, del art\u00edculo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el art\u00edculo 1\u00b0 del Decreto 333 de 2021\u00bb (CSJ ATC1411-2021). <\/p>\n
4. En consecuencia, el presente tr\u00e1mite se encuentra viciado de nulidad por falta de competencia funcional, la que es insaneable de acuerdo con el inciso primero del art\u00edculo 138 del C\u00f3digo General del Proceso, aplicable a los procesos de tutela por remisi\u00f3n del art\u00edculo 4\u00b0 del Decreto 306 de 1992, y es menester declarar a partir de la sentencia de primera instancia, sin perjuicio de la validez de las pruebas recaudadas. <\/p>\n
5. En torno a la facultad para declarar \u00abnulidades\u00bb, a partir de las reglas fijadas en el Decreto 1983 de 2017, recientemente esta Corporaci\u00f3n precis\u00f3 que <\/p>\n
\u00abLa situaci\u00f3n descrita permite la aplicaci\u00f3n del canon 138 del C\u00f3digo General del Proceso, en lo referente a los efectos de la declaratoria de falta de competencia, norma extensiva a la acci\u00f3n de tutela en virtud de lo consagrado en el art\u00edculo 4\u00b0 del Decreto 306 de 1992, reglamentario del 2591 de 1991, el cual alude a los principios generales del Estatuto Procesal Civil para la interpretaci\u00f3n de los preceptos regulatorios de dicho tr\u00e1mite, en cuanto no contrar\u00ede sus propias disposiciones. <\/p>\n
Bajo la \u00e9gida del Decreto 1382 de 2000 la Sala, con argumentos que hoy, en vigencia del aludido Decreto 1983 de 2017, reitera, ha discrepado de la tesis prohijada por la Corte Constitucional y, en ese sentido, tiene ocasi\u00f3n de puntualizar: <\/p>\n
\u2018(\u2026) respecto a que los jueces \u2018no est\u00e1n facultados para declararse incompetentes o para decretar nulidades por falta de competencia con base en la aplicaci\u00f3n o interpretaci\u00f3n de las reglas de reparto del Decreto 1382 de 2000\u2019 el cual \u2018(\u2026) en manera alguna puede servir de fundamento para que los jueces o corporaciones que ejercen jurisdicci\u00f3n constitucional se declaren incompetentes para conocer de una acci\u00f3n de tutela, puesto que las reglas en \u00e9l contenidas son meramente de reparto (\u2026), [pues para esta Corporaci\u00f3n el aludido Decreto] reglamenta el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 1991 relativo a la competencia para conocer de la acci\u00f3n de tutela y, por supuesto, establece las reglas de reparto entre los jueces competentes\u2019. <\/p>\n
\u2018[Por lo tanto,] \u201c(\u2026) aunque el tr\u00e1mite del amparo se rige por los principios de informalidad, sumariedad y celeridad, la competencia del juez est\u00e1 indisociablemente referida al derecho fundamental del debido proceso (art\u00edculo 29 de Carta), el acceso al juez natural y la administraci\u00f3n de justicia, de donde, \u2018seg\u00fan la jurisprudencia constitucional la falta de competencia del juez de tutela genera nulidad insaneable y la constataci\u00f3n de la misma no puede pasarse por alto, por m\u00e1s urgente que sea el pronunciamiento requerido, pues (\u2026) la competencia del juez se relaciona estrechamente con el derecho constitucional fundamental al debido proceso\u201d (Auto 304 A de 2007), \u2018el cual establece que nadie puede ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio\u2019 (Auto 072 A de 2006, Corte Constitucional)\u201d (CSJ ATC, 13 may. 2009, rad. 2009-00083-01)\u2019\u00bb (ejusdem). <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: Declarar la nulidad del fallo dictado el 5 de octubre de 2021 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla en la presente acci\u00f3n de tutela, sin perjuicio de la validez de los medios de prueba existentes, en los t\u00e9rminos del inciso segundo del art\u00edculo 138 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
SEGUNDO: Ordenar, en consecuencia, la remisi\u00f3n del expediente al Tribunal Administrativo de Atl\u00e1ntico -reparto, con el fin de que se imprima de inmediato el tr\u00e1mite respectivo. <\/p>\n
TERCERO: Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a los interesados mediante telegrama y l\u00edbrense las dem\u00e1s comunicaciones pertinentes. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Ausencia Justificada <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
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