ATC1699-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
ATC1699-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 08001-22-13-000-2021-00698-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del diez de noviembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., once (11) de noviembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Respecto de la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla el 19 de octubre de 2021, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Jan Emilio Valest Regino contra el Consejo Seccional de la Judicatura del Atl\u00e1ntico, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados el Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecuci\u00f3n de Penas de Barranquilla, as\u00ed como los integrantes de la lista de elegibles para el cargo de citador circuito de Centro de Servicios Judiciales, Centros de Servicios Administrativos Jurisdiccionales y Oficinas de Servicios y de Apoyo grado 3 y asistente administrativo Juzgados de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad grado 6, la Corte advierte que el asunto se encuentra viciado de nulidad, como pasa a explicarse. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando en su propio nombre, el solicitante reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales a la vida digna, m\u00ednimo vital, trabajo, igualdad y debido proceso, presuntamente vulnerados por la autoridad convocada, al no garantizarle su permanencia en el cargo de \u00abcitador 3 del Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecuci\u00f3n de Penas\u00bb que ocupa en provisionalidad desde \u00abel d\u00eda 3 de noviembre de 2020\u00bb. <\/p>\n
2. Como soporte f\u00e1ctico expuso que \u00abel 25 de agosto de 2021, present\u00e9 petici\u00f3n ante la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura [del Atl\u00e1ntico], solicitando se me informara, entre otras, si el referido cargo hab\u00eda sido ofertado para ser provisto en propiedad por concurso de m\u00e9ritos, a lo cual me contestaron (\u2026) \u201cque el cargo de Citador Circuito de Centros de Servicios Judiciales, Centros de Servicios Administrativos Jurisdiccionales y Oficinas de Servicios y de Apoyo Grado 3 fue ofertado mediante Acuerdo No. 00185 de 27 de septiembre de 2013 y Acuerdo No. CSJATA17-647 de 06 de octubre de 2017\u201d\u00bb. <\/p>\n
Que igualmente recibi\u00f3 informaci\u00f3n en el sentido de que \u00abel cargo de Citador que ocupo en provisionalidad, aun cuando fue creado en el a\u00f1o 2020 (posterior a la fecha de la Convocatoria No. 4), debe ofertarse, ya que la naturaleza de los concursos de la Rama Judicial se caracteriza porque se dise\u00f1an no s\u00f3lo para proveer cargos que se encuentren vacantes al momento de la convocatoria, sino tambi\u00e9n se las que se llegaren a presentar con posterioridad, mientras se encuentre vigente el Registro de elegibles respectivo\u00bb, y que para ello \u00abse emiti\u00f3 el Acuerdo No. CSJATA21-144 del 20 de septiembre de 2021, por medio del cual se formula ante el Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad, lista de candidatos destinada exclusivamente a proveer el cargo de CITADOR CIRCUITO DE CENTROS DE SERVICIOS\u00bb. <\/p>\n
Asever\u00f3 que la decisi\u00f3n anterior \u00abdesconoce abiertamente los precedentes jurisprudenciales que se han emitido al respecto y las reglas que rigen el concurso de m\u00e9ritos (\u2026), toda vez que poseo una estabilidad laboral relativa, adquirida con ocasi\u00f3n del nombramiento\u00bb, aunado a que \u00abdicha situaci\u00f3n excluye y desconoce los derechos de todas las personas que no tienen conocimiento de los puestos que fueron creados posterior al concurso y que tienen derecho a conocerlos y concursar por ellos al igual que yo, una vez sean ofertados\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que \u00abincurri\u00f3 en error el Consejo Seccional en ofertar y formular lista de elegible[s] para mi cargo y publicar las dos vacantes de asistente administrativo grado 6\u00bb, porque seg\u00fan la sentencia SU-446\/11, la funci\u00f3n de la lista de elegibles es \u00abproveer \u00fanicamente las vacantes que se presenten en la respectiva entidad y que correspondan estrictamente a los cargos ofertados [y que] los cargos que se encuentren por fuera de [la convocatoria], requerir\u00e1n de un concurso nuevo para su provisi\u00f3n\u00bb, y por ello el actor concluy\u00f3 que dicha lista \u00abse impone s\u00f3lo para proveer las vacantes y los cargos en provisionalidad que registre la entidad durante su vigencia, siempre y cuando se trate de las plazas ofertadas en el respectivo concurso\u00bb, situaci\u00f3n que, en su sentir, no corresponde a su caso particular. <\/p>\n
3. Pretende se ordene a la colegiatura accionada \u00abdejar sin efecto la lista de elegibles formulada ante el Centro de Servicios de los Juzgados de Ejecuci\u00f3n de Penas y este se abstenga de realizar nombramiento alguno en propiedad al cargo que actualmente ocupo en provisionalidad, hasta tanto sea sometido al pr\u00f3ximo concurso, del cual tengo derecho a participar bajo el principio de igualdad material propias del Estado Social de Derecho que nos rige\u00bb. <\/p>\n
4. El tribunal a quo neg\u00f3 el auxilio al advertir que \u00ablas actuaciones administrativas [cuestionadas] obedecen al cumplimiento de las disposiciones legales, en particular la Ley 270 de 1996 que regula los aspectos de la administraci\u00f3n de justicia, entre ellos, el r\u00e9gimen especial de la carrera judicial\u00bb, adem\u00e1s, \u00abla naturaleza especial de los concursos de la Rama Judicial est\u00e1 dise\u00f1ada no s\u00f3lo para proveer cargos que se encuentren vacantes al momento de la convocatoria, sino tambi\u00e9n se las que se llegaren a presentar con posterioridad, mientras se encuentre vigente el registro de elegibles respectivo, sin consideraci\u00f3n a que las vacantes se generen antes o despu\u00e9s de las convocatorias. Potestad permitida legal y reglamentariamente\u00bb. Pese a lo anterior, dijo que, ante la eventualidad del nombramiento de un integrante de la lista de elegibles, el afectado \u00abcuenta con otros medios de defensa ante la materializaci\u00f3n de su desvinculaci\u00f3n [pues], nada impide que acuda a la jurisdicci\u00f3n correspondiente a debatir la legalidad del acto administrativo, a trav\u00e9s de las acciones contenciosas dispuestas para ello, e incluso la solicitud de suspensi\u00f3n del acto considerado lesivo\u00bb. <\/p>\n
5. El accionante impugn\u00f3 el fallo sin aducir argumento adicional. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. De la atribuci\u00f3n de competencia en materia de amparo constitucional. <\/p>\n
No obstante ser la tutela un mecanismo preferente y sumario, no es ajena -como no lo es ninguna acci\u00f3n judicial- a las reglas del debido proceso, por lo que su conocimiento debe corresponder al juez que se encuentre legalmente facultado para resolverla, dado que, como lo ha explicado la jurisprudencia, en su tr\u00e1mite \u00abse deben satisfacer ciertos presupuestos b\u00e1sicos del juicio como son, entre otros, la capacidad de las partes, la competencia y la debida integraci\u00f3n de la causa pasiva\u00bb (CC A-257\/96). <\/p>\n
El factor de competencia de la acci\u00f3n de tutela se encuentra previsto en el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 1991, sin embargo, esa disposici\u00f3n solo se ocup\u00f3 de la \u00abpreventiva y territorial\u00bb, de ah\u00ed que el art\u00edculo 1\u00ba del Decreto 333 de 2021, que modific\u00f3 el Decreto 1069 de 2015, predetermin\u00f3 el conocimiento de los asuntos entre los diferentes funcionarios judiciales y corporaciones, dependiendo de aspectos tales como el nivel de la autoridad o calidad del funcionario demandado. <\/p>\n
El incumplimiento de dichos criterios se erige como una causal de nulidad, seg\u00fan prev\u00e9 el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso, que en armon\u00eda con el 138 \u00eddem, implica que \u00ablo actuado conservar\u00e1 su validez y el proceso se enviar\u00e1 de inmediato al juez competente; pero si se hubiere dictado sentencia, esta se invalidar\u00e1\u00bb. <\/p>\n
2. Caso concreto. <\/p>\n
Revisado el escrito inicial y las piezas procesales que hacen parte del expediente, se establece que el objetivo de la presente acci\u00f3n constitucional se encamina a censurar tanto la resoluci\u00f3n n\u00b0 CSJATR21-2853 como el Acuerdo n\u00b0 CSJATA21-144, expedidos por el Consejo Seccional de la Judicatura del Atl\u00e1ntico el 13 y 20 de septiembre de 2021, respectivamente, mediante los cuales se formula la lista de elegibles dirigida a la Coordinaci\u00f3n del Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Barranquilla, para que provea en propiedad \u00abel cargo de Citador Circuito de Centros de Servicios Judiciales, Centros de Servicios Administrativos Jurisdiccionales y Oficinas de Servicios y de Apoyo Grado 3\u00bb. <\/p>\n
La decisi\u00f3n administrativa se adopt\u00f3 tras definir que dicho cargo fue ofertado mediante los Acuerdos 00185 del 27 de septiembre de 2013 y CSJATA17-647 del 6 de octubre de 2017 (convocatorias 3 y 4), cuyas pruebas de conocimientos, en su orden, se llevaron a cabo el 9 de noviembre de 2014 y el 3 de febrero de 2019, tambi\u00e9n, luego de se\u00f1alar que el nombramiento del accionante se produjo en virtud a la creaci\u00f3n de \u00abcargos con car\u00e1cter permanente\u00bb conforme al Acuerdo CSJA20-11650 expedido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura el 28 de octubre de 2020, que en su art\u00edculo 45 advierte que \u00ablos nombramientos de los cargos (\u2026) se efectuar\u00e1n de las correspondientes listas de elegibles vigentes\u00bb, las cuales no estaban disponibles sino hasta cuando se actualiz\u00f3 el registro con base en los resultados de dichas pruebas y en aplicaci\u00f3n a las facultades otorgadas en el Acuerdo PSAA08 del 10 de junio de 2008. <\/p>\n
3. Definici\u00f3n de competencia. <\/p>\n
Bajo la anterior perspectiva, por cuanto la presente queja solamente se enfil\u00f3 contra el Consejo Seccional de la Judicatura del Atl\u00e1ntico y oficiosamente se vincul\u00f3 a la coordinaci\u00f3n del Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecuci\u00f3n de Penas de Barranquilla, sin perjuicio de que se considere procedente extender el auxilio contra la Direcci\u00f3n Ejecutiva Seccional de Administraci\u00f3n Judicial, para la definici\u00f3n de la autoridad competente se hace necesario observar y hacer uso de la interpretaci\u00f3n sistem\u00e1tica de las reglas de reparto contenidas en el ordinal 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el art\u00edculo 1\u00b0 del Decreto 333 de 2021. <\/p>\n
En ese orden, inicialmente el tribunal a-quo estar\u00eda llamado a conocer del asunto porque el reproche se dirige contra el Consejo Seccional de la Judicatura del Atl\u00e1ntico, evento regulado en el numeral 6\u00b0 de la disposici\u00f3n en cita, seg\u00fan el cual \u00ab[l]as acciones de tutela dirigidas contra los Consejos Seccionales de la Judicatura y las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial ser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a los Tribunales Superiores de Distrito Judicial\u00bb. Resalta la Sala. <\/p>\n
No obstante, como seguidamente el inciso 2\u00b0 del art\u00edculo 8\u00b0 del mencionado precepto dispone que \u00ab[c]uando se trate de acciones de tutela presentadas por funcionarios o empleados judiciales, que pertenezcan o pertenecieron a la jurisdicci\u00f3n ordinaria, el conocimiento corresponder\u00e1 a la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo (\u2026)\u00bb, se torna imperativo integrar el primer canon con el mandato que antecede, para, de esta manera, concluir que, como se trata de un empleado judicial perteneciente a la jurisdicci\u00f3n ordinaria, debe ser el Tribunal Administrativo de Atl\u00e1ntico quien dirima el amparo. Se subraya. <\/p>\n
4. La actuaci\u00f3n que se invalida. <\/p>\n
De acuerdo con lo se\u00f1alado, se impone declarar la falta de competencia de la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Barranquilla para conocer en primer grado este auxilio y, en consecuencia, como se ha dictado sentencia bajo dicha irregularidad vulneradora del debido proceso, decretar su nulidad, ordenando el env\u00edo del expediente al reparto del Tribunal Administrativo del Atl\u00e1ntico. <\/p>\n
As\u00ed, en cumplimiento del inciso final del art\u00edculo 138 del C\u00f3digo General del Proceso que ordena que \u00ab[e]l auto que declare una nulidad indicar\u00e1 la actuaci\u00f3n que debe renovarse\u00bb, se precisa que al dejarse sin efecto el fallo proferido por la colegiatura a-quo el 19 de octubre de 2021, a la corporaci\u00f3n habilitada para que avoque conocimiento de este tr\u00e1mite, sin perjuicio de lo que estime necesario complementar (vr. g. realizar notificaciones omitidas y\/o practicar otras pruebas). <\/p>\n
5. Sobre la facultad para decretar nulidades. <\/p>\n
En cuanto a esa potestad, en pret\u00e9ritas oportunidades esta Sala ha se\u00f1alado que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) hace suya la preocupaci\u00f3n de la Honorable Corte Constitucional expresada en el auto 124 de 2009 (exp. I.C.C.1404) sobre la imperiosa necesidad de evitar la dilaci\u00f3n en el tr\u00e1mite de las acciones de tutela para garantizar su finalidad, eficiencia y eficacia, esto es, la protecci\u00f3n efectiva e inmediata de los derechos fundamentales (\u2026). <\/p>\n
(\u2026) [E]mpero, no comparte su posici\u00f3n respecto a que los jueces no est\u00e1n facultados para declararse incompetentes o para decretar nulidades por falta de competencia con base en la aplicaci\u00f3n o interpretaci\u00f3n de las reglas de reparto del decreto 1382 de 2000\u2019 el cual \u201c\u2026en manera alguna puede servir de fundamento para que los jueces o corporaciones que ejercen jurisdicci\u00f3n constitucional se declaren incompetentes para conocer de una acci\u00f3n de tutela, puesto que las reglas en \u00e9l contenidas son meramente de reparto\u201d. <\/p>\n
\u201cEn efecto, el Decreto 1382 de 2002, reglamenta el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 2001 relativo a la competencia de los jueces para conocer de la acci\u00f3n de tutela y, por supuesto, establece las reglas de reparto entre los jueces competentes (\u2026)\u201d. <\/p>\n
[Por tanto,] \u201c(\u2026) aunque el tr\u00e1mite del amparo se rige por los principios de informalidad, sumariedad y celeridad, la competencia del juez est\u00e1 indisociablemente referida al derecho fundamental del debido proceso (art\u00edculo 29 de Carta), el acceso al juez natural y la administraci\u00f3n de justicia, de donde, \u2018seg\u00fan la jurisprudencia constitucional la falta de competencia del juez de tutela genera nulidad insaneable y la constataci\u00f3n de la misma no puede pasarse por alto, por m\u00e1s urgente que sea el pronunciamiento requerido, pues (\u2026) la competencia del juez se relaciona estrechamente con el derecho constitucional fundamental al debido proceso\u201d (Auto 304 A de 2007), \u2018el cual establece que nadie puede ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio\u2019 (Auto 072A de 2006, Corte Constitucional)\u201d\u00bb (CSJ ATC, 13 may. 2009, rad. 00083-01, citado en ATC7895-2016, 17 nov. 2016, rad. 02149-01, ATC237-2020, 26 feb. 2020, rad. 2019-00253-01, y ATC1569-2021, 13 oct. 2021, rad. 00229-01, entre otros). <\/p>\n
En esa misma l\u00ednea, ha dejado sentado que: \u00abEl fallo dictado por un juzgador carente de competencia funcional para tal efecto, en nuestro ordenamiento procesal actual, esto es, a partir de la entrada en vigencia del C\u00f3digo General del Proceso, constituye una decisi\u00f3n \u00abnula\u00bb, la que se torna insubsanable, al establecer el legislador que la competencia por tal factor es \u00abimprorrogable\u00bb, tal como lo dispone el inciso 1\u00ba del art\u00edculo 16 del referido estatuto adjetivo1, por lo que el funcionario que advierta esa anomal\u00eda est\u00e1 obligado a declararla de oficio, como se extrae de la misma norma, la cual resulta aplicable al tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela de conformidad con el art\u00edculo 4\u00ba del Decreto 306 de 19922\u00bb (CSJ ATC1396-2016, 10 mar. 2016, rad. 00028-01, citado en ATC1200-2021, 18 ago. 2021, rad. 00403-01). <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
Primero: Declarar la nulidad de la sentencia de tutela de primer grado proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla el 19 de octubre de 2021 en el tr\u00e1mite de la referencia. <\/p>\n
Segundo: Ordenar la remisi\u00f3n del presente expediente a la Secretar\u00eda del Tribunal Administrativo del Atl\u00e1ntico, para que realice el reparto respectivo tendiente a habilitar su conocimiento en primera instancia. Of\u00edciese. <\/p>\n
Tercero: Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a los interesados mediante medio expedito y l\u00edbrense las dem\u00e1s comunicaciones que sean pertinentes. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 \u00abART\u00cdCULO 16. PRORROGABILIDAD E IMPRORROGABILIDAD DE LA JURISDICCI\u00d3N Y LA COMPETENCIA. La jurisdicci\u00f3n y la competencia por los factores subjetivo y funcional son improrrogables. Cuando se declare, de oficio o a petici\u00f3n de parte, la falta de jurisdicci\u00f3n o la falta de competencia por los factores subjetivo o funcional, lo actuado conservar\u00e1 validez, salvo la sentencia que se hubiere proferido que ser\u00e1 nula, y el proceso se enviar\u00e1 de inmediato al juez competente. Lo actuado con posterioridad a la declaratoria de falta de jurisdicci\u00f3n o de competencia ser\u00e1 nulo\u00bb. [Se subray\u00f3]. <\/p>\n
2\u0002 Ese aparte normativo fue incluido en el canon 2.2.3.1.1.3. del Decreto 1069 de 2015 (Por medio del cual se expide el Decreto \u00danico Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho), precisando que antes ense\u00f1aba que, \u00abpara la interpretaci\u00f3n de las disposiciones sobre tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela previstas por el Decreto 2591 de 1991\u2026, en todo aquello en que no sean contrarios a dicho decreto\u00bb, se aplicar\u00edan los principios generales del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, pero ahora hace referencia no a este estatuto sino al C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
ATC1699-2021 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente ATC1699-2021 Radicaci\u00f3n n\u00b0 08001-22-13-000-2021-00698-01 (Aprobado en sesi\u00f3n del diez de noviembre de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1 D.C., once (11) de noviembre de dos mil veintiuno (2021). Respecto de la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[42],"tags":[],"class_list":["post-59054","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-noviembre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/59054","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=59054"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/59054\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=59054"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=59054"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=59054"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}