ATC1704-2021<\/p>\n
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ATC1704-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 08001-22-13-000-2021-00719-01 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., once (11) de noviembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
1. Corresponder\u00eda a la Corte decidir la impugnaci\u00f3n interpuesta frente al fallo proferido el 22 de octubre pasado por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Barranquilla, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Dorys Janeth L\u00f3pez Pico contra el Consejo Seccional de la Judicatura del Atl\u00e1ntico y el Juzgado Sexto Civil Municipal de la citada ciudad, si no fuera porque se incurri\u00f3 en la causal de nulidad prevista en el numeral 8\u00ba del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso, en consonancia con el art\u00edculo 4\u00ba del Decreto 306 de 1992, que afecta la actuaci\u00f3n cumplida hasta este momento, como pasa a verse: <\/p>\n
2. Revisado el tr\u00e1mite de la primera instancia, se observa que la sociedades Cepeda y C\u00eda Ltda, y, Talleres S\u00faper Autos Ltda en liquidaci\u00f3n, quienes fungen como ejecutante y ejecutada, respetivamente, en el marco del asunto a que alude el libelo genitor de tutela, no fueron enterradas de manera alguna del inicio de esta acci\u00f3n p\u00fablica a fin de que pudieran ejercer sus derechos de defensa y contradicci\u00f3n, a pesar de que la decisi\u00f3n a emitirse en el presente asunto podr\u00eda llegar a producir efectos respecto de aqu\u00e9llas. <\/p>\n
3. El art\u00edculo 16 del Decreto 2591 de 1991 establece, que las actuaciones que se surtan dentro del rito deben ser notificadas \u00aba las partes o intervinientes\u00bb, con lo que se garantiza a los terceros la protecci\u00f3n de sus intereses que pueden verse afectados con la determinaci\u00f3n que se adopte; de este modo, dicho ordenamiento asegura la citaci\u00f3n al tr\u00e1mite constitucional de los terceros determinados o determinables con inter\u00e9s leg\u00edtimo, con el fin que puedan ejercer su defensa, y por ende, se d\u00e9 cumplimiento al debido proceso, posibilidad que no se otorg\u00f3 en el sub lite a las citas personas jur\u00eddicas, pese a que el fallo que llegue a emitirse dentro de las presentes diligencias puede producirles efectos, de aceptarse la pretensi\u00f3n dirigida a que se ordene al Juzgado Sexto Civil Municipal de Barranquilla librar los oficios pertinentes para la cancelaci\u00f3n de las medidas cautelares. <\/p>\n
4. Al respecto, la Corte Constitucional ha hecho \u00e9nfasis en \u00abla necesidad de notificar a las personas directamente interesadas, la iniciaci\u00f3n del tr\u00e1mite que se origina con motivo de la instauraci\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela, (\u2026), lo cual, lejos de ser un acto meramente formal o procedimental, constituye la garant\u00eda procesal (\u2026). Si bien es cierto que esta Corporaci\u00f3n ha afirmado que la obligaci\u00f3n de notificar, naturalmente, en cabeza del Juez de tutela, es una obligaci\u00f3n de medio, la cual no requiere, necesariamente, hacer uso de un determinado medio de notificaci\u00f3n, ello no implica que la imposibilidad de llevar a cabo la notificaci\u00f3n personal al demandado sea \u00f3bice para que el juez intente otros medios de notificaci\u00f3n eficaces, id\u00f3neos y conducentes a asegurar el ejercicio del derecho de defensa y la vinculaci\u00f3n efectiva de aquel contra quien se dirige la acci\u00f3n. La eficacia de la notificaci\u00f3n, en estricto sentido, solo puede predicarse cuando el interesado conoce fehacientemente el contenido de la providencia. Lo anterior no se traduce obviamente, que en el eventual escenario en el cual la efectiva integraci\u00f3n del contradictorio se torne particularmente dif\u00edcil, el juez se encuentre frente a una obligaci\u00f3n imposible. No obstante, en aras de garantizar el debido proceso y el derecho a la defensa de aquel contra quien se dirige la acci\u00f3n, el juez deber\u00e1 actuar con particular diligencia; as\u00ed, pues, verificada la imposibilidad de realizar la notificaci\u00f3n personal, el juez deber\u00e1 acudir, subsidiariamente, a otros medios de notificaci\u00f3n que estime expeditos, oportunos y eficaces (\u2026). <\/p>\n
\u201c\u2018La Corte ha hecho \u00e9nfasis en que lo ideal es la notificaci\u00f3n personal y en que a falta de ella y trat\u00e1ndose de la presentaci\u00f3n de una solicitud de tutela se proceda a informar a las partes e interesados \u2018por edicto publicado en un diario de amplia circulaci\u00f3n, por carta, por telegrama, fijando en la casa de habitaci\u00f3n del notificado un aviso, etc.\u2019, y adicionalmente, vali\u00e9ndose de una radiodifusora e incluso, como recurso \u00faltimo, mediante la designaci\u00f3n de un curador\u2019\u00bb (CSJ AT 018, 31 Ene 2005). <\/p>\n
5. Aunado a lo anterior, t\u00e9ngase en cuenta que la petici\u00f3n de amparo tambi\u00e9n se origina en el supuesto extravi\u00f3 de un expediente entre varios despachos judiciales del mismo circuito, raz\u00f3n por la cual, debi\u00f3 adem\u00e1s vincularse a la Oficina de Apoyo Judicial para los Jugados Civiles de Barranquilla, para que se pronuncie frente a esta situaci\u00f3n, comoquiera que tal y como lo ha precisado de tiempo atr\u00e1s la jurisprudencia constitucional, es forzosa y no meramente opcional, la integraci\u00f3n del contradictorio con quienes est\u00e1n llamados a responder por la protecci\u00f3n del derecho fundamental invocado, lo cual redunda en beneficio de los interesados, dado que evita la presentaci\u00f3n de varias solicitudes de amparo y garantiza una debida administraci\u00f3n de justicia. <\/p>\n
Sobre lo apuntado, la Corte Constitucional en auto 055\/97 de 11 de diciembre de 1997 indic\u00f3 que \u00abLa integraci\u00f3n del contradictorio igualmente opera en el r\u00e9gimen procesal de la acci\u00f3n de tutela, de suerte que el juez del conocimiento debe integrar el contradictorio cuando descubra que no se encuentran reunidos los sujetos que deban constituir cualquiera de las partes, y especialmente los organismos y autoridades contra los cuales se adelanta la acci\u00f3n, pero no admite la soluci\u00f3n del proceso civil, seg\u00fan el cual una falta de legitimaci\u00f3n para obrar conduce fatalmente a un fallo inhibitorio. En efecto, el par\u00e1grafo \u00fanico del art\u00edculo 29 del decreto 2591\/91, establece de manera terminante que \u2018el contenido del fallo no podr\u00e1 ser inhibitorio. <\/p>\n
La raz\u00f3n de la prohibici\u00f3n de los fallos inhibitorios es la respuesta consecuente con los objetivos de la acci\u00f3n de tutela, que busca proteger pronta y eficazmente, mediante un proceso sumario de tr\u00e1mite preferencial, los derechos fundamentales vulnerados o amenazados en su ejercicio por las autoridades p\u00fablicas y, eventualmente, por los particulares. Todo lo que dilate la actuaci\u00f3n, dificulte la defensa o impida un pronunciamiento sobre las pretensiones de los peticionarios, contraviene el esp\u00edritu del Constituyente y la voluntad del legislador, para quienes la eficacia de los objetivos prima sobre la ritualidad de los procedimientos. Con la acci\u00f3n de tutela se busc\u00f3 crear un instrumento audaz y de eficacia inmediata, para proteger los derechos fundamentales de las personas. Un fallo inhibitorio, deja de lado la decisi\u00f3n del conflicto que afecta o amenaza un derecho fundamental, desconoce el principio de la efectividad de los derechos, el derecho de acceso a la justicia y hace nugatoria la tutela como mecanismo efectivo de protecci\u00f3n de dichos derechos. <\/p>\n
As\u00ed, entonces, no siendo posible una decisi\u00f3n inhibitoria por el juez de tutela, \u00e9ste debe decidir de fondo haciendo uso de los elementos de juicio de que se dispone en el proceso, teniendo en cuenta que la actuaci\u00f3n procesal debe ajustarse a los principios de publicidad, prevalencia del derecho sustancial, econom\u00eda, celeridad y eficacia (D. 2591\/91, art. 3\u00b0) y que su misi\u00f3n, ante cualquier otra alternativa, es la de proteger el derecho fundamental amenazado o desconocido. <\/p>\n
No cabe duda entonces, dadas las caracter\u00edsticas especiales del proceso de tutela, que si de la situaci\u00f3n de hecho acreditada en el informativo se deduce realmente la violaci\u00f3n de un derecho fundamental, pero no se ha constituido adecuadamente el litisconsorcio pasivo, puede el ad-quem e incluso la Corte cuando hace uso de la potestad de revisi\u00f3n de los fallos de instancia, revocar la decisi\u00f3n o decisiones sometidas a su examen y ordenar al juez de primera instancia la integraci\u00f3n del contradictorio para configurar la legitimaci\u00f3n en la causa de la parte demandada. La adopci\u00f3n de esta conducta se adecua y armoniza con el postulado legal de que en el proceso de tutela no pueden expedirse fallos inhibitorios, pero cabr\u00eda se\u00f1alar que mientras no se vincule debidamente a la parte demandada no es posible proferir sentencia de m\u00e9rito, estimatoria o desestimatoria de las pretensiones de la demanda\u00bb (citado, entre otras, en sentencias de 26 de junio de 2008, exp. 11001-22-10-000-2008-00131-01; y 1\u00ba de septiembre de ese a\u00f1o, exp. 76001-22-03-000-2008-00250-01; y auto de 16 de mayo de 2013, exp. No. 11001-22-03-000-2013-00462-01). <\/p>\n
6. En consecuencia, se devolver\u00e1 el expediente digital al ad quem constitucional, para que adelante nuevamente la actuaci\u00f3n que por esta v\u00eda se invalida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, el suscrito Magistrado de la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, RESUELVE: <\/p>\n
1. Declarar la nulidad de todo lo actuado en la tutela de la referencia a partir del auto admisorio, para que se disponga la notificaci\u00f3n de Cepeda y C\u00eda Ltda; Talleres S\u00faper Autos Ltda en liquidaci\u00f3n; y, de la Oficina de Apoyo Judicial para los Juzgados Civiles de Barranquilla, sin perjuicio, claro est\u00e1, de la validez de las pruebas recaudadas en los t\u00e9rminos del inciso 2\u00ba del art\u00edculo 138 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
2. Devu\u00e9lvase el expediente a la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Barranquilla para que reponga la actuaci\u00f3n, de conformidad con lo anotado en la parte motiva de esta providencia. <\/p>\n
3. Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito lo aqu\u00ed resuelto. <\/p>\n
Notif\u00edquese y c\u00famplase, <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
<\/p>\n
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