ATC1724-2021<\/p>\n
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ATC1724-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 23001-22-14-000-2021-00231-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diez de noviembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., diecisiete (17) de noviembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
1.- Ser\u00eda del caso resolver la impugnaci\u00f3n formulada por Luis Alfonso Vergara Mercado y Lila In\u00e9s V\u00e9lez Fabra contra el fallo emitido el 22 de octubre de 2021 por la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Monter\u00eda, en la acci\u00f3n de tutela que los recurrentes le instauraron a la Inspecci\u00f3n de Polic\u00eda y a la Alcald\u00eda del municipio de Puerto Escondido, C\u00f3rdoba, si no fuera porque el amparo debi\u00f3 ser decidido en primera instancia por el Juzgado Promiscuo Municipal de esa localidad. <\/p>\n
2.- A voces del numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el art\u00edculo 1\u00b0 del Decreto 333 de 2021, \u201c[l]as acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad, organismo o entidad p\u00fablica del orden departamental, distrital o municipal y contra particulares ser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a los Jueces Municipales\u201d <\/p>\n
Dicho precepto, salvo en lo que ata\u00f1e a los particulares, contempla un criterio org\u00e1nico para establecer la competencia, es decir, la fija de acuerdo con la naturaleza del sujeto convocado, distinguiendo si se trata de una entidad p\u00fablica y si esta pertenece al nivel departamental, distrital o municipal. Lo anterior, a tono con la organizaci\u00f3n descentralizada del Estado, as\u00ed como el principio de desconcentraci\u00f3n que rige la administraci\u00f3n de justicia. Luego, a efectos de determinar si en un caso es aplicable o no dicho precepto, importa establecer si el convocado cumple con esas caracter\u00edsticas, sin importar el linaje de la funci\u00f3n que ejerce. <\/p>\n
3.- Cuando la queja constitucional se enfila contra municipios o dependencias asociadas a este, como lo ser\u00eda el alcalde o el Inspector de Polic\u00eda, el fallador encargado de tramitarla, en primera instancia, es el juez de la localidad respectiva, por involucrar a un organismo estatal del orden municipal. Lo anterior, claro est\u00e1, salvo que la Alcald\u00eda o la Inspecci\u00f3n correspondiente act\u00faen como comisionados de los jueces de la rep\u00fablica, pues en esa hip\u00f3tesis, como esas instituciones reemplazan a estos en las diligencias que le son encomendadas, la regla de asignaci\u00f3n var\u00eda. <\/p>\n
Sobre el \u00e1mbito territorial de competencia de los municipios el art\u00edculo 311 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica contempla: <\/p>\n
[a]l municipio como entidad fundamental de la divisi\u00f3n pol\u00edtico-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios p\u00fablicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el Desarrollo de su territorio, promover la participaci\u00f3n comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las dem\u00e1s funciones que le asignen la Constituci\u00f3n y las leyes. <\/p>\n
Y respecto de sus dependencias, el inciso cuarto del canon 39 de la Ley 489 de 1998 consagra: <\/p>\n
[l]as gobernaciones, las alcald\u00edas, las secretar\u00edas de despacho y los departamentos administrativos son los organismos principales de la Administraci\u00f3n en el correspondiente nivel territorial. Los dem\u00e1s les est\u00e1n adscritos o vinculados, cumple sus funciones bajo su orientaci\u00f3n, coordinaci\u00f3n y control en los t\u00e9rminos que se\u00f1alen la ley, las ordenanzas y los acuerdos, seg\u00fan el caso (se enfatiza). <\/p>\n
4.- En el caso, la Alcald\u00eda e Inspecci\u00f3n demandadas son entes del orden municipal, comoquiera que est\u00e1n asociadas al ente territorial de Puerto Escondido, C\u00f3rdoba. Por tanto, el fallador que deb\u00eda dirimir el auxilio en primera instancia era el Juzgado Promiscuo Municipal de esa urbe, y no el Tribunal de Monter\u00eda, m\u00e1xime cuando la actuaci\u00f3n enjuiciada, relativa a una querella policiva, no fue el resultado de la delegaci\u00f3n de la administraci\u00f3n de justicia. <\/p>\n
5.- Entonces, como la Corporaci\u00f3n de origen no era competente para decidir el resguardo en primera instancia, como tampoco lo es, la Sala, para desatarlo en segundo grado, de acuerdo con el art\u00edculo 16 del C\u00f3digo General del Proceso, aplicable a los procesos de tutela por remisi\u00f3n del art\u00edculo 4\u00b0 del decreto 306 de 1992, se declarar\u00e1 la nulidad de lo rituado para que la controversia sea definida por el Juzgado Promiscuo Municipal de Puerto Escondido o quien haga sus veces. <\/p>\n
6.- En consecuencia, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia resuelve: <\/p>\n
Primero. Declarar la nulidad del fallo proferido el 22 de octubre de 2021 por la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Monter\u00eda. Lo dem\u00e1s, conserva validez. <\/p>\n
Segundo. Rem\u00edtanse las diligencias al Juzgado Promiscuo Municipal de Puerto Escondido, o a quien haga sus veces, a fin de que expida, en primera instancia, el veredicto de reemplazo. <\/p>\n
Tercero. Comun\u00edquese esta decisi\u00f3n, de la manera m\u00e1s expedita, al Tribunal de origen, a los actores y a los dem\u00e1s implicados. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
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