ATC1725-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
ATC1725-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 08001-22-13-000-2021-00678-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecisiete (17) de noviembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Ser\u00eda del caso decidir la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 12 de octubre de 2021 por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Mar\u00eda Cecilia Prado Garavito contra el Juzgado Catorce de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple de esa ciudad, sino fuera porque la Corte observa que en el tr\u00e1mite de la primera instancia se incurri\u00f3 en causal de nulidad que afecta lo actuado. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora, a trav\u00e9s de apoderada judicial, reclam\u00f3 protecci\u00f3n de sus garant\u00edas constitucionales a la igualdad, debido proceso, defensa, contradicci\u00f3n, estabilidad laboral reforzada, salud, trabajo y seguridad social, que dijo vulneradas por el estrado accionado, por lo que solicit\u00f3 que se revoquen \u00ab\u2026las providencias de\u2026 trece\u2026 de mayo de 2021 y veintinueve\u2026 de junio de 2021\u2026 que denegaron declarar en desacato a la empresa ESE Hospital Universitario \u201cCARI\u201d\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto los siguientes. <\/p>\n
2.1. Mar\u00eda Cecilia Prado Garavito promovi\u00f3 una primera acci\u00f3n de tutela contra el Hospital Universitarios CARI ESE, que se declar\u00f3 pr\u00f3spera con sentencia del 7 de mayo de 2019, por lo que se orden\u00f3 a la accionada reintegrar a la promotora \u00aba un cargo en provisionalidad, similar o equivalente al que desempe\u00f1aba\u2026, siempre que el mismo se encuentra vacante\u00bb y, en caso de existir la vacante, se deber\u00edan \u00abadelantar las labores administrativas necesarias para mantener la afiliaci\u00f3n a la seguridad social en salud y riesgos profesionales a la tutelante\u2026\u00bb, decisi\u00f3n confirmada, en sede de impugnaci\u00f3n, con providencia del 26 de junio de 2019. <\/p>\n
2.2. Cumplido lo anterior, la accionante instaur\u00f3 incidente de desacato, al considerar que su antagonista desatendi\u00f3 las rese\u00f1adas \u00f3rdenes de tutela, mecanismo que dispuso archivar el juzgado querellado, a trav\u00e9s de providencia del 13 de mayo de 2021, al no encontrar acreditado el incumplimiento alegado. <\/p>\n
2.3. Contra esa determinaci\u00f3n, la incidentante formul\u00f3 apelaci\u00f3n, recurso que inadmiti\u00f3 el Juzgado 13 Civil del Circuito de Barranquilla con auto del 25 de junio de 2021. <\/p>\n
2.4. En s\u00edntesis, critic\u00f3 la gestora del resguardo que el juzgado municipal accionado \u00abadhiri\u00e9ndose a los argumentos\u2026 esgrimidos por la [incidentada], decidi\u00f3\u2026 [archivar]\u2026 las actuaciones derivadas del incidente de desacato propuesto\u2026\u00bb, desconociendo que la accionada s\u00ed incumpli\u00f3 la orden de amparo, por lo que se le debi\u00f3 sancionar. <\/p>\n
1. La s\u00faplica constitucional correspondi\u00f3 por reparto, inicialmente, al Juzgado Sexto Civil del Circuito de Barranquilla, autoridad que lo admiti\u00f3 y profiri\u00f3 sentencia el 18 de agosto de los corrientes, que desestim\u00f3 las pretensiones de la actora, decisi\u00f3n que ella impugn\u00f3. <\/p>\n
2. Recibidas las diligencias por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, con prove\u00eddo del 23 de septiembre de 2021, declar\u00f3 la nulidad de todo lo actuado, al considerar que \u00ablas acusaciones formuladas en la demanda de tutela no solo se dirigen contra el Juzgado Catorce de Peque\u00f1as Causas y Competencias M\u00faltiples de Barranquilla, sino que atacan tambi\u00e9n las actuaciones y el buen proveer del Juzgado Trece Civil del Circuito de Barranquilla\u00bb. <\/p>\n
3. Posteriormente, dicho cuerpo colegiado admiti\u00f3, nuevamente, la tutela con auto del pasado 30 de septiembre, disponiendo la vinculaci\u00f3n de los intervinientes en el tr\u00e1mite censurado. <\/p>\n
4. El Hospital Universitario CARI ESE destac\u00f3 que \u00abla acci\u00f3n impetrada es de car\u00e1cter improcedente y adicionalmente es evidente que [ese ente hospitalario]\u2026 no ha incurrido en desacato\u00bb. <\/p>\n
5. El Juzgado 13 Civil del Circuito de Barranquilla precis\u00f3 que \u00abha realizado los controles procedentes y contemplados en nuestra carta magna, raz\u00f3n por la cual se solicita sea desvinculado del presente por no estar vulnerando de forma alguna los derechos invocados por la accionante\u00bb. <\/p>\n
6. El Juzgado Catorce de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple de esa localidad resalt\u00f3 que est\u00e1 \u00abprobado que los ritos procesales se han cumplido a cabalidad, que se han respetado las garant\u00edas\u2026 de los\u2026 intervinientes, del mismo modo como acreditado est\u00e1 que el referido incidente fue fallado a partir de un meticuloso an\u00e1lisis probatorio en el que se demostr\u00f3 que la entidad demandada no ha incumplido la orden de tutela\u00bb. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional neg\u00f3 el amparo, por cuanto el prove\u00eddo que desestim\u00f3 el incidente de desacat\u00f3 que promovi\u00f3 la hoy accionante \u00abresulta acorde con lo ordenado en el fallo que motiv\u00f3 el incidente, y las pruebas recaudadas en el expediente\u00bb. <\/p>\n
De otro lado, agreg\u00f3 \u00aben lo que ata\u00f1e a la cr\u00edtica por no haberse dado la segunda instancia contra el auto de archivo del incidente, se tiene que la misma se encuentra acorde a lo dispuesto en nuestro ordenamiento jur\u00eddico, especialmente en los art\u00edculos 31 y 52 del Decreto 2591 de 1991, y la jurisprudencia constitucional\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La gestora insisti\u00f3 en que debi\u00f3 prosperar el incidente de desacat\u00f3 que promovi\u00f3, comoquiera que su contraparte incumpli\u00f3 la orden de amparo dictada en el juicio criticado. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. El debido proceso constituye un conjunto de garant\u00edas fundamentales que deben respetarse en todo tr\u00e1mite, juicio y actuaci\u00f3n administrativa, asisti\u00e9ndole el derecho a las partes, as\u00ed como a las dem\u00e1s personas que tengan inter\u00e9s leg\u00edtimo de intervenir, de elevar solicitudes, aducir pruebas y controvertir las allegadas, postulados consagrados como derecho fundamental en el art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. <\/p>\n
La tutela como tr\u00e1mite judicial de defensa de los intereses superiores no obstante estar caracterizada por la brevedad y sumariedad, no es ajena a las reglas de la apuntada prerrogativa. <\/p>\n
2. De los hechos narrados no cabe duda de que el presente reclamo involucra, exclusivamente, actuaciones imputables al Juzgado Catorce de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple de Barranquilla, teniendo en cuenta que los reproches de la promotora se circunscriben, exclusivamente, a predicar que estaba demostrado el incumplimiento que achac\u00f3 al Hospital Universitario CARI ESE, como sustento del incidente de desacato fustigado. <\/p>\n
Ahora, no advierte la Sala que dicha s\u00faplica involucre el prove\u00eddo que dict\u00f3 el Juzgado Trece Civil del Circuito de Barranquilla, el 25 de junio de estas calendas, a trav\u00e9s del cual inadmiti\u00f3 la alzada que se formul\u00f3 contra el auto de 13 de mayo de 2021, que archiv\u00f3 el prenotado desacato, teniendo en cuenta que en dicha providencia ning\u00fan an\u00e1lisis se efectu\u00f3 sobre el acatamiento de la orden que pregona desatendida la actora, cuesti\u00f3n sobre la cual versa el presente amparo, conforme se expuso en antelaci\u00f3n. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, dada la naturaleza de la autoridad accionada y el hecho de que la solicitud de protecci\u00f3n recae, exclusivamente, sobre actuaciones adelantadas por un despacho judicial de categor\u00eda municipal, la competencia para conocer del presente asunto, en sede de primera instancia, radicaba en el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Barranquilla, a quien inicialmente fue repartida y, a su vez, la impugnaci\u00f3n se encontraba a cargo de la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de la misma ciudad, de conformidad con lo previsto el numeral 5\u00ba del art\u00edculo 2.2.3.1.2.1 del decreto 1069 de 2015, modificado por el art\u00edculo 1\u00ba del decreto 333 de 2021, conforme a los cuales \u00ab[l]as acciones de tutela dirigidas contra los Jueces o Tribunales ser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia, al respectivo superior funcional de la autoridad jurisdiccional accionada\u00bb. <\/p>\n
3. En consecuencia, el fallo proferido por el colegiado de Barranquilla est\u00e1 viciado de nulidad, por falta de competencia, de acuerdo al art\u00edculo 16 del C\u00f3digo General del Proceso, aplicable a los procesos de tutela por remisi\u00f3n del art\u00edculo 4\u00b0 del decreto 306 de 1992. <\/p>\n
Al respecto ha se\u00f1alado esta Colegiatura que: <\/p>\n
El fallo dictado por un juzgador carente de competencia funcional para tal efecto, en nuestro ordenamiento procesal actual, esto es, a partir de la entrada en vigencia del C\u00f3digo General del Proceso, constituye una decisi\u00f3n \u00abnula\u00bb, la que se torna insubsanable, al establecer el legislador que la competencia por tal factor es \u00abimprorrogable\u00bb, tal como lo dispone el inciso 1\u00ba del art\u00edculo 16 del referido estatuto adjetivo1, por lo que el funcionario que advierta esa anomal\u00eda est\u00e1 obligado a declararla de oficio, como se extrae de la misma norma, la cual resulta aplicable al tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela de conformidad con el art\u00edculo 4\u00ba del Decreto 306 de 1992. (Criterio expuesto en CSJ ATC1396-2016; reiterado, entre muchos otros, en ATC1684-2016, ATC1686-2016 y ATC2521-2016). <\/p>\n
4. En torno a la facultad para declarar \u00abnulidades\u00bb a partir de las reglas fijadas en el Decreto 1382 de 20002, esta Corporaci\u00f3n precis\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026la Sala hace suya la preocupaci\u00f3n de la Honorable Corte Constitucional expresada en el auto 124 de 2009 (Exp. I.C.C.1404) sobre la imperiosa necesidad de evitar la dilaci\u00f3n en el tr\u00e1mite de las acciones de tutela para garantizar su finalidad, eficiencia y eficacia, esto es, la protecci\u00f3n efectiva e inmediata de los derechos fundamentales. <\/p>\n
Empero, no comparte su posici\u00f3n respecto a que los jueces \u2018no est\u00e1n facultados para declararse incompetentes o para decretar nulidades por falta de competencia con base en la aplicaci\u00f3n o interpretaci\u00f3n de las reglas de reparto del decreto 1382 de 2000\u2019 el cual \u2018\u2026en manera alguna puede servir de fundamento para que los jueces o corporaciones que ejercen jurisdicci\u00f3n constitucional se declaren incompetentes para conocer de una acci\u00f3n de tutela, puesto que las reglas en \u00e9l contenidas son meramente de reparto.\u2019 En efecto, el Decreto 1382 de 2000, reglamenta el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 1991 relativo a la competencia de los jueces para conocer de la acci\u00f3n de tutela y, por supuesto, establece las reglas de reparto entre los jueces competentes. <\/p>\n
Pero tambi\u00e9n, dispone directrices concretas para el conocimiento funcional de determinadas acciones de tutela. Ad exemplum, \u2018[l]o accionado contra la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado o el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, ser\u00e1 repartido a la misma corporaci\u00f3n y se resolver\u00e1 por la Sala de Decisi\u00f3n, Secci\u00f3n o Subsecci\u00f3n que corresponda de conformidad con el reglamento al que se refiere el art\u00edculo 4\u00b0 del presente decreto\u2019, siendo inadmisible que otro juez diferente resulte conociendo de un amparo en su contra, por supuesto, en las hip\u00f3tesis en que eventualmente procediere el amparo contra estas altas Corporaciones de Justicia, que ser\u00edan los mismos en los cuales tambi\u00e9n proceder\u00eda contra la Corte Constitucional, naturalmente ajenos a la invasi\u00f3n o ejercicio de sus funciones constitucionales o legales privativas por otras autoridades. <\/p>\n
Por otra parte, aunque el tr\u00e1mite del amparo se rige por los principios de informalidad, sumariedad y celeridad, la competencia del juez est\u00e1 indisociablemente [ligada] con el derecho fundamental del debido proceso (art\u00edculo 29 de Carta), el acceso al juez natural y la administraci\u00f3n de justicia, de donde, \u2018seg\u00fan la jurisprudencia constitucional la falta de competencia del juez de tutela genera nulidad insaneable y la constataci\u00f3n de la misma no puede pasarse por alto, por m\u00e1s urgente que sea el pronunciamiento requerido, pues (\u2026) la competencia del juez se relaciona estrechamente con el derecho constitucional fundamental al debido proceso\u2019 (Auto 304 A de 2007), \u2018el cual establece que nadie puede ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio\u2019 (Auto 072 A de 2006, Corte Constitucional). <\/p>\n
An\u00e1logamente, el principio de legalidad imperante en todas las actuaciones de los servidores del Estado, precisa atribuciones concretas y ninguno puede ejercer sino las confiadas expresamente en la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y la ley, cuya competencia asigna el legislador y los jueces, dentro de un marco estricto, de orden p\u00fablico y, por tanto, de estricta interpretaci\u00f3n y aplicaci\u00f3n. \u2018En id\u00e9ntico sentido, razones de transcendental significaci\u00f3n inherentes a la autonom\u00eda e independencia de los jueces (art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Nacional) y su sujeci\u00f3n al imperio del ordenamiento jur\u00eddico, estar\u00edan seriamente comprometidas de limitarse las facultades y deberes de los jueces, sean ordinarios, sean constitucionales\u2019 (ATC, 13 may. 2009, rad. 2009-00083-01). <\/p>\n
5. En atenci\u00f3n a lo expuesto, la Corte declarar\u00e1 la nulidad de todo lo actuado a partir del auto del 23 de septiembre de 2021, inclusive, y ordenar\u00e1 devolver el expediente a la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, con la finalidad de que d\u00e9 curso pertinente a la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de 18 de agosto de la anualidad que avanza. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
1. Declarar la nulidad de todo lo actuado en el asunto de la referencia, a partir del auto del 23 de septiembre de 2021, inclusive. <\/p>\n
2. En consecuencia, remitir de inmediato el expediente a la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, para que d\u00e9 el tr\u00e1mite pertinente a la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de 18 de agosto de la anualidad que avanza. <\/p>\n
3. Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a los interesados mediante telegrama y l\u00edbrense las dem\u00e1s comunicaciones pertinentes. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 \u00abart\u00edculo 16. Prorrogabilidad e improrrogabilidad de la jurisdicci\u00f3n y la competencia. La jurisdicci\u00f3n y la competencia por los factores subjetivo y funcional son improrrogables. Cuando se declare, de oficio o a petici\u00f3n de parte, la falta de jurisdicci\u00f3n o la falta de competencia por los factores subjetivo o funcional, lo actuado conservar\u00e1 validez, salvo la sentencia que se hubiere proferido que ser\u00e1 nula, y el proceso se enviar\u00e1 de inmediato al juez competente. Lo actuado con posterioridad a la declaratoria de falta de jurisdicci\u00f3n o de competencia ser\u00e1 nulo\u00bb. [Se subray\u00f3] <\/p>\n
2\u0002 Compilado en el Decreto 1069 de 2015 (modificado por el Decreto 333 de 2021). <\/p>\n
1 <\/p>\n
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