ATC1726-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
ATC1726-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 85001-22-08-000-2021-00139-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecisiete (17) de noviembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Ser\u00eda del caso decidir la impugnaci\u00f3n interpuesta contra el fallo proferido el 1\u00b0 de octubre de 2021 por la Sala \u00danica del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Yopal, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Liliana Mercedes Mojica Becerra contra la Superintendencia Financiera de Colombia, el Juzgado Tercero Civil Municipal de la citada ciudad y RCI Compa\u00f1\u00eda de Financiamiento; no obstante, en el tr\u00e1mite de primera instancia se incurri\u00f3 en una causal de nulidad que afect\u00f3 lo actuado, seg\u00fan se examina. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora del amparo constitucional solicit\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente conculcados por los accionados dentro del litigio materia de resguardo. <\/p>\n
Pide, por tanto, \u201c1. Regulaci\u00f3n o p\u00e9rdida de intereses. 2. Reducci\u00f3n del capital de la prenda. 3. Nulidad del proceso ejecutivo por no reunir los requisitos de incumplimiento de las condiciones del pagare. 4. Reparaci\u00f3n del da\u00f1o por la orden judicial que emite el juzgado por la retenci\u00f3n de la prenda (\u2026). 5. Ordenar la notificaci\u00f3n y el traslado de la demanda solicitada desde el 01 de septiembre del a\u00f1o 2021. 6. ORDENAR a la empresa RCI COMPA\u00d1\u00cdA DE FINANCIAMIENTO RENAULT, contestar el derecho de petici\u00f3n y reparar el da\u00f1o ocasionado, entregando el veh\u00edculo y reportes de pago. 7. amparar a la madre cabeza de hogar a tener una vida digna, a la familia, a los ni\u00f1os que los derechos prevalecen sobre los dem\u00e1s derechos, entregando el veh\u00edculo en condiciones \u00f3ptimas. 8. Ordenar al Juzgado Tercero Municipal de Yopal entregar el traslado de la demanda\u201d. <\/p>\n
2. Como sustento de su queja, aduce que, en octubre de 2019, adquiri\u00f3 un cr\u00e9dito con la empresa RCI Compa\u00f1\u00eda de Financiamiento, para la compra del veh\u00edculo de placas DSP722. <\/p>\n
2.1. Asevera que el 1\u00b0 de septiembre de 2021, le fue retenido el mencionado automotor por orden judicial del Juzgado Tercero Civil Municipal de Yopal, quien no le ha corrido \u201ctraslado de la demanda\u201d, y por tanto, no ha podido contestar la misma para demostrar \u201cque no existe incumplimiento del cr\u00e9dito para hacer efectiva la cl\u00e1usula aceleratoria\u201d. <\/p>\n
2.2. Afirma que present\u00f3 \u201cderecho de petici\u00f3n\u201d ante RCI Compa\u00f1\u00eda de Financiamiento, solicitando \u201cla entrega del veh\u00edculo y la suspensi\u00f3n del [comentado] proceso\u201d; sin embargo, a la fecha de presentaci\u00f3n de este ruego dicha empresa no ha emitido ninguna respuesta a su requerimiento. <\/p>\n
2.3. Asegura que le urge disponer del autom\u00f3vil retenido, por cuanto \u201cviv[e] en una vereda\u201d y, \u201cnecesita transportar a sus hijos al colegio\u201d. <\/p>\n
3. La Superintendencia Financiera de Colombia manifest\u00f3 que \u201cno ha tenido participaci\u00f3n\u201d en ninguno de los hechos expuestos por la tutelante. <\/p>\n
4. El Juzgado Municipal fustigado se opuso al ruego resaltando la legalidad de sus actuaciones, manifestando que el proceso aducido por la actora no es un juicio ejecutivo sino una \u201csolicitud de aprehensi\u00f3n y entrega de garant\u00eda mobiliaria de m\u00ednima cuant\u00eda\u201d <\/p>\n
5. La entidad financiera convocada adujo que el 24 de septiembre de 2021, contest\u00f3 de fondo y oportunamente el requerimiento se\u00f1alado por la interesada en este auxilio. <\/p>\n
6. El a quo constitucional deneg\u00f3 la protecci\u00f3n deprecada por carecer del requisito de subsidiariedad e inexistencia de la vulneraci\u00f3n alegada por la petente. <\/p>\n
7. La censora impugn\u00f3 con motivos an\u00e1logos a los aducidos en el escrito genitor. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. El debido proceso constituye un conjunto de garant\u00edas fundamentales de acuerdo con las cuales nadie puede ser investigado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que le es imputado, ante funcionario competente y con observancia de las formas propias de cada juicio. Entre ellas, se destaca el derecho del interesado a aducir pruebas y controvertir las allegadas por la parte contraria, principios estos que por imperativo legal est\u00e1n consagrados en el art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. <\/p>\n
2. La \u201cacci\u00f3n de tutela\u201d, como tr\u00e1mite judicial de defensa de las prerrogativas esenciales, no obstante estar caracterizada por la brevedad y sumariedad, no es ajena a las reglas del referido \u201cderecho fundamental\u201d, dentro de las cuales se contempla que su conocimiento debe corresponder al juez que se encuentre legalmente facultado para resolverla, dado que, como lo ha explicado la jurisprudencia, all\u00ed \u201cse deben satisfacer ciertos presupuestos b\u00e1sicos del juicio como son, entre otros, la capacidad de las partes, la competencia y la debida integraci\u00f3n de la causa pasiva\u201d (CC A-257 de 1996), tal como lo disponen los c\u00e1nones 37 del Decreto 2591 de 1991 y 1\u00ba del Decreto 1983 de 2017. <\/p>\n
3. Del escrito tutelar y las pruebas allegadas se advierte que la quejosa reprocha, puntualmente, las actuaciones del Juzgado Tercero Civil Municipal de Yopal que conllevaron la \u201cretenci\u00f3n\u201d del veh\u00edculo automotor de placas DSP722, y la falta de respuesta del derecho de petici\u00f3n presentado por ella ante RCI Compa\u00f1\u00eda de Financiamiento. <\/p>\n
4. As\u00ed las cosas, la vinculaci\u00f3n de la Superintendencia Financiera de Colombia resulta aparente, por cuanto, si bien la tutela tambi\u00e9n fue dirigida contra esa autoridad, lo cierto es, ning\u00fan reproche se elev\u00f3 frente a la misma y que deba ser objeto de pronunciamiento en esta especial senda. En otros t\u00e9rminos, la promotora no critica ninguna actuaci\u00f3n de la referida entidad. <\/p>\n
En torno a la vinculaci\u00f3n aparente, reliev\u00f3 esta Corte: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [N]o puede asumirse que, por el simple hecho de accionar en contra de los nombrados, se torna competente un determinado funcionario, pues en cuanto no se les atribuya hecho u omisi\u00f3n que soporte su vinculaci\u00f3n a ese tr\u00e1mite, ni se precise de modo claro y directo c\u00f3mo ellos se encuentran comprometidos con el hecho endilgado, es infundada su convocatoria (\u2026) ATC2375-2015, CSJ ST 24 de julio de 2007, Rad. No. 00156-01, y 17 de agosto de 2011, exp. No. 2011-00430-01\u201d. <\/p>\n
En ese orden, al tenor de lo previsto en el numeral 2\u00ba del art\u00edculo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el precepto 1\u00b0 del Decreto 333 de 20211, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Yopal no era el llamado a conocer la petici\u00f3n de amparo, toda vez que, seg\u00fan qued\u00f3 evidenciado, el reproche se encuentra enfilado contra el Juzgado Tercero Civil Municipal de esa ciudad y RCI Compa\u00f1\u00eda de Financiamiento, correspondiendo su conocimiento en primera instancia, a los Jueces Civiles del Circuito de la mencionada localidad. <\/p>\n
5. En consecuencia, el presente asunto se encuentra viciado de nulidad, conforme al canon 138 del C\u00f3digo General del Proceso, aplicable en virtud de lo dispuesto en el aparte 2.2.3.1.1.3 ib\u00eddem el cual prev\u00e9 que \u201cpara la interpretaci\u00f3n de las disposiciones sobre tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela previstas por el Decreto 2591 de 1991 se aplicar\u00e1n los principios generales del C\u00f3digo General del Proceso, en todo aquello que no sean contrarios a dicho Decreto\u201d. <\/p>\n
6. Por ende, se invalidar\u00e1 la actuaci\u00f3n surtida y se dispondr\u00e1 la remisi\u00f3n de la presente queja constitucional a la Oficina Judicial de Yopal, para ser repartida entre los jueces civiles del circuito de esa localidad, por ser los competentes para conocer de ella en primera instancia. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
1. Declarar la nulidad de lo actuado en la acci\u00f3n de tutela de la referencia, a partir del auto que la admiti\u00f3, sin perjuicio de la validez y eficacia de las pruebas practicadas (art\u00edculo 138 C.G.P.). <\/p>\n
2. Por Secretar\u00eda, rem\u00edtase el expediente a la Oficina Judicial de Yopal, para ser repartido entre los jueces civiles del circuito, para lo de su competencia. Of\u00edciese. <\/p>\n
3. Comun\u00edquese esta decisi\u00f3n a los interesados, en la forma prescrita en el art\u00edculo 16 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 \u201c5. Las acciones de tutela dirigidas contra los Jueces o Tribunales ser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia, al respectivo superior funcional de la autoridad jurisdiccional accionada. (\u2026) 11. Cuando la acci\u00f3n de tutela se promueva contra m\u00e1s de una autoridad y estas sean de diferente nivel, el reparto se har\u00e1 al juez de mayor jerarqu\u00eda, de conformidad con las reglas establecidas en el presente art\u00edculo\u201d. <\/p>\n
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