ATC1729-2021<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
ATC1729-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-30-000-2021-00607-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., dieciocho (18) de noviembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Ser\u00eda del caso resolver la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 22 de junio de 2021 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la tutela que Diana Carolina Garc\u00eda Fontecha le instaur\u00f3 al Consejo Superior de la Judicatura – Direcci\u00f3n Ejecutiva de Administraci\u00f3n Judicial Nivel Central -, a la Direcci\u00f3n Ejecutiva de Administraci\u00f3n Judicial Seccional de Santander y al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, si no fuera porque se advierte una irregularidad que afecta el tr\u00e1mite. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- La libelista, actuando en nombre propio, invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos a la \u00abigualdad\u00bb, \u00abdescanso remunerado\u00bb, \u00abdebido proceso\u00bb y \u00abfamilia\u00bb, para que se ordenara: i) A la Direcci\u00f3n Ejecutiva de Administraci\u00f3n Judicial Seccional Santander \u00abadoptar las medidas administrativas y presupuestales a que haya lugar que viabilicen el reconocimiento y pago de las vacaciones que no han sido disfrutadas, a fin de que el nominador proceda a conceder el disfrute de las mismas\u00bb y, ii) La expedici\u00f3n del acto administrativo mediante el cual se conceda el disfrute de las vacaciones desde el 15 de junio al 6 de julio de 2021. <\/p>\n
En sustento de su rogativa, sostuvo que se desempe\u00f1a como Profesional Universitario Grado 12 en el Tribunal Superior de Bucaramanga desde el a\u00f1o 2015 y, que, el 17 de septiembre de 2019 dio a luz a su menor hija, de modo que le fue concedida licencia de maternidad hasta el 17 de enero de 2020, raz\u00f3n por la cual, \u00abno disfrut\u00f3 de las vacaciones colectivas a las que ten\u00eda derecho del 19 de diciembre al 11 de enero de 2020\u00bb. <\/p>\n
2.- El a quo concedi\u00f3 el resguardo, tras argumentar que, si bien la licencia de maternidad no interrumpe el tiempo de servicio para los efectos de las vacaciones, es claro que esa circunstancia determinaba que la actora se encontraba separada del servicio y de sus funciones, y, que, impedirle el \u00abderecho al descanso\u00bb basado en restricciones administrativas, no es una carga que deba soportar la servidora judicial, \u00abtoda vez que las vacaciones constituyen un derecho fundamental que tiene todos los colaboradores y funcionarios judiciales, por lo que no puede verse limitado la existencia de disponibilidad presupuestal para designar un servidor que la remplace durante el receso\u00bb. <\/p>\n
3.- Ese desenlace fue impugnado por la Direcci\u00f3n Ejecutiva Seccional de Administraci\u00f3n Judicial de Santander. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Ha sostenido esta Sala, que pese a ser la \u00abtutela\u00bb un mecanismo preferente y sumario, no es ajena -como no lo es ninguna acci\u00f3n judicial- a las reglas del debido proceso, por lo que su conocimiento debe corresponder al juez que se encuentre legalmente facultado para resolverla, dado que en su tr\u00e1mite \u00abse deben satisfacer ciertos presupuestos b\u00e1sicos del juicio como son, entre otros, la capacidad de las partes, la competencia y la debida integraci\u00f3n de la causa pasiva\u00bb (CC A-257 de 1996). <\/p>\n
2.- En tal sentido, el factor competencia adem\u00e1s de valorarse conforme al Decreto 2591 de 1991 (art\u00edculo 37), debe responder a las normas compiladas en los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021, por cuanto el primero se ocup\u00f3 de la \u00abpreventiva y territorial\u00bb, y los segundos introdujeron y conservaron el \u00abfuncional\u00bb, pretendiendo as\u00ed, \u00abel conocimiento de los asuntos entre los diferentes funcionarios judiciales y corporaciones, dependiendo de diferentes aspectos, tales como el nivel de la autoridad o calidad del funcionario demandado\u00bb (CSJ. ATC726-2021). <\/p>\n
El \u00faltimo de tales preceptos se\u00f1al\u00f3 en la parte considerativa: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Que asuntos como: (i) las actuaciones del Presidente de la Rep\u00fablica , incluyendo las relacionadas con la seguridad nacional, (ii) las actuaciones administrativas, pol\u00edticas, programas y\/o estrategias del Gobierno nacional, autoridades, organismos , consejos o entidades p\u00fablicas relacionadas con la erradicaci\u00f3n de cultivos il\u00edcitos, (iii) las acciones de tutela presentadas por funcionarios o empleados que pertenezcan o pertenecieron a la rama judicial (iv) las decisiones tomadas por la Superintendencia Nacional de Salud relacionadas con medidas cautelares y de toma de posesi\u00f3n e intervenci\u00f3n forzosa administrativa para administrar o liquidar, de cesaci\u00f3n provisional, o de revocatoria total o parcial de habilitaci\u00f3n o autorizaci\u00f3n de funcionamiento , con fundamento en los art\u00edculos 124 y 125 de la Ley 1438 de 2011, deben ser debatidos por \u00f3rganos judiciales que refuercen la desconcentraci\u00f3n de la administraci\u00f3n de justicia, preserven la jerarqu\u00eda funcional, y garanticen la unificaci\u00f3n jurisprudencial y el inter\u00e9s general\u2026\u00bb <\/p>\n
Y en su numeral 8\u00ba, art\u00edculo 1\u00ba, estableci\u00f3: <\/p>\n
\u00abLas acciones de tutela dirigidas contra el Consejo Superior de la Judicatura y la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial ser\u00e1n repartidas para su conocimiento en primera instancia, a la Corte Suprema de Justicia o al Consejo de Estado, y se resolver\u00e1 por la Sala de Decisi\u00f3n, Secci\u00f3n o Subsecci\u00f3n que corresponda de conformidad con el reglamento al que se refiere el art\u00edculo 2.2.3.1.2.4 del presente decreto. <\/p>\n
Cuando se trate de acciones de tutela presentadas por funcionarios o empleados judiciales, que pertenezcan o pertenecieron a la jurisdicci\u00f3n ordinaria, el conocimiento corresponder\u00e1 a la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo, y cuando se trate de acciones de tutela presentadas por funcionarios o empleados judiciales, que pertenezcan o pertenecieron a la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo, el conocimiento corresponder\u00e1 a la jurisdicci\u00f3n ordinaria. En los dem\u00e1s casos de tutelas promovidas por funcionarios o empleados judiciales, las acciones de tutela ser\u00e1n conocidas por la Corte Suprema de Justicia o el Consejo de Estado\u00bb. <\/p>\n
3.- Descendiendo al sub lite se evidencia la falta de \u00abcompetencia\u00bb de la Sala de Casaci\u00f3n Penal para resolver en primera instancia la salvaguarda, al advertirse que el reproche es incoado por Diana Carolina Garc\u00eda Fontecha, quien desempe\u00f1a el cargo de Profesional Universitario Grado 12 del Tribunal Superior de Bucaramanga. Esto es, se presenta el socorro por una empleada perteneciente a la jurisdicci\u00f3n ordinaria. <\/p>\n
En efecto las actuaciones administrativas que acusa son las desplegadas por la referida Colegiatura y la Direcci\u00f3n Ejecutiva Seccional de Administraci\u00f3n Judicial de la misma urbe; as\u00ed las cosas, atendiendo el mismo Decreto 333 de 2021, surge la necesidad de aplicar su inciso segundo, numeral 8\u00ba del art\u00edculo 1\u00ba, para asignar el conocimiento de las tutelas \u00abpresentadas por (\u2026) empleados judiciales, que pertenezcan o pertenecieron a la jurisdicci\u00f3n ordinaria, el conocimiento corresponder\u00e1 a la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo\u00bb. Lo anterior siguiendo los lineamientos consagrados en los art\u00edculos 306 del CPACA y 15 del CGP, en virtud de que el asunto, hoy1 no est\u00e1 asignado a otro organismo de la jurisdicci\u00f3n contenciosa administrativa. (ATC1541-2021, 8 oct, rad. n\u00b0 000-2021-01103-01). <\/p>\n
Ahora, si bien la demanda tambi\u00e9n se dirige contra el Consejo Superior de la Judicatura, dicha vinculaci\u00f3n es aparente, en la medida que no se enfil\u00f3 el ataque contra alguna acci\u00f3n u omisi\u00f3n suya, lo que descarta la competencia del Consejo de Estado para conocer del asunto. <\/p>\n
Bajo esta perspectiva, el juzgador constitucional llamado a conocer de esta \u00abacci\u00f3n\u00bb en primera instancia es el juez administrativo, por lo que se dejar\u00e1 sin valor y efecto lo diligenciado en el sub examine. <\/p>\n
4.- En consecuencia, se impone la aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 138 del C\u00f3digo General del Proceso, en cuanto a los efectos de la \u00abdeclaratoria de falta de competencia\u00bb, extensivo a este expedito procedimiento por mandato del art\u00edculo 4\u00ba del Decreto 306 de 1992 que reglament\u00f3 el Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Constituci\u00f3n, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO. Declarar la nulidad de la sentencia de primera instancia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal el 22 de junio de 2021. <\/p>\n
SEGUNDO. Ordenar la remisi\u00f3n del expediente a la oficina de reparto de los Juzgados Administrativos de Bucaramanga, para que se tramite en primera instancia la solicitud de amparo. <\/p>\n
TERCERO. Comun\u00edquese lo aqu\u00ed prove\u00eddo a los intervinientes y al a quo por el medio m\u00e1s \u00e1gil. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPALSE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 La ley 2080 de 2021 en algunos aspectos relacionados con la competencia, empieza a regir en 2022. <\/p>\n
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