ATC1760-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
ATC1760-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2021-02228-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinticinco (25) de noviembre de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Corresponder\u00eda decidir la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de 20 de octubre de 2021, mediante el cual la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 decidi\u00f3 la acci\u00f3n de tutela promovida por la Petroqu\u00edmica de Venezuela S.A. \u2013Pequiven, contra la Superintendencia de Sociedades, si no fuera porque se observa que en el tr\u00e1mite de la primera instancia se incurri\u00f3 en causal de nulidad que afecta lo actuado, como pasa a examinarse. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. La sociedad promotora del amparo reclama por intermedio de su representante legal, la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente conculcados por la autoridad convocada, en el marco del grado de supervisi\u00f3n de sometimiento a \u00abcontrol\u00bb, seguido en contra de la Sociedad Mon\u00f3meros S.A. <\/p>\n
Reclama, entonces, para la protecci\u00f3n de las mentadas prerrogativas, que se ordene a la autoridad accionada, \u00abreconozca la condici\u00f3n de controlante de Pequiven, conforme a los estatutos vigentes de Mon\u00f3meros y el mismo certificado de existencia y representaci\u00f3n legal de la C\u00e1mara de Comercio\u00bb, y en consecuencia, se le notifique \u00abcualquier actuaci\u00f3n administrativa, para que en el derecho de leg\u00edtima defensa, [se defienda a] la empresa, dentro del tr\u00e1mite de sometimiento a control\u00bb. <\/p>\n
2. Para respaldar sus quejas expone, en s\u00edntesis, que la autoridad de supervisi\u00f3n accionada se niega a vincularla al referido tr\u00e1mite para \u00abdecidir la estrategia, pol\u00edtica y negocios que tendr\u00eda la empresa\u00bb sometida a control, pese a que ostenta la condici\u00f3n de controlante de la misma, seg\u00fan lo acredit\u00f3 con varios documentos aportados. <\/p>\n
Se\u00f1ala que la sociedad Mon\u00f3meros Colombo Venezolanos S.A. fue sometida a dicho grado de supervisi\u00f3n mediante acto administrativo de 20 de agosto de 2021, y su vinculaci\u00f3n a esa actuaci\u00f3n fue negada, lo que ha impedido la adecuada toma de decisiones de aquel ente, con posibilidad de afectaci\u00f3n de su patrimonio y su existencia misma, ya que \u00ablos que no fueron nombrados por los accionistas universales\u00bb han tomado decisiones en tal sentido y est\u00e1n liquidando la sociedad, situaci\u00f3n que, en su criterio, justifica la intervenci\u00f3n del juez constitucional a su favor por parte del juez de tutela. <\/p>\n
3. La Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 neg\u00f3 la protecci\u00f3n suplicada, tras advertir, en suma, que \u00abtodo cuanto plantea la sociedad accionante concierne a una materia propia del derecho societario, espec\u00edficamente a su condici\u00f3n de controlante, el alcance de sus facultades sobre la sociedad controlada, la validez de la designaci\u00f3n de los representantes legales y la eficacia de ciertas decisiones adoptadas por los \u00f3rganos sociales, cuestiones que, en rigor, no pueden ser debatidas en sede constitucional y menos en el marco de la acci\u00f3n de tutela, ajena como es a disputas sobre derechos legales, contractuales y econ\u00f3micos (Dec. 306 de 1992, art. 2)\u00bb; adem\u00e1s, analiz\u00f3 la decisi\u00f3n de la Superintendencia accionada de negar la vinculaci\u00f3n de la aqu\u00ed interesada a la actuaci\u00f3n cuestionada, y encontr\u00f3 que \u00ablas pruebas, en lo relativo a la representaci\u00f3n legal, no fueron desconocidas por la Superintendencia y, adem\u00e1s, dicen lo que la Superintendencia dice que dicen, espec\u00edficamente el certificado de existencia y representaci\u00f3n de la sociedad sometida a control, no es posible sostener que se violaron los derechos fundamentales a la entidad proponente del amparo, menos a\u00fan si, se insiste, en lo que concierne a la naturaleza y alcance de las funciones de ese organismo respecto del control de sociedades, ha procedido con apego a lo dispuesto en el art\u00edculo 85 de la ley 222 de 1995\u00bb. <\/p>\n
3. Impugnada la sentencia por la parte accionante, fue remitida a esta Corte para lo pertinente, a trav\u00e9s del correo institucional. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme a la situaci\u00f3n f\u00e1ctica antes descrita, se desprende la falta de competencia de la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 para desatar el resguardo rogado en primera instancia, por cuanto la queja se dirige, contra una actuaci\u00f3n de naturaleza administrativa tramitada por la Superintendencia de Sociedades, esto es, una autoridad del orden Nacional. <\/p>\n
2. La prenombrada autoridad, seg\u00fan el art\u00edculo 1\u00ba del Decreto 1736 de 2020, \u00abes un organismo t\u00e9cnico, adscrito al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, con personer\u00eda jur\u00eddica, autonom\u00eda y patrimonio propio, mediante el cual el Presidente de la Rep\u00fablica ejerce la inspecci\u00f3n, vigilancia y control de las sociedades mercantiles, as\u00ed como las facultades que le se\u00f1ala la ley en relaci\u00f3n con otros entes, personas jur\u00eddicas y personas naturales\u00bb, asimismo, el art\u00edculo 38 de la Ley 489 de 1998, \u00abpor la cual se dictan normas sobre la organizaci\u00f3n y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del art\u00edculo 189 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y se dictan otras disposiciones\u00bb, indica en lo pertinente este asunto: \u00abintegraci\u00f3n de la Rama Ejecutiva del Poder P\u00fablico en el orden nacional. La Rama Ejecutiva del Poder P\u00fablico en el orden nacional, est\u00e1 integrada por los siguientes organismos y entidades: (\u2026) e) Las superintendencias y unidades administrativas especiales sin personer\u00eda jur\u00eddica\u00bb, luego no hay duda de que la autoridad accionada es del orden nacional. <\/p>\n
3. Ahora, para identificar la naturaleza de la actuaci\u00f3n cuestionada con la tutela, corresponde se\u00f1alar que, dentro de las funciones de la autoridad accionada se cuenta la del art\u00edculo 85 de la Ley 222 de 1995, de ejercer control sobre sus vigiladas, la cual \u00abconsiste en la atribuci\u00f3n de la Superintendencia de Sociedades para ordenar los correctivos necesarios para subsanar una situaci\u00f3n cr\u00edtica de orden jur\u00eddico, contable, econ\u00f3mico o administrativo de cualquier sociedad comercial no vigilada por otra superintendencia, cuando as\u00ed lo determine el Superintendente de Sociedades mediante acto administrativo de car\u00e1cter particular\u00bb. <\/p>\n
4. Sobre la naturaleza jur\u00eddica de ese tipo de actuaciones, ha considerado la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado que, \u00ab[L]as Superintendencias, como \u00f3rganos administrativos pertenecientes a la rama ejecutiva del poder p\u00fablico, se introducen dentro de la estructura administrativa del Estado colombiano para que ejerzan, en particular, funciones de inspecci\u00f3n, vigilancia y control en virtud de un acto de delegaci\u00f3n legal expresa, sobre entidades que prestan un servicio p\u00fablico o empresas que distribuyen o producen un determinado producto o servicio. (\u2026) [L]a regulaci\u00f3n del marco jur\u00eddico de los servicios p\u00fablicos, as\u00ed como la determinaci\u00f3n de las funciones de inspecci\u00f3n, vigilancia y control respecto de estos, son asuntos que le competen Congreso de la Rep\u00fablica. (\u2026) [D]entro del ordenamiento jur\u00eddico colombiano y en virtud de un acto de delegaci\u00f3n presidencial, las Superintendencias cumplen funciones de inspecci\u00f3n, vigilancia y control que pueden ser ejercidas en forma integral o en la medida en que el legislador lo determine, raz\u00f3n por la cual, este les ha otorgado instrumentos jur\u00eddicos y atribuciones legales para el mantenimiento del orden jur\u00eddico, contable, t\u00e9cnico y econ\u00f3mico del sector que vigila, y de todos aquellos aspectos administrativos relacionados con la formaci\u00f3n y funcionamiento de la entidad. (\u2026) Ahora bien, tal como lo se\u00f1ala la jurisprudencia constitucional, la funci\u00f3n de inspecci\u00f3n \u00abconsiste en la facultad de solicitar y\/o verificar informaci\u00f3n o documentos en poder de las entidades sujetas a control\u00bb; la de vigilancia \u00abhace alusi\u00f3n al seguimiento y evaluaci\u00f3n de las actividades de la entidad vigilada\u00bb; y la de control, \u00ab\u2018en sentido estricto\u2019 corresponde a la posibilidad de que la autoridad ponga en marcha correctivos, lo cual puede producir la revocatoria de la decisi\u00f3n del controlado o la imposici\u00f3n de sanciones\u00bb. En conclusi\u00f3n, las Superintendencias son organismos que hacen parte de la estructura administrativa del Estado, pertenecientes al poder ejecutivo, que cumplen funciones de inspecci\u00f3n, vigilancia y control sobre diferentes autoridades o empresas, con el fin de realizar una supervisi\u00f3n eficaz sobre determinado servicio o producto\u00bb (C.E. Rad. 11001-03-06-000-2020-00232-00(C), 15 dic. 2020, C.P. Germ\u00e1n Alberto Bula Escobar). <\/p>\n
5. De otro lado, sobre la diferenciaci\u00f3n entre actos jur\u00eddicos administrativos y jurisdiccionales, estableci\u00f3 la Corte Constitucional que \u00abexisten elementos formales que permiten establecer una diferencia entre ambos tipos de actos. De un lado, por sus efectos, pues el acto administrativo no goza de fuerza de cosa juzgada mientras que el jurisdiccional es definitivo, por lo cual el primero puede ser revocado, incluso estando ejecutoriado, a menos que exista una situaci\u00f3n jur\u00eddica consolidada, mientras que el acto jurisdiccional, una vez resueltos los recursos ordinarios y, excepcionalmente, los extraordinarios, es irrevocable. De otro lado, estos actos tambi\u00e9n se diferencian por la naturaleza de sujeto que los emite, pues s\u00f3lo puede producir actos judiciales un funcionario que tenga las caracter\u00edsticas de predeterminaci\u00f3n, autonom\u00eda, independencia e inamovilidad propia de los jueces, En efecto, lo propio del juez es que no s\u00f3lo deber estar previamente establecido por la ley (juez natural) sino que, adem\u00e1s, debe ser ajeno a las partes en la controversia (imparcial), s\u00f3lo est\u00e1 sujeto al derecho y no a instrucciones de sus superiores o de los otros poderes (independiente), y goza de una estabilidad suficiente para poder ejercer su independencia y autonom\u00eda (inamovilidad). Por el contrario, el funcionario administrativo carece de algunos de esos rasgos. Desde el punto de vista constitucional, la distinci\u00f3n entre acto administrativo y acto jurisdiccional es en el fondo el car\u00e1cter definitivo o no de la decisi\u00f3n tomada por la autoridad estatal\u00bb (C-189-1998). <\/p>\n
6. Del mismo, modo, sobre la atribuci\u00f3n de funciones jurisdiccionales a las autoridades administrativas, esta Sala estableci\u00f3 que: \u00abLo primero que se debe decir acerca de esta facultad, es que se encuentra prevista o autorizada en el inciso tercero del art\u00edculo 116 de Constituci\u00f3n Pol\u00edtica1, la que a su vez se halla desarrollada en el canon 3\u00b0 de la Ley 1285 de 20092, inciso segundo3. Frente a ella, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha precisado que, \u00abpor tratarse de una excepci\u00f3n a la regla general, la interpretaci\u00f3n de las normas que confieren ese tipo de competencias debe ser restrictiva y que debe basarse en una decisi\u00f3n legislativa que defina, expresamente y de manera precisa, las autoridades investidas de esas funciones, y las materias comprendidas en tal asignaci\u00f3n\u00bb, la cual \u00abdebe hacerse siempre compatible con los principios medulares del debido proceso\u00bb (subrayas ajenas al texto, C.C. C-156\/13). <\/p>\n
A partir de tales premisas4, dicha Corporaci\u00f3n fij\u00f3 en la sentencia C-896 de 2012, las siguientes reglas jurisprudenciales: i) \u00abSe encuentra constitucionalmente ordenado que sean disposiciones con fuerza de ley las que atribuyan funciones jurisdiccionales a las autoridades administrativas. Esta competencia legislativa, conforme al art\u00edculo 3 de la ley 1285 de 2009, comprende el se\u00f1alamiento de las competencias, la determinaci\u00f3n de las garant\u00edas al debido proceso y la fijaci\u00f3n de todas las condiciones necesarias para proteger en forma apropiada los derechos de las partes\u00bb; ii) \u00abSe encuentra constitucionalmente dispuesto que la atribuci\u00f3n sea excepcional y precisa (art\u00edculo 116). Del car\u00e1cter excepcional se sigue (i) un mandato de interpretaci\u00f3n restrictiva de las normas que confieren este tipo de facultades y (ii) un mandato de definici\u00f3n precisa de las competencias y las autoridades encargadas de ejercerlas. De este mandato de definici\u00f3n precisa se deriva el deber del legislador de establecer competencias puntuales, fijas y ciertas. Adicionalmente y atendiendo lo dispuesto en el art\u00edculo 3 de la ley 1285 de 2009 el car\u00e1cter excepcional implica (iii) un mandato de asignaci\u00f3n eficiente conforme al cual la atribuci\u00f3n debe establecerse de manera tal que los asuntos sometidos al conocimiento de las autoridades administrativas puedan ser resueltos de manera adecuada y eficaz\u00bb; iii) \u00abSe encuentra constitucionalmente prohibido de manera definitiva la asignaci\u00f3n de competencias a autoridades administrativas para instruir sumarios o juzgar delitos\u00bb; y, iv) \u00abEst\u00e1 constitucionalmente ordenado el aseguramiento de la imparcialidad e independencia en el ejercicio de las funciones jurisdiccionales a autoridades administrativas5\u00bb (\u00e9nfasis de la Sala). <\/p>\n
Por \u00faltimo, cabe destacar, que en la sentencia C-415 de 2002, la Guardiana de la Carta Pol\u00edtica estableci\u00f3 una regla para preservar la excepcionalidad en el ejercicio de funciones jurisdiccionales por parte de \u00f3rganos no judiciales, alusiva a que \u00aben caso de que exista una duda sobre la naturaleza administrativa o jurisdiccional de una funci\u00f3n asignada a un \u00f3rgano administrativo, debe interpretarse que se trata de una competencia administrativa\u00bb (destaco intencional)6 (STC-8508-2020) <\/p>\n
7. As\u00ed, el tr\u00e1mite criticado es adelantado por la Superintendencia de Sociedades, en ejercicio de la funci\u00f3n administrativa de control que le confiere la ley sobre las sociedades sometidas a su vigilancia, y, se tramita y culmina con la emisi\u00f3n de actos administrativos, sin que exista norma alguna que le atribuya a esa tramitaci\u00f3n el car\u00e1cter de jurisdiccional, o cuando menos puedan identificarse los elementos necesarios para encuadrarla en esa especial categorizaci\u00f3n, principalmente porque, varios de los actos emitidos en el marco del procedimiento, son discutibles ante la jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
8. Entonces, como la acci\u00f3n se dirige contra una autoridad del orden nacional, la regla para determinar el juez para su conocimiento es la del numeral 2\u00b0 del art\u00edculo 1\u00b0 del Decreto 333 de 20217, sin que por lo antes explicado, tenga injerencia en el particular la del numeral 10\u00ba8, pues no estamos ante el ejercicio de una funci\u00f3n jurisdiccional por parte de la accionada, de ah\u00ed que entonces, corresponde a los jueces con categor\u00eda circuito asumir en primera instancia la solicitud de protecci\u00f3n. <\/p>\n
9. Corresponde destacar que, \u00abEl fallo dictado por un juzgador carente de competencia funcional para tal efecto, en nuestro ordenamiento procesal actual, esto es, a partir de la entrada en vigencia del C\u00f3digo General del Proceso, constituye una decisi\u00f3n \u00abnula\u00bb, la que se torna insubsanable, al establecer el legislador que la competencia por tal factor es \u00abimprorrogable\u00bb, tal como lo dispone el inciso 1\u00ba del art\u00edculo 16 del referido estatuto adjetivo, por lo que el funcionario que advierta esa anomal\u00eda est\u00e1 obligado a declararla de oficio, como se extrae de la misma norma, la cual resulta aplicable al tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela de conformidad con el art\u00edculo 4\u00ba del Decreto 306 de 1992\u00bb (CSJ ATC139-2020). <\/p>\n
10. En consecuencia, el presente tr\u00e1mite se encuentra viciado de nulidad por falta de competencia funcional, la que es insaneable de acuerdo con el inciso primero del art\u00edculo 138 del C\u00f3digo General del Proceso, aplicable a los procesos de tutela por remisi\u00f3n del art\u00edculo 4\u00b0 del Decreto 306 de 1992, y es menester declarar a partir de la sentencia de primera instancia, sin perjuicio de la validez de las pruebas recaudadas y, se ordenar\u00e1 remitir el expediente al reparto de los Juzgados Civiles del Circuito de Bogot\u00e1, para su conocimiento. <\/p>\n
11. En torno a la facultad para declarar \u00abnulidades\u00bb, a partir de las reglas fijadas en el Decreto 1983 de 2017, recientemente esta Corporaci\u00f3n ha precisado de tiempo atr\u00e1s, que \u00abLa situaci\u00f3n descrita permite la aplicaci\u00f3n del canon 138 del C\u00f3digo General del Proceso, en lo referente a los efectos de la declaratoria de falta de competencia, norma extensiva a la acci\u00f3n de tutela en virtud de lo consagrado en el art\u00edculo 4\u00b0 del Decreto 306 de 1992, reglamentario del 2591 de 1991, el cual alude a los principios generales del Estatuto Procesal Civil para la interpretaci\u00f3n de los preceptos regulatorios de dicho tr\u00e1mite, en cuanto no contrar\u00ede sus propias disposiciones. <\/p>\n
Bajo la \u00e9gida del Decreto 1382 de 2000 la Sala, con argumentos que hoy, en vigencia del aludido Decreto 1983 de 2017, reitera, ha discrepado de la tesis prohijada por la Corte Constitucional y, en ese sentido, tiene ocasi\u00f3n de puntualizar: <\/p>\n
\u2018(\u2026) respecto a que los jueces \u2018no est\u00e1n facultados para declararse incompetentes o para decretar nulidades por falta de competencia con base en la aplicaci\u00f3n o interpretaci\u00f3n de las reglas de reparto del Decreto 1382 de 2000\u2019 el cual \u2018(\u2026) en manera alguna puede servir de fundamento para que los jueces o corporaciones que ejercen jurisdicci\u00f3n constitucional se declaren incompetentes para conocer de una acci\u00f3n de tutela, puesto que las reglas en \u00e9l contenidas son meramente de reparto (\u2026), [pues para esta Corporaci\u00f3n el aludido Decreto] reglamenta el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 1991 relativo a la competencia para conocer de la acci\u00f3n de tutela y, por supuesto, establece las reglas de reparto entre los jueces competentes\u2019. <\/p>\n
\u2018[Por lo tanto,] \u201c(\u2026) aunque el tr\u00e1mite del amparo se rige por los principios de informalidad, sumariedad y celeridad, la competencia del juez est\u00e1 indisociablemente referida al derecho fundamental del debido proceso (art\u00edculo 29 de Carta), el acceso al juez natural y la administraci\u00f3n de justicia, de donde, \u2018seg\u00fan la jurisprudencia constitucional la falta de competencia del juez de tutela genera nulidad insaneable y la constataci\u00f3n de la misma no puede pasarse por alto, por m\u00e1s urgente que sea el pronunciamiento requerido, pues (\u2026) la competencia del juez se relaciona estrechamente con el derecho constitucional fundamental al debido proceso\u201d (Auto 304 A de 2007), \u2018el cual establece que nadie puede ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio\u2019 (Auto 072 A de 2006, Corte Constitucional)\u201d (CSJ ATC, 13 may. 2009, rad. 2009-00083-01)\u2019\u00bb (CSJ ATC554-2019). <\/p>\n
12. En este orden de ideas, se impone declarar la invalidez del fallo dictado en primera instancia y el env\u00edo del expediente al reparto de los Juzgados Civiles del Circuito de Bogot\u00e1, pues como se advirti\u00f3, la protecci\u00f3n invocada se dirige contra una autoridad del orden nacional, respecto de una tramitaci\u00f3n de naturaleza administrativa. <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: Declarar la nulidad del fallo dictado el 20 de octubre de 2021 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 en la presente acci\u00f3n de tutela, sin perjuicio de la validez de los medios de prueba existentes, en los t\u00e9rminos del inciso segundo del art\u00edculo 138 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
SEGUNDO: Ordenar, en consecuencia, la remisi\u00f3n del expediente al reparto de los Juzgados Civiles del Circuito de Bogot\u00e1, con el fin de que se imprima de inmediato el tr\u00e1mite respectivo. <\/p>\n
TERCERO: Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a los interesados mediante telegrama y l\u00edbrense las dem\u00e1s comunicaciones pertinentes. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 Que reza: \u201cExcepcionalmente la ley podr\u00e1 atribuir funci\u00f3n jurisdiccional en materias precisas a determinadas autoridades administrativas. Sin embargo no les ser\u00e1 permitido adelantar la instrucci\u00f3n de sumarios ni juzgar delitos.\u201d <\/p>\n
2\u0002 Modificatorio del art\u00edculo 8\u00b0 de la Ley 270 de 1996. <\/p>\n
3\u0002 El cual se\u00f1ala: \u201cExcepcionalmente la ley podr\u00e1 atribuir funciones jurisdiccionales a ciertas y determinadas autoridades administrativas para que conozcan de asuntos que por su naturaleza o cuant\u00eda puedan ser resueltos por aquellas de manera adecuada y eficaz. En tal caso la ley se\u00f1alar\u00e1 las competencias, las garant\u00edas al debido proceso y las dem\u00e1s condiciones necesarias para proteger en forma apropiada los derechos de las partes. Contra las sentencias o decisiones definitivas que en asuntos judiciales adopten las autoridades administrativas excepcionalmente facultadas para ello, siempre proceder\u00e1n recursos ante los \u00f3rganos de la Rama Jurisdiccional del Estado, en los t\u00e9rminos y con las condiciones que determine la ley.\u201d <\/p>\n
4\u0002 Condensadas en la providencia citada, pero que se definieron previamente en las sentencias C-384\/00, C-1143\/00, C-1641\/00, C-649\/01, C-415\/02 y C-1072 de 2002. <\/p>\n
5\u0002 La cual contiene a su vez tres subreglas, pero que no interesan al caso que aqu\u00ed se estudia. <\/p>\n
6\u0002 Expuesta de esta manera en la sentencia C-156\/13. <\/p>\n
7\u0002 \u201c(\u2026)2. Las acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad, organismo o entidad p\u00fablica del orden nacional ser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a los Jueces del Circuito o con igual categor\u00eda (\u2026)\u201d. <\/p>\n
8\u0002 Las acciones de tutela dirigidas contra autoridades administrativas en ejercicio de funciones jurisdiccionales, conforme al art\u00edculo 116 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, ser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a los Tribunales Superiores de Distrito Judicial. <\/p>\n
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ATC1760-2021 \u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO Magistrado ponente ATC1760-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2021-02228-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., veinticinco (25) de noviembre de dos mil veintiuno (2021).- Corresponder\u00eda decidir la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de 20 de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[42],"tags":[],"class_list":["post-59083","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-noviembre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/59083","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=59083"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/59083\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=59083"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=59083"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=59083"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}