ATC1764-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
ATC1764-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 20001-22-14-000-2021-00289-01 (Aprobado en sesi\u00f3n del veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinticinco (25) de noviembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Respecto de la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar el 26 de octubre de 2021, dentro de la acci\u00f3n de tutela instaurada por Belisario Jim\u00e9nez Luquez y Eder de Jes\u00fas Conde Cuello contra la Presidencia de la Rep\u00fablica de Colombia, la Corte advierte que el asunto se encuentra viciado de nulidad como pasa a desarrollarse. <\/p>\n
1. Actuando en causa propia, los solicitantes reclamaron la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales a la dignidad humana, vida y salud, presuntamente vulnerados por la autoridad convocada ante la presunta omisi\u00f3n en la aplicaci\u00f3n de las normas y preceptos proferidos por autoridades del orden central en cuanto a pol\u00edticas de salud respecto del aforo masivo de personas en lugares p\u00fablicos con ocasi\u00f3n al SARS-CoV-2. <\/p>\n
2. En s\u00edntesis, indicaron que el 11 de marzo de 2020 la Organizaci\u00f3n Mundial de la Salud, declar\u00f3 que el COVID-19 deb\u00eda ser catalogado como pandemia, raz\u00f3n por la cual el Ministerio de Salud y Protecci\u00f3n Social declar\u00f3 la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional y se adecuaron medidas de aislamiento preventivo. <\/p>\n
Afirmaron que posteriormente, el Gobierno Nacional a trav\u00e9s de m\u00faltiples decretos \u00abregul\u00f3 la fase de aislamiento selectivo y con distanciamiento individual responsable que rige en la Rep\u00fablica de Colombia en el marco de la emergencia sanitaria por causa del COVID-19\u00bb. <\/p>\n
Seguidamente, refirieron que, en Valledupar se han realizado eventos de \u00abgran concentraci\u00f3n masiva de personas\u00bb el \u00faltimo llevado a cabo los d\u00edas 1, 2 y 3 de octubre de 2021 al que asistieron por d\u00eda m\u00e1s de tres mil personas, sin cumplir con las medidas y protocolos de bioseguridad. <\/p>\n
En virtud de ello, relievaron que no se encuentran dadas las condiciones de bioseguridad, como tampoco el esquema de vacunaci\u00f3n a toda la poblaci\u00f3n, lo que genera un riesgo para la salud y la vida de quienes acuden a esos eventos. <\/p>\n
Agregaron que, el Alcalde Municipal de esa localidad, expidi\u00f3 el Decreto n.\u00b0 776 de este a\u00f1o, en el que declar\u00f3 como d\u00edas c\u00edvicos \u00abel 13, 14 y 15 de octubre de 2021 que corresponde a los d\u00edas h\u00e1biles durante los que se celebra la versi\u00f3n 54\u00b0 del Festival de la Leyenda Vallenata\u00bb, decisi\u00f3n que no tuvo en cuenta lo referido en la Resoluci\u00f3n n.\u00b0 777 del 2 de junio de 2021, expedida por el Ministerio de Salud y Protecci\u00f3n Social. <\/p>\n
3. En tal virtud, pidieron que se ordene al Presidente de la Rep\u00fablica expedir un acto administrativo \u00absuspendiendo de manera definitiva toda actividad social de gran concentraci\u00f3n masiva de personas hasta tanto no se logre vacunar el 69% de la poblaci\u00f3n\u00bb; dejar sin efecto el Decreto n.\u00b0 776 del 2021 proferido por el Alcalde Municipal de Valledupar, exhort\u00e1ndolo para que se abstenga de permitir actividades similares a las aqu\u00ed referidas, y oficiar al Ministerio de Salud y Protecci\u00f3n Social para que informe \u00abhan cumplido literalmente con la parte considerativa y resolutiva de la Resoluci\u00f3n 777 del 2 de Junio de 2021, y espec\u00edficamente si se ha cumplido con el \u00cdndice de Residencia Epidemiol\u00f3gica en Valledupar y en el resto de los dem\u00e1s 24 Municipios del Departamento del Cesar\u00bb. <\/p>\n
4. El conocimiento del asunto correspondi\u00f3 a la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar, colegiatura a-quo que deneg\u00f3 el amparo deprecado, tras manifestar que la tutela es de car\u00e1cter residual y opera siempre y cuando se hayan agotado todos los medios de defensa ordinarios y extraordinarios. <\/p>\n
En el caso concreto afirm\u00f3 que, la acci\u00f3n de tutela \u00abno es el medio id\u00f3neo para dejar sin efectos ni expedir actos administrativos, puesto que esto es de resorte de la Jurisdicci\u00f3n Contenciosa Administrativa\u00bb, no obstante, realiz\u00f3 una ponderaci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales y analiz\u00f3 una posible vulneraci\u00f3n, concluyendo que \u00abno se avizora vulneraci\u00f3n de derechos fundamentales, pues como se mencion\u00f3 se advierte el cumplimiento de las normas y preceptos normativos en el actuar de la ALCALD\u00cdA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR Y LA GOBERNACI\u00d3N DEL CESAR, por tanto, se negar\u00e1n las pretensiones y se desvincular\u00e1 al MINISTERIO DE SALUD Y DE LA PROTECCION SOCIAL\u00bb. <\/p>\n
5. Los accionantes presentaron escrito de impugnaci\u00f3n frente a la mentada determinaci\u00f3n, sin exponer argumentos adicionales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. De la atribuci\u00f3n de competencia en materia de amparo constitucional. <\/p>\n
No obstante ser la tutela un mecanismo preferente y sumario, no es ajena \u2013como no lo es ninguna acci\u00f3n judicial\u2013 a las reglas del debido proceso, por lo que su conocimiento debe corresponder al juez que se encuentre legalmente facultado para resolverla, dado que, como lo ha explicado la jurisprudencia, en su tr\u00e1mite \u00abse deben satisfacer ciertos presupuestos b\u00e1sicos del juicio como son, entre otros, la capacidad de las partes, la competencia y la debida integraci\u00f3n de la causa pasiva\u00bb (CC A-257\/96). <\/p>\n
El factor de competencia de la acci\u00f3n constitucional est\u00e1 previsto en el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 1991, sin embargo, esa disposici\u00f3n solo se ocup\u00f3 de la \u00abpreventiva y territorial\u00bb, de ah\u00ed que art\u00edculo 1\u00ba del Decreto 333 de 2021, que modific\u00f3 el ordinal 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, predetermin\u00f3 el conocimiento de los asuntos entre los diferentes funcionarios judiciales y corporaciones, dependiendo de diferentes aspectos, tales como el nivel de la autoridad o calidad del funcionario demandado. <\/p>\n
En el presente caso se configura la nulidad por falta de competencia prevista en el art\u00edculo 133-1 del C\u00f3digo General del Proceso, la cual, por ser funcional, seg\u00fan el canon 138 \u00eddem (aplicable a la acci\u00f3n de tutela en virtud de lo dispuesto en el art\u00edculo 4\u00b0 del Decreto 306 de 1992, reglamentario del Decreto 2591 de 1991), implica que \u00ablo actuado conservar\u00e1 su validez y el proceso se enviar\u00e1 de inmediato al juez competente; pero si se hubiere dictado sentencia, esta se invalidar\u00e1\u00bb. <\/p>\n
2. De la definici\u00f3n de competencia. <\/p>\n
Al revisar el diligenciamiento de este asunto, la Corte encuentra que la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar carece de competencia para resolver en primera instancia la presente acci\u00f3n, pues, si bien esa colegiatura en el auto admisorio realiz\u00f3 un an\u00e1lisis al respecto, en el sentido de indicar que no se denota comprometida alguna actuaci\u00f3n u omisi\u00f3n del Presidente de la Rep\u00fablica, continu\u00f3 conociendo de la causa sin percatarse de que, por la calidad de las autoridades vinculadas, el estudio de la misma reca\u00eda en otro juez. <\/p>\n
Es as\u00ed como en esa misma tramitaci\u00f3n, fueron vinculados el Ministerio de Salud y Protecci\u00f3n Social, el Gobernador del Departamento del Cesar y el Alcalde del Municipio de Valledupar, autoridades que, en forma expresa, est\u00e1n enlistadas en los numerales 1\u00b0 y 2\u00ba del art\u00edculo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015 (modificado por el Decreto 333 de 20211). <\/p>\n
Adicionalmente, el numeral 11\u00b0 del art\u00edculo 1\u00b0 del Decreto 333 de 2021, prev\u00e9 que \u00abcuando la acci\u00f3n de tutela se promueva contra m\u00e1s de una autoridad y estas sean de diferente nivel, el reparto se har\u00e1 al juez de mayor jerarqu\u00eda, de conformidad con las reglas establecidas en el presente art\u00edculo\u00bb, por lo que, en el sub ex\u00e1mine, al encontrarse inmiscuidas las precitadas autoridades que son de diferente nivel, se decanta la competencia en las de mayor jerarqu\u00eda (Presidencia de la Rep\u00fablica y Ministerio de Salud y Protecci\u00f3n Social), que son del orden nacional. <\/p>\n
Bajo esa perspectiva, y teniendo en consideraci\u00f3n el factor funcional antes mencionado, el conocimiento de una tutela contra entidades, autoridades u organismos del precitado orden radica en los jueces del circuito, al tenor de lo previsto en el numeral 2\u00b0 del art\u00edculo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, el cual dispone que: \u00ab[l]as acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad, organismo o entidad p\u00fablica del orden nacional ser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a los Jueces del Circuito o con igual categor\u00eda\u00bb. Resaltado fuera del texto. <\/p>\n
De suerte que, conforme se extrae de la normativa en cita, resulta indudable que el primer grado de la presente acci\u00f3n constitucional no correspond\u00eda tramitarlo al tribunal, sino a los jueces del circuito de Valledupar\u2013, ciudad en la cual reciben notificaciones los memorialistas\u20132. <\/p>\n
3. De la actuaci\u00f3n que se invalida. <\/p>\n
De conformidad con lo antes se\u00f1alado, se impone declarar la falta de competencia de la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar para conocer en primera instancia la presente acci\u00f3n y, en consecuencia, como se ha dictado fallo bajo dicha irregularidad vulneradora del debido proceso, se decretar\u00e1 su nulidad, ordenando el env\u00edo del expediente a los Jueces Civiles del Circuito de Valledupar (reparto). <\/p>\n
De esta forma, en cumplimiento del inciso final del art\u00edculo 138 del estatuto adjetivo, seg\u00fan el cual \u00ab[e]l auto que declare una nulidad indicar\u00e1 la actuaci\u00f3n que debe renovarse\u00bb, se precisa que al invalidarse el fallo proferido por la colegiatura a-quo, se dispondr\u00e1 que el funcionario habilitado para tal fin conforme a la ley, dicte uno nuevo que defina en primer grado el amparo, sin perjuicio de lo que estime necesario complementar, como practicar otras pruebas o realizar notificaciones omitidas. <\/p>\n
4. Sobre la facultad para decretar nulidades. <\/p>\n
En cuanto a esa potestad, esta Sala ha se\u00f1alado que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) hace suya la preocupaci\u00f3n de la Honorable Corte Constitucional expresada en el auto 124 de 2009 (exp. I.C.C.1404) sobre la imperiosa necesidad de evitar la dilaci\u00f3n en el tr\u00e1mite de las acciones de tutela para garantizar su finalidad, eficiencia y eficacia, esto es, la protecci\u00f3n efectiva e inmediata de los derechos fundamentales (\u2026). <\/p>\n
(\u2026) empero, no comparte su posici\u00f3n respecto a que los jueces no est\u00e1n facultados para declararse incompetentes o para decretar nulidades por falta de competencia con base en la aplicaci\u00f3n o interpretaci\u00f3n de las reglas de reparto del decreto 1382 de 2000\u2019 el cual \u2018\u2026en manera alguna puede servir de fundamento para que los jueces o corporaciones que ejercen jurisdicci\u00f3n constitucional se declaren incompetentes para conocer de una acci\u00f3n de tutela, puesto que las reglas en \u00e9l contenidas son meramente de reparto\u201d. <\/p>\n
\u201cEn efecto, el Decreto 1382 de 2002, reglamenta el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 2001 relativo a la competencia de los jueces para conocer de la acci\u00f3n de tutela y, por supuesto, establece las reglas de reparto entre los jueces competentes (\u2026)\u00bb (CSJ ATC, 13 may. 2009, rad. 00083-01, citado en ATC295-2021,11 mar. 2021, rad. 00019-01, entre otros). <\/p>\n
En esa misma l\u00ednea, ha dejado sentado que: \u00abEl fallo dictado por un juzgador carente de competencia funcional para tal efecto, en nuestro ordenamiento procesal actual, esto es, a partir de la entrada en vigencia del C\u00f3digo General del Proceso, constituye una decisi\u00f3n \u00abnula\u00bb, la que se torna insubsanable, al establecer el legislador que la competencia por tal factor es \u00abimprorrogable\u00bb, tal como lo dispone el inciso 1\u00ba del art\u00edculo 16 del referido estatuto adjetivo3, por lo que el funcionario que advierta esa anomal\u00eda est\u00e1 obligado a declararla de oficio, como se extrae de la misma norma, la cual resulta aplicable al tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela de conformidad con el art\u00edculo 4\u00ba del Decreto 306 de 19924\u00bb (CSJ ATC1396-2016, 10 mar. 2016, rad. 00028-01, citado en ATC1218-2020, 9 dic. 2020, rad. 00327-01). <\/p>\n
5. De la imposibilidad del conflicto de competencia frente a la orden que se impartir\u00e1. <\/p>\n
Al respecto, una vez m\u00e1s se advierte que: <\/p>\n
\u00abno cabe en absoluto declarar conflicto de competencia afirmativa ni negativa de un juez de inferior categor\u00eda al superior, pues la historia jur\u00eddica ha patentizado desde \u00e9pocas remotas (Ley 105 de 1931) que la organizaci\u00f3n judicial en forma de cuerpo piramidal deviene del concepto de jerarqu\u00eda tan b\u00e1sico para una recta administraci\u00f3n de justicia, pues de lo contrario se llegar\u00eda a la anarqu\u00eda y perder\u00eda el concepto de autoridad fijado en la misma ley. (\u2026) En esta misma perspectiva se han reflejado en el tiempo diversas reformas conservando el n\u00facleo esencial, tal y como ocurri\u00f3 con el Decreto 1400 y 2019 de 1970 que adopt\u00f3 el C\u00f3digo de Procedimiento Civil, confirmando la regla que \u2018El juez que reciba el negocio no podr\u00e1 declararse incompetente, cuando el proceso le sea remitido por su respectivo superior jer\u00e1rquico o por la Corte Suprema de Justicia\u2019. Criterio posteriormente recogido por el Decreto 2289 de 1989 en el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 148 bajo el mismo texto y con plena vigencia\u00bb (CSJ ATC, 16 jul. 2010, rad. 00022-01, citado en ATC, 21 may. 2020, rad. 00091-01, entre otros). <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO: Declarar la nulidad de la sentencia de tutela de primera instancia proferida por la Sala Civil Familia Laboral del Distrito Judicial de Valledupar, el 26 de octubre de 2021, sin perjuicio de la validez de las pruebas legalmente practicadas. <\/p>\n
SEGUNDO: Ordenar la remisi\u00f3n del presente expediente a los Jueces Civiles del Circuito de Valledupar (reparto), para que se asuma en primer grado el conocimiento de esta acci\u00f3n. Of\u00edciese. <\/p>\n
TERCERO: Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto al tribunal que conoci\u00f3 en primera instancia, as\u00ed como a los interesados a trav\u00e9s de medio expedito y l\u00edbrense las dem\u00e1s comunicaciones pertinentes. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
1\u0002 \u00ab1. Las acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad, organismo o entidad p\u00fablica del orden departamental, distrital o municipal y contra particulares ser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a los Jueces Municipales. <\/p>\n
2. Las acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad, organismo o entidad p\u00fablica del orden nacional ser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a los Jueces del Circuito o con igual categor\u00eda\u00bb. <\/p>\n
2\u0002 Escrito inicial, f. 10: \u00abLos suscritos las recibir\u00e1n en la secretar\u00eda de su despacho, o en la carrera 16 C N.\u00ba 16B – 16 Barrio Jorge Dangond de Valledupar\u00bb. <\/p>\n
3\u0002 \u00abART\u00cdCULO 16. PRORROGABILIDAD E IMPRORROGABILIDAD DE LA JURISDICCI\u00d3N Y LA COMPETENCIA. La jurisdicci\u00f3n y la competencia por los factores subjetivo y funcional son improrrogables. Cuando se declare, de oficio o a petici\u00f3n de parte, la falta de jurisdicci\u00f3n o la falta de competencia por los factores subjetivo o funcional, lo actuado conservar\u00e1 validez, salvo la sentencia que se hubiere proferido que ser\u00e1 nula, y el proceso se enviar\u00e1 de inmediato al juez competente. Lo actuado con posterioridad a la declaratoria de falta de jurisdicci\u00f3n o de competencia ser\u00e1 nulo\u00bb. [Se subray\u00f3]. <\/p>\n
4\u0002 Ese aparte normativo fue incluido en el canon 2.2.3.1.1.3. del Decreto 1069 de 2015 (Por medio del cual se expide el Decreto \u00danico Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho), precisando que antes ense\u00f1aba que, \u00abpara la interpretaci\u00f3n de las disposiciones sobre tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela previstas por el Decreto 2591 de 1991\u2026, en todo aquello en que no sean contrarios a dicho decreto\u00bb, se aplicar\u00edan los principios generales del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, pero ahora hace referencia no a este estatuto sino al C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
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