ATC1769-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
ATC1769-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2021-02305-01 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinticuatro (24) de noviembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
1. Corresponder\u00eda a la Corte decidir la impugnaci\u00f3n interpuesta frente al fallo proferido el 28 de octubre de 2021 por la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Sembramos y Comercializamos S.A.S. contra el Juzgado Veintid\u00f3s Civil del Circuito de aquella ciudad, si no fuera porque se incurri\u00f3 en la causal de nulidad prevista en el numeral 8\u00ba del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso, en consonancia con el art\u00edculo 4\u00ba del Decreto 306 de 1992, que afecta la actuaci\u00f3n cumplida hasta este momento, como pasa a verse: <\/p>\n
2. Revisado el tr\u00e1mite de la primera instancia, se observa que no fue vinculada la sociedad Tomex Foods APS, a pesar de que en el auto admisorio de 19 de octubre de 2021 se dispuso que \u00abpor intermedio del Despacho a cargo del expediente sobre el que recae el reproche formulado se ordena notificar a todas las partes e intervinientes de la existencia de la acci\u00f3n de tutela para que, si a bien lo tienen, se pronuncien en el mismo t\u00e9rmino\u00bb, siendo claro que la determinaci\u00f3n que se tome en esta instancia es de su inter\u00e9s y podr\u00eda afectar sus derechos, pues, es la ejecutante dentro del proceso cuestionado, y se pretende aqu\u00ed que la Direcci\u00f3n de Impuestos y Aduanas Nacionales \u2013DIAN, suministre al Juzgado Veintid\u00f3s Civil del Circuito de Bogot\u00e1, una informaci\u00f3n necesaria para determinar la suerte de unos dineros cautelados por cuenta de la ejecuci\u00f3n criticada. <\/p>\n
3. Al respecto, la jurisprudencia constitucional ha sido clara en se\u00f1alar que es forzosa, y no meramente opcional, la integraci\u00f3n del contradictorio con todos aquellos sujetos y autoridades que est\u00e9n llamadas a responder por el derecho fundamental invocado, o que resulten directamente afectados con la decisi\u00f3n, lo cual redunda, en beneficio de los interesados, dado que evita la presentaci\u00f3n de varias solicitudes de amparo y garantiza una debida administraci\u00f3n de justicia. <\/p>\n
Sobre lo apuntado, la Corte Constitucional en auto 055\/97 de 11 de diciembre de 1997 indic\u00f3 que: <\/p>\n
\u00abLa integraci\u00f3n del contradictorio igualmente opera en el r\u00e9gimen procesal de la acci\u00f3n de tutela, de suerte que el juez del conocimiento debe integrar el contradictorio cuando descubra que no se encuentran reunidos los sujetos que deban constituir cualquiera de las partes, y especialmente los organismos y autoridades contra los cuales se adelanta la acci\u00f3n, pero no admite la soluci\u00f3n del proceso civil, seg\u00fan el cual una falta de legitimaci\u00f3n para obrar conduce fatalmente a un fallo inhibitorio. En efecto, el par\u00e1grafo \u00fanico del art\u00edculo 29 del decreto 2591\/91, establece de manera terminante que \u2018el contenido del fallo no podr\u00e1 ser inhibitorio. <\/p>\n
La raz\u00f3n de la prohibici\u00f3n de los fallos inhibitorios es la respuesta consecuente con los objetivos de la acci\u00f3n de tutela, que busca proteger pronta y eficazmente, mediante un proceso sumario de tr\u00e1mite preferencial, los derechos fundamentales vulnerados o amenazados en su ejercicio por las autoridades p\u00fablicas y, eventualmente, por los particulares. Todo lo que dilate la actuaci\u00f3n, dificulte la defensa o impida un pronunciamiento sobre las pretensiones de los peticionarios, contraviene el esp\u00edritu del Constituyente y la voluntad del legislador, para quienes la eficacia de los objetivos prima sobre la ritualidad de los procedimientos. Con la acci\u00f3n de tutela se busc\u00f3 crear un instrumento audaz y de eficacia inmediata, para proteger los derechos fundamentales de las personas. Un fallo inhibitorio, deja de lado la decisi\u00f3n del conflicto que afecta o amenaza un derecho fundamental, desconoce el principio de la efectividad de los derechos, el derecho de acceso a la justicia y hace nugatoria la tutela como mecanismo efectivo de protecci\u00f3n de dichos derechos. <\/p>\n
As\u00ed, entonces, no siendo posible una decisi\u00f3n inhibitoria por el juez de tutela, \u00e9ste debe decidir de fondo haciendo uso de los elementos de juicio de que se dispone en el proceso, teniendo en cuenta que la actuaci\u00f3n procesal debe ajustarse a los principios de publicidad, prevalencia del derecho sustancial, econom\u00eda, celeridad y eficacia (D. 2591\/91, art. 3\u00b0) y que su misi\u00f3n, ante cualquier otra alternativa, es la de proteger el derecho fundamental amenazado o desconocido. <\/p>\n
No cabe duda entonces, dadas las caracter\u00edsticas especiales del proceso de tutela, que si de la situaci\u00f3n de hecho acreditada en el informativo se deduce realmente la violaci\u00f3n de un derecho fundamental, pero no se ha constituido adecuadamente el litisconsorcio pasivo, puede el ad-quem e incluso la Corte cuando hace uso de la potestad de revisi\u00f3n de los fallos de instancia, revocar la decisi\u00f3n o decisiones sometidas a su examen y ordenar al juez de primera instancia la integraci\u00f3n del contradictorio para configurar la legitimaci\u00f3n en la causa de la parte demandada. La adopci\u00f3n de esta conducta se adecua y armoniza con el postulado legal de que en el proceso de tutela no pueden expedirse fallos inhibitorios, pero cabr\u00eda se\u00f1alar que mientras no se vincule debidamente a la parte demandada no es posible proferir sentencia de m\u00e9rito, estimatoria o desestimatoria de las pretensiones de la demanda\u00bb. <\/p>\n
4. La circunstancia que viene de advertirse, como ya se dijo, genera la nulidad de todo lo actuado a partir del momento en que, admitida la acci\u00f3n, debi\u00f3 producirse la mencionada notificaci\u00f3n, toda vez que se impidi\u00f3 a la mencionada persona jur\u00eddica, intervenir en este particular escenario, ejercer su derecho de defensa, exponer sus argumentos y, de ser el caso, aportar las pruebas que pretendan hacer valer. <\/p>\n
5. En consecuencia, se ordenar\u00e1 devolver el expediente a la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, para que adelante nuevamente la actuaci\u00f3n que por esta v\u00eda se invalida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, el suscrito Magistrado de la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, RESUELVE: <\/p>\n
1. Declarar la nulidad de todo lo actuado en la tutela arriba referida, a partir del momento en que, admitida la acci\u00f3n, debi\u00f3 producirse la notificaci\u00f3n de todas las partes e intervinientes del proceso ejecutivo objeto de cuestionamiento; sin perjuicio de la validez de las pruebas recaudadas en los t\u00e9rminos del inciso 2\u00ba del art\u00edculo 138 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
2. Devu\u00e9lvase el expediente a la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior prenombrado para que se reponga la actuaci\u00f3n, de conformidad con lo anotado en la parte motiva de esta providencia. <\/p>\n
3. Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a los interesados mediante telegrama y l\u00edbrense las dem\u00e1s comunicaciones pertinentes. <\/p>\n
Notif\u00edquese y c\u00famplase, <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
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