ATC1779-2021 <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
ATC1779-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-04377-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintis\u00e9is (26) de noviembre de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Decide la Corte el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Diecis\u00e9is Civil Municipal de Bogot\u00e1 y Civil Municipal de Madrid (Cundinamarca) para conocer la acci\u00f3n de tutela que promovi\u00f3 Carlos Alberto Castillo Moreno contra Juan Carlos Coy Carrasco. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante dirigi\u00f3 su escrito introductor a los \u00abJUEZ PENAL MUNICIPAL DE BOGOT\u00c1 (REPARTO)\u00bb, con el prop\u00f3sito de que se ordenara al particular enjuiciado resolver la petici\u00f3n que formul\u00f3 en procura de que se le entregaran algunos documentos, como el contrato de trabajo suscrito entre las partes, los desprendibles de n\u00f3mina, la autorizaci\u00f3n de descuentos, el reglamento interno de trabajo, entre otros; porque, a la fecha de interponer el amparo, no habr\u00eda recibido respuesta. <\/p>\n
2. El Juzgado Diecis\u00e9is Civil Municipal de Bogot\u00e1, al que inicialmente correspondi\u00f3 el asunto por reparto, se apart\u00f3 de la causa pretextando que, de acuerdo con el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 1991, la competencia para conocer de la demanda de tutela corresponde al \u00abJuez Promiscuo Municipal de Madrid Cundinamarca\u00bb, por ser el lugar de ocurrencia de la vulneraci\u00f3n, en tanto \u00abel lugar de domicilio del accionado es el municipio de Madrid Cundinamarca, lo que dar\u00eda lugar a que el conocimiento del amparo correspondiera al juez con categor\u00eda municipal de dicha localidad por ser all\u00ed donde posiblemente se ocurriera la violaci\u00f3n o la amenaza del derecho fundamental de petici\u00f3n. Igualmente, se observa que, el accionante tiene fijado su domicilio en el mismo municipio, por lo que, en ese orden de ideas, es all\u00ed donde se produce los efectos de la posible vulneraci\u00f3n o la amenaza, circunstancias que descartan de entrada el conocimiento de la acci\u00f3n de tutela a los juzgados de Bogot\u00e1\u00bb. En consecuencia, all\u00ed remiti\u00f3 las diligencias. <\/p>\n
3. El estrado judicial receptor, esto es, el Juzgado Civil Municipal de Madrid (Cundinamarca), tambi\u00e9n rehus\u00f3 la atribuci\u00f3n, tras considerar que \u00abpor v\u00eda normativa y jurisprudencial se impuso en consecuencia la imposibilidad de los jueces para desconocer la decisi\u00f3n de la parte accionante respecto de quien tramitar\u00e1 su proceso y por ello tal expresi\u00f3n prima y prevalece sobre el criterio territorial que invoca el remitente, hasta el punto que recientemente, no solo se dispuso la imposibilidad de desconocer la elecci\u00f3n del actor, sino que se anunci\u00f3 la improcedencia de conflictos\u00bb. <\/p>\n
Con esos argumentos, plante\u00f3 conflicto y envi\u00f3 el expediente a esta Corporaci\u00f3n para dirimirlo. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Aptitud legal para la resoluci\u00f3n. <\/p>\n
Compete a la Corte, mediante pronunciamiento del Magistrado Sustanciador, definir este asunto por cuanto involucra a dos despachos de diferentes distritos judiciales, respecto de los cuales, por la materia de la causa, se detenta condici\u00f3n de superior funcional com\u00fan; ello de conformidad con lo dispuesto en los art\u00edculos 16 y 18 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con el precepto 139 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
2. Competencia por el factor territorial en materia de tutela. <\/p>\n
Acorde con el canon 37 del Decreto 2591 de 1991, \u00ab[s]on competentes para conocer de la acci\u00f3n de tutela, a prevenci\u00f3n, los jueces o tribunales con jurisdicci\u00f3n en el lugar donde ocurriere la violaci\u00f3n o la amenaza que motivaren la presentaci\u00f3n de la solicitud\u00bb, pauta que reproduce el art\u00edculo 1 del Decreto 333 de 2021, a cuyo tenor dice: \u00abpara los efectos previstos en el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 1991, conocer\u00e1n de la acci\u00f3n de tutela, a prevenci\u00f3n, los jueces con jurisdicci\u00f3n donde ocurriere la violaci\u00f3n o la amenaza que motivare la presentaci\u00f3n de la solicitud o donde se produjeren sus efectos\u00bb. <\/p>\n
Por esa v\u00eda, la adecuada asignaci\u00f3n de solicitudes de amparo formuladas para lograr la salvaguarda de bienes iusfundamentales requiere elucidar el lugar en el que se produjo la infracci\u00f3n \u2013o la amenaza\u2013 al n\u00facleo fundamental de derechos del reclamante, as\u00ed como la ciudad en la que el acto censurado concretar\u00eda sus consecuencias, pudiendo optar el accionante por cualquiera de ellas. <\/p>\n
As\u00ed lo ha precisado esta Colegiatura, en asuntos similares al que ahora se examina: <\/p>\n
\u00abEl art\u00edculo 37 del Decreto 2591, en concordancia con el 86 de la Carta Pol\u00edtica, dispone que el conocimiento de la tutela corresponde \u201ca prevenci\u00f3n\u201d, a los jueces o tribunales con jurisdicci\u00f3n en el lugar donde se produce el menoscabo o la amenaza para los derechos constitucionales fundamentales, vale decir, se deben ponderar para resolver asuntos de esta especie varios factores a saber: la sede de la autoridad demandada, el lugar donde se producen los efectos de la vulneraci\u00f3n y el lugar donde el titular del derecho instaura la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
Esta Corporaci\u00f3n ha sostenido que la sede de las autoridades demandadas no es par\u00e1metro exclusivo e invariable para determinar la competencia del funcionario que ha de conocer la acci\u00f3n de tutela, porque no se puede desconocer que esta acci\u00f3n p\u00fablica tiene objetivo principal la salvaguarda de los derechos fundamentales de los ciudadanos, en tales condiciones es necesaria una consideraci\u00f3n especial en cuanto al lugar donde se materializan los efectos de la violaci\u00f3n en que se basa la petici\u00f3n de amparo y tambi\u00e9n la circunscripci\u00f3n judicial escogida por el ciudadano para demandar la protecci\u00f3n de sus derechos (art\u00edculo 1\u00ba, inciso primero Decreto 1382 de 2000)\u00bb. (CSJ ATP, 24 jul. 2001, rad. 9848; reiterado en CJS ATC2816-2017, 4 may.). <\/p>\n
3. Caso concreto. <\/p>\n
Preliminarmente, esta Sala relieva que el sistema atributivo de competencia preventiva en materia de tutela implica que el accionante \u00abbien puede escoger el Juez ante quien va a formular su solicitud de amparo, siempre que de dicho lugar resulte predicable la ocurrencia del quebranto o la de sus efectos\u00bb, pauta conforme a la cual, analizado el sumario, se concluye que quien debe conocer del asunto en esta oportunidad es el Juzgado Civil Municipal de Madrid (Cundinamarca), dado que se puede colegir v\u00e1lidamente que es all\u00ed donde se producen los efectos de las actuaciones aducidas como vulneradoras, principalmente, la presunta omisi\u00f3n por parte del particular requerido, respecto de la solicitud que el gestor afirma haber presentado; en tanto, en el escrito inicial, el convocante indic\u00f3 como lugar de notificaci\u00f3n la \u00abvereda [C]hauta [L]a [I]sla Madrid -Cundinamarca\u00bb (cd. ppal, ff. 1 y 6), incluso, esa misma direcci\u00f3n la refiri\u00f3 en la solicitud que se anex\u00f3 a la foliatura. <\/p>\n
Lo anterior, en virtud del art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 1991, el cual establece que \u00abson competentes para conocer de la acci\u00f3n de tutela, a prevenci\u00f3n, los jueces o tribunales con jurisdicci\u00f3n en el lugar donde ocurriere la violaci\u00f3n o la amenaza\u00bb, norma sobre la cual la Sala ha precisado que su finalidad es: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) facilitar al presunto afectado la elecci\u00f3n del Juez que resuelva sobre la tutela de sus garant\u00edas superiores, de manera que la competencia por el factor territorial debe establecerse, a prevenci\u00f3n, por el lugar en que, acorde con las afirmaciones del correspondiente libelo, adquiere materialidad la violaci\u00f3n o amenaza, es decir, donde se producen los efectos de la actuaci\u00f3n u omisi\u00f3n cuestionadas, que regularmente coincide con el sitio donde el peticionario se desenvuelve en forma cotidiana, sin que para ello importe el domicilio o sede administrativa del accionado; lo que debe ser entendido sin perjuicio de la confluencia de fueros cuando dichos efectos pueden tener incidencia en varios lugares, e inclusive por la sede en menci\u00f3n, casos en que es facultativo para el peticionario escoger entre \u00e9stos\u00bb (ver, entre otros, CSJ ATC2439-2016). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
De conformidad con las premisas precedentes, es el Juzgado Civil Municipal de Madrid (Cundinamarca) el llamado a dirimir el asunto de la referencia. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, el suscrito Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO: DECLARAR competente al Juzgado Civil Municipal de Madrid (Cundinamarca), para conocer de la acci\u00f3n constitucional de la referencia. <\/p>\n
SEGUNDO: REMITIR la actuaci\u00f3n a la mentada autoridad, por intermedio de la oficina respectiva, para que asuma el conocimiento del asunto. <\/p>\n
TERCERO: COMUNICAR lo decidido a los estrados involucrados y a la parte accionante, anexando copia \u00edntegra de la esta providencia <\/p>\n
Notif\u00edquese y c\u00famplase, <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
<\/p>\n
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