ATC1786-2021<\/p>\n
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ATC1786-2021 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintinueve (29) de noviembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Ser\u00eda del caso resolver la impugnaci\u00f3n formulada por Rossana Cantillo Jaraba contra el fallo de 19 de octubre de 2021, dictado por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena en la salvaguarda que impetr\u00f3 respecto de Bancolombia S.A. y la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protecci\u00f3n Social \u2013 UGPP, tr\u00e1mite dentro del cual se vincul\u00f3 al Juzgado Sexto de Familia de esa misma ciudad, debido a que se advierte una anomal\u00eda con trascendencia en el decurso. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
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1. La accionante pidi\u00f3, por un lado, que se ordene a Bancolombia S.A. \u00abproceda a la cancelaci\u00f3n de los valores que, se encuentran consignados en tal entidad bancaria\u00bb, y por el otro, que la UGPP \u00abliber[e] los valores girados\u00bb para que la instituci\u00f3n financiera realice su pago. <\/p>\n
Como sustento, se\u00f1al\u00f3 que funge como apoyo de su hermana Estela Cantillo Jaraba, quien es una persona con discapacidad, a la que luego del fallecimiento de su progenitor, el cual estaba pensionado, la UGPP le reconoci\u00f3 el 50% del derecho pensional. Su reproche radic\u00f3 en que se acerc\u00f3 a Bancolombia S.A. a cobrar la mesada (27 sep. 2021); sin embargo, no le fue entregada porque deb\u00eda demostrar que la providencia judicial emitida por el despacho acusado en la cual se declar\u00f3 la interdicci\u00f3n1 (7 feb. 2014), hab\u00eda sido inscrita en el registro civil de su consangu\u00ednea. Agreg\u00f3 que previamente hab\u00eda solicitado al juzgado el env\u00edo de la sentencia a la Notar\u00eda Segunda de Cartagena, pero no recibi\u00f3 respuesta. Finalmente, aleg\u00f3 que la UGPP le hizo \u00abciertas advertencias y precisiones\u00bb al ente financiero para realizar los pagos, lo que llev\u00f3 a que se limitara su derecho. <\/p>\n
<\/p>\n
2. El Tribunal neg\u00f3 el resguardo porque la gestora no acredit[\u00f3] en este tr\u00e1mite que haya elevado una petici\u00f3n formal ante BANCOLOMBIA, m\u00e1s all\u00e1 de su propio dicho en el que afirma haberse dirigido a [sus] oficinas (\u2026), como tampoco aporta prueba de haber gestionado ante el Juzgado Sexto de Familia (\u2026) los oficios dirigidos a la Notar\u00eda Segunda en cumplimiento a lo dispuesto en la providencia de 28 de septiembre\u00bb. Y agreg\u00f3 que, aunque la censora tenga apoyo, \u00abello no es \u00f3bice para dejar de cumplir, ante dichas entidades, los tr\u00e1mites internos que cada gesti\u00f3n requiera\u00bb. <\/p>\n
3. La libelista impugn\u00f3. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
El art\u00edculo 13 del Decreto 2591 de 1991, que gobierna esta clase de ritos, impone llamar a toda persona de quien se predique inter\u00e9s jur\u00eddico para intervenir, bien porque las resultas pudieran eventualmente beneficiarla y con mayor raz\u00f3n cuando sea previsible un menoscabo en alguno de sus privilegios esenciales. En cualquiera de esos supuestos es menester noticiarlo para que, de estimarlo pertinente ejerza el derecho de defensa o rinda informe, etc. <\/p>\n
Si as\u00ed no sucede, se ha pregonado que esa irregularidad configura la causa de nulidad del art\u00edculo 133, numeral 8\u00ba del C\u00f3digo General del Proceso, norma que establece que el proceso \u00abes nulo, en todo o en parte, solamente en los siguientes casos: 8) Cuando no se practica en legal forma la notificaci\u00f3n del auto admisorio de la demanda a personas determinadas, o el emplazamiento de las dem\u00e1s personas aunque sean indeterminadas, que deban ser citadas como partes\u00bb, disposici\u00f3n aplicable por remisi\u00f3n del c\u00e1non 4\u00ba del Decreto 306 de 1992. <\/p>\n
Sobre el particular, la providencia ATC1181-2017, reiterada en ATC032-2021 y ATC190-2021, record\u00f3: <\/p>\n
(\u2026) Si bien la tutela se caracteriza por ser un mecanismo breve y sumario, no es ajena a las reglas del debido proceso, dentro de las cuales se prev\u00e9 la perentoria obligaci\u00f3n de notificar las providencias proferidas en su tr\u00e1mite, a las partes o intervinientes, seg\u00fan lo disponen el art\u00edculo 16 del Decreto 2591 de 1991 y el art\u00edculo 5\u00ba del Decreto 306 de 1992 (\u2026) Dentro de aquellos sujetos a los que se deben comunicar las decisiones adoptadas en el tr\u00e1mite constitucional, se comprenden los terceros determinados o determinables que pueden recibir provecho o perjuicio de las resultas de la acci\u00f3n, as\u00ed como a los funcionarios p\u00fablicos que deban actuar como garantes de los derechos de las personas a las cuales la ley les otorga una especial protecci\u00f3n (\u2026) por anotadas omisiones \u00abse estructura la causal de nulidad establecida en el art\u00edculo 140 numeral 9\u00b0 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil [hoy art. 133 del C.G.P.], al haberse dado curso al libelo sin la citaci\u00f3n de quienes, como se anot\u00f3, debieron haber sido convocados\u00bb (Providencia de 4 de mayo de 2012, exp. 2012-00066-01). <\/p>\n
Pues bien, resulta indispensable vincular a la Notar\u00eda Segunda del C\u00edrculo de Cartagena, para posibilitar la contradicci\u00f3n de los hechos aducidos por la accionante, puesto que es palmario que le \u00abasiste inter\u00e9s jur\u00eddico de donde puede derivarse un provecho o un perjuicio\u00bb a ra\u00edz de la decisi\u00f3n que aqu\u00ed se adopte. <\/p>\n
En efecto, constatadas las piezas remitidas cabe observar que si bien, en el auto admisorio2 del pasado 6 de octubre numeral tercero, se dispuso \u00abVINC\u00daLESE como terceros intervinientes para que rindan informe y ejerzan su derecho de defensa adem\u00e1s de pronunciarse sobre los hechos que fundamentan el presente tr\u00e1mite a: (\u2026) NOTAR\u00cdA SEGUNDA DE CARTAGENA\u00bb; no obstante, emerge que no se realiz\u00f3 cabalmente ese tr\u00e1mite, ya que se evidenci\u00f33 que no se le notific\u00f3 de aquel prove\u00eddo, dejando de lado a quien tambi\u00e9n debi\u00f3 comunicarse la admisi\u00f3n de este auxilio, para garantizar su derecho de contradicci\u00f3n, porque debe recordarse que, <\/p>\n
[n]o obstante ser la tutela un mecanismo preferente y sumario, no es ajena -como no lo es ninguna acci\u00f3n judicial- a las reglas del debido proceso, por lo que su conocimiento debe corresponder al juez que se encuentre legalmente facultado para resolverla, dado que, como lo ha explicado la jurisprudencia, en su tr\u00e1mite \u00abse deben satisfacer ciertos presupuestos b\u00e1sicos del juicio como son, entre otros, la capacidad de las partes, la competencia y la debida integraci\u00f3n de la causa pasiva\u00bb.(Corte Constitucional. Auto 257 de 1996) (ATC4548-2018). <\/p>\n
En consecuencia, ser\u00e1 invalidada la actuaci\u00f3n para que intervenga la entidad en comento y una vez agotado el plazo para contradecir, deber\u00e1 dictarse nuevamente la decisi\u00f3n de fondo. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo brevemente expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: Declarar la nulidad del fallo dictado el 19 de octubre de 2021, dictado por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, con la finalidad de enterar de la admisi\u00f3n de este resguardo a la Notar\u00eda Segunda del C\u00edrculo de esa misma ciudad, conservando validez la actuaci\u00f3n surtida a t\u00e9rminos del art\u00edculo 138, inciso 2\u00b0 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
SEGUNDO: Devolver el expediente a la Corporaci\u00f3n de origen para que reanude el procedimiento seg\u00fan los lineamientos indicados. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1\u0002 Bajo la vigencia de la ley 1306 de 2009. <\/p>\n
2\u0002 Folio 49 EXPEDIENTE 603-2021. <\/p>\n
3\u0002 Folio 51 ibidem. <\/p>\n
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