SC4124-2021 (2010-00185-01)_1<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
SC4124-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n 05001-31-03-009-2010-00185-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diecinueve de agosto de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecis\u00e9is (16) de noviembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte los recursos de casaci\u00f3n interpuestos por Yeni Mar\u00eda M\u00fanera Estrada, en nombre propio y en representaci\u00f3n de sus hijas Catalina Vela1 y Mar\u00eda Vela, y Alba Luz Estrada Espinosa, en calidad de demandantes, y por las accionadas Cl\u00ednica del Prado S.A. y la E.P.S. Medicina Prepagada Suramericana S.A. contra la sentencia proferida el 14 de mayo de 2015 por la Sala Tercera Civil de Decisi\u00f3n del Tribunal Superior de Medell\u00edn, en el proceso ordinario de responsabilidad civil que las primeras promovieron contra las segundas y la I.P.S. Salud Siglo XXI, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas como llamadas en garant\u00eda la Compa\u00f1\u00eda Suramericana de Seguros S.A. y la Cl\u00ednica del Prado S.A., de Medell\u00edn. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Yeni Mar\u00eda M\u00fanera Estrada, en nombre propio y en representaci\u00f3n de sus hijas, y Luz Alba Estrada Espinosa presentaron demanda contra la Cl\u00ednica del Prado S.A., la E.P.S. Medicina Prepagada Suramericana S.A. y la I.P.S. Salud Siglo XXI, con el fin de que se les declarara civilmente responsables -contractualmente frente a Yeni Mar\u00eda M\u00fanera y Catalina , extracontractualmente frente a Mar\u00eda Vela y Luz Alba Estrada Espinosa- por los perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales a ellas causados como consecuencia de \u00ablas lesiones que sufri\u00f3 la ni\u00f1a Catalina Vela al momento de su nacimiento el 16 de marzo de 2005\u00bb, proceso cuyo conocimiento correspondi\u00f3 inicialmente al Juzgado Noveno Civil del Circuito de Medell\u00edn2. <\/p>\n
<\/p>\n
2. En sustento de sus pretensiones relataron los siguientes hechos relevantes: <\/p>\n
2.1. El 16 de marzo de 2005, hacia las 7:00 a.m., la se\u00f1ora Yeni Mar\u00eda M\u00fanera Estrada, con 34 a\u00f1os y 39 semanas de embarazo, ingres\u00f3 a la I.P.S. Salud Siglo XXI, de Medell\u00edn. En tal recinto fue valorada por una m\u00e9dica general, quien, ante los s\u00edntomas evidenciados, orden\u00f3 su remisi\u00f3n a la Cl\u00ednica del Prado, en ambulancia y acompa\u00f1ada de una enfermera. En dicha Cl\u00ednica, desde las 8:00 am, fue valorada por varios m\u00e9dicos, algunos de los cuales sostuvieron que deb\u00eda ser intervenida de inmediato y otros que era necesario esperar. De manera que la se\u00f1ora M\u00fanera Estrada ingres\u00f3 al servicio de obstetricia hasta las 3:40 p.m. Durante ese per\u00edodo hubo varias mujeres embarazadas en espera, al parecer porque en el centro asistencial no hab\u00eda servicio de agua. <\/p>\n
2.2. El parto ocurri\u00f3 despu\u00e9s de las 5:00 p.m., \u00abcon complicaci\u00f3n por abruptio (desprendimiento) de placenta, lo cual caus(\u00f3) lesiones cerebrales severas a la hija reci\u00e9n nacida\u00bb que generaron \u00abda\u00f1os irreversibles en la neonata, consistentes en par\u00e1lisis cerebral severa\u00bb. El \u201cabruptio de placenta\u201d se detect\u00f3 despu\u00e9s del parto y, en criterio de la parte actora, el m\u00e9dico tratante no advirti\u00f3 que, por la edad de la madre, ten\u00eda la posibilidad de sufrir dicha afecci\u00f3n. Asimismo, a la paciente no se le practic\u00f3 monitoreo fetal electr\u00f3nico, lo que habr\u00eda permitido detectar el sufrimiento que la criatura estaba padeciendo, \u00abm\u00e1xime que el tiempo entre el desprendimiento de la placenta y el nacimiento no fue corto, ya que la hipoxia sufrida por la criatura fue importante, conclusi\u00f3n a la que se llega con el grado de depresi\u00f3n respiratoria con que naci\u00f3, clasificada con Apgar 4\u00bb. Por lo dem\u00e1s, \u00abcomo consecuencia de la mala atenci\u00f3n\u00bb, la ni\u00f1a perdi\u00f3 sus facultades mentales y f\u00edsicas, impidi\u00e9ndole as\u00ed llevar una vida normal. <\/p>\n
3. Admitido el proceso3, se presentaron las siguientes contestaciones: <\/p>\n
3.1. La Cl\u00ednica del Prado S.A. se opuso a las pretensiones y formul\u00f3 las excepciones de m\u00e9rito que denomin\u00f3: (i) inexistencia de nexo de causalidad, (ii) ausencia de dolo, negligencia o culpa, (iii) diligencia y cuidado en la selecci\u00f3n del personal m\u00e9dico, (iv) consentimiento debido y plenamente informado, (v) indebida tasaci\u00f3n de perjuicios y (vi) riesgo inherente a la intervenci\u00f3n quir\u00fargica. Explic\u00f3 que la paciente ingres\u00f3 al servicio de urgencias de la instituci\u00f3n el 16 de marzo de 2005, a las 8:35 a.m., en condici\u00f3n estable, \u00abcon una ruptura de membranas y unos cambios iniciales en el cuello uterino (\u2026) en el estadio previo al expulsivo (\u2026) dilataci\u00f3n vaginal de un cent\u00edmetro, c\u00e9rvix posterior, l\u00edquido amni\u00f3tico escaso y claro\u00bb. Agreg\u00f3 que no fue remitida con un cuadro cl\u00ednico de urgencia y que, si bien lleg\u00f3 en ambulancia y acompa\u00f1ada de una enfermera, ello era una circunstancia de car\u00e1cter obligatorio sin importar su estado. Afirm\u00f3 que en la cl\u00ednica era normal atender diariamente 20 mujeres en estado de embarazo y, que no era cierto que ese d\u00eda hubiera faltado el servicio de agua. Y menos a\u00fan que existiera disparidad de criterios entre los m\u00e9dicos tratantes. <\/p>\n
De otro lado, formul\u00f3 llamamiento en garant\u00eda contra Seguros Generales Suramericana S.A. Tal solicitud fue aceptada mediante auto del 19 de octubre de 20105. <\/p>\n
3.2. La E.P.S. y Medicina Prepagada Suramericana S.A. se opuso igualmente a lo reclamado y plante\u00f3 las excepciones que denomin\u00f3 (i) inexistencia de obligaci\u00f3n solidaria de indemnizar, (ii) culpa exclusiva de la v\u00edctima y (iii) tasaci\u00f3n excesiva del perjuicio. Afirm\u00f3 que los servicios m\u00e9dicos prestados por las I.P.S. se realizan con plena autonom\u00eda frente a la accionada. Asever\u00f3 que no se acreditaron los alegados errores en el diagn\u00f3stico y tratamiento, que la paciente \u00abno recibi\u00f3 controles prenatales por cuenta de la EPS SURA, y la \u00fanica consulta que figura en la historia cl\u00ednica de SALUD SIGLO XXI corresponde al d\u00eda 22 de febrero de 2005 en la cual se constat\u00f3 retardo en el crecimiento fetal por parte de la Dra. CATALINA ORTIZ AGUADO quien le orden\u00f3 una ecograf\u00eda, la cual al parecer no fue realizada\u00bb. Adem\u00e1s, que dicho examen \u00abhubiese permitido detectar signos y s\u00edntomas durante el embarazo, as\u00ed como tomar conductas para evitar el desprendimiento de placenta o terminar el embarazo anticipadamente\u00bb. <\/p>\n
De la historia cl\u00ednica resalt\u00f3 que la madre gestante fue atendida por tres m\u00e9dicos especialistas y que no permaneci\u00f3 en el servicio de urgencias sin revisi\u00f3n o evaluaci\u00f3n, como lo sugiere la demanda. Destac\u00f3 que el desprendimiento de la placenta es un riesgo inherente al embarazo y al trabajo de parto6. Por otra parte, llam\u00f3 en garant\u00eda a la Cl\u00ednica del Prado S.A., por haber prestado directamente los servicios de salud, en virtud del contrato suscrito entre las partes vigente para la \u00e9poca de los hechos7, llamamiento admitido por auto del 19 de octubre de 20108. <\/p>\n
3.3. La I.P.S. Salud Siglo XXI solicit\u00f3 negar la responsabilidad endilgada y formul\u00f3 las excepciones de (i) buena fe, (ii) diligencia y cuidado, (iii) no existencia de la obligaci\u00f3n, (iv) ausencia de nexo causal, (v) carencia de fundamentaci\u00f3n jur\u00eddica para pedir y (vi) prescripci\u00f3n. Manifest\u00f3 que la entidad atendi\u00f3 a la paciente en forma inmediata y la remiti\u00f3 con personal id\u00f3neo a la cl\u00ednica tratante9. <\/p>\n
3.4. Seguros Generales Suramericana S.A., llamada en garant\u00eda por la Cl\u00ednica del Prado S.A., afirm\u00f3 que no le constaban algunos de los hechos de la demanda. Present\u00f3 las excepciones que denomin\u00f3 (i) ausencia de culpa y de nexo causal y (ii) tasaci\u00f3n excesiva de perjuicios. Frente al llamamiento adujo que el siniestro se reclam\u00f3 despu\u00e9s de dos a\u00f1os de la finalizaci\u00f3n de la p\u00f3liza, por lo cual propuso las excepciones de ausencia de siniestro y prescripci\u00f3n, as\u00ed como la de aplicaci\u00f3n del deducible pactado10. <\/p>\n
4. El 4 de noviembre de 2014, el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Descongesti\u00f3n de Medell\u00edn11 profiri\u00f3 fallo de primera instancia12. Con \u00e9l, se negaron las pretensiones de la demanda y se declar\u00f3 probada la excepci\u00f3n de ausencia de culpa. Esta decisi\u00f3n fue apelada por la parte actora. <\/p>\n
II. LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
El 14 de mayo de 201513 el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Medell\u00edn resolvi\u00f3 la alzada, en sentencia que revoc\u00f3 la de primer grado, declar\u00f3 no probadas las excepciones propuestas por las accionadas y decret\u00f3 la responsabilidad civil y solidaria de la Cl\u00ednica del Prado S.A. y de la E.P.S. y Medicina Prepagada Suramericana S.A.14. <\/p>\n
El juez ad quem estim\u00f3 como probados los siguientes hechos: <\/p>\n
\u00ab(i) la remisi\u00f3n en ambulancia y con enfermera acompa\u00f1ante no obedeci\u00f3 a situaciones normales de atenci\u00f3n a las gestantes. Se consider\u00f3 por parte de personal m\u00e9dico de la IPS Siglo XXI, que se estaba en presencia de una urgencia, puesto que seg\u00fan el diagn\u00f3stico el parto podr\u00eda producirse incluso durante el traslado; (ii) la atenci\u00f3n inicial de la Cl\u00ednica del Prado la hizo una m\u00e9dica general; (iii) se orden\u00f3 monitoreo electr\u00f3nico fetal, el que nunca se realiz\u00f3 (iv) la revisi\u00f3n por parte del m\u00e9dico especialista se dio 5 horas despu\u00e9s de la atenci\u00f3n a la instituci\u00f3n remitente. (v) se ten\u00eda conocimiento de que la paciente ten\u00eda ces\u00e1rea previa, indicios todos que permiten el aligeramiento probatorio, que facultan a la Sala llegar a la conclusi\u00f3n de que del hecho da\u00f1ino informado en la demanda puede colegirse culpa y relaci\u00f3n de causalidad. Se trata de la aplicaci\u00f3n del principio latino ipsa loquitur (las cosas hablan por s\u00ed solas) o faute virtuelle (culpa virtual)\u00bb. <\/p>\n
Precis\u00f3 que, \u00abdebido a las circunstancias especiales, dado que los profesionales prestadores del servicio no demostraron que se hubiera presentado una situaci\u00f3n especial que sin alcanzar su responsabilidad hubiera dado lugar al hecho da\u00f1ino (\u2026) Luego, si bien en principio los actores deben establecer la responsabilidad de los m\u00e9dicos tratantes y las instituciones m\u00e9dicas, en algunos casos la carga de la prueba debe hacerse actuar en forma din\u00e1mica, traslad\u00e1ndose a aquellos, quienes est\u00e1n en mejores condiciones de allegar los elementos de juicio que se dirigen a probar la exoneraci\u00f3n de la culpa\u00bb. Lo expuesto, sumado al aligeramiento de la prueba, que \u00abacepta la existencia de dificultades para que el actor pueda probar con certidumbre\u00bb. <\/p>\n
El Tribunal estableci\u00f3 que, el d\u00eda del parto, la paciente fue valorada en la I.P.S. Salud Siglo XXI y que, seg\u00fan lo referido por el perito que particip\u00f3 en el proceso -basado en lo registrado en la historia cl\u00ednica de dicha instituci\u00f3n-, al realizarle el \u201ctacto vaginal\u201d el entonces m\u00e9dico tratante consider\u00f3 que \u00abla paciente estaba con dilataci\u00f3n completa del cuello uterino y por lo tanto el parto era inminente y requer\u00eda remisi\u00f3n urgente a un lugar donde se le pudiera atender el parto, por lo que la remitieron en ambulancia y con enfermera previendo que el parto pudiera ocurrir en el camino\u00bb. Sostuvo que, seg\u00fan la doctora Lizcano Bedoya, m\u00e9dico general que revis\u00f3 a la paciente en la Cl\u00ednica del Prado, \u00e9sta presentaba un \u00abembarazo a t\u00e9rmino, que hab\u00eda sido remitida a la instituci\u00f3n porque se encontraba en expulsivo\u00bb. Sin embargo, concluy\u00f3 un diagn\u00f3stico diferente al de la entidad remitente pues determin\u00f3 que aqu\u00e9lla ten\u00eda una dilataci\u00f3n de un cent\u00edmetro y una contracci\u00f3n uterina en 15 minutos, cuello muy posterior, salida de l\u00edquido amni\u00f3tico claro y poco, no expulsivo. Por lo tanto, \u00abse hospitaliza para iniciar proceso de parto por ruptura de membrana alta\u00bb. <\/p>\n
El Tribunal destac\u00f3 lo establecido en el peritaje, en cuanto a que se trataba de una madre gestante por segunda vez, con 39 semanas de embarazo, con ces\u00e1rea previa y ruptura de membranas alta, a quien se le brind\u00f3 una atenci\u00f3n inicial adecuada, al reforzar la actividad uterina por la referida ruptura y ordenar un monitoreo electr\u00f3nico fetal, lo cual el experto catalog\u00f3 como \u201cadecuado\u201d. No obstante, se\u00f1al\u00f3 que el \u00faltimo nunca se realiz\u00f3 porque el monitor se encontraba ocupado (seg\u00fan nota de enfermer\u00eda de las 12:20 p.m.). De ese informe, el ad quem resalt\u00f3 lo dicho en torno a que la evaluaci\u00f3n inicial debi\u00f3 \u00abser avalada por el ginec\u00f3logo con una nota aprobando o complementando la conducta tomada por la m\u00e9dica de urgencias, aunque (\u2026) seg\u00fan lo plasmado en la historia cl\u00ednica esta conducta estaba consecuente con el diagn\u00f3stico efectuado\u00bb. El Tribunal expuso la declaraci\u00f3n del especialista en obstetricia de la Cl\u00ednica del Prado, Iv\u00e1n Dar\u00edo Ram\u00edrez Londo\u00f1o, quien afirm\u00f3 que el intervalo normal de una evaluaci\u00f3n de una paciente en trabajo de parto era de dos horas y que la primera vez que evalu\u00f3 a la se\u00f1ora M\u00fanera Estrada fue a la 1:00 p.m. <\/p>\n
Por otra parte, de lo advertido por el m\u00e9dico Ram\u00edrez Londo\u00f1o frente al monitoreo fetal electr\u00f3nico, concluy\u00f3 el Tribunal que hubo negligencia en la pr\u00e1ctica de dicho examen, que fue ordenado en horas de la ma\u00f1ana y que, refiri\u00e9ndose al peritaje del proceso, era m\u00e1s seguro que el manual. Ello, puesto que el tiempo de valoraci\u00f3n era m\u00ednimo de 40 minutos continuos de manera que permit\u00eda observar en forma m\u00e1s objetiva la presencia de desaceleraciones de la frecuencia cardiaca. En contraste, el manual se hac\u00eda con un estetoscopio, durante 1 a 10 minutos, lo que imped\u00eda detectar cambios en la \u201cfetocardia\u201d y el sufrimiento de la beb\u00e9 por nacer. <\/p>\n
Sobre las seis posibles causas m\u00e1s importantes que aumentaban el riesgo de abruptio de placenta, referidas por el m\u00e9dico Ram\u00edrez Londo\u00f1o, el Tribunal resalt\u00f3 que la paciente presentaba dos de ellas, esto es, la ruptura de membranas y la ces\u00e1rea previa. Y, sobre los s\u00edntomas cl\u00e1sicos por \u00e9l mencionados, aunque el ginecobstetra dijo que no se advirtieron y que pod\u00eda haber gestantes asintom\u00e1ticas, el colegiado de instancia destac\u00f3 de ellos el sangrado vaginal, que fue registrado tanto en la historia cl\u00ednica de la I.P.S. remitente como en la de la cl\u00ednica receptora. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, el Tribunal determin\u00f3 que la \u201chipoxia\u201d fue ocasionada \u00aben alto grado de probabilidad por el desprendimiento de la placenta\u00bb, que afect\u00f3 el 30% de la misma, \u00ablo que se refuerza con la afirmaci\u00f3n contenida en la adici\u00f3n al dictamen en el sentido de que un estudio efectuado en el 2008 encontr\u00f3 que el infarto placentario estaba asociado en forma significativa con un aumento de 4 veces del riesgo de cuadriplejia esp\u00e1stica\u00bb. La combinaci\u00f3n de infarto placentario y tener restricci\u00f3n de crecimiento intrauterino, de conformidad con el dicho de la perito, \u00abten\u00eda un riesgo especialmente alto para tener una par\u00e1lisis cerebral esp\u00e1tica\u00bb. Si bien la \u201chipoxia perinatal\u201d s\u00f3lo es una causa en un peque\u00f1o n\u00famero de los casos de la par\u00e1lisis cerebral, \u00aben este caso, la conclusi\u00f3n de la Corporaci\u00f3n es diferente, y recuerda que al dar respuesta a la demanda la EPS y Medicina Prepagada Suramericana S.A. se\u00f1al\u00f3 que en la historia cl\u00ednica de Salud Silo (sic) XXI correspondiente al 22 de febrero de 2005 da cuenta que la doctora Catalina Ortiz Laguado, constat\u00f3 retraso en el crecimiento fetal, por lo que orden\u00f3 una ecograf\u00eda, la que al parecer expres\u00f3, no se realiz\u00f3 la paciente\u00bb. Por todo ello, sentenci\u00f3 que la atenci\u00f3n m\u00e9dica recibida por la gestante en la Cl\u00ednica del Prado no estuvo conforme con la lex artis que debi\u00f3 aplicarse, ante las circunstancias m\u00e9dicas que aquella present\u00f3, \u00ablo cual comprometi\u00f3 el fruto de su embarazo con las consecuencias adversas que no est\u00e1n en discusi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Concluy\u00f3 que los indicios rese\u00f1ados junto con la t\u00e9cnica res ipsa loquitur \u00abse trata de la aplicaci\u00f3n del principio latino res ipsa loquitur o culpa virtual dado que los profesionales prestadores del servicio no demostraron que se hubiera presentado una situaci\u00f3n especial que sin alcanzar su responsabilidad hubiera dado lugar al hecho da\u00f1ino\u00bb daban cuenta que hubo \u00abomisi\u00f3n por parte del personal m\u00e9dico de la Cl\u00ednica del Prado, cuando de dos conceptos opuestos de m\u00e9dicos generales, el de la IPS Siglo XXI y el de la m\u00e9dica de urgencias de la Cl\u00ednica, no se recurre al m\u00e9dico especialista, \u2018avalar el diagn\u00f3stico\u2019, fue la expresi\u00f3n utilizada por la perito; tampoco se da cumplimiento al monitoreo fetal; no se advierte la anotaci\u00f3n de sangrado vaginal, y las condiciones de ces\u00e1rea previa y rotura de membranas, y su incidencia en abruptio de placenta, a lo que se suma que sin duda el monitoreo fetal electr\u00f3nico, el que el galeno de la instituci\u00f3n dice se realiza desde que la paciente ingresa hasta que sale, hubiese servido para detectar el sufrimiento fetal, la p\u00e9rdida de ox\u00edgeno que se estaba presentando como consecuencia del desprendimiento de la placenta\u00bb. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con lo alegado por la E.P.S. y Medicina Prepagada Suramericana S.A. en cuanto a la presunta culpa de la madre por haber omitido realizarse la ecograf\u00eda ordenada por la m\u00e9dica de la IPS el 22 de febrero del 2005, el Tribunal afirm\u00f3, con sustento en el dictamen pericial, que dicho examen no hubiera evitado el \u201cabruptio\u201d. En ese sentido, explic\u00f3 que \u00e9ste \u00abse produce durante el trabajo de parto en pacientes sin enfermedad concomitante, y en segundo lugar porque no resulta confiable ya que la apariencia ultrasonogr\u00e1fica de la hemorragia y los co\u00e1gulos se modifican a trav\u00e9s del tiempo. Incluso en casos de desprendimiento agudo pueden no detectarse hallazgos ecogr\u00e1ficos anormales\u00bb. <\/p>\n
En consecuencia, el Tribunal conden\u00f3 solidariamente a las demandadas a pagar: (i) para la madre de la ni\u00f1a afectada $68\u2019045.911 por da\u00f1o emergente pasado, $70\u2019000.000 por da\u00f1o moral y $50\u2019000.000 a t\u00edtulo de da\u00f1o a la vida de relaci\u00f3n; ii) para la hermana de la v\u00edctima $50\u2019000.000 por da\u00f1o moral; iii) para la abuela, $50\u2019000.000 por da\u00f1o moral y $25\u2019000.000 por da\u00f1o a la vida de relaci\u00f3n; y iv) para la v\u00edctima directa del da\u00f1o una mesada equivalente al 65% de 1 s.m.l.m.v., hasta cuando cumpla 18 a\u00f1os (16 de marzo de 2023) y, desde esa fecha en adelante, 1 s.m.l.m.v. durante toda su vida, por \u201cda\u00f1o emergente futuro\u201d, para lo cual dispuso que las condenadas constituyeran una fiducia; asimismo, las conden\u00f3 a pagar $70\u2019000.000, por da\u00f1o moral y $50\u2019000.000, por da\u00f1o a la vida de relaci\u00f3n, para la v\u00edctima directa del da\u00f1o. <\/p>\n
De otro lado, el Tribunal declar\u00f3 probada la ausencia de siniestro propuesta por Seguros Generales Suramericana S.A. frente al llamamiento en garant\u00eda efectuado por la Cl\u00ednica del Prado S.A. Explic\u00f3 que la p\u00f3liza estuvo vigente hasta el 31 de diciembre de 2005, mientras que el llamamiento se hizo el 21 de septiembre de 2010, es decir, pasados los dos 2 a\u00f1os de su vencimiento. A su vez, declar\u00f3 pr\u00f3spero el llamado efectuado por la E.P.S. y Medicina Prepagada Suramericana S.A. a la Cl\u00ednica del Prado S.A., por lo cual conden\u00f3 a esta \u00faltima a reembolsar a aqu\u00e9lla las sumas que hubiera pagado como consecuencia de la sentencia. Para el efecto, dictamin\u00f3 que las partes pactaron que la Cl\u00ednica ser\u00eda la responsable por la prestaci\u00f3n de los servicios de salud a su cargo. Finalmente, confirm\u00f3 la decisi\u00f3n del a quo, en cuanto neg\u00f3 las pretensiones de la demanda en contra de la I.P.S. Salud Siglo XXI, porque se evidenci\u00f3 que actu\u00f3 en forma diligente al remitir inmediatamente a la paciente a una instituci\u00f3n de mayor nivel. <\/p>\n
III. LOS RECURSOS DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
La parte actora, la Cl\u00ednica del Prado S.A. y la E.P.S. Medicina Prepagada Suramericana S.A., formularon recursos de casaci\u00f3n. Estos fueron concedidos por el Tribunal Superior de Medell\u00edn el 24 de agosto de 201515. Tales medios de refutaci\u00f3n fueron admitidos por esta Corporaci\u00f3n, en prove\u00eddos del 19 de diciembre de 2016, del 29 de junio y del 21 de septiembre de 201716, seg\u00fan lo previsto en el C\u00f3digo de Procedimiento Civil, puesto que fueron impetrados en vigencia de este estatuto17. <\/p>\n
3.1. LA DEMANDA DE CASACI\u00d3N DE E.P.S. MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A. <\/p>\n
La demanda18 contiene un \u00fanico cargo, por la causal primera del art\u00edculo 368 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, por violaci\u00f3n indirecta de las normas contenidas en los art\u00edculos 1602, 1604, 1615, 1616, 2341, 2343 y 2347, \u00abcomo consecuencia de los errores manifiestos de hecho en los que se incurri\u00f3 en la apreciaci\u00f3n de las pruebas\u00bb. Por lo tanto, la accionada solicit\u00f3 casar la sentencia y, en consecuencia, la confirmaci\u00f3n de la de primera instancia nugatoria de las pretensiones de la demanda. <\/p>\n
CARGO \u00daNICO <\/p>\n
Sostuvo que el yerro evidente de hecho en la valoraci\u00f3n probatoria, \u00abpor apreciaci\u00f3n err\u00f3nea\u00bb, se dio frente a (i) los testimonios de los m\u00e9dicos Isabel Cristina Lizcano Bedoya e Iv\u00e1n Dar\u00edo Ram\u00edrez Lodo\u00f1o, de la Cl\u00ednica del Prado S.A.; (ii) al dictamen pericial y las dos historias cl\u00ednicas de la paciente, esto es, la de la I.P.S. remitente y la de la instituci\u00f3n receptora, donde naci\u00f3 la beb\u00e9. Y \u00abpor falta de apreciaci\u00f3n\u00bb del protocolo de atenci\u00f3n para las gestantes de la Cl\u00ednica del Prado, denominado Trabajo de Parto y Parto Gu\u00eda de Pr\u00e1ctica Cl\u00ednica M\u00e9dica, y de la Norma T\u00e9cnica para la Atenci\u00f3n del Parto del Ministerio de Salud. En sustento, se refiri\u00f3 a los cinco indicios aducidos por el Tribunal como determinantes de la culpa y la relaci\u00f3n de causalidad, \u00ablos cuales no existen y son totalmente opuestos al contenido objetivo de la prueba\u00bb. <\/p>\n
Sobre el primer indicio se\u00f1al\u00f3 que, citando los medios de prueba respectivos, la consideraci\u00f3n realizada por el personal de la I.P.S. Siglo XXI sobre el estado de la paciente fue \u00abdescartada\u00bb. Ello de conformidad con la historia cl\u00ednica, lo dicho por la m\u00e9dica general tratante de la Cl\u00ednica del Prado, el especialista de la misma instituci\u00f3n y el peritaje emitido en el proceso. Consider\u00f3 que de tales medios de prueba se concluye que la paciente no estaba en estado expulsivo cuando lleg\u00f3 a la instituci\u00f3n receptora o cuando fue valorada por la galena de la cl\u00ednica. Por ende, al descartarse la presunta urgencia, \u00abqued[\u00f3] \u00fanicamente como parte del hecho indicador la remisi\u00f3n de la paciente en ambulancia y con enfermera acompa\u00f1ante, sin que ese hecho conocido mediante una inferencia l\u00f3gica nos pueda conducir a afirmar que existe un juego de probabilidades, ni altas ni bajas, de que en el hecho da\u00f1ino manifestado en la demanda se present\u00f3 culpa y el nexo causal imputado a los demandados\u00bb. <\/p>\n
Acerca del segundo indicio, esto es, que la evaluaci\u00f3n inicial la hubiera realizado una m\u00e9dica general de la Cl\u00ednica, manifest\u00f3 que el documento de Trabajo de Parto y Gu\u00eda de Pr\u00e1ctica Cl\u00ednica M\u00e9dica s\u00f3lo exig\u00eda que el examen de admisi\u00f3n fuera realizado por un m\u00e9dico capacitado. Bajo tal l\u00ednea, subray\u00f3 que no hab\u00eda prueba en el proceso que asegurara que tal valoraci\u00f3n debi\u00f3 ser efectuada por un especialista. En ese aspecto, resalt\u00f3 que la doctora que recibi\u00f3 a la madre en la cl\u00ednica estaba capacitada para brindar la atenci\u00f3n requerida, pues el m\u00e9dico Ram\u00edrez Londo\u00f1o sostuvo, en su declaraci\u00f3n, que ella contaba con m\u00e1s de 11 a\u00f1os de experiencia en el servicio de urgencias gineco-obstetricias y que hab\u00eda realizado una valoraci\u00f3n inicial adecuada, conclusi\u00f3n que tambi\u00e9n se expuso en el dictamen pericial practicado. Por lo tanto, tal hecho conocido \u00abmediante una inferencia l\u00f3gica, NO nos puede conducir a afirmar que existe un juego de probabilidades, ni altas ni bajas, de que el hecho da\u00f1ino manifestado en la demanda se present\u00f3 culpa y el nexo causal imputado a los demandados\u00bb. <\/p>\n
En cuanto al tercer indicio, relativo a la falta de realizaci\u00f3n del monitoreo electr\u00f3nico fetal, sostuvo que tanto \u00e9ste como el monitoreo manual tienen el mismo fin. Es decir, la ausencia del primero \u00abescasamente se convertir\u00eda en un indicio leve y no grave, m\u00e1s a\u00fan ante la ausencia de otros signos o indicios de alarma de que se estuviera presentando el sufrimiento fetal y ante la falta de exigencia en los protocolos de la cl\u00ednica y el Ministerio de Salud\u00bb. Destac\u00f3 que, en la declaraci\u00f3n de la m\u00e9dica general de la Cl\u00ednica doctora Lizcano Bedoya, se explic\u00f3 que la paciente ingres\u00f3 en condiciones normales, sin signos de desprendimiento de la placenta. En sentido similar, el doctor Ram\u00edrez Londo\u00f1o se\u00f1al\u00f3, en su testimonio que la presencia de l\u00edquido claro y la frecuencia cardiaca fetal normal eran circunstancias que descartaban el sufrimiento de la beb\u00e9 por nacer. Sin embargo, de esta \u00faltima declaraci\u00f3n, el fallador s\u00f3lo observ\u00f3 la afirmaci\u00f3n de que el monitorio electr\u00f3nico era m\u00e1s directo. <\/p>\n
Adem\u00e1s, se aleg\u00f3 que el protocolo de atenci\u00f3n de gestantes no contemplaba el monitoreo electr\u00f3nico, \u00abprueba no vista por el Tribunal\u00bb. Por su parte, la norma t\u00e9cnica de atenci\u00f3n de partos del Ministerio de Salud s\u00f3lo establec\u00eda la evaluaci\u00f3n de la fetocardia, \u00abcon independencia de si (era) cl\u00ednica o manual o si por el contrario es electr\u00f3nica\u00bb. Igualmente, el peritaje estableci\u00f3 que se realiz\u00f3 monitoreo cl\u00ednico permanente y que, 5 minutos antes del nacimiento, la frecuencia cardiaca de la criatura estaba normal, circunstancia que el Tribunal dej\u00f3 de observar. Por ende, tal omisi\u00f3n \u00abno nos puede conducir a afirmar que la demanda se present\u00f3 la culpa y el nexo causal imputado a los demandados\u00bb. <\/p>\n
Aclar\u00f3, frente al cuarto indicio, que no era cierto que la revisi\u00f3n del especialista se hubiera producido 5 horas despu\u00e9s de que la paciente ingresara a la Cl\u00ednica. Ciertamente, la paciente fue atendida en la I.P.S. Salud Siglo XXI a las 7:50 a.m., pero se desconoce a qu\u00e9 hora termin\u00f3 la valoraci\u00f3n, siendo evaluada por el especialista de la Cl\u00ednica del Prado a las 12:00 del mediod\u00eda, \u00abquien luego de realizar un examen f\u00edsico a la paciente, la encuentra con ruptura de membranas, con actividad uterina 3\/10\/40, con fetocardia de 144 x min, C\u00e9rvix muy posterior, dilataci\u00f3n vaginal 1 cent\u00edmetro y salida de l\u00edquido amni\u00f3tico, defini\u00e9ndose continuar vigilando la evoluci\u00f3n de la dilataci\u00f3n vaginal de la paciente\u00bb. A su turno, \u00abel hecho de haberse dado la atenci\u00f3n 5 horas despu\u00e9s, no es indicativo de responsabilidad, pues fue atendida por m\u00e9dico general experto en este tipo de atenciones, casi de manera inmediata al momento de llegar a las instalaciones y dicho ingreso fue confirmado por m\u00e9dico especialista\u00bb. <\/p>\n
Acerca del indicio resaltado por el Tribunal, por la ces\u00e1rea previa que tuvo la paciente, afirm\u00f3 que el an\u00e1lisis se centr\u00f3 en una de las muchas causas que pueden dar lugar al \u201cabruptio de placenta\u201d, pero no se enfoc\u00f3 en un s\u00edntoma o signo que presentara la madre y que no hubiera sido advertido por los profesionales a cargo. Menos a\u00fan, en la ausencia de sospecha o de hallazgos sobre \u00e9ste a la que se refirieron en su declaraci\u00f3n los m\u00e9dicos general y especialistas tratantes. Con tal proceder, el fallador incurri\u00f3 en un error de hecho por apreciaci\u00f3n err\u00f3nea de la prueba testimonial, m\u00e1xime teniendo en cuenta que la perito no refiri\u00f3 la ces\u00e1rea previa en la lista de razones por las que pod\u00eda producirse un desprendimiento de placenta, limit\u00e1ndose a decir que aqu\u00e9lla podr\u00eda generar un riesgo aumentado, pero sin dar un porcentaje de ese riesgo. Y, frente a lo dicho por el especialista, doctor Ram\u00edrez Londo\u00f1o, sobre el sangrado vaginal, sostuvo que el Tribunal puso \u00aba decir al testigo lo que no dijo, puesto que, \u00e9l mismo (\u2026) no se refiri\u00f3 a que otro factor de riesgo fuera [el] \u2018sangrado vaginal\u2019\u00bb. <\/p>\n
Por \u00faltimo, concluy\u00f3 que, \u00abde no haberse incurrido en los errores de hecho en la apreciaci\u00f3n de las pruebas enrostrados en esta demanda, no hubiera aplicado para el caso los art\u00edculos 1602, 1604, 1615, 1616, 2341 y 2347 del C\u00f3digo Civil\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Respecto de los errores de hecho, se ha reiterado que su presencia en el fallo cuestionado debe ser de tal magnitud e incidencia que ponga de presente, sin mayores esfuerzos, la grave omisi\u00f3n del sentenciador. No cualquier desliz o incorrecci\u00f3n del funcionario, tiene la jerarqu\u00eda de socavar los cimientos de la decisi\u00f3n tomada. <\/p>\n
As\u00ed lo ha expresado esta Corporaci\u00f3n: <\/p>\n
Precisamente, en raz\u00f3n de esos postulados que inspiran la valoraci\u00f3n f\u00e1ctica en las instancias, cuando la imputaci\u00f3n formulada al fallo sea por la comisi\u00f3n de un yerro de hecho -causal 1\u00aa, v\u00eda indirecta- su demostraci\u00f3n presupone, entre otras exigencias, que la deducci\u00f3n probatoria cuestionada resulte manifiestamente contraria al contenido objetivo de la prueba, lo cual comporta que s\u00f3lo se estructurar\u00e1 el error en la medida en que sea tan notorio que a simple vista se manifieste, sin mayores elucubraciones y ejercicios dial\u00e9cticos. <\/p>\n
La Corte, de antiguo tiene dicho que \u00abel error de hecho se estructura cuando el juicio probatorio del sentenciador es arbitrario o cuando la \u00fanica ponderaci\u00f3n y conclusi\u00f3n que tolera y acepta la apreciaci\u00f3n de las pruebas sea la sustitutiva que proclama el recurrente; por el contrario, si la conclusi\u00f3n a la que lleg\u00f3 el ad quem, luego de examinar cr\u00edticamente el acervo probatorio se halla dentro del terreno de la l\u00f3gica y lo razonable, en oposici\u00f3n a la que del mismo estudio extrae y propone el censor en el cargo, no se genera el yerro de facto con las caracter\u00edsticas de evidente y manifiesto, por cuanto en dicha situaci\u00f3n no hay absoluta certeza del desatino cometido por el fallador en la providencia motivo de impugnaci\u00f3n\u00bb -La Corte hace notar- (CSJ SC 28 de junio de 2011, rad n.\u00b0 1998 00869). <\/p>\n
Bajo tales consideraciones, la Corte no puede desconocer el an\u00e1lisis individual y conjunto de las pruebas indiciarias pues no hay raz\u00f3n para apartarse del proceso intelectivo que lleva a dar por establecido el hecho indicado, salvo aquellos casos \u00abespeciales en que su interpretaci\u00f3n por el juzgador ha sido tan absurda que pugne con la manifiesta evidencia de los hechos, en otra forma demostrados en el proceso\u00bb (SC del 31 de octubre de 1956). Como ha dicho la Corte, al desarrollar una \u00ablabor ponderativa como tribunal de casaci\u00f3n, no puede, por regla general, quebrar los fallos de segunda instancia, \u2018salvo los casos de excepci\u00f3n, como son el de que se afirme estar probado un hecho, sin estarlo, y de ah\u00ed se deduzca cierta conjetura, o el de que, estando probado un hecho, se deja de deducir cierta obligada consecuencia, cual si lo estuviese, o el de que de tal o cual indicio o conjunto de indicios se deducen consecuencias que l\u00f3gicamente no cabe deducir, por faltar entre estos y aquellos el obligado v\u00ednculo de causalidad\u2019\u00bb (Sent. Cas. Civ. de 25 de julio de 2005, Exp. No. 24601). Asimismo, en prove\u00eddo posterior sostuvo que \u00abla escogencia dentro de la equivocidad de los indicios corresponde a la labor de ponderaci\u00f3n de tan especiales medios probatorios, que tiene como dique el respeto a la autonom\u00eda del fallador de instancia, a no ser que la magnitud del desbarro lo haga intolerable\u2026 en cuanto al cap\u00edtulo de la apreciaci\u00f3n indiciaria, la jurisprudencia ha seguido una l\u00ednea constante de mesura y ponderaci\u00f3n, de modo que apenas en casos muy excepcionales es posible corregir la labor apreciativa hecha por el Tribunal\u2026\u00bb (Sent. Cas. Civ. de 26 de junio de 2008, Exp. No. 15599-31-03-001-2002-00055-01) <\/p>\n
3.- En el caso que demanda la atenci\u00f3n de la Corte, el Tribunal dio por probados una serie de hechos. Y, a partir de ellos, apelando a la regla probatoria res ipsa loquitur, dedujo que hubo omisi\u00f3n en el personal m\u00e9dico de la Cl\u00ednica del Prado cuando: i) Ante dos conceptos opuestos de m\u00e9dicos generales, no se recurri\u00f3 al m\u00e9dico especialista para avalar el diagn\u00f3stico. ii) No se dio cumplimiento al monitoreo fetal; iii) No se advirti\u00f3 la anotaci\u00f3n de sangrado vaginal ni las condiciones de ces\u00e1rea previa y rotura de membranas y su incidencia en \u201cabruptio de placenta\u201d. Y iv) el monitoreo fetal electr\u00f3nico hubiese servido para detectar el sufrimiento fetal, la p\u00e9rdida de ox\u00edgeno que se estaba presentando como consecuencia del desprendimiento de placenta. El casacionista en esta sede, acusa que, de los hechos indicadores \u00absiguiendo el sentido com\u00fan, la l\u00f3gica, las reglas de la ciencia y de la experiencia\u00bb no es posible inferir los hechos indicados -culpa y nexo causal del actuar omisivo en la causaci\u00f3n del da\u00f1o-. No obstante, los reparos del recurrente no pueden ser acogidos, como pasa a verse: <\/p>\n
3.1. Lo primero que ha de advertirse es que el an\u00e1lisis efectuado por el censor se circunscribe a esgrimir las razones por las cuales ninguno de los hechos indiciarios que dio por probados el Tribunal conduce, a trav\u00e9s de un ejercicio l\u00f3gico, a dar por probada la culpa y el nexo de causalidad de la conducta de la demandada con el da\u00f1o ocurrido.20 En otras palabras, el censor concibe el raciocinio efectuado para la construcci\u00f3n del indicio de la siguiente manera: <\/p>\n
Hecho probado (la atenci\u00f3n inicial por m\u00e9dico general) <\/p>\n
+ Razonamiento l\u00f3gico (l\u00f3gica, reglas de la ciencia, experiencia) <\/p>\n
_______________________________________ <\/p>\n
Indicio (existencia de culpa y nexo de causalidad con el da\u00f1o) <\/p>\n
3.2. Sin embargo, tal ejercicio resulta distante de la labor realmente efectuada por el Tribunal, el cual, a partir de los hechos probados, con un razonamiento l\u00f3gico aplic\u00f3 al caso en concreto la regla \u00abres ipsa loquitur\u00bb, con directo impacto en el asentamiento de la prueba. <\/p>\n
Tal principio, recu\u00e9rdese, consiste en la distribuci\u00f3n especial de la carga de la prueba, introducida para facilitar la acreditaci\u00f3n de los hechos a la parte que se encuentra en dificultad o imposibilidad. Y exigir al sujeto procesal que se encuentre en mejores condiciones que desvirt\u00fae el dicho de su contraria21. Esta figura permite tener por probado un hecho, a partir de la demostraci\u00f3n de los resultados que produjo -o las circunstancias que lo explican-. Valga decirlo, \u00abes utilizada para aquellos casos en los cuales no se puede probar cu\u00e1l fue el hecho generador del da\u00f1o, pero debido a las circunstancias en las cuales el mismo ha ocurrido, se puede inferir que el mismo ha sido producto de la negligencia o acci\u00f3n de determinado individuo\u00bb22. A su turno, la \u00abculpa virtual, desarrollada en el derecho franc\u00e9s, permite probar la culpa y el nexo causal a partir de antecedentes que rodearon el da\u00f1o y la participaci\u00f3n del responsable, invirti\u00e9ndose la carga de la prueba hacia el demandado\u00bb23. Asimismo, es importante destacar que con tal proceder se otorga m\u00e9rito a las manifestaciones del demandante. <\/p>\n
Al respecto, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido que: <\/p>\n
\u00abPor supuesto que, si bien el pacto de prestaci\u00f3n del servicio m\u00e9dico puede generar diversas obligaciones a cargo del profesional que lo asume, y que atendiendo a la naturaleza de \u00e9stas depender\u00e1, igualmente, su responsabilidad, no es menos cierto que, en trat\u00e1ndose de la ejecuci\u00f3n del acto m\u00e9dico propiamente dicho, deber\u00e1 indemnizar, en l\u00ednea de principio y dejando a salvo algunas excepciones, los perjuicios que ocasione mediando culpa, en particular la llamada culpa profesional, o dolo, cuya carga probatoria asume el demandante, sin que sea admisible un principio general encaminado a establecer de manera absoluta una presunci\u00f3n de culpa de los facultativos (sentencias de 5 de marzo de 1940, 12 de septiembre de 1985, 30 de enero de 2001, entre otras)\u00bb. <\/p>\n
Empero, a esa conclusi\u00f3n no se opone a que el juez, atendiendo los mandatos de la sana cr\u00edtica y mediante diversos procedimientos racionales que flexibilizan el rigor de las reglas de la carga de la prueba, asiente determinadas inferencias l\u00f3gicas enderezadas a deducir la culpabilidad m\u00e9dica en el caso concreto. En efecto, como quiera que es posible que una rigurosa aplicaci\u00f3n de la disposici\u00f3n contenida en el art\u00edculo 177 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil puede aparejar en este \u00e1mbito el fracaso de la finalidad reparadora del r\u00e9gimen de la responsabilidad civil, particularmente, por las dificultades probatorias en las que se puede encontrar la v\u00edctima, no es insensible la Corte ante esa situaci\u00f3n, motivo por el cual asienta que, teniendo en consideraci\u00f3n las particularidades de cada caso en concreto, lo que repele indebidos intentos de generalizaci\u00f3n o de alteraci\u00f3n de los principios y mandatos legales, y en la medida que sea posible, puede el juez acudir a diversos instrumentos que aten\u00faan o \u2018dulcifican\u2019 (como lo denominan la doctrina y la jurisprudencia espa\u00f1olas) el rigor del rese\u00f1ado precepto. <\/p>\n
As\u00ed, dependiendo de las circunstancias del asunto, se insiste una vez m\u00e1s, es posible que el juez, con sujeci\u00f3n a las normas jur\u00eddicas y de la mano de las reglas de la experiencia, el sentido com\u00fan, la ciencia o la l\u00f3gica, deduzca ciertas presunciones (simples o de hombre) relativas a la culpa gal\u00e9nica; o que lo haga a partir de indicios endoprocesales derivados de la conducta de las partes (art\u00edculo 249 Ib\u00eddem); o que acuda a razonamientos l\u00f3gicos como el principio res ipsa loquitur (como cuando se olvida una gasa o material quir\u00fargico en la zona intervenida, o se amputa el miembro equivocado, etc.); o teniendo en consideraci\u00f3n la manifiesta anormalidad de las consecuencias del acto m\u00e9dico deduzca una \u2018culpa virtual\u2019 o un \u2018resultado desproporcionado\u2019, todo lo anterior, se reitera a\u00fan a riesgo de fastidiar, sin que sea admisible la aplicaci\u00f3n de criterios generales que sistem\u00e1tica e invariablemente quebranten las reglas de distribuci\u00f3n de la carga de la prueba previstos en el ordenamiento\u00bb -La Corte hace notar- (CSJ SC 22 de julio 2010, rad. 2000 00042 01, citada en SC12947-2016 del 15 de septiembre de 2016). <\/p>\n
Entonces, fue bajo la aplicaci\u00f3n del principio res ipsa loquitur que el Tribunal a la postre evidenci\u00f3 que \u00abse trata de la aplicaci\u00f3n del principio latino res ipsa loquitur o culpa virtual dado que los profesionales prestadores del servicio no demostraron que se hubiera presentado una situaci\u00f3n especial que sin alcanzar su responsabilidad hubiera dado lugar al hecho da\u00f1ino\u00bb. Fundamento del fallo que no fue objeto de ataque. Sin embargo, con independencia de que esta Sala comparta o no el proceder del Colegiado en la aplicaci\u00f3n de dicha regla probatoria, lo cierto es, que este no fue materia de impugnaci\u00f3n en la demanda de casaci\u00f3n, as\u00ed como tampoco la inversi\u00f3n de la carga de la prueba. Por el contrario, el actor se concentr\u00f3 en desvirtuar cada uno de los indicios apelando a su indebida construcci\u00f3n, por cuanto, dijo, \u00abde los supuestos cinco hechos indicadores o conocidos, siguiendo el sentido com\u00fan, la l\u00f3gica, las reglas de la ciencia y de la experiencia, jam\u00e1s se pueden inferir los hechos indicados, de culpa y el nexo causal imputado a los demandados\u00bb. Y es que, se reitera, la configuraci\u00f3n de la culpa y el nexo causal no se obtuvo del raciocinio exclusivo a partir de la construcci\u00f3n del medio de prueba indiciario sino de la aplicaci\u00f3n del principio res ipsa loquitur, lo cual, se insiste, no fue objeto de cuestionamiento por el recurrente. <\/p>\n
De ah\u00ed, que la incompletitud de la censura impida su estudio de m\u00e9rito. Al respecto, tiene sentado esta Corte \u00abuna acusaci\u00f3n incompleta, esto es, una imputaci\u00f3n en casaci\u00f3n que deje intacto un argumento del Tribunal que por s\u00ed mismo preste base suficiente al fallo, es inane porque la Corte, dado lo dispositivo del recurso, no puede de oficio enmendar o suplir la omisi\u00f3n o falencia en que incurri\u00f3 el censor. En esa medida, si el juzgador se bas\u00f3 en varias pruebas, y todas racionalmente, de modo individual o apreciadas en conjunto, soportan la decisi\u00f3n, es de cargo del recurrente atacarlas -eficazmente- todas\u00bb (CSJ SC563-2021). <\/p>\n
3.2. LA DEMANDA DE CASACI\u00d3N DE LA CL\u00cdNICA DEL PRADO S.A. <\/p>\n
La demandada24 formula un \u00fanico cargo, por la causal primera del art\u00edculo 368 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, por violaci\u00f3n indirecta de las normas contenidas en los art\u00edculos 1602, 1603, 1604, 1613, 1614, 1616, integrantes del r\u00e9gimen de responsabilidad civil contractual, y los art\u00edculos 2341, 2342, 2343, 2344, 2347, 2349, 2358 y 2359, que regulan lo relativo a la responsabilidad civil extracontractual. Lo anterior, por \u00ablos graves y determinantes errores probatorios de hecho que cometi\u00f3 el Tribunal\u00bb. Con base en lo anterior, solicit\u00f3 casar la sentencia y que se emita sentencia sustitutiva, negando las pretensiones de la demanda, por falta de \u00abrelaci\u00f3n de causalidad entre la conducta y el da\u00f1o cuya indemnizaci\u00f3n pretendieron las demandantes\u00bb. <\/p>\n
CARGO \u00daNICO <\/p>\n
Tras explicar las diferencias entre el error de la conducta que origina el da\u00f1o y aquel que no es la causa del resultado final adverso, sino de la p\u00e9rdida de una probabilidad favorable, se\u00f1al\u00f3 que el Tribunal incurri\u00f3 en error, al manifestar que la actuaci\u00f3n de los m\u00e9dicos tratantes fue la causa del resultado final. Resalt\u00f3 que considerar que lo endilgado a la Cl\u00ednica del Prado en la sentencia atacada, esto es, la falta de un concepto de un especialista frente a los diagn\u00f3sticos diversos de dos m\u00e9dicos generales, la no realizaci\u00f3n del monitoreo fetal electr\u00f3nico y la no atenci\u00f3n a la presencia de factores de riesgo \u00abson las causas del desprendimiento prematuro de la placenta (abrupticio), de la posterior hipoxia y del consiguiente da\u00f1o cerebral, resulta tan contraintuitivo como considerar que no son los microorganismos la causa de una infecci\u00f3n, sino la falta de diagn\u00f3stico oportuno de la misma\u00bb. Asegur\u00f3 que la conclusi\u00f3n probatoria que conecta causalmente la conducta censurada al resultado final adverso, \u00abno solo es contraintuitiva, (\u2026) sino, adem\u00e1s, claramente contraria a las pruebas (muy especialmente a las de naturaleza t\u00e9cnica) que obran en el proceso\u00bb. <\/p>\n
Afirm\u00f3 que en la demanda se clarific\u00f3 que el monitoreo fetal electr\u00f3nico \u00abhabr\u00eda detectado el sufrimiento fetal\u00bb. Dicha conclusi\u00f3n, igualmente, fue expuesta en el dictamen pericial, en cuanto estableci\u00f3 que \u00abpudo haberse detectado\u00bb esa situaci\u00f3n, refiriendo, las dos afirmaciones, a un grado de incertidumbre. Por lo tanto, el examen s\u00f3lo ofrec\u00eda a la paciente una oportunidad de diagn\u00f3stico sobre el referido sufrimiento fetal, pero no fue la causa de \u00e9ste ni del da\u00f1o cerebral asociado a la hipoxia de la reci\u00e9n nacida. Cit\u00f3 la declaraci\u00f3n del doctor Ram\u00edrez Londo\u00f1o, en los siguientes t\u00e9rminos: \u00abno existe ning\u00fan tipo de conducta durante el manejo que hubiera incidido en la aparici\u00f3n del abruptio (\u2026) no hay ning\u00fan tipo de tratamiento\u00bb. Concluy\u00f3 que nada de lo que se hizo o se dej\u00f3 de hacer podr\u00eda haber sido considerado la causa de aqu\u00e9l. <\/p>\n
Precis\u00f3 que el Tribunal ech\u00f3 mano de los mismos indicios para dar por probada la culpa m\u00e9dica y el nexo de causalidad, \u00absiendo la culpa y la relaci\u00f3n de causalidad entidades distintas, de tal diferente configuraci\u00f3n y ontolog\u00eda, no resulta f\u00e1cil comprender c\u00f3mo unos mismos hechos indicadores pueden indicar la culpa y, adem\u00e1s, la causalidad\u00bb. Asegur\u00f3 que, por dem\u00e1s, tales indicios de causalidad no existen porque \u00abel mayor, el m\u00e1ximo da\u00f1o que se pudo causar con las conductas que a la Cl\u00ednica del Prado le fueron censuradas por la sentencia del Tribunal, es una \u201cp\u00e9rdida de oportunidad\u201d, concretamente una \u201cp\u00e9rdida de oportunidad diagn\u00f3stica\u201d\u00bb. As\u00ed las cosas, tal conclusi\u00f3n probatoria -de conformidad con la cual hay nexo de causalidad entre las conductas censuradas a la cl\u00ednica y el da\u00f1o cerebral sufrido- \u00abentra\u00f1a un ERROR MANIFIESTO DE HECHO, no solo porque esa conclusi\u00f3n probatoria resulta a todas luces contraintuitiva, sino porque en ninguno de los medios de prueba, de los que legal y oportunamente fueron practicados, encuentra ella el m\u00e1s m\u00ednimo apoyo o respaldo\u00bb. Aunado pues a la suposici\u00f3n de la prueba en torno a la relaci\u00f3n de causalidad, evidenci\u00f3 la preterici\u00f3n del dictamen pericial. En particular, se\u00f1al\u00f3 cuando en este se sostuvo que las intervenciones que no se efectuaron pudieron \u00abhaber servido (la incertidumbre, se repite, es la esencia de la p\u00e9rdida de la oportunidad) para diagnosticar m\u00e1s tempranamente el sufrimiento fetal. Esto es, se confirma la tesis en la que tanto he venido insistiendo a lo largo de este escrito: que el efecto, el da\u00f1o, que causalmente puede conectarse a la conducta de la Cl\u00ednica El Prado es una \u201cp\u00e9rdida de la oportunidad\u201d, una \u201cp\u00e9rdida del chance\u201d y no el resultado final, que es el da\u00f1o cerebral ocasionado por la hipoxia\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, adujo que, \u00abDe no haber incurrido el Tribunal en esos graves (\u2026) y manifiestos errores de hecho, habr\u00eda concluido que la relaci\u00f3n de causalidad no pod\u00eda ser establecida entre la conducta de la cl\u00ednica y el da\u00f1o cerebral de la reci\u00e9n nacida, sino entre esa misma conducta y la p\u00e9rdida de una oportunidad o chance, a cuyo reconocimiento no se pod\u00eda proceder, pues por no haber sido pretendida la indemnizaci\u00f3n de ese particular y aut\u00f3nomo da\u00f1o, la sentencia habr\u00eda incurrido en un vicio de incongruencia\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- De entrada, advierte la Sala que este cargo no est\u00e1 llamado a prosperar. En efecto, se observa que el alegato es desenfocado pues atribuye al pronunciamiento un alcance que no va con su contenido, al punto que distorsiona gravemente los fundamentos bajo los cuales el ad quem tom\u00f3 su determinaci\u00f3n. El censor cuestiona la sentencia proferida por el Tribunal por cuanto, a su juicio, incurri\u00f3 en violaci\u00f3n indirecta de la ley sustancial por error de hecho al considerar que existe nexo de causalidad entre las conductas omisivas del personal m\u00e9dico de la cl\u00ednica con la ocurrencia del da\u00f1o. Aduce que tal proceder \u00abresulta tan contraintuitivo como considerar que no son los microorganismos la causa de una infecci\u00f3n, sino la falta de diagn\u00f3stico oportuno de la misma\u00bb. Considera que, si tales omisiones pudieron causar alg\u00fan da\u00f1o, este es, a lo sumo, \u00abuna \u201cp\u00e9rdida de oportunidad\u201d, concretamente una \u201cp\u00e9rdida de oportunidad diagn\u00f3stica\u201d\u00bb. <\/p>\n
Sin embargo, semejante cr\u00edtica no se ajusta al fallo reprochado, pues en ning\u00fan momento el juzgador sostuvo que de los hechos probados fuera posible concluir la existencia de culpa y nexo de causalidad. Por el contrario, lo que sostuvo fue que tales indicios \u00abpermiten el aligeramiento probatorio, que facultan a la Sala llegar a la conclusi\u00f3n de que del hecho da\u00f1ino informado en la demanda puede colegirse culpa y relaci\u00f3n de causalidad. Se trata de la aplicaci\u00f3n del principio latino res ipsa loquitur (las cosas hablan por s\u00ed solas) o faute virtuelle (culpa virtual)\u00bb. De manera que, debido a las circunstancias especiales presentadas en el caso en concreto, correspond\u00eda a los profesionales del servicio demostrar \u00abque se hubiera presentado una situaci\u00f3n especial que sin alcanzar su responsabilidad hubiera dado lugar al hecho da\u00f1ino\u00bb sin que en el caso en concreto las demandadas hubieran cumplido tal carga. Bajo tales consideraciones, aquello que le permiti\u00f3 al Tribunal encontrar probada la culpa y el nexo causal fue la aplicaci\u00f3n de las teor\u00edas res ipsa loquitur y la culpa virtual, a las cuales acudi\u00f3 para evidenciar los se\u00f1alados hechos probados -cuesti\u00f3n que no fue discutida por el impugnante-. <\/p>\n
2.- Ahora bien, si en gracia de discusi\u00f3n se aceptara que el Tribunal deriv\u00f3 el nexo de causalidad de la omisi\u00f3n de la Cl\u00ednica del Prado en practicar el monitoreo fetal electr\u00f3nico y el examen inmediato por parte de un m\u00e9dico especialista para dirimir los conceptos -que no lo hizo-, en todo caso el argumento expuesto por el actor no es acertado. Esto, pues el actor erige todo su esfuerzo en demostrar la ausencia de causalidad material entre el desprendimiento de placenta con la conducta omisiva de los galenos de la Cl\u00ednica del Prado. Sin embargo, pasa por alto que, en caso de omisiones, el criterio de imputaci\u00f3n \u00fanicamente lo dan las normas jur\u00eddicas que establecen deberes de actuaci\u00f3n, comoquiera que entre una omisi\u00f3n y un resultado no se produce ninguna relaci\u00f3n de causalidad material. Esto es as\u00ed \u00abpues un axioma de la l\u00f3gica consagra que las omisiones o inactividades, al no ser objetos de la experiencia sino categor\u00edas jur\u00eddicas, no son ni pueden ser \u201ccausa\u201d de nada en sentido naturalista\u00bb (SC9193-2017 del 28 de junio del 2017). <\/p>\n
3.- En el caso en concreto, a trav\u00e9s de hip\u00f3tesis indiciarias el Tribunal corrobor\u00f3 la presencia del factor de atribuci\u00f3n de responsabilidad subjetivo en virtud de la aplicaci\u00f3n del -res ipsa loquitur o culpa virtual-, de donde hall\u00f3 comprobado el nexo de causalidad. Tal fue el punto basilar de la sentencia del Colegiado, que no fue en absoluto atacada por el actor quien se limit\u00f3 a discutir la ausencia de causalidad material entre las omisiones y el da\u00f1o, punto que, por dem\u00e1s, nunca fue el tema de discusi\u00f3n del fallo, luciendo as\u00ed desatinada la censura. <\/p>\n
\u00ab\u201c(\u2026) \u2018cuando el cargo se construye con base en el quebranto de la ley sustancial, se torna indispensable para el recurrente, por una parte, enfocar acertadamente las acusaciones que formule, con lo que se quiere significar que ellas deben combatir las genuinas razones, jur\u00eddicas o f\u00e1cticas, que soportan el fallo impugnado, y no unas extra\u00f1as a \u00e9l, fruto del incorrecto o incompleto entendimiento que de la sentencia haya hecho el censor, o de su imaginaci\u00f3n, o inventiva; y, por la otra, que su actividad impugnaticia tiene que estar dirigida a derruir la totalidad de esos argumentos esenciales de la sentencia, pues si el labor\u00edo del acusador no los comprende a cabalidad, al margen de que el juzgador de instancia hubiere podido incurrir en las falencias denunciadas, su sentencia no podr\u00eda quebrarse en virtud del recurso extraordinario. (\u2026). En pocas palabras: el cargo fundado en el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 368 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil debe estar debidamente enfocado y ser completo o, lo que es lo mismo, debe controvertir directamente la totalidad de los aut\u00e9nticos argumentos que respaldan la decisi\u00f3n combatida\u2019 (CSJ, auto de 19 de diciembre de 2012, Rad. 2001-00038-01; se subraya)\u201d (CSJ, SC 3966 del 25 de septiembre de 2019, Rad. n.\u00b0 2011-00179-01). <\/p>\n
Lo anterior es l\u00f3gico, puesto que si son \u201c(\u2026) \u2018blanco del ataque (\u2026) los supuestos que delinea a su mejor conveniencia el recurrente y no los que objetivamente constituyen fundamento nuclear de la providencia, se configura un notorio defecto t\u00e9cnico por desenfoque que conduce al fracaso del cargo correspondiente\u2019 (CSJ, SC del 26 de marzo de 1999, Rad. n.\u00b0 5149; se subraya)\u201d\u00bb (CSJ, SC 4857 del 7 de diciembre de 2020, Rad. n.\u00b0 2006-00042-01). <\/p>\n
4.- Como se ha dicho, el cargo no prospera. <\/p>\n
3.3. LA DEMANDA DE CASACI\u00d3N DE LA PARTE ACTORA <\/p>\n
La demanda25 contiene dos cargos, ambos por la causal primera del art\u00edculo 368 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil. El inicial, por violaci\u00f3n directa, por aplicaci\u00f3n indebida del art\u00edculo 16 de la Ley 446 de 1998, lo que llev\u00f3, a su vez, a la aplicaci\u00f3n indebida de los art\u00edculos 1604, 1610-3, 1612, 1615, 1616 y 2341 del C\u00f3digo Civil. El fin de este cargo es la casaci\u00f3n parcial de la sentencia, \u00abcon respecto a los montos fijados por concepto de da\u00f1o moral y a la vida de relaci\u00f3n de las demandantes\u00bb. <\/p>\n
Y, el segundo, por violaci\u00f3n indirecta, por aplicaci\u00f3n indebida de los art\u00edculos 1613 y 1614 del C\u00f3digo Civil, lo cual conllev\u00f3, igualmente, a la indebida aplicaci\u00f3n de los art\u00edculos 16 de la Ley 446 de 1998 y 1604, 1610-3, 1612, 1615, 1616 y 2341 del C\u00f3digo Civil, por el \u00abmanifiesto error de hecho en que incurri\u00f3 al interpretar la demanda\u00bb. El objeto de \u00e9ste es la casaci\u00f3n parcial del fallo atacado, en lo relativo al da\u00f1o emergente futuro reconocido a favor de la ni\u00f1a afectada, por el \u00abmanifiesto error de hecho en que incurri\u00f3 al interpretar la demanda\u00bb. <\/p>\n
PRIMER CARGO <\/p>\n
Se acusa la sentencia atacada de no haber dado al art\u00edculo 16 de la Ley 446 de 1998 las consecuencias que le correspond\u00edan. En particular, sostuvieron que \u00abno se ajust\u00f3 a la equidad del caso en cuanto al valor establecido como reparaci\u00f3n de los da\u00f1os moral y a la vida de relaci\u00f3n para las demandantes: la ni\u00f1a Catalina Vela , su madre Yeni Mar\u00eda M\u00fanera Estrada, la hermana Mar\u00eda Vela y la abuela Luz Alba Estrada Espinosa, de tal manera que la reparaci\u00f3n no fue integral\u00bb. Manifestaron que en la demanda se pidieron los perjuicios en salarios m\u00ednimos, pero el Tribunal decret\u00f3 unas sumas de dinero fijas, sin ordenar \u00abla actualizaci\u00f3n de la condena impuesta\u00bb. <\/p>\n
Adujeron que la suma de cincuenta millones de pesos, reconocida a la v\u00edctima directa por el da\u00f1o a la vida de relaci\u00f3n, no se ajusta a la equidad, a pesar de que \u00abel Estado (\u2026) est\u00e1 llamado constitucionalmente a proteger de manera eficaz a los ni\u00f1os, m\u00e1s cuando se encuentran en una situaci\u00f3n de debilidad manifiesta\u00bb. Adem\u00e1s, refiriendo sentencias de esta Corte en que se han impuesto reparaciones m\u00e1s altas, indicaron que la condena debi\u00f3 ser mayor. En cuanto a la suma dispuesta a su favor por da\u00f1o moral, afirmaron que $70\u2019000.000 \u00abera insuficiente\u00bb para reparar su dignidad y el da\u00f1o sufrido por su estado mental. En cuanto a la madre y a la abuela, relataron el dolor que la situaci\u00f3n les ha generado y los cambios en sus condiciones de vida normales, por las actividades de cuidado permanente que deben realizar con su hija y nieta, y las aflicciones que ello les ha causado y les causar\u00e1 a futuro. Todo ello para se\u00f1alar que las sumas decretadas, por da\u00f1o moral y a la vida de relaci\u00f3n, en $70\u2019000.000 y $50\u2019000.000 para la primera, y en $50\u2019000.000 y $25\u2019000.000 para la segunda, no estaban ajustadas a la equidad, ni a la justicia. Tambi\u00e9n consideraron insuficientes los $50\u201900.000 reconocidos a la hermana de la v\u00edctima directa por da\u00f1o moral, a pesar del sufrimiento que implicaba ver a su familiar en esas condiciones. <\/p>\n
Insistieron que en la demanda se pidi\u00f3 la reparaci\u00f3n en salarios m\u00ednimos, pero el Tribunal impuso cantidades fijas, sin actualizaci\u00f3n, \u00abdesconociendo que cada a\u00f1o normalmente aumenta el costo de vida\u00bb. Concluyeron que el art\u00edculo 16 de la Ley 446 de 1998 impon\u00eda que la equidad obrara en reparaci\u00f3n del perjuicio causado. Empero, en este caso, las cifras de la condena no reflejaban un trato justo, \u00abdadas la naturaleza y circunstancias de los hechos\u00bb, que deb\u00edan fijarse en salarios m\u00ednimos legales mensuales o, en su defecto, ordenarse su actualizaci\u00f3n. Todo lo anterior \u00abtermin\u00f3 tambi\u00e9n aplicando indebidamente los (art\u00edculos) 1604, 1610-3, 1615, 1616 y 2341 del C\u00f3digo Civil. Los cinco primeros en el \u00e1mbito de la responsabilidad contractual, porque de ellos emana que el deudor responde por incumplimiento de sus obligaciones contractuales y por los perjuicios causados (\u2026) la indemnizaci\u00f3n debe ser plena. Y el \u00faltimo, el 2341, porque en el \u00e1mbito de la responsabilidad extracontractual asienta que el que ha cometido un delito o culpa es obligado a la indemnizaci\u00f3n que, obviamente tiene que ser plena para que pueda ser realmente (\u2026) reparaci\u00f3n del da\u00f1o\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Como se sabe, \u201cla moneda es la unidad de medida del perjuicio. El perjuicio reparable, por lo menos aquel que ostenta trascendencia patrimonial, se recibe como la diferencia entre el valor que hubiese tenido el patrimonio de la v\u00edctima si el perjuicio no hubiese tenido lugar y aquel valor que su patrimonio tiene hoy.\u201d26Desde este \u00e1ngulo de lo patrimonial -y de lo estrictamente reparable-, \u201cel perjuicio se descompone en dos elementos: el da\u00f1o emergente y el lucro cesante.\u201d27 <\/p>\n
2. Ahora bien, la Corte, desde el caso Villaveces28, ha considerado que existen da\u00f1os a la persona distintos de los estrictamente patrimoniales. Precisamente, uno de los rubros m\u00e1s com\u00fanmente conocidos y desarrollados dentro de la amplia acepci\u00f3n de da\u00f1os no patrimoniales ha sido aquel de los morales. Sobre el particular, la doctrina de esta Corporaci\u00f3n consider\u00f3: \u00ab El da\u00f1o moral, en sentido lato, est\u00e1 circunscrito a la lesi\u00f3n de la esfera sentimental y afectiva del sujeto, \u2018que corresponde a la \u00f3rbita subjetiva, \u00edntima o interna del individuo\u2019 (SC-1997-09327-01, 13 may. 2008). De manera puntual, el da\u00f1o moral se reconoce como \u201cla aflicci\u00f3n, el dolor o la tristeza que produce en la v\u00edctima\u201d (SC-2002-00099, 9 de dic. 2013,). Con todo, ha puntualizado -de anta\u00f1o- esta Sala de Casaci\u00f3n que la indemnizaci\u00f3n por perjuicios morales es de cierta manera simb\u00f3lica \u201c(\u2026) y s\u00f3lo significa una forma de satisfacci\u00f3n o una afirmaci\u00f3n de parte de la justicia en aras del derecho vulnerado (\u2026)\u201d29. Se trata pues, de abrirle \u201cal querellante una nueva fuente de alivio y bienestar.\u201d30 <\/p>\n
3.- Desde luego, el da\u00f1o a la vida de relaci\u00f3n o perjuicio de agrado es otra variedad de da\u00f1o extrapatrimonial. Sobre el particular, son abundantes los pronunciamientos de la jurisprudencia mayor31. Se recibe, como la imposibilidad del ejercicio regular de actividades ordinarias de recreo, sosiego o regocijo. Es, pues, la privaci\u00f3n \u201cde los placeres que la v\u00edctima pod\u00eda esperar de una vida normal\u201d.32 De manera concreta, el da\u00f1o se presenta como la \u201ccarencia de las ventajas o disfrutes de una vida ordinaria o normal.\u201d33 Esto es, sobre la vida de la v\u00edctima se impone \u201cuna disminuci\u00f3n de los placeres y parabienes, por la dificultad o imposibilidad de entregarse a plurales actividades de gozo.\u201d34 En una palabra, \u201ces la mutilaci\u00f3n de los placeres de la existencia.\u201d35 <\/p>\n
Algunas de su caracter\u00edsticas son las siguientes. Primero, \u00abha adquirido un car\u00e1cter distintivo, ajustado a las particularidades de nuestra realidad social y normativa\u00bb (SC10297, 5 ag. 2014, rad. n.\u00b0 2003-00660-01).36 Segundo, corresponde a la privaci\u00f3n, disminuci\u00f3n, \u201cp\u00e9rdida\u201d37 del agrado38, causado por la imposibilidad de realizaci\u00f3n de actividades ordinarias.39 Tercero, esta imposibilidad es, en principio, funcional40 -empero, tambi\u00e9n podr\u00eda ser f\u00edsica o psicol\u00f3gica41-. Cuarto, las m\u00e1s de las veces, el da\u00f1o es vitalicio. Quinto, \u201cconstituye una afectaci\u00f3n a la esfera exterior de la persona.\u201d (SC-1997-09327-01, 13 may. 2008). Es decir, con \u00e9l se comprometen los padecimientos de \u00abla relaci\u00f3n externa de la persona\u00bb(SC22036, 19 dic. 2017, rad. n.\u00b0 2009-00114-01).42Sexto, como acontece con el da\u00f1o moral, su c\u00e1lculo ha sido \u201cconfiado al discreto arbitrio de los funcionarios judiciales.\u201d (SC-2003-0066001, 5 agos. 2014). S\u00e9ptimo, por tratarse de un da\u00f1o extrapatrimonial, con respecto a \u00e9l se ofrece \u201cun mecanismo de satisfacci\u00f3n, por virtud del cual se procure al perjudicado, hasta donde sea factible, cierto grado de alivio, sosiego y bienestar que le permita hacer m\u00e1s llevadera su existencia.\u201d (SC-1997-09327-01, 13 may. 2008). Por lo dem\u00e1s, a nivel probatorio, el juez podr\u00eda apoyarse en \u201chechos notorios, los que -se resalta- deben examinarse en cada caso concreto por el funcionario judicial con miras a evitar su uso desbordado e injusto\u201d (SC4803, 12 de dic. 2019, expediente 73001-31-03- 002-2009-00114-01). <\/p>\n
4.-En prove\u00eddo SC5686-2018, esta Sala sostuvo lo siguiente: <\/p>\n
\u00abHa prevalecido el establecimiento de una suma de dinero que la Corte, de tiempo en tiempo reajusta (da\u00f1os no patrimoniales) en cuant\u00edas que establece adem\u00e1s como gu\u00edas para las autoridades jurisdiccionales inferiores en la fijaci\u00f3n de los montos a que ellas deban condenar por este concepto, pues ha cre\u00eddo esta Sala que en tal arbitrio judicial debe prevalecer la mesura, la condena no debe ser fuente de enriquecimiento para la v\u00edctima a m\u00e1s de que deben sopesarse las circunstancias de cada caso, incluyendo dentro de ellas, por qu\u00e9 no, las especificidades de demandante y demandado, los pormenores espacio temporales en que sucedi\u00f3 el hecho, todo ello con miras a que dentro de esa discrecionalidad, no se incurra en arbitrariedad. <\/p>\n
5.-La acusaci\u00f3n se perfila por la v\u00eda directa cuando la discrepancia por la que se duele la censura reside exclusivamente en un plano de estricta juridicidad, desligado, por consiguiente, de cualquier equivocaci\u00f3n en el \u00e1mbito probatorio. En el caso concreto, el embate debe estar dirigido a derruir los falsos juicios de las normas que gobiernan el caso, bien sea porque el ad quem no las tuvo en cuenta -falta de aplicaci\u00f3n-, se equivoc\u00f3 al elegirlas -aplicaci\u00f3n indebida- o, a pesar de ser las correctas, le da una interpretaci\u00f3n ajena a su alcance -interpretaci\u00f3n err\u00f3nea-. Es que, cual lo tiene precisado la Sala en jurisprudencia constante, <\/p>\n
\u201cPara los efectos de casaci\u00f3n, la infracci\u00f3n directa de la ley sustantiva tiene lugar, cuando el sentenciador, contemplando las pruebas tales y como existen en el proceso, sin incurrir en error alguno en la apreciaci\u00f3n de ellas y, por lo mismo, tomando el caso sub judice en su exacta realidad, deja de aplicarle el derecho sustancial que le corresponde, o se lo aplica torcidamente por err\u00f3nea interpretaci\u00f3n. O le aplica uno diferente. Entonces queda eliminada toda discusi\u00f3n sobre el material probatorio y sobre los hechos que este material suministra, como que lo que ocurre es que el juzgador, no obstante haber visto acertadamente la especie litigiosa, equivoc\u00f3 su tratamiento jur\u00eddico. <\/p>\n
Por lo mismo, cuando en el recurso extraordinario se trata de violaci\u00f3n directa de la ley sustancial, esto es, de su quebranto por fuera de todo defecto o falla de apreciaci\u00f3n probatoria, el enjuiciamiento de la sentencia recurrida estriba en la confrontaci\u00f3n de su texto con el derecho sustancial que se alega como infringido; y si sobre el resultado probatorio verificado por el juzgador, se advierte que \u00e9ste dej\u00f3 de aplicar o aplic\u00f3 mal aquel derecho, s\u00f3lo entonces podr\u00e1 decirse que la censura por infracci\u00f3n directa es procedente\u201d (CSJ SC del 18 de abril de 1964; en similar sentido: CSJ SC del 29 de mayo de 1963). <\/p>\n
6.- El censor reprocha la tasaci\u00f3n efectuada sobre el perjuicio generado por el da\u00f1o moral y el de la vida de relaci\u00f3n de la v\u00edctima, su madre y su abuela, pues considera que las sumas reconocidas no son equitativas. Y, por lo tanto, no cumplen con el requisito de reparaci\u00f3n integral consagrado en el art\u00edculo 16 de la Ley 446 de 1998. Tal yerro \u00able llev\u00f3 tambi\u00e9n a aplicar indebidamente los art\u00edculos 1604, 1610-3, 1612, 1615, 1616 y 2341 del C\u00f3digo Civil\u00bb. <\/p>\n
En la presentaci\u00f3n del cargo, la parte recurrente aludi\u00f3 a la violaci\u00f3n directa de las normas sustanciales referenciadas en la sentencia atacada en casaci\u00f3n. Coligi\u00f3 que, de los hechos expuestos, \u00abla menor vio la luz de ese mundo sin ox\u00edgeno en su cerebro gener\u00e1ndole una par\u00e1lisis cerebral severa (\u2026) el da\u00f1o sufrido por la ni\u00f1a es ostensiblemente grave e intenso\u00bb. Por lo tanto, cuestiona la apreciaci\u00f3n del Tribunal en torno a la magnitud del perjuicio. Sin embargo, si el censor pretend\u00eda disputar el criterio del Tribunal en torno a la intensidad del perjuicio y su incidencia en la cuantificaci\u00f3n del da\u00f1o no patrimonial, debi\u00f3 haber se\u00f1alado cu\u00e1les medios de prueba fueron mal apreciados, cercenados o supuestos en el caso en concreto -y que incidieron en el montante-. Ello, por cuanto a la estimaci\u00f3n de los perjuicios extrapatrimoniales se llega en virtud de los medios de prueba que aportan los elementos convictivos, a fin de establecer la intensidad y las circunstancias de la v\u00edctima. Por lo tanto, la controversia se ubica forzosamente en el \u00e1mbito puramente f\u00e1ctico. En una palabra, por esta falta de t\u00e9cnica casacional se impone la desestimaci\u00f3n del cargo. <\/p>\n
En un caso con connotaciones similares, en que el actor se quej\u00f3 frente a la estimaci\u00f3n del da\u00f1o a la vida de relaci\u00f3n realizada por el Tribunal, esta Corte sostuvo que: <\/p>\n
\u00abEsta prueba acredita, en forma cabal, la gravedad de las lesiones sufridas por V\u00e9lez Ortiz y las secuelas definitivas con las que qued\u00f3, entre las que se mencionan, el deterioro irreversible de las neuronas cerebrales, la ceguera, la p\u00e9rdida progresiva de la fuerza muscular en las cuatro extremidades del cuerpo, el da\u00f1o en la motricidad y en el sistema nervioso central, consecuencias todas que, seg\u00fan el informe m\u00e9dico, son inalterables y definitivas e imposibilitan la realizaci\u00f3n de actividades usuales y normales de una persona en su vida diaria y entorno social. <\/p>\n
Frente a tan dram\u00e1tico panorama en el estado de salud del lesionado, es ostensible que el Tribunal no se ocup\u00f3 de tal clase de perjuicio, sino que se limit\u00f3 a confirmar la condena impuesta por el juez de primer grado, sin explicitar o justificar las razones por las cuales se adoptaba tal pronunciamiento. <\/p>\n
La existencia del referido yerro f\u00e1ctico es suficiente para la prosperidad del cargo y releva a la Sala de acometer el estudio del error de derecho denunciado en el mismo. <\/p>\n
En consecuencia, prospera la acusaci\u00f3n y se proceder\u00e1 a dictar la correspondiente sentencia de remplazo, que se limitar\u00e1 exclusivamente a analizar la cuantificaci\u00f3n del perjuicio de la vida en relaci\u00f3n concedido a V\u00e9lez Ortiz\u00bb (Subrayado del Despacho. SC del 09 de diciembre del 2013, exp. 2002-00099-01. Tambi\u00e9n en: SC del 19 de diciembre del 2018, exp. 2004-00042-01). <\/p>\n
7.-As\u00ed pues, el cargo no prospera. <\/p>\n
SEGUNDO CARGO <\/p>\n
En su sustento, la parte recurrente dijo que en la demanda se pidieron perjuicios patrimoniales para la afectada, \u00abbajo la modalidad de lucro cesante, la suma de dinero que dejar\u00e1 de percibir por su invalidez total, imposibilit\u00e1ndole as\u00ed obtener ingresos propios (\u2026) Nada se pide para ella por concepto de da\u00f1o emergente\u00bb. No obstante, el Tribunal determin\u00f3 que era un da\u00f1o emergente futuro, d\u00e1ndole a la demanda un alcance que no ten\u00eda. <\/p>\n
En su criterio, se aplicaron indebidamente los art\u00edculos \u00ab1613 y 1614 que clasifican los perjuicios patrimoniales en da\u00f1o emergente y lucro cesante, correspondiendo este a las ganancias que se dejan de percibir. Al hacerlo as\u00ed, dej\u00f3 de reparar integralmente a la v\u00edctima en la modalidad pedida\u00bb. Con lo anterior, se aplicaron \u00abindebidamente los art\u00edculos 16 de la Ley 446 de 1998 y los art\u00edculos 1604, 1610-3, 1612, 1615, 1616 y 2341 del C\u00f3digo Civil. Los cinco primeros, en el \u00e1mbito de la responsabilidad contractual, porque de ellos emana que el de deudor responde por el incumplimiento de sus obligaciones contractuales y por los perjuicios causados. Y el \u00faltimo, el 2341, porque en el \u00e1mbito de la responsabilidad extracontractual asienta que el que ha cometido un delito o culpa es obligado a la indemnizaci\u00f3n que, obviamente, en sus modalidades incluye el lucro cesante\u00bb. Solicit\u00f3 que se condene a favor de la ni\u00f1a, tanto por da\u00f1o emergente como por lucro cesante futuro. Aclar\u00f3 que este \u00faltimo se pidi\u00f3 \u00fanicamente para la v\u00edctima directa del da\u00f1o, ante la imposibilidad de percibir ingresos. Que el da\u00f1o futuro se dio desde el momento del nacimiento. Y no desde la fecha de la sentencia, como err\u00f3neamente lo consider\u00f3 el Tribunal. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Referente a los errores de hecho, se ha reiterado que su presencia en el fallo cuestionado debe ser de tal magnitud e incidencia que ponga de presente, sin mayores esfuerzos, la grave omisi\u00f3n del sentenciador. No cualquier desliz o incorrecci\u00f3n del funcionario, entonces, tiene la jerarqu\u00eda de socavar los cimientos de la decisi\u00f3n tomada. As\u00ed lo ha expresado esta Corporaci\u00f3n: <\/p>\n
Precisamente, en raz\u00f3n de esos postulados que inspiran la valoraci\u00f3n f\u00e1ctica en las instancias, cuando la imputaci\u00f3n formulada al fallo sea por la comisi\u00f3n de un yerro de hecho -causal 1\u00aa, v\u00eda indirecta- su demostraci\u00f3n presupone, entre otras exigencias, que la deducci\u00f3n probatoria cuestionada resulte manifiestamente contraria al contenido objetivo de la prueba, lo cual comporta que s\u00f3lo se estructurar\u00e1 el error en la medida en que sea tan notorio que a simple vista se manifieste, sin mayores elucubraciones y ejercicios dial\u00e9cticos. <\/p>\n
La Corte, de antiguo tiene dicho que \u00abel error de hecho se estructura cuando el juicio probatorio del sentenciador es arbitrario o cuando la \u00fanica ponderaci\u00f3n y conclusi\u00f3n que tolera y acepta la apreciaci\u00f3n de las pruebas sea la sustitutiva que proclama el recurrente; por el contrario, si la conclusi\u00f3n a la que lleg\u00f3 el ad quem, luego de examinar cr\u00edticamente el acervo probatorio se halla dentro del terreno de la l\u00f3gica y lo razonable, en oposici\u00f3n a la que del mismo estudio extrae y propone el censor en el cargo, no se genera el yerro de facto con las caracter\u00edsticas de evidente y manifiesto, por cuanto en dicha situaci\u00f3n no hay absoluta certeza del desatino cometido por el fallador en la providencia motivo de impugnaci\u00f3n\u00bb -La Corte hace notar- (CSJ SC 28 de junio de 2011, rad n.\u00b01998 00869). <\/p>\n
2.- Pues bien, el Tribunal consider\u00f3 que de la demanda se desprend\u00eda que lo pedido se refer\u00eda al da\u00f1o emergente futuro, cuando se dijo: \u00abdebido a las anteriores circunstancias Catalina Vela qued\u00f3 en imposibilidad de tener una vida normal afectada en su ser mismo sin capacidad de relacionarse con los dem\u00e1s ni de laborar\u00bb. En consecuencia, sostuvo que \u00abconviene destacar que en el hecho 16 de la demanda en la imposibilidad de tener una vida normal afectada en su ser mismo sin capacidad de relacionarse con los dem\u00e1s ni de laborar (\u2026) esas expresiones s\u00f3lo pueden interpretarse como que la situaci\u00f3n personal de Catalina no tendr\u00e1 posibilidad de desarrollar una actividad productiva que le genere ingresos necesarios lo que se traduce en la p\u00e9rdida de contingencia no relativa sino absoluta dada la deficiencia psicomotora\u00bb. Ahora bien, tal proceder no significa la incursi\u00f3n del yerro denunciado. La Corte de anta\u00f1o ha considerado que el juez tiene la facultad de interpretar la demanda \u00ab[d]ada la facultad de interpretaci\u00f3n de la demanda que tiene el juez, \u00e9ste puede concluir, recurriendo incluso a los fundamentos de hecho, cu\u00e1l es la acci\u00f3n impetrada o que la pretensi\u00f3n es una y no otra o, en fin, cu\u00e1les son sus alcances\u00bb (sentencia de 6 de julio de 1981, texto reproducido en Cas. Civ. del 17 de marzo de 1993, G.J. CCXXII, p. 202). <\/p>\n
Al respecto, esta Sala tambi\u00e9n ha sostenido que <\/p>\n
\u201c(\u2026) En este punto, mem\u00f3rese que el juez tiene el deber de resolver de fondo la controversia puesta a su consideraci\u00f3n, teniendo en cuenta el principio fundamental de que s\u00f3lo \u00e9sta limitado a no variar la causa petendi (hechos), pero no as\u00ed a determinar el derecho aplicable al juicio o a revisar si los presupuestos de cada una de las acciones se cumplen o no, dado que en virtud del principio iura novit curia las partes no tienen la carga de probar el derecho, salvo contadas excepciones como cuando se trata de derecho extranjero o consuetudinario (\u2026)\u201d43 (\u00e9nfasis ajeno al original) (CSJ. STC14160-2019 de 16 de octubre de 2019, exp. 11001-02-03-000-2019-03256-00). <\/p>\n
Ahora bien, si en gracia de discusi\u00f3n se considerara consumado el yerro denunciado, el no conceder el lucro cesante futuro reclamado para la ni\u00f1a no comporta ninguna transgresi\u00f3n del ordenamiento. Al respecto tiene sentado esta Corporaci\u00f3n que \u00abM\u00e1s el que todav\u00eda carece de ocupaci\u00f3n u oficio productivo, como el menor de edad, que apenas est\u00e1 recibiendo los primeros grados de instrucci\u00f3n, y que ni siquiera ha elegido la profesi\u00f3n u oficio a que consagrar\u00e1 su actividad econ\u00f3mica, no ofrece elementos que sirvan para determinar las p\u00e9rdidas patrimoniales que en el porvenir recibir\u00e1 (Sentencia 20 de Noviembre de 1943, G.J. T. LVII, p\u00e1gs. 234 a 242). Tal postura ha sido reiterada as\u00ed: \u201c[e]n trat\u00e1ndose del da\u00f1o, y en singular, del lucro cesante, la indemnizaci\u00f3n exige la certeza del detrimento, o sea, su verdad, existencia u ocurrencia tangible, incontestable o veros\u00edmil, ya actual, ora ulterior, acreditada por el demandante como presupuesto ineluctable de la condena con pruebas id\u00f3neas en su entidad y extensi\u00f3n\u201d; y que \u201cla jurisprudencia de esta Corte cuando del da\u00f1o futuro se trata y, en particular, del lucro cesante futuro, ha sido expl\u00edcita \u2018en que no es posible aseverar, con seguridad absoluta, como habr\u00edan transcurrido los acontecimientos sin la ocurrencia del hecho\u2019, acudiendo al prop\u00f3sito de determinar \u2018un m\u00ednimo de razonable certidumbre\u2019, a \u2018juicios de probabilidad objetiva\u2019 y \u2018a un prudente sentido restrictivo (Sentencia CSJ SC del 9 de septiembre de 2010, Rad. n.\u00b0 2005-00103-01). En prove\u00eddo m\u00e1s reciente, esta Corporaci\u00f3n indic\u00f3 que \u00ab[l]a sola existencia de la persona humana, no permite aseverar que ella, en un momento dado de su vida, la mayor\u00eda de edad o cualquier otro, fuera a ser econ\u00f3micamente productiva y, mucho menos, calcular el monto de los r\u00e9ditos que hubiera percibido\u00bb. (SC 16690-2016,10 may 2016) <\/p>\n
3.- De tal forma, incluso en este escenario, el Tribunal sigui\u00f3 los derroteros vistos en precedencia. Por tales razones, el error no existi\u00f3. El cargo no prospera. <\/p>\n
V. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida el 14 de mayo de 2015 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn. <\/p>\n
No hay condena en costas. <\/p>\n
En su oportunidad, devu\u00e9lvase el expediente a la Corporaci\u00f3n de origen. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Con aclaraci\u00f3n de voto) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
ACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 05001-31-03-009-2010-00185-01 <\/p>\n
Con el respeto acostumbrado expongo las razones por las que la Sala debi\u00f3 unificar su jurisprudencia sobre temas apremiantes de la responsabilidad civil por da\u00f1os a la persona, en lugar de limitarse a desechar los cargos casacionales del caso concreto. <\/p>\n
1. El papel protag\u00f3nico de la casaci\u00f3n en la evoluci\u00f3n de los da\u00f1os a la persona44 <\/p>\n
1.1. La Sala ostenta la doble funci\u00f3n constitucional de ser m\u00e1ximo \u00f3rgano de la jurisdicci\u00f3n ordinaria en su especialidad y tribunal de casaci\u00f3n (arts. 234 y 235 # 1 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica), la cual ejerce principalmente por medio del recurso extraordinario de casaci\u00f3n. <\/p>\n
La casaci\u00f3n atiende tradicionalmente dos finalidades. Una de ellas es p\u00fablica o de inter\u00e9s general (suele denominarse ius constitutionis) y propende por defender la unidad e integridad del derecho objetivo (nomofilaquia), as\u00ed como unificar la jurisprudencia nacional; la otra es privada (conocida como ius litigatoris) y se ejerce para reparar los agravios causados al recurrente por la sentencia impugnada cuando se demuestre que ella incurri\u00f3 en alguna de las causales procedentes para revocarla. <\/p>\n
Distinguir entre las finalidades p\u00fablica (ius constitutionis) y privada (ius litigatoris) del recurso de casaci\u00f3n est\u00e1 lejos de constituir un mero cultismo acad\u00e9mico. Por el contrario, hace parte del n\u00facleo esencial del mecanismo extraordinario y, por supuesto, del rol que desempe\u00f1a la Corte en el sistema de administraci\u00f3n de justicia, tanto as\u00ed que ambas finalidades fueron plasmadas expresamente en los C\u00f3digos de Procedimiento Civil (art. 365) y General del Proceso (art. 333), con la anotaci\u00f3n de que este \u00faltimo tambi\u00e9n le atribuye la consigna de \u00ablograr la eficacia de los instrumentos internacionales suscritos por Colombia en el derecho interno, proteger los derechos constitucionales, controlar la legalidad de los fallos, unificar la jurisprudencia nacional\u00bb. <\/p>\n
Precisamente, la finalidad p\u00fablica que atiende la jurisprudencia de casaci\u00f3n ha sido clave en la evoluci\u00f3n de los criterios para determinar los da\u00f1os extrapatrimoniales resarcibles y la forma de indemnizarlos, pues no solo ha dotado a los jueces de instancia de mayores elementos de juicio para decidir esas controversias, sino tambi\u00e9n para que las partes vean satisfechas en el mayor grado posible prerrogativas subjetivas y fundamentales como el debido proceso, la igualdad y la reparaci\u00f3n integral. <\/p>\n
Como la evoluci\u00f3n jurisprudencial sobre da\u00f1os a la persona debe continuar, el epicentro de la presente aclaraci\u00f3n de voto no radica en ponerle fin a las discusiones sobre la materia; por el contrario, busca avivarlas. Ser\u00eda ingenuo pensar que una decisi\u00f3n judicial o una aclaraci\u00f3n de voto, por muy justificados que se encuentren, terminar\u00e1n de una vez por todas las problem\u00e1ticas que surgen en torno a la indemnizaci\u00f3n de perjuicios derivados de afectaciones a la integridad psicof\u00edsica del ser humano, pues se trata de un concepto complejo que involucra diversas \u00e1reas del conocimiento y se relaciona directamente con varios derechos fundamentales como, por ejemplo, salud, vida, igualdad o integridad personal. <\/p>\n
Antes de presentar los aspectos problem\u00e1ticos sobre los que la Sala debe pronunciarse en una pr\u00f3xima oportunidad, es relevante resaltar algunos aspectos del caso concreto. <\/p>\n
2. Caso concreto y decisi\u00f3n de la Sala <\/p>\n
2.1. La sentencia mayoritaria pone en evidencia que el Tribunal, amparado en las reglas res ipsa loquitur (la cosa habla por s\u00ed sola) y culpa virtual, aliger\u00f3 la carga de la prueba de los demandantes y declar\u00f3 la responsabilidad civil de Cl\u00ednica del Prado S.A. y E.P.S. y Medicina Prepagada Suramericana S.A., con ocasi\u00f3n del desprendimiento de placenta que padeci\u00f3 Yeni Mar\u00eda M\u00fanera Estrada e hizo que su hija naciera con lesiones cerebrales irreversibles y permanentes. Estas entidades fueron condenadas a indemnizar: <\/p>\n
(i) $68\u2019045.911 por da\u00f1o emergente pasado, $70\u2019000.000 por da\u00f1o moral y $50\u2019000.000 por da\u00f1o a la vida de relaci\u00f3n, a favor de la madre; <\/p>\n
ii) $50\u2019000.000 como da\u00f1o moral a favor de la hermana de la v\u00edctima directa (reci\u00e9n nacida); <\/p>\n
iii) $50\u2019000.000 por da\u00f1o moral y $25\u2019000.000 por da\u00f1o a la vida de relaci\u00f3n para la abuela de la v\u00edctima directa; y <\/p>\n
iv) una mesada equivalente al 65% de 1 s.m.l.m.v., hasta cuando la v\u00edctima directa cumpla 18 a\u00f1os (16 de marzo de 2023) y, desde esa fecha en adelante, 1 s.m.l.m.v. durante toda su vida, como da\u00f1o emergente futuro, debiendo las condenadas constituir una fiducia; asimismo, $70\u2019000.000 por da\u00f1o moral y $50\u2019000.000 por da\u00f1o a la vida de relaci\u00f3n. <\/p>\n
2.2. El caso concreto era propicio para unificar la jurisprudencia civil sobre da\u00f1os a la persona, no s\u00f3lo con el objetivo de precisar los par\u00e1metros que de ahora en adelante deben atender los jueces de instancia para determinar y liquidar perjuicios inmateriales, sino tambi\u00e9n para examinar la conformidad de la sentencia impugnada con el ordenamiento jur\u00eddico. <\/p>\n
Obs\u00e9rvese que las convocadas excepcionaron exceso de los valores pretendidos y junto con las v\u00edctimas sustentaron sendos recursos de casaci\u00f3n, lo cual denota que ambos extremos estuvieron inconformes con segmentos de la decisi\u00f3n de \u00faltima instancia, haciendo necesario que la Corte sentara su posici\u00f3n al respecto. <\/p>\n
La impugnaci\u00f3n de E.P.S. y Medicina Prepagada Suramericana S.A. se hizo consistir en la vulneraci\u00f3n indirecta de normas sustanciales por errores de hecho en la apreciaci\u00f3n de medios de convicci\u00f3n que, en su criterio, negaban la responsabilidad civil; la Sala estim\u00f3 incompleto el cargo por haber omitido cuestionar la aplicaci\u00f3n de las reglas res ipsa loquitur o culpa virtual. <\/p>\n
El embate de Cl\u00ednica El Prado S.A., por el mismo camino, tild\u00f3 de contraintuitiva la imputaci\u00f3n de responsabilidad civil, por haberse supuesto la prueba de la relaci\u00f3n de causalidad; la Sala lo desech\u00f3 por desenfocado debido a que el ad quem, con fundamento en indicios y las reglas mencionadas, aliger\u00f3 la carga de la prueba de los demandantes y, en consecuencia, los convocados omitieron acreditar la ausencia de responsabilidad. <\/p>\n
Los actores plantearon dos cargos. En el primero discutieron el desconocimiento directo de normas sustanciales por falta de aplicaci\u00f3n de los postulados de equidad y reparaci\u00f3n integral, con el fin de que se aumentaran las condenas por da\u00f1o moral y a la vida de relaci\u00f3n pretendidas en SMLMV, pero concedidas en moneda corriente y sin actualizaci\u00f3n; la Sala lo neg\u00f3 con fundamento en que la indemnizaci\u00f3n del da\u00f1o moral es simb\u00f3lica y la v\u00eda adecuada para atacar la liquidaci\u00f3n de perjuicios extrapatrimoniales es la indirecta (yerro f\u00e1ctico) y no la invocada. <\/p>\n
En el segundo plantearon desconocimiento indirecto de disposiciones sustanciales por error de hecho consistente en la defectuosa interpretaci\u00f3n de la demanda, pues en ella s\u00ed pretendieron la indemnizaci\u00f3n del lucro cesante de la v\u00edctima directa, pero el Tribunal concedi\u00f3 da\u00f1o emergente futuro; el embate fue desechado porque, a juicio de la Sala, la interpretaci\u00f3n del Tribunal fue adecuada pues los hechos enfatizaban que el da\u00f1o cerebral de la reci\u00e9n nacida le impedir\u00eda laborar y, en todo caso, es improcedente conceder lucro cesante a favor de un menor de edad. <\/p>\n
Corresponde examinar la evoluci\u00f3n jurisprudencial sobre da\u00f1os a la persona para examinar si en casos como el explicado, las tipolog\u00edas reconocidas garantizan el principio-derecho a la reparaci\u00f3n integral. <\/p>\n
3. La tipolog\u00eda actual de perjuicios extrapatrimoniales45 <\/p>\n
Salvo por la regulaci\u00f3n de temas insulares46, el legislador nacional ha preferido ser silente sobre los perjuicios extrapatrimoniales; s\u00f3lo se ha ocupado de establecer que los patrimoniales son el da\u00f1o emergente y el lucro cesante (art. 1616 C.C.) y nada dijo sobre los inmateriales. <\/p>\n
Lo anterior no es una cr\u00edtica. Por el contrario, esa realidad le ha dado a la jurisprudencia el protagonismo de unificar las clases de perjuicios extrapatrimoniales; adem\u00e1s, lo ocurrido en otras latitudes ense\u00f1a que su reglamentaci\u00f3n legislativa suele restringir el derecho a la reparaci\u00f3n integral como aconteci\u00f3, por ejemplo, con los C\u00f3digos Civiles italiano de 1942 (arts. 2043 y 2059) y alem\u00e1n -B.G.B.- (\u00a7 253); el primero estableci\u00f3 la indemnizaci\u00f3n del da\u00f1o no patrimonial en los casos se\u00f1alados legalmente -actos delictivos-; el segundo permite la indemnizaci\u00f3n de da\u00f1os a la vida, integridad psicof\u00edsica, nombre, honra y libertad. <\/p>\n
Sin \u00e1nimos de exhaustividad y con el \u00fanico prop\u00f3sito de estudiar si los actuales perjuicios extrapatrimoniales son suficientes para indemnizar cabalmente a las v\u00edctimas, vale la pena echar un vistazo a su devenir. <\/p>\n
A diferencia de lo que hasta el momento se ha contado, el punto de partida de la evoluci\u00f3n jurisprudencial en materia de da\u00f1os extrapatrimoniales no arranca con el Caso Villaveces, sino mucho antes. En 1896 esta Corte obr\u00f3 como \u00ab\u00e1rbitro de derecho\u00bb para ordenar la indemnizaci\u00f3n a favor de los sucesores de una persona fallecida a manos de agentes estatales; en esa oportunidad resarci\u00f3 el pretium mortis47, es decir, un t\u00edpico perjuicio extrapatrimonial consistente en la muerte de una persona (SC 22 oct. 1896, G.J. 565 de 2 nov. 1896 p\u00e1g. 353 y ss.) que, a lo mejor por tratarse de un precedente que no resolv\u00eda un recurso de casaci\u00f3n, no volvi\u00f3 a reconocerse. Se trata de un importante antecedente porque indemniz\u00f3 el \u00abda\u00f1o evento\u00bb (muerte), a pesar de que, como se ver\u00e1, la jurisprudencia de la Sala ha preferido resarcir principalmente el \u00abda\u00f1o consecuencia\u00bb cuando se trata de afectaciones a la persona. <\/p>\n
M\u00e1s adelante, ahora s\u00ed en el reconocido Caso Villaveces, la Sala dio un paso decisivo. Como tribunal de casaci\u00f3n y en sede de instancia, estableci\u00f3 que el art\u00edculo 2341 del C\u00f3digo Civil no limitaba los perjuicios \u00fanicamente a los patrimoniales (da\u00f1o emergente y lucro cesante) y cobijaba el da\u00f1o moral. Debe destacarse que esa indemnizaci\u00f3n no se liquid\u00f3 con base en el arbitrium iudicis, sino a trav\u00e9s de un dictamen pericial (CSJ SC 21 jul. 1922 y 22 jul. 1924). <\/p>\n
La evoluci\u00f3n continu\u00f3 para anidar en el perjuicio moral dos aristas: una objetivada y otra subjetiva seg\u00fan lo abstracta que resultara su liquidaci\u00f3n (SC 23 abr. 1941, seguida en SC 27 sep. 1974, G.J. CXLVIII, Parte 1, p\u00e1g. 247 a 267, SC 17 ago. 2001, rad. 6492, SC 7 sep. 2001 rad. 2001); no obstante, esa clasificaci\u00f3n fue abandonada porque, de cierta manera, se val\u00eda de aspectos econ\u00f3micos para medir un da\u00f1o extrapatrimonial. <\/p>\n
Posteriormente, la Sala acogi\u00f3 el da\u00f1o a la vida de relaci\u00f3n (SC 13 may. 2008, rad. 1997-09327, seguida en SC 20 ene. 2009, rad. 1993-00215), noci\u00f3n que engloba el conjunto de consecuencias derivadas de una afectaci\u00f3n psicof\u00edsica u otra prerrogativa subjetiva que incide negativamente en la vida exterior o actividad social del sujeto, distinta del da\u00f1o moral (pretium doloris) porque la v\u00edctima del primero sufre una p\u00e9rdida o dificultad para establecer contacto y relacionarse con el entorno. Se resalta del citado precedente de 2008 que el da\u00f1o a la vida de relaci\u00f3n no cobija otros perjuicios inmateriales con autonom\u00eda propia ni impide su resarcimiento, lo que se traduce en que esa decisi\u00f3n estuvo lejos de impedir que otras figuras puedan ser reconocidas por la jurisprudencia civil. <\/p>\n
M\u00e1s tarde, la corporaci\u00f3n hizo referencia a \u00abbienes jur\u00eddicos protegidos por la Constituci\u00f3n y por las disposiciones internacionales que declaran derechos humanos\u00bb con el fin de indemnizar la afectaci\u00f3n al buen nombre (CSJ SC10297 5 ago. 2014, rad. 2003-00660). <\/p>\n
Pues bien, este somero relato jurisprudencial sobre los perjuicios extrapatrimoniales reconocidos permite preguntarse si asegura el principio de reparaci\u00f3n integral, aspecto sobre el que amerita ocuparse la Sala. <\/p>\n
3.1. Hacia el fortalecimiento del principio de reparaci\u00f3n integral <\/p>\n
El art\u00edculo 16 de la ley 446 de 1998 impone la \u00abreparaci\u00f3n integral\u00bb en los juicios de responsabilidad civil, es decir, \u00abque al afectado por da\u00f1os en su persona o en sus bienes, se le restituya en su integridad o lo m\u00e1s cerca posible al estado anterior\u2026\u00bb al hecho da\u00f1oso (SC22036, 19 dic. 2017, rad. n.\u00b0 2009-0014-01, citada en SC3919, 8 sep. 2021, rad. n.\u00ba 2012-00247). Esto significa que la sentencia debe condenar al responsable a pagar todos los perjuicios efectivamente pretendidos, causados y probados, pues de lo contrario el resarcimiento ser\u00e1 incompleto y, por tanto, contrario a normas sustanciales. <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria es el m\u00e1ximo \u00f3rgano de la jurisdicci\u00f3n ordinaria en su especialidad y, por tanto, su jurisprudencia -sobre todo en los da\u00f1os extrapatrimoniales, materia donde el legislador ha optado por ni inmiscuirse- debe ser seguida por las partes al momento de confeccionar sus pretensiones y por los jueces de instancia al resolverlas. Recu\u00e9rdese que los conceptos y cantidades fijados por la jurisprudencia como perjuicios extrapatrimoniales sirven para determinar la competencia seg\u00fan la cuant\u00eda (art. 25 CGP). <\/p>\n
Los precedentes de este tribunal de casaci\u00f3n tienen una indiscutible importancia sobre la materia de da\u00f1os a la persona, pues los casos fallados sirven de derrotero para resolver los siguientes. Tradicionalmente, la jurisprudencia civil ha sido renuente a indemnizar el \u00abda\u00f1o evento\u00bb, es decir, las huellas f\u00edsicas del hecho da\u00f1oso, y ha preferido resarcir el \u00abda\u00f1o consecuencia\u00bb, esto es, los efectos que se desencadenan del hecho da\u00f1oso. Por tal raz\u00f3n, la Sala se ha mostrado reacia a indemnizar la p\u00e9rdida anat\u00f3mica o funcional de una extremidad u \u00f3rgano (da\u00f1o fisiol\u00f3gico o a la salud), y ha reconocido como indemnizable sus consecuencias inmateriales (da\u00f1o a la vida de relaci\u00f3n y moral, principalmente). <\/p>\n
Sin embargo, esa opci\u00f3n jurisprudencial parece alejada del principio de reparaci\u00f3n integral que impone ubicar a las v\u00edctimas en la posici\u00f3n m\u00e1s cercana al estado anterior al hecho da\u00f1oso, indemnizando, en el mayor grado posible, todos los perjuicios pretendidos, causados y probados, incluyendo la afectaci\u00f3n de garant\u00edas constitucionales fundamentales como los derechos a la salud e integridad psicof\u00edsica48 que, como se ha visto, no encuadran en ninguna de las tipolog\u00edas reconocidas actualmente por la jurisprudencia, tales como da\u00f1o moral (congoja o dolor causado por el hecho da\u00f1oso), a la vida de relaci\u00f3n (alteraci\u00f3n de las condiciones de existencia en un contexto social) y afectaci\u00f3n al buen nombre. <\/p>\n
El caso concreto ilustra cabalmente que la actual tipolog\u00eda de perjuicios inmateriales estar\u00eda poniendo en riesgo la reparaci\u00f3n integral. Debe recordarse que la reci\u00e9n nacida padecer\u00e1 lesiones cerebrales irreversibles y permanentes que afectar\u00e1n gravemente sus derechos fundamentales a la integridad psicof\u00edsica y a la salud; sin embargo, tales menguas no fueron reparadas porque tan solo se orden\u00f3 indemnizar los da\u00f1os moral y a la vida de relaci\u00f3n que -como se ha explicado- carecen de la funci\u00f3n de resarcir aquellas afectaciones a la integridad f\u00edsica y mental de las personas. <\/p>\n
Los inconvenientes de la actual tipolog\u00eda de perjuicios inmateriales se agravan cuando se sigue observando el caso concreto: la madre (que, seg\u00fan el fallo, no padecer\u00e1 lesiones graves y permanentes en su salud) y su hija reci\u00e9n nacida (que s\u00ed las sufrir\u00e1) recibieron la misma indemnizaci\u00f3n nominal y econ\u00f3mica de perjuicios inmateriales: <\/p>\n
<\/p>\n
Demandante <\/p>\n
Perjuicios inmateriales reconocidos <\/p>\n
Madre de la reci\u00e9n nacida <\/p>\n
Da\u00f1o moral: $70\u2019000.000. <\/p>\n
Da\u00f1o a la vida de relaci\u00f3n: $50\u2019000.000. <\/p>\n
Hermana de la reci\u00e9n nacida <\/p>\n
Da\u00f1o moral: $50\u2019000.000. <\/p>\n
Abuela de la reci\u00e9n nacida <\/p>\n
Da\u00f1o moral: $50\u2019000.000. Da\u00f1o a la vida de relaci\u00f3n: $25\u2019000.000. <\/p>\n
Reci\u00e9n nacida <\/p>\n
Da\u00f1o moral: $70\u2019000.000. <\/p>\n
Da\u00f1o a la vida de relaci\u00f3n: $50\u2019000.000. <\/p>\n
Sin lugar a dudas, el estado actual de la jurisprudencia no reconoce el car\u00e1cter indemnizable de aquellas afectaciones graves a la salud e integridad psicof\u00edsica de las personas (da\u00f1o a la salud o perjuicio fisiol\u00f3gico). Esto arriesga la vigencia del principio de reparaci\u00f3n integral, pues, como sucedi\u00f3 en el caso concreto, a la reci\u00e9n nacida se le dejaron de resarcir graves afectaciones en su integridad que padecer\u00e1 por el resto de la vida, lo que se traduce en un claro incumplimiento del mandato de reparaci\u00f3n integral, pues ella tendr\u00e1 que soportar sin justificaci\u00f3n algunos de los padecimientos en su salud que produjo el hecho da\u00f1oso. <\/p>\n
Para corregir ese rumbo, es necesario que en ejercicio de sus funciones de defensa de la unidad e integridad del ordenamiento jur\u00eddico, protecci\u00f3n de los derechos constitucionales, control de la legalidad de los fallos, unificaci\u00f3n de la jurisprudencia y, por supuesto, reparaci\u00f3n de los agravios irrogados a las partes por la sentencia que busca casarse, la Sala establezca el car\u00e1cter resarcible del da\u00f1o a la salud (de corte italiano) o el perjuicio fisiol\u00f3gico (de linaje franc\u00e9s) que, con algunos matices, busca esencialmente reparar aquellas afectaciones a la salud e integridad psicof\u00edsica de las personas. <\/p>\n
Para lograr ese prop\u00f3sito tendr\u00eda poca utilidad trasplantar inconsultamente las fuentes de otro derecho para acoger sin filtros un concepto extranjero. Por el contrario, el ejercicio debe ser consciente y ajustado a las realidades de nuestro pa\u00eds, donde se tengan en cuenta las experiencias, aciertos y escollos experimentados en otras latitudes sobre esa figura con el fin de estar m\u00e1s cerca de garantizar el principio de la reparaci\u00f3n integral. <\/p>\n
Tal labor debe estar acompa\u00f1ada no s\u00f3lo de la prudencia propia de quienes deben administrar justicia \u00absometidos al imperio de la ley\u00bb (art. 230 C.P.), sino tambi\u00e9n haciendo efectiva la vigencia de las garant\u00edas que se desprenden del derecho fundamental al debido proceso de los convocados al juicio de responsabilidad civil, quienes no deben resultar sorprendidos por una sentencia que imponga condenas que no fueron pretendidas por su contraparte, ni mucho menos discutida por ellos. <\/p>\n
En ese camino se alzar\u00e1n voces que se opondr\u00e1n al reconocimiento del da\u00f1o a la salud o fisiol\u00f3gico por considerar que se estar\u00eda monetizando a la persona y su cuerpo. No obstante, pese a la importancia que tales razonamientos tienen, no logran solventar la necesidad de hacer efectiva la reparaci\u00f3n integral; por ahora puede afirmarse que ser\u00eda m\u00e1s nocivo para las personas dejar de indemnizar aquellos perjuicios que indiscutiblemente derivaron del hecho da\u00f1oso y, adem\u00e1s, su indemnizaci\u00f3n, aunque generalmente se hace con dinero, puede lograrse mediante obligaciones de hacer o no hacer, seg\u00fan se pretenda en la demanda y se acredite en el proceso. <\/p>\n
Como si lo anterior fuera insuficiente, debe recordarse que desde el caso Villaveces la Sala ha dejado suficientemente claro que el derecho objetivo colombiano no limita la indemnizaci\u00f3n de perjuicios a rubros espec\u00edficos y permite el resarcimiento de otros, dentro de los que se encuentra, por supuesto, el da\u00f1o moral, a la vida de relaci\u00f3n, al buen nombre y a la salud o fisiol\u00f3gico, seg\u00fan la denominaci\u00f3n por la que decida optarse. Adem\u00e1s, al reconocer la procedencia del da\u00f1o a la vida de relaci\u00f3n, la corporaci\u00f3n argument\u00f3 que ese perjuicio no engloba otras categor\u00edas de indemnizaci\u00f3n extrapatrimonial ni impide su reconocimiento. <\/p>\n
Al momento de abordar la procedencia del da\u00f1o a la salud o fisiol\u00f3gico, pueden servir de gu\u00eda los siguientes par\u00e1metros: <\/p>\n
<\/p>\n
a. Busca hacer efectivos los derechos fundamentales a la salud e integridad personal, d\u00e1ndole significado y funci\u00f3n constitucional a la responsabilidad civil; <\/p>\n
<\/p>\n
b. Repara aquellas afectaciones o limitaciones durables a la integridad psicof\u00edsica de las personas, por p\u00e9rdida anat\u00f3mica o funcional de alg\u00fan \u00f3rgano o extremidad, as\u00ed como las dem\u00e1s afectaciones constatables a la salud; <\/p>\n
<\/p>\n
c. Tiene identidad propia y no puede confundirse con la congoja o dolor producido por el hecho da\u00f1oso (perjuicio moral); <\/p>\n
<\/p>\n
d. Es distinto a la alteraci\u00f3n de las condiciones de existencia que se derivan del da\u00f1o y, por tanto, no puede equipararse ni confundirse con el da\u00f1o a la vida de relaci\u00f3n; y <\/p>\n
<\/p>\n
e. No debe estar relacionado con la capacidad laboral o productiva de la persona, pues caer\u00eda en los terrenos del perjuicio patrimonial. <\/p>\n
La jurisprudencia civil tambi\u00e9n debe poner atenci\u00f3n a la rigurosidad o flexibilidad del principio de congruencia cuando se trata del reconocimiento perjuicios extrapatrimoniales. <\/p>\n
3.2. Congruencia y perjuicios extrapatrimoniales <\/p>\n
El procedimiento civil es rogado. Por eso, generalmente, se inicia a instancia de parte (art. 8\u00ba CGP) y el promotor debe se\u00f1alar en la demanda \u00ablo que se pretenda, expresado con precisi\u00f3n y claridad\u00bb as\u00ed como narrar \u00ablos hechos que le sirven de fundamento a las pretensiones\u00bb (art. 82, # 4 y 5 ibidem). Adem\u00e1s, en la contestaci\u00f3n deben responderse cabalmente los hechos del libelo (so pena de que puedan tenerse como confesados) y expresarse las excepciones de m\u00e9rito (arts. 96 y 97 CGP). <\/p>\n
Tales exigencias encajan con el mandato de congruencia que impone al juez respetar los linderos del litigio demarcados por las partes y abstenerse de conceder m\u00e1s (o algo distinto) de lo pedido, o dejar de pronunciarse sobre asuntos sujetos a su decisi\u00f3n. En pocas palabras, el art\u00edculo 281 del C\u00f3digo General del Proceso (de manera id\u00e9ntica a como lo hac\u00eda el precepto 305 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil) impone que la sentencia sea congruente. <\/p>\n
La congruencia es una manifestaci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso. Garantiza que las partes no sean sorprendidas por el fallador con decisiones sobre aspectos que no pudieron discutir, solicitar o controvertir pruebas o alegar de conclusi\u00f3n. Se trata de una regla procesal que resguarda garant\u00edas esenciales de indiscutible contenido sustancial. <\/p>\n
Sin embargo, la jurisprudencia de la Sala ha flexibilizado el principio de congruencia en materia de da\u00f1os a la persona. Recientemente argument\u00f3: <\/p>\n
\u2026en relaci\u00f3n con los perjuicios inmateriales, \u2026a diferencia de los patrimoniales, los primeros se presumen y, en consideraci\u00f3n a esa cualidad, \u00absu indemnizaci\u00f3n es oficiosa por virtud del principio de reparaci\u00f3n integral; por supuesto, ayudado de los elementos de convicci\u00f3n que obren en el juicio, atendiendo la naturaleza del derecho afectado y la prudencia racional del juez\u00bb (CSJ SC2107, 12 jun. 2018, rad. 2011-00736-01) (SC3728, rad. 2005-00175, 26 ago. 2021). <\/p>\n
Resulta necesario que en una pr\u00f3xima oportunidad la Sala reflexione con mayor profundidad si en realidad existen razones valederas para que en materia de perjuicios extrapatrimoniales, el fallador no se encuentre limitado por el principio de congruencia. Vale la pena reiterar que se trata de una garant\u00eda que protege el derecho al debido proceso en aras de que la decisi\u00f3n respete las l\u00edneas de conf\u00edn de la controversia. As\u00ed, la congruencia es una formalidad necesaria y justificada por los fines que alcanza y, por tanto, los administradores de justicia no estar\u00edan autorizados a soslayarla ni siquiera para satisfacer el principio de reparaci\u00f3n integral porque en juego se encuentran garant\u00edas sustantivas como el derecho a la defensa de la parte convocada al tr\u00e1mite. <\/p>\n
Cosa distinta es que el reconocimiento de perjuicios inmateriales por afectaciones a la integridad psicof\u00edsica pueda basarse en una prueba indiciaria para concluir fundadamente que el hecho desencadenante de la responsabilidad civil le caus\u00f3 da\u00f1os a la vida de relaci\u00f3n, da\u00f1o moral, e inclusive, fisiol\u00f3gico a la v\u00edctima, sobre todo cuando las afectaciones graves a la salud y sus consecuencias extrapatrimoniales pueden ser constatadas directamente por el fallador, caso en donde la indemnizaci\u00f3n se liquidar\u00e1 con base en la equidad y el arbitrium iudicis. Obs\u00e9rvese que lo anterior no exime al demandante de formular y sustentar f\u00e1cticamente sus pretensiones con precisi\u00f3n y claridad, ni mucho menos al juez de abstenerse de resolver ultra o extra petita, a menos que la ley lo faculte expresamente. <\/p>\n
Por otro lado, al lado de las anteriores problem\u00e1ticas se evidencian otras relacionadas con la liquidaci\u00f3n de los perjuicios extrapatrimoniales. <\/p>\n
4. Liquidaci\u00f3n de da\u00f1os a la persona49 <\/p>\n
Los perjuicios extrapatrimoniales son esencialmente inasibles y de dif\u00edcil tasaci\u00f3n. Esa caracter\u00edstica ha sido uno de los principales factores que ha dificultado su reconocimiento, sobre todo porque la Sala de Casaci\u00f3n Civil ha tenido que explorar diversos criterios para liquidarlos, como se evidencia en la evoluci\u00f3n de su jurisprudencia. <\/p>\n
Inicialmente, los falladores aplicaban los topes previstos en las normas de derecho penal para cuantificar el da\u00f1o moral50. Sin embargo, la jurisdicci\u00f3n sent\u00f3 la inaplicabilidad de estas disposiciones en la responsabilidad civil y acudi\u00f3 criterios propios para liquidarlo (CSJ SC 27 sep. 1974, G.J. CXLVIII Parte 1 -1974- p\u00e1g. 247 a 267). <\/p>\n
M\u00e1s tarde empez\u00f3 a computar la indemnizaci\u00f3n en gramos oro, aunque la Sala se separ\u00f3 de ese rubro y lo fij\u00f3 en moneda corriente; peri\u00f3dicamente, y caso a caso, ha ido actualizando el valor avalado o reconocido de los perjuicios inmateriales: <\/p>\n
<\/p>\n
Da\u00f1o moral <\/p>\n
A\u00f1o <\/p>\n
Valor reconocido <\/p>\n
Providencia <\/p>\n
1990 <\/p>\n
$1.000.000 <\/p>\n
CSJ SC 168 8 may. 1990 <\/p>\n
1994 <\/p>\n
$4.000.000 <\/p>\n
CSJ SC 71 30 may. 1994 <\/p>\n
1999 <\/p>\n
$10.000.000 <\/p>\n
CSJ SC 12 de 5 may. 1999 <\/p>\n
2005 <\/p>\n
$20.000.000 <\/p>\n
CSJ SC 30 jun. 2005, rad. 1998-00650 <\/p>\n
2009 <\/p>\n
$28.000.000 <\/p>\n
CSJ SC 20 ene. 2009, rad. 1993-00215 <\/p>\n
2011 <\/p>\n
$53.000.000 <\/p>\n
CSJ SC 17 nov. 2011, rad. 1999-00533 <\/p>\n
2014 <\/p>\n
$10.000.000 <\/p>\n
2016 <\/p>\n
$60.000.000 <\/p>\n
CSJ SC13925, 30 sep. 2016, rad. 2005-00174 <\/p>\n
2017 <\/p>\n
$40.000.000 <\/p>\n
CSJ SC 21828, 19 dic. 2017, rad. 2007-00052 <\/p>\n
2021 <\/p>\n
$60.000.000 <\/p>\n
CS SC3728 26 ago. 2021 rad. 2005-00175 <\/p>\n
2021 <\/p>\n
$50.000.000 <\/p>\n
CSJ SC 8 sep. 2021. rad. 2012-00247 <\/p>\n
<\/p>\n
Da\u00f1o a la vida de relaci\u00f3n <\/p>\n
A\u00f1o <\/p>\n
Valor reconocido <\/p>\n
Providencia <\/p>\n
2008 <\/p>\n
$90.000.000 <\/p>\n
CSJ SC 13 may. 2008, rad. 1997-0932751 <\/p>\n
2009 <\/p>\n
$63.000.000 <\/p>\n
CSJ SC 20 ene. 2009, rad. 1993-00215 <\/p>\n
2013 <\/p>\n
$70.000.000 <\/p>\n
CSJ SC 9 dic. 2013, rad. 2002-00099 <\/p>\n
2017 <\/p>\n
$30.000.000 <\/p>\n
CSJ SC 21828, 19 dic. 2017, rad. 2007-00052 <\/p>\n
2021 <\/p>\n
$150.000.000 <\/p>\n
CS SC3728 26 ago. 2021 rad. 2005-00175 <\/p>\n
2021 <\/p>\n
$50.000.000 <\/p>\n
CSJ SC 8 sep. 2021. rad. 2012-00247 <\/p>\n
<\/p>\n
Da\u00f1o al buen nombre52 <\/p>\n
A\u00f1o <\/p>\n
Valor reconocido <\/p>\n
Providencia <\/p>\n
2014 <\/p>\n
$20.000.000 <\/p>\n
CSJ SC. 10297, 5 ago. 2014, rad. 2003-00660 <\/p>\n
El anterior recuento, a pesar de no ser exhaustivo, ilustra que las sumas reconocidas o avaladas por la Sala como perjuicios extrapatrimoniales (con exclusi\u00f3n de la afectaci\u00f3n al buen nombre) ha sido fluctuante, heterog\u00e9nea y, por tanto, puede que no est\u00e9 contribuyendo a la decisi\u00f3n de los casos futuros. <\/p>\n
4.1. \u00bfLa indemnizaci\u00f3n de perjuicios extrapatrimoniales es simb\u00f3lica? <\/p>\n
Si bien la liquidaci\u00f3n de los perjuicios extrapatrimoniales no puede ser enteramente objetiva, principalmente por carecer de contenido econ\u00f3mico, la doctrina considera equivocado calificarla de simb\u00f3lica porque permitir\u00eda su indemnizaci\u00f3n con cantidades exiguas que no reparen integralmente: un franco, un peso o un d\u00f3lar53. <\/p>\n
Resulta necesario precisar que la indemnizaci\u00f3n de los da\u00f1os a la persona no es simb\u00f3lica porque <\/p>\n
(\u2026) reparar no es borrar. Borrar un perjuicio material suele ser tan imposible como borrar un perjuicio moral\u2026 Reparar es colocar a la v\u00edctima en condiciones de procurarse un equivalente. Ahora bien, esa noci\u00f3n de equivalente debe entenderse con amplitud. El dinero permite procurarse algunas satisfacciones de toda naturaleza, tanto materiales como intelectuales, e incluso morales\u2026 <\/p>\n
\u00bfC\u00f3mo fijar\u00e1 el juez la cuant\u00eda de los da\u00f1os y perjuicios? Tropezar\u00e1 con una imposibilidad; ya que, por definici\u00f3n, el perjuicio moral no es de naturaleza pecuniaria. Es innegable que el papel del juez ser\u00e1 m\u00e1s dif\u00edcil que en el caso de un da\u00f1o material. Pero ese papel no es imposible; porque no se trata de calcular la suma necesaria para borrar lo que es imborrable, sino para procurar algunas satisfacciones equivalentes al valor moral destruido54. <\/p>\n
Sin embargo, la Sala argument\u00f3 en el asunto de la radicaci\u00f3n que \u00abla indemnizaci\u00f3n por perjuicios morales es de cierta manera simb\u00f3lica\u00bb, aspecto que, por no haber sido desarrollado, resulta problem\u00e1tico al sugerir la idea de que la reparaci\u00f3n de perjuicios extrapatrimoniales, en raz\u00f3n de las dificultades para liquidarlos, no debe ser integral como impone el principio imperativo consagrado en el art\u00edculo 16 de la ley 446 de 1998, sino que puede ascender a cualquier valor, aspecto que no parece consultar la funci\u00f3n asignada a la responsabilidad civil extracontractual. <\/p>\n
Cosa distinta ser\u00eda admitir pretensiones y condenas para indemnizar los da\u00f1os a la persona, consistentes en obligaciones de hacer diversas a pagar sumas dinerarias las cuales, por supuesto, ser\u00edan admisibles y atender\u00edan los fines que cumple la responsabilidad civil, sin que ello equivalga a sostener que su resarcimiento es meramente simb\u00f3lico <\/p>\n
4.2. \u00bfTopes obligatorios o sumas orientadoras? <\/p>\n
Al lado de la fluctuaci\u00f3n de las sumas reconocidas o avaladas por la Sala de Casaci\u00f3n por concepto de da\u00f1o moral y a la vida de relaci\u00f3n, tambi\u00e9n ha variado su funci\u00f3n en los juicios de instancia. Inicialmente, la corporaci\u00f3n consideraba que su desconocimiento no conduc\u00eda al quiebre de la sentencia, pues los perjuicios extrapatrimoniales se liquidan con base en la equidad y el arbitrium iudicis y la intenci\u00f3n de la Corte fue orientar, mas no establecer topes imperativos55. <\/p>\n
Sin embargo, recientemente, la Sala ha venido cambiando de criterio: <\/p>\n
Precisamente, una de esas pautas es el se\u00f1alamiento de techos o l\u00edmites m\u00e1ximos indemnizatorios referentes al perjuicio moral, de modo que a los jueces de instancia no les est\u00e1 autorizado desconocerlos. En consecuencia, se les impone el acatamiento de los montos fijados por la Sala, en la medida que aquella estimaci\u00f3n tiene efectos normativos en los casos ulteriores donde deban proveer sobre la compensaci\u00f3n del comentado da\u00f1o, y es bajo el marco de los aludidos topes, que se considera admisible el ejercicio del prudente arbitrio judicial. <\/p>\n
\u2026 <\/p>\n
En el sub judice, el juzgador de segundo grado obr\u00f3 con desbordamiento en la tasaci\u00f3n de los da\u00f1os moral y a la vida de relaci\u00f3n de los demandantes, pues inobserv\u00f3 los valores prefijados por la Corporaci\u00f3n como l\u00edmites resarcitorios de los indicados conceptos56. <\/p>\n
Esa consideraci\u00f3n -enmarcada por un caso donde prosperaron los cargos enfilados por el desconocimiento directo de normas sustanciales- se traduce en que los valores se\u00f1alados por la Corte para indemnizar perjuicios extrapatrimoniales constituir\u00edan \u00abtopes\u00bb infranqueables cuyo desconocimiento transgrede de forma inmediata el derecho objetivo y, por tanto, se enfrenta con los argumentos de la sentencia frente a la que me permito aclarar el voto, donde la Sala concluy\u00f3 que la liquidaci\u00f3n de los perjuicios inmateriales deb\u00eda cuestionarse por la v\u00eda indirecta (error de hecho), a pesar de que los litigantes sustentaron la violaci\u00f3n inmediata de disposiciones sustanciales. <\/p>\n
Resulta, entonces, apremiante que la Sala unifique su jurisprudencia con miras a definir si, en realidad, las cantidades reconocidas o avaladas como perjuicios extrapatrimoniales erigen l\u00edmites de obligatoria aplicaci\u00f3n por los jueces de instancia, debiendo ponderar si los razonamientos de equidad que sustentan la decisi\u00f3n de un caso concreto pueden ser obligatorios para los dem\u00e1s. Adicionalmente, tambi\u00e9n es imperativo definir la v\u00eda adecuada (directa o indirecta) para impugnar la liquidaci\u00f3n de los da\u00f1os realizada por el fallador de \u00faltimo grado. <\/p>\n
La discusi\u00f3n, pues, queda abierta. <\/p>\n
Fecha ut supra. <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1\u0002 La sala profiere dos originales de esta providencia. Uno con los nombres reales de las Menores y otro reemplazando los nombres originales de las ni\u00f1as con nombres ficticios, en cumplimiento del acuerdo 34 de 16 de diciembre de 2020, expedido por la Presidencia de la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, en desarrollo de las leyes 1098 de 2006, 1581 de 2012 y 1712 de 2014 a fin de garantizar el derecho a la intimidad de las menores involucradas. <\/p>\n
2\u0002 Folios 24-36 del cuaderno 1. <\/p>\n
3\u0002 El 23 de julio de 2010 (Folio 50 cuaderno 1). <\/p>\n
4\u0002 Folios 59-72, cuaderno 1. <\/p>\n
5\u0002 Folios 26-29, cuaderno 3, providencia corregida el 29 de octubre siguiente. <\/p>\n
6\u0002 Folios 213-219, cuaderno 1. <\/p>\n
7\u0002 Folios 17-18, cuaderno 2. <\/p>\n
8\u0002 Folio 19, cuaderno 2. <\/p>\n
9\u0002 Folios 246-248, cuaderno 1. <\/p>\n
10\u0002 Folios 34-43, cuaderno 3. <\/p>\n
12\u0002 Folios 369-380, cuaderno 1. <\/p>\n
13\u0002 Folios 44-127, cuaderno 8. <\/p>\n
14\u0002 El fallo cont\u00f3 con una aclaraci\u00f3n de voto, a fin de precisar algunos aspectos de la responsabilidad solidaria (folios 128-145, cuaderno 8), y con un salvamento, por cuanto no se demostr\u00f3 el nexo causal entre la conducta culposa y el da\u00f1o alegado (folios 146-168, cuaderno 8). <\/p>\n
15\u0002 Folios 175-184, cuaderno 8. <\/p>\n
16\u0002 Folios 126, 153 y 170, cuaderno principal. <\/p>\n
17\u0002 29 y 30 de julio de 2015, folios 171-173, cuaderno 8. <\/p>\n
18\u0002 Folios 103-124, cuaderno principal. <\/p>\n
19\u0002 Desde antiguo, en el t\u00f3pico de la actividad m\u00e9dica, la normativa se ha servido de diferentes presunciones -indicios legales-: \u201cSin embargo el que hubiese operado bien y hubiese abandonado la curaci\u00f3n, no estar\u00e1 exento, sino que se considera reo de culpa.\u201d p\u00e1g. 381. El Digesto de Justiniano: D 9, 2,9, 1. T.I. D\u2019ors, Hern\u00e1ndez, Fuenteseca, Garc\u00eda y Burillo. Aranzadi, Pamplona, 1972, p\u00e1g. 381 <\/p>\n
20\u0002 Desde antiguo, se ha ofrecido el siguiente concepto de \u201cda\u00f1o\u201d: \u201c[e]s pues da\u00f1o en nuestro sentido: empeoramiento, o menoscabo, o detrimento, que ome recibe en s\u00ed mismo, o en sus cosas, por culpa de otro, seg\u00fan lo explica la l. 1. d. del tit. 15. Los romanos tuvieron una famosa ley llamada Aquilia, que regul\u00f3 los da\u00f1os que recibimos por culpa de otro para que se nos resarzan, cuya doctrina vemos adoptada en la mayor parte en las leyes de d. tit. 15.\u201d Sala, Juan. Ilustraci\u00f3n del Derecho Real de Espa\u00f1a. T.II. Librer\u00eda Mart\u00ednez. Madrid, 1820, pp. 16 y 17 (ortograf\u00eda original). <\/p>\n
21\u0002 Carnelutti, Francisco. Sistema de Derecho Procesal Civil, Tomo II, Uthea, Buenos Aires, 2014, p. 100. <\/p>\n
22\u0002 Bullard, Alfredo. Cuando las cosas hablan: el res ipsa loquitur y la carga de la prueba en la responsabilidad civil. En Themis, Revista de Derecho, n.\u00b0 50, Per\u00fa, p. 217. <\/p>\n
23\u0002 SC9193-2017 del 28 de junio del 2017. <\/p>\n
24\u0002 Folios 73-99, cuaderno principal. <\/p>\n
25\u0002 Folios 31-64, cuaderno principal. <\/p>\n
26\u0002 Pinna, Andrea. La mesure du pr\u00e9judice contractuel. LGDJ. Par\u00eds, 2007, p\u00e1g. 3. <\/p>\n
27\u0002 Deshayes, Olivier, Genicon, Thomas y Laithier, Yves-Marie. R\u00e9forme du Droits de Contrats. Du R\u00e9gime G\u00e9n\u00e9ral et de la Preuve des Obligations. LexisNexis, Par\u00eds, 2018, p\u00e1g. 594 <\/p>\n
28\u0002 Cuando estableci\u00f3 lo que viene: \u00abtanto se puede da\u00f1ar a un individuo menoscabando su hacienda, como infiri\u00e9ndole ofensa en su honra o en su dignidad personal o caus\u00e1ndole dolor\u00bb. CSJ Sala de Negocios Generales- 21 de julio de 1922. G.J. 1515, p\u00e1g. 220. <\/p>\n
Ya en el Digesto se afirmaba lo siguiente: \u201cDice Papiniano que debe ejercerse la acci\u00f3n de injurias cuando alguien hubiera atacado la fama de otro mediante un libelo enviado al pr\u00edncipe o a otra persona.\u201d El Digesto de Justiniano. D\u2019Ors, A., Hern\u00e1ndez, F., Tejero, P., Fuenteseca, P., Garc\u00eda, M. y Burillo, J. Aranzadi. Pamplona, 1975. D. 47, 10 (29), p\u00e1g. 648. <\/p>\n
Tambi\u00e9n Hugo Grocio se ocup\u00f3 del \u201cda\u00f1o causado injustamente y de la obligaci\u00f3n que de \u00e9l resulta (\u2026) con respecto al honor y a la reputaci\u00f3n.\u201d Grocio, Hugo. Le Droit de Guerre et de la Paix. T. II. Universidad de Caen. Caen, 1984, p\u00e1g. 521. <\/p>\n
En este sentido, tambi\u00e9n se aclar\u00f3 que se causaba da\u00f1o cuando \u201crevelamos los secretos que nos han sido confiados.\u201d Dareau, Fran\u00e7ois. Trait\u00e9 des injures dans l\u2019ordre judiciaire. Prault. Par\u00eds, 1775, p\u00e1g. 30 (Gallica.bnf.fr.). <\/p>\n
Con referencia al \u201cpretium doloris\u201d, Corte de Casaci\u00f3n de Francia. Salas Reunidas. Sentencia del 25 de junio de 1833. Sentencia citada por B\u00e9nabent, Alain. La chance et le Droit. LGDJ. Par\u00eds, 1973, p\u00e1g. 64. <\/p>\n
29\u0002 CSJ SSC del 24 de julio de 1959, 25 de nov. de 1992 y 13 de mayo de 2008. <\/p>\n
30\u0002 CSJ SSC de 23 de agosto de 1924, G.J. XXXI, p\u00e1g. 83. <\/p>\n
En este sentido, desde antiguo se ha afirmado que la funci\u00f3n de la indemnizaci\u00f3n del da\u00f1o extrapatrimonial es \u201cpuramente satisfactoria.\u201d CSJ SSC de 12 de marzo de 1937, G.J. 1926, p\u00e1g. 387. <\/p>\n
31\u0002 CSJ SSC del 18 de sept. de 2009, 9 de dic. de 2013, 28 de abril de 2014, 5 de agosto de 2014, 6 de mayo de 2016, 15 de junio de 2016, 17 de nov. de 2016, 28 de junio de 2017, 12 de dic. de 2017, dos fallos de 19 de dic. de 2017, 7 de dic. de 2018, 19 de dic. de 2018, 7 de marzo de 2019, 12 de nov. de 2019. <\/p>\n
32\u0002 Carbonnier, Jean. Droit Civil. Th\u00e9mis. Par\u00eds, 1985, p\u00e1g. 366. <\/p>\n
33\u0002 Viney, Genvi\u00e8ve y Jourdain, Patrice. Les effets de la responsabilit\u00e9. LGDJ. Par\u00eds, 2001, p\u00e1g. 260. <\/p>\n
34\u0002 Viney. Genvi\u00e8ve. Trait\u00e9 de Droit Civil. Les Obligations. La Responsabilit\u00e9. LGDJ, Par\u00eds, 1982, p\u00e1g. 325. <\/p>\n
35\u0002 Rochfeld, Judith. Les grandes notions du droit priv\u00e9. Puf. Par\u00eds, 2011, p\u00e1g. 512 <\/p>\n
36\u0002 Sus fluctuaciones en el mundo han sido importantes. Actualmente, en varios pa\u00edses europeos ha sido englobado por otros institutos. <\/p>\n
37\u0002 \u201cP\u00e9rdida del disfrute\u201d. Goode, Roy. Commercial law. Penguin. New York, 2004, p\u00e1g. 119. <\/p>\n
O del \u201cempeoramiento de su situaci\u00f3n existencial, objetivamente aplicable, aunque el propio afectado pueda no percibirlo.\u201d Picasso, Sebasti\u00e1n y S\u00e1enz, Luis. Tratado de derecho de da\u00f1os. T.I. La Ley, Buenos Aires, 2019, p\u00e1g. 424. <\/p>\n
38\u0002 Agradar: \u201cCausar en el \u00e1nimo o los sentidos una impresi\u00f3n tal que el sujeto se siente bien con ella y desea que contin\u00fae.\u201d Moliner, Mar\u00eda. Diccionario de uso del espa\u00f1ol. Gredos, Madrid, 1994, p\u00e1g. 87. Agradar: \u201cCausar los objetos placer moderado por la correspondencia de sus cualidades con nuestro gusto.\u201d Cuervo, Rufino. Diccionario de Construcci\u00f3n y R\u00e9gimen de la Lengua Castellana. T.I. Instituto Caro y Cuervo, Bogot\u00e1, 1953, p\u00e1g. 257. <\/p>\n
Se trata de la privaci\u00f3n \u201calegr\u00edas o disfrutes\u201d. Burrows, Andrew. Torts and breach of contract. Butterworths. Londres, 1994, p. 137. <\/p>\n
Desde el an\u00e1lisis econ\u00f3mico podr\u00eda hablarse de las \u201cemociones positivas\u201d. V\u00e9ase a: Frederickson, Barbara. The broaden and build theory of positive emotions. The Royal Society. 2004. <\/p>\n
39\u0002 Corresponde a la \u201cprivaci\u00f3n de los placeres de la existencia (\u2026) por ejemplo, el perjuicio de un ni\u00f1o privado de los juegos estivales infantiles.\u201d Stark. Boris. Obligations. Librairies Techniques. Par\u00eds, 1972, p\u00e1g. 62. <\/p>\n
A guisa de ejemplo podr\u00edan pensarse en las siguientes hip\u00f3tesis. i) La v\u00edctima no puede \u201cestablecer contacto o relacionarse con las personas y cosas\u201d (SC22036, 19 dic. 2017, rad. n.\u00b0 2009-00114-01). ii) No puede \u201cdesplegar las m\u00e1s elementales conductas que en forma cotidiana o habitual marcan su realidad\u201d (SC22036, 19 dic. 2017, rad. n.\u00b0 2009-00114-01). iii) Para ella, las \u201cactividades muy simples se tornan complejas o dif\u00edciles\u201d (SC22036, 19 dic. 2017, rad. n.\u00b0 2009-00114-01). iv) Tampoco podr\u00eda \u201cba\u00f1arse en piscinas, realizar actividades deportivas, tener relaciones sentimentales\u201d (SC5885 6 de mayo de 2016, rad. n.\u00b0 2004-00032-01). O \u201cacudir a tiendas protegidas con sensores electr\u00f3nicos en su acceso, lugares de recreaci\u00f3n e inclusive hasta tener un noviazgo o trato afectivo libre de preocupaciones subjetivas reales o presuntas con ocasi\u00f3n de la intervenci\u00f3n quir\u00fargica que se le practic\u00f3, interesando su cuerpo y su est\u00e9tica corporal\u201d (SC5885, 6 may. 2016, rad. n.\u00b0 2004-00032-01). v) Esto es, no puede servirse o disfrutar de \u201clas actividades placenteras, l\u00fadicas, recreativas, deportivas, entre otras.\u201d (SC22036-2017). <\/p>\n
En definitiva, la v\u00edctima se privar\u00eda del placer que le reportar\u00eda \u201ccaminar, hablar, comer, aprender, trabajar (\u2026) jugar con otros, practicar un deporte, recibir educaci\u00f3n formal, capacitarse, enamorarse o conformar una familia, situaciones que, entre otras muchas m\u00e1s, son las que hacen la vida placentera\u201d (SC16690, 17 nov. 2016, rad. n.\u00b0 2000-00196-01). <\/p>\n
40\u0002 Por ejemplo, \u201cgraves e irreversibles lesiones que se le provocaron al menor\u201d (SC16690, 17 nov. 2016, rad. n.\u00b0 2000-00196-01). <\/p>\n
41\u0002 En efecto, \u201cse dice eso porque adem\u00e1s de las consecuencias en la vida de relaci\u00f3n tienen las lesiones f\u00edsicas o ps\u00edquicas padecidas por la v\u00edctima\u201d \u201d(SC5686, 19 dic. 2018, rad. n.\u00b0 2004 00042 01). Por ejemplo, se ha dicho que el deudo -con respecto al disfrute com\u00fan con una persona fenecida- no puede disfrutar de aquellas actividades \u201cque se dejaron de realizar con posterioridad a su fallecimiento\u201d(SC5050, 28 abril. 2014, rad. n.\u00b0 2009-00201-01). <\/p>\n
42\u0002 As\u00ed las cosas -como una importante nota diferenciadora del da\u00f1o moral-, este perjuicio de agrado se refiere a los padecimientos distintos de \u00abla aflicci\u00f3n, el dolor, el sufrimiento o la tristeza que padece la v\u00edctima (SC10297, 5 ag. 2014, rad. n.\u00b0 2003-00660-01)\u00bb. Es decir, \u00abno se refiere propiamente al dolor f\u00edsico y moral (SC22036-2017) \u00bb. <\/p>\n
43\u0002 CSJ. STC14160-2019 de 16 de octubre de 2019, exp. 11001-02-03-000-2019-03256-00. <\/p>\n
44\u0002 CALAMANDREI, Piero. La casaci\u00f3n civil. Edit. Bibliogr\u00e1fica Argentina, Buenos Aires, T. II., 1945; TARUFFO, Michele. El v\u00e9rtice ambiguo. Ensayos sobre la casaci\u00f3n civil. Palestra, Lima, 2006; TARUFFO, Michele, MARINONI, Luiz Guilherme y MITIDIERO, Daniel (coords.) La misi\u00f3n de los tribunales supremos. Marcial Pons, Madrid, 2016; y NIEVA FENOLL, Jordi y CAVANI, Renzo (dirs.). La casaci\u00f3n hoy, cien a\u00f1os despu\u00e9s de Calamandrei, Marcial Pons, 2021. <\/p>\n
45\u0002 ROZO SORDINI, Paolo Emanuele. El da\u00f1o biol\u00f3gico, Universidad Externado de Colombia, Bogot\u00e1, 2012; KOTEICH KHATIB, Milagros. La reparaci\u00f3n del da\u00f1o como mecanismo de tutela de la persona. Del da\u00f1o a la salud a los nuevos da\u00f1os extrapatrimoniales, Universidad Externado de Colombia, Bogot\u00e1, 2012; HINESTROSA, Fernando. \u201cDevenir del derecho de da\u00f1os\u201d, Roma e America. Diritto romano comune, Mucchi Editore, Roma, 2000; <\/p>\n
46\u0002 Como la procedencia de reclamar indemnizaci\u00f3n de los da\u00f1os moral o a los bienes de la personalidad ocasionados por discusiones sobre el uso del nombre (art. 4\u00ba decreto 1260 de 1970). Vale decir que este decreto reflej\u00f3 de cierta manera las consideraciones expuestas en SC 4 abr. 1968 de la que fue ponente (y luego Ministro de Justicia) Fernando Hinestrosa. <\/p>\n
48\u0002 Atr\u00e1s han quedado los d\u00edas en que se dudaba sobre el car\u00e1cter fundamental del derecho a la salud, gracias a la ley estatutaria 1751 de 2015. <\/p>\n
49\u0002 NIETO, Alejandro. El arbitrio judicial, Ariel, Barcelona, 2000. <\/p>\n
50\u0002 Se\u00f1alaba el art\u00edculo 96 de la ley 95 de 1936 (C\u00f3digo Penal): \u00abArt\u00edculo 96. Cuando no fuere f\u00e1cil o posible avaluar econ\u00f3micamente el da\u00f1o moral, ocasionado por el delito, el Juez puede fijar prudencialmente la indemnizaci\u00f3n que corresponda al ofendido, hasta la suma de dos mil pesos\u00bb. <\/p>\n
51\u0002 La Sala precisi\u00f3n que pudo haber reconocido una suma superior por da\u00f1o a la vida relaci\u00f3n, pero concedi\u00f3 $90.000.000 por haber sido la reclamada y por respeto al principio de la congruencia. <\/p>\n
52\u0002 Afectaci\u00f3n a bienes convencional y constitucionalmente protegidos. <\/p>\n
53\u0002 MAZEAUD, Henry, Leon y Jean. Lecciones de derecho civil. Parte II, V. II, Ediciones Jur\u00eddicas Europa-Am\u00e9rica, Buenos Aires, 1969, p. 72. <\/p>\n
54\u0002 Ibidem, p. 67 y ss. <\/p>\n
55\u0002 Ver, entre muchas otras, CSJ SC 6 may. 1998, rad. 4972; CSJ SC 17 ago. 2001, rad. 6492. <\/p>\n
56\u0002 SC3728, rad. 2005-00175, 26 ago. 2021. <\/p>\n
1 <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
SC4124-2021 (2010-00185-01)_1 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado ponente SC4124-2021 Radicaci\u00f3n 05001-31-03-009-2010-00185-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diecinueve de agosto de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., diecis\u00e9is (16) de noviembre de dos mil veintiuno (2021). Decide la Corte los recursos de casaci\u00f3n interpuestos por Yeni Mar\u00eda M\u00fanera […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[42],"tags":[],"class_list":["post-59107","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-noviembre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/59107","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=59107"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/59107\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=59107"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=59107"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=59107"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}