SC4853-2021 (2002-00094-01)<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
SC4853-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n No. 08001-31-03-001-2002-00094-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintisiete de octubre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., dieciocho (18) de noviembre de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Procede la Corte, en sede de instancia, a proferir sentencia sustitutiva dentro del proceso ordinario promovido por TV Cable Guajira 2000 Ltda. y Cable TV de Sucre Ltda. contra Satelcaribe S.A., Cablevista S.A. y Televista Telecomunicaciones S.A. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Las demandantes acudieron a la jurisdicci\u00f3n para que, en raz\u00f3n del incumplimiento de los contratos celebrados con las llamadas a juicio, a las \u00faltimas se les condenara a restituir \u201clas redes, equipos de cabecera instalados, herramientas y enseres con los que actualmente se presta el servicio de televisi\u00f3n por suscripci\u00f3n (Televisi\u00f3n informal)\u201d en las ciudades de Riohacha, Maicao y Sincelejo, y a pagar \u201clas compensaciones y (\u2026) las asesor\u00edas acordadas, debidamente reajustadas\u201d, se\u00f1aladas en los hechos 23.1 y 23.2 del libelo introductor, adem\u00e1s de la cl\u00e1usula penal consignada en la \u201ccl\u00e1usula OCTAVA de cada uno de los contratos denominados PROMESA DE COMPRAVENTA, por los valores, debidamente ajustados indicados en el hecho 27, numeral 27.1 y 27.2\u201d y los perjuicios materiales ocasionados. <\/p>\n
2. En sustento de sus pretensiones, adujeron que la Comisi\u00f3n Nacional de Televisi\u00f3n convoc\u00f3 a una licitaci\u00f3n p\u00fablica para la concesi\u00f3n de contratos de operaci\u00f3n y explotaci\u00f3n del servicio p\u00fablico de televisi\u00f3n por suscripci\u00f3n, proceso en el que resultaron favorecidas Satelcaribe S.A. y Cablevista S.A. <\/p>\n
3. El 30 de mayo de 2000, las convocantes suscribieron con las citadas sociedades dos negocios jur\u00eddicos que titularon: \u201cpromesa para celebrar un contrato\u201d. All\u00ed acordaron, entre otras cosas, que las primeras vender\u00edan a las segundas los bienes muebles destinados a la prestaci\u00f3n del servicio de televisi\u00f3n por suscripci\u00f3n en las locaciones de Riohacha, Maicao y Sincelejo, y les ceder\u00edan los convenios vigentes de arrendamiento sobre los inmuebles donde realizaban la mencionada operaci\u00f3n y aquellos de ejecuci\u00f3n peri\u00f3dica con los usuarios. <\/p>\n
4. En la cl\u00e1usula quinta del acuerdo con TV Cable Guajira 2000 Ltda., las promitentes compradoras se obligaron a pagar a la mencionada sociedad, la cantidad de $12.000.000 mensuales \u201ca t\u00edtulo de asesor\u00eda, durante todo el t\u00e9rmino que transcurra desde la fecha de entrega de lo prometido en venta, hasta cuando se haga efectivo el pago total del precio\u201d; en tanto, en hom\u00f3loga estipulaci\u00f3n del negocio signado con Cable TV de Sucre Ltda., Satelcaribe S.A. y Cablevista S.A. se comprometieron a cancelar la suma de $10.000.000 cada mes por concepto de \u201ccompensaci\u00f3n\u201d, durante el mismo lapso antes referido. <\/p>\n
5. La compa\u00f1\u00eda Televista Telecomunicaciones S.A., con ocasi\u00f3n del mandato comercial con representaci\u00f3n suscrito con las enjuiciadas, ha operado y explotado el servicio p\u00fablico de televisi\u00f3n en la zona norte del pa\u00eds desde el 2 de junio de 2000, pese a la existencia de prohibiciones legales, pues, no tiene la calidad de concesionaria del servicio. <\/p>\n
6. Las demandadas dejaron de pagar las cifras prefijadas como compensaciones y asesor\u00edas con sus correspondientes reajustes, incurriendo en incumplimiento de sus obligaciones (folios 153 a 169, cno.1). <\/p>\n
7. Admitido el escrito inaugural (folios 171 y 172, ib.), las convocadas se opusieron al petitum (folios 215 a 227, ib.) y, para el efecto, formularon las excepciones de m\u00e9rito que denominaron \u201cnulidad absoluta de los contratos de promesa de compraventa por objeto il\u00edcito\u201d y \u201ccontrato no cumplido\u201d. <\/p>\n
8. Agotado el tr\u00e1mite de la instancia, el 3 de julio de 2015, el a quo profiri\u00f3 sentencia que desestim\u00f3 las excepciones planteadas por las llamadas a juicio, declar\u00f3 resueltos los convenios motivo de la acci\u00f3n, orden\u00f3 a las demandadas devolver a su contraparte los bienes objeto de dichos negocios y pagar la cl\u00e1usula penal, los perjuicios y las costas del proceso. <\/p>\n
Para arribar a dicha conclusi\u00f3n se\u00f1al\u00f3 que las promotoras de la acci\u00f3n demostraron la satisfacci\u00f3n de las obligaciones a su cargo, mientras que las concesionarias no pagaron los equipos entregados, ni observaron cabalmente los t\u00e9rminos de las promesas de venta (fls. 584 a 588, cno. 1, Tomo 3). <\/p>\n
9. Contra la anterior decisi\u00f3n, la demandada Cablevista S.A. interpuso recurso de apelaci\u00f3n, con fundamento en que las promesas de compraventa no cumplen los requisitos establecidos en la legislaci\u00f3n civil, particularmente los contemplados en el art\u00edculo 89 de la Ley 153 de 1887, en tanto no expresaron el plazo que fijara la \u00e9poca en que deb\u00eda celebrarse el negocio prometido y no se identificaron a plenitud los bienes sobre los cuales recayeron. Analizados desde el estatuto mercantil tampoco satisfacen las exigencias reclamadas por esa normatividad. <\/p>\n
A la par de lo anterior, los convenios comprenden un objeto il\u00edcito, toda vez que las demandantes prestaban de manera \u201cinformal\u201d el servicio de televisi\u00f3n por cable, pues no se demostr\u00f3 en el plenario que contaran con autorizaci\u00f3n, permiso o concesi\u00f3n conferida por el Estado para ejercer la indicada actividad y habilitara la celebraci\u00f3n de contratos relativos a la misma como los de suscripci\u00f3n con los usuarios, los cuales se pretendieron incluir en los pactos preparatorios. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 la recurrente que la funcionaria de primer nivel soport\u00f3 la condena impuesta en una experticia violatoria del art\u00edculo 870 del C\u00f3digo de Comercio, pues cuando lo pretendido es la resoluci\u00f3n por incumplimiento, acorde con este canon procede la indemnizaci\u00f3n de los perjuicios compensatorios y no los moratorios liquidados por el perito, admisibles s\u00f3lo si el petitum de la demanda se dirige a hacer efectiva la obligaci\u00f3n insatisfecha. <\/p>\n
De otra parte, cuestion\u00f3 la negativa de la indemnizaci\u00f3n a que se contrae la regla 925 del compendio comercial, derecho a favor de los convocados emanado de la falta de saneamiento de la tradici\u00f3n de los bienes objeto de las promesas en raz\u00f3n de la ilegalidad del servicio prestado por las promitentes vendedoras. La inobservancia de esta obligaci\u00f3n produjo el incumplimiento autom\u00e1tico de los acuerdos celebrados. <\/p>\n
Por \u00faltimo, reproch\u00f3 la desatenci\u00f3n del precepto 948 ejusdem porque la providencia impugnada no reconoci\u00f3 su derecho a la restituci\u00f3n de la parte pagada del precio con deducci\u00f3n de la pena concertada por las partes. <\/p>\n
10. En fallo proferido el 22 de febrero de 2017, el ad quem revoc\u00f3 lo resuelto en la primera instancia y declar\u00f3 oficiosamente la nulidad absoluta de las promesas de compraventa, condenando a las encartadas a restituir los bienes recibidos en raz\u00f3n de los negocios, y a las convocantes a devolver, debidamente indexadas, las sumas recibidas por concepto de asesor\u00edas. Fund\u00f3 su determinaci\u00f3n en la ausencia de plazo o condici\u00f3n que fijara la \u00e9poca de celebraci\u00f3n de las enajenaciones (folios 45 a 59, cno. Tribunal). <\/p>\n
11. Formulada por las reclamantes la impugnaci\u00f3n extraordinaria, mediante el pronunciamiento SC5224-2019, la Corte cas\u00f3 el veredicto del Tribunal, cardinalmente por encontrar que incurri\u00f3 en yerro f\u00e1ctico en la apreciaci\u00f3n de los documentos allegados como soporte de las pretensiones, al imponerles el acatamiento de \u201csolemnidades innecesarias para la compraventa de bienes muebles\u201d. <\/p>\n
Tal desacierto, se indic\u00f3, fue producto de inobservar el contenido objetivo de los convenios, del cual brotaba \u201cel acuerdo definitivo sobre la cosa que las vendedoras transfer\u00edan y el precio que las compradoras pagar\u00edan en los plazos determinados\u201d. Respecto de las cesiones ajustadas por los litigantes respecto de los contratos de televisi\u00f3n por suscripci\u00f3n y de arrendamiento de los inmuebles empleados para la operaci\u00f3n comercial, as\u00ed como en relaci\u00f3n con los pagos por comisiones y asesor\u00edas, el sentenciador cometi\u00f3 id\u00e9ntica equivocaci\u00f3n, pues soslay\u00f3 que aquellos se celebraron efectivamente (folios 35 a 49, cno. Corte). <\/p>\n
12. Previo a proferir la decisi\u00f3n de reemplazo, se orden\u00f3 como prueba de oficio, oficiar al Juzgado Trece Civil del Circuito de Barranquilla para que remitiera copias aut\u00e9nticas de la sentencia proferida el 19 de noviembre de 2008 dentro del juicio que all\u00ed curs\u00f3 entre Cable TV de Sucre Ltda., Cablevista S.A. y Satelcaribe S.A., el pronunciamiento de segunda instancia, si lo hubo, la demanda, su contestaci\u00f3n y el contrato sobre el que vers\u00f3 el juicio. <\/p>\n
Agregadas a la actuaci\u00f3n las indicadas piezas procesales y puestas en conocimiento de las partes para los efectos legales correspondientes, procede la Sala a desatar la alzada propuesta por la demandada Cablevista S.A. <\/p>\n
II. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Satisfechos los presupuestos procesales y ante la ausencia de irregularidades invalidantes de lo actuado, la decisi\u00f3n de esta sede se limitar\u00e1 a las inconformidades manifestadas por la apelante que no fueron objeto de auscultaci\u00f3n al resolver el recurso extraordinario de casaci\u00f3n, pero antes de emprender dicho labor\u00edo es menester pronunciarse en relaci\u00f3n con el medio de cognici\u00f3n recaudado oficiosamente. <\/p>\n
1.1. Como respuesta a la comunicaci\u00f3n enviada por la Corte, el juzgador requerido remiti\u00f3 copias aut\u00e9nticas de los siguientes documentos: <\/p>\n
a) Demanda impetrada por las sociedades Cablevista S.A. y Satelcaribe S.A. frente a Cable TV de Sucre Ltda., en la cual persiguieron la revisi\u00f3n y reajuste de las condiciones pactadas en el contrato que suscribieron el 30 de mayo de 2000, rotulado por ellas como \u201cpromesa para celebrar un contrato\u201d, al haberse presentado \u201ccircunstancias extraordinarias, imprevistas o imprevisibles, posteriores a la celebraci\u00f3n\u201d que \u201cagravaron las prestaciones econ\u00f3micas de futuro cumplimiento\u201d a su cargo. <\/p>\n
b) Contestaci\u00f3n al libelo presentada por la curadora ad litem de las enjuiciadas, quien no se opuso a las pretensiones y manifest\u00f3 conformidad con lo que resultara probado en el proceso (folio 70 ib.). <\/p>\n
c) Sentencia proferida por el juzgado remitente el 19 de noviembre de 2008, que deneg\u00f3 las peticiones de las gestoras y oficiosamente declar\u00f3 la ausencia de efectos del convenio, esencialmente por no se\u00f1alar la ciudad y hora de celebraci\u00f3n del negocio jur\u00eddico prometido (folios 71 a 81, ib.). <\/p>\n
d) Prove\u00eddo de 4 de junio de 2009, mediante el cual se declar\u00f3 la deserci\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por Cable TV de Sucre Ltda.1 contra la decisi\u00f3n antecedente, debido a la falta de sustentaci\u00f3n de dicho mecanismo (folios 82 y 83, ib.). <\/p>\n
1.2. De los anteriores medios suasorios se extrae que la controversia debatida con anterioridad a la presente causa judicial se suscit\u00f3 entre Cablevista S.A., Satelcaribe S.A. y Cable TV de Sucre Ltda., al verificarse, seg\u00fan invocaron las dos primeras sociedades, \u201ccircunstancias extraordinarias, imprevistas o imprevisibles\u201d posteriores a la celebraci\u00f3n del acuerdo, que alteraron y tornaron demasiado onerosas las prestaciones econ\u00f3micas que a futuro estaban llamadas a cumplir, raz\u00f3n por la cual pretendieron el reajuste \u201cen equidad\u201d del contenido de algunas de las estipulaciones acordadas. <\/p>\n
El juzgador, al dirimir la instancia, determin\u00f3 que el acuerdo de voluntades sometido a su escrutinio, coincidente con uno de los analizados en sede de la s\u00faplica extraordinaria, no produc\u00eda ninguna clase de efectos como promesa mercantil, pues carec\u00eda de especificaci\u00f3n de las circunstancias de tiempo y locaci\u00f3n en que ser\u00eda celebrado el contrato prometido, precisiones propias de esa tipolog\u00eda contractual que deb\u00edan resguardarse a la hora de su confecci\u00f3n. <\/p>\n
1.3. La rese\u00f1ada decisi\u00f3n es consonante con la adoptada por esta Corporaci\u00f3n en relaci\u00f3n con el acuerdo concertado el 30 de mayo de 2000 entre Cable TV de Sucre Ltda., Satelcaribe S.A. y Cablevista S.A., pues despu\u00e9s de analizar el contenido de las convenciones celebradas entre las mencionadas operadoras del servicio de televisi\u00f3n por suscripci\u00f3n en las \u00e1reas de Riohacha, Maicao y Sincelejo y las sociedades que obtuvieron la concesi\u00f3n del Estado para prestarlo en esas comunidades, la Sala determin\u00f3 que ninguno de esos pactos estaba llamado a surtir los efectos que por ley se atribuyen a los negocios preparatorios, pero s\u00ed aquellos que generan los contratos de compraventa de bienes muebles, los cuales, en el sub iudice, se perfeccionaron al alcanzar las partes un acuerdo sobre la cosa y el precio, sin necesidad de cumplir solemnidad alguna para la existencia y validez de las enajenaciones. <\/p>\n
De lo expuesto deviene la habilitaci\u00f3n de la Corte para proveer, en segunda instancia, respecto de los dos negocios jur\u00eddicos que fueron escrutados en la impugnaci\u00f3n extraordinaria. <\/p>\n
2. Superado el an\u00e1lisis preliminar anunciado ab initio, aborda la Sala la alzada propuesta por la convocada Cablevista S.A., cuyos argumentos, en s\u00edntesis, son: <\/p>\n
a) Las promesas de compraventa no cumplen las exigencias consagradas en el art\u00edculo 83 de la Ley 153 de 1887 que reform\u00f3 el canon 1611 de la codificaci\u00f3n civil ni en las normas mercantiles, pues no contienen los elementos propios de su naturaleza, dado que no se expres\u00f3 el plazo que fijara la \u00e9poca para la celebraci\u00f3n de los convenios prometidos, no fueron identificados plenamente los bienes objeto de la negociaci\u00f3n, ni se\u00f1alaron la ciudad donde se concertar\u00eda el pacto definitivo -Riohacha o Barranquilla-, como tampoco el lugar u hora de suscripci\u00f3n, por lo cual no producen efecto alguno y carecen de aptitud para originar las acciones alternativas previstas en las legislaciones civil y comercial. <\/p>\n
b) Los aludidos documentos carecen de valor probatorio pues se allegaron al expediente en copia simple, contrariando el art\u00edculo 254 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil. <\/p>\n
c) Los convenios se hallan afectados por objeto il\u00edcito, porque no se demostr\u00f3 que las demandantes, antes de la firma, contaran con permiso, autorizaci\u00f3n o concesi\u00f3n del Estado para prestar el servicio de televisi\u00f3n y celebrar negocios jur\u00eddicos donde se cediera la prestaci\u00f3n de aqu\u00e9l. <\/p>\n
La actividad realizada por las convocantes era ilegal, vicio extensivo a los acuerdos de suscripci\u00f3n con los usuarios que se pretendieron incluir en las promesas. <\/p>\n
d) La juez de primer grado fund\u00f3 su decisi\u00f3n en un dictamen pericial que desconoci\u00f3 el contenido del art\u00edculo 870 del estatuto mercantil, por cuanto liquid\u00f3 perjuicios moratorios de las sumas de dinero prometidas pagar, no empece que la citada norma contempla la indemnizaci\u00f3n de perjuicios compensatorios cuando se trata de resoluci\u00f3n por incumplimiento y el resarcimiento de los de mora si lo perseguido es hacer efectiva la obligaci\u00f3n insatisfecha. <\/p>\n
e) Se deneg\u00f3 la reparaci\u00f3n por tradici\u00f3n inv\u00e1lida prevista en la disposici\u00f3n 925 ejusdem, como derecho del comprador por no haberse saneado la tradici\u00f3n de los bienes objeto de las promesas de venta, documentos que dejan en evidencia la ilegalidad de la actividad desarrollada por las promitentes vendedoras por carecer de permiso estatal para la prestaci\u00f3n del servicio de televisi\u00f3n por cable; de all\u00ed la necesidad de salir al saneamiento de los bienes, obligaci\u00f3n que inobservada gener\u00f3 el incumplimiento inmediato de su parte. <\/p>\n
f) Por \u00faltimo, la sentencia recurrida no atendi\u00f3 la regla del art\u00edculo 948 comercial referente a las restituciones mutuas, por cuanto la juzgadora no repar\u00f3 en que las promitentes compradoras tienen derecho a que se les restituya la parte pagada del precio con deducci\u00f3n del valor de la pena estipulada; adem\u00e1s, no repar\u00f3 en la procedencia de la cl\u00e1usula penal como estimaci\u00f3n anticipada de perjuicios y de la reparaci\u00f3n adicional del da\u00f1o. <\/p>\n
2.1. En relaci\u00f3n con el primero y segundo cuestionamiento, no es necesario ahondar en consideraciones, por cuanto la Corte al definir la suerte del cargo primero propuesto en casaci\u00f3n por las sociedades demandantes, am\u00e9n de otorgarle valor probatorio a las copias allegadas, estableci\u00f3 que de los pactos suscritos por los negociantes el 30 de mayo del a\u00f1o 2000, surgen las obligaciones propias de los contratos de compraventa sobre bienes muebles, los cuales no requer\u00edan de solemnidad alguna para su existencia y validez. <\/p>\n
Por esa raz\u00f3n, se encontr\u00f3 justificado que las partes no indicaran cu\u00e1l era el contrato a celebrar posteriormente, ni hubieran fijado las condiciones temporo \u2013 espaciales en que lo har\u00edan, dado que no estaban destinados a surtir los efectos jur\u00eddicos asignados a un acuerdo preparatorio, pero s\u00ed los de la compraventa mercantil, habi\u00e9ndose definido sin ambages los aspectos estructurales de esa especie convencional. <\/p>\n
En lo que concierne a los t\u00f3picos descritos y en gracia de la brevedad, se remite la Sala al estudio que la condujo a reconocer la prosperidad del ataque. <\/p>\n
2.2. Precisado lo anterior, incumbe elucidar si los contratos materia de las pretensiones de la demanda comprenden un objeto il\u00edcito como lo aleg\u00f3 la impugnante, radicado en el car\u00e1cter ilegal de la actividad ejercida por las reclamantes al no contar con la autorizaci\u00f3n estatal requerida para la prestaci\u00f3n del servicio de televisi\u00f3n y la celebraci\u00f3n de convenios o cesiones donde se involucra aqu\u00e9l. <\/p>\n
Para el anotado prop\u00f3sito es necesaria la comprensi\u00f3n del marco regulatorio, especialmente el que tuvo vigor en la d\u00e9cada inmediatamente anterior a la celebraci\u00f3n de los convenios2, pues aquel fue de tr\u00e1nsito hacia la legalizaci\u00f3n de varios operadores que ejerc\u00edan su actividad en el sector. <\/p>\n
2.2.1. La Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1991 plante\u00f3 grandes cambios y retos en diversos aspectos de la econom\u00eda nacional y de la vida en un Estado Social de Derecho, entre ellos, respecto del uso del espectro electromagn\u00e9tico, al cual defini\u00f3 como \u201cun bien p\u00fablico inenajenable e imprescriptible sujeto a la gesti\u00f3n y control del Estado. Se garantiza la igualdad de oportunidades en el acceso a su uso en los t\u00e9rminos que fije la ley. Para garantizar el pluralismo informativo y la competencia, el Estado intervendr\u00e1 por mandato de la ley para evitar las pr\u00e1cticas monopol\u00edsticas en el uso del espectro electromagn\u00e9tico\u201d (art\u00edculo 75). <\/p>\n
La intervenci\u00f3n estatal en el espectro utilizado para los servicios de televisi\u00f3n se difiri\u00f3 en su momento a un \u00f3rgano t\u00e9cnico y aut\u00f3nomo sometido a un r\u00e9gimen legal propio (arts. 76 y 773). <\/p>\n
2.2.2. En desarrollo del mandato superior, la Ley 14 de 19914 se ocup\u00f3 de regular la televisi\u00f3n bajo la perspectiva de un servicio p\u00fablico \u201ccuya prestaci\u00f3n est\u00e1 a cargo del Estado a trav\u00e9s del Instituto Nacional de Radio y Televisi\u00f3n, Inravisi\u00f3n, y de las organizaciones regionales de televisi\u00f3n. Su explotaci\u00f3n se podr\u00e1 contratar en forma temporal con personas naturales o jur\u00eddicas, dentro de los principios y objetivos de la presente Ley\u201d5, y en su regla d\u00e9cima cre\u00f3 la autoridad mencionada.6 <\/p>\n
La televisi\u00f3n por suscripci\u00f3n, modalidad sobre la cual versan los acuerdos de voluntades que motivaron el litigio, fue concebida por el precepto 43 como un servicio p\u00fablico7, el cual pod\u00eda ser \u201cprestado por el Estado directamente o a trav\u00e9s de concesiones otorgadas a personas naturales o jur\u00eddicas colombianas, mediante contrato celebrado a trav\u00e9s de un proceso de licitaci\u00f3n p\u00fablica, por seis (6) a\u00f1os prorrogables\u201d, y comprende la \u201crealizaci\u00f3n de la programaci\u00f3n y la emisi\u00f3n y distribuci\u00f3n de se\u00f1ales de televisi\u00f3n a trav\u00e9s de uno o varios canales de televisi\u00f3n destinados exclusivamente a los correspondientes abonados o suscriptores del servicio\u201d, teniendo en cuenta que la red de distribuci\u00f3n de las se\u00f1ales se efectuar\u00eda \u201cmediante el sistema de transmisi\u00f3n y sobre el \u00e1rea de cubrimiento autorizado por el Ministerio de Comunicaciones\u201d8, ente que asum\u00eda el control y vigilancia de la prestaci\u00f3n del servicio y de la ejecuci\u00f3n de los correspondientes contratos. <\/p>\n
2.2.3. Posteriormente, la Ley 182 de 19959 aboli\u00f3 la mayor parte de la normatividad precedente y regul\u00f3 el servicio de televisi\u00f3n, procurando democratizar el acceso al mismo y promover la industria y actividades de ese sector econ\u00f3mico. <\/p>\n
A partir de sus directrices qued\u00f3 claro que a pesar de estar sujeto este servicio de telecomunicaciones a la \u201ctitularidad, reserva, control y regulaci\u00f3n del Estado\u201d, su prestaci\u00f3n se realizar\u00eda a trav\u00e9s de concesi\u00f3n a entidades p\u00fablicas, particulares y comunidades organizadas (art. 1\u00b0). <\/p>\n
<\/p>\n
Cre\u00f3 la Comisi\u00f3n Nacional de Televisi\u00f3n10 como organismo de derecho p\u00fablico encargado de ejecutar la intervenci\u00f3n estatal anunciada en los c\u00e1nones 76 y 77 de la Carta Magna, una de cuyas funciones era la de \u201c{r}reglamentar el otorgamiento y pr\u00f3rroga de las concesiones para la operaci\u00f3n del servicio, los contratos de concesi\u00f3n de espacios de televisi\u00f3n y los contratos de cesi\u00f3n de derechos de emisi\u00f3n, producci\u00f3n y coproducci\u00f3n de los programas de televisi\u00f3n, as\u00ed como los requisitos de las licitaciones, contratos y licencias para acceder al servicio, y el r\u00e9gimen sancionatorio aplicable a los concesionarios, operadores y contratistas de televisi\u00f3n, de conformidad con las normas previstas en la ley y en los reglamentos\u201d (literal e) art. 5).11 <\/p>\n
En ese marco de injerencia era sancionada la ocupaci\u00f3n ilegal del espectro electromagn\u00e9tico, de modo que \u201c{c}cualquier servicio de televisi\u00f3n no autorizado por la Comisi\u00f3n Nacional de Televisi\u00f3n, o que opere frecuencias electromagn\u00e9ticas sin la previa asignaci\u00f3n por parte de dicho organismo, es considerado clandestino\u201d. A la Junta Directiva de la Comisi\u00f3n se le otorg\u00f3 la potestad de suspenderlo y decomisar los equipos empleados, \u201csin perjuicio de las sanciones de orden civil, administrativo o penal a que hubiere lugar, conforme a las normas legales y reglamentarias vigentes\u201d (art. 24). Se dispuso, adicionalmente, que la adjudicaci\u00f3n de concesiones12 para televisi\u00f3n por suscripci\u00f3n ser\u00eda otorgada \u201cmediante procedimiento de licitaci\u00f3n p\u00fablica\u201d (art. 42).13 <\/p>\n
2.2.4. No obstante, la Ley 335 de 1996, al modificar la previsi\u00f3n tercera de la normativa precitada, con el fin de formalizar la prestaci\u00f3n del servicio de televisi\u00f3n por suscripci\u00f3n, de tal modo que pudieran recaudarse los derechos que correspondan al Estado y a la vez \u201cvelar porque se respeten los derechos de autor de acuerdo a la legislaci\u00f3n nacional y a los acuerdos internacionales sobre la materia\u201d y procurar la regulaci\u00f3n y control de \u201cla calidad de tal servicio en forma efectiva\u201d, dispuso que, dentro de los tres meses siguientes a la vigencia de la ley, la Comisi\u00f3n Nacional de Televisi\u00f3n deb\u00eda elaborar e implementar \u201cun Plan de Promoci\u00f3n y Normalizaci\u00f3n del Servicio de Televisi\u00f3n por Suscripci\u00f3n Cableada a un plazo de cinco (5) a\u00f1os\u201d (par\u00e1grafo art. 8).14 <\/p>\n
Dicho plan fue adoptado en el Acuerdo 014 de 20 de marzo de 1997 expedido por la CNTV, el cual ten\u00eda como destinatarias a las empresas, sociedades, consorcios o uniones temporales que ven\u00edan prestando el servicio de televisi\u00f3n por suscripci\u00f3n de manera informal, con lo cual se les permit\u00eda participar en un proceso licitatorio con observancia de los procedimientos y requisitos de la comentada Ley 335 de 1996. <\/p>\n
Incluso, el art\u00edculo 8\u00b0 del Acuerdo 049 de 1998 emitido por la autoridad citada, por medio del cual \u201cse reglamenta el Registro \u00danico de Operadores del Servicio P\u00fablico de Televisi\u00f3n en la modalidad del servicio de televisi\u00f3n por suscripci\u00f3n\u201d, reglament\u00f3 la calificaci\u00f3n del \u201cfactor experiencia\u201d en actividades relacionadas con el sector de las telecomunicaciones, y en su par\u00e1grafo se reconoci\u00f3 la actividad de los prestadores informales al establecer que \u201c{s}i el solicitante de inscripci\u00f3n en el registro es un prestatario informal del servicio de televisi\u00f3n por suscripci\u00f3n, y demuestra el pago de derechos de autor a las programadoras internacionales titulares de las se\u00f1ales codificadas que emite, tendr\u00e1 derecho al 30% de la calificaci\u00f3n se\u00f1alada para este factor\u201d. <\/p>\n
2.2.5. Se advierte con facilidad que la normatividad del ramo no s\u00f3lo no castig\u00f3 la actividad ejercida por empresas como las demandantes, sino que tuvo a dichas entidades como operarios informales, reconocimiento en virtud del cual les otorg\u00f3 la posibilidad de acogerse al plan de formalizaci\u00f3n del servicio de televisi\u00f3n por suscripci\u00f3n, lo cual, como lo sostuvo el Consejo de Estado, constitu\u00eda \u201cuna invitaci\u00f3n, una exhortaci\u00f3n o, incluso, un incentivo al prestatario informal del servicio en cuesti\u00f3n, a efecto de que normalice o regularice su situaci\u00f3n\u201d: <\/p>\n
El hecho mismo de que la ley faculte a la Comisi\u00f3n Nacional de Televisi\u00f3n para implementar un plan de la \u00edndole indicada, para los fines se\u00f1alados, evidencia que el legislador ten\u00eda bien presente la existencia de operadores de televisi\u00f3n por suscripci\u00f3n que no contaban con autorizaci\u00f3n para ello, pues no de otra manera se entiende que uno de los fines de ese plan fuese \u201cfomentar la formalizaci\u00f3n\u201d, puesto que s\u00f3lo se formaliza lo que es informal. <\/p>\n
(…) <\/p>\n
El enunciado seg\u00fan el cual quien ocupe el espectro electromagn\u00e9tico sin autorizaci\u00f3n es un operador clandestino, que es de la esencia de la norma superior que se dice infringida (art. 24 ley 182 de 1.995), no se opone per se a que el legislador opte, antes que sancionar, por dar la oportunidad a este tipo de operadores de adecuarse a la formalidad, con miras a asegurar la percepci\u00f3n de recursos para el Estado, de poderlos vigilar y controlar, como se se\u00f1ala en el par\u00e1grafo del art\u00edculo 1\u00b0 del art\u00edculo 8\u00b0 de la ley 335 de 1.996. <\/p>\n
La formalizaci\u00f3n no es otra cosa que, por disposici\u00f3n o autorizaci\u00f3n de la ley, ajustarse, quien es operador ilegal, a los \u201cprincipios de asignaci\u00f3n de concesiones\u201d y a los \u201cpar\u00e1metros para la adjudicaci\u00f3n de concesiones de televisi\u00f3n por suscripci\u00f3n\u201d a que se refieren los art\u00edculos 41 y 42 de la ley 182 de 1.995. De suerte que cuando la Comisi\u00f3n Nacional de Televisi\u00f3n precisa cu\u00e1les son las empresas que deben formalizarse, por carecer de autorizaci\u00f3n para operar la televisi\u00f3n por suscripci\u00f3n, tambi\u00e9n se enmarca dentro del Plan que le asign\u00f3 el par\u00e1grafo 1\u00b0 de la ley 335 de 1.996\u201d (CE, Sala de lo Contencioso Administrativo, Secci\u00f3n Primera, Auto 22 may. 1997, rad. 4387, citada en CE, Sala de lo Contencioso Administrativo, Secci\u00f3n Tercera, Sentencia 14 ago. 2008, rad. 1999-00012-01). <\/p>\n
Aunque el Acuerdo 01 de 1999 modific\u00f3 la disposici\u00f3n comentada eliminando las alusiones primigenias a los prestatarios informales del servicio p\u00fablico de televisi\u00f3n, es de notar que tambi\u00e9n parti\u00f3 de un reconocimiento a la prestaci\u00f3n informal de la televisi\u00f3n por suscripci\u00f3n, al otorgar una calificaci\u00f3n \u201cal tiempo de experiencia de la empresa en actividades relacionadas con el sector de las telecomunicaciones\u201d (art. 3\u00b0), agregado con el que contaban los operadores informales al ejercer su actividad comercial en un medio donde la demanda de servicios superaba la oferta institucional. <\/p>\n
2.2.6. Se desprende de lo expuesto en precedencia que no obra configuraci\u00f3n de objeto il\u00edcito en las ventas celebradas entre las partes del litigio, porque la informalidad de la actividad ejecutada por las promotoras de la acci\u00f3n no tiene la connotaci\u00f3n de un proceder marginado del marco legal que no fuera tolerado por el ordenamiento jur\u00eddico; por el contrario, precisamente aceptando la existencia de los operadores informales, en lugar de sancionar su operaci\u00f3n, el Estado propuso un plan de formalizaci\u00f3n que les permit\u00eda adaptarse a la nueva regulaci\u00f3n normativa y a las condiciones imperantes del mercado. <\/p>\n
Ciertamente la licitud del objeto es uno de los requisitos para la validez de los contratos, seg\u00fan lo establece el art\u00edculo 1502 del C\u00f3digo Civil, norma a la cual se acude por remisi\u00f3n de las disposiciones mercantiles que definen el objeto il\u00edcito s\u00f3lo en el convenio de sociedad (art. 104). <\/p>\n
La regla 1519 del citado compendio precept\u00faa que \u201chay objeto il\u00edcito en todo lo que contraviene al derecho p\u00fablico de la naci\u00f3n (…)\u201d y el canon 1523 determina que tambi\u00e9n es il\u00edcito el objeto \u201cen todo contrato prohibido por las leyes\u201d. <\/p>\n
En la compraventa, como lo ha acotado esta Corporaci\u00f3n, ese elemento obligacional se concreta en \u00abla prestaci\u00f3n consistente en hacer tradici\u00f3n de la cosa, de enajenarla, de hacerla ajena\u00bb, la cual debe satisfacer las exigencias legales, entre \u00e9stas que la enajenaci\u00f3n de la cosa, sea corporal o inmaterial, \u00ab\u201cno est\u00e9 prohibida por Ley\u201d\u00bb como lo recuerda el art\u00edculo 1866 del C\u00f3digo Civil, de suerte que \u00absi un contrato de compraventa recae sobre una cosa cuya enajenaci\u00f3n est\u00e1 prohibida, tiene objeto il\u00edcito\u00bb (CSJ SC 4 feb. 2013, rad. 2008-00471-01). <\/p>\n
Ni la actividad desarrollada por las demandantes puede tildarse de ilegal, ni el objeto de los convenios, esto es, la venta de \u201ctodas las redes, equipos de cabecera instalados, herramientas y muebles y enseres con los que actualmente se presta el servicio de televisi\u00f3n por suscripci\u00f3n (Televisi\u00f3n informal)\u201d en las ciudades de Riohacha, Maicao y Sincelejo; la cesi\u00f3n de \u201ctodos los contratos de ejecuci\u00f3n peri\u00f3dica que la PROMETIENTE VENDEDORA tiene vigentes con los usuarios del servicio de televisi\u00f3n por suscripci\u00f3n\u201d y la cesi\u00f3n de \u201clos contratos de arrendamiento de aquellos inmuebles dedicados exclusivamente a la prestaci\u00f3n del servicio informal de televisi\u00f3n por cable; previo acuerdo y autorizaci\u00f3n de los propietarios y\/o arrendadores, cuando en los contratos as\u00ed se requiera\u201d, estaba prohibida por las leyes. <\/p>\n
En raz\u00f3n de lo preanotado deviene frustr\u00e1nea la acusaci\u00f3n de ilicitud de la apelante, resultado que se hace extensivo a la alegaci\u00f3n en torno del incumplimiento de la obligaci\u00f3n de saneamiento de la tradici\u00f3n, que no se atisba insatisfecha y por ende, no habilita la reparaci\u00f3n consignada en el art\u00edculo 925 del estatuto comercial, m\u00e1xime cuando la recurrente confes\u00f3 en la contestaci\u00f3n de la demanda que entreg\u00f3 los bienes objeto de los negocios jur\u00eddicos a su mandataria Televista Telecomunicaciones S.A.15, por lo que, trat\u00e1ndose de una compraventa mercantil, regida por la consensualidad, tal atestaci\u00f3n es suficiente para tener acreditada la tradici\u00f3n v\u00e1lida de lo vendido. <\/p>\n
2.2.7. Fracasados los argumentos de la apelaci\u00f3n referentes a la nulidad de los contratos aducidos con la demanda, es preciso reparar en que la inconforme mostr\u00f3 su aquiescencia con el an\u00e1lisis que efectu\u00f3 la juez del conocimiento sobre la atenci\u00f3n de las obligaciones a cargo de las demandantes y la insatisfacci\u00f3n de las suyas, pues al sustentar el recurso vertical no efectu\u00f3 despliegue argumentativo frente a esas consideraciones, siendo estos puntos pac\u00edficos que escapan al pronunciamiento en esta sede. <\/p>\n
2.3. En raz\u00f3n de lo expuesto, la Sala abordar\u00e1 el estudio de los \u00faltimos reproches, ata\u00f1ederos a la omisi\u00f3n de an\u00e1lisis recriminada en punto de la procedencia conjunta de la cl\u00e1usula penal y la indemnizaci\u00f3n del da\u00f1o; la credibilidad otorgada al dictamen pericial en que la enjuiciadora soport\u00f3 la condena impuesta a las demandadas a pagar perjuicios a su contraparte y la desatenci\u00f3n de la regla contenida en el art\u00edculo 948 del C\u00f3digo de Comercio sobre restituciones mutuas. <\/p>\n
2.3.1. Sobre la cl\u00e1usula penal, la jurisprudencia de la Sala ha decantado que \u00abes evidente que el C\u00f3digo Civil, como ya se dijera concibe la aludida estipulaci\u00f3n de manera polifuncional, pues junto con su car\u00e1cter aflictivo, coexisten, a la par su condici\u00f3n de cauci\u00f3n y la indemnizatoria, que suele deducirse de la regla contenida en el art\u00edculo 1594 en cuanto prev\u00e9 que \u201cantes de constituirse el deudor en mora, no puede el acreedor demandar a su arbitrio la obligaci\u00f3n principal o la pena, sino s\u00f3lo la obligaci\u00f3n principal; ni constituido el deudor en mora, puede el acreedor pedir a un tiempo el cumplimiento de la obligaci\u00f3n principal y la pena, sino cualquiera de las dos, a su arbitrio…\u201d. <\/p>\n
No puede negarse, ciertamente, que la mencionada estipulaci\u00f3n cumple una significativa funci\u00f3n de apremio, que se evidencia de manera insoslayable en diversas hip\u00f3tesis previstas en esa codificaci\u00f3n y a las que ya se ha hecho alusi\u00f3n, como de garant\u00eda, particularmente cuando ella recae sobre un tercero\u00bb (CSJ SC 18 dic. 2009, rad- 2001-00389-01, citada en CSJ SC3047-2018, 31 jul., rad. 2013-00162-01). <\/p>\n
En materia mercantil, el canon 867 contempla la pena convencional, previniendo que \u00ab[c]uando se estipule el pago de una prestaci\u00f3n determinada para el caso de incumplimiento, o de mora, se entender\u00e1 que las partes no pueden retractarse\u00bb y si \u00abla prestaci\u00f3n principal est\u00e9 determinada o sea determinable en una suma cierta de dinero, la pena no podr\u00e1 ser superior al monto de aquella\u00bb. <\/p>\n
No puede perderse de vista que los contratantes pueden estipular, v\u00e1lida y previamente, la forma en que deber\u00e1n indemnizarse los perjuicios que hayan de sufrir por causa del incumplimiento o cumplimiento defectuoso de las obligaciones pactadas en el acuerdo de voluntades a trav\u00e9s de una cl\u00e1usula penal o pena convencional, que el art\u00edculo 1592 de la codificaci\u00f3n civil define como \u201caquella en que una persona, para asegurar el cumplimiento de una obligaci\u00f3n, se sujeta a una pena que consiste en dar o hacer algo en caso de no ejecutar o retardar la obligaci\u00f3n principal\u201d. <\/p>\n
Tal fijaci\u00f3n antelada surte el efecto de exonerar al demandante de demostrar la existencia, cuant\u00eda y naturaleza de los perjuicios causados, pues estos se presumen de derecho y como su monto se tiene el libremente se\u00f1alado por las partes y, en principio, es improcedente su acumulaci\u00f3n con otra reparaci\u00f3n, a menos que as\u00ed se haya convenido en el contrato. <\/p>\n
De esa manera lo ha considerado esta Corte luego de precisar que: <\/p>\n
(\u2026) la cl\u00e1usula penal como el negocio constitutivo de una prestaci\u00f3n penal de contenido patrimonial, fijada por los contratantes, de ordinario con la intenci\u00f3n de indemnizar al acreedor por el incumplimiento o por el cumplimiento defectuoso de una obligaci\u00f3n, por norma general se le aprecia a dicha prestaci\u00f3n como compensatoria de los da\u00f1os y perjuicios que sufre el contratante cumplido, los cuales, en virtud de la convenci\u00f3n celebrada previamente entre las partes, no tienen que ser objeto de prueba dentro del juicio respectivo, toda vez que, como se dijo, la pena estipulada es una apreciaci\u00f3n anticipada de los susodichos perjuicios, destinada en cuanto tal a facilitar su exigibilidad. Esa es la raz\u00f3n, entonces, para que la ley excluya la posibilidad de que se acumulen la cl\u00e1usula penal y la indemnizaci\u00f3n de perjuicios, y solamente por v\u00eda de excepci\u00f3n, en tanto medie un pacto inequ\u00edvoco sobre el particular, permita la acumulaci\u00f3n de ambos conceptos, evento en el que, en consecuencia, el tratamiento jur\u00eddico deber\u00e1 ser diferente tanto para la pena como para la indemnizaci\u00f3n, y donde, adem\u00e1s, la primera dejar\u00e1 de ser observada como una liquidaci\u00f3n pactada por anticipado del valor de la segunda, para adquirir la condici\u00f3n de una sanci\u00f3n convencional con caracterizada funci\u00f3n compulsiva, ordenada a forzar al deudor a cumplir los compromisos por \u00e9l adquiridos en determinado contrato\u201d (CSJ SC 23 may. 1996, rad. 4607, reiterada en CSJ SC170-2018, 15 feb., rad. 2007-00299-01). <\/p>\n
Luego, del incumplimiento por parte la recurrente de las obligaciones de su resorte dimana su responsabilidad frente a los perjuicios inferidos a las convocantes, pero no debi\u00f3 ignorar la falladora a quo la indebida acumulaci\u00f3n de pretensiones contenida en la demanda para, en su lugar, darle v\u00eda libre. <\/p>\n
En efecto, habi\u00e9ndose concertado en los dos contratos aducidos, una sanci\u00f3n o pena para el caso de incumplimiento de la obligaci\u00f3n principal contra\u00edda por cada uno de los ahora contendientes: $200.000.000 en el caso del negocio celebrado con TV Cable Guajira 2000 Ltda. y $500.000.000, en el del pacto ajustado con Cable TV de Sucre Ltda., sin que hubieran prefijado la posibilidad de una reparaci\u00f3n adicional por concepto de los da\u00f1os ocasionados, el reclamo de resarcimiento efectuado en la pretensi\u00f3n cuarta del libelo introductorio16 resultaba claramente improcedente. <\/p>\n
Tal circunstancia impone modificar lo decidido en la sentencia impugnada sobre el particular, pero s\u00f3lo en beneficio de la sociedad Cablevista S.A., pues esta fue la \u00fanica apelante como se advierte en el memorial mediante el cual propuso la alzada17, de modo que al no recurrir la empresa Satelcaribe S.A., asinti\u00f3 la condena impuesta. <\/p>\n
La anterior consideraci\u00f3n determina que sea innecesario proveer sobre el alegado desconocimiento del art\u00edculo 870 mercantil tanto por el perito que rindi\u00f3 la experticia atendida en el fallo como por la juzgadora, pues la cl\u00e1usula penal es comprensiva de todos los perjuicios que pod\u00edan causarse a los negociantes y excluye, como se indic\u00f3, cualquier otra estimaci\u00f3n. <\/p>\n
2.4. Resta por examinar el punto atinente a las restituciones mutuas, en el cual asiste raz\u00f3n a la discrepante, porque seg\u00fan lo estatuido en el \u00faltimo inciso del art\u00edculo 948 de la codificaci\u00f3n comercial \u201c{c}cuando el vendedor obtenga que se decrete la restituci\u00f3n de la cosa tendr\u00e1 derecho el comprador a que previamente se le reembolse la parte pagada del precio, deducido el valor de la indemnizaci\u00f3n o pena que se haya estipulado, o la que en defecto de estipulaci\u00f3n fije el juez al ordenar la restituci\u00f3n\u201d. <\/p>\n
2.4.1. En los hechos 23.1.1. y 23.1.2. de la demanda, las reclamantes confesaron que a la sociedad Cable TV de Sucre Ltda. le fue pagada la suma de $129.876.000 a t\u00edtulo de las \u201ccompensaciones\u201d acordadas en la cl\u00e1usula quinta del contrato celebrado con ella; en tanto a TV Cable Guajira 2000 Ltda. se le cancel\u00f3 la cantidad de $108.000.000 por concepto de las \u201casesor\u00edas\u201d convenidas en la estipulaci\u00f3n hom\u00f3loga del negocio suscrito con esa empresa18; empero, como tales cifras resultan ser inferiores a las instituidas convencionalmente en las cl\u00e1usulas penales, no hay lugar a su reembolso. <\/p>\n
3. Sobre las dem\u00e1s restituciones rec\u00edprocas no contempladas en la sentencia recurrida, las cuales ameritan pronunciamiento oficioso, debe repararse en que ni los frutos civiles ni las mejoras fueron debidamente acreditadas en el plenario. <\/p>\n
4. Corolario de lo discurrido, se confirmar\u00e1 parcialmente la determinaci\u00f3n que por v\u00eda de apelaci\u00f3n se ha revisado en el entendido que los contratos allegados con la demanda corresponden a compraventas como as\u00ed se dej\u00f3 claro al dirimir el remedio extraordinario de casaci\u00f3n. No hay lugar a condenar en costas ante la prosperidad relativa del recurso vertical. <\/p>\n
III. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO: REVOCAR la condena impuesta a la demandada Cablevista S.A. en los ordinales quinto y sexto de la parte resolutiva del fallo proferido por el juzgado de primera instancia. Por lo tanto, se MODIFICAN y quedan como sigue: <\/p>\n
\u201c5- Condenar a Satelcaribe S.A. a pagar a Cable TV de Sucre Ltda. la suma de $500.000.000 correspondiente al valor de la cl\u00e1usula penal pactada en la cl\u00e1usula octava del contrato celebrado con dicha sociedad el 30 de mayo de 2000 y por perjuicios la suma de $3.644.649.814\u201d. <\/p>\n
\u201c6- Condenar a Satelcaribe S.A. a pagar a TV Cable Guajira 2000 Ltda. la cantidad de $200.000.000 correspondiente al valor de la cl\u00e1usula penal pactada en la cl\u00e1usula octava del contrato celebrado con dicha sociedad el 30 de mayo de 2000 y por perjuicios la suma de $4.929.376.456\u201d. <\/p>\n
SEGUNDO: ADICIONAR la providencia impugnada, con el fin de NEGAR el reconocimiento de frutos civiles y mejoras, atendiendo los motivos se\u00f1alados en el apartado considerativo de esta determinaci\u00f3n. <\/p>\n
TERCERO: CONFIRMAR, en lo dem\u00e1s, la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
CUARTO: Sin costas en la segunda instancia. <\/p>\n
Rem\u00edtase el expediente a la Corporaci\u00f3n de origen. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 La sociedad fung\u00eda como demandada en ese litigio. <\/p>\n
2\u0002 Algunas de las normas que lo integran actualmente han perdido vigencia en raz\u00f3n de su derogatoria expresa por regulaciones posteriores del servicio de televisi\u00f3n y uso del espectro electromagn\u00e9tico para estos fines. <\/p>\n
3\u0002 Derogado y reformado por los art\u00edculos 1 y 2 del Acto Legislativo 2 de 2011. <\/p>\n
4\u0002 V\u00e9anse como antecedentes normativos la Ley 42 de 1985, el Decreto 3100 de 1984 y el Decreto 222 de 1983. <\/p>\n
<\/p>\n
5\u0002 Derogado por el art\u00edculo 64 de la Ley 182 de 1995. <\/p>\n
6\u0002 Anteriormente el Instituto Nacional de Radio y Televisi\u00f3n -Inravisi\u00f3n- creado en 1963, confer\u00eda concesiones a particulares de espacios en los canales de televisi\u00f3n existentes, conservando el control sobre su funcionamiento (art. 4 Ley 42 de 1985). <\/p>\n
7\u0002 Para ese momento ya se encontraban en funcionamiento algunos caneles p\u00fablicos, programadoras y las cadenas regionales de televisi\u00f3n cuya creaci\u00f3n autoriz\u00f3 el Decreto 3100 de 1984. <\/p>\n
8\u0002 Vigente al momento de la celebraci\u00f3n por las partes de los contratos discutidos. Lo derog\u00f3 el canon 51 de la Ley 1978 de 2019. <\/p>\n
10\u0002 Al entrar en funcionamiento, desaparecieron el Consejo Nacional de Televisi\u00f3n, los Consejos Regionales de Televisi\u00f3n, la Comisi\u00f3n Nacional para la Vigilancia de la Televisi\u00f3n y las Comisiones Regionales para la Vigilancia de la Televisi\u00f3n, a los cuales se refer\u00eda la Ley 14 de 1991. <\/p>\n
11\u0002 Exist\u00edan, para entonces, 11 operadores de televisi\u00f3n por suscripci\u00f3n con cubrimiento en 10 municipios y centenares de antenas parab\u00f3licas para la prestaci\u00f3n (Yances Pe\u00f1a, Germ\u00e1n. Una televisi\u00f3n en construcci\u00f3n CNTV: 1995-2003, Bogot\u00e1: Comisi\u00f3n Nacional de Televisi\u00f3n, p\u00e1g. 37). <\/p>\n
12\u0002 Es el acto jur\u00eddico en virtud del cual \u201cpor ministerio de la ley o por decisi\u00f3n reglada de la Junta Directiva de la Comisi\u00f3n Nacional de Televisi\u00f3n, se autoriza a las entidades p\u00fablicas o a los particulares a operar o explotar el servicio de televisi\u00f3n y a acceder en la operaci\u00f3n al espectro electromagn\u00e9tico atinente a dicho servicio\u201d (art. 46 Ley 182 de 1995). <\/p>\n
13\u0002 Norma derogada por el mandato 51 de la Ley 1978 de 2019. <\/p>\n
14\u0002 Derogado por el precepto 51 de la Ley 1978 de 2019. <\/p>\n
15\u0002 Folio 262, cno. 2. <\/p>\n
16\u0002 Folio 164, cno. 1. <\/p>\n
17\u0002 Folios 590-591, cno. 3. <\/p>\n
18\u0002 Folio 161, cno. 1. <\/p>\n
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SC4853-2021 (2002-00094-01) HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA Magistrada ponente SC4853-2021 Radicaci\u00f3n No. 08001-31-03-001-2002-00094-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintisiete de octubre de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., dieciocho (18) de noviembre de dos mil veintiuno (2021) Procede la Corte, en sede de instancia, a proferir sentencia sustitutiva dentro […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[42],"tags":[],"class_list":["post-59113","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-noviembre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/59113","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=59113"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/59113\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=59113"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=59113"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=59113"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}