SC4855-2021 (2014-00011-01) <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
SC4855-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n: 11001-31-10-013-2014-00011-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de veintisiete de mayo de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., dos (2) de noviembre de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Se decide el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por los herederos de Luis Alberto Abella Plazas, se\u00f1ores Carlos \u00c1lvaro Leal Abella, Yolanda Betty Lemus de Villamil y Nohora Edith Lemus de Acevedo; Haydee Alicia y Ana Yucelly Lemus Abella; Luis Eduardo y Beatriz Abella Plazas; contra la sentencia de 9 de noviembre de 2017, emitida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, Sala de Familia, en el proceso impulsado por los recurrentes frente a Cecilia Delgado de Abella, c\u00f3nyuge sobreviviente. <\/p>\n
1. ANTECEDENTES <\/p>\n
1.1. Petitum. Los demandantes solicitaron declarar que la interpelada, respecto de la sociedad conyugal formada con el causante, distrajo, enajen\u00f3 y ocult\u00f3 inmuebles, muebles, semovientes, certificados de dep\u00f3sito y saldos en cuentas corrientes y de ahorros. Como secuela, disponer la p\u00e9rdida de su porci\u00f3n en cada uno de tales bienes y condenar la restituci\u00f3n de su valor doblado. <\/p>\n
1.2. Causa petendi. Luis Alberto Abella Plazas y Cecilia Delgado Garc\u00eda, contrajeron matrimonio cat\u00f3lico el 28 de noviembre de 1964, sin procrear descendencia. <\/p>\n
Ambos se jubilaron de Ecopetrol y fruto de su trabajo acumularon una considerable fortuna. <\/p>\n
Desde 2002, Abella Plazas comenz\u00f3 a tener problemas de salud y a padecer una \u201cnotoria debilidad mental\u201d. La situaci\u00f3n fue aprovechada por su esposa. En julio de 2004, lo indujo a que le otorgara poder general para administrar los bienes propios y los adquiridos durante el matrimonio. <\/p>\n
Luis Alberto Abella Plazas falleci\u00f3 el 17 de junio de 2009, y en el proceso de sucesi\u00f3n fueron reconocidos como herederos los demandantes. En la diligencia de inventarios y aval\u00faos, la convocada, en forma \u201ccalculada y maliciosa\u201d, omiti\u00f3 incluir ciertos haberes en el activo social. <\/p>\n
1.3. La contestaci\u00f3n. La interpelada resisti\u00f3 las s\u00faplicas. Adujo que las conductas reprochadas se realizaron leg\u00edtimamente en virtud de la libertad conferida a cada c\u00f3nyuge por el art\u00edculo 1\u00ba de la Ley 28 de 19321, para administrar y disponer de los bienes propios y sociales. <\/p>\n
1.4. El fallo de primer grado. El 3 de noviembre de 2016, el Juzgado Treinta y Dos de Familia de Bogot\u00e1, desestim\u00f3 las s\u00faplicas. Encontr\u00f3 que si bien la demandada, en el interrogatorio, acept\u00f3 cobrar unos t\u00edtulos bancarios con posterioridad al deceso de su esposo, no se demostr\u00f3 la intenci\u00f3n dolosa de causar perjuicios a los herederos. Con esas sumas, simplemente, pag\u00f3 servicios p\u00fablicos. <\/p>\n
1.5. La sentencia de segunda instancia. Confirm\u00f3 la decisi\u00f3n, al resolver la apelaci\u00f3n de los precursores. <\/p>\n
2. RAZONES DEL TRIBUNAL <\/p>\n
2.1. Las sanciones previstas en el art\u00edculo 1824 del C\u00f3digo Civil, conforme a la jurisprudencia de la Corte, dijo, solo se predican de los bienes que, con la categor\u00eda de sociales, se ocultan o distraen dolosamente. Todo, entre la disoluci\u00f3n de la sociedad conyugal y su liquidaci\u00f3n, pues con anterioridad, cada consorte es libre de administrar y disponer del patrimonio propio o del adquirido. <\/p>\n
Se concreta en que el c\u00f3nyuge culpable pierde la porci\u00f3n en los bienes distra\u00eddos u ocultados y en adici\u00f3n debe restituirla doblada. Por lo mismo, acrece a los gananciales del c\u00f3nyuge inocente y no al acervo partible. <\/p>\n
2.2. La sociedad conyugal del caso, conformada por Luis Alberto Abella Plazas y Cecilia Delgado de Abella, se desarroll\u00f3 entre el 28 de noviembre de 1964 y el 17 de junio de 2009, fecha en que, por la muerte de aqu\u00e9l, se disolvi\u00f3. <\/p>\n
2.2.1. Los predios Aposentos, Loma de Piedra, Loma de Micos, El Callej\u00f3n, La Poimita, Aposentos II, Vega de L\u00f3pez, Genesaret, La Rinconada y El Llano; un apartamento con garaje; una bodega; y un autom\u00f3vil; hab\u00edan sido adquiridos por los consortes durante el matrimonio. No obstante, el 23 de agosto de 2006 y el 21 de abril de 2008, antes de su disoluci\u00f3n, se dispuso de los mismos. Esto significaba que \u201cdichos bienes no se distrajeron en desmedro de los intereses de los demandantes herederos\u201d. <\/p>\n
2.2.2. Igual suerte corr\u00edan los semovientes. Aunque no se logr\u00f3 demostrar la fecha de negociaci\u00f3n de las 333 cabezas de ganado, el mayordomo, Arnulfo Bastidas D\u00edaz, declar\u00f3 que el hecho ocurri\u00f3 para el \u201cmes de mayo de 2008, \u00e9poca en la que tambi\u00e9n se vendi\u00f3 la finca\u201d. <\/p>\n
2.2.3. Las sanciones derivadas del cobro del CDT 60965327, tampoco se impon\u00edan. Se acredit\u00f3 que fue redimido \u201cantes que la sociedad se disolviera\u201d. <\/p>\n
2.2.4. En lo dem\u00e1s se demostraron movimientos financieros, dep\u00f3sitos y retiros \u201cdespu\u00e9s de la muerte de la causante\u201d. Sin embargo, ninguna de las \u201cpruebas aportadas al proceso\u201d evidenciaba, directa o indiciariamente, que \u201cexist\u00eda\u201d la denunciada suma de $300\u2019000.000, menos que perteneciera a la \u201csociedad conyugal\u201d, tampoco que la convocada los \u201chubiera ocultado o distra\u00eddo\u201d. <\/p>\n
El testigo Fabio Humberto Balaguera Dom\u00ednguez \u201cni siquiera conoci\u00f3 al causante\u201d. La relaci\u00f3n del citado mayordomo con el fallecido era \u201ccada 2 o 4 meses\u201d y no sab\u00eda de los \u201cprecios de las ventas\u201d. Luis Antonio Girat\u00e1 Pico, por \u00faltimo, \u201cno tuvo mayor contacto con los consortes\u201d. <\/p>\n
La demandada, es cierto, manifest\u00f3 que retir\u00f3 dineros de unas cuentas del causante, pero explic\u00f3 que lo hizo para sufragar servicios p\u00fablicos. Con todo, el debate sobre si esas cantidades eran propias o sociales deb\u00eda suscitarse al interior del tr\u00e1mite para liquidar la sociedad conyugal, inclusive en la etapa de \u201cinventarios adicionales\u201d. <\/p>\n
2.6. En suma, para el ad-quem, los medios de convicci\u00f3n acopiados de manera alguna acreditaban que la interpelada, dolosamente, enajen\u00f3, ocult\u00f3 o distrajo bienes que fueran de la sociedad conyugal. <\/p>\n
3. LA DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
Los recurrentes, demandantes en el litigio, formularon dos cargos; sustanciados bajo la \u00e9gida del C\u00f3digo General del Proceso, con r\u00e9plica de la otra parte, se resolver\u00e1n aunados por las razones que en su momento se dir\u00e1n. <\/p>\n
3.1. CARGO PRIMERO <\/p>\n
3.1.1. Denuncia la violaci\u00f3n directa de los art\u00edculos 1774, 1781-5, 1795, 1820, 1821, 1824 y 1832 del C\u00f3digo Civil, y 1\u00ba de la Ley 28 de 1932. <\/p>\n
3.1.2. Seg\u00fan los recurrentes, el Tribunal, en el campo estrictamente jur\u00eddico, cometi\u00f3 tres yerros. <\/p>\n
3.1.2.1. Sostuvo que las sanciones previstas en el art\u00edculo 1824 del C\u00f3digo Civil, \u00fanicamente se predicaban de los bienes sociales ocultados o distra\u00eddos entre la disoluci\u00f3n de la sociedad conyugal y su liquidaci\u00f3n. Empero, olvid\u00f3 que la tesis, seg\u00fan la cual, dicha sociedad nac\u00eda para morir, fue recogida por la Corte; porque, ahora se entend\u00eda que la comunidad de gananciales exist\u00eda desde el matrimonio. <\/p>\n
Ello implicaba que todo cuanto se hiciera acerca del manejo y disposici\u00f3n de los bienes sociales, \u201cdesde el momento del matrimonio y hasta la liquidaci\u00f3n\u201d, pod\u00eda ser cuestionado por el c\u00f3nyuge que se considerara vulnerado o amenazado en sus derechos patrimoniales. <\/p>\n
3.1.2.2. Estableci\u00f3 un escenario para debatir si los bienes son propios o sociales, como es el proceso de sucesi\u00f3n. Se trataba de un requisito sustancial antojadizo e infundado, por cuanto el legislador no lo previ\u00f3. <\/p>\n
3.1.2.3. Determin\u00f3 que el inventario adicional, si es del caso, deb\u00eda comprender los bienes ocultados o distra\u00eddos. Esto no correspond\u00eda al camino para efectivizar las sanciones, pues al \u201cinventariarlos, sobre los mismos tendr\u00eda que hacerse una adjudicaci\u00f3n\u201d. Con esa interpretaci\u00f3n, el c\u00f3nyuge culpable \u201cni perder\u00eda su porci\u00f3n sobre aquellos bienes ni resultar\u00eda obligado a la restituci\u00f3n doblada\u201d. <\/p>\n
3.1.3. Solicitan los demandantes extraordinarios, en consecuencia, casar la sentencia cuestionada e imponer las sanciones pedidas contra la demandada. <\/p>\n
3.2. CARGO SEGUNDO <\/p>\n
3.2.1. Acusa la violaci\u00f3n indirecta de los art\u00edculos 180, 1820 y 1824 del C\u00f3digo Civil; 1\u00ba y 2\u00ba de la Ley 28 de 1932. <\/p>\n
3.2.2. En sentir de los impugnantes, el Tribunal incurri\u00f3 en la comisi\u00f3n de errores de hecho probatorios. <\/p>\n
3.2.2.1. Omiti\u00f3 valorar el alcance del poder general otorgado, a la saz\u00f3n, por el causante. Lo confiri\u00f3 para que su c\u00f3nyuge lo representara en los \u201cactos relacionados con sus bienes, derechos y obligaciones\u201d. <\/p>\n
Si lo hubiera apreciado, habr\u00eda concluido que era \u201cabstracto, gen\u00e9rico\u201d, sin potestad para transferir bienes. Por lo mismo, que hubo \u201cextralimitaci\u00f3n de funciones de la apoderada\u201d y que \u201csolo era uno de los elementos estructurales de la estrategia encaminada a disminuir el patrimonio de (\u2026) Luis Alberto Abella Plazas\u201d. <\/p>\n
3.2.2.2. Pas\u00f3 de largo sobre el valor de la pensi\u00f3n del fallecido, $2\u2019303.498, y de su esposa, $4\u2019158.830. La certificaci\u00f3n demostraba que los esposos ten\u00edan ingresos suficientes para su subsistencia, y por ah\u00ed derecho, que \u201cnadie dispone de sus bienes sin necesidad\u201d. <\/p>\n
3.2.2.3. Ignor\u00f3 el documento de la Fundaci\u00f3n Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1 que daba cuenta de la enfermedad de Alzheimer diagnosticada al difunto. La prueba acreditaba que la accionada, enterada del padecimiento mental de su consorte, empez\u00f3 a idear y a ejecutar el plan mal\u00e9volo enderezado a apropiarse de los bienes. <\/p>\n
3.2.2.4. Pretiri\u00f3 que la convocada acept\u00f3 el retiro de dineros de las cuentas de su marido y del cobro de certificados de dep\u00f3sito a t\u00e9rmino. El 18 de mayo de 2009, $82\u2019980.252; el 24 de junio de 2009, $100\u2019349.644 y 42\u2019511.037; y el 24 de febrero de 2010, $27\u2019400.000; hechos demostrativos de la apropiaci\u00f3n alegada en la demanda. <\/p>\n
3.2.2.5. Olvid\u00f3 los inventarios y aval\u00faos de los bienes, el inicial y el adicional. Con esto se descubr\u00eda que la interpelada no quiso relacionar veh\u00edculos, semovientes e inmuebles, o su valor equivalente, ni los dineros retirados y cobrados. Por lo mismo, el actuar doloso encaminado a ocultar y distraer bienes de la sociedad conyugal. <\/p>\n
Igualmente, inobserv\u00f3 que en esas diligencias no se incluyeron partidas relacionadas con la \u00faltima enfermedad del difunto. Esa circunstancia, no otra cosa, indicaba que la demandada, para el efecto, no necesit\u00f3 gastar dineros propios ni sociales. <\/p>\n
3.2.2.6. Releg\u00f3 los documentos que demostraban c\u00f3mo la demandada retir\u00f3 dineros y cobr\u00f3 t\u00edtulos valores de la sociedad conyugal. Antes de la muerte de su esposo, $162.980.252; y despu\u00e9s, $272.252.114. Ocurridos los hechos cercanos a tal deceso, sin existir ning\u00fan apremio, se configuraba un indicio serio y grave contra aqu\u00e9lla. <\/p>\n
3.2.2.7. Abandon\u00f3 la informaci\u00f3n de Ecopetrol, seg\u00fan la cual, el causante tuvo activos los servicios de salud entre el 8 de octubre de 1974 y el 13 de mayo de 2009. La prueba acreditaba que no se sufragaron gastos al respecto. <\/p>\n
3.2.2.8. Hizo a un lado el indicio de verdad de los hechos contenidos en el escrito incoativo del proceso, incluida la conducta dolosa investigada. Se derivaba de la actitud procesal de la convocada que la encamin\u00f3 siempre a desconocer la calidad de herederos de los demandantes. <\/p>\n
3.2.2.9. Cercen\u00f3 el testimonio de Arnulfo Bastilla D\u00edaz, el mayordomo. Manifest\u00f3 que, para el 2008, las 333 cabezas de ganado val\u00edan $150\u2019000.000, y la finca $500\u2019000.000. En el expediente, entonces, contrario a lo concluido, si hab\u00eda prueba de tales circunstancias. <\/p>\n
Lo mismo sucedi\u00f3 con el conocimiento que ten\u00eda el declarante relacionado de la p\u00e9rdida de memoria del de cujus, desde el 2005 a 2006. A \u201cveces dec\u00eda una cosa y luego no se acordaba (\u2026) yo estaba ah\u00ed en la finca y me dec\u00eda usted quien es\u201d. Con esto se demostraba que la \u201cpatolog\u00eda mental (\u2026) era grave y progresiva, que cada d\u00eda lo somet\u00eda al acompa\u00f1amiento y direcci\u00f3n de otras personas\u201d. <\/p>\n
3.2.3. Se trataba, concluyen los impugnantes, de errores manifiestos y trascendentes. Los hechos acreditados con las pruebas atr\u00e1s singularizadas surg\u00edan a \u201csimple vista\u201d. Y si no se hubieren cometido, se habr\u00eda arribado a la distracci\u00f3n y ocultaci\u00f3n dolosa de bienes de la sociedad conyugal antes y despu\u00e9s de su disoluci\u00f3n. <\/p>\n
3.2.4. Solicitan casar la sentencia confutada y concluir, en sede de instancia, cumplida la situaci\u00f3n prevista en el art\u00edculo 1824 del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n
4. CONSIDERACIONES <\/p>\n
4.1. Contrastado el fallo impugnado y los ataques que se le formulan, salta de bulto que los contornos temporales de la sociedad conyugal discutidos en el cargo primero, delimitan el accionar probatorio puesto de presente en el segundo. La mayor parte de la disquisici\u00f3n acerca de la disposici\u00f3n de bienes sociales, en efecto, el Tribunal y los recurrentes la ubicaron antes de disolverse dicha sociedad, acaecida con la muerte de uno de los consortes. Las acusaciones, por tanto, as\u00ed se hayan enarbolado por caminos diferentes, se sirven rec\u00edprocamente. <\/p>\n
Lo anterior se confirma en que el \u00e9xito de la casaci\u00f3n exige la fundabilidad de ambos cargos. Ning\u00fan sentido tendr\u00eda establecer que la sociedad conyugal existe en forma real y material desde el momento del matrimonio, no a partir de su disoluci\u00f3n, si la conclusi\u00f3n del sentenciador sobre la ausencia de prueba de la conducta subjetiva imputada a la demandada se mantiene enhiesta. No cabe duda, las acusaciones se encuentran entrelazadas. <\/p>\n
4.2. Para el ad-quem, ocultar o distraer dolosamente bienes de la sociedad conyugal, en detrimento del otro c\u00f3nyuge o de sus herederos, no inclu\u00eda los actos realizados antes de disolverse la sociedad conyugal. <\/p>\n
Se fundament\u00f3 en el art\u00edculo 1\u00ba de la Ley 28 de 1932, seg\u00fan el cual, en el interregno, cada consorte goza de absoluta libertad para administrar y disponer de los bienes propios y de los que haya adquirido o adquiera. <\/p>\n
Y en los precedentes de esta Corporaci\u00f3n sobre los alcances de la citada disposici\u00f3n, condensados en la sentencia de 16 de diciembre de 2003, expediente 7593, al decirse que \u201cantes, pues, de dicha disoluci\u00f3n no cabe la sanci\u00f3n que se comenta, la que, como tal, como sanci\u00f3n es de aplicaci\u00f3n restrictiva\u201d2. <\/p>\n
4.2.1. Las familias jur\u00eddicas o naturales nacen para satisfacer necesidades personales que repercuten no solo en el campo social, sino tambi\u00e9n en el econ\u00f3mico. <\/p>\n
El \u00e1mbito patrimonial es de capital importancia. La rec\u00edproca colaboraci\u00f3n, producto del trabajo, ayuda y socorro mutuo, sirve para facilitar la supervivencia de las parejas y cumplir las obligaciones que emanan de la convivencia en los \u00e1mbitos personal y social. <\/p>\n
Lo anterior justifica, conforme al canon 180 del C\u00f3digo Civil, el nacimiento, coet\u00e1neamente con el matrimonio, de una \u201csociedad de bienes entre los c\u00f3nyuges\u201d, cuya existencia, en l\u00ednea de principio, se presume (art\u00edculo 1774, ib\u00eddem). Esto mismo se predica de la uni\u00f3n marital de hecho, en cuanto, bajo ciertas circunstancias, el legislador tambi\u00e9n supone la vida de la sociedad patrimonial entre compa\u00f1eros permanentes, al tenor del texto 2\u00ba de la Ley 54 de 1990, modificado por el 1\u00ba de la Ley 979 de 2005. <\/p>\n
El aspecto econ\u00f3mico, en consecuencia, resulta com\u00fan y consustancial a ese tipo de relaciones familiares. Posibilita a todos sus integrantes cumplir el c\u00famulo de roles que le son propios. Claro est\u00e1, sin perjuicio de que los casados o compa\u00f1eros permanentes, en ejercicio de la libre autonom\u00eda de la voluntad, establezcan un r\u00e9gimen patrimonial distinto, compatible con las normas de orden p\u00fablico. <\/p>\n
4.2.2. La regla 1\u00aa de la Ley 28 de 1932, aplicable por remisi\u00f3n a la uni\u00f3n marital de hecho (art\u00edculo 7\u00ba de la Ley 54 de 1990), establece que durante el matrimonio cada c\u00f3nyuge tiene la libre administraci\u00f3n y disposici\u00f3n de los bienes propios y de los que haya adquirido o adquiera. <\/p>\n
El precepto modific\u00f3 el sistema imperante hasta el momento, consistente en que el marido, ante la supuesta incapacidad de la mujer casada, ten\u00eda en absoluto el monopolio econ\u00f3mico. La nueva disposici\u00f3n restituy\u00f3 a la consorte la capacidad patrimonial que hab\u00eda perdido por el hecho del matrimonio; la administraci\u00f3n de la sociedad conyugal ya no correspond\u00eda exclusivamente al marido, sino a ambos desposados. A partir de all\u00ed, uno y otro deb\u00edan asumir las cargas por una mala direcci\u00f3n de la sociedad. <\/p>\n
La misma norma prev\u00e9 que al momento de disolverse la sociedad conyugal, o la patrimonial entre compa\u00f1eros permanentes, \u201cse considerar\u00e1 que los c\u00f3nyuges han tenido esta sociedad desde la celebraci\u00f3n del matrimonio\u201d. Esto sirvi\u00f3 a la Corte para sostener que dicha sociedad se hallaba en sue\u00f1os y se concretaba cuando se disolv\u00eda. En el intervalo, simplemente, se encontraba en pendencia, en abstracto, de ah\u00ed que con dicha disoluci\u00f3n, en forma simult\u00e1nea, nac\u00eda y mor\u00eda. Como lo asent\u00f3: <\/p>\n
\u201cSeg\u00fan el sistema del C\u00f3digo Civil, por lo que respecta a bienes en el matrimonio hab\u00eda que distinguir estas tres categor\u00edas: bienes del marido, bienes de la sociedad conyugal y bienes de la mujer. Ante terceros se confund\u00edan el patrimonio social y el del marido. Pero disuelta la sociedad conyugal se manifestaba su existencia para los efectos de liquidarla, determinando los aportes y recompensas de cada c\u00f3nyuge. Entonces era ya cuando ante terceros surg\u00edan perfectamente delimitados esos tres patrimonios, de los cuales los dos primeros se hab\u00edan presentado en uno solo, conforme est\u00e1 dicho. <\/p>\n
\u201cY del mismo modo que anteriormente la sociedad conyugal permanec\u00eda latente hasta el momento de su liquidaci\u00f3n, la sociedad hoy emerge del estado de latencia en que yac\u00eda, a la m\u00e1s pura realidad, con el fallecimiento de alguno de los c\u00f3nyuges, el decreto de divorcio o de nulidad del matrimonio, o el reconocimiento de alguna de las causales de separaci\u00f3n de bienes, de aquellas que quedaron vigentes por no estar en oposici\u00f3n a la reforma\u201d3. <\/p>\n
En el r\u00e9gimen de la Ley 28 de 1932, conforme a esa interpretaci\u00f3n, mientras dure el matrimonio, o la uni\u00f3n marital de hecho, cada consorte tiene la libre administraci\u00f3n y disposici\u00f3n de los bienes propios y de los que hayan adquirido o adquieran. Los derechos singulares en estos \u00faltimos solo se consideran extinguidos con la disoluci\u00f3n. Ipso iure se mutan en sociales y conforman una universalidad indivisa. En palabras de la Sala: <\/p>\n
\u201cDurante la vigencia de la sociedad, cada c\u00f3nyuge puede ser titular de dos categor\u00edas de bienes: los propios exclusivos de cada uno (como los que tenga en el momento del matrimonio, los que adquiera a t\u00edtulo gratuito y los que consiga a t\u00edtulo oneroso, pero para subrogar bienes exclusivamente propios); y los sociales o gananciales, destinados a conformar la masa com\u00fan partible cuando sobrevenga la disoluci\u00f3n de la sociedad (\u2026). <\/p>\n
\u201cEsta facultad de administrar y de disponer libremente se ve recortada cuando la sociedad se disuelve; a partir de ese evento, cada uno de los esposos s\u00f3lo puede disponer de los bienes que sean suyos exclusivamente, desde luego que en nada los afecta la disoluci\u00f3n de la sociedad. Por este hecho, emerge la indivisi\u00f3n o comunidad de gananciales, y mientras perdure este estado, o sea, entre tanto se liquide y se realicen la partici\u00f3n y adjudicaci\u00f3n de bienes, cada c\u00f3nyuge pierde la facultad que ten\u00eda de administrar y de disponer libremente de los bienes sociales\u201d4. <\/p>\n
La Corte Constitucional reedit\u00f3 la doctrina transcrita; sostuvo que \u201ccon la disoluci\u00f3n de la sociedad conyugal se extinguen los derechos patrimoniales singulares de los c\u00f3nyuges sobre los bienes sociales, pasando aqu\u00e9llos a adquirir un derecho universal sobre la masa indivisa\u201d5. <\/p>\n
En el mismo sentido se pronunci\u00f3 posteriormente. \u201cCuando tenga ocurrencia alguna causal de disoluci\u00f3n de la sociedad conyugal (art\u00edculo 1820 C.C.), que conduzca a la terminaci\u00f3n del citado r\u00e9gimen patrimonial, \u2018se considerar\u00e1 que los c\u00f3nyuges han tenido esta sociedad\u2019; es decir, la ley crea una ficci\u00f3n por virtud de la cual solamente al disolverse la sociedad conyugal se predica una comunidad de bienes, existente desde la celebraci\u00f3n del matrimonio\u201d6. <\/p>\n
Hasta ese momento de la historia, la sociedad conyugal carec\u00eda de existencia real o material antes de disolverse, seg\u00fan aquella antigua doctrina. As\u00ed, en el r\u00e9gimen del C\u00f3digo Civil, durante su latencia ostentara una jefatura \u00fanica, en cabeza del marido; o dos administradores con autonom\u00eda propia, incluidas las facultades de disposici\u00f3n, en el marco de la Ley 28 de 1932. <\/p>\n
4.2.3. No obstante, a tono con disidencias cercanas al tema7, plasmadas en sentencia reciente8, esa postura se empez\u00f3 a abandonar. La Sala ha venido precisando que vincular, a la vez, el nacimiento y fenecimiento de la sociedad conyugal con su disoluci\u00f3n, comporta una limitaci\u00f3n a la propia voluntad del legislador y una contradicci\u00f3n en el contexto del sistema jur\u00eddico. <\/p>\n
4.2.3.1. Relacionado con lo primero, el art\u00edculo 180 del C\u00f3digo Civil, evoca la existencia de la comunidad de bienes por el simple \u201checho del matrimonio\u201d. En igual sentido, el canon 1774, ib\u00eddem, se\u00f1ala que \u201c[a] falta de pacto escrito se entender\u00e1, por el mero hecho del matrimonio, contra\u00edda la sociedad conyugal\u201d; y el precepto 1\u00ba de la Ley 28 de 1932, la pregona \u201cdesde la celebraci\u00f3n del matrimonio\u201d. <\/p>\n
Ninguna de las disposiciones citadas asocia el origen de la sociedad conyugal con su terminaci\u00f3n. Tampoco existe norma alguna limit\u00e1ndola en esa direcci\u00f3n. La elaboraci\u00f3n del hito de su despunte real, a la par con la extinci\u00f3n, es a todas luces caprichosa e insostenible. <\/p>\n
La claridad meridiana de la normatividad, en los apartes transcritos, no admite la restricci\u00f3n en comento. Y conforme al art\u00edculo 27 del C\u00f3digo Civil, donde el legislador no distingue, al int\u00e9rprete le est\u00e1 prohibido hacerlo; menos, si es para recortar o negar derechos subjetivos, o impedir el libre acceso a la administraci\u00f3n de justicia. <\/p>\n
4.2.3.2. El ordenamiento positivo, como sistema, igualmente vivifica la sociedad de bienes entre c\u00f3nyuges o compa\u00f1eros permanentes antes de su disoluci\u00f3n. En unos casos, evoc\u00e1ndola, y en otros, aludiendo a su vigencia. <\/p>\n
4.2.3.2.1. Por ejemplo, la Ley 71 de 1931, modificada por la Ley 495 de 1999, cuando posibilita la constituci\u00f3n del patrimonio de familia no solo sobre inmuebles propios de las parejas matrimoniales o maritales, sino tambi\u00e9n de la \u201csociedad conyugal\u201d [art\u00edculo 5\u00ba, literal a)], o patrimonial. <\/p>\n
Si la instituci\u00f3n se erigi\u00f3 en protecci\u00f3n de \u201ctoda la familia\u201d (art\u00edculo 1\u00ba, ib\u00eddem), la tesis de la comunidad de bienes en potencia y no en concreto, dejar\u00eda sin utilidad pr\u00e1ctica su regulaci\u00f3n. Para hablar de \u201cbienes de la sociedad conyugal\u201d o de la \u201cmarital\u201d susceptibles del patrimonio familiar, habr\u00eda que esperar su disoluci\u00f3n. La calificaci\u00f3n del propio legislador sobre el particular, no otra cosa significa que ratificar materialmente dicha sociedad desde el matrimonio o del surgimiento de la patrimonial. <\/p>\n
4.2.3.2.2. La existencia de la comunidad de bienes, antes de disolverse, igualmente la refiere el art\u00edculo 257 del C\u00f3digo Civil. Establece que los gastos de crianza, educaci\u00f3n y establecimiento de los hijos habidos en el matrimonio \u201cpertenecen a la sociedad conyugal\u201d. Lo mismo es aplicable a la patrimonial entre compa\u00f1eros permanentes. <\/p>\n
Salvo pacto escrito dirigido a excluir la sociedad conyugal o patrimonial (art\u00edculo 1774 del C\u00f3digo Civil), patentizar su existencia al momento de la disoluci\u00f3n, conllevar\u00eda, en l\u00ednea de principio, a tornar nugatorio el derecho de alimentos. Si se considera que durante el matrimonio o la uni\u00f3n marital de hecho los reg\u00edmenes econ\u00f3micos son apenas ocultos y no reales, la calificaci\u00f3n de si los referidos gastos \u201cpertenecen\u201d a una u otra comunidad, carecer\u00eda de sentido. <\/p>\n
4.2.3.2.3. El principio de la libre autonom\u00eda de voluntad, posibilita truncar las comentadas sociedades de bienes, inclusive extinguirlas, luego de surgir a la vida jur\u00eddica. Eso, y nada m\u00e1s, es lo permitido, no su comienzo. <\/p>\n
Seg\u00fan el art\u00edculo 1777, inciso 2\u00ba del C\u00f3digo Civil, \u201c[n]o se podr\u00e1 pactar que la sociedad conyugal tenga principio antes o despu\u00e9s de contraerse matrimonio; toda estipulaci\u00f3n en contrario es nula\u201d. La norma no supedita la germinaci\u00f3n de la comunidad econ\u00f3mica hasta su disoluci\u00f3n. Tampoco autoriza a los c\u00f3nyuges o compa\u00f1eros para adoptar su comienzo cuando fenece, ni en ning\u00fan otro momento. <\/p>\n
El ordenamiento, en ese caso, no obra para suplir el silencio de los asociados, sino refulge imperativo. Sanciona con nulidad absoluta cualquier intento de fijar en contrario el inicio del hito temporal del r\u00e9gimen patrimonial de la familia jur\u00eddica o natural. Sostener una posici\u00f3n distinta es transformar en ficci\u00f3n la realidad y avalar cuanto para el mundo del derecho no es v\u00e1lido. <\/p>\n
4.2.3.2.4. La vigencia de la sociedad antes de su disoluci\u00f3n, espec\u00edficamente durante el matrimonio o la uni\u00f3n marital de hecho, se erige en otros lugares como presupuesto de legalidad de ciertas restricciones. <\/p>\n
El art\u00edculo 5\u00ba de Ley 294 de 1996, promulgada para prevenir, remediar y sancionar la violencia intrafamiliar, modificado a su vez por los textos 2\u00ba de la Ley 575 de 2000 y 17 de la Ley 1257 de 2008, proh\u00edbe al agresor en caso de tener \u201csociedad conyugal o patrimonial vigente\u201d, enajenar o gravar los bienes cuyo dominio ostenta. <\/p>\n
El adjetivo \u201cvigente\u201d, denota una comunidad de bienes presente, en ejecuci\u00f3n, en tanto, si se tiene nacida hasta el momento de su disoluci\u00f3n, cuando igualmente muere, las prohibiciones dichas no tendr\u00edan aplicaci\u00f3n. Las sociedades conyugal o patrimonial con efectos concretos, no en potencia, nacen desde el matrimonio o cuando se conforma y consolida la uni\u00f3n marital de hecho, y perviven o permanecen, en general, durante su existencia. <\/p>\n
4.2.3.2.5. En algunos casos imprime confianza en el tr\u00e1fico jur\u00eddico y reafirma la presunci\u00f3n de buena fe, cuando impone el formalismo de se\u00f1alar si la sociedad conyugal o patrimonial se encuentra vigente. <\/p>\n
El art\u00edculo 27 del Decreto 960 de 1970, establece que \u201c[q]uien disponga de un inmueble o constituya gravamen sobre \u00e9l, deber\u00e1 indicar la situaci\u00f3n jur\u00eddica del bien respecto de la sociedad conyugal, caso de ser o haber sido casado\u201d. En el evento de existir un v\u00ednculo matrimonial o una uni\u00f3n marital de hecho, el precepto confirma, salvo pacto escrito que la excluya, la vigencia de la \u201csociedad conyugal\u201d o de la patrimonial, hasta su disoluci\u00f3n. Precisamente, al diferenciar entre estar o haber sido casado. <\/p>\n
En los t\u00e9rminos del art\u00edculo 6\u00ba de la Ley 258 de 1996, para otorgar una escritura p\u00fablica de enajenaci\u00f3n o gravamen de un inmueble destinado a vivienda familiar, los notarios deben indagar al propietario y al comprador si tienen \u201cvigente sociedad conyugal\u201d o \u201cpatrimonial\u201d. Esto, con el prop\u00f3sito de determinar si se encuentra limitada su comercializaci\u00f3n o si hay lugar a su afectaci\u00f3n. <\/p>\n
4.2.3.3. El entorno del ordenamiento, en suma, alude indistintamente a la vigencia de la sociedad conyugal o patrimonial y enfatiza su existencia real o material en forma coet\u00e1nea con el matrimonio o con la uni\u00f3n marital de hecho bajo determinadas circunstancias. Ciertamente, para derivar unas consecuencias jur\u00eddicas, nada de lo cual tendr\u00eda resultados pr\u00e1cticos si se interpreta que nace y muere con el fen\u00f3meno de la disoluci\u00f3n. <\/p>\n
La normatividad en comento, cuando alude a la vigencia de la sociedad conyugal o patrimonial, permite precisar, acorde con el art\u00edculo 30 del C\u00f3digo Civil9, que el r\u00e9gimen econ\u00f3mico de las familias jur\u00eddicas o naturales, no puede ser latente. Existe desde un comienzo, sin perjuicio de que se excluya antes o se extinga despu\u00e9s. <\/p>\n
4.2.4. La doctrina nacional de vieja data critic\u00f3 la tesis en comento. Decir que la sociedad conyugal, con su disoluci\u00f3n, se transforma de potencia en acto: <\/p>\n
\u201c(\u2026) envuelve imputaci\u00f3n al legislador de haber cometido absurdo (\u2026); pues con esto se excluye, conforme a la naturaleza de las cosas, que la haya en alg\u00fan instante posterior al en que tal hecho acontezca: el nacimiento coet\u00e1neo con la muerte no es nacimiento, sino falta de ser vivo (\u2026), [es] como [si se expresara] que los seres vivientes nacen al quedar muertos\u201d10. <\/p>\n
Seg\u00fan el mismo autor, \u201chasta la disoluci\u00f3n de la sociedad conyugal hab\u00eda, por el contrario, sociedad conyugal, que terminaba por la disoluci\u00f3n de la misma (\u2026). Lo potencial era la disoluci\u00f3n, como tambi\u00e9n que, de consiguiente, debiera liquidarse la sociedad conyugal disuelta\u201d. <\/p>\n
En palabras de otro connotado e hist\u00f3rico int\u00e9rprete patrio, la \u201csociedad conyugal no puede existir sin el matrimonio (\u2026), necesariamente principia con [\u00e9l], no pudiendo modificarse durante su existencia y terminando en los casos previstos en la ley\u201d11. <\/p>\n
Como se observa, tambi\u00e9n para el foro, la sociedad conyugal tiene existencia material desde el mismo momento del matrimonio y no al tiempo con su disoluci\u00f3n. Lo latente, en consecuencia, ser\u00eda su terminaci\u00f3n, no su nacimiento. <\/p>\n
4.2.5. El mismo camino lo ha seguido esta Corte, no obstante, los precedentes asociando el origen y llegada de la sociedad conyugal, o patrimonial, a un mismo tiempo, con su disoluci\u00f3n. As\u00ed lo ha referido expl\u00edcita o impl\u00edcitamente. <\/p>\n
4.2.5.1. La \u201csociedad de bienes entre c\u00f3nyuges, nace simul\u001ft\u00e1neamente con el v\u00ednculo indisoluble del matrimonio. Este y aquella se for\u001fman en un mismo instante\u201d12 (\u00e9nfasis a prop\u00f3sito). <\/p>\n
Perfeccionado el matrimonio, \u201csimult\u00e1neamente con \u00e9l nace la sociedad\u201d; \u201ccelebrado el matrimonio, la sociedad conyugal nace simult\u00e1neamente con \u00e9ste, y no antes ni despu\u00e9s\u201d13 (resaltado al margen). <\/p>\n
4.2.5.2. En otra ocasi\u00f3n, a prop\u00f3sito de una cuesti\u00f3n de bigamia, donde \u201cno se forma sociedad conyugal\u201d (art\u00edculo 1820, numeral 4\u00ba del C\u00f3digo Civil, modificado por el canon 25 de la Ley 1\u00aa de 1976), refiri\u00e9ndose a las dem\u00e1s causales de nulidad del matrimonio, asent\u00f3: <\/p>\n
\u201c[N]o parece necesario escrutar todo lo acontecido alrededor del tema, pues el caso es que el c\u00f3digo civil colombiano, precisamente en el (\u2026) numeral cuarto del art\u00edculo 1820, zanj\u00f3 toda discusi\u00f3n para consagrar que, la nulidad del matrimonio carece de virtualidad para borrar la sociedad conyugal que perdur\u00f3 en el interregno. As\u00ed se concluye al declarar en \u00e9l que precisamente el decreto de nulidad traduce la disoluci\u00f3n de la sociedad conyugal\u201d14 (subrayado fuera de texto)\u201d. <\/p>\n
4.2.5.3. Lo mismo, al sostener que una sociedad de hecho civil o comercial entre concubinos o uniones de hecho at\u00edpicas, eminentemente de estirpe singular, pod\u00eda convivir con otras de naturaleza universal, como la conyugal o patrimonial. <\/p>\n
Esta Corte igualmente, reconoci\u00f3 la \u201cpreexistencia\u201d de las \u00faltimas con otras sociedades regulares o irregulares15; y se\u00f1al\u00f3 que pod\u00edan \u201ccoexistir\u201d con la \u201cconyugal\u201d o \u201cpatrimonial, pero cada cual con su propia naturaleza, identidad y autonom\u00eda jur\u00eddica. Todo ello, de la misma manera como puede existir la sociedad conyugal, y adl\u00e1tere, en forma simult\u00e1nea, una sociedad mercantil regular integrada por los c\u00f3nyuges o por uno de estos con terceros\u201d16. <\/p>\n
4.2.6. Frente a lo discurrido, claramente se colige que ni la sociedad conyugal ni la patrimonial surgen con su disoluci\u00f3n. Salvo pacto escrito que las excluya (art. 1774 del C.C.), tienen vida real y propia desde el mismo momento del matrimonio o con la uni\u00f3n marital de hecho una vez satisfechos sus requisitos. <\/p>\n
La libre administraci\u00f3n y disposici\u00f3n de bienes propios y sociales en cabeza del var\u00f3n, seg\u00fan el r\u00e9gimen del C\u00f3digo Civil; o de cada uno de los c\u00f3nyuges o compa\u00f1eros, acorde con la Ley 28 de 1932; no se erige en fundamento para sostener que las sociedades conyugales o patrimoniales nacen para morir. Ello, simplemente, tiene que ver con el gobierno administrativo y dispositivo del patrimonio social. Antes, por virtud de discriminaci\u00f3n de g\u00e9nero, potestad omn\u00edmoda y exclusiva del hombre, ahora tambi\u00e9n, en lo suyo, de la mujer en forma dual y equivalente. <\/p>\n
Se presume, desde luego, que el manejo de los bienes, distintos a los propios, los c\u00f3nyuges los realizan con lealtad y responsabilidad, so pena de las consecuencias se\u00f1aladas en el ordenamiento. De ah\u00ed que la libertad administrativa y dispositiva dichas no es absoluta, sino que encuentra l\u00edmite en los intereses comunes. Por lo mismo, las acciones para reclamar al respecto no se supeditan a la disoluci\u00f3n de la sociedad conyugal ni a la existencia de un proceso en curso, notificado, dirigido a ese mismo prop\u00f3sito, como en pret\u00e9ritas oportunidades lo ha sostenido la Corte. <\/p>\n
4.2.7. Establecido que cualquiera de los c\u00f3nyuges se encuentra legitimado para controlar los actos de administraci\u00f3n y de disposici\u00f3n de los bienes adquiridos a t\u00edtulo oneroso durante el matrimonio, el Tribunal, en el caso, se equivoc\u00f3 al concluir que las disputas al respecto se reduc\u00edan a los hechos acaecidos entre la disoluci\u00f3n y liquidaci\u00f3n de la sociedad conyugal. <\/p>\n
Lo mismo, en cambio, no puede decirse de los escenarios se\u00f1alados para controvertir si los bienes eran o no sociales, el proceso de sucesi\u00f3n; o para hacer efectivas las sanciones, la etapa de inventarios adicionales. Si bien el juzgador hizo referencia a esos t\u00f3picos, en realidad, se trataba de consideraciones accidentales. Las pretensiones no fueron negadas, supuesta la prueba de la ocultaci\u00f3n y distracci\u00f3n dolosa de bienes sociales, por ser el proceso instaurado inadecuado para imponer las consecuencias jur\u00eddicas. Todo lo contrario, en forma expresa se indic\u00f3 que dichas hip\u00f3tesis normativas no se hab\u00edan demostrado. <\/p>\n
4.3. Pasa la Corte a examinar si el ad-quem incurri\u00f3 en los errores de hecho enrostrados. Su configuraci\u00f3n es lo que, como arriba se advirti\u00f3, torna trascendente el yerro iuris in iudicando develado. En caso contrario, lo echa por tierra, puesto que ninguna situaci\u00f3n f\u00e1ctica existir\u00eda para subsumir en las respectivas hip\u00f3tesis normativas. <\/p>\n
4.3.1. Las sanciones reclamadas las contempla el canon 1824 del C\u00f3digo Civil. En su tenor, \u201c[a]quel de los dos c\u00f3nyuges o sus herederos, que dolosamente hubiere ocultado o distra\u00eddo alguna cosa de la sociedad, perder\u00e1 su porci\u00f3n en la misma cosa, y ser\u00e1 obligado a restituirla doblada\u201d. <\/p>\n
El precepto previene o disuade a los consortes a preservar las ganancias del trabajo rec\u00edproco y propugna porque su reparto sea equitativo. Evita que uno de ellos se enriquezca a espaldas del esfuerzo del otro. Castiga, en palabras de la Corte, la \u201cintenci\u00f3n fraudulenta o dolosa atribuida a uno de los c\u00f3nyuges, orientada a hacer que el otro tenga o se le dificulte tener lo que le corresponda a prop\u00f3sito de la liquidaci\u00f3n de la sociedad conyugal\u201d17. <\/p>\n
El art. 1824 del C\u00f3digo Civil consulta la buena fe, la lealtad, la sinceridad, el auxilio, el apoyo y la solidaridad que debe existir en una pareja, o sus herederos; de modo tal que censura las conductas que procuren distraer u ocultar los haberes sociales o hereditarios, los enga\u00f1os maliciosos, las maquinaciones insidiosas para obtener un resultado en contrav\u00eda de las normas y principios que gu\u00edan la vida de pareja en relaci\u00f3n con el patrimonio social, y por regla general, cuando exista r\u00e9gimen de gananciales entre los consortes. Cuando ello ocurra, el autor o part\u00edcipe en tan censurable comportamiento, su posici\u00f3n se agrava, porque es sancionado por la ley perdiendo su porci\u00f3n en la cosa, y es obligado a restituirla doblada, mut\u00e1ndose en deudor de la sociedad. La norma adopta un criterio de reprensi\u00f3n, por llevarse a cabo una conducta contraria a derecho, a las costumbres y a la \u00e9tica en las relaciones familiares. Este comportamiento necesariamente debe ser ejecutado por uno de los consortes y en contra del otro, porque afecta la participaci\u00f3n del otro en el patrimonio social, cuando existe sociedad de gananciales. <\/p>\n
Por supuesto, el texto tambi\u00e9n cobija a los herederos, cuando sus actos jur\u00eddicos los adelantan dolosa o intencionalmente para enga\u00f1ar al c\u00f3nyuge a o los otros causahabientes, pero, como tal, no puede hacerse extensivo a los terceros, porque en materia sancionatoria la analog\u00eda es inaceptable. La sanci\u00f3n se relaciona con el patrimonio social o hereditario. <\/p>\n
No obstante, la sanci\u00f3n no opera de pleno derecho, sino que exige demostrar la intenci\u00f3n maligna, las maquinaciones fraudulentas para engendrar enga\u00f1o al otro c\u00f3nyuge o compa\u00f1ero; por ello, el ordenamiento califica la conducta, sancion\u00e1ndola cuando \u201c(\u2026) dolosamente hubiera ocultado o distra\u00eddo\u201d (art. 1824 C.C.), exigiendo que se escrute y demuestre si la actuaci\u00f3n de tapar, disfrazar, esconder, encubrir, en el caso del ocultamiento; o de malversar o timar, en el caso de distraer el haber com\u00fan, se desarroll\u00f3 con la intenci\u00f3n de defraudar el patrimonio social, que se busc\u00f3 un resultado contrario a derecho. Debe existir conciencia y conocimiento de causa en el infractor de los derechos y de los deberes de la pareja, que con el acto patrimonial defraudatorio afecta al otro compa\u00f1ero o c\u00f3nyuge. El dolo entonces, no debe quedarse en el prop\u00f3sito o la malicia sino que el acto censurado en la regla en cuesti\u00f3n debe materializarse, de tal manera que ese dolo debe ser determinante en el perjuicio patrimonial. Simples omisiones, por ejemplo, en los inventarios sociales, no aparejan la sanci\u00f3n. <\/p>\n
En consecuencia la sola ocurrencia del acto, sin el ingrediente subjetivo del dolo, carece de efecto jur\u00eddico para dar alcance a la sanci\u00f3n prevista en el art\u00edculo 1824, porque precisamente debe demostrarse \u201c(\u2026) la intenci\u00f3n positiva de inferir injuria a la personas o propiedad del otro\u201d (art. 63 del C.C.). Adem\u00e1s, debe recordarse que el dolo no se presume, salvo en los casos previstos por ley (art\u00edculo 1516), y esta hip\u00f3tesis normativa no corresponde a una de las presumidas legalmente. <\/p>\n
La sanci\u00f3n es en\u00e9rgica, pero advi\u00e9rtase que el 1824 no entra\u00f1a en s\u00ed mismo, un sistema de responsabilidad objetiva, como consecuencia, la astucia, el enga\u00f1o, las maniobras, los elementos externos, el ingrediente subjetivo \u201ca sabiendas\u201d, debe comprobarse cabalmente, no bastando \u00fanicamente la prueba exclusiva del acto jur\u00eddico y que se censura como distractor del bien social, porque como lo tiene dicho la Sala: \u201c(\u2026) resulta imperioso entender c\u00f3mo para el \u00e9xito de la pretensi\u00f3n es menester demostrar la ocultaci\u00f3n o la distracci\u00f3n de alg\u00fan bien de la sociedad, al tiempo que es tambi\u00e9n forzoso hacer patente que tal comportamiento ha sido acompa\u00f1ado de dolo, (\u2026). No basta, pues, que el encubrimiento tanga ocurrencia, sino que aflora indispensable el ingrediente subjetivo, raz\u00f3n por la cual es necesario probar la ocultaci\u00f3n o la distracci\u00f3n intencional de los bienes pertenecientes a la sociedad conyugal; (\u2026)\u201d (CSJ, SC del 1\u00ba de abril de 2009, Rad. n.\u00b0 2001-13842-01; se subraya)18. <\/p>\n
Se trata de una sanci\u00f3n, como se expuso que, no emerge objetiva, requiere acreditar varios elementos; presupone, tiene dicho la Corporaci\u00f3n, \u201cplena demostraci\u00f3n f\u00e1ctica, clara e inequ\u00edvoca (\u2026) no s\u00f3lo de la calidad jur\u00eddica del sujeto, del bien social y de la ocultaci\u00f3n o distracci\u00f3n, sino del dolo, o sea, el designio de defraudar, perjudicar o causar da\u00f1o\u201d19. <\/p>\n
La enajenaci\u00f3n de bienes durante un matrimonio con presunci\u00f3n de sociedad conyugal es insuficiente para dejar sentada la intenci\u00f3n positiva de causar da\u00f1o. La raz\u00f3n estriba en que es una facultad otorgada por la misma ley a los c\u00f3nyuges. Claro est\u00e1, siempre y cuando se ejerza con responsabilidad, no as\u00ed en caso contrario. <\/p>\n
El mismo precedente antes citado lo dej\u00f3 clarificado. La \u201csola disposici\u00f3n de bienes llamados a integrar el haber social, por s\u00ed y ante s\u00ed, no es indicativa de un acto doloso de ocultamiento, distracci\u00f3n o fraude a la sociedad conyugal, por cuanto podr\u00e1 hacerse sin el designio maduro de causar da\u00f1o\u201d, en tanto, \u201ccada consorte (\u2026) tiene la libre administraci\u00f3n y legitimaci\u00f3n dispositiva\u201d. <\/p>\n
La hip\u00f3tesis dicha, adem\u00e1s del negocio jur\u00eddico de disposici\u00f3n, reclama demostrar que fue ejecutado para defraudar la sociedad conyugal. La carga de la prueba del acto doloso de ocultamiento o de distracci\u00f3n debe brindarla quien lo alega. Mientras ello no suceda, se presume que la libertad de disposici\u00f3n de bienes sociales se realiz\u00f3 leg\u00edtimamente y con responsabilidad. <\/p>\n
4.3.2. En casaci\u00f3n, por supuesto, el debate probatorio es excepcional. No tiene por mira recibir la visi\u00f3n subjetiva que tengan las partes acerca de los distintos elementos de convicci\u00f3n. Se circunscribe, sencillamente, trat\u00e1ndose de errores de hecho, a constatar la existencia material de las pruebas en el proceso y a fijar su contenido objetivo. <\/p>\n
Se estructuran, por ello, cuando se supone un elemento demostrativo que no existe o se ignora su presencia f\u00edsica; o cuando al valorarse se desfigura por completo mediante adici\u00f3n, cercenamiento o alteraci\u00f3n. Tambi\u00e9n, cuando se aprecia equivocadamente la demanda o su contestaci\u00f3n. En cualquier caso, las faltas, am\u00e9n de ser notorias o evidentes, deben incidir en el sentido de la sentencia, en una relaci\u00f3n necesaria de causa a efecto. <\/p>\n
4.3.3. En el contexto descrito, salta de bulto que los errores de hecho probatorios enrostrados, en el \u00e1mbito del recurso extraordinario, son inexistentes <\/p>\n
4.3.3.1. Lo primero a advertirse es que la disposici\u00f3n de los bienes descritos (muebles, inmuebles, semovientes y dineros), antes y luego de disolverse la sociedad conyugal, no admite discusi\u00f3n. Es el supuesto imprescindible a fin de establecer si los negocios tuvieron por mira ocultarlos o distraerlos dolosamente. El Tribunal, en general, simplemente, neg\u00f3 las pretensiones, no por aquello, sino ante la ausencia de prueba del elemento subjetivo. <\/p>\n
Los errores f\u00e1cticos enarbolados al respecto, por tanto, son inexistentes. Las pol\u00e9micas alrededor del mandato conferido suponen que las enajenaciones se realizaron, solo que, al margen de la cr\u00edtica de la censura, sin tener facultades la mandataria. Las pruebas de la disposici\u00f3n de dineros, en fin, inclusive a partir del poder general y la confesi\u00f3n de Cecilia Delgado de Abella, fueron apreciadas en forma acertada. Lo mismo, en igual direcci\u00f3n, la declaraci\u00f3n de Arnulfo Bastilla D\u00edaz, el mayordomo, sobre el valor de las 333 cabezas de ganado y de una finca. <\/p>\n
Esos actos de disposici\u00f3n, sin m\u00e1s, solo demuestran el ejercicio de una potestad otorgada en la ley. Y ya se dijo que la \u201csola disposici\u00f3n de bienes llamados a integrar el haber social, por s\u00ed y ante s\u00ed, no es indicativa de un acto doloso de ocultamiento, distracci\u00f3n o fraude a la sociedad conyugal\u201d. Otra cosa es que esa facultad se haya materializado ileg\u00edtimamente en detrimento del haber social. <\/p>\n
4.3.3.2. El resto del cargo segundo, precisamente, reclama esto \u00faltimo. Empero, las pruebas relacionadas no ponen de presente ese particular. Ello significa que los errores de hecho denunciados al respecto no se configuran. <\/p>\n
(i) El poder general otorgado, a la saz\u00f3n, por Luis Alberto Abella Plazas, indica que \u00e9l mismo fue quien dispuso de los bienes que se encontraban a su nombre. Lo hizo por conducto de su esposa Cecilia Delgado de Abella. <\/p>\n
La prueba del dolo no puede buscarse en la supuesta \u201cextralimitaci\u00f3n de funciones\u201d. Si as\u00ed obr\u00f3 la apoderada, lo cual supone la sinceridad y realidad del mandato, la pol\u00e9mica es de los actos ejecutados sin facultades. La treta o \u201cestrategia encaminada a disminuir el patrimonio\u201d, entonces, solo cabe en la imaginaci\u00f3n de los recurrentes. <\/p>\n
El poder, con todo, no se limit\u00f3 al giro ordinario de los negocios. Se otorg\u00f3, adem\u00e1s, \u201cpara que cobre y perciba cualesquiera cantidades de dinero\u201d; \u201cpara que enajene a cualquier t\u00edtulo los bienes (\u2026) muebles e inmuebles\u201d; y para que \u201cvenda transfiera, permute o pignore los veh\u00edculos\u201d. <\/p>\n
(ii) El testimonio y documentos sobre el deterioro de la salud de Luis Alberto Abella Plazas, tampoco contienen, sin discusi\u00f3n posible, la conducta dolosa imputada a su esposa, la demandada Cecilia Delgado de Abella. <\/p>\n
En forma directa solo revelan el padecimiento mental que afectaba su capacidad de ejercicio. La enfermedad, por otra parte, no hay forma de atribuirla al inicio del plan mal\u00e9volo en cuesti\u00f3n, empezando con la obtenci\u00f3n del mandato. La conclusi\u00f3n, por lo menos, es equ\u00edvoca. <\/p>\n
El poder general es de 27 de julio de 2004 y los eventos de salud probados son de tiempo despu\u00e9s. El mayordomo, Arnulfo Bastilla D\u00edaz, como se resalta en el cargo, los evoca en el \u201c2005 a 2006\u201d. La hospitalizaci\u00f3n en la Fundaci\u00f3n Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1 en febrero de 2006 y la valoraci\u00f3n por psiquiatr\u00eda en febrero de 2007. Si bien la misma instituci\u00f3n menciona la evoluci\u00f3n de la enfermedad de Alzheimer, cierto es, tambi\u00e9n se\u00f1ala que \u201cno hay un tiempo exacto de cuanto hac\u00eda que ten\u00eda el diagn\u00f3stico\u201d. <\/p>\n
(iii) El indicio de verdad de los hechos de la demanda en contra de la parte demandada no se estructura. La calidad de herederos de los demandantes no depende de su reconocimiento por la convocada. Lo fija la misma ley a partir de las relaciones de familia. El hecho indicador de desconocer la interpelada a los actores como sucesores colaterales del causante, en la hip\u00f3tesis de ser cierto, nada puede indicar. <\/p>\n
(iv) Los inventarios y aval\u00faos, atinente con el dolo enrostrado, ni quitan ni ponen contra la convocada. <\/p>\n
Lo mismo ocurre con los gastos de la \u00faltima enfermedad del causante. Si no fueron incluidos debe entenderse que no exist\u00edan. Conforme a la informaci\u00f3n de Ecopetrol, ciertamente, porque los servicios de salud se encontraban activados. Los errores de hecho en el punto enrostrados, por tanto, caen por su mismo peso. <\/p>\n
En el escrito presentado en la diligencia por el apoderado de Cecilia Delgado de Abella se observan relacionadas doce partidas (apartamentos, garajes, lotes urbanos, predios rurales, etc.). Y en la audiencia celebrada el 23 de noviembre de 2010, en el Juzgado Once de Familia de Bogot\u00e1, en todo caso, ning\u00fan desacuerdo sobre otras partidas se plante\u00f3. La \u00fanica discrepancia que en esa ocasi\u00f3n result\u00f3, gir\u00f3 en torno al aval\u00fao de los inmuebles. <\/p>\n
(v) Por \u00faltimo, la suficiente solvencia econ\u00f3mica de la pareja para la \u00e9poca, incluyendo el valor de la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n de cada uno en Ecopetrol, es cierto, conduce a inferir que \u201cnadie dispone de sus bienes sin necesidad\u201d. <\/p>\n
El indicio de ausencia de apremios econ\u00f3micos, sin embargo, a lo sumo, sirve para confluir, al lado de otros medios indirectos, que los actos de disposici\u00f3n divergen con la realidad. De manera alguna, para poner de presente que el motivo para simular tuvo como designio, entre otros muchos posibles, ocultar o distraer dolosamente bienes del haber social. Como son dos cuestiones distintas, uno no demuestra el otro ni viceversa. El error denunciado, por tanto, carece de incidencia en la decisi\u00f3n final. <\/p>\n
4.3.4. Lo discurrido permite colegir que la valoraci\u00f3n probatoria del Tribunal no es contraevidente. La prueba de la conducta subjetiva de que se trata, en efecto, no aflora de manera palmaria y significativa de los medios acopiados. Esto trae como resultado dejar sin piso el error iuris in iudicando constatado al despacharse el cargo primero. El \u00e9xito de la casaci\u00f3n en su conjunto, como queda demostrado, pend\u00eda de la fundabilidad de ambas acusaciones. El fracaso de una, arrastra a la otra. <\/p>\n
4.4. Los cargos, en consecuencia, est\u00e1n llamados al fracaso. <\/p>\n
5. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, no casa la sentencia de 9 de noviembre de 2017, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, Sala de Familia, en el proceso incoado por los herederos de Luis Alberto Abella Plazas, se\u00f1ores Carlos \u00c1lvaro Leal Abella, Yolanda Betty Lemus de Villamil y Nohora Edith Lemus de Acevedo; Haydee Alicia y Ana Yucelly Lemus Abella; Luis Eduardo y Beatriz Abella Plazas; contra Cecilia Delgado de Abella, c\u00f3nyuge sobreviviente. <\/p>\n
Las costas en casaci\u00f3n corren a cargo de los recurrentes. En la liquidaci\u00f3n, incl\u00fayase la suma de seis millones de pesos ($6\u2019000.000), por concepto de agencias en derecho, teniendo en cuenta que la demanda fue replicada por la parte demandada en el litigio, opositora en el recurso. <\/p>\n
C\u00f3piese, notif\u00edquese y cumplido lo anterior, devu\u00e9lvase el expediente a la oficina de origen. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
(Presidente de la Sala) <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
(Con aclaraci\u00f3n de voto) <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
ACLARACION DE VOTO <\/p>\n
RAD: 11001-31-10-013-2014-00011-01 <\/p>\n
Con todo respeto por el Magistrado Ponente y por quienes lo acompa\u00f1aron en la providencia de la referencia, me permito aclarar mi voto para reclamar la inutilidad de la doctrina que se viene proponiendo que lo \u00fanico que puede traer es dificultades y enredos a la instituci\u00f3n de la sociedad conyugal, y por ende a su similar la sociedad patrimonial, por cuanto la que en el proyecto se denomina la antigua doctrina, no es m\u00e1s que un esfuerzo explicativo de la doctrina para que la comunidad entendiera como funcionaba la libre administraci\u00f3n de los bienes por aquel de los c\u00f3nyuges que fuera titular de los mismos y en raz\u00f3n a que la sociedad conyugal, por no ser persona jur\u00eddica, no era propietaria jur\u00eddicamente de ning\u00fan bien. <\/p>\n
Pero nunca, salvo los malos entendidos, ha podido afirmarse que la sociedad conyugal solo nace con su disoluci\u00f3n. Solo que a partir del matrimonio aquella se forma con los bienes que aportan los c\u00f3nyuges o cualquiera de ellos y los que adquiridos durante la existencia del matrimonio tiene el car\u00e1cter de sociales de acuerdo con la ley, pero que su administraci\u00f3n y disposici\u00f3n durante el matrimonio siguen en cabeza de quien es titular del bien, no de manera omn\u00edmoda sino en forma responsable, hasta el punto de que al disolverse la sociedad los c\u00f3nyuges se deben recompensas e indemnizaciones. Eso confirma lo dicho en el art\u00edculo 1774 del c\u00f3digo civil, no de ahora sino desde siempre, que, \u201cA falta de pacto escrito se entender\u00e1, por el mero hecho del matrimonio, contra\u00edda la sociedad conyugal con arreglo a las disposiciones de este t\u00edtulo.\u201d <\/p>\n
Lo anterior indica claramente es que el pretendido cambio jurisprudencial y doctrinario que considera nacida la sociedad conyugal desde el matrimonio y no desde su disoluci\u00f3n, es una mera ilusi\u00f3n, pues siempre ha sido as\u00ed. Lo que pasa es que los doctrinantes y profesores principalmente, y para que se entendiera la figura de la universalidad que solo se forma, y eso si es cierto, cuando entra en el estado de liquidaci\u00f3n, tra\u00edan la expresi\u00f3n \u201cnace para morir\u201d, pero no para indicar que solo all\u00ed se formaba sino para se\u00f1alar cuando se pod\u00eda concretar qu\u00e9 bienes entraban en la universalidad dela que eran titulares los c\u00f3nyuges, entendiendo \u00e9sta solo en los bienes que adquir\u00edan la calidad de sociales, porque pod\u00eda haber algunos o incluso todos, que fueran propios del c\u00f3nyuge y no de la sociedad conyugal, bien por su tiempo de adquisici\u00f3n, por su origen o causa, o por exclusi\u00f3n en capitulaciones. <\/p>\n
Se est\u00e1 tratando de acomodar una teor\u00eda como si fuera nueva cuando todo corresponde a la tradici\u00f3n jur\u00eddica del pa\u00eds, aunque s\u00ed puede llevar a malos entendidos en asuntos como la legitimaci\u00f3n en la causa para atacar los actos de los c\u00f3nyuges administradores, como ya ha ocurrido, poniendo dificultades a la libre administraci\u00f3n y libre circulaci\u00f3n de los bienes, en una interpretaci\u00f3n que es contra legem, porque es la misma ley la que autoriza a cada titular de los bienes a administrarlos de manera libre pero responsable, y la soluci\u00f3n en caso de no serlo, la sanci\u00f3n es la responsabilidad por los hechos contrarios a esa buena fe o las recompensas que la misma ley ha creado. <\/p>\n
Comparto pues la decisi\u00f3n de no casar lo decidido por el tribunal que confirm\u00f3 la decisi\u00f3n del juzgado, con todas las razones expuestas en las instancias, pero disiento de la motivaci\u00f3n de la providencia en cuanto quiere hacer creer que es una posici\u00f3n nueva de la Corte cuando no es m\u00e1s que la aplicaci\u00f3n de la ley como se dijo antes. <\/p>\n
ALVARO FERNANDO GARCIA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1\u0002 \u201c(\u2026) Art\u00edculo 1\u00b0. Durante el matrimonio cada uno de los c\u00f3nyuges tiene la libre administraci\u00f3n y disposici\u00f3n tanto de los bienes que le pertenezcan al momento de contraerse el matrimonio o que hubiere aportado a \u00e9l, como de los dem\u00e1s que por cualquier causa hubiere adquirido o adquiera; pero a la disoluci\u00f3n del matrimonio o en cualquier otro evento en que conforme al C\u00f3digo Civil deba liquidarse la sociedad conyugal, se considerar\u00e1 que los c\u00f3nyuges han tenido esta sociedad desde la celebraci\u00f3n del matrimonio, y en consecuencia se proceder\u00e1 a su liquidaci\u00f3n (\u2026)\u201d. <\/p>\n
2\u0002 Doctrina reiterada luego en las sentencias de 10 de agosto de 2010 (radiaci\u00f3n 04260) y de 26 de febrero de 2016 (expediente 00897). <\/p>\n
3\u0002 CSJ. Civil. Sentencia de 20 de octubre de 1937, sobre que la sociedad conyugal deja de ser latente o virtual y se actualiza con su disoluci\u00f3n, pues en el entretanto, los c\u00f3nyuges se entienden separados de bienes. Ver tambi\u00e9n las sentencias de 7 de septiembre de 1953, de 7 de marzo de 1955, de 8 de junio de 1967, de 4 de octubre de 1982, de 30 de octubre de 1998 y 5 de septiembre de 2001, entre otras muchas. <\/p>\n
4\u0002 CSJ. Civil. Sentencia 102 de 25 de abril de 1991. <\/p>\n
5\u0002 Sentencia T-325 de 2 de julio de 1998. <\/p>\n
6\u0002 Sentencia T-1243 de 27 de noviembre de 2001. <\/p>\n
7\u0002 CSJ. Civil. Salvamentos de voto a las sentencias de 7 de abril de 2015 (expediente 00509) y de 29 de agosto de 2016 (expediente 00443), en las cuales, en t\u00e9rminos generales, se sostuvo esa s\u00f3lida y decantada doctrina. <\/p>\n
8\u0002 CSJ. Civil. Cfr. Sentencia aprobada en sesi\u00f3n de 21 de marzo de 2021 (radicado 00141). Vid. Sentencia de 18 de noviembre de 2016 (expediente 00233). <\/p>\n
9\u0002 Como lo establece el precepto, \u201c[e]l contexto de la ley servir\u00e1 para ilustrar el sentido de cada una de sus partes, de manera que haya entre todas ellas la debida correspondencia y armon\u00eda\u201d. <\/p>\n
10\u0002 RODR\u00cdGUEZ FONNEGRA, Jaime. De la sociedad conyugal o r\u00e9gimen de los bienes determinado por el matrimonio. Tomo II. Bogot\u00e1: Ediciones Lerner, 1964, pp. 63-65. <\/p>\n
11\u0002 V\u00c9LEZ, Fernando. Estudio sobre el Derecho Civil Colombiano. De las obligaciones y contratos. 2\u00aa Edici\u00f3n. Paris: Editorial Imprenta Paris-Am\u00e9rica. Tomo VII, p. 26. <\/p>\n
12\u0002 CSJ. Civil. Sentencia de 30 de abril de 1970 (CXXXIV-77). <\/p>\n
13\u0002 CSJ. Civil. Sentencia de 18 de octubre de 1973 (CXLVII-91\/92). <\/p>\n
14\u0002 CSJ. Civil. Sentencia de 1\u00ba de octubre de 2004, expediente 01175. <\/p>\n
15\u0002 Vid. CSJ. Civil. Sentencia de 24 de febrero de 2011, expediente 00084. <\/p>\n
16\u0002 CSJ. Civil. Sentencia de 21 de junio de 2016, expediente 00129. <\/p>\n
17\u0002 CSJ. Civil. Sentencia de 14 de diciembre de 1990, reiterada en fallo de 1\u00ba de abril de 2009, expediente 13842, entre otros. <\/p>\n
18\u0002 Esta corporaci\u00f3n reiter\u00f3 el criterio en otro antecedente del a\u00f1o siguiente: \u201cAhora bien, ex art\u00edculo 1824 del C\u00f3digo Civil, cuando uno de los c\u00f3nyuges o sus herederos, haya ocultado o distra\u00eddo dolosamente alguna cosa de la sociedad conyugal, pierde su porci\u00f3n sobre la misma y es obligado a restituirla doblada. <\/p>\n
\u201cLa disposici\u00f3n, cuya ratio legis, se orienta a preservar y tutelar la plenitud, igualdad e integridad de los c\u00f3nyuges en lo ata\u00f1edero a sus derechos en la sociedad conyugal formada por el v\u00ednculo matrimonial, sanciona el acto doloso de ocultamiento o distracci\u00f3n de los bienes sociales celebrado o ejecutado por uno de ellos o por sus herederos, y presupone para su aplicaci\u00f3n la plena demostraci\u00f3n f\u00e1ctica, clara e inequ\u00edvoca con pruebas oportunamente allegadas al proceso y sujetas a contradicci\u00f3n, no s\u00f3lo de la calidad jur\u00eddica del sujeto, del bien social y de la ocultaci\u00f3n o distracci\u00f3n, sino del dolo, o sea, el designio de defraudar, perjudicar o causar da\u00f1o, y \u00e9ste igualmente debe probarse porque s\u00f3lo se presume en los casos expresamente disciplinados por el ordenamiento (art\u00edculo 1516 C\u00f3digo Civil)\u201d: fallo CSJ SC, 10 ago. 2010, rad. 1994-04260-01. <\/p>\n
19\u0002 CSJ. Civil. Sentencia de 10 de agosto de 2010, expediente 04260. <\/p>\n
<\/p>\n
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SC4855-2021 (2014-00011-01) LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA Magistrado Ponente SC4855-2021 Radicaci\u00f3n: 11001-31-10-013-2014-00011-01 (Aprobado en Sala de veintisiete de mayo de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., dos (2) de noviembre de dos mil veintiuno (2021) Se decide el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por los herederos de Luis Alberto Abella Plazas, se\u00f1ores […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[42],"tags":[],"class_list":["post-59115","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-noviembre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/59115","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=59115"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/59115\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=59115"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=59115"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=59115"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}