SC4887-2021 (2017-01921-00)<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
SC4887-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2017-01921-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veinticuatro de junio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., tres (3) de noviembre de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Decide la Corte el recurso de anulaci\u00f3n formulado por la sociedad espa\u00f1ola Pestana Inversiones S.L. frente al laudo arbitral internacional de 22 de marzo de 2017, aclarado mediante providencia de 13 de junio del mismo a\u00f1o, promovido ante el Centro de Arbitraje y Conciliaci\u00f3n de la C\u00e1mara de Comercio de Bogot\u00e1, por las compa\u00f1\u00edas colombianas Sar1 S.A.S., Sar2 S.A.S., Sar3 S.A.S., Sar4 S.A.S., contra la recurrente, quien reconvino frente a estas y la sociedad Sarasti & Cia. S.A.S. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
Pestana Inversiones S.L. solicit\u00f3 la anulaci\u00f3n del laudo, junto con la providencia adicional aclaratoria del mismo, mediante el cual se le impuso condena en favor de las convocantes, con ocasi\u00f3n del contrato de administraci\u00f3n hotelera suscrito entre las partes. <\/p>\n
B. Los hechos del litigio <\/p>\n
1. Sar1 S.A.S., Sar2 S.A.S., Sar3 S.A.S. y Sar4 S.A.S. invitaron a la empresa espa\u00f1ola Pestana Inversiones S.L., con el prop\u00f3sito de administrar un alojamiento de \u00abcategor\u00eda 4 estrellas\u00bb, situado en la ciudad de Bogot\u00e1. <\/p>\n
2. Durante las tratativas previas del negocio, las demandantes \u00abprome[tieron]\u00bb entregar a la demandada una edificaci\u00f3n con el cumplimiento de los est\u00e1ndares previstos en la norma t\u00e9cnica expedida por Icontec \u00abNTSH sectorial colombiana 006 del 27 de agosto de 2009\u00bb para un \u00abHotel de 4 estrellas\u00bb, adem\u00e1s de las condiciones de \u00abvista y visibilidad que capitalizaran la ubicaci\u00f3n del Hotel\u00bb. <\/p>\n
3. En atenci\u00f3n a ello, en documento privado de fecha \u00ab22 de junio de 2012\u00bb, las compa\u00f1\u00edas adversarias celebraron un acuerdo mercantil de \u00abAdministraci\u00f3n del Hotel \u2018Pestana Bogot\u00e1 100\u2019\u00bb, cuyo objeto principal era que la accionada manejara \u00abbajo su exclusiva direcci\u00f3n y responsabilidad, con toda autonom\u00eda administrativa (\u2026) el grupo de bienes (\u2026) del hotel\u00bb. <\/p>\n
4. La querellada tambi\u00e9n se comprometi\u00f3 a prestar una \u00abgarant\u00eda\u00bb a favor de las convocantes por valor de \u00abUS$3\u2019000.000.oo\u00bb, para \u00abcubrir desfases por debajo del 80%\u00bb de la \u00abutilidad antes de gastos fijos (UACF) o GOP (Gross Operating Profit)\u00bb en la operaci\u00f3n anual del hospedaje; prestaci\u00f3n que se materializ\u00f3 en un documento titulado \u00abcompromiso unilateral de pago\u00bb, suscrito en la data memorada y en el que se relacionaron los pormenores de la obligaci\u00f3n accesoria. <\/p>\n
5. Luego de \u00abentregado f\u00edsicamente el Hotel\u00bb a la interpelada, el 7 de febrero de 2013 las partes concertaron el \u00abOtro s\u00ed No. 1\u00bb para efectos de proyectar a\u00f1o por a\u00f1o la \u00abUACF o GOB\u00bb y determinar el \u00abcumplimiento de la garant\u00eda\u00bb, de esta manera, adicionaron al acuerdo principal el \u00abPresupuesto del Contrato\u00bb, esto es, el \u00abc\u00f3mputo anticipado de los gastos y rentas del Hotel (\u2026) para los cinco (5) a\u00f1os fiscales de ejecuci\u00f3n del contrato, contados desde el 1 de enero de 2013\u00bb. <\/p>\n
6. Una vez en funcionamiento la hospeder\u00eda, los registros contables indicaron que durante los a\u00f1os fiscales 2013, 2014 y 2015, se presentaron \u00abdesfases\u00bb que impidieron alcanzar el ochenta por ciento (80%) del \u00abUACF o GOB\u00bb, raz\u00f3n por la que en varias comunicaciones las accionantes requirieron a la convocada con el prop\u00f3sito de hacer valer la \u00abgarant\u00eda convenida\u00bb; sin embargo, \u00e9sta respondi\u00f3 que esa prestaci\u00f3n accesoria carec\u00eda de \u00abefecto vinculante\u00bb, pues se hizo para \u00abgarantizar obligaciones de la misma Pestana Inversiones S.L. y que es ilegal garantizarse a s\u00ed misma\u00bb e, igualmente, invoc\u00f3 \u00absupuestos incumplimientos de las sociedades convocantes como raz\u00f3n adicional para no pagar\u00bb. <\/p>\n
7. Despu\u00e9s de sendas reuniones entre las adversarias en busca de \u00abuna soluci\u00f3n concertada [de sus] diferencias\u00bb no llegaron a ning\u00fan arreglo, as\u00ed que las reclamantes en aplicaci\u00f3n de la \u00abcl\u00e1usula compromisoria\u00bb pactada en el \u00abContrato de Administraci\u00f3n del Hotel \u2018Pestana Bogot\u00e1 100\u2019\u00bb, decidieron someter la disputa ante el Centro de Arbitraje y Conciliaci\u00f3n de la C\u00e1mara de Comercio de Bogot\u00e1, para lo cual pretendieron la cancelaci\u00f3n de los montos avalados con el \u00abcompromiso unilateral de pago\u00bb, en los periodos 2013, 2014, 2015 y \u00absubsiguientes de ejecuci\u00f3n del contrato\u00bb. <\/p>\n
8. En auto de 30 de julio de 2015 se declar\u00f3 legalmente instalado el Tribunal Arbitral para dirimir las controversias suscitadas entre los contendientes, design\u00e1ndose secretario y fijando como lugar de funcionamiento esta capital, se admiti\u00f3 la demanda y se corri\u00f3 traslado de esta al extremo pasivo (Fls. 289 a 292, Cd. principal 1). <\/p>\n
9. La antagonista se opuso a las s\u00faplicas del escrito inicial, para lo cual alegaron las defensas que denomin\u00f3: \u00abfalta de jurisdicci\u00f3n y competencia\u00bb, \u00abausencia de pacto arbitral en el compromiso unilateral\u00bb, \u00abvulneraci\u00f3n del principio de habilitaci\u00f3n\u00bb, \u00abausencia de controversias relacionadas con el contrato\u00bb, \u00abausencia de obligaci\u00f3n de garant\u00eda del contrato\u00bb, \u00abel compromiso unilateral est\u00e1 sometido a la ley espa\u00f1ola\u00bb, \u00abinexistencia del compromiso unilateral\u00bb, \u00abextinci\u00f3n del compromiso unilateral\u00bb, \u00ablo pactado en el otro s\u00ed No.1 al contrato no altera lo acordado por las partes en el acuerdo unilateral\u00bb, \u00abinexigibilidad del anexo 8 para efectos del presupuesto unilateral\u00bb, \u00abinexistencia de obligaci\u00f3n de pago por cuanto no existieron presupuestos anuales\u00bb, \u00abPestana cumpli\u00f3 el contrato\u00bb, \u00abexcepci\u00f3n de contrato no cumplido\u00bb, \u00abSarasti act\u00faa de mala fe\u00bb, \u00abcobro de lo no debido\u00bb, \u00abcompensaci\u00f3n\u00bb y \u00abprescripci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Adicionalmente promovi\u00f3 demanda de reconvenci\u00f3n, tendiente a que se declarara el incumplimiento de las citantes de las prestaciones del contrato de administraci\u00f3n objeto de pleito y se ordenara su terminaci\u00f3n, siendo inicialmente inadmitida en prove\u00eddo de 8 de octubre de 2015 por incluirse como pasiva a la sociedad Sarasti & C\u00eda. (fl. 161 cd principal 2), pero al ser cuestionada la determinaci\u00f3n fue acogida el 28 de ese mes y a\u00f1o vinculando a esta como \u00ablitisconsorte necesario\u00bb (fl. 179 Cd principal 2), quien al ser puesta en juicio recurri\u00f3 lo as\u00ed dispuesto con resultado fallido. <\/p>\n
10. Los reconvenidos dieron contestaci\u00f3n el 31 de diciembre formulando excepciones perentorias (fl 214 Cd principal 2), descorriendo el traslado de Pestana el 18 de enero de 2016 (fl. 248 Cd principal 2). <\/p>\n
11. Cumplido esto, el Tribunal fij\u00f3 los gastos del proceso y concedi\u00f3 a las partes el t\u00e9rmino de diez (10) d\u00edas para su cancelaci\u00f3n (fl. 259 Cd principal 2). <\/p>\n
12. El 11 de marzo de 2016, el juzgador plural advirti\u00f3 que el asunto vinculaba los intereses de m\u00e1s de un pa\u00eds y que \u00abal momento de la celebraci\u00f3n del acuerdo de arbitraje, las partes de dicho acuerdo estaban domiciliadas en diferentes Estados\u00bb, pues la convocada ten\u00eda su domicilio en Espa\u00f1a, determin\u00f3 que la norma aplicable al asunto era la Ley 1563 de 2012 y no la Ley 315 de 1996, en esa medida declar\u00f3 el arbitraje como internacional, debi\u00e9ndose desarrollar de acuerdo con esta naturaleza; de otra parte, tuvo por v\u00e1lidos \u00abtodos los actos procesales cumplidos hasta la fecha\u00bb y; por \u00faltimo, otorg\u00f3 \u00abcinco d\u00edas para que las partes presenten a sus escritos (sic) de demanda principal y de reconvenci\u00f3n, de los cuales se dar\u00e1 traslado por tres d\u00edas\u00bb; determinaciones frente a las cuales la querellada formul\u00f3 sin \u00e9xito recurso de reposici\u00f3n, pues en auto de la misma data se desestim\u00f3 dicho mecanismo (fl. 292 Cd principal 2). <\/p>\n
13. La enjuiciada complement\u00f3 las defensas planteadas y formul\u00f3 la excepci\u00f3n titulada \u00abincompetencia\u00bb (fl. 380 Cd principal 2), basada principalmente en que la cl\u00e1usula compromisoria contenida en el acuerdo controvertido no pod\u00eda extenderse al \u00abcompromiso unilateral, del cual derivan las pretensiones de la demanda\u00bb. Lo propio hicieron las querellantes y en memorial del 28 del mes y a\u00f1o prenotados adicionaron sus alegatos frente al escrito de reconvenci\u00f3n. <\/p>\n
14. El 29 de abril siguiente, el Tribunal otorg\u00f3 a las partes un t\u00e9rmino de diez (10) d\u00edas a fin de que definieran \u00ablas reglas aplicables al caso\u00bb y \u00abpara que se pronunci[aran] sobre los aspectos procesales\u00bb del tr\u00e1mite. Sin embargo, ante la falta de respuesta de los interesados, y en consideraci\u00f3n de la adecuaci\u00f3n que hicieran de la actuaci\u00f3n de arbitraje nacional a internacional, en audiencia del 23 de mayo subsiguiente, los integrantes de la colegiatura arbitral renunciaron conjuntamente (fl. 510 Cd principal 2). <\/p>\n
15. Cumplida la recomposici\u00f3n del tribunal, el 29 de agosto de la anualidad precitada se concedi\u00f3 a los contrincantes el plazo de ocho (8) d\u00edas para que de com\u00fan acuerdo o separadamente manifestaran, \u00absi as\u00ed fuere su deseo\u00bb, sobre la naturaleza del arbitraje, de lo contrario, se continuar\u00eda conociendo en pleito bajo el \u00abprocedimiento propio de un arbitraje internacional\u00bb (fl. 48 Cd principal 3 parte 1). <\/p>\n
16. Atendiendo las contingencias presentadas en el decurso del proceso, a trav\u00e9s de \u00aborden procesal No. 1\u00bb de 28 de septiembre de aquella anualidad, se ratific\u00f3 la calificaci\u00f3n de arbitraje internacional y se prorrog\u00f3 el t\u00e9rmino para proferir el laudo por seis (6) meses contados desde la \u00abcontestaci\u00f3n a la demanda de reconvenci\u00f3n\u00bb, en consideraci\u00f3n a que \u00abel cambio de calificaci\u00f3n del arbitramento de nacional a internacional ha generado demoras por el nombramiento de nuevos \u00e1rbitros y en atenci\u00f3n a las reiteradas solicitudes de la parte demandada\u00bb, fijando as\u00ed como l\u00edmite para adoptar el laudo el 28 de marzo de 2017 (fl. 76 Cd principal 3 parte 1). <\/p>\n
17. En esa misma data, mediante la \u00aborden procesal N\u00b0 2\u00bb, para efectos probatorios decidi\u00f3: \u00ab[T]eniendo en cuenta que la distinci\u00f3n entre testimonios interrogatorio de parte y testimonios de expertos (\u201cexperticias de parte\u201d) no es pertinente en el contexto del arbitraje internacional y que por lo tanto todos reciben el mismo tratamiento de testimonio, el tribunal decide que los testimonios que cada parte quiera hacer valer y que no hayan sido ya presentados de forma escrita deber\u00e1n presentarse dentro de los 20 d\u00edas calendarios siguientes a la fecha de esta orden procesal mediante declaraci\u00f3n escrita y firmada del testigo respectivo de acuerdo con el art. 3.2.6.2. del reglamento\u00bb. Agreg\u00f3, que \u00abpresentados los testimonios la parte contraria tendr\u00e1 10 d\u00edas calendario para manifestar si requiere una audiencia para interrogar al testigo o los testigos de su contraparte. en caso de silencio se entender\u00e1 que la parte interesada no requiere dicha audiencia\u00bb (fl. 86 Cd principal 3 parte 1). <\/p>\n
18. Agotado el tr\u00e1mite correspondiente, el laudo arbitral se profiri\u00f3 el 22 de marzo de 2017, y en \u00e9ste se hicieron condenas a cargo y a favor de ambas partes, pero acogiendo \u00absolicitud de la demandada en sus alegatos de conclusi\u00f3n, (p\u00e1gina 245 literal k), y ordena por lo tanto la compensaci\u00f3n de las condenas a favor de una y otra parte\u00bb, de suerte que estableci\u00f3 que \u00abde las anteriores condenas resulta una obligaci\u00f3n neta l\u00edquida a cargo de la parte demandada por COP$4.606\u2019836.184 adem\u00e1s del monto que resulte de la obligaci\u00f3n de la parte demandada por concepto de la garant\u00eda del a\u00f1o 2015, menos lo que resulte del pago de la parte demandante por la remuneraci\u00f3n contractual del a\u00f1o 2015 que o haya sido ya pagada y\/o no aparezca ya liquidada\u00bb (fl. 4-76 Cd principal 5). <\/p>\n
II. TR\u00c1MITE DEL RECURSO <\/p>\n
1. El 10 de agosto subsiguiente esta Corporaci\u00f3n admiti\u00f3 el remedio extraordinario planteado por la sociedad Pestana Inversiones S.L. (fl. 237, Cd. Corte), decisi\u00f3n frente a la cual las sociedades demandantes formularon recurso de reposici\u00f3n aduciendo su extemporaneidad; empero, en resoluci\u00f3n de 30 de julio de 2018, ese medio se desestim\u00f3 (fls 319 y 320 Ibidem). <\/p>\n
2. Las sociedades convocadas se opusieron a la impugnaci\u00f3n, para lo cual allegaron m\u00faltiples documentos como soporte de sus aseveraciones (fls 325 a 401 Cd Corte). <\/p>\n
III. FUNDAMENTOS DE LA ANULACI\u00d3N <\/p>\n
Pestana Inversiones S.L., invoc\u00f3 la configuraci\u00f3n de las causales de anulaci\u00f3n que se resumen a continuaci\u00f3n: <\/p>\n
1. Invalidez del laudo porque versa sobre una controversia no prevista en el acuerdo de arbitraje o contiene decisiones que exceden los t\u00e9rminos de este. <\/p>\n
Con fundamento en la causal contemplada en el literal c) del numeral 1\u00ba del art\u00edculo 108 de la Ley 1563 de 2012, la recurrente aleg\u00f3 que la relaci\u00f3n comercial que sostuvieron con las sociedades convocantes se fund\u00f3 en dos negocios jur\u00eddicos, cuyas finalidades y necesidades eran distintas. De un lado, celebraron un \u00abcontrato de administraci\u00f3n hotelera\u00bb, en el cual se regul\u00f3 \u00abla operaci\u00f3n y funcionamiento\u00bb del Hotel Pestana 100 y las obligaciones tanto del propietario como del operador. Por otra parte, suscribieron un \u00abcompromiso unilateral\u00bb, en el que se codificaron las \u00abconsecuencias derivadas de eventuales diferencias entre los resultados de la operaci\u00f3n del Hotel y los Presupuestos Anuales concertados por las partes\u00bb. <\/p>\n
Ambos convenios conten\u00edan disposiciones distintas y cl\u00e1usulas para la soluci\u00f3n de conflictos independientes; as\u00ed, en el pacto de gerencia los contendientes capitularon los t\u00e9rminos y condiciones para administrar el hospedaje y que sus disputas ser\u00edan resueltas por un Tribunal de Arbitramento, conforme a las \u00abreglas establecidas en el Reglamento del Centro de Arbitraje y Conciliaci\u00f3n de la C\u00e1mara de Comercio de Bogot\u00e1\u00bb, debiendo decidir \u00aben derecho con sujeci\u00f3n a las disposiciones del derecho sustantivo y procesal de la Rep\u00fablica de Colombia\u00bb; y en el \u00abcompromiso unilateral\u00bb se dispuso que su finalidad consist\u00eda en \u00abcubrir los desfases entre los Presupuestos Anuales acordados a\u00f1o a a\u00f1o por las partes y el resultado de la operaci\u00f3n del Hotel\u00bb y en cuanto a las diferencias, fueran dirimidas por los \u00abjueces espa\u00f1oles y bajo las leyes espa\u00f1olas\u00bb, tal y como fue aceptado por las compa\u00f1\u00edas accionantes en varias comunicaciones que se cruzaron entre s\u00ed durante los actos preparatorios de los contratos en menci\u00f3n. <\/p>\n
Expres\u00f3 que, dado que las pretensiones de la demanda iban encaminadas a obtener el cumplimiento de las prestaciones descritas en el \u00abcompromiso unilateral\u00bb, el juzgador arbitral carec\u00eda de habilitaci\u00f3n para pronunciarse de fondo sobre este \u00faltimo convenio, precisamente porque la voluntad de los negociantes fue que las disconformidades frente a \u00e9ste fueran solucionadas a la luz de la legislaci\u00f3n espa\u00f1ola y por funcionarios judiciales de esa nacionalidad. <\/p>\n
De esta manera, afirm\u00f3 la impugnante, el colegiado \u00abexcedi\u00f3 el alcance de la cl\u00e1usula compromisoria\u00bb prevista en el \u00abcontrato de administraci\u00f3n\u00bb y se pronunci\u00f3 de fondo sobre \u00abmaterias no previstas en dicha cl\u00e1usula\u00bb, so pretexto de que las obligaciones pactadas en el \u00abcompromiso unilateral\u00bb estaban coligadas e \u00abincorporadas impl\u00edcitamente\u00bb a aquel acuerdo, con lo cual, invadi\u00f3 la \u00f3rbita del \u00abjuez espa\u00f1ol\u00bb, quien por expresa disposici\u00f3n de los adversarios era el \u00fanico competente para juzgar las consecuencias legales del incumplimiento solicitado en el escrito genitor, conforme la ley de ese pa\u00eds. <\/p>\n
Adicionalmente, el Tribunal Arbitral dict\u00f3 una decisi\u00f3n \u00abextra petita\u00bb, al condenar a la convocada al pago de \u00abla diferencia entre el 80% del GOP\u00bb y el \u00abvalor efectivamente logrado para el a\u00f1o 2015\u00bb, pese a que ese reembolso no fue objeto de las aspiraciones del litigio. <\/p>\n
2. Invalidez del laudo porque el procedimiento que culmin\u00f3 con su expedici\u00f3n no se ajust\u00f3 al acuerdo entre las partes. <\/p>\n
Con sustento en el motivo previsto en el literal d) del numeral 1\u00ba del art\u00edculo 108 del estatuto arbitral, la impugnante pidi\u00f3 la anulaci\u00f3n del laudo por haber desconocido la autonom\u00eda de la voluntad de los contratantes, quienes pactaron resolver sus controversias mediante un \u00abarbitraje nacional\u00bb y no un \u00abarbitraje internacional\u00bb, como lo concluy\u00f3 el juez plural. <\/p>\n
A ese respecto, la inconforme adujo que la cl\u00e1usula compromisoria se concert\u00f3 el \u00ab22 de junio de 2012\u00bb, pues as\u00ed se infiere de la \u00abconfesi\u00f3n\u00bb de las reclamantes en el libelo inaugural y del intercambio de comunicaciones entre los contrincantes. En esa medida, como aqu\u00e9l arreglo se llev\u00f3 a cabo en la data se\u00f1alada, la norma vigente para la \u00e9poca era la \u00abLey 315 de 1996\u00bb, la cual \u00abexig\u00eda un pacto expreso de las partes en el sentido de someter sus disputas a un arbitraje internacional\u00bb. <\/p>\n
Que la intenci\u00f3n \u00abinequ\u00edvoca\u00bb de los adversarios fue someter sus diferencias a un \u00abarbitraje nacional\u00bb, al acordar que la designaci\u00f3n de los \u00e1rbitros se har\u00eda de la \u00abLista A, lista que solo existe para los arbitrajes nacionales\u00bb; sostuvieron que optaron por la aplicaci\u00f3n del reglamento del Centro de Arbitraje y Conciliaci\u00f3n de la C\u00e1mara de Comercio de Bogot\u00e1 que \u00abpara el a\u00f1o 2012 solo exist\u00eda para el arbitraje nacional\u00bb. Es m\u00e1s, la elecci\u00f3n, aceptaci\u00f3n y nombramiento de los jueces arbitrales se adelant\u00f3 con fundamento en los art\u00edculos 14 a 18 de la Ley 1563 de 2012, y la audiencia de instalaci\u00f3n, la admisi\u00f3n de la demanda principal, la inadmisi\u00f3n del escrito de reconvenci\u00f3n y la integraci\u00f3n del \u00ablitisconsorcio necesario en la parte activa\u00bb se hizo con base en el T\u00edtulo I de esa legislaci\u00f3n y en las disposiciones del C\u00f3digo General del Proceso, preceptos aplicables al \u00abarbitraje nacional\u00bb. <\/p>\n
Es as\u00ed, que \u00ablas partes nunca habilitaron un Tribunal Arbitral de naturaleza internacional para solucionar sus disputas\u00bb, no obstante, el juzgador \u00abdesconociendo en forma flagrante lo pactado por las partes en cuanto al procedimiento, tramit\u00f3 el Proceso Arbitral bajo normas que le son ajenas a la Cl\u00e1usula Compromisoria\u00bb. <\/p>\n
3. Nulidad del laudo porque \u00abel pacto arbitral que dio origen al proceso no es v\u00e1lido para que se adelante, con base en este, un proceso arbitral de naturaleza internacional\u00bb. <\/p>\n
Con fundamento en la causal prevista en el literal a) del numeral 1\u00ba del art\u00edculo 108 de la Ley 1563 de 2012, la activante pide la anulaci\u00f3n del laudo con argumentos similares a los planteados en la anterior acusaci\u00f3n, valga decir, porque el Tribunal err\u00f3 al aplicar la legislaci\u00f3n aludida, pese a que la \u00abcl\u00e1usula compromisoria\u00bb fue convenida en vigor de la Ley 315 de 1996, la cual exige el pacto expreso de los contendientes para adelantar un arbitraje internacional. <\/p>\n
4. Invalidez del laudo porque la \u00abtransformaci\u00f3n del proceso de un arbitraje nacional a uno internacional vulner\u00f3 los derechos de defensa y al debido proceso de Pestana\u00bb. <\/p>\n
En virtud del motivo dispuesto en el literal b) del numeral 1\u00ba del art\u00edculo 108 de la Ley 1563 de 2012, la recurrente aspira anular el laudo porque el Tribunal al transformar el tr\u00e1mite arbitral de nacional a internacional, le impidi\u00f3 ejercer sus derechos al debido proceso y a la defensa. <\/p>\n
Como soporte de su queja, refiri\u00f3 que solicit\u00f3 la realizaci\u00f3n de los testimonios con la convicci\u00f3n de que ser\u00edan interrogados por ambas partes como lo establece la ley de enjuiciamiento civil colombiana, no obstante, el cambio del procedimiento de \u00abarbitraje nacional a internacional\u00bb, trajo consigo que el juez plural recibiera la declaraci\u00f3n de los deponentes por escrito, lo cual, tuvo como efecto que fuera ignorado en la decisi\u00f3n combatida lo dicho por el se\u00f1or Luis Araujo, \u00abquien negoci\u00f3 y firm\u00f3 el contrato y su declaraci\u00f3n oral era medular para el presente proceso\u00bb. <\/p>\n
Adicionalmente, la prueba pericial no fue practicada en debida forma, pues, en primer lugar, el experto omiti\u00f3 analizar la informaci\u00f3n entregada por Pestana Inversiones S.L. y, adem\u00e1s, el Tribunal Arbitral \u00abno atendi\u00f3 la solicitud de complementaci\u00f3n y aclaraci\u00f3n\u00bb que aquella present\u00f3 frente a las conclusiones del concepto t\u00e9cnico. En segundo t\u00e9rmino, exist\u00edan \u00absoportes contables de la operaci\u00f3n del hotel\u00bb en poder de las demandantes, en los cuales se acreditaba la afectaci\u00f3n del \u00ablucro cesante\u00bb padecido por la compa\u00f1\u00eda demandada a causa del incumplimiento del contrato objeto del pleito, empero, esos documentos no fueron remitidos al perito y el juzgador tampoco \u00aborden\u00f3 o requiri\u00f3\u00bb el env\u00edo de \u00e9stos, lo que conllev\u00f3 a que se reconociera a t\u00edtulo de dichos menoscabos \u00abuna suma muy inferior a la suma real\u00bb. <\/p>\n
Por \u00faltimo, dijo la inconforme que el plazo de seis (6) meses para proferir el laudo fue desconocido por el colegiado, toda vez que las convocantes realizaron la contestaci\u00f3n de la demanda de reconvenci\u00f3n el 31 de diciembre de 2015, por lo que el t\u00e9rmino aludido finalizaba el \u00ab31 de junio de 2016\u00bb. Ahora, el juez arbitral otorg\u00f3 un intervalo adicional para que la contraparte complementara su oposici\u00f3n, lo cual hizo el 28 de marzo de 2016, sin embargo, esta \u00faltima data no puede tenerse en cuenta como el agotamiento de aquel acto procesal, pues las empresas demandantes manifestaron su intenci\u00f3n de no modificar lo alegado en la oportunidad primigenia. <\/p>\n
En esas condiciones, expres\u00f3 la recurrente, todo lo actuado a partir de \u00ab31 de junio de 2016\u00bb es \u00abinexistente y el (\u2026) proceso se desarroll\u00f3 habi\u00e9ndose presentado una causal de cese de funciones del Tribunal Arbitral\u00bb y, en consecuencia, se conculcaron las prerrogativas memoradas. <\/p>\n
IV. OPOSICI\u00d3N DE LOS VINCULADOS <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. De acuerdo con lo previsto en el inciso 2\u00ba del art\u00edculo 68 de la Ley 1563 de 2012, esta Corporaci\u00f3n es competente para resolver los recursos de anulaci\u00f3n formulados contra laudos proferidos en tr\u00e1mites arbitrales de naturaleza internacional, con sustento en las causales taxativamente previstas en la ley; supuestos que se configuran en el presente asunto. <\/p>\n
Lo anterior, por cuanto la providencia impugnada es el laudo arbitral de fecha 22 de marzo de 2017, aclarado mediante providencia de 13 de junio del mismo a\u00f1o, proferido por un tribunal arbitral administrado por el Centro de Arbitraje y Conciliaci\u00f3n de la C\u00e1mara de Comercio de Bogot\u00e1, cuya sede fue esta ciudad de la Rep\u00fablica de Colombia, integrado para dirimir la controversia planteada por las sociedades Sar1 S.A.S., Sar2 S.A.S., Sar3 S.A.S., Sar4 S.A.S. y Sarasti & Cia. S.A.S., contra Pestana Inversiones S.L., siendo esta \u00faltima una sociedad constituida bajo las leyes del Reino de Espa\u00f1a, las restantes empresas son de origen colombiano. <\/p>\n
Adicionalmente, porque se ha cumplido con el traslado de rigor que prev\u00e9 el art\u00edculo 109 del estatuto arbitral, por lo que es del caso que, sin que haya lugar a m\u00e1s tr\u00e1mite, se profiera la sentencia correspondiente que desate la impugnaci\u00f3n impetrada. <\/p>\n
2. El canon 107 Ib\u00eddem establece que frente al laudo arbitral procede el recurso de anulaci\u00f3n limit\u00e1ndolo solamente a los motivos previstos en el canon 108 ejusdem, adem\u00e1s, restringe la posibilidad de que la autoridad judicial, en este caso la Corte, se pronuncie \u00absobre el fondo de la controversia\u00bb o califique los \u00abcriterios, valoraciones probatorias, motivaciones o interpretaciones expuestas por el tribunal arbitral\u00bb. <\/p>\n
Al respecto, la Sala ha considerado que: <\/p>\n
\u00abSu procedencia est\u00e1 restringida en gran medida, y de manera particular porque solo es dable alegar a trav\u00e9s de \u00e9l las precisas causales que taxativamente enumera la ley con lo que es bastante para destacar que se trata de un recurso limitado y dispositivo. Su naturaleza jur\u00eddica especial as\u00ed advertida, sube m\u00e1s de punto si se observa que a trav\u00e9s de dichas causales no es posible obtener, stricto sensu, que la cuesti\u00f3n material dirimida por los \u00e1rbitros pueda ser reexaminada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial que conozca de la impugnaci\u00f3n. No se trata, pues, de un recurso para revisar o replantear lo que ya fue objeto de decisi\u00f3n mediante arbitramento, como en tal caso, entre otras cosas, muy f\u00e1cil quedar\u00eda desnaturalizar la teleolog\u00eda de acudir a ese tipo de administraci\u00f3n de justicia. Si tal se permitiese, ciertamente en nada habr\u00edan avanzado las partes (\u2026). Por el contrario, las causales de anulaci\u00f3n del laudo miran es el aspecto procedimental del arbitraje, y est\u00e1n inspiradas porque los m\u00e1s preciados derechos de los litigantes no hayan resultado conculcados por la desviaci\u00f3n procesal del arbitramento\u201d. (Sentencia 13 de junio de 1990). Posteriormente se\u00f1alo: \u201cPor esta v\u00eda no es factible revisar las cuestiones de fondo, que contenga el laudo ni menos a\u00fan las apreciaciones cr\u00edticas, l\u00f3gicas o hist\u00f3ricas en que se funda en el campo de la prueba, sino que su cometido es el de controlar el razonable desenvolvimiento de la instancia arbitral\u201d (CSJ SC de 21 de feb. de 1996, Rad. 5340, criterio reiterado en CSJ SC5677-2018, 19 dic.). <\/p>\n
3. Bajo el anterior panorama, la Sala sol\u00f3 est\u00e1 habilitada para emprender el estudio el laudo arbitral con observancia en las causales previstas en el art\u00edculo 108 del estatuto arbitral, bien que sean solicitadas por las partes (numeral 1\u00ba) ora de oficio (numeral 2\u00ba). Las reservadas a las partes son las siguientes: <\/p>\n
a) \u00abQue para el momento del acuerdo de arbitraje estaba afectada por alguna incapacidad; o que dicho acuerdo no es v\u00e1lido en virtud de la ley a que las partes lo han sometido, o si nada se hubiera indicado a este respecto, en virtud de la ley colombiana\u00bb; o <\/p>\n
b) \u00abQue no fue debidamente notificada de la designaci\u00f3n de un \u00e1rbitro o de la iniciaci\u00f3n de la actuaci\u00f3n arbitral o no pudo, por cualquiera otra raz\u00f3n, hacer valer sus derechos\u00bb; o <\/p>\n
c) \u00abQue el laudo versa sobre una controversia no prevista en el acuerdo de arbitraje o contiene decisiones que exceden los t\u00e9rminos del acuerdo de arbitraje. No obstante, si las disposiciones del laudo que se refieren a las cuestiones sometidas al arbitraje pueden separarse de las que no lo est\u00e1n, s\u00f3lo se podr\u00e1n anular estas \u00faltimas\u00bb; o <\/p>\n
d) \u00abQue la composici\u00f3n del tribunal arbitral o el procedimiento arbitral no se ajustaron al acuerdo entre las partes, salvo que dicho acuerdo estuviera en conflicto con una disposici\u00f3n de esta secci\u00f3n de la que las partes no pudieran apartarse o, a falta de dicho acuerdo, que no se ajustaron a las normas contenidas en esta secci\u00f3n de la ley\u00bb. <\/p>\n
Con relaci\u00f3n a las que la autoridad judicial puede analizar de oficio se encuentran: a) cuando conforme a la legislaci\u00f3n patria \u00abel objeto de la controversia no es susceptible de arbitraje\u00bb; o b) en el evento en que el \u00ablaudo sea contrario al orden p\u00fablico internacional de Colombia\u00bb. <\/p>\n
Con todo, ha de tenerse en cuenta que al ser el recurso de anulaci\u00f3n un mecanismo extraordinario, las irregularidades en que se encuadran las causales referidas, debieron ser alegadas por el recurrente en el marco del tr\u00e1mite arbitral, pues, este medio excepcional no es una instancia adicional para debatir a \u00faltima hora situaciones que pudieron remediarse en el escenario natural y a trav\u00e9s de las herramientas all\u00ed dispuestas. <\/p>\n
4. Para el caso que ocupa la atenci\u00f3n de la Corte se abordar\u00e1 el alcance de las causales que fueron arg\u00fcidas por la sociedad impugnante en el orden propuesto por \u00e9sta y que fundamentan el pedido de anulaci\u00f3n, para luego entrar en el estudio concreto del caso. <\/p>\n
4.1. \u00abQue el laudo versa sobre una controversia no prevista en el acuerdo de arbitraje o contiene decisiones que exceden los t\u00e9rminos del acuerdo de arbitraje (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
De acuerdo con lo previsto en el art\u00edculo 69 \u00cddem, en materia de \u00abarbitraje internacional\u00bb, el acuerdo que de \u00e9l emana, es aquel mediante el cual las personas convienen solucionar sus pugnas a trav\u00e9s de un Tribunal, ya sea, respecto de una \u00abrelaci\u00f3n jur\u00eddica contractual, o no\u00bb. Una de las caracter\u00edsticas principales que se desprende de esta definici\u00f3n es que impera el principio de \u00abvoluntariedad o libre habilitaci\u00f3n\u00bb, esto es, que los interesados mediante un negocio jur\u00eddico acuerdan aut\u00f3nomamente supeditar sus conflictos al conocimiento de un tercero, de ah\u00ed que, deciden \u00absustraer la resoluci\u00f3n de sus disputas del sistema estatal de administraci\u00f3n de justicia y atribuirla a particulares\u00bb (Corte Constitucional, sentencia C-170 de 2014). Es as\u00ed como, en virtud de ese axioma, las partes pueden convenir aspectos como la conformaci\u00f3n del colegiado, el lugar de funcionamiento, la escogencia del centro de arbitraje, sus reglas y la ley aplicable en lo tocante a lo sustancial y procedimental. <\/p>\n
Del motivo aludido se desglosan dos (2) hip\u00f3tesis para que proceda la invalidaci\u00f3n de la decisi\u00f3n, esto es, que el laudo resuelva sobre materias no contempladas en el pacto arbitral, o que contenga decisiones que exceden los \u00abt\u00e9rminos del acuerdo de arbitraje\u00bb. <\/p>\n
En lo atinente al primer evento, esta Sala ha dicho que: <\/p>\n
\u00abante esa competencia delegada que tienen los \u00e1rbitros, estos \u00fanicamente est\u00e1n llamados a pronunciarse en relaci\u00f3n con las especificas materias que de forma indubitable quisieron las partes sustraer de la jurisdicci\u00f3n ordinaria, y que sean susceptibles de ser resueltas por medio de arbitraje, motivo por el cual, se podr\u00e1 anular el laudo cuando el tribunal de arbitramento decide sobre aspectos no comprendidos en el pacto arbitral; de tal manera que la configuraci\u00f3n o no de dicha causal se determina a partir de una comparaci\u00f3n objetiva entre el contenido del acuerdo arbitral y el objeto de la controversia definida por los \u00e1rbitros, amen que cualquier otra consideraci\u00f3n implicar\u00eda una intervenci\u00f3n inadmisible al aspecto sustancial, que le est\u00e1 vedada al juez de la anulaci\u00f3n\u00bb (CSJ SC5677-2018, 19 dic.). <\/p>\n
En cuanto a que el laudo rebas\u00f3 lo dispuesto por los contrincantes en el \u00abacuerdo de arbitraje\u00bb, esta Corporaci\u00f3n ha dicho que: <\/p>\n
\u00abhace referencia a un exceso en la decisi\u00f3n arbitral, esto es, que los \u00e1rbitros resuelven parcialmente por fuera de lo autorizado en el pacto, evento en el cual la valoraci\u00f3n de su configuraci\u00f3n o no debe realizarse con id\u00e9ntico rigor que en el anterior, pero como bien lo autoriza el propio ordenamiento \u2018si las disposiciones del laudo que se refieren a las cuestiones sometidas al arbitraje pueden separarse de las que no lo est\u00e1n, solo se podr\u00e1n anular estas \u00faltimas\u2019, permitiendo de esta forma que se mantengan inc\u00f3lumes aquellas determinaciones que s\u00ed estuvieron ajustadas a los precisos senderos convenidos en el pacto arbitral\u00bb (Ib\u00eddem). <\/p>\n
Como se observa, en este motivo de invalidez la autoridad judicial realiza un examen objetivo entre la cl\u00e1usula compromisoria y lo decidido por el juez arbitral, por ende, la labor del recurrente se encamina a demostrar el desatino en que se incurri\u00f3 en el fallo, eso s\u00ed, sin que pueda discutirse aspectos sustanciales y de valoraci\u00f3n probatoria, ni elaborar esfuerzos alambicados para acreditar la procedencia de aquella causal de anulaci\u00f3n, pues el desacierto denunciado debe ser manifiesto en la determinaci\u00f3n combatida, esto es, que el Tribunal haya estudiado temas no previstos por los adversarios en el acuerdo arbitral, o que se hubiese sobrepasado lo pactado por \u00e9stos. <\/p>\n
Adicionalmente, \u00abpara determinar el alcance del pacto deber\u00e1 acudirse a las reglas de interpretaci\u00f3n del negocio jur\u00eddico, as\u00ed como al principio pro-arbitraje, teniendo en cuenta su amplitud o limitaci\u00f3n, al igual que la remisi\u00f3n que hagan las partes a las reglas que han de gobernarlos\u00bb (\u00cddem). <\/p>\n
Finalmente, ha estimado la jurisprudencia de esta Corte que en trat\u00e1ndose de la causal en comento, no es posible alegar propiamente la \u00abcongruencia prevista en el procedimiento civil colombiano, ya que, en dicho \u00e1mbito, la figura se encuentra referida, no al contenido de actos como el \u00abpacto arbitral\u00bb, sino al texto de la demanda, seg\u00fan se infiere del art\u00edculo 281 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb (CSJ SC5207-2017, 18 abr.) <\/p>\n
4.2. \u00abQue la composici\u00f3n del tribunal arbitral o el procedimiento arbitral no se ajustaron al acuerdo entre las partes, salvo que dicho acuerdo estuviera en conflicto con una disposici\u00f3n de esta secci\u00f3n de la que las partes no pudieran apartarse o, a falta de dicho acuerdo, que no se ajustaron a las normas contenidas en esta secci\u00f3n de la ley\u00bb. <\/p>\n
Como ya se dijo, una de las caracter\u00edsticas primordiales de este mecanismo alternativo de soluci\u00f3n de conflictos es la \u00abvoluntariedad o libre habilitaci\u00f3n\u00bb, la cual se concreta, entre otros aspectos, en la posibilidad que tienen los contendientes para definir la conformaci\u00f3n del Tribunal arbitral y las pautas con las que ha de adelantarse las diligencias. <\/p>\n
Con relaci\u00f3n al primer \u00edtem, el art\u00edculo 72 establece que \u00ab[l]as partes podr\u00e1n determinar libremente el n\u00famero de \u00e1rbitros, que, en todo caso, ser\u00e1 impar. A falta de tal acuerdo, los \u00e1rbitros ser\u00e1n tres\u00bb. En este caso, operar\u00e1 la anulaci\u00f3n del laudo cuando se desconozca la autonom\u00eda de los adversarios en la determinaci\u00f3n del n\u00famero de \u00e1rbitros, en las calidades que deben ostentar o en el m\u00e9todo para su elecci\u00f3n. <\/p>\n
Por otro lado, el canon 92 Ib\u00eddem tambi\u00e9n establece la facultad para que los interesados ajusten el procedimiento del arbitraje o pacten que \u00e9ste se haga conforme a un reglamento en particular \u00absin necesidad de acudir a las normas procesales de la sede del arbitraje\u00bb, en caso contrario, esa potestad la asume el Tribunal, quien podr\u00e1 fijar las reglas del litigio, incluyendo lo concerniente a la \u00abadmisibilidad, la pertinencia y el valor de las pruebas\u00bb. <\/p>\n
Sobre la eventualidad de que sean los adversarios quienes acuerden el tr\u00e1mite del arbitraje, ha dicho la Sala que: <\/p>\n
\u00abconstituye una exteriorizaci\u00f3n m\u00e1s del ejercicio de la autonom\u00eda de la voluntad, que permite a las partes convenir libremente el procedimiento al que deber\u00e1n ajustarse los \u00e1rbitros en todas sus actuaciones, ya sea a partir de criterios particulares como son; n\u00famero y forma de designaci\u00f3n y calidad de los \u00e1rbitros y su forma de reemplazarlos de ser necesario, idioma que se utilizar\u00e1 en las actuaciones, aportaci\u00f3n de pruebas, pr\u00e1ctica de audiencias t\u00e9rminos, entre otros, sin que en todo caso tenga un car\u00e1cter absoluto, habida cuenta que se deber\u00e1n tomar en consideraci\u00f3n que aquellas estipulaciones no contrar\u00eden algunas directrices fijadas en la ley y que resulten de imperativo acatamiento, como ser\u00eda en trato igualitario o que cada una de ellas tenga plena oportunidad de hacer valer sus derechos (art. 91 ley 1563 de 2012). Tambi\u00e9n podr\u00e1n acordar que el arbitraje se sujete a las reglas preestablecidas en un determinado reglamento arbitral, como ser\u00edan los referidos en la Ley Modelo de la CNUDMI, la Comisi\u00f3n Interamericana de Arbitraje Internacional, o la C\u00e1mara de Comercio Internacional, entre otros\u00bb (CSJ SC5677-2018, 19 dic.). <\/p>\n
Ahora, si es el juzgador quien fija el dechado del pleito, la Corte ha considerado que \u00ablos \u00e1rbitros dirigir\u00e1n el arbitraje del modo que consideren apropiado, sin que les resulte forzoso acudir a las normas procesales que rigen en la sede del arbitraje, salvo que las partes hayan pactado una ley procesal diferente, pero haciendo efectiva la garant\u00eda ius fundamental al debido proceso, atendiendo para ello los par\u00e1metros que en general prev\u00e9 la ley para el ejercicio de la funci\u00f3n arbitral, acorde con las facultades que se reconocen en los convenios internacionales avalados por Colombia\u00bb (Ib\u00eddem). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, esta causal se configura, de un lado, cuando el juez arbitral adelanta el juicio apart\u00e1ndose de las pautas convenidas por los contendientes o, en ausencia de ello, desatiende el reglamento previamente fijado por aquel. En palabas de la Corte: <\/p>\n
\u00abSe tiene entonces, que la causal de anulaci\u00f3n referida en el literal d) del citado art\u00edculo 108 se puede configurar, cuando el tribunal desatiende injustificadamente aquellas pautas de procedimiento fijadas por las partes, bien por definici\u00f3n directa o por remisi\u00f3n a un reglamento arbitral, siempre que la omisi\u00f3n recaiga sobre todo el tr\u00e1mite y no de una actuaci\u00f3n determinada, o que con ello se haya vulnerado el derecho de contradicci\u00f3n y defensa y, pese a ser puesto en conocimiento del tribunal por el afectado, no se hubieran adoptado las medidas para superar la vulneraci\u00f3n, caso contrario, si estas no hacen manifestaci\u00f3n alguna en relaci\u00f3n con la mec\u00e1nica procesal, no habr\u00e1 lugar a cuestionamientos posteriores. <\/p>\n
Tambi\u00e9n se configura cuando sin que medie autorizaci\u00f3n expresa de las partes para que se profiera un fallo en equidad, el tribunal procede as\u00ed, dejando de aplicar las normas que aquellos acordaron para la definici\u00f3n del caso\u00bb (\u00cddem). <\/p>\n
4.3. \u00abQue para el momento del acuerdo de arbitraje estaba afectada por alguna incapacidad; o que dicho acuerdo no es v\u00e1lido en virtud de la ley a que las partes lo han sometido, o si nada se hubiera indicado a este respecto, en virtud de la ley colombiana\u00bb. <\/p>\n
Al igual que las dem\u00e1s causales, el legislador extrajo el motivo bajo estudio del \u2018art\u00edculo V\u2019 de la Convenci\u00f3n sobre el Reconocimiento y Ejecuci\u00f3n de las Sentencias Arbitrales Extranjeras suscrita en Nueva York el 10 de junio de 1958, seg\u00fan el cual se denegar\u00e1 \u00abel reconocimiento y la ejecuci\u00f3n de la sentencia, a instancia de la parte contra la cual es invocada, si esta parte prueba ante la autoridad competente del pa\u00eds en que se pide el reconocimiento y la ejecuci\u00f3n: a) Que las partes en el acuerdo a que se refiere el art\u00edculo II estaban sujetas a alguna incapacidad en virtud de la ley que es aplicable o que dicho acuerdo no es v\u00e1lido en virtud de la ley a que las partes lo han sometido, o si nada se hubiera indicado a este respecto, en virtud de la ley del pa\u00eds en que se haya dictado la sentencia\u00bb. <\/p>\n
Conforme a esta causal, el laudo es anulable por dos razones: (i) bien que alguna de las partes o ambas para el momento de la celebraci\u00f3n del acuerdo arbitral estuviera afectada por incapacidad jur\u00eddica para suscribirlo; (ii) ora porque dicha convenci\u00f3n es inv\u00e1lida a la luz de la legislaci\u00f3n escogida por los contendientes para la soluci\u00f3n de sus disputas o, a falta de ello, en virtud del ordenamiento patrio. <\/p>\n
Al respecto, en el pasado la Corte fij\u00f3 unos lineamientos con el prop\u00f3sito de adentrarse al estudio de la causal aludida, al considerar que: <\/p>\n
\u00abseg\u00fan la ley 1563, deber\u00e1 tenerse en cuenta la estipulaci\u00f3n de derecho aplicable, pues existe libertad de los contratantes para su determinaci\u00f3n. En ausencia de convenci\u00f3n, el sistema normativo residual ser\u00e1 el nacional, compuesto por las disposiciones especiales sobre la materia, as\u00ed como el r\u00e9gimen general de obligaciones y contratos, a saber: <\/p>\n
(a) El art\u00edculo II de la CNY de 1958 prescribe que los acuerdos arbitrales deben ser reconocidos por los pa\u00edses suscriptores cuando exista un convenio entre los interesados, el mismo conste por escrito, recaiga sobre materias arbitrables y que no existan motivos de nulidad, ineficacia o inaplicabilidad. <\/p>\n
La doctrina, al explicar este canon, ha se\u00f1alado que del mismo se extraen tres (3) condiciones: (i) \u00ablas partes no pueden estar sujetas a ninguna \u2018incapacidad\u2019 para concluir un acuerdo arbitral\u00bb, (ii) \u00abque las partes consientan al arbitraje. Lo anterior exige la existencia de un acuerdo que, tal y como sucede con otros tipos de acuerdos, est\u00e9 sujeto a determinadas normas destinadas a proteger a las partes de su vinculaci\u00f3n a un acuerdo que no sea fruto de la voluntariedad debido a vicios del consentimiento tales como la coacci\u00f3n, el fraude, el error o la \u2018unconscionability\u2019\u00bb, y (iii) que \u00abdebe cumplir con ciertos requisitos de forma\u00bb1. <\/p>\n
(b) El art\u00edculo 1502 del C\u00f3digo Civil ordena que, para que una persona se obligue por una convenci\u00f3n, es necesario que haya un acto o declaraci\u00f3n de voluntad, que sea capaz, que consienta, que el consentimiento no adolezca de vicios, que recaiga sobre un objeto l\u00edcito y que la causa tambi\u00e9n lo sea. <\/p>\n
(c) La regulaci\u00f3n especial ha exigido que el pacto conste por escrito. En anta\u00f1o, el C\u00f3digo de Comercio impon\u00eda que fuera por escritura p\u00fablica o documento autenticado (art\u00edculo 2011); norma derogada por el art\u00edculo 3\u00b0 del decreto 2279 de 1989, que flexibiliz\u00f3 la exigencia al imponer \u00fanicamente el escrito, lo que fue reiterado por el art\u00edculo 117 de la ley 446 de 1998. <\/p>\n
El mandato 69 del actual estatuto moriger\u00f3 la necesidad de esta formalidad, al otorgar efectos jur\u00eddicos a cualquier acto inequ\u00edvoco de sometimiento a este mecanismo de soluci\u00f3n de controversias, al margen de su forma de expresi\u00f3n. <\/p>\n
(d) Doctrinariamente se exige que el pacto arbitral sea preciso, de suerte que no haya vac\u00edos o contradicciones que lo hagan inaplicable, porque en este caso deber\u00e1 rehusarse la eficacia de la estipulaci\u00f3n por su patolog\u00eda. Los dem\u00e1s defectos son superables en virtud del principio pro-arbitraje, que obliga a preferir la interpretaci\u00f3n que favorezca la validez de este mecanismo y de prevalencia a la intenci\u00f3n de las partes de sustraer la controversia de la justicia estatal\u00bb (CSJ SC001-2019, 15 ene.). <\/p>\n
4.4. \u00abQue no fue debidamente notificada de la designaci\u00f3n de un \u00e1rbitro o de la iniciaci\u00f3n de la actuaci\u00f3n arbitral o no pudo, por cualquiera otra raz\u00f3n, hacer valer sus derechos\u00bb. <\/p>\n
De la lectura del mandato en comento se infiere que son tres los motivos por los que al abrigo de la Ley 1563 de 2012, se configura la causal memorada: a) por la falta de enteramiento de la \u00abdesignaci\u00f3n de un \u00e1rbitro\u00bb; b) por la ausencia de comunicaci\u00f3n sobre la \u00abiniciaci\u00f3n de la actuaci\u00f3n arbitral\u00bb; y c) porque el interesado no haya podido procurar la defensa de sus derechos en el escenario del tr\u00e1mite arbitral, por cualquier raz\u00f3n, siendo de inter\u00e9s para el sub lite la \u00faltima de las nombradas que se armoniza con lo dispuesto en el art\u00edculo 91 del estatuto arbitral, seg\u00fan el cual el \u00abtribunal arbitral tratar\u00e1 a las partes con igualdad y dar\u00e1 a cada una de ellas plena oportunidad de hacer valer sus derechos\u00bb. <\/p>\n
El fundamento de esta causal proviene del respeto a las garant\u00edas al debido proceso y a la defensa, en cuya virtud, verbigracia, los sujetos procesales tienen derecho a ser o\u00eddos, a aportar las pruebas que estimen pertinentes, a controvertir las allegadas por su contraparte y a recurrir las decisiones adoptadas por los \u00e1rbitros. <\/p>\n
Para la prosperidad de esta causal, la Sala ha trazado ciertos criterios, a saber: (i) en primer lugar, la vulneraci\u00f3n de las prerrogativas se\u00f1aladas debe ser \u00absustancial\u00bb, esto es, que \u00absea de tal relevancia que ciertamente afecte dicha garant\u00eda, pudiendo calificarse de tales, a modo ilustrativo, el rechazo injustificado de pruebas pertinentes y \u00fatiles, la celebraci\u00f3n de audiencias o diligencias en fechas distintas a las programadas, o no notificar oportuna y debidamente a las partes la fecha de su realizaci\u00f3n, impedir la contradicci\u00f3n de las pruebas arrimadas por las partes, entre otras\u00bb (Ib\u00eddem); (ii) en segundo t\u00e9rmino, le est\u00e1 vedado al recurrente discutir la valoraci\u00f3n de las probanzas o los razonamientos jur\u00eddicos realizados por el juzgador arbitral, so pretexto de hallar la configuraci\u00f3n de la trasgresi\u00f3n a sus prerrogativas (\u00cddem); (iii) no obstante, a trav\u00e9s de este mecanismo extraordinario se puede atacar las omisiones en que incurre el fallador en cuanto a las pruebas desde el punto de vista formal, es decir, \u00aben lo que hace a la exclusi\u00f3n injustificada, o incorporaci\u00f3n irregular, falta de contradicci\u00f3n, entre otras, y siempre que se trate de una prueba que resulte relevante para definir el sentido de la decisi\u00f3n, puesto que tal proceder trasgrede la garant\u00eda ius fundamental, que habilita el reclamo a trav\u00e9s del recurso de anulaci\u00f3n, teniendo el recurrente la carga argumentativa de demostrar la evidente trasgresi\u00f3n de las reglas procesales en detrimento de sus garant\u00edas\u00bb (Ib\u00eddem); y (iv) adem\u00e1s, el yerro probatorio \u00abdebe tener una incidencia directa en la decisi\u00f3n, sin que pueda, entonces, predicarse vulneraci\u00f3n al debido proceso por la mera discrepancia que pueda existir en materia de \u2018interpretaciones normativas y las apreciaciones probatorias en las decisiones judiciales, por ser ello de competencia de los jueces\u2019 (CSJ STC de 21 de julio de 1995, exp. N\u00b0 2397)\u00bb (Ib\u00eddem). <\/p>\n
5. Con fundamento en las premisas anteriores, para la Corte el presente recurso de anulaci\u00f3n deber\u00e1 declararse infundado por las siguientes razones: <\/p>\n
5.1. El primer ataque, la impugnante lo hizo al abrigo de la causal contemplada en el literal c) del numeral 1\u00ba del art\u00edculo 108 de la Ley 1563 de 2012, pues a su juicio, las pretensiones de la demanda principal iban encaminadas a obtener el pago de la \u00abgarant\u00eda\u00bb prevista en el negocio jur\u00eddico denominado \u00abcompromiso unilateral\u00bb, en tanto que la cl\u00e1usula compromisoria se convino para solucionar las disputas del \u00abcontrato de administraci\u00f3n\u00bb del Hotel Pestana Bogot\u00e1 100, en esa medida, el Tribunal estaba inhabilitado para pronunciarse de fondo respecto del primer acuerdo. De otro lado, denunci\u00f3 que el juez plural emiti\u00f3 un pronunciamiento \u00abextra petita\u00bb, ya que la demandada fue condenada al pago de una suma de dinero que no fue solicitada en los pedimentos del libelo inicial. <\/p>\n
5.1.1. En el numeral 8 del \u00abcontrato de administraci\u00f3n del Hotel \u2018Pestana Bogot\u00e1 100\u2019\u00bb los convencionistas regularon la remuneraci\u00f3n por la operaci\u00f3n del hospedaje, adicionalmente, en el punto 8.6 la sociedad convocada se comprometi\u00f3 a prestar una \u00abgarant\u00eda corporativa de su casa matriz en Espa\u00f1a, denominada \u2018COMPROMISO UNILATERAL DE PAGO COMO GARANT\u00cdA PARA RESPALDAR OBLIGACIONES CONTRACTUALES ADQUIRIDAS POR PESTANA INVERSIONES S.A. (sic)\u2019, por un valor total de USD$3.000.000.oo (Tres Millones de D\u00f3lares Americanos), convertida en Pesos Colombianos a la Tasa Representativa del Mercado certificada por el Banco de la Rep\u00fablica en la fecha de firma del Contrato, para cubrir desfases por debajo del 80% del UACF3 o GOP pactado en los presupuestos acordados anualmente, es decir, que si la Gerente cumple con el ochenta por ciento (80%) o m\u00e1s del GOP programado no se ejecuta la garant\u00eda, y si el GOP anual se sit\u00faa por debajo del ochenta por ciento (80%) se ejecuta por el monto que falte hasta cumplir el ochenta por ciento (80%) del GOP, previsto para aquel a\u00f1o\u00bb (fl. 173 vto., Cd. Corte). <\/p>\n
A continuaci\u00f3n, en el \u00edtem 15 respecto de la soluci\u00f3n de las controversias que pudieran surgir \u00abde la interpretaci\u00f3n o ejecuci\u00f3n de las disposiciones del contrato\u00bb acordaron la cl\u00e1usula compromisoria en los siguientes t\u00e9rminos: <\/p>\n
\u00abToda controversia o diferencia que surjan entre las partes, por raz\u00f3n o con ocasi\u00f3n del presente Contrato, ser\u00e1n sometidas a la decisi\u00f3n de un Tribunal de Arbitramento que funcionar\u00e1 de acuerdo con las reglas establecidas en el Reglamento del Centro de Arbitraje y Conciliaci\u00f3n de la C\u00e1mara de Comercio de Bogot\u00e1. <\/p>\n
El Tribunal estar\u00e1 integrado por tres (3) \u00e1rbitros, abogados con experiencia reconocida en derecho comercial, escogidos de com\u00fan acuerdo entre los contratantes. Si transcurridos quince (15) d\u00edas comunes, contados a partir del d\u00eda siguiente a la radicaci\u00f3n del escrito de convocatoria, las partes no se hubiesen puesto de acuerdo en torno al nombre de los \u00e1rbitros, los mismos ser\u00e1n designados por el Centro de Arbitraje y Conciliaci\u00f3n de la C\u00e1mara de Comercio de Bogot\u00e1 a petici\u00f3n de cualquiera de las partes, mediante sorteo p\u00fablico, tomando como base la lita A de \u00e1rbitros inscritos ante esa instituci\u00f3n. <\/p>\n
El Tribunal decidir\u00e1 en derecho con sujeci\u00f3n a las disposiciones del derecho sustantivo y procesal de la Rep\u00fablica de Colombia\u00bb (fl. 177 vto., Cd. Corte). <\/p>\n
En atenci\u00f3n a aquellas estipulaciones, las partes suscribieron el \u00abCOMPROMISO UNILATERAL DE PAGO COMO GARANT\u00cdA PARA RESPALDAR OBLIGACIONES CONTRACTUALES ADQUIRIDAS POR PESTANA INVERSIONES S.A. CON LAS SOCIEDADES SAR1, S.A.S., SAR2 S.A.S., SAR3 S.A.S. y SAR4 S.A.S.\u00bb, en virtud del cual, convinieron: <\/p>\n
\u00abA) La garant\u00eda que aqu\u00ed se constituye se har\u00e1 efectiva si la sociedad PESTANA INVERSIONES S.L., (\u2026) denominada en adelante \u2018LA GERENTE\u2019, no cumple, en cada a\u00f1o de ejecuci\u00f3n del CONTRATO DE ADMINISTRACI\u00d3N DEL HOTEL \u2018PESTANA BOGOT\u00c1 CIEN\u2019, con al menos el 80% de la Utilidad Antes de Cargos Fijos (UACF) o GOP (Gross Operating Profit) presupuestada para dichos periodos, seg\u00fan se definen estos t\u00e9rminos en el CONTRATO DE ADMINISTRACI\u00d3N DEL HOTEL \u2018PESTANA BOGOT\u00c1 CIEN\u2019. <\/p>\n
B) La garant\u00eda que aqu\u00ed se constituye consiste en que [Pestana Inversiones S.L.] cubrir\u00e1 a favor de [Sar1 S.A.S., Sar2 S.A.S., Sar3 S.A.S. y Sar4 S.A.S.] la diferencia negativa entre el valor correspondiente al 80% presupuestado para cada a\u00f1o de ejecuci\u00f3n del contrato y el valor efectivamente obtenido en cada periodo, con un l\u00edmite m\u00e1ximo de TRES MILLONES DE D\u00d3LARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AM\u00c9RICA (USD$ 3.000.000)\u00bb (fls. 181 y 182, Cd. Corte). <\/p>\n
Adem\u00e1s, en dicho pacto tambi\u00e9n acordaron que \u00ab[p]ara la resoluci\u00f3n de cualquier conflicto derivado de la presente garant\u00eda, las partes se someten a la jurisdicci\u00f3n de los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Madrid, para la resoluci\u00f3n de cualesquiera desavenencias que pudieran derivarse de esta garant\u00eda\u00bb (Ib\u00eddem). <\/p>\n
5.1.2. En el laudo objeto del recurso de anulaci\u00f3n, el Tribunal Arbitral resolvi\u00f3 cada una de las objeciones formuladas por la empresa extranjera respecto de su competencia, como pasa a verse (fls. 45 vto. a 50, Cd. Corte): <\/p>\n
\u00aba) El contrato y el denominado \u2018compromiso unilateral son negocios jur\u00eddicos independientes. <\/p>\n
En cuanto a que \u00abel \u2018compromiso unilateral\u2019 tienen cl\u00e1usulas de resoluci\u00f3n de conflictos excluyentes, incluyendo el primero la cl\u00e1usula compromisoria que da origen a este tribunal, con referencia a la ley sustantiva colombiana, y el segundo remitiendo toda controversia a los juzgados y tribunales de la ciudad de Madrid, con referencia a la ley sustantiva espa\u00f1ola\u00bb, consider\u00f3 el colegiado que: <\/p>\n
\u00absi bien es cierto que existe coligaci\u00f3n entre los contratos, tambi\u00e9n lo es que ambos documentos consagran mecanismos de soluci\u00f3n de controversias distintos, raz\u00f3n por la cual procede a delimitar el \u00e1mbito de aplicaci\u00f3n del uno y del otro. <\/p>\n
El tribunal tambi\u00e9n constata que ambos documentos se refieren a leyes aplicables distintas, pues el contrato de administraci\u00f3n se rige por la ley colombiana, mientras que el compromiso unilateral se rige por las leyes espa\u00f1olas. Con todo, el tribunal no encuentra que la sujeci\u00f3n de ambos instrumentos a leyes aplicables distintas, implique necesariamente la independencia entre uno y otro. De hecho en el derecho internacional privado, de tiempo atr\u00e1s, se acepta la posibilidad de que coexistan leyes aplicables distintas en el cuerpo normativo de un solo contrato\u00bb. <\/p>\n
En lo tocante a que \u00abla cl\u00e1usula arbitral contenida en el contrato no se puede extender al compromiso unilateral\u00bb, alegado por la compa\u00f1\u00eda for\u00e1nea demandada, el colegiado estim\u00f3 que: <\/p>\n
\u00abLa estipulaci\u00f3n espec\u00edfica de un mecanismo de resoluci\u00f3n de conflictos propio dentro del \u2018compromiso unilateral\u2019 excluye cualquier posible interpretaci\u00f3n que permita extender la cl\u00e1usula arbitral del contrato de administraci\u00f3n al \u2018compromiso unilateral\u2019. <\/p>\n
Al respecto el tribunal encuentra que el hecho de que el contrato de administraci\u00f3n y el \u2018compromiso unilateral\u2019 tengan mecanismos de soluci\u00f3n de conflictos distintos, no significa que el tribunal deje de lado, como elemento f\u00e1ctico o probatorio en el proceso, el contenido o los t\u00e9rminos del \u2018compromiso unilateral\u2019 para lo que resulte pertinente en lo que ata\u00f1e a la lectura e interpretaci\u00f3n del contrato de administraci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Con referencia a que \u00ab[t]odas y cada una de las pretensiones se Sarastri se encaminan a perseguir (sic.) declaraciones y condenas surgidas del Compromiso Unilateral, sobre las cuales las Partes no habilitaron a un tribunal arbitral para pronunciarse al respecto\u00bb, con base en las declaraciones brindadas por los representantes legales de las contendientes, el juez arbitral ultim\u00f3 que: <\/p>\n
\u00ab[L]a primera pretensi\u00f3n de la parte demandante solicita que se haga una declaraci\u00f3n con el origen del \u2018compromiso unilateral\u2019, pero las pretensiones subsiguientes son independientes de dicho \u2018compromiso unilateral\u2019. <\/p>\n
En cuanto a las dem\u00e1s pretensiones, cuando en el contrato de administraci\u00f3n la parte demandada se obliga a prestar una garant\u00eda corporativa denominada \u2018compromiso unilateral de pago\u2019 para cubrir desfases, ello supone la existencia como obligaci\u00f3n b\u00e1sica o inicial \u2013que es la que va a garantizarse por un eventual tercero- la de cubrir los desfases si llegaren a presentarse, o en otras palabras, de una garant\u00eda de resultados original en el contrato de administraci\u00f3n. En criterio del tribunal, la expresi\u00f3n \u2018en los t\u00e9rminos de la garant\u00eda\u2019, contenida en las pretensiones, no significa que el tribunal se deba pronunciar sobre la existencia o validez del referido compromiso unilateral, sino que debe evaluar los t\u00e9rminos o contenido de la garant\u00eda, como cuesti\u00f3n f\u00e1ctica o probatoria, para as\u00ed determinar si prosperan o no las pretensiones a la luz de las controversias surgidas del contrato de administraci\u00f3n. <\/p>\n
El \u2018compromiso unilateral\u2019, en cuanto a sus t\u00e9rminos o contenido, no pas\u00f3 a ser una reafirmaci\u00f3n de las obligaciones de garant\u00eda adquiridas por la parte demandada en el contrato de administraci\u00f3n a favor de la parte demandante\u00bb. <\/p>\n
5.1.3. Puestas en esa dimensi\u00f3n las cosas, la Corte aprecia que el reproche formulado por la recurrente se encauz\u00f3 a derruir los razonamientos y las valoraciones realizadas por el Tribunal Arbitral respecto de la interpretaci\u00f3n de la cl\u00e1usula compromisoria, el contrato de administraci\u00f3n objeto de las aspiraciones de la demanda y el \u00abcompromiso unilateral\u00bb. <\/p>\n
En efecto, en esa direcci\u00f3n apunt\u00f3 la impugnante, al discutir la conclusi\u00f3n a la que lleg\u00f3 el juzgador en torno a la \u00abcoligaci\u00f3n\u00bb que para \u00e9ste exist\u00eda entre los mencionados acuerdos, en esas condiciones, lo pretendido por la censora, en \u00faltimas, no es m\u00e1s que debatir en el presente escenario las premisas de orden sustancial y probatorio contenidas en el laudo sobre la hermen\u00e9utica de las estipulaciones contractuales, lo que sin duda, desatiende el car\u00e1cter extraordinario de este mecanismo, el cual, no puede ser utilizado como una instancia adicional para confrontar el parecer del interesado con lo resuelto por el juez arbitral. <\/p>\n
Adem\u00e1s, encuentra la Sala que el desacierto denunciado no es manifiesto en la determinaci\u00f3n combatida, pues, en verdad, el juez arbitral bas\u00f3 su decisi\u00f3n en el acuerdo mercantil de \u00abAdministraci\u00f3n del Hotel \u2018Pestana Bogot\u00e1 100\u2019\u00bb, mismo que, fue objeto de la cl\u00e1usula compromisoria, por ende, se descarta que haya estudiado tem\u00e1ticas no previstas en pacto arbitral. <\/p>\n
Ahora, la discusi\u00f3n alrededor de la atadura entre el contrato referido y el \u00abcompromiso unilateral\u00bb, se reitera, fue un t\u00f3pico sustancial abordado por el Tribunal, luego de interpretar las estipulaciones de las partes, por lo que, se insiste, esa precisa conclusi\u00f3n no puede ser objeto de debate en el curso de esta herramienta excepcional, mucho menos, puede ser descalificada por la Corte, pues ello significar\u00eda inmiscuirse indebidamente en los \u00abcriterios, valoraciones probatorias, motivaciones o interpretaciones expuestas por el tribunal arbitral\u00bb, lo cual le est\u00e1 prohibido expresamente por el art\u00edculo 108 de la Ley 1563 de 2012. <\/p>\n
En lo atinente a que la colegiatura conden\u00f3 a la sociedad Pestana Inversiones S.L. por un valor no solicitado en el escrito inaugural, ese es un reproche que bajo la causal implorada no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad, como ya se dijo en el numeral 4.1. de esta providencia. <\/p>\n
5.2. Seguidamente, la Sala emprender\u00e1 el estudio conjunto de las reprimendas segunda y tercera del recurso de anulaci\u00f3n, por apoyarse en argumentos similares. <\/p>\n
5.2.1. El inciso 4\u00ba del art\u00edculo 116 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica establece la posibilidad de que las personas puedan someter la soluci\u00f3n de sus diferencias ante particulares denominados \u00e1rbitros quienes, investidos de manera transitoria con la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia, dictan fallos en derecho o en equidad, brindando soluci\u00f3n a esas controversias de manera definitiva, eso s\u00ed, bajo los par\u00e1metros y condiciones previamente definidos por el legislador. <\/p>\n
De esta manera, el arbitraje es un mecanismo alternativo a la jurisdicci\u00f3n, un escenario al que acuden voluntariamente los interesados para que dentro de un plazo determinado y una vez agotado el procedimiento correspondiente, el juzgador ofrezca soluci\u00f3n a sus disputas mediante una decisi\u00f3n denominada laudo arbitral. <\/p>\n
5.2.2. Se ha discutido el verdadero origen del arbitramento, pues, de un lado se le considera un mecanismo puramente contractual, habida cuenta que los adversarios plasman su intenci\u00f3n de acudir al arbitraje mediante la celebraci\u00f3n de un negocio privado, en el cual convienen todo lo relacionado con el tr\u00e1mite del pleito; por otra parte, se dice que dicho instrumento de superaci\u00f3n de litigios es de car\u00e1cter meramente adjetivo, puesto que su adelantamiento se rige por el respeto del derecho fundamental al debido proceso de los contendientes, los \u00e1rbitros ostentan la condici\u00f3n de jueces con todos sus poderes y deberes, y su funci\u00f3n culmina con la expedici\u00f3n de un verdadero acto jurisdiccional: el laudo. <\/p>\n
No obstante, la legislaci\u00f3n patria no se ha decantado por una u otra visi\u00f3n, sino que se reconoce el car\u00e1cter contractualista de aquella figura y, a su vez, el origen procesal de \u00e9sta. Sobre ese punto, la Sala ha estimado que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) la lectura del art\u00edculo 116 de la Constituci\u00f3n invita por igual a enfatizar en ambas notas, pues al principio de habilitaci\u00f3n, en cuya virtud los \u00e1rbitros ejercen transitoriamente la funci\u00f3n de administrar justicia, en tanto en un caso determinado las partes los han autorizado para ello, se a\u00fana la \u00edndole jurisdiccional de la actividad desplegada por el tribunal arbitral y la fuerza de cosa juzgada que tiene el fallo (laudo) con que culmina su actuar. <\/p>\n
Hay pues, opini\u00f3n pac\u00edfica en el \u00e1mbito colombiano acerca de entender que la funci\u00f3n arbitral es funci\u00f3n jurisdiccional. Y es tambi\u00e9n un hecho averiguado por la doctrina la distinta significaci\u00f3n que adquiere el t\u00e9rmino jurisdicci\u00f3n, cuesti\u00f3n esta que en los contornos de la teor\u00eda general del proceso es objeto de alg\u00fan debate, pero en el cual, en lo b\u00e1sico, todos los comentaristas est\u00e1n de acuerdo en que es una emanaci\u00f3n de la soberan\u00eda del Estado aplicada a la funci\u00f3n de administrar justicia mediante la aplicaci\u00f3n del derecho objetivo a los casos concretos\u00bb (CSJ, SC6315-2017, 9 may.). <\/p>\n
Adicionalmente, ha considerado que el arbitramento: <\/p>\n
\u00abes un mecanismo alternativo de resoluci\u00f3n de conflictos, autorizado por la Constituci\u00f3n Nacional, mediante el cual las partes de una controversia, en ejercicio de la autonom\u00eda de la voluntad, conf\u00edan su decisi\u00f3n a unos particulares, que adquieren el car\u00e1cter de \u00e1rbitros y administran justicia en esa espec\u00edfica disputa, a trav\u00e9s de un procedimiento preestablecido y en \u00fanica instancia que finaliza con el laudo, cuya obligatoriedad han aceptado de antemano, sus efectos hacen tr\u00e1nsito a cosa juzgada y es susceptible de ser atacado a trav\u00e9s del recurso de anulaci\u00f3n, y contra la sentencia que decide este y el mismo laudo, el de revisi\u00f3n, medios impugnativos que por su car\u00e1cter extraordinario no permiten reexaminarlo integralmente, sino por las causales previstas taxativamente en la ley\u00bb (CSJ Sent. de 11 de sept. de 2012, Exp. T. N\u00b0. 01862-00; criterio reiterado en CSJ SC5677-2018, 19 dic.). <\/p>\n
5.2.3. La Ley 1563 de 12 de julio 2012 regul\u00f3, entre otros, lo atinente al \u00e1mbito de aplicaci\u00f3n del arbitraje internacional. As\u00ed, el art\u00edculo 62 establece que se entiende que el arbitraje es internacional cuando: <\/p>\n
\u00aba) Las partes en un acuerdo de arbitraje tengan, al momento de la celebraci\u00f3n de ese acuerdo, sus domicilios en Estados diferentes; o <\/p>\n
b) El lugar del cumplimiento de una parte sustancial de las obligaciones o el lugar con el cual el objeto del litigio tenga una relaci\u00f3n m\u00e1s estrecha, est\u00e1 situado fuera del Estado en el cual las partes tienen sus domicilios; o <\/p>\n
c) La controversia sometida a decisi\u00f3n arbitral afecte los intereses del comercio internacional\u00bb. <\/p>\n
Estos criterios para definir la internacionalidad del arbitraje son objetivos, por ende, ante la presencia de cualquiera de ellos, el pleito adquirir\u00e1 tal car\u00e1cter. De este modo, aunque los contratantes en virtud de la autonom\u00eda de la voluntad establezcan que el arbitraje es nacional, no por ese solo hecho se entender\u00e1 que es as\u00ed, pues de cumplirse uno de los presupuestos mencionados, el asunto asume la condici\u00f3n de internacional. Lo anterior, sin perjuicio de que los contendientes acuerden el procedimiento o las reglas de su adelantamiento acordes al orden interno, valga decir, aunque el arbitraje sea internacional, los adversarios tienen la posibilidad de convenir que las actuaciones procesales se gobiernen por los mandatos del C\u00f3digo General del Proceso, o, viceversa, que siendo el arbitraje nacional se acuda a los preceptos procedimentales del arbitraje internacional para su diligenciamiento. <\/p>\n
5.2.4. Con antelaci\u00f3n al actual estatuto, la Ley 315 de 1996 regulaba el arbitraje internacional. Con fundamento en el art\u00edculo 1\u00ba de esa normatividad, el tr\u00e1mite ostentaba esa calidad, cuando \u00ablas partes as\u00ed lo hubieren pactado\u00bb y \u00absiempre que adem\u00e1s\u00bb, se satisficieran los criterios de \u00edndole objetivo all\u00ed consagrados. Sin embargo, la nov\u00edsima regulaci\u00f3n prevista en la Ley 1563 de 2012 -cuya vigencia comenz\u00f3 tres meses despu\u00e9s de su promulgaci\u00f3n4- descart\u00f3 la posibilidad de que los contratantes convinieran la internacionalidad del arbitraje y solamente exigi\u00f3 el cumplimiento de cualquiera de los eventos anteriormente descritos. <\/p>\n
A partir de all\u00ed, surgieron interrogantes acerca de la vigencia de las dos legislaciones en el tiempo, espec\u00edficamente cuando el pacto arbitral se convino en vigor de la Ley 315 de 1996. De un lado, se sosten\u00eda que por ser aquel un negocio jur\u00eddico deb\u00eda sujetarse a las normas regentes al momento de su celebraci\u00f3n, conforme lo dispone en el art\u00edculo 38 de la Ley 153 de 1887. Por otra parte, por tener el arbitraje una naturaleza procesal, con fundamento en la excepci\u00f3n prevista en el numeral 1\u00ba de este \u00faltimo canon y, en atenci\u00f3n de lo estipulado en el art\u00edculo 40 Ib\u00eddem, las actuales estipulaciones deb\u00edan aplicarse sin importar la \u00e9poca en que se acord\u00f3 acudir a dicho mecanismo alterno. <\/p>\n
La dicotom\u00eda en menci\u00f3n fue zanjada por esta Sala en sentencia SC001-2019, 15 ene., en la cual se dijo que: <\/p>\n
\u00abEs cierto que el art\u00edculo 1\u00b0 de la derogada ley 315 de 1996 dispuso que, para que el arbitraje sea internacional, era necesario que \u2018las partes as\u00ed lo hubieren pactado, siempre que adem\u00e1s se cumpla con cualquiera de los siguientes eventos\u2026\u2019. Sin embargo, esta exigencia no tiene linaje sustancial, en tanto su \u00fanica finalidad es determinar el tipo de arbitramento y el derecho aplicable. <\/p>\n
Se trata, entonces, de una regla adjetiva para fijar la cuerda por la que deber\u00e1 impulsarse el tr\u00e1mite, sin afectar el contrato que sirve de fuente al arbitramento, el cual producir\u00e1 plenos efectos al margen de esta estipulaci\u00f3n, al punto que la ausencia del convenio sobre la internacionalidad tiene como \u00fanica repercusi\u00f3n que el proceso se torne local. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
Como consecuencia del alcance procesal que tiene la norma en cita, es claro que perdi\u00f3 vigencia con la expedici\u00f3n de la ley 1563, la cual entr\u00f3 a gobernar de manera inmediata la materia. <\/p>\n
Tal es la directriz que emerge del art\u00edculo 40 de la ley 153 de 1887, modificado por el art\u00edculo 624 del C\u00f3digo General del Proceso, el cual prescribe que \u2018[l]as leyes que concernientes a la sustanciaci\u00f3n y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir\u2019. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
Para abreviar, a partir del 12 de julio de 2012 el arbitramento se considera internacional de manera objetiva, con independencia de la estipulaci\u00f3n de las partes sobre la materia (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
5.2.5. Bajo esa perspectiva, independientemente de lo acordado por las partes o la \u00e9poca en que se suscribi\u00f3 el pacto arbitral, los procedimientos de esa estirpe iniciados despu\u00e9s de la vigencia de la Ley 1563 de 2012 adquieren el car\u00e1cter de arbitraje internacional si se cumple alguno o varios de los criterios objetivos contemplados en el canon 62 Ib\u00eddem, amen que tales criterios est\u00e1n plenamente acompasados con la Ley Modelo de la CNUDMI sobre Arbitraje Comercial Internacional de 1985, cuya finalidad esencial, por dem\u00e1s, busca armonizar esta tem\u00e1tica, brind\u00e1ndoles a los participes una mayor configuraci\u00f3n de autorregulaci\u00f3n para la soluci\u00f3n de sus controversias. <\/p>\n
\u00ab[E]n el caso que nos ocupa una de [las partes] es extranjera, dando lugar a la aplicaci\u00f3n del literal a) del art. 62 de la ley 1563, que establece la naturaleza internacional del arbitramento en raz\u00f3n de dicha calidad. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
As\u00ed mismo es pertinente anotar que la Ley 1563 de 2012 \u2013que es la aplicable en este caso- se\u00f1ala que el arbitraje es internacional cuando la controversia afecte los intereses del comercio internacional. Dicho criterio material o econ\u00f3mico de internacionalidad del arbitraje se configura, entre otros casos, si el negocio entre las partes involucra o no el movimiento de bienes, fondos o servicios entre m\u00e1s de un Estado p cobija las econom\u00edas o monedas de al menos dos pa\u00edses. <\/p>\n
En este caso, y pese a que la operaci\u00f3n del hotel reca\u00eda sobre un inmueble ubicado el Colombia, la realidad econ\u00f3mica del negocio configura el criterio material de internacionalidad, previsto en la Ley 1563 de 2012. As\u00ed, por ejemplo, el propio contrato de administraci\u00f3n previ\u00f3 (i) la realizaci\u00f3n de campa\u00f1as internacionales de publicidad del hotel dentro del \u00e1mbito de su comercializaci\u00f3n, (ii) la prestaci\u00f3n de servicios, por parte de personal extranjero, dentro de los costos y gastos emanados del contrato, (iii) el pago de remuneraci\u00f3n a Pestana, en d\u00f3lares de los Estados Unidos, por concepto de la operaci\u00f3n del hotel, y (iv) la prestaci\u00f3n misma de la garant\u00eda por parte de la empresa espa\u00f1ola; entre otros elementos aplicables. <\/p>\n
En consecuencia, el tribunal encuentra que este arbitraje tiene un evidente y marcado car\u00e1cter internacional, que se refleja en la combinaci\u00f3n o confluencia entre el criterio formal y el material de internacionalidad\u00bb (fls. 51 vto y 52, Cd. Corte]. <\/p>\n
En este estadio de cosas, siendo como es un imperativo legal que los procedimientos arbitrales tendr\u00e1n el car\u00e1cter internacional ante la concurrencia objetiva de los supuestos previstos en la norma, sin que la voluntariedad de los pactantes tenga la entidad de alterar dicha condici\u00f3n, el hecho de que el juez plural haya establecido que al configurarse aquellos deven\u00eda forzoso aplicar el actual estatuto arbitral y, como consecuencia de ello, adecuar el tr\u00e1mite de arbitraje nacional a internacional, aun cuando la cl\u00e1usula compromisoria se hubiera concertado antes de la entrada en vigor de la nov\u00edsima disposici\u00f3n, ello per se no es motivo suficiente para anular el laudo objeto del recurso a la luz de la causal d) del numeral 1\u00ba del art\u00edculo 108 \u00cddem, o para tener por ineficaz el pacto arbitral conforme al motivo a) de la misma regulaci\u00f3n. M\u00e1xime, si se tiene en cuenta que la recurrente omiti\u00f3 demostrar que este \u00faltimo acuerdo fue celebrado sin la observancia de los requisitos de validez en materia contractual. <\/p>\n
Agr\u00e9guese a lo anotado, que las partes del contrato fueron perentorias al ratificar su voluntad de que el contrato fuera \u00abexclusivamente regido, interpretado y exigido de acuerdo con las leyes vigentes de la Rep\u00fablica de Colombia\u00bb siendo la cl\u00e1usula compromisoria parte integral de este, sin desconocer el car\u00e1cter aut\u00f3nomo de esta, era plausible acudir a las normas que internamente regulan la materia. <\/p>\n
Si ello es as\u00ed, y dado que, para el momento en que se convoc\u00f3 el tribunal de arbitramento, la normativa que les sirvi\u00f3 de sustento a su convenio estaba expresamente derogada por la citada Ley 1563 de 2012, mal podr\u00edan los \u00e1rbitros desconocer las claras directivas en ella contenidas para fijar la territorialidad del laudo, desconociendo sin raz\u00f3n valedera la participaci\u00f3n de sujetos de distintas naciones o se puedan ver afectados los intereses del comercio internacional. <\/p>\n
5.2.6. En consecuencia, se declarar\u00e1n infundados el segundo y tercer motivos de anulaci\u00f3n invocados. <\/p>\n
5.3. En el reproche final, bajo el amparo de la causal del literal b) del numeral 1\u00ba del art\u00edculo 108 de la Ley 1563 de 2012, la censora adujo que el cambio de naturaleza del arbitraje de \u00abnacional a internacional\u00bb conllev\u00f3 la vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa, porque: a) el Tribunal recibi\u00f3 por escrito la declaraci\u00f3n del representante legal \u00abquien negoci\u00f3 y firm\u00f3 el contrato\u00bb, lo cual condujo a que su relato no fuera valorado, aun cuando \u00abera medular\u00bb para resolver el pleito; b) que la experticia fue indebidamente practicada, ya que el perito no examin\u00f3 los documentos aportados por la sociedad convocada, adem\u00e1s, el colegiado no atendi\u00f3 la \u00absolicitud de complementaci\u00f3n y aclaraci\u00f3n\u00bb que formul\u00f3 frente al dictamen y tampoco requiri\u00f3 a la convocante para que exhibiera los \u00absoportes contables\u00bb, los cuales acreditaban la afectaci\u00f3n del \u00ablucro cesante\u00bb de la compa\u00f1\u00eda demandada por el incumplimiento del contrato objeto del litigio; y c) se desconoci\u00f3 el plazo de seis (6) meses para dictar el laudo arbitral. <\/p>\n
5.3.1. Como ya se dijo en el numeral 4.4. de esta providencia, para que tenga \u00e9xito la acusaci\u00f3n por el motivo de anulaci\u00f3n indicado, resulta indispensable que la conculcaci\u00f3n de las garant\u00edas al debido proceso y a la defensa sea notable, y en trat\u00e1ndose de yerros asociados con los medios de convicci\u00f3n, el ataque debe estar encaminado a evidenciar la importancia e incidencia directa en la resoluci\u00f3n de la controversia, de la probanza que se dej\u00f3 de valorar, que fue incorporada irregularmente, que se excluy\u00f3 injustificadamente, o que no se le permiti\u00f3 contradecir. <\/p>\n
5.3.2. Precisamente, ese labor\u00edo no aflora evidente en el escrito de anulaci\u00f3n, pues, aunque la recurrente le achac\u00f3 al juez plural la falta de ponderaci\u00f3n de la declaraci\u00f3n del representante legal de la sociedad Pestana Inversiones S.L., no sustent\u00f3 las razones por las cuales el dicho del deponente era vital para estimar las defensas planteadas o acceder a las aspiraciones de la demanda de reconvenci\u00f3n. Y es que, con el fin de fundamentar el desatino, la impugnante solamente hace referencia a que el se\u00f1or Luis Araujo suscribi\u00f3 y celebr\u00f3 el contrato motivo de disputa, se\u00f1alando, igualmente, que su relato \u00abera medular para el presente proceso\u00bb, sin indicar los apartes pertinentes de lo narrado y el alcance de ese medio suasorio en las resultas del litigio. <\/p>\n
A esto se suma que de acuerdo con la \u00aborden procesal N\u00b0 2\u00bb, el tribunal considerando las variantes existentes entre el arbitraje nacional e internacional en materia de pruebas determin\u00f3 que \u00ab[T]eniendo encuentra que la distinci\u00f3n entre testimonios, interrogatorio de parte y testimonios de expertos (\u201cexperticias de parte\u201d) no es pertinente en el contexto del arbitraje internacional y que por lo tanto todos reciben el mismo tratamiento de testimonio\u00bb concedi\u00f3 a los extremos un t\u00e9rmino para hacer llegar por escrito los que quisieran hacer valer, pero igualmente para que la parte contraria pudiera solicitar audiencia de aquellos que estimara necesario interrogar; de donde surge, que el examen de las distintas declaraciones que har\u00edan los \u00e1rbitros ser\u00eda en su mayor\u00eda -salvo pedido expreso del interesado- de versiones escritas, sin que por ese solo hecho pueda endilgarse falta de valoraci\u00f3n. <\/p>\n
5.3.3. Otro tanto ocurre con el concepto t\u00e9cnico rendido dentro del juicio, pues, la interesada olvid\u00f3 se\u00f1alar cu\u00e1les fueron los instrumentos que dej\u00f3 de analizar el perito y la repercusi\u00f3n de esa dejadez en la decisi\u00f3n opugnada. Tampoco manifest\u00f3 la importancia que para el caso pudo representar el hecho de que el Tribunal haya desatendido la \u00absolicitud de complementaci\u00f3n y aclaraci\u00f3n\u00bb que formul\u00f3 contra la experticia, valga decir, que debido a esa omisi\u00f3n fueron infringidas sus garant\u00edas por la falta de aptitud o pertinencia de esa prueba, a consecuencia de contradicciones en sus conclusiones. Pero, adem\u00e1s, tampoco exterioriz\u00f3 las razones por las que los \u00absoportes contables\u00bb que, supuestamente, se encontraban en poder de la demandada, eran capaces de vislumbrar el padecimiento del \u00ablucro cesante\u00bb de la compa\u00f1\u00eda accionada. <\/p>\n
Llama la atenci\u00f3n por dem\u00e1s las manifestaciones que en relaci\u00f3n con los reproches planteados por la recurrente frente a esta probanza hicieran los juzgadores en la \u00aborden procesal N\u00b0 9\u00bb en el sentido que \u00ab[E]l 19 de enero de 2017 le fue remitida a las partes el dictamen pericial con el fin de que lo estudiaran con antelaci\u00f3n a la audiencia respectiva y si lo estimaban pertinente acudieron en esa fecha acompa\u00f1ado de su propio perito\u00bb, lo que constitu\u00eda una clara oportunidad para obtener una experticia que consignara los aspectos que estimaba necesarios a su defensa y que supuestamente no fueron atendidos por el auxiliar designado y que \u00aben la misma audiencia, el Tribunal llam\u00f3 la atenci\u00f3n a la parte demandada por no haber preparado oportunamente la informaci\u00f3n que pretend\u00eda hacer para leer para efectos del peritaje o que ella misma solicit\u00f3 desde septiembre 15 de 2015 y por estar entorpeciendo y demorando indebidamente el procedimiento\u00bb (fls 409 a 413 Cd principal 4). Aspectos estos que develan un actuar negligente de la parte en la pr\u00e1ctica de dicha probanza, sin que pueda entonces apoyar su censura en presuntas deficiencias de \u00e9sta, sin que por dem\u00e1s le sea dado a la Corte entrar a examinar \u00abni calificar los criterios, valoraciones probatorias, motivaciones o interpretaciones expuestas por el tribunal arbitral\u00bb ante la expresa prohibici\u00f3n contenida en el art\u00edculo 107 del Estatuto Arbitral Colombiano. <\/p>\n
5.3.4. En lo tocante a que se profiri\u00f3 el laudo por fuera del plazo de seis (6) meses, por cuanto la contestaci\u00f3n a la demanda de reconvenci\u00f3n se present\u00f3 el 31 de diciembre de 2015 y no as\u00ed el 28 de marzo de 2016 como lo consider\u00f3 el juzgador, para la Corte, ese reproche es infructuoso para obtener la anhelada anulaci\u00f3n de la determinaci\u00f3n acusada, por las razones que a continuaci\u00f3n se exponen. <\/p>\n
5.3.4.1. A la luz del actual estatuto arbitral la superaci\u00f3n del t\u00e9rmino aludido no constituye motivo taxativo para declarar la invalidez del arbitraje internacional, mucho menos, encaja en la hip\u00f3tesis de la causal del literal b) del numeral 1\u00ba del art\u00edculo 108 de la Ley 1563, esto es, que la recurrente no haya tenido la posibilidad de hacer valer sus derechos. <\/p>\n
5.3.4.2. Agr\u00e9guese que, si el lamento de la impugnante es el desconocimiento del l\u00edmite temporal para proferir la resoluci\u00f3n definitiva, ha debido entonces encausar ese reclamo al abrigo de la causal d) del numeral 1\u00ba Ib\u00eddem, esto es, porque el \u00abprocedimiento arbitral no se ajust[\u00f3] al acuerdo entre las partes\u00bb, al supuestamente no acompasarse la duraci\u00f3n a las previsiones del reglamento que eligieron para su resoluci\u00f3n. <\/p>\n
Sin embargo, miradas con detenimiento las actuaciones, el tribunal arbitral se sujet\u00f3 al intervalo contemplado en el numeral 3.31.3. del Reglamento de Arbitraje Comercial Internacional del Centro de Arbitraje y Conciliaci\u00f3n de la C\u00e1mara de Comercio de Bogot\u00e1, aplicable por expresa disposici\u00f3n de la cl\u00e1usula compromisoria, seg\u00fan la cual el colegiado estaba sometido a las disposiciones contempladas en aquel compendio. <\/p>\n
5.3.4.3. En el desarrollo de las diligencias confutadas, en prove\u00eddo del 11 de marzo de 2016, el juzgador adecu\u00f3 el arbitraje de nacional a internacional, aunado a ello, concedi\u00f3 a las partes un periodo adicional para que complementaran sus alegatos iniciales, oportunidad que aprovech\u00f3 la accionante para ampliar sus argumentos contra la demanda de reconvenci\u00f3n mediante memorial radicado el 28 del mes y a\u00f1o citados. <\/p>\n
Agotado el l\u00edmite de tiempo para dictar el laudo, contado a partir de la contestaci\u00f3n de la mutua petici\u00f3n, a trav\u00e9s de la \u00aborden procesal No. 1\u00bb del 28 de septiembre siguiente, el Tribunal prorrog\u00f3 por una sola vez ese t\u00e9rmino por seis (6) meses m\u00e1s hasta el 28 de marzo de 2017, lapso durante el cual se dirimi\u00f3 la contienda, de ah\u00ed que, la acusaci\u00f3n elevada sea infundada. <\/p>\n
5.3.4.4. Y si lo que incomoda a la recurrente es la conclusi\u00f3n del colegiado en torno al momento a partir del cual se contabiliz\u00f3 el plazo mencionado, valga decir, si desde la primigenia contestaci\u00f3n de la demanda de reconvenci\u00f3n o la realizada por las convocantes una vez se adecu\u00f3 el pleito a un arbitraje internacional, esa inferencia hace parte de los criterios de valoraci\u00f3n que a bien tuvo el Tribunal para resolver las objeciones planteadas por la querellada, por manera que, no pueden ser reprochados en este escenario excepcional, mucho menos est\u00e1 habilitada la Corte para inmiscuirse en la interpretaci\u00f3n realizada por el juez plural e imponer su propio discernimiento, por la prohibici\u00f3n mencionada con antelaci\u00f3n. <\/p>\n
5.4. En esas condiciones, tampoco prospera la \u00faltima de las cr\u00edticas imploradas por la interesada. <\/p>\n
6. En consecuencia, se declarar\u00e1n infundados los motivos de anulaci\u00f3n alegados por la recurrente contra el laudo arbitral de 22 de marzo de 2017, aclarado mediante providencia de 13 de junio del mismo a\u00f1o. <\/p>\n
Es procedente la condena en costas a cargo de la sociedad espa\u00f1ola Pestana Inversiones S.L., en aplicaci\u00f3n del numeral 4 del art\u00edculo 109 ejusdem, para lo cual se tendr\u00e1 en cuenta que hubo oposici\u00f3n. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso de anulaci\u00f3n interpuesto contra el laudo arbitral de 22 de marzo de 2017, aclarado mediante providencia de 13 de junio del mismo a\u00f1o, proferido en el Centro de Arbitraje y Conciliaci\u00f3n de la C\u00e1mara de Comercio de Bogot\u00e1 dentro del proceso promovido por las compa\u00f1\u00edas colombianas Sar1 S.A.S., Sar2 S.A.S., Sar3 S.A.S., Sar4 S.A.S. y Sarasti & Cia. S.A.S. frente a la sociedad espa\u00f1ola Pestana Inversiones S.L. <\/p>\n
SEGUNDO: Se condena en costas a la compa\u00f1\u00eda recurrente en anulaci\u00f3n. Por secretar\u00eda incl\u00fayase en la liquidaci\u00f3n la suma de seis millones de pesos ($6.000.000), por concepto de agencias en derecho. <\/p>\n
TERCERO: En su oportunidad, arch\u00edvese la actuaci\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE, <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presiente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 Franco Ferrari y Friedrich Rosenfeld, L\u00edmites a la autonom\u00eda de las partes en arbitraje internacional. En Arbitraje: Revista de Arbitraje Comercial y de Inversiones, Kluwer Law International, Volumen 10, n.\u00b0 2, 2017, p. 339 y siguientes. <\/p>\n
2\u0002 Comisi\u00f3n de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil, Digest of Case Law on the Model Law on International Commercial Arbitration, Uncitral, Nueva York, 2012, p. 142 (traducci\u00f3n libre). Cita tomada de la sentencia CSJ SC001-2019, 15 ene. <\/p>\n
3\u0002 Utilidades Antes de Cargos Fijos. <\/p>\n
4\u0002 Comenz\u00f3 a regir el 12 de octubre de 2012, derogando expresamente entre otras disposiciones la ley 315 de 1996. <\/p>\n
1 <\/p>\n
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SC4887-2021 (2017-01921-00) HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA Magistrada ponente SC4887-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2017-01921-00 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veinticuatro de junio de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., tres (3) de noviembre de dos mil veintiuno (2021) Decide la Corte el recurso de anulaci\u00f3n formulado por la […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[42],"tags":[],"class_list":["post-59117","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-noviembre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/59117","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=59117"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/59117\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=59117"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=59117"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=59117"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}