SC4904-2021 (2017-00133-01)<\/p>\n
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OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
SC4904-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 66001-31-03-003-2017-00133-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diez de junio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., cuatro (4) de noviembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte el recurso de casaci\u00f3n formulado por la parte demandante frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira el 18 de julio de 2019, dentro del proceso verbal de Francisco Alejandro Ochoa Nore\u00f1a, Claudia Johana Ochoa Nore\u00f1a y Mar\u00eda Rubiela Nore\u00f1a Orozco, contra Seguros de Vida Suramericana S.A. y Bancolombia S.A. <\/p>\n
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I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- Solicitaron los accionantes declarar la existencia y validez del contrato de seguro contenido en la p\u00f3liza de vida grupo deudores Nro. 083-112481 otorgada por Suramericana, con cobertura b\u00e1sica de vida, invalidez, desmembraci\u00f3n, inutilizaci\u00f3n por accidente o enfermedad, cuyo tomador y beneficiario oneroso es Bancolombia y asegurado Juan Francisco Ochoa Correa (q.e.p.d.), y se ordene a la aseguradora cumplir lo all\u00ed pactado ante el fallecimiento del asegurado, \u00abpor haber quedado saneada por el paso del tiempo la supuesta nulidad relativa por reticencia (\u2026) y por no existir relaci\u00f3n de causalidad entre esta inexactitud y la causa de la muerte\u00bb. <\/p>\n
En consecuencia, condenar a Seguros de Vida Suramericana S.A., a pagar a Bancolombia S.A., los saldos insolutos de todos los cr\u00e9ditos aprobados, otorgados y desembolsados a favor de Juan Francisco Ochoa Correa que, al 18 de marzo de 2016, ascend\u00edan a $1.400.000.000, por concepto de capital e intereses y, a su vez, Bancolombia les reembolse la misma suma que fuera pagada para cancelar todas las obligaciones a cargo del causante, con sus respectivos intereses. <\/p>\n
En sustento de sus pedimentos, los gestores refirieron en forma detallada las distintas relaciones crediticias generadas entre su c\u00f3nyuge y padre Juan Francisco Ochoa Correa con Bancolombia S.A., a partir de las cuales el primero suscribi\u00f3 en varias oportunidades unos formularios denominados \u00absolicitud individual y declaraci\u00f3n de asegurabilidad para seguro vida deudores\u00bb, y declar\u00f3 que no sufr\u00eda trastornos card\u00edacos. <\/p>\n
Dichos cr\u00e9ditos fueron amparados por p\u00f3liza de vida grupo deudores Nro. 083-12481 otorgada por la aseguradora demandada con cobertura b\u00e1sica de vida, invalidez, desmembraci\u00f3n, inutilizaci\u00f3n por accidente o enfermedad, cuyo tomador y beneficiario oneroso era Bancolombia S.A., y asegurado Juan Francisco Ochoa Correa. <\/p>\n
El 27 de enero de 2015 el se\u00f1or Ochoa Correa falleci\u00f3 a causa de una insuficiencia respiratoria aguda y el 17 de febrero siguiente, los accionantes como c\u00f3nyuge sobreviviente y herederos, radicaron en Bancolombia reclamaci\u00f3n dirigida a Suramericana, respecto al cubrimiento de las obligaciones amparadas con dicha p\u00f3liza, no obstante, el 25 de marzo de la misma anualidad, la aseguradora objet\u00f3 el amparo aduciendo que existi\u00f3 reticencia por parte del asegurado porque desde 2001 ten\u00eda antecedentes cardiovasculares importantes (enfermedad coronaria, angioplastia, stent). <\/p>\n
Si bien es cierto que existi\u00f3 omisi\u00f3n por parte del asegurado en declarar sus antecedentes cardiovasculares, tambi\u00e9n lo es que la aseguradora no pod\u00eda negar el amparo solicitado porque el t\u00e9rmino de cinco (5) a\u00f1os que ten\u00eda para demandar y alegar la nulidad relativa del contrato por reticencia estaba prescrito respecto de cuatro de los desembolsos, y respecto de otros, no se present\u00f3 relaci\u00f3n de causalidad entre el origen de la muerte y la reticencia. <\/p>\n
Con el fin de obtener el cubrimiento de las obligaciones amparadas, los accionantes convocaron a las demandadas a audiencia de conciliaci\u00f3n extrajudicial, la cual result\u00f3 fallida, seg\u00fan constancia emitida el 1\u00b0 de abril de 2016. <\/p>\n
Ante la negativa de la compa\u00f1\u00eda de seguros en cubrir las obligaciones cubiertas con dicha p\u00f3liza, los demandantes se vieron en la obligaci\u00f3n de adquirir cr\u00e9ditos por valor de $1.400.000.000 con Bancolombia S.A., para pagar aquellos que figuraban a nombre del causante Ochoa Correa, todo lo cual les ha generado graves perjuicios patrimoniales. <\/p>\n
2.- Enteradas de la demanda, las dos accionadas se opusieron y formularon excepciones de m\u00e9rito. <\/p>\n
2.1.- Seguros de Vida Suramericana S.A., en su defensa aleg\u00f3, \u00abfalta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa de los demandantes\u00bb, \u00abprescripci\u00f3n extintiva\u00bb, \u00abnulidad relativa del contrato de seguro por reticencia\u00bb, \u00abinexistencia de obligaci\u00f3n para el asegurador de demostrar cu\u00e1l habr\u00eda sido su actitud negocial de no haber mediado la reticencia\u00bb, \u00abausencia de v\u00ednculo contractual por la nulidad, inexistencia e ineficacia del contrato de seguro\u00bb, \u00abinexistencia de subrogaci\u00f3n frente al asegurador\u00bb, \u00abausencia de cobertura por exclusi\u00f3n de preexistencias\u00bb, \u00abgen\u00e9rica\u00bb, \u00abprescripci\u00f3n y caducidad\u00bb (fls. 159 \u2013 180, c. 1). <\/p>\n
2.2.- Bancolombia S.A., excepcion\u00f3 \u00abfalta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva\u00bb, \u00abincongruencia de la demanda\u00bb, \u00abculpa exclusiva de las deudoras\u00bb, \u00abausencia de los requisitos de la responsabilidad civil contractual\u00bb, \u00abincongruencia de los presupuestos axiol\u00f3gicos de la responsabilidad civil aquiliana o extracontractual\u00bb, \u00abinexistencia de solidaridad entre Bancolombia S.A. y Seguros de Vida Suramericana S.A., e independencia entre ellas\u00bb, \u00abausencia del da\u00f1o\u00bb, \u00abausencia de culpa\u00bb, \u00abbuena fe y cumplimiento de lo pactado en el contrato de mutuo\u00bb, \u00abgen\u00e9rica o innominada\u00bb (fls. 301 a 317). <\/p>\n
3.- El a quo declar\u00f3 no probadas las excepciones propuestas y accedi\u00f3 a las pretensiones de la demanda. Concluy\u00f3 que la p\u00f3liza de seguro de vida grupo 03112481, asegurado Juan Francisco Ochoa Correa y beneficiario Banco de Colombia S.A., expedida por Seguros de Vida Suramericana S.A., se encontraba vigente al 27 de enero de 2015 y amparaba el pago de once obligaciones con el citado banco. <\/p>\n
En consecuencia, conden\u00f3 a la aseguradora a pagar la totalidad de las obligaciones adeudadas por el asegurado que fueron canceladas por Mar\u00eda Rubiola Nore\u00f1a Orozco en la suma de $835.765.648 y por Claudia Johana Ochoa Nore\u00f1a la cantidad de $34.354.728; y se abstuvo de imponer condenas a Bancolombia S.A. (fls. 535 \u2013 537, ib). <\/p>\n
4.- Esa determinaci\u00f3n fue recurrida en apelaci\u00f3n por la parte actora y por la aseguradora (fl. 536, 538 \u2013 546, ib). <\/p>\n
5.- El Superior declar\u00f3 desierto el recurso de los accionantes y al resolver el propuesto por su opositora, revoc\u00f3 el fallo impugnado. En su lugar, declar\u00f3 pr\u00f3spera la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n propuesta por Seguros de Vida Suramericana S.A. y neg\u00f3 las s\u00faplicas de la demanda (fls. 13 – 15, c. 2). <\/p>\n
II.- FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO <\/p>\n
La legitimaci\u00f3n en la causa est\u00e1 acreditada, no puede desconocer el Tribunal que en espec\u00edficos eventos el c\u00f3nyuge y los herederos se encuentran legitimados para solicitar judicial o extrajudicialmente el cumplimiento del contrato de seguro de vida grupo deudores tomado por el acreedor, en procura de su propio beneficio a pesar de no haber hecho parte en la relaci\u00f3n contractual, porque ante el impago por parte de la aseguradora, dicha actitud causa de rebote un perjuicio en el patrimonio del causante y, a su turno, en el de la herencia y la sociedad conyugal, tal y como lo ha sostenido la Corte en SC 15 dic. 2008, SC 05 oct. 2009 y SC 16 may. 2011. <\/p>\n
El art\u00edculo 1081 del C\u00f3digo de Comercio consagra dos clases de prescripci\u00f3n de las acciones derivadas del contrato de seguro, la ordinaria de dos a\u00f1os y la extraordinaria de cinco; en cada caso concreto debe identificarse el tipo de sujeto y su condici\u00f3n para determinar cu\u00e1l de los dos t\u00e9rminos le es aplicable. <\/p>\n
De las pruebas que obran en el expediente se puede constatar que el se\u00f1or Juan Francisco muri\u00f3 el 25 de enero de 2015 y era esposo y padre de los demandantes; el 17 de febrero de 2015 los actores radicaron la reclamaci\u00f3n ante la aseguradora por conducto de Bancolombia S.A., solicitando el cubrimiento de las obligaciones amparadas; la objeci\u00f3n de la aseguradora acaeci\u00f3 el 25 de marzo de 2015 y la conciliaci\u00f3n extrajudicial en derecho se declar\u00f3 fallida el 31 de marzo de 2016. En esas condiciones, era aplicable la prescripci\u00f3n ordinaria de 2 a\u00f1os y no la de 5 a\u00f1os que tuvo en cuenta el a quo sin sustento alguno. <\/p>\n
Como los demandantes son personas capaces, de acuerdo con la doctrina de la Corte Suprema de Justicia, el t\u00e9rmino prescriptivo debe contabilizarse a partir de la fecha en que hayan tenido conocimiento del hecho, y en el proceso qued\u00f3 evidenciado que conocieron o debieron conocer de la muerte de su padre y c\u00f3nyuge en el momento en que aconteci\u00f3, y ello debi\u00f3 ser as\u00ed porque a los pocos d\u00edas -17 de febrero de 2015- presentaron reclamaci\u00f3n a Suramericana S.A., de manera que los dos a\u00f1os contaban desde el 25 de enero de 2015, fecha en que debieron conocer el siniestro, a menos que se hubiera presentado alguna circunstancia de interrupci\u00f3n natural o civil, antes de que se consumara el t\u00e9rmino extintivo, cosa que no ocurri\u00f3 pues la aseguradora no ha reconocido de ninguna manera el d\u00e9bito y la demanda se present\u00f3 cuando ya hab\u00eda transcurrido ese lapso. <\/p>\n
Tampoco ocurri\u00f3 la suspensi\u00f3n, dado que la solicitud de conciliaci\u00f3n extrajudicial en derecho fue presentada el 1\u00b0 de marzo de 2016 y se declar\u00f3 fallida el 31 de marzo siguiente, de manera que el t\u00e9rmino se suspendi\u00f3 por un mes y aunque se extendi\u00f3 hasta el 25 de febrero de 2017, no tuvo trascendencia dado que la demanda se present\u00f3 el 5 de mayo de 2017. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, deviene necesario el reconocimiento de la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n alegada en la contestaci\u00f3n de la demanda, que apareja la prosperidad del recurso; se resalta que el estudio del a quo a ese respecto, da cuenta de un desconocimiento evidente del tema por cuanto parti\u00f3 de que la prescripci\u00f3n aplicable era la extraordinaria y no la ordinaria, como aqu\u00ed se analiz\u00f3. <\/p>\n
III.- DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
CARGO \u00daNICO <\/p>\n
Con soporte en la causal primera del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso, se acus\u00f3 la sentencia de ser violatoria de manera directa de la ley sustancial, particularmente, de los incisos 2\u00b0 y 3\u00b0 del art\u00edculo 1081 del C\u00f3digo de Comercio, por interpretaci\u00f3n err\u00f3nea y aplicaci\u00f3n indebida, as\u00ed como de los preceptos 1144, 1131 y 822 ejusdem, 1602 y 1604 del C\u00f3digo Civil (fls. 7 – 36, ib.). <\/p>\n
Para la censura el Tribunal se equivoc\u00f3 al concluir que la prescripci\u00f3n ordinaria era la que debe regir respecto del c\u00f3nyuge y herederos del asegurado fallecido que ejercitan la acci\u00f3n contra la aseguradora, cuando en estos casos la pertinente es la extraordinaria. En respaldo de esta tesis, en s\u00edntesis, se expone: <\/p>\n
Los demandantes ejercieron \u00abacci\u00f3n directa\u00bb contra la aseguradora en su calidad de terceros relativos en el contrato de seguro, como \u00abperjudicados en sus patrimonios, por tanto con un inter\u00e9s propio y directo, habida cuenta que por no haber pagado Seguros de Vida Suramericana el valor del siniestro, se vieron obligados a asumir la obligaci\u00f3n frente al Bancolombia para no ser ejecutados, dada su calidad de c\u00f3nyuge y herederos del finado deudor asegurado\u00bb, y en este caso el Tribunal no puso en duda su legitimaci\u00f3n, por el contrario, reafirm\u00f3 su inter\u00e9s para accionar el pos de evitar un menoscabo patrimonial. <\/p>\n
Sin embargo, el ad quem emple\u00f3 un raciocinio equivocado sobre el alcance interpretativo de los incisos 2\u00b0 y 3\u00b0 del art\u00edculo 1081, para hallar procedente el primero, desconociendo que \u00abno es un criterio contenido en la norma para ser aplicado a la acci\u00f3n que intenten terceros perjudicados\u00bb y \u00abpor el hecho de que sean capaces y tuvieron conocimiento del hecho, no puede concluirse que la prescripci\u00f3n aplicable sea la ordinaria\u00bb, puesto que \u00e9sta ata\u00f1e al tomador, asegurado, asegurador o beneficiario, mientras que la extraordinaria, al referirse a \u00abtoda clase de personas\u00bb, hace referencia a los \u00abbeneficiarios indeterminados, es decir, a las terceras v\u00edctimas del siniestro\u00bb, como lo son en este caso los gestores. <\/p>\n
Si bien la ley no regula este punto, por razones obvias, dado que para la \u00e9poca de redacci\u00f3n de la norma los terceros al contrato de seguro no estaban legitimados para efectuar reclamaci\u00f3n, la jurisprudencia s\u00ed lo hace respecto de una acci\u00f3n bastante similar en su etiolog\u00eda, concedida tambi\u00e9n a terceros por la Ley 45 de 1990 que modific\u00f3 el art\u00edculo 1131 del C\u00f3digo de Comercio, para entender que en esos eventos opera la prescripci\u00f3n extraordinaria, raciocinio que es pertinente respecto de la acci\u00f3n que dio origen a este proceso, en la medida que, <\/p>\n
(\u2026) tan terceros son la viuda y los herederos en el seguro grupo de deudores, como lo son las v\u00edctimas en los seguros de responsabilidad civil. Por tanto, la misma construcci\u00f3n argumentativa que hace la doctrina y que ha hecho la Corte Suprema en pasadas decisiones para concluir que la prescripci\u00f3n pertinente en la acci\u00f3n directa es la extraordinaria; es predicable a la acci\u00f3n directa de los herederos y la c\u00f3nyuge en el seguro grupo de deudores. <\/p>\n
De ah\u00ed, que el hito a considerar tambi\u00e9n en estos eventos, debe ser el acaecimiento del hecho externo y no el conocimiento efectivo que de aquel pudiera tener la v\u00edctima, tal y como lo concluy\u00f3 la Corte trat\u00e1ndose de la acci\u00f3n directa, en CSJ SC 29 jun. 2007, extensiva a este evento. <\/p>\n
En suma, err\u00f3 el Juzgador al aplicar a la soluci\u00f3n del caso los t\u00e9rminos de la prescripci\u00f3n ordinaria, cuando trat\u00e1ndose de terceros relativos ha debido darles el tratamiento que emerge de la prescripci\u00f3n objetiva, que es la que corre, a partir del acaecimiento del hecho, \u00abcontra cualquier clase de personas y no contra quienes fueron parte en el contrato de seguros, a quienes se les aplicar\u00eda la prescripci\u00f3n ordinaria\u00bb, siendo esa la interpretaci\u00f3n l\u00f3gica del alcance del art\u00edculo 1081 del C\u00f3digo de Comercio, en el seguro grupo de vida deudores, en consideraci\u00f3n a la acci\u00f3n que le corresponde a la viuda y a los herederos del asegurado. <\/p>\n
La interpretaci\u00f3n que el Tribunal le dispens\u00f3 al art\u00edculo 1081 del C\u00f3digo de Comercio es errada porque dicha norma no prev\u00e9 que \u00aba los terceros, la viuda y los herederos que ejercitan una acci\u00f3n directa contra la aseguradora, se les aplique la prescripci\u00f3n ordinaria\u00bb, por lo que, a efectos de llenar ese vac\u00edo legal, ha debido realizar un razonamiento interpretativo m\u00e1s amplio a partir de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia para el evento de la acci\u00f3n directa en el seguro de responsabilidad civil, por concernir al t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n m\u00e1s amplio, y porque al ser objetivo corre contra todo el mundo a partir del acaecimiento del hecho, es decir, contra terceros. No obstante, lejos de efectuar una argumentaci\u00f3n encaminada a llenar ese vac\u00edo, opt\u00f3 por aplicar la prescripci\u00f3n ordinaria. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- La prescripci\u00f3n de las acciones que se derivan del contrato de seguro puede ser ordinaria o extraordinaria; la primera es de dos a\u00f1os y empieza a correr \u201cdesde el momento en que el interesado haya tenido o debido tener conocimiento del hecho que da base a la acci\u00f3n\u201d; la segunda, es de cinco a\u00f1os, y corre \u201ccontra toda clase de personas\u201d y empieza a contarse \u201cdesde el momento en que nace el respectivo derecho\u201d, t\u00e9rminos que, por expresa disposici\u00f3n legal, no pueden ser modificados por las partes (art. 1081 C. de Co.). <\/p>\n
En m\u00faltiples oportunidades la Corte ha precisado que la prescripci\u00f3n ordinaria se caracteriza por ser de naturaleza subjetiva, sus destinatarios son todas las personas legalmente capaces, empieza a correr desde cuando el interesado conoci\u00f3 o debi\u00f3 conocer \u201cel hecho base de la acci\u00f3n\u201d y el t\u00e9rmino para su configuraci\u00f3n es de dos a\u00f1os, mientras que la extraordinaria, es de car\u00e1cter objetivo, corre contra toda clase de personas incluidos los incapaces, empieza a contarse desde cuando nace el correspondiente derecho y su t\u00e9rmino de estructuraci\u00f3n es de 5 a\u00f1os1. <\/p>\n
En ese sentido, seg\u00fan se precis\u00f3 en CSJ SC 29 jun. 2007, exp. 1998-04690-01, estas dos formas de prescripci\u00f3n son independientes, aut\u00f3nomas y pueden transcurrir simult\u00e1neamente, de modo que, \u00abadquiere materializaci\u00f3n jur\u00eddica la primera de ellas que se configure. Ahora bien, como la extraordinaria aplica a toda clase de personas y su t\u00e9rmino inicia desde cuando nace el respectivo derecho (objetiva), ella se consolidar\u00e1 siempre y cuando no lo haya sido antes la ordinaria, seg\u00fan el caso\u00bb. <\/p>\n
Por otra parte, en CSJ SC 19 feb. 2003, reiterada entre otras en SC130-2018, en punto al genuino sentido del art\u00edculo 1081 del C\u00f3digo de Comercio, se precis\u00f3, <\/p>\n
(\u2026) \u00abS\u00edguese de lo anterior que, por tanto, no es elemento que sirva para distinguir esas dos especies de prescripci\u00f3n, que una y otra se apliquen s\u00f3lo a ciertas acciones derivadas del contrato de seguro o de las normas que lo regulan, esto es, que la prescripci\u00f3n ordinaria cobre vigencia \u00fanicamente en relaci\u00f3n con determinadas acciones y que la extraordinaria, a su paso, tenga cabida frente a otras. Como con claridad suficiente lo consagra el inciso 1\u00ba del precepto que se analiza, ‘La prescripci\u00f3n de las acciones que se derivan del contrato de seguro o de las disposiciones que lo rigen\u2026’, de todas ellas por igual, reitera la Corte ‘podr\u00e1 ser ordinaria y extraordinaria’. Cabe afirmar, entonces, que todas las acciones de que se trata son susceptibles de extinguirse ya sea por prescripci\u00f3n ordinaria, ora por prescripci\u00f3n extraordinaria, y que, por tanto, la aplicaci\u00f3n de una y otra de esas formas de prescripci\u00f3n extintiva depende de la persona que ejerza la respectiva acci\u00f3n o intente la efectividad de alg\u00fan derecho y de la posici\u00f3n que ella tenga en relaci\u00f3n, precisamente, con el hecho que motive la acci\u00f3n o con el derecho que persigue. (subraya intencional): <\/p>\n
2.- Respecto al extremo temporal a partir del cual despunta el t\u00e9rmino extintivo, especial referencia merece la hermen\u00e9utica de las locuciones previstas por el legislador en el art\u00edculo 1081 del C\u00f3digo de Comercio, concernientes a tener \u00abconocimiento del hecho que da base a la acci\u00f3n\u00bb y \u00abdesde el momento que nace el respectivo derecho\u00bb, que, seg\u00fan lo ha precisado esta Sala, no tienen ninguna diferencia sustancial m\u00e1s all\u00e1 de su redacci\u00f3n, sino que corresponden a una misma idea, y as\u00ed lo expuso desde la paradigm\u00e1tica SC 07 jul. 1977, y lo sigui\u00f3 reiterando en sus posteriores pronunciamientos, como por ejemplo, en CSJ SC 12 feb. 2007, exp. 1999-00749-01, en la que reiter\u00f3 la SC 3 may. 2000, exp. 5360, al puntualizar, <\/p>\n
[L]as expresiones \u201ctener conocimiento del hecho que da base a la acci\u00f3n\u2019 y \u2018desde el momento en que nace el respectivo derecho\u2019 (utilizadas en su orden por los incisos 2\u00b0 y 3\u00b0 del art\u00edculo 1081 del C. de Co.) comportan \u2018una misma idea\u20192, esto es, que para el caso all\u00ed tratado no pod\u00edan tener otra significaci\u00f3n distinta que el conocimiento (real o presunto) de la ocurrencia del siniestro, o simplemente del acaecimiento de \u00e9ste, seg\u00fan el caso, pues como se asever\u00f3 en tal oportunidad \u2018El legislador utiliz\u00f3 dos locuciones distintas para expresar una misma idea\u2019 \u201d. En la misma providencia esta Sala concluy\u00f3 que el conocimiento real o presunto del siniestro era \u201cel punto de partida para contabilizar el t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n ordinario\u201d, pues, como la Corte dijo en otra oportunidad3, no basta el acaecimiento del hecho que da base a la acci\u00f3n, sino que por imperativo legal \u201cse exige adem\u00e1s que el titular del inter\u00e9s haya tenido conocimiento del mismo efectivamente, o a lo menos, debido conocer este hecho, momento a partir del cual ese t\u00e9rmino fatal que puede culminar con la extinci\u00f3n de la acci\u00f3n \u2018empezar\u00e1 a correr\u2019 y no antes, ni despu\u00e9s\u201d. En suma, la regla legal aplicable en casos como el presente, dista radicalmente del planteamiento del casacionista, pues el conocimiento real o presunto del siniestro por parte del interesado en demandar, es el hito temporal que debe ser considerado para que se inicie el conteo de la prescripci\u00f3n ordinaria (\u2026). <\/p>\n
En esa medida, no llama a duda que cuando la citada disposici\u00f3n prev\u00e9 que el t\u00e9rmino para que se configure la prescripci\u00f3n ordinaria empieza a correr desde el momento en que el interesado haya tenido o debido tener conocimiento del \u00abhecho que da base a la acci\u00f3n\u00bb, se refiere al conocimiento real o presunto de la ocurrencia del siniestro, entendido este como el momento de la realizaci\u00f3n del riesgo asegurado en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 1072 del C\u00f3digo de Comercio, con independencia de la naturaleza de la acci\u00f3n o de la calidad de quien procura obtener la tutela judicial de sus derechos prevalido de la existencia de una relaci\u00f3n aseguraticia, en la que pudo o no haber sido parte. <\/p>\n
3.- Para la censura, el Tribunal err\u00f3 en la interpretaci\u00f3n del art\u00edculo 1081 del C\u00f3digo de Comercio, porque dicha norma no prev\u00e9 que \u00aba los terceros, la viuda y los herederos que ejercitan una acci\u00f3n directa contra la aseguradora, se les aplique la prescripci\u00f3n ordinaria\u00bb, por lo que, a efectos de llenar ese vac\u00edo legal, ha debido realizar un razonamiento interpretativo m\u00e1s amplio a partir de la jurisprudencia de la Corte para el evento de la acci\u00f3n directa en el seguro de responsabilidad civil, por concernir al t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n m\u00e1s amplio, y porque al ser objetivo corre contra todo el mundo, es decir, contra terceros. <\/p>\n
En este segmento del embate, se incurre en el defecto previsto en el numeral 2\u00b0 del art\u00edculo 346 del C\u00f3digo General del Proceso, consistente en plantear \u00abcuestiones de hecho o de derecho que no fueron invocadas en las instancias\u00bb, comoquiera que, en ninguna de las etapas ordinarias del juicio, los accionantes invocaron como sustento de su r\u00e9plica a la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n extintiva alegada por Seguros de Vida Suramericana S.A., la existencia de un vac\u00edo normativo por falta de regulaci\u00f3n en el art\u00edculo 1081 del C\u00f3digo de Comercio de su condici\u00f3n de \u00abterceros relativos\u00bb, que ameritara una extensi\u00f3n de la hermen\u00e9utica que la Corte ha dispensado a los art\u00edculos 1131 y 1133 del mismo estatuto, en lo tocante a la acci\u00f3n directa establecida a favor de las v\u00edctimas en los seguros de responsabilidad. <\/p>\n
Aunque ese defecto relevar\u00eda a la Corte de pronunciarse sobre dicho t\u00f3pico de la impugnaci\u00f3n, no sobra se\u00f1alar lo infundado que el mismo resulta, por lo siguiente: <\/p>\n
Lo primero que se advierte es que ning\u00fan vac\u00edo normativo puede predicarse por el hecho de que una norma de redacci\u00f3n tan amplia como el art\u00edculo 1081 ib\u00eddem, no se refiera expresamente a todas las acepciones que pueda tener el vocablo \u00abinteresado\u00bb a que alude en su inciso 2\u00b0, y mucho menos que de esa eventual omisi\u00f3n pueda deducirse que quienes, de acuerdo con las normas que disciplinan el contrato de seguro no tengan tal calidad, queden cobijadas por la modalidad de prescripci\u00f3n extraordinaria. <\/p>\n
Est\u00e1 fuera de discusi\u00f3n que, en principio, solo son \u00abinteresados\u00bb las personas que derivan alg\u00fan derecho del contrato de seguro, entre los que estar\u00edan el asegurador y el tomador (art. 1037 C. de Co), as\u00ed como el asegurado y el beneficiario (art. 1047, num. 3\u00b0 ib.), no obstante, trat\u00e1ndose del seguro de vida grupo, tal y como a lo largo del proceso con vehemencia lo resaltaron los accionantes y lo ratific\u00f3 el Tribunal, por construcci\u00f3n jurisprudencial se ha reconocido la legitimidad de los c\u00f3nyuges y herederos de los asegurados para demandar el cumplimiento de las obligaciones de la aseguradora, pese a no tener la calidad de contratantes. <\/p>\n
Lo anterior, por cuanto el principio de la relatividad de los contratos no es absoluto y si la inejecuci\u00f3n de un negocio jur\u00eddico puede beneficiar o afectar indirectamente otros patrimonios, \u00abse tiene aceptado que los terceros interesados se encuentran facultados para velar por la suerte del mismo. Es el caso, entre otros, del c\u00f3nyuge sobreviviente o de los herederos del asegurado, (\u2026) quienes en defensa de la sociedad conyugal, de la herencia o del patrimonio social, pueden exigir a la aseguradora que pague lo que debe y a quien corresponde\u00bb. (SC15 dic. 2008, exp. 2001-01021-01). <\/p>\n
Desde esa perspectiva, no llama a duda que en esta causa los demandantes ten\u00edan la condici\u00f3n de terceros interesados en promover la acci\u00f3n derivada del contrato de seguro para su propio beneficio y fue con soporte en la mencionada l\u00ednea jurisprudencial, que el ad quem dio por acreditada su legitimaci\u00f3n por activa. Habiendo obrado al amparo de ese leg\u00edtimo inter\u00e9s, resulta inadmisible que ahora, por esta v\u00eda extraordinaria, aduzcan su condici\u00f3n de terceros para cuestionar la senda de la prescripci\u00f3n considerada por el juzgador, en total desconocimiento de la doctrina jurisprudencial por ellos mismos invocada para sustentar su reclamaci\u00f3n judicial. <\/p>\n
Se memora, adem\u00e1s, que el sentido de la expresi\u00f3n \u00abcontra toda clase de personas\u00bb contenida en el inciso 3\u00b0del art\u00edculo 1081 ejusdem, no hace referencia a los terceros, como lo afirman los recurrentes, pues tal y como lo ha analizado la Corte al tamiz de los art\u00edculos 2530 y 2541 del C\u00f3digo Civil, con esa expresi\u00f3n se entiende que la prescripci\u00f3n extraordinaria corre incluso en contra de los incapaces. As\u00ed, en CSJ SC 3 may. 2000, exp. 5360, dijo la Sala, <\/p>\n
Puntualizaci\u00f3n adicional requiere la distinci\u00f3n entre una y otra especie de prescripci\u00f3n, por cuanto a t\u00e9rminos del referido art\u00edculo 1081 del C. de Co., los cinco a\u00f1os que se exigen para la extraordinaria correr\u00e1n \u201ccontra toda clase de personas\u201d; mandato este \u00faltimo cuyo alcance defini\u00f3 la Corte al sostener que \u201cLa expresi\u00f3n \u2018contra toda clase de personas\u2019 debe entenderse en el sentido de que el legislador dispuso que la prescripci\u00f3n extraordinaria corre a\u00fan contra los incapaces (art\u00edculo 2530 numeral 1\u00b0 y 2541 del C.C.), as\u00ed como contra todos aquellos que no hayan tenido ni podido tener conocimiento\u2026\u201d del hecho que da base a la acci\u00f3n (sentencia citada de 7 de julio de 1977), esto es, en los casos de los ejemplos analizados, que el t\u00e9rmino de la prescripci\u00f3n extraordinaria corre, seg\u00fan el evento, desde el d\u00eda del siniestro, o desde cuando se perfeccion\u00f3 el contrato viciado por una reticencia o inexactitud, h\u00e1yase o no tenido conocimiento real o presunto de su ocurrencia, y no se suspende en ning\u00fan caso, como s\u00ed sucede con la ordinaria (art\u00edculo 2530 del C.C.). (\u2026) <\/p>\n
Resulta por ende de lo dicho, que los dos a\u00f1os de la prescripci\u00f3n ordinaria corren para todas las personas capaces, a partir del momento en que conocen real o presuntamente del hecho que da base a la acci\u00f3n, por lo cual dicho t\u00e9rmino se suspende en relaci\u00f3n con los incapaces (art\u00edculo 2541 C.C.), y no corre contra quien no ha conocido ni podido o debido conocer aqu\u00e9l hecho; mientras que los cinco a\u00f1os de la prescripci\u00f3n extraordinaria corren sin soluci\u00f3n de continuidad, desde el momento en que nace el respectivo derecho, contra las personas capaces e incapaces, con total prescindencia del conocimiento de ese hecho, como a espacio se refiri\u00f3, y siempre que, al menos te\u00f3ricamente, no se haya consumado antes la prescripci\u00f3n ordinaria. <\/p>\n
Con posterioridad, en SC 29 jun. 2007, exp. 1998-04690-01, con mayor holgura se refiri\u00f3 el alcance de esa expresi\u00f3n, en los siguientes t\u00e9rminos, <\/p>\n
En lo que ata\u00f1e a las personas cuyas acciones o derechos pueden extinguirse por el fen\u00f3meno de que se trata, la norma en comento advirti\u00f3, en relaci\u00f3n con la prescripci\u00f3n extraordinaria, que ella \u201ccorre contra toda clase de personas\u201d (Se subraya), entendimiento que permite colegir, de un lado, que la ordinaria -sobre la cual, en el punto, la norma no consagr\u00f3 ninguna advertencia especial- no opera contra los incapaces, en tanto que la extraordinaria, por el contrario, s\u00ed aplica respecto de ellos, es decir, se itera, de \u201ctoda clase de personas\u201d. <\/p>\n
Esa fue la inteligencia que la Corte, desde su sentencia de 7 de julio de 1977, ha venido dando a la mencionada locuci\u00f3n del inciso 3\u00b0 del art\u00edculo 1081 del C\u00f3digo de Comercio. En dicho fallo, se precis\u00f3 que \u201cEl -t\u00e9rmino, se aclara- de la extraordinaria comienza a correr \u2018contra toda clase de personas… desde el momento en que nace el respectivo derecho\u2019, expresi\u00f3n \u00e9sta que sin duda alguna equivale a la que emplea el segundo inciso del art\u00edculo que se comenta. El derecho a la indemnizaci\u00f3n nace para el asegurado o para el beneficiario, en su caso, en el momento en que ocurre el hecho futuro e incierto a que estaba suspensivamente condicionado, o lo que es lo mismo, cuando se produce el siniestro…La expresi\u00f3n \u2018contra toda clase de personas\u2019 debe entenderse en el sentido de que el legislador dispuso que la prescripci\u00f3n extraordinaria corre aun contra los incapaces (art\u00edculo 2530 numeral 1\u00b0 y 2541 del C.C.), as\u00ed como contra todos aquellos que no hayan tenido ni podido tener conocimiento del siniestro…el legislador utiliz\u00f3 dos locuciones distintas para expresar una misma idea, como ocurre con las que aparecen en los incisos 2\u00b0 y 3\u00b0 del art\u00edculo 1081, acaso para no incurrir en repeticiones o para destacar lo que se expuso respecto de los incapaces en el p\u00e1rrafo anterior,…\u201d (G.J. CLV, p. 153; se subraya). <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
Por tanto, la expresi\u00f3n \u201ccontra toda clase de personas\u201d, que en relaci\u00f3n con la prescripci\u00f3n extraordinaria contempla el inciso 3\u00b0 del tantas veces citado art\u00edculo 1081 del estatuto mercantil, no tuvo por fin circunscribir esa precisa forma de extinci\u00f3n de las acciones, a una o unas espec\u00edficas y, mucho menos, a las que surjan con ocasi\u00f3n del seguro de da\u00f1os, como tampoco significa que esa modalidad prescriptiva s\u00f3lo opera respecto de ciertos interesados, en particular los beneficiarios, pues la amplitud del precepto deja en claro que ambas clases de prescripci\u00f3n, por regla, se aplican a la generalidad de las acciones que tienen fuente en el negocio aseguraticio o en la normatividad a que \u00e9l est\u00e1 sometido y que operan en pro o en contra de todo interesado, no siendo entonces de recibo en esta materia la hermen\u00e9utica que efect\u00faa el censor en su demanda casacional, como se anticip\u00f3. (Negrilla fuera del texto). <\/p>\n
Por otra parte, no puede soslayarse que el hito previsto en el art\u00edculo 1131 del C\u00f3digo de Comercio para computar la prescripci\u00f3n respecto de la v\u00edctima, es decir, \u00abel momento en que acaezca el hecho externo imputable al asegurado\u00bb, solo puede ser invocado en los seguros de responsabilidad civil y armoniza con lo previsto en el art\u00edculo 1133 ib\u00eddem, a cuyo tenor, en esa clase de seguros \u00ablos damnificados tienen acci\u00f3n directa contra el asegurador\u00bb, cuya finalidad se orienta a la defensa del damnificado para que el asegurador le indemnice el da\u00f1o que le provoc\u00f3 su asegurado, mediante un mecanismo que garantiza de manera m\u00e1s efectiva el cumplimiento de ese prop\u00f3sito. <\/p>\n
Respecto al contenido del art\u00edculo 1081 del C\u00f3digo de Comercio y su relaci\u00f3n con la norma especial que regula la prescripci\u00f3n de la mencionada acci\u00f3n directa, en CSJ SC 25 may. 2011, exp. 2004-00142-01, en la cual se reiter\u00f3 el criterio expuesto en SC 29 jun. 2007, exp. 1998-04690-01, la Corte, tras efectuar una rese\u00f1a de su propia jurisprudencia, puntualiz\u00f3: <\/p>\n
(\u2026) el art\u00edculo 1131 idem, concerniente, igualmente, con el instituto de la prescripci\u00f3n, concretamente, con el seguro de responsabilidad civil, fij\u00f3 un referente adicional que, sin duda, incide decididamente en la clase de extinci\u00f3n del derecho y el destinatario de la misma. A partir de esta concurrencia normativa fueron naciendo importantes criterios sobre qu\u00e9 clase de prescripci\u00f3n deb\u00eda aplicarse a la v\u00edctima y desde cu\u00e1ndo contaba el mismo. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
De la evocaci\u00f3n efectuada surgen prontamente y sin dubitaci\u00f3n alguna, postulados de las siguientes caracter\u00edsticas: i) la prescripci\u00f3n prevista en el art\u00edculo 1131 del C. de Co., en trat\u00e1ndose de un seguro de responsabilidad civil, cuando la v\u00edctima acciona es, sin duda, de cinco a\u00f1os, o sea, la extraordinaria; ii) que, por lo mismo, la consagraci\u00f3n de dicho aspecto temporal deviene, claramente, demarcada por matices objetivos y no subjetivos; iii) esto \u00faltimo significa que el t\u00e9rmino cuenta a partir del acaecimiento del siniestro o el hecho imputable al asegurado, independientemente que lo haya conocido o no el afectado; adem\u00e1s, corre frente a toda clase de personas, inclusive los incapaces. <\/p>\n
Aflora as\u00ed mismo y de manera incontestable, que tratamiento normativo de semejante talante impone la concurrencia de un elemento imprescindible, definitivo, en verdad, para fijar el sentido de la decisi\u00f3n reclamada, como es que la v\u00edctima haya sido quien acometi\u00f3 la acci\u00f3n judicial en contra de la aseguradora, o sea, comporte el ejercicio de un accionar directo (art\u00edculos 84 y 87 de la Ley 45 de 1990); en otros t\u00e9rminos, los efectos favorables que el actor pretende derivar de la norma invocada podr\u00e1n producirse siempre y cuando la litis involucre como demandante al agredido y como demandada a la aseguradora y, por supuesto, concierna con el seguro de responsabilidad civil (…). (Subraya intencional): <\/p>\n
A partir de las anteriores premisas, es irrefutable que la ex\u00e9gesis de los art\u00edculos 1131 y 1133 del C\u00f3digo de Comercio es por completo ajena a la definici\u00f3n del problema jur\u00eddico resuelto en este asunto por el Tribunal en punto a la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n derivada de un contrato de seguro, por la pr\u00edstina raz\u00f3n que la acci\u00f3n directa es una instituci\u00f3n propia del seguro de responsabilidad civil, en asuntos en los cuales la litis involucre como convocante a la v\u00edctima en contra de la aseguradora en procura de obtener el resarcimiento del da\u00f1o irrogado por el asegurado, que de ninguna manera pod\u00eda extrapolarse a una controversia sobre seguros de personas como fue la que origin\u00f3 el presente proceso, en su modalidad de \u00abseguro de vida grupo\u00bb cuya finalidad y fundamento son sustancialmente distintos. <\/p>\n
Significa lo anterior, que el Tribunal no pudo trasgredir el art\u00edculo 1131 del C\u00f3digo de Comercio por falta de aplicaci\u00f3n, porque esa no era la norma que deb\u00eda regir la soluci\u00f3n de la controversia. <\/p>\n
4.- Francisco Alejandro Ochoa Nore\u00f1a, Claudia Johana Ochoa Nore\u00f1a y Mar\u00eda Rubiela Nore\u00f1a Orozco, aduciendo su calidad de hijos y c\u00f3nyuge sobreviviente de Juan Francisco Ochoa Correa, ejercieron su derecho de acci\u00f3n en contra Seguros de Vida Suramericana S.A. y Bancolombia S.A., invocando la efectividad de la p\u00f3liza de seguro grupo deudores 083-112481, en cual la entidad financiera fue tomadora y beneficiaria onerosa, y el fallecido, el asegurado. <\/p>\n
Es claro, entonces, que, trat\u00e1ndose de una acci\u00f3n derivada de un contrato de seguro, a la luz del art\u00edculo 1081 del C\u00f3digo de Comercio, su prescripci\u00f3n pod\u00eda ser ordinaria o extraordinaria. De modo que siendo todos los gestores personas capaces, y dilucidado como qued\u00f3 que ellos tuvieron o debieron tener conocimiento del siniestro en la misma fecha de su ocurrencia, refulge que el asunto se reg\u00eda por el t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n ordinaria, como en efecto lo advirti\u00f3 el Tribunal al concluir que para el momento de presentaci\u00f3n de la demanda hab\u00eda fenecido la acci\u00f3n. <\/p>\n
Ante la contundencia de la anterior inferencia, ning\u00fan yerro iure podr\u00eda predicarse de la interpretaci\u00f3n ofrecida por el sentenciador a los incisos 2\u00b0 y 3\u00b0 del art\u00edculo 1081 del C\u00f3digo de Comercio, ni a su aplicaci\u00f3n para la definici\u00f3n de la controversia. De manera que no se demostr\u00f3 vulneraci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico, toda vez que el criterio acogido por el juzgador de segundo grado, a partir de la norma jur\u00eddica que contempla el t\u00e9rmino para promover \u00ablas acciones que se derivan del contrato de seguro o de las disposiciones que lo rigen\u00bb, es el jur\u00eddicamente aceptado. <\/p>\n
En suma, no prospera el cargo. <\/p>\n
5.- Como la decisi\u00f3n es adversa a los recurrentes, se les condenar\u00e1 en costas, de conformidad con el art\u00edculo 349 del C\u00f3digo General del Proceso. Para su cuantificaci\u00f3n se tendr\u00e1 en cuenta que las demandadas se pronunciaron dentro del t\u00e9rmino de traslado. <\/p>\n
IV.- DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira el 18 de julio de 2019, dentro del proceso verbal de Francisco Alejandro Ochoa Nore\u00f1a, Claudia Johana Ochoa Nore\u00f1a y Mar\u00eda Rubiela Nore\u00f1a Orozco, contra Seguros de Vida Suramericana S.A. y Bancolombia S.A. <\/p>\n
Devu\u00e9lvase el expediente al Tribunal de origen. <\/p>\n
Notif\u00edquese <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
ALVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJERO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
SALVAMENTO DE VOTO <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 66001-31-03-003-2017-00133-01 <\/p>\n
1. Con el acostumbrado respeto que siempre he observado por la Sala y por esta Corte de Casaci\u00f3n, me veo en la imperiosa necesidad de salvar mi voto, por cuanto no comparto la decisi\u00f3n adoptada en el fallo de la referencia, ni los argumentos basilares sobre los cuales \u00e9sta se edific\u00f3, porque desnaturaliz\u00f3 los conceptos: partes del contrato de seguro, terceros ajenos al convenio, prescripci\u00f3n extintiva en materia de seguros, entre otros, como circunstancias axiales para determinar el fen\u00f3meno jur\u00eddico aplicable al caso, desconociendo el significado literal y natural del art\u00edculo 1081 del C\u00f3digo de Comercio. <\/p>\n
Para sustentar mi voto divergente, abordar\u00e9 en forma liminar y sucinta la cuesti\u00f3n f\u00e1ctica para advertir y entender las fuertes razones por las cuales me aparto; enseguida, hago la exposici\u00f3n de los motivos que soportan mi disenso. <\/p>\n
2. Los hechos relevantes, base del litigio sometido al escrutinio de la Sala, son los siguientes: <\/p>\n
2.1. Mar\u00eda Rubiela Nore\u00f1a Orozco, Francisco Alejandro, y Claudia Johana Ochoa Nore\u00f1a, promovieron proceso verbal frente a Seguros de Vida Suramericana S.A. y Bancolombia S.A., solicitando declarar la existencia y validez del contrato de seguro contenido en la p\u00f3liza de vida grupo deudores No. 083-112481. En consecuencia, condenar a la entidad bancaria, a reembolsarles la cobertura de las obligaciones por ellos asumidas en cuant\u00eda de $1.400.000.000. <\/p>\n
2.2. En respaldo de sus pretensiones, arguyeron que las relaciones crediticias generadas entre Juan Francisco Ochoa Correa y Bancolombia S.A., estaban amparadas con la p\u00f3liza de seguro de vida grupo, cuyo tomador y beneficiario oneroso era Bancolombia S.A., y el asegurado Juan Francisco Ochoa Correa, quien declar\u00f3 que no sufr\u00eda trastornos card\u00edacos. <\/p>\n
El 27 de enero de 2015, falleci\u00f3 el asegurado a causa de una insuficiencia respiratoria aguda y el 17 de febrero siguiente, los promotores -c\u00f3nyuge sobreviviente e hijos-, reclamaron ante la aseguradora por conducto de Bancolombia, la cobertura de las obligaciones amparadas; sin embargo, el 25 de marzo posterior, Suramericana S.A. la objet\u00f3, aduciendo reticencia por parte del asegurado, quien desde el 2001, ten\u00eda antecedentes cardiovasculares. La conciliaci\u00f3n extrajudicial en derecho se declar\u00f3 fallida el 31 de marzo de 2016. <\/p>\n
Frente a la negativa de la compa\u00f1\u00eda de seguros de cubrir las obligaciones amparadas con la mencionada p\u00f3liza, los demandantes se vieron compelidos a adquirir cr\u00e9ditos por valor de $1.400.000.000 con Bancolombia S.A., para pagar las acreencias que figuraban a nombre del causante, situaci\u00f3n que les gener\u00f3 graves perjuicios patrimoniales. <\/p>\n
2.3. El Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira, en fallo adiado de 13 de julio de 2018, accedi\u00f3 a las s\u00faplicas. Esa determinaci\u00f3n, fue revocada en sede de apelaci\u00f3n, por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, el 18 de julio de 2019, para en su lugar, declarar pr\u00f3spera la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n propuesta por Seguros de Vida Suramericana S.A. y negar las s\u00faplicas de la demanda. <\/p>\n
El colegiado expuso como ratio decidendi central, que los demandantes eran personas capaces, por tanto, el t\u00e9rmino prescriptivo aplicable era el ordinario de dos a\u00f1os contemplado en el art\u00edculo 1081 del C\u00f3digo de Comercio, el cual deb\u00eda computarse a partir de la fecha del conocimiento del siniestro, esto es, desde el 25 de enero de 2015 y, como la fecha de presentaci\u00f3n del libelo tuvo lugar el 5 de mayo de 2017, transcurri\u00f3 el t\u00e9rmino prescriptivo. <\/p>\n
2.4. La Corte, tras desatar el \u00fanico cargo formulado por los actores, estim\u00f3 que no hab\u00eda lugar a casar. En lo medular, tras razonar: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [N]o llama a duda que en esta causa los demandantes ten\u00edan la condici\u00f3n de terceros interesados en promover la acci\u00f3n derivada del contrato de seguro para su propio beneficio\u201d. <\/p>\n
\u201cEn el caso examinado, [los actores], aduciendo su calidad de hijos y c\u00f3nyuge sobreviviente de Juan Francisco Ochoa Correa, ejercieron su derecho de acci\u00f3n en contra de Seguros de Vida Suramericana S.A. y Bancolombia S.A., invocando para el efecto la efectividad de la p\u00f3liza de seguro grupo deudores 083-112481, en la entidad financiera actu\u00f3 como tomadora y beneficiaria onerosa, y el fallecido, como asegurado. <\/p>\n
Es claro, entonces, que, trat\u00e1ndose de una acci\u00f3n derivada de un contrato de seguro, a la luz del art\u00edculo 1081 del C\u00f3digo de Comercio, su prescripci\u00f3n pod\u00eda ser ordinaria o extraordinaria. De modo que siendo todos los gestores personas capaces, y dilucidado como qued\u00f3 que ellos tuvieron o debieron tener conocimiento del siniestro en la misma fecha de su ocurrencia, refulge que el asunto se reg\u00eda por el t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n ordinaria, como en efecto lo advirti\u00f3 el Tribunal para arribar a la conclusi\u00f3n de que para la fecha en que presentaron la demanda hab\u00eda fenecido la acci\u00f3n. <\/p>\n
Ante la contundencia de la anterior conclusi\u00f3n, ning\u00fan yerro iure podr\u00eda predicarse de la interpretaci\u00f3n ofrecida por el sentenciador a los incisos 2\u00b0 y 3\u00b0 del art\u00edculo 1081 del C\u00f3digo de Comercio, ni a su aplicaci\u00f3n para la definici\u00f3n de la controversia (\u2026)\u201d (subrayado para destacar). <\/p>\n
3. Disiento, como ya lo adelant\u00e9, pues aceptar esa postura, desconoce numerosos preceptos legales que contrario sensu, afirman la pretensi\u00f3n de los demandantes en el litigio cuestionado, y son mis consideraciones, las siguientes: <\/p>\n
4. Del contrato de seguro <\/p>\n
Las disposiciones que regulan el contrato de seguro est\u00e1n contenidas en el T\u00edtulo V, Cap\u00edtulos I a III, art\u00edculos 1036 y S.S. del C\u00f3digo de Comercio (Decreto 410 de 1971). <\/p>\n
La experiencia ha demostrado que el v\u00ednculo de seguro posee un contenido tan heterog\u00e9neo que resulta extremadamente dif\u00edcil reducirlo a un concepto unitario y global comprehensivo de todos los tipos de seguro existentes en el mercado y de aqu\u00e9llos que nacen a diario seg\u00fan las necesidades de los particulares. De ah\u00ed que el legislador haya preferido no dar una definici\u00f3n de tal convenio y se concentrara en exponer sus principales caracter\u00edsticas en el precepto 1036 \u00eddem, al se\u00f1alar que es (consensual, bilateral, oneroso, aleatorio y de ejecuci\u00f3n sucesiva); y, se perfecciona en el momento que el asegurador suscribe la p\u00f3liza. Otro canon, el 1045 ejusdem, determina como elementos esenciales: el inter\u00e9s asegurable (art. 1083 y 1137); el riesgo asegurable (art.1054); la prima o precio del seguro (art. 1066); y la obligaci\u00f3n condicional del asegurador que se convierte en real con el siniestro (art. 1072). <\/p>\n
Ha sido, entonces, labor de la jurisprudencia y la doctrina ofrecer definiciones que hasta el momento no han estado exentas de cr\u00edticas, por mucho que logren aproximarse a la esencia de tal instituto. As\u00ed, por ejemplo, existen definiciones doctrinales bastante generales que, si bien, abarcan la mayor\u00eda de estos contratos, no explican algunos rasgos espec\u00edficos de ciertas modalidades de seguro. Tal es el caso de la descripci\u00f3n de JOAQUIN GARRIGU\u00c9S, para quien el \u201c(\u2026) seguro es un contrato sustantivo y oneroso por el cual una persona \u2013el asegurador\u2013 asume el riesgo de que ocurra un acontecimiento incierto, al menos en cuanto al tiempo, oblig\u00e1ndose a realizar una prestaci\u00f3n pecuniaria cuando el riesgo se haya convertido en siniestro (\u2026)\u201d4. <\/p>\n
La jurisprudencia de esta Corte, por su parte, ha sostenido: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [E]l seguro es un contrato por virtud del cual una persona \u2013el asegurador\u2013 se obliga a cambio de una prestaci\u00f3n pecuniaria cierta que se denomina \u2018prima\u2019, dentro de los l\u00edmites pactados y ante la ocurrencia de un acontecimiento incierto cuyo riesgo ha sido objeto de cobertura, a indemnizar al asegurado los da\u00f1os sufridos o, dado el caso, a satisfacer un capital o una renta, seg\u00fan se trate de seguros respecto de intereses sobre cosas, sobre derechos o sobre el patrimonio mismo, supuestos en que se les llama de \u2018da\u00f1os\u2019 o de \u2018indemnizaci\u00f3n efectiva\u2019, o bien de seguros sobre las perso9nas cuya funci\u00f3n, como se sabe, es la previsi\u00f3n, la capitalizaci\u00f3n y el ahorro\u2019 (\u2026)5\u201d. <\/p>\n
Tal definici\u00f3n parte de la acostumbrada distinci\u00f3n \u2013 acogida por nuestra legislaci\u00f3n comercial\u2013 entre seguros de da\u00f1os y seguros de personas, y si bien logra abarcar una gran generalidad de contratos de seguro, no alcanza a explicar ciertas particularidades del seguro de vida de grupo de deudores (materia de la controversia que se dej\u00f3 a la consideraci\u00f3n de esta Sede), cuyo sello caracter\u00edstico amerita un examen detallado de esta modalidad aseguraticia. <\/p>\n
La Sala en SC de 30 jun. 2011, recogi\u00f3 la siguiente definici\u00f3n de este contrato, seg\u00fan la cual en el seguro de deudores \u201c(\u2026) el acreedor \u2013quien funge como tomador\u2013 puede adquirir una p\u00f3liza \u2018individual\u2019 o \u2018de grupo\u2019, para que la aseguradora, a cambio de una prima, cubra el riesgo de muerte o incapacidad del deudor \u2013que toma la calidad de asegurado\u2013, y en caso de que se configure el siniestro, pague al acreedor hasta el valor del cr\u00e9dito, pero nunca m\u00e1s (\u2026)6\u201d. <\/p>\n
Tanto esta Corte, en la citada sentencia, como un amplio sector de la doctrina han aclarado que \u201c(\u2026) en esta tipolog\u00eda de seguros no se cubre el incumplimiento de la prestaci\u00f3n pactada, esto es que no se trata de una forma de seguro de cr\u00e9dito en el cual el riesgo est\u00e9 constituido por la imposibilidad de obtener el pago ante la muerte o incapacidad permanente del deudor\u00bb, [es decir que este seguro] \u201ccubre el riesgo consistente en la muerte del deudor, as\u00ed como su eventual incapacidad total o permanente (\u2026)7\u201d. <\/p>\n
Sin embargo, aunque el riesgo recae en la vida del deudor \u2013pues el suceso incierto de su muerte es lo que origina el pago de la prestaci\u00f3n adquirida por el asegurador, no puede negarse que este seguro participa de cierta naturaleza indemnizatoria que se patentiza en el perjuicio econ\u00f3mico que puede llegar a sufrir el acreedor y que indudablemente constituye tanto el inter\u00e9s asegurable como la causa final de este convenio. Luego, aunque el siniestro se configura con la muerte o invalidez total del deudor, en realidad no es su integridad personal lo que al banco le interesa asegurar, sino el recaudo efectivo de su cr\u00e9dito, es decir, proteger su patrimonio del eventual perjuicio que pudiera causarle la muerte de su deudor, lo que en sentido estricto corresponde a una prestaci\u00f3n resarcitoria. <\/p>\n
La anterior afirmaci\u00f3n, aunque en principio parezca poco ortodoxa, no resulta contraevidente y, en cambio, encuentra un s\u00f3lido apoyo argumentativo en la ley y en los hechos, tal como a continuaci\u00f3n se expone; por ello, es m\u00e1s convincente que la explicaci\u00f3n dada hasta ahora por la jurisprudencia, consistente en que el seguro de vida de grupo de deudores pertenece exclusivamente a la categor\u00eda de los seguros de personas porque de otro modo se asemejar\u00eda a un seguro de da\u00f1os, lo cual constituye una falacia de petici\u00f3n de principio que no resuelve el problema, pues cae en la simplicidad de aseverar que es un seguro de personas porque es un seguro de personas. <\/p>\n
\u201c(\u2026) [E]l espec\u00edfico riesgo asumido por la compa\u00f1\u00eda de seguros en la p\u00f3liza objeto de litigio [\u2013ha dicho esta Sala\u2013], no es la imposibilidad de pago del deudor por causa de su muerte, porque si as\u00ed fuera podr\u00eda inferirse que la p\u00f3liza pactada con un riesgo de tal configuraci\u00f3n tendr\u00eda una connotaci\u00f3n patrimonial y se asemejar\u00eda a una p\u00f3liza de seguro de cr\u00e9dito. Lo que se asegur\u00f3 es lisa y llanamente el suceso incierto de la muerte del deudor, independientemente de si el patrimonio que deja permite que la acreencia le sea pagada a la entidad bancaria prestamista (\u2026)8\u201d. <\/p>\n
El razonamiento que debe hacerse a fines de consolidar una teor\u00eda coherente y racional de este instituto no es si el concepto actual del seguro de vida de deudores se ci\u00f1e o no a la doctrina vigente, sino si la descripci\u00f3n formal de este tipo de seguro se amolda de manera precisa y satisfactoria a su realidad f\u00e1ctica, a partir de la funci\u00f3n econ\u00f3mico-social que cumple esta especie de contrato. <\/p>\n
A diferencia del C\u00f3digo de 1887, que centraba el concepto de inter\u00e9s asegurable en el objeto asegurado (Art. 642, inc. 2\u00ba), y lo atribu\u00eda a la persona \u201cinteresada\u201d en su conservaci\u00f3n, el estatuto vigente va m\u00e1s all\u00e1 de la relaci\u00f3n entre el titular del derecho y el objeto asegurado, y pone mayor \u00e9nfasis en el patrimonio (activos y pasivos) presente y futuro de quien pueda resultar perjudicado con la realizaci\u00f3n del riesgo, a\u00fan en los seguros personales. <\/p>\n
De conformidad con lo estipulado por el art\u00edculo 1137 del C\u00f3digo de Comercio, en los seguros de personas se puede tener inter\u00e9s asegurable no s\u00f3lo en la propia vida (numeral 1\u00ba), sino adem\u00e1s \u201cen la de las personas a quienes legalmente pueda reclamar alimentos\u201d (inciso 2\u00ba) y \u201cen la de aqu\u00e9llas cuya muerte o incapacidad puedan aparejarle un perjuicio econ\u00f3mico, aunque \u00e9ste no sea susceptible de una evaluaci\u00f3n cierta\u201d (inciso 3\u00ba). <\/p>\n
En efecto, al momento de solicitar un cr\u00e9dito a una entidad financiera el cliente no tiene el m\u00e1s m\u00ednimo inter\u00e9s en asegurar su vida, ni mucho menos el pago de la deuda en caso de que llegue a morir. En verdad, el prop\u00f3sito del usuario bancario que se encuentra en tal circunstancia, es solventar una necesidad econ\u00f3mica mediante la adquisici\u00f3n de una obligaci\u00f3n crediticia. El \u00fanico motivo por el que el cliente adhiere al contrato de seguro es porque es un requisito impuesto por el banco para el desembolso del dinero que es objeto del mutuo. <\/p>\n
En estos casos el usuario no tiene ninguna posibilidad de negociar, discutir, consensuar o regatear el contenido de las cl\u00e1usulas del mutuo o del seguro que se le impone como condici\u00f3n para la celebraci\u00f3n de ese contrato, ante todo por la posici\u00f3n dominante de la aseguradora, como por la d\u00e9bil relaci\u00f3n jur\u00eddico-econ\u00f3mica de una persona natural con una persona jur\u00eddica, empresa calificada, especializada y profesional. Por consiguiente, la \u00fanica opci\u00f3n que le queda es aceptar el negocio condicionado como mal menor si es que realmente quiere acceder a la prestaci\u00f3n que necesita. La voluntad del cliente en este supuesto se manifiesta y exterioriza de manera adhesiva y no decisiva; de un modo completamente pasivo y jam\u00e1s activo, pleno y deliberante. Nada tiene el cliente que reflexionar o discutir: simplemente o lo toma o lo deja. <\/p>\n
En tales circunstancias, si bien el deudor es el titular del objeto del seguro (su vida misma), no est\u00e1 tan claro que lo sea del inter\u00e9s asegurable. Por el contrario, el principal inter\u00e9s surge de parte del banco, y no nace de la relaci\u00f3n afectivo-econ\u00f3mica que pueda tener con sus clientes \u2013cuya vida o integridad personal poco o nada le interesa a una entidad financiera\u2013, sino de la garant\u00eda para la recuperaci\u00f3n de su acreencia. El inter\u00e9s asegurable en los seguros de vida de grupo de deudores no es la vida del consumidor financiero (art. 1137, n\u00fam. 1\u00ba) sino el perjuicio econ\u00f3mico que el banco pueda sufrir con la muerte de su deudor (n\u00fam. 3\u00ba). <\/p>\n
Que el inter\u00e9s asegurable en esta clase de seguro participa de una naturaleza indemnizatoria lo confirma la excepci\u00f3n consagrada en la segunda parte del art\u00edculo 1138 del C\u00f3digo de Comercio, que impone un l\u00edmite al valor del inter\u00e9s asegurable cuando el perjuicio a que se refiere el numeral 3\u00ba del art\u00edculo 1137, sea susceptible de evaluaci\u00f3n cierta. Es decir que en todos los seguros de vida de deudores la prestaci\u00f3n a cargo de la aseguradora se concreta al monto de la deuda pendiente al momento del siniestro, a diferencia de lo que ocurre en los seguros exclusivamente de personas, que por no ser de naturaleza indemnizatoria no tienen otro l\u00edmite que el que libremente le asignen las partes contratantes. <\/p>\n
Si el titular del inter\u00e9s asegurable no es tanto el deudor como el propio banco; si este inter\u00e9s recae en el perjuicio econ\u00f3mico que su muerte pueda ocasionar al acreedor y no tanto en la vida misma del deudor; y si el pago de la prestaci\u00f3n est\u00e1 dispuesto por la ley para cubrir el perjuicio econ\u00f3mico que se pueda causar al banco, sin que pueda exceder de esa suma porque habr\u00eda un enriquecimiento injustificado de parte del beneficiario, entonces carece de sentido seguir defendiendo la tesis que pregona que este seguro es exclusivamente de personas y no posee car\u00e1cter indemnizatorio. <\/p>\n
Es m\u00e1s, si partimos de la definici\u00f3n t\u00e9cnica de la posici\u00f3n del asegurado, atendiendo al contenido jur\u00eddico del contrato, aqu\u00e9l es la persona amenazada en su patrimonio econ\u00f3mico, generalmente el tomador; (EFR\u00c9N OSSA. Teor\u00eda General del seguro. Tomo II: El contrato. Bogot\u00e1: Temis, 1984. p. 11). Luego, en estricto sentido t\u00e9cnico, en esta clase de seguro el banco se asemeja m\u00e1s a la calidad de asegurado que el deudor titular del objeto del seguro. <\/p>\n
En el seguro de vida de deudores, el motivo principal que conduce a la celebraci\u00f3n de ese contrato es proteger el patrimonio del acreedor, pues se reitera, no existe ninguna justificaci\u00f3n racional para que un deudor se proponga asegurar su vida en ese momento, ni mucho menos que le preocupe demasiado si despu\u00e9s de su muerte dejar\u00e1 un patrimonio suficiente para pagar la deuda a la entidad financiera. <\/p>\n
En el mismo sentido, entiende Domingo L\u00f3pez Saavedra, cuando expresa: <\/p>\n
\u201c(\u2026) el acreedor que presta dinero confiando en la capacidad de repago de su deudor quiere tener la tranquilidad de que, en caso de fallecimiento de \u00e9ste, su cr\u00e9dito se ver\u00e1 cancelado de inmediato. Es evidente que, si los ingresos del deudor provienen del ejercicio de un comercio, arte o profesi\u00f3n, la calidad de comerciante, artista o profesional no es heredable. La existencia de un seguro dar\u00e1 certeza al acreedor de la recuperaci\u00f3n de su cr\u00e9dito, aun en caso de fallecimiento del deudor y brindar\u00e1 a los herederos de este \u00faltimo la tranquilidad de no ver afectado el acervo sucesorio a la cancelaci\u00f3n de un pasivo del causante. El acreedor no tiene inter\u00e9s en ejecutar sus garant\u00edas, sino en el recupero normal de sus cr\u00e9ditos y, de fallecer o invalidarse el acreedor, obtendr\u00e1 el recupero del dinero del asegurador en forma inmediata mediante el seguro (\u2026)\u201d (Tratado de derecho comercial. Seguros. Buenos Aires: La Ley, 2010. p. 928) (Resaltado para destacar). <\/p>\n
Es innegable, entonces, que aunque el objeto del seguro es la vida del deudor y el riesgo es el evento incierto de su muerte o incapacidad total, este seguro participa de un evidente contenido patrimonial e indemnizatorio; siendo el titular del inter\u00e9s asegurado el banco tomador. Esto, t\u00e9cnicamente lo convierte en el principal asegurado, aunque un amplio sector de la doctrina tenga establecido que esta posici\u00f3n la asume el deudor de manera exclusiva. <\/p>\n
Existen, sin embargo, tratadistas que asumen una postura mucho m\u00e1s radical y sostienen que en el seguro de vida de deudores el riesgo asegurado no es tanto la persona del deudor como la imposibilidad de pago de la deuda: <\/p>\n
\u201c(\u2026) No cabe desconocer por otra parte que en esa clase de seguros el riesgo efectivamente asegurado no es tanto la muerte o invalidez del asegurado, cuanto la subsiguiente imposibilidad para generar ingresos que permitan seguir amortizando el pr\u00e9stamo; con lo que tambi\u00e9n puede resultar de inter\u00e9s para el prestatario \u2013y sobre todo para sus herederos\u2013 esa garant\u00eda adicional (\u2026)\u201d. (Abel VEIGA COPO. Contrato de Seguro. En: Rodrigo BERCOVITZ RODRIGUEZ. Tratado de contratos. Tomo V. Valencia: Tirant lo Blanch, 2009. P. 5715) (subrayado propio). <\/p>\n
No hay ninguna raz\u00f3n para seguir sosteniendo que el inter\u00e9s directo lo tiene el deudor sobre su vida, mientras el banco posee un inter\u00e9s indirecto en la recuperaci\u00f3n de su acreencia, pues la funci\u00f3n econ\u00f3mico-social de este contrato indica sin ning\u00fan asomo de duda que lo que ocurre es todo lo contrario, porque el inter\u00e9s principal que hace posible el surgimiento de este convenio y su imposici\u00f3n al deudor es la garant\u00eda del pago de la deuda m\u00e1s que la preocupaci\u00f3n por la integridad personal del cliente. <\/p>\n
En cambio, la protecci\u00f3n del patrimonio de los herederos es un inter\u00e9s eventual y secundario, pues s\u00f3lo se concretar\u00eda en la hip\u00f3tesis de que el deudor fallecido haya dejado bienes de fortuna, en cuyo caso el seguro les aprovechar\u00eda al no tener que disponer del acervo sucesoral para cancelar las deudas que hubiere dejado el causante. <\/p>\n
Este seguro ha sido considerado de naturaleza personal y no de da\u00f1os porque el riesgo asegurable cuya realizaci\u00f3n da origen a la conformaci\u00f3n del siniestro lo constituye la muerte o incapacidad total del deudor. Mas ello, per se, no obsta para que participe de cierta connotaci\u00f3n patrimonial e indemnizatoria, como se acab\u00f3 de explicar. <\/p>\n
As\u00ed, en esta especie de negocio el acreedor toma el seguro para resguardar su propio beneficio econ\u00f3mico y no tanto para asegurar la vida de su cliente; el banco es el titular del inter\u00e9s asegurable que se concreta en el posible perjuicio econ\u00f3mico que pueda acarrearle la muerte de su deudor, lo que t\u00e9cnicamente lo convierte en asegurado; el riesgo consecuencial es la imposibilidad de pagar el pr\u00e9stamo; y, finalmente, la entidad crediticia es la beneficiaria del seguro porque es quien recibe de la aseguradora el pago de la prestaci\u00f3n. Esta m\u00faltiple condici\u00f3n le asigna a la instituci\u00f3n financiera un indiscutible estatus de dominus negotti, por lo que la posici\u00f3n pasiva, disminuida y necesitada del deudor se limita, de modo exclusivo, al pago de la prima de una p\u00f3liza que se le impone y cuyos beneficios est\u00e1n dirigidos principalmente a satisfacer los intereses de la entidad financiera. <\/p>\n
Es m\u00e1s, resulta incomprensible que el deudor tenga que sufragar la prima de un seguro concebido principalmente para resguardar los intereses econ\u00f3micos del banco, lo que demuestra la notoria posici\u00f3n de desventaja y sumisi\u00f3n en que se halla el usuario del sistema financiero. <\/p>\n
En realidad, al deudor no deber\u00eda preocuparle mucho garantizar el cumplimiento de sus obligaciones una vez acontecida su muerte, pues ese ya no ser\u00e1 su problema. De manera que, si a los terceros les asiste alg\u00fan inter\u00e9s econ\u00f3mico, \u00e9ste no recae en el deudor mismo sino en los codeudores del cr\u00e9dito -si es que los hay-, o en los sucesores del deudor que deja bienes de fortuna, pues tales personas se ver\u00edan descargados del pago de la obligaci\u00f3n crediticia que haya dejado el de cujus. Mas, en todo caso, tal beneficio comporta un inter\u00e9s indirecto y secundario respecto del inter\u00e9s principal que le asiste al banco, como qued\u00f3 explicado l\u00edneas arriba. <\/p>\n
Si el banco es el dominus negotti; si impone a su cliente de manera unilateral la contrataci\u00f3n del seguro; si es quien ostenta el inter\u00e9s asegurable; es el beneficiario del seguro y, finalmente, es quien gana comisiones por la colocaci\u00f3n de las p\u00f3lizas, entonces lo menos que puede esperarse de esa ventajosa condici\u00f3n que le apareja innegables ganancias econ\u00f3micas, es que asuma las obligaciones precontractuales y contractuales que dicha posici\u00f3n le acarrea, entre ellas la de responder por los deberes que tiene como tomador, actuar de buena fe y coherentemente con sus propios actos, declarar al asegurador la informaci\u00f3n que est\u00e9 a su disposici\u00f3n y que resulta trascendental para la perfecci\u00f3n del contrato, y evitar causar perjuicios a sus clientes con su descuido o negligencia. <\/p>\n
4.1. En los seguros por cuenta de tercero, \u201cal tomador incumben las obligaciones y al tercero corresponde el derecho a la prestaci\u00f3n asegurada\u201d, tal como lo dispone el art\u00edculo 1039 del C\u00f3digo de Comercio. En tanto que \u201cal asegurado corresponden aquellas obligaciones que no pueden ser cumplidas m\u00e1s que por \u00e9l mismo.\u201d <\/p>\n
Fulge pertinente precisar, que en el seguro de vida grupo deudores convergen entonces: el asegurador, tomador, el asegurado y el beneficiario. <\/p>\n
4.2. El asegurador, es la persona jur\u00eddica profesional y vigilada por el Estado, quien \u201c(\u2026) asume los riesgos debidamente autorizada para ello (\u2026)\u201d (art. 1037 C. de Co.), a trav\u00e9s de una convenci\u00f3n, oblig\u00e1ndose a proteger un eventual perjuicio pecuniario que puede recaer sobre da\u00f1os, bienes, o al patrimonio de personas involucradas o no en el acuerdo aseguraticio. Su obligaci\u00f3n principal, consiste en pagar el saldo insoluto de la deuda, en caso de ocurrencia del evento asegurado. <\/p>\n
4.3. El tomador, es la persona natural o jur\u00eddica quien contrata con el asegurador el amparo para s\u00ed o para otro llamado asegurado, esto es que, \u201c(\u2026) obrando por cuenta propia o ajena, traslada los riesgos\u201d (art. 1037 C. de Co.), para resguardar sus activos frente a un menoscabo que llegare a sufrir o causar, para ello paga el importe de la prima. Si es para proteger su propio inter\u00e9s, por cuenta propia, revestir\u00e1 el doble car\u00e1cter de tomador y asegurado. <\/p>\n
4.4. El asegurado es el sujeto de derecho cuya vida o integridad corporal est\u00e1 expuesta al riesgo. El inter\u00e9s asegurable es en \u00faltimas \u201cla vida del deudor\u201d10, como lo estipula el art\u00edculo 1137 del C\u00f3digo de Comercio11. <\/p>\n
4.5. El beneficiario del seguro, es la persona determinada o determinable, titular de los derechos indemnizatorios, por lo tanto, a quien \u201c(\u2026) corresponde el derecho a la prestaci\u00f3n asegurada (\u2026)\u201d (art. 1039 del C. de Co.), calidad que pueden ostentar el propio tomador o una persona diferente (tercero). <\/p>\n
En el Seguro de Vida se distinguen dos clases de beneficiarios: A t\u00edtulo gratuito y a t\u00edtulo oneroso. Al tenor del canon 1141 del Estatuto Comercial, ser\u00e1 beneficiario a t\u00edtulo gratuito aquel cuya designaci\u00f3n tiene por causa la mera liberalidad del tomador. En los dem\u00e1s casos, el beneficiario ser\u00e1 a t\u00edtulo oneroso. En defecto de estipulaci\u00f3n en contrario, se presumir\u00e1 que el beneficiario ha sido designado a t\u00edtulo gratuito. <\/p>\n
4.6. Terceros ajenos al contrato. Si bien, es un hecho notorio que no son parte, en cuanto no suscriben el contrato, tienen un inter\u00e9s indirecto, secundario y eventual con el seguro, para que el patrimonio del causante no se vea desmejorado o disminuido. <\/p>\n
En el tipo particular de seguros de la controversia, el tomador y el asegurador se encuentran vinculados por un lazo estrictamente negocial, en donde, a su arbitrio y, sin contrariar la ley, se hallan facultados para estipular las condiciones y l\u00edmites del riesgo, ante la perdida de vida del asegurado. <\/p>\n
No obstante, l\u00edneas atr\u00e1s se explic\u00f3, que en esta especie de seguro el banco t\u00e9cnicamente tambi\u00e9n es \u201casegurado\u201d porque ostenta el inter\u00e9s asegurable, lo que por virtud de la norma antes mencionada, lo convierte en el principal obligado a declarar el estado del riesgo cuya informaci\u00f3n est\u00e9 a su alcance. <\/p>\n
En todo caso, y aunque se considere al deudor como \u00fanico asegurado y titular del inter\u00e9s asegurable \u2013s\u00f3lo por la comodidad de permanecer apegado a la postura acr\u00edtica de la doctrina tradicional\u2013, lo cierto es que el segundo inciso del art\u00edculo 1039 impone al asegurado aquellas obligaciones que no pueden ser cumplidas m\u00e1s que por \u00e9l mismo. <\/p>\n
De igual modo, el art\u00edculo 1041 del estatuto de los comerciantes se\u00f1ala: \u201clas obligaciones que en este T\u00edtulo se imponen al asegurado, se entender\u00e1n a cargo del tomador o beneficiario cuando sean estas personas las que est\u00e9n en posibilidad de cumplirlas\u201d. <\/p>\n
La alianza estrat\u00e9gica o acuerdo comercial entre el banco y la aseguradora desempe\u00f1a la importante funci\u00f3n de crear un canal id\u00f3neo para vender los seguros a los clientes del primero; quienes, a cambio de pagar una prima, acceden a los productos financieros ofrecidos por el banco. <\/p>\n
Los beneficios para las aseguradoras son innegables, pues incrementan sus utilidades con el significativo aumento de la clientela. En tanto que el banco obtiene eximios provechos al cobrar el servicio de mediaci\u00f3n en las ventas; al asegurar el pago de los productos que ofrece; y, en algunas ocasiones, al constituirse en el propio beneficiario de un seguro que tiene que pagar el consumidor. <\/p>\n
Entre los productos que con mayor frecuencia se ofrecen en el esquema de la banca\u2013seguros, se hallan los seguros de vida de grupo de deudores, en los que la entidad financiera \u2013en calidad de tomadora por cuenta de su deudor y beneficiaria del seguro\u2013 suscribe con la compa\u00f1\u00eda aseguradora una p\u00f3liza con el fin de garantizar el pago de la obligaci\u00f3n en caso de que se produzca la muerte del mutuario, imponi\u00e9ndole a este \u00faltimo la obligaci\u00f3n de pagar la prima respectiva. <\/p>\n
Las cl\u00e1usulas que rigen este contrato se pactan entre el banco tomador y la compa\u00f1\u00eda aseguradora, quien se\u00f1ala a aqu\u00e9l las condiciones, requisitos y dem\u00e1s directrices que deben cumplirse para que los deudores queden amparados por la cobertura. <\/p>\n
Cuando se trata de una p\u00f3liza colectiva para asegurar la vida de los mutuarios, el contrato se perfecciona cuando la entidad financiera env\u00eda a la aseguradora la lista del grupo de deudores que, previamente, ha catalogado como susceptibles de ser asegurados. En este caso, es el banco quien asume la obligaci\u00f3n de corroborar que sus clientes cumplan las condiciones se\u00f1aladas en la p\u00f3liza y sus correspondientes anexos. <\/p>\n
En este tipo de acuerdo, suele presentarse un conglomerado de contratos, entre los cuales se pueden identificar, por lo menos, los siguientes: <\/p>\n
4.6.1. Un contrato de mutuo entre el banco y el deudor, que es el que da origen a todos los dem\u00e1s convenios. De \u00e9l dimanan otros convenios. El banco impone, por ejemplo, el de seguro a su cliente como condici\u00f3n para el otorgamiento del cr\u00e9dito, a fin de garantizar el recaudo del dinero prestado ante el evento incierto de la muerte del deudor, en cuyo caso la aseguradora pagar\u00e1 al banco el saldo de la deuda; <\/p>\n
4.6.2. Un contrato de seguro entre la compa\u00f1\u00eda aseguradora y el banco\u2013tomador, el cual nace ligado al mutuo por el prop\u00f3sito econ\u00f3mico que se acaba de explicar, y donde la entidad financiera asume las obligaciones que, en calidad de tomador, le impone el art\u00edculo 1041 del C\u00f3digo de Comercio. <\/p>\n
4.6.3. Un contrato de mediaci\u00f3n entre el banco y la aseguradora, con base en el cual el primero act\u00faa como agente de seguros; <\/p>\n
4.6.4. Un contrato de mandato con representaci\u00f3n, en el que el banco al distribuir seguros act\u00faa en nombre y representaci\u00f3n de la empresa aseguradora, por cuya virtud el primero est\u00e1 facultado para cobrar y recibir la prima para su mandante, como si fuese este \u00faltimo quien lo hiciera. <\/p>\n
En estos casos la p\u00f3liza est\u00e1 vinculada a la concesi\u00f3n de un pr\u00e9stamo en el que el riesgo asegurable recae en la vida del deudor, por lo cual, no nos hallamos frente a una relaci\u00f3n negocial \u00fanica sino frente a una hip\u00f3tesis t\u00edpica de contratos vinculados o conexos, cuyo entorno obligacional ha de analizarse en raz\u00f3n de la operaci\u00f3n econ\u00f3mica vista en conjunto. La trascendencia de esta situaci\u00f3n radica en que el banco, como dominus negotii, dirige todo el sistema contractual y, por tanto, reasume las obligaciones que haya podido desplazar a cargo de la aseguradora, como quiera que es quien impone la celebraci\u00f3n de un seguro del cual es el principal interesado y beneficiario. <\/p>\n
5. Legitimaci\u00f3n. En relaci\u00f3n con la legitimaci\u00f3n (o el inter\u00e9s para obrar) que puedan tener los causahabientes del deudor fallecido o las personas que resultan afectadas ante la negativa de la aseguradora de hacer efectivo el amparo, se memoran, algunos de los antecedentes m\u00e1s relevantes sobre el particular. <\/p>\n
En un primer per\u00edodo, esta Sala efectu\u00f3 una interpretaci\u00f3n en contra de los derechos de los usuarios y consumidores del sistema aseguraticio. Esa posici\u00f3n aparece, por ejemplo, en la sentencia del a\u00f1o 1976 del Mg. Esguerra Samper: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Aunque por lo dicho, el cargo (\u2026) no prospera, esto no obsta para que en el \u00e1mbito doctrinal se le apunte al sentenciador el desacierto en que incurri\u00f3 al haber proferido fallo inhibitorio con fundamento en la falta de legitimaci\u00f3n en la causa de la parte demandante, puesto que siendo \u00e9sta un requisito para pronunciamiento de sentencia de fondo favorable aqu\u00e9lla, y no un presupuesto procesal, su ausencia trae como consecuencia un fallo adverso a la pretensi\u00f3n del actor y no a una decisi\u00f3n inhibida, supuesta la constituci\u00f3n regular de la relaci\u00f3n jur\u00eddico procesal. Seg\u00fan concepto de Chiovenda, acogido por la Corte, la legitimatio ad causam consiste en la identidad de la persona del actor con la persona a la cual la ley concede la acci\u00f3n (legitimaci\u00f3n activa) y la identidad de la persona del demandado con la persona contra la cual es concedida la acci\u00f3n (legitimaci\u00f3n pasiva) (Instituciones de Derecho Procesal Civil; I, 185). Conviene desde luego advertir, para no caer en el error en que incurri\u00f3 el Tribunal, que cuando el tratadista italiano y la Corte hablen de \u2018acci\u00f3n\u2019 no est\u00e1n empleando ese vocablo en el sentido t\u00e9cnico procesal, esto es como el derecho subjetivo p\u00fablico que asiste a toda persona para obtener la aplicaci\u00f3n justa de la ley a un caso concreto, y que tiene como sujeto pasivo al Estado, sino como sin\u00f3nimo de \u2018derecho\u2019 de \u2018pretensi\u00f3n\u2019, que se ejercita frente al demandado. Para que esa pretensi\u00f3n sea acogida en la sentencia es menester, entre otros requisitos, que se haga valer por la persona en cuyo favor establece la ley sustancial el derecho que se reclama en la demanda, y frente a la persona respecto de la cual ese derecho puede ser reclamado\u201d. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 la decisi\u00f3n: <\/p>\n
\u201c(\u2026) por \u00faltimo, las pruebas que la censura estima preteridas por el Tribunal (\u2026) no demuestran que dicha sociedad hubiera conocido o debido conocer esos hechos callados o deformados por las respuestas del tomador del seguro, sino, algunas de ellas, que hubiera podido conocerlas. Esa extrema diligencia y cuidado, correspondiente a la culpa lev\u00edsima, no se le impone al asegurador; su responsabilidad en este contrato, a falta de disposici\u00f3n en contrario que la establezca expresamente solo llega hasta la llamada \u201cculpa leve\u201d (art. 83 inc. 3\u00b0 C.C.). Por consiguiente, no es razonable imponer a una sociedad aseguradora el deber de verificar la sinceridad y la exactitud de las declaraciones de un tomador del seguro haciendo indagaciones en todas las dem\u00e1s empresas dedicadas a la misma actividad mercantil (\u2026)\u201d12. <\/p>\n
En sentencia de 29 de agosto de 2000, se precis\u00f3 la naturaleza y objeto del contrato de Seguro de Vida Grupo Deudores, diferenciandolo del seguro de cr\u00e9dito, por tanto, el primero es: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [A]quel seguro, [donde] el riesgo que asume el asegurador es la p\u00e9rdida de vida del deudor, evento que afecta tanto al asegurado mismo, como es obvio, como eventualmente a la entidad tomadora de la p\u00f3liza, en el entendido de que su acreencia puede volverse de dif\u00edcil cobro por la muerte de su deudor, pero el especifico riesgo asumido por la compa\u00f1\u00eda de seguros en la p\u00f3liza objeto de litigio, no es la imposibilidad de pago del deudor por causa de su muerte, porque as\u00ed fuera podr\u00eda inferirse que la p\u00f3liza pactada con un riesgo de tal configuraci\u00f3n tendr\u00eda una connotaci\u00f3n patrimonial y se asemejar\u00eda a una p\u00f3liza de seguro de cr\u00e9dito. Lo que se asegur\u00f3 es lisa y llanamente el suceso incierto de la muerte del deudor, independientemente de si el patrimonio que deja permite que la acreencia le sea pagada a la entidad bancaria prestamista\u201d13. <\/p>\n
En torno al pago realizado por un codeudor solidario, los efectos de la subrogaci\u00f3n legal y su inaplicabilidad respecto del contrato de seguro de vida grupo deudores, el 23 de marzo de 2004, conceptu\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Traducen las normas citadas [reglas 1579 y 1668 del C\u00f3digo Civil] la presencia del fen\u00f3meno de la subrogaci\u00f3n, o sea la transmisi\u00f3n de los derechos del acreedor, en favor del codeudor solidario que paga, pero siempre y cuando los mismos sean inherentes a la obligaci\u00f3n: ya contra los dem\u00e1s codeudores bajo las previsiones del art\u00edculo 1579 citado, o ya contra terceros, pero a condici\u00f3n de que unos u otros sean garantes de la obligaci\u00f3n satisfecha al acreedor antiguo, o sea por estar vinculados a ellas por medio de la solidaridad o de la fianza. Esa limitaci\u00f3n del alcance de la subrogaci\u00f3n excluye por consiguiente que, por efectos de la subrogaci\u00f3n legal, el deudor solidario pueda hacer valer otros derechos que el acreedor originario pudiera ejercer o haber ejercido en contra de terceros cuyas propias obligaciones no dimanan de su participaci\u00f3n como garantes del pago de la deuda satisfecha por \u00e9l. <\/p>\n
Vale decir que teniendo derechos el acreedor inicial contra terceros derivados de relaciones contractuales aut\u00f3nomas que, por serlo, no son inherentes al cr\u00e9dito, o que aun relacionadas con estos no suponen una garant\u00eda de pago de los mismos, a ellos no se extienden los efectos de la subrogaci\u00f3n (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Ciertamente hay un deudor que paga y por esa raz\u00f3n se da la subrogaci\u00f3n en los derechos del acreedor satisfecho, pero no alcanza la misma para que se le trasmitan los derechos como beneficiario del seguro de vida deudores contra la aseguradora \u2013 tercero para el caso -, pues no solo se trata de una relaci\u00f3n aut\u00f3noma en la que identifica plenamente los sujetos vinculados que no incluyen al actor, sino que aunque de alg\u00fan modo haya estado conectada con el cr\u00e9dito satisfecho, no supone la presencia de la aseguradora como garante del pago de la obligaci\u00f3n, esto es, cuanto que no se le puede calificar de tercero que se haya obligado solidaria o subsidiariamente como lo exige el art\u00edculo 1670 del C. Civil; en otros t\u00e9rminos, la aseguradora no se comprometi\u00f3 a pagar la deuda como si fuera deudor en igual grado o en el caso de que el deudor asegurado no lo hiciera (\u2026)14\u201d. <\/p>\n
Posteriormente, en la sentencia de 25 de mayo de 2005, la Corte dej\u00f3 sentado que el contrato de seguro vida grupo deudores, se diferencia del de cr\u00e9dito, porque el riesgo asumido por el asegurador es la p\u00e9rdida de la vida del deudor, con independencia de si el patrimonio dejado por el causante permite pagar la obligaci\u00f3n a la entidad bancaria acreedora. <\/p>\n
All\u00ed mismo y ata\u00f1edero a los derechos que le asisten a los causahabientes del asegurado con la p\u00f3liza grupo deudores, frente la negativa de la aseguradora de hacer efectivo el amparo y al verse compelidos a solucionar la deuda con el acreedor financiero luego del acaecimiento de aqu\u00e9l, adoctrin\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Frente a lo expuesto, surge di\u00e1fano que (\u2026) los demandantes se subrogaron en los derechos y acciones del acreedor Banco Cafetero, respecto de las aseguradoras, en calidad de deudoras. (\u2026) En efecto, am\u00e9n de afirmar que los cr\u00e9ditos que hab\u00eda otorgado el Banco Cafetero al se\u00f1or Jorge Enrique Pach\u00f3n, estaban amparados por un seguro de vida grupo de deudores, los demandantes manifestaron que al acaecer el siniestro, la muerte del deudor, las aseguradoras, ante el reclamo efectuado por el acreedor inicial, negaron el pago del seguro, motivo por el cual el Banco Cafetero, tomador y beneficiario del seguro de vida grupo deudores, procedi\u00f3 a requerirlos para que cancelaran las obligaciones, vi\u00e9ndose compelidos a hacer abonos ante el peligro de una acci\u00f3n judicial que los marginara del acceso al cr\u00e9dito\u201d. <\/p>\n
\u201cCotejado lo anterior con lo que expres\u00f3 el Tribunal, se observa total fidelidad, porque como ya se observ\u00f3, luego de advertir que la demanda \u201cno adolec\u00eda de oscuridad\u201d, el sentenciador identific\u00f3 que la condena solicitada es \u201cpor el no pago del seguro\u201d, pues cuando los demandantes solucionaron las obligaciones \u201centendieron que efectuaban un pago al que no estaban obligados por ser a las aseguradoras a quienes correspond\u00eda\u201d. <\/p>\n
\u201cIgualmente, cuando consider\u00f3 que al ocurrir la muerte de Jorge Enrique Pach\u00f3n, las aseguradoras y el Banco Cafetero se hab\u00edan colocado en deudoras y acreedor, respectivamente, por lo que no pod\u00eda sostenerse que los herederos cancelaron deudas del difunto, porque el causante \u201cnada deb\u00eda al momento de\u2026su deceso\u201d, es decir, en virtud del contrato de seguro de vida grupo deudores las obligaciones adquirieron \u201cun nuevo deudor, espec\u00edficamente las aseguradoras\u201d, raz\u00f3n por la cual no pod\u00eda negarse legitimaci\u00f3n a los demandantes por no ser parte en el contrato de seguro\u201d. (subrayas para destacar) <\/p>\n
\u201cEn lo dem\u00e1s, no se ve c\u00f3mo la condici\u00f3n de \u201cc\u00f3nyuge sobreviviente\u201d e \u201chijos leg\u00edtimos\u201d del causante, afirmada bien en los poderes otorgados, ya en la demanda, pueda desvirtuar la subrogaci\u00f3n, porque am\u00e9n de ser ciertas esas calidades, precisamente el Banco Cafetero, apoyado en las mismas, requiri\u00f3 a los demandantes para el pago de las obligaciones\u201d. <\/p>\n
\u201cDe otra parte, si por la subrogaci\u00f3n, legal o convencional, se traspasan los \u201cderechos, acciones y privilegios\u201d del antiguo al nuevo acreedor, no es equivocado sostener, con relaci\u00f3n al seguro de vida grupo deudores, que los demandantes adquirieron la calidad de beneficiarios, a t\u00edtulo oneroso, porque esa era precisamente la posici\u00f3n del Banco Cafetero en el contrato de seguros, que no es lo mismo a que fueran beneficiarios \u201cdirectos\u201d del citado seguro de vida grupo deudores (\u2026)\u201d. (subrayas ajenas al texto). <\/p>\n
Enseguida, precis\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [E]l Tribunal calific\u00f3 a quienes hicieron los pagos como \u201cterceros\u201d con respecto a las relaciones entre las aseguradoras y el Banco Cafetero. Este requisito de la subrogaci\u00f3n convencional, que entre otras cosas no se controvierte, desvirt\u00faa que los demandantes hayan solucionado las deudas del difunto. Como se dijo en la sentencia recurrida, no lo es porque dicho causante \u201cnada deb\u00eda al momento de ocurrir el deceso\u201d, en consideraci\u00f3n a que \u201cpor efectos del contrato de seguro\u201d, esas obligaciones se trasladaron, surgiendo un nuevo deudor, \u201cespec\u00edficamente las aseguradoras, que asum\u00edan el riesgo originado el siniestro (\u2026)15\u201d. <\/p>\n
Luego, en un asunto, un tanto an\u00e1logo al presente, conceptu\u00f3 acerca del inter\u00e9s que le asiste a los herederos, con ocasi\u00f3n de la \u201caquiescencia\u201d o \u201ctolerancia\u201d de las entidades financieras de ejercer su deber contractual de reclamar su derecho en calidad de beneficiaria del seguro, as\u00ed: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [S]i el negocio jur\u00eddico es, seg\u00fan la met\u00e1fora jur\u00eddica m\u00e1s vigorosa que campea en el derecho privado, ley para sus autores (pacta sum servanda), queri\u00e9ndose con ello significar que de ordinario son soberanos para dictar las reglas que los regir\u00e1, asimismo es natural que esa \u201cley\u201d no pueda ponerse en hombros de personas que no han manifestado su consentimiento en dicho contrato, si todo ello es as\u00ed, rep\u00edtese, al pronto se desgaja el corolario obvio de que los contratos no pueden ensanchar sus lindes para ir m\u00e1s all\u00e1 de sus propios contornos. (\u2026) El principio de la relatividad del contrato significa entonces que a los extra\u00f1os ni afecta ni perjudica; lo que es decir, el contrato no los toca, ni para bien ni para mal. <\/p>\n
Es con fundamento en ese criterio que a viudas como la de ac\u00e1, y en su caso a los herederos, se les impide todo reclamo que roce siquiera con la prestaci\u00f3n surgida del contrato de seguro. Como no fueron parte en dicho negocio -como de hecho no lo fueron-, aquellos principios sirven \u2013al\u00e9gase- de fuerte cerrojo al contrato para repudiar las miradas de curiosos y extra\u00f1os. Se les dir\u00e1 que como el contrato a nadie importa, as\u00ed es elemental que nadie ose perturbar la autonom\u00eda privada. <\/p>\n
Ocurre, empero, que (\u2026) hay un mal entendimiento del principio de la relatividad de los contratos. Y todo por echarse al olvido que en los alrededores del contrato hay personas que ciertamente no fueron sus celebrantes, pero a quienes no les es indiferente la suerte final del mismo. Dicho de otro modo, no s\u00f3lo el patrimonio de los contratantes padece por la ejecuci\u00f3n o inejecuci\u00f3n del negocio jur\u00eddico; tambi\u00e9n otros patrimonios, de algunos terceros, est\u00e1n llamados a soportar las consecuencias de semejante comportamiento contractual. <\/p>\n
Es apod\u00edctico, as\u00ed, que en el buen o mal suceso de los contratos hay mucha gente interesada. Bien fuera admitir la expresi\u00f3n de que en los contornos de los contratos revolotean intereses ajenos al mismo, los cuales no es posible rehusar o acallar no m\u00e1s que con el argumento de que terceros son. Por caso, \u00bfc\u00f3mo dec\u00edrselo a la viuda de ac\u00e1? Cierto que el deudor fallecido no es el beneficiario del seguro contratado; que su vida se asegur\u00f3 para bien del acreedor, en este caso el Banco. \u00bfQui\u00e9n podr\u00eda negarlo ante la letra clar\u00edsima del art\u00edculo 1144 del c\u00f3digo de comercio? De modo que s\u00f3lo el Banco es titular de las consecuencias directas del seguro contratado. Pero a m\u00e1s de \u00e9l tambi\u00e9n est\u00e1 indiscutiblemente interesada la viuda y los herederos, dado que las secuelas indirectas del contrato, se\u00f1aladamente el no pago del seguro, le perjudica. De la suerte de aquel contrato pende y en mucho la de la sociedad conyugal que ten\u00eda con su marido fallecido. Y algo similar le acontece a los herederos. M\u00e1s todav\u00eda: incluso podr\u00eda ser que al beneficiario del seguro no le interese hacerlo valer \u2013lo demuestra este proceso- porque a la vista tiene otra garant\u00eda como la hipoteca y sacar\u00e1 ventaja de quienes atemorizados por la p\u00e9rdida de sus bienes pagar\u00e1n, y hasta con prisa, o que despu\u00e9s de todo no le duela el incumplimiento de la aseguradora cuando le ha reclamado \u2013 cosa no infrecuente porque la experiencia se ha encargado de develarlo as\u00ed m\u00e1s de una vez-, y entonces ser\u00eda exacto afirmar que no hay mayor interesada que la viuda misma. <\/p>\n
C\u00f3mo no va a venir en pos de la viuda todo lo explanado en torno al principio de la relatividad de los negocios. Mayormente si de contratos de seguro de vida se trata, en el que, como se sabe, son convenciones destinadas por antonomasia a producir efectos a favor de personas que no han participado en su celebraci\u00f3n. Y m\u00e1s todav\u00eda por el contexto en que suele contratarse tal tipo de seguros. <\/p>\n
[S]i el acreedor hall\u00f3 gratuitamente qui\u00e9n le asegurara que a la muerte del deudor ten\u00eda derecho a un monto igual al saldo insoluto de la deuda, y si para as\u00ed ponerse a cubierto de eventuales p\u00e9rdidas acudi\u00f3 a que su deudor pagase por ello (las primas del seguro), la viuda puede elevar su voz, precisamente porque la funci\u00f3n econ\u00f3mico-jur\u00eddica del seguro ha sido puesta en vilo ante la paciencia, aquiescencia, pasividad o tolerancia [del banco]. Dicha actitud causa de rebote un perjuicio en el patrimonio del causante y a su turno en el de la herencia y sociedad conyugal. Perfectamente dir\u00e1 la viuda que los seguros, y m\u00e1s lo que le han costado, son para eso, para cumplirse, porque esa es su funci\u00f3n normal y corriente; que para algo ha de servir el seguro. Cuando el seguro disputado en este juicio se contrat\u00f3, es verdad meridiana que el deudor, tanto o m\u00e1s que el propio Banco prestamista, est\u00e1 interesad\u00edsimo y hasta muy confiado en las proyecciones econ\u00f3micas que tal seguro reflejar\u00eda en su \u00f3rbita patrimonial, y acaso fue por ello que decidi\u00f3 pasar por la condici\u00f3n de pagar, de buen grado o no, la prima a la aseguradora que de ordinario, dicho sea de ocasi\u00f3n, le se\u00f1ala el mismo Banco. Dif\u00edcil imaginar inter\u00e9s m\u00e1s f\u00falgido. Mandarle que no despegue sus labios porque no es parte en el seguro, o porque el Banco, que s\u00ed es parte, puede obrar a su antojo, resulta una orden desproporcionada e inicua. O\u00edrla, pues, parece lo m\u00e1s sensato y de elemental justicia. Su clamor no es otro que \u00e9ste: el pago a mi acreedor, al propio tiempo me libera; ord\u00e9nenle, por consiguiente, que cumpla (\u2026)\u201d16. <\/p>\n
En un pronunciamiento del 17 de octubre de 2006, la Corte reiter\u00f3, que la objeci\u00f3n a la reclamaci\u00f3n y el pago de las deudas por los herederos del causante, son circunstancias que no est\u00e1n legalmente <\/p>\n
\u201c(\u2026) llamada[s] a producir la ineficacia de la designaci\u00f3n de un beneficiario dentro de un seguro de personas y que, correlativamente, no pudi\u00e9ndose hablar de ineficacia de tal designaci\u00f3n, resulta abiertamente improcedente la inclusi\u00f3n de unos beneficiarios supletorios, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 1142 del C\u00f3digo de Comercio, pues no puede olvidarse que la primera situaci\u00f3n -ineficacia- constituye un presupuesto insoslayable para que pueda generarse la consecuencia prevista por la norma. (cfr. art. 897 C. de Co.) (\u2026)\u201d17. <\/p>\n
Adelante, en el a\u00f1o 2007, en torno al seguro de vida grupo, asent\u00f3 la Sala: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [E]ntiende la ley que toda persona tiene inter\u00e9s asegurable en su propia vida (art. 1137, num. 1\u00ba, C. de Co.), \u201cen la de las personas a quienes legalmente puedan reclamar alimentos\u201d (num. 2\u00ba) y \u201cen la de aquellas cuya muerte o incapacidad puedan aparejarle un perjuicio econ\u00f3mico, aunque \u00e9ste no sea susceptible de una evaluaci\u00f3n cierta\u201d (num. 3\u00ba), hip\u00f3tesis en las cuales no es necesario el asentimiento del asegurado que se encuentre en tales condiciones. Pero si se quiere asegurar mediante un seguro individual la vida de una persona que no es actualmente \u2013o en potencia- alimentante del tomador, o cuyo fallecimiento o discapacidad resultan intrascendentes en la esfera patrimonial de aquel, para que el seguro pueda tomarse, es indispensable que ese tercero exprese su voluntad por escrito, no s\u00f3lo para habilitar el seguro, sino tambi\u00e9n el monto de la suma asegurada y el de los beneficiarios (inc. 2\u00ba, art. 1137, ib.)\u201d. <\/p>\n
\u201cEl seguro de vida grupo, como es sabido, es una modalidad del seguro de personas, que permite a un s\u00f3lo tomador asegurar un n\u00famero indeterminado de personas, negocio jur\u00eddico que origina tantos contratos de seguro como asegurados conformen el grupo correspondiente. El tomador se encuentra obligado a cumplir con las prestaciones inherentes a tal calidad, correspondi\u00e9ndoles a los asegurados la facultad de designar libre y voluntariamente a sus beneficiarios, en caso de muerte, que pueden ser a t\u00edtulo gratuito \u201ccuya designaci\u00f3n tiene por causa liberalidad del tomador\u201d, o a t\u00edtulo oneroso \u201cen los dem\u00e1s casos\u201d (art. 1141 C. de Co.). Aunque lo usual es que en el certificado individual de seguro que expida el asegurador, figure un solo asegurado, nada impide que figuren dos, cada uno de los cuales, a su turno, puede libremente designar a sus beneficiarios (\u2026)18. <\/p>\n
Mas tarde, reiter\u00f3 en la sentencia de 15 de diciembre de 2008: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Con todo, como el principio de la relatividad de los contratos no es absoluto, en consideraci\u00f3n a que la ejecuci\u00f3n o inejecuci\u00f3n de un negocio jur\u00eddico puede beneficiar o afectar indirectamente otros patrimonios, se tiene aceptado que los terceros interesados se encuentran facultados para velar por la suerte del mismo. Es el caso, entre otros, del c\u00f3nyuge sobreviviente o de los herederos del asegurado, inclusive del socio o vocero de una sociedad, cuya vida estaba amparada, quienes en defensa de la sociedad conyugal, de la herencia o del patrimonio social, pueden exigir a la aseguradora que pague lo que debe y a quien corresponde (\u2026)19\u201d. <\/p>\n
Luego, en providencia de 5 de octubre de 2009, conceptu\u00f3 que cuando los terceros pagan con sus propios bienes, est\u00e1n pagando en lugar del asegurador; empero, ello <\/p>\n
\u201c(\u2026) no significa dejar al asegurador liberado de su prestaci\u00f3n, porque en el evento de que los terceros hubieren solucionado, con sus propios bienes, las obligaciones que ten\u00edan su g\u00e9nesis en la realizaci\u00f3n del riesgo asegurado, simplemente se presentar\u00eda un cambio de beneficiario del seguro, legal o convencional, seg\u00fan fuere el caso, y no el desplazamiento del mismo, que es algo totalmente distinto. Ahora, si pagaron por error, creyendo que eran deudores, igualmente gozar\u00edan de la acci\u00f3n de repetici\u00f3n del pago de lo no debido. <\/p>\n
Es m\u00e1s, en el caso de no haber pagado nada, el c\u00f3nyuge y los herederos tambi\u00e9n se encuentran legitimados para solicitar, judicial o extrajudicialmente, el cumplimiento del contrato de seguro, todo a favor del beneficiario del mismo, cuando \u00e9ste obra a su antojo, ante la \u201cpaciencia, aquiescencia, pasividad o tolerancia\u201d20, porque como en el mismo antecedente se anot\u00f3, esas actitudes causan de \u201crebote un perjuicio en el patrimonio del causante y a su turno en el de la herencia y sociedad conyugal (\u2026)21\u201d. <\/p>\n
Con todo, los precedentes de 28 de julio de 2005 y de 15 de diciembre de 2008, sirvieron de referente para la providencia de 16 de mayo de 2011, donde sostuvo esta Corporaci\u00f3n: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Descendiendo a los aspectos que de manera concreta sustentan el reproche, se advierte que tal como lo asevera el censor, no concurr\u00eda en la sociedad accionante la condici\u00f3n de \u201cbeneficiaria\u201d del seguro en cuesti\u00f3n, ni la de \u201csubrogataria\u201d; pero tambi\u00e9n es evidente que el Tribunal no le atribuy\u00f3 ninguna de esas calidades a aquella para establecer su \u201clegitimaci\u00f3n en la causa\u201d, pues para ello esencialmente tuvo en cuenta \u2013como se ha repetido- que \u201cal estar el cr\u00e9dito de la sociedad Arango cuyo reintegro se aspira (\u2026), amparado por la p\u00f3liza existente, el pago del saldo pendiente realizado por su parte patentiza un detrimento patrimonial indemnizable, lo que la habilita para su recobro, legitimaci\u00f3n que no puede predicarse de los dem\u00e1s actores pues \u00e9stos no lo pagaron (\u2026)\u201d (c.9, 115). <\/p>\n
8. Ante esa circunstancia cabe se\u00f1alar que el ataque luce desenfocado, porque el recurrente tras entender que la \u00fanica persona que puede exigir al asegurador el pago de la indemnizaci\u00f3n ante la ocurrencia del siniestro, es el \u201cbeneficiario\u201d, y en su caso, el \u201csubrogatario\u201d, no toma en cuenta que ninguna de esas calidades le asigna el sentenciador a la actora, sino que alude a ella como una tercera frente al negocio asegurativo, que se vio compelida a cancelar el complemento del saldo de la deuda ante la satisfacci\u00f3n parcial que la demandada hizo frente a la reclamaci\u00f3n del banco mutuante, con quien la une una relaci\u00f3n contractual, reconocimiento que tambi\u00e9n coadyuv\u00f3 ella (\u2026)22\u201d. <\/p>\n
En SC de 30 de junio de 2011, esta colegiatura, efectu\u00f3 una interpretaci\u00f3n en contra de los derechos de los usuarios y consumidores del sistema aseguraticio. En lo medular, tras razonar: <\/p>\n
\u201c(\u2026) En compendio, ha de decirse que en el \u2018seguro de vida grupo deudores\u2019, el inter\u00e9s asegurable predominante est\u00e1 representado por la vida del deudor; por ende, \u00e9ste tiene la calidad de asegurado; mientras que el acreedor tiene el doble papel de tomador y beneficiario a t\u00edtulo oneroso. Adem\u00e1s, el valor asegurado es el que fijen libremente el tomador y la aseguradora, sin m\u00e1s limitaciones que aqu\u00e9lla en virtud de la cual el acreedor no puede recibir una indemnizaci\u00f3n que supere el saldo insoluto de la deuda al momento del siniestro, porque hasta all\u00ed llega su inter\u00e9s asegurable. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, acreedor y aseguradora son los \u00fanicos llamados a determinar la extensi\u00f3n de la garant\u00eda, es decir, el monto del valor asegurado, no s\u00f3lo porque la autonom\u00eda negocial as\u00ed se los permite, sino adem\u00e1s porque, de todos modos, cuando hay d\u00e9ficit de cobertura es el accipiens quien asume los eventuales riesgos por no contratar un seguro de vida que se extienda completamente al cr\u00e9dito otorgado. Desde luego que un seguro por un monto inferior al saldo insoluto de la deuda, en determinados casos, podr\u00eda dejar una parte del cr\u00e9dito al descubierto, pero se trata de un asunto que debe analizar cada entidad bancaria, sin perjuicio de la vigilancia que incumbe a la Superintendencia Financiera\u201d. <\/p>\n
\u201cAs\u00ed las cosas, si el Banco no estaba compelido a asegurar el saldo total de la obligaci\u00f3n insoluta, el haber tomado un seguro por un menor valor, como reconocieron las partes a lo largo del proceso, lejos est\u00e1 de configurar un proceder culposo, y mucho menos puede desencadenar una declaraci\u00f3n de responsabilidad contractual, porque al obrar como lo hizo, actu\u00f3 en el marco de las posibilidades que le brindaba el ordenamiento y en ejercicio de la autonom\u00eda contractual. <\/p>\n
En ese escenario, no hay manera de atribuir incumplimiento al demandado por los hechos referidos en la demanda, porque, se insiste, no era su obligaci\u00f3n tomar el seguro de modo que hubiera paridad o simetr\u00eda entre la deuda y el amparo. <\/p>\n
Por lo dem\u00e1s, en el proceso no se demostraron a ciencia cierta las condiciones generales y el alcance de la p\u00f3liza tomada por el Banco, especialmente en lo concerniente al valor asegurado; tampoco hay evidencia de la prima que pagaron los deudores para cubrir la p\u00f3liza contratada en su nombre, todo lo cual impide llegar a la conclusi\u00f3n de que el cr\u00e9dito estaba o deber\u00eda estar cubierto en su totalidad (\u2026)23\u201d. <\/p>\n
Como se dijo l\u00edneas atr\u00e1s, esta postura desconoce que si el banco es el dominus negotti, e impone a su cliente de manera unilateral la contrataci\u00f3n del seguro; si es quien ostenta el inter\u00e9s asegurable; es el beneficiario del seguro y, finalmente, es quien gana comisiones por la colocaci\u00f3n de las p\u00f3lizas, lo menos que puede esperarse de esa ventajosa condici\u00f3n que le apareja innegables ganancias econ\u00f3micas, es que asuma las obligaciones que dicha posici\u00f3n le acarrea. <\/p>\n
6. La buena fe24: Es principio, derecho y paradigma del sistema normativo. Irradia y rige de manera cardinal y transversal todas las relaciones entre los particulares, y de \u00e9stos con el Estado25. Permea incluso los acuerdos de comercio privado internacional26. <\/p>\n
En materia contractual, seg\u00fan el art\u00edculo 1603 del C\u00f3digo Civil, los \u201ccontratos deben ejecutarse de buena fe, y por consiguiente obligan no solo a lo que en ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligaci\u00f3n o que por ley pertenecen a ella\u201d. <\/p>\n
La instituci\u00f3n es comprendida como el deber de las partes de obrar con lealtad en las relaciones jur\u00eddicas y respetar lo textualmente pactado en los negocios y actos jur\u00eddicos. Tambi\u00e9n, la de propender, rec\u00edprocamente, la realizaci\u00f3n de las expectativas leg\u00edtimas que tiene su contraparte frente al acuerdo, aun cuando para ello, deban desplegar conductas no se\u00f1aladas literalmente en \u00e9l, pero si afines a este. De tal forma, el principio reviste importancia anal\u00edtica en los contratos en todas sus etapas27 y adquiere una actividad (i) integradora, (ii) interpretativa y (iii) equilibradora. <\/p>\n
La funci\u00f3n integradora (i)28 permite a la buena fe adherir todas aquellas obligaciones secundarias o adicionales no previstas por las partes al celebrar y ejecutar el contrato. Incorporadas, garantizan la consolidaci\u00f3n de los intereses leg\u00edtimos de la parte afectada por su silencio. El rol cobra vital importancia en los contratos comerciales, en tanto, sin interesar la remisi\u00f3n normativa que el C\u00f3digo de Comercio hace a la legislaci\u00f3n civil (art\u00edculos 2 y 82229), tambi\u00e9n lo destaca en el precepto el art\u00edculo 87130. <\/p>\n
En el campo asegurador, el postulado entiende incorporadas al contrato de seguro todas las obligaciones propias de su naturaleza, \u201cseg\u00fan la ley, la costumbre o la equidad natural\u201d. As\u00ed quedan satisfechas las expectativas de los convenidos. <\/p>\n
La funci\u00f3n interpretativa (ii) de la buena fe, logra fijar el alcance de las cl\u00e1usulas ambiguas, imprecisas u obscuras. Configura un par\u00e1metro hermen\u00e9utico, consistente en preferir siempre el sentido que logre de mejor manera satisfacer los intereses de las partes involucradas, bajo el marco de los postulados de honradez, fidelidad y probidad derivados de dicho principio. <\/p>\n
La aplicaci\u00f3n de la funci\u00f3n equilibradora (iii), se utiliza para preservar y restablecer la paridad contractual de los contratantes. En particular, cuando su desajuste es consecuencia del sistema masivo de contrataci\u00f3n comercial. Su caracter\u00edstica, entre otras, es la estandarizaci\u00f3n de las relaciones jur\u00eddicas31, la asimetr\u00eda de las partes32, la posici\u00f3n dominante33, y la regulaci\u00f3n estatal34. <\/p>\n
En consecuencia, aplicar el inciso primero del art. 1081 contentivo de la prescripci\u00f3n ordinaria frente a quienes no conocen un contrato ni han intervenido como partes o beneficiarios infringe el principio de la buena fe, que como presunci\u00f3n a favor de las personas consigna el constituyente de 1991, pero tambi\u00e9n se ofenden las disposiciones que gobiernan el contrato de seguro. De ese modo se resuelve err\u00f3neamente el conflicto prescriptivo, frente a quienes para nada intervinieron en la celebraci\u00f3n del contrato aseguraticio, y por virtud de la mala fe de la entidad financiera se ven en la obligaci\u00f3n de pagar una obligaci\u00f3n de un causante, obligaci\u00f3n que no contrajeron, y contrato de seguro grupo deudores, de cual no eran partes. <\/p>\n
En el caso de estos seguros se opera una condici\u00f3n suspensiva con la muerte del deudor, de tal modo, que cuando se materializa el riesgo acaeciendo el siniestro, se torna exigible la prestaci\u00f3n aseguraticia donde el beneficiario, el acreedor (banco), autom\u00e1ticamente debe hacer exigible la prestaci\u00f3n a la aseguradora, debiendo realizar las conductas para recaudar la prestaci\u00f3n. Y al no hacerlo, como en el presente caso, sin duda se hace solidario y corresponsables con su aliada la aseguradora, pues al omitir esa conducta de cobro del valor asegurado a la aseguradora, incurre en fraude obligacional. El hecho de que un fallecido tenga bienes y por tanto, exista una garant\u00eda no puede afectar el patrimonio que quiso proteger el asegurado, abusando el sistema financiero de su posici\u00f3n dominante. Esto de tajo, afecta el principio de la buena fe. De modo que el juez, no puede favorecer a las partes que en la ejecuci\u00f3n de un contrato act\u00faan en contra de la \u00e9tica jur\u00eddica para sustraerse del cumplimiento del contrato que han celebrado; y de contera, desconociendo y cercenando el derecho para exigir el cumplimiento del contrato de seguro grupo de deudores, para solicitar la restituci\u00f3n de lo indebidamente pagado, cuanto de conformidad con el contrato aseguraticio era prestaci\u00f3n propia y directa de la aseguradora frente al Banco. La situaci\u00f3n no pod\u00eda agravarse, aplic\u00e1ndose al reclamo la prescripci\u00f3n de dos a\u00f1os, en lugar de la extraordinaria de cinco a\u00f1os. <\/p>\n
Por consiguiente, correspond\u00eda al juez de los jueces hacer justicia evitando abuso con relaci\u00f3n a los intereses de la parte deudora, persona natural, cuyos derechos eran reclamados por c\u00f3nyuge y herederos. <\/p>\n
7. Otros principios. Adem\u00e1s de los expuestos, se entretejen en \u00e9ste texto, los de simetr\u00eda y paridad contractual entre las partes del contrato de seguro, los de cumplimiento de los deberes primarios y secundarios ya expuestos junto a la buena fe y como parte de ella tambi\u00e9n, los principios generales de derecho con especial incidencia del de equidad, el principio de relaci\u00f3n exclusiva entre asegurador-asegurado y terceros mediados por virtud de la conexidad jur\u00eddica, funcional, t\u00e9cnica y econ\u00f3mica derivada eventualmente de las partes; y, por supuesto, por hallarse el contrato en el \u00e1mbito del Estado constitucional y social de Derecho, los principios, valores y derechos constitucionales como base de la \u00e9tica negocial en las circunstancias de carencias normativas para resolver los conflictos entre los contratantes. <\/p>\n
Estos principios fueron coet\u00e1neamente infringidos en la situaci\u00f3n de facto, tras afectar el derecho de los demandantes con una prescripci\u00f3n ordinaria inaplicable a quienes no intervinieron ni conoc\u00edan de la existencia de contrato de seguro. <\/p>\n
8. De la prescripci\u00f3n en general <\/p>\n
Es un modo de adquirir las cosas ajenas o de extinguir las acciones o derechos de los dem\u00e1s, por la posesi\u00f3n de las mismas, sin que los \u00faltimos se hayan ejercido durante un tiempo determinado y concurriendo ciertos requisitos legales (art\u00edculo 2512 del C\u00f3digo Civil). <\/p>\n
Con base en la anterior definici\u00f3n, se puede afirmar que esa instituci\u00f3n jur\u00eddica es de dos especies: 1. adquisitiva o usucapitiva, y 2. extintiva o liberatoria. La primera, cumple su rol en el campo de la adquisici\u00f3n de los derechos reales y, de manera especial, en el de la propiedad. <\/p>\n
Sobre el papel de la segunda, en torno a la cual gira el debate, su prop\u00f3sito es extinguir las acciones y los derechos ajenos (Art. 2535 del C.C.), y son dos los elementos que la estructuran: (i) el transcurso del tiempo se\u00f1alado en la ley; y (ii) la inacci\u00f3n del acreedor. <\/p>\n
8.1. Prescripci\u00f3n del art\u00edculo 1081 del C\u00f3digo de Comercio y su aplicaci\u00f3n en materia de seguros. La prescripci\u00f3n que gobierna la situaci\u00f3n de los terceros es la extraordinaria y no la ordinaria como err\u00f3neamente lo dej\u00f3 sentado la Sala <\/p>\n
En el sublite, se debe recordar, que el art\u00edculo 1081 del Estatuto Mercantil consagra un r\u00e9gimen especial de prescripci\u00f3n aplicable al contrato de seguro y contempla dos modalidades extintivas de las acciones que dimanan de aquel. <\/p>\n
La primera, la ordinaria a la cual el C\u00f3digo le asigna un plazo corto de dos a\u00f1os, contados a partir del momento en que el interesado tuvo conocimiento, real o presunto, (elemento subjetivo) del hecho que da causa a la acci\u00f3n. <\/p>\n
La segunda, la extraordinaria, la norma consagra un t\u00e9rmino m\u00e1ximo de cinco a\u00f1os contados a partir del momento en que nace el derecho (elemento objetivo) y en relaci\u00f3n con toda clase de personas. Esta \u00faltima comienza a operar, en caso de que el titular del derecho no haya tenido conocimiento de ese hecho, o que, teni\u00e9ndolo, no ejerci\u00f3 su derecho dentro de los t\u00e9rminos del mismo fen\u00f3meno extraordinario. <\/p>\n
Estos t\u00e9rminos no pueden ser modificados por las partes. <\/p>\n
En prove\u00eddo de 3 de mayo de 200035, la Sala, evocando la exposici\u00f3n de motivos adelantada por la Comisi\u00f3n redactora del proyecto de C\u00f3digo de Comercio de 1958, en torno al art\u00edculo 898 -hoy 1081 del Estatuto Comercial-, sostuvo: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Esta materia fue objeto de esmeradas cavilaciones. Se tuvo en mientes el principal fundamento filos\u00f3fico-jur\u00eddico de la prescripci\u00f3n, que no es otro que la necesidad de darles consistencia y estabilidad a las situaciones jur\u00eddicas. Igualmente tuvimos en cuenta las conveniencias de las partes que intervienen en el contrato de seguros <\/p>\n
. <\/p>\n
\u201cOptamos por establecer dos clases de prescripci\u00f3n, una ordinaria y otra extraordinaria… La ordinaria empieza a contarse desde el momento en que se tiene conciencia del derecho que da nacimiento a la acci\u00f3n. No corre contra los incapaces…. <\/p>\n
\u201cPara quien no tiene conocimiento de \u00e9l, cualquier t\u00e9rmino puede considerarse corto, pero el orden jur\u00eddico exige que se fije uno cualquiera. El de cinco (5) a\u00f1os es razonable. Y debe correr contra toda clase de personas. <\/p>\n
\u201cVentajoso para el asegurador, porque despu\u00e9s de transcurridos cinco a\u00f1os desde la fecha del siniestro, puede disponer de la reserva correspondiente. Desventajoso, porque al vencerse ese t\u00e9rmino, ya no podr\u00e1 alegar la nulidad del contrato por vicios en la declaraci\u00f3n de asegurabilidad (\u2026)\u201d36. <\/p>\n
Al respecto, la Sala, de anta\u00f1o, adoctrin\u00f3 lo siguiente: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Est\u00e1 fuera de lugar toda distinci\u00f3n en cuanto a las personas contra las cuales corre la prescripci\u00f3n, seg\u00fan se trate de la ordinaria o de la extraordinaria, y que quiera fundarse en las distintas expresiones usadas en los incisos segundo y tercero de la norma transcrita. En aqu\u00e9l se habla del \u201cinteresado\u201d y en \u00e9ste de \u201ctoda persona\u201d. <\/p>\n
Por \u201cinteresado\u201d debe entenderse quien deriva alg\u00fan derecho del contrato de seguro, que al tenor de los numerales 1\u00ba, 2\u00ba, y 3\u00ba del art\u00edculo 1047 son el tomador, el asegurado, el beneficiario y el asegurador. Estas son las mismas personas contra quienes puede correr la prescripci\u00f3n extraordinaria, porque no se trata de una acci\u00f3n p\u00fablica que pueda ejercitar cualquiera. Aquellas personas distintas de los interesados carecen de acci\u00f3n, pues el contrato de seguro es para ellos res inter alios acta\u201d. <\/p>\n
Enseguida, indic\u00f3 que el t\u00e9rmino de una y otra prescripci\u00f3n comienza a correr desde momentos distintos as\u00ed: <\/p>\n
\u201c(\u2026) el de la ordinaria, a partir de cuando el interesado (y ya se vi\u00f3 quienes son) tuvo conocimiento o razonablemente pudo tenerlo, \u201cdel hecho que da base a la acci\u00f3n\u201d. Este hecho no es, no puede ser otro, que el siniestro, entendido \u00e9ste, seg\u00fan el art\u00edculo 1072 ib\u00eddem, como \u201cla realizaci\u00f3n del riesgo asegurado\u201d, o sea del hecho futuro e incierto de cuya ocurrencia depende el nacimiento de la obligaci\u00f3n de indemnizar a cargo del asegurador y correlativamente del derecho del asegurado (art\u00edculos 1045 numeral 4\u00ba y 1054del C. de Co. Y 1530 y 1542 del C.C.)\u201d. <\/p>\n
\u201cEl de la extraordinaria comienza a correr \u201ccontra toda clase de personas\u2026desde el momento en que nace el respectivo derecho\u201d, expresi\u00f3n \u00e9sta que sin duda alguna equivale a la que emplea el segundo inciso del art\u00edculo que se comenta. El derecho a la indemnizaci\u00f3n nace para el asegurado o para el beneficiario, en su caso, en el momento en que ocurre el hecho futuro e incierto a que estaba suspensivamente condicionado, o lo que es lo mismo, cuando se produce el siniestro. <\/p>\n
La expresi\u00f3n \u201ccontra toda clase de personas\u201d debe entenderse en el sentido de que el legislador dispuso que la prescripci\u00f3n extraordinaria corre aun contra los incapaces (art\u00edculo 2530 numeral 1\u00ba y 2541 del C.C.). as\u00ed como contra todos aquellos que no hayan tenido ni podido tener conocimiento del siniestro\u201d. <\/p>\n
\u201cEl t\u00e9rmino de la prescripci\u00f3n extraordinaria corre, pues, desde el d\u00eda del siniestro, h\u00e1yase o no tenido conocimiento real o presunto de su ocurrencia, y no se suspende en ning\u00fan caso, ya que la suspensi\u00f3n solo cabe en la ordinaria (\u2026)37\u201d. <\/p>\n
Esta postura fue reiterada por esta Corporaci\u00f3n en la citada sentencia de 3 de mayo de 2000. All\u00ed, adicionalmente sostuvo: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [R]esulta claro que el legislador colombiano del a\u00f1o 1971, (\u2026) prohij\u00f3 para el contrato de seguro dos tipos de prescripci\u00f3n divergentes: la ordinaria y la extraordinaria, cimentadas en postulados dis\u00edmiles a los que disciplinan este binomio en la prenotada codificaci\u00f3n civil (arts. 2535 y 2512), no empece haber conservado la misma denominaci\u00f3n asignada por esta a la prescripci\u00f3n adquisitiva (art. 2527, C.C.). <\/p>\n
La primera, seg\u00fan se acot\u00f3 en l\u00edneas anteriores, de estirpe subjetiva, y la segunda, de naturaleza t\u00edpicamente objetiva, calidades \u00e9stas que se reflejan, de una parte, en los destinatarios de la figura sub examine: determinadas personas \u2013excluidos los incapaces- y \u2018toda clase de personas\u2019 \u2013incluidos \u00e9stos-, respectivamente, y, de la otra, en el venero prescriptivo. <\/p>\n
Es as\u00ed, se reitera, c\u00f3mo en punto tocante al inicio del referido decurso, se tiene establecido que la ordinaria correr\u00e1 desde que se haya producido el conocimiento real o presunto del hecho que da base a la acci\u00f3n (el siniestro, el impago de la prima, el incumplimiento de la garant\u00eda, la floraci\u00f3n \u2013eficaz- de la reticencia o de la inexactitud en la declaraci\u00f3n del estado de riesgo, etc.), al paso que la extraordinaria, justamente por ser objetiva, correr\u00e1 sin consideraci\u00f3n alguna el precitado conocimiento. De all\u00ed que expirado el lustro, indefectiblemente, irrumpir\u00e1n los efectos extintivos o letales inherentes a la prescripci\u00f3n en comento. <\/p>\n
Quiere decir lo anterior, que al contrario de lo que acontece en un apreciable n\u00famero de naciones, el legislador colombiano, ex profeso, le dio carta de ciudadan\u00eda a una prescripci\u00f3n (la extraordinaria) fundada en razonamientos absolutamente objetivos, haciendo, para el efecto, tabla rasa de aquel acerado y pot\u00edsimo axioma de raigambre romana, conforme al cual \u201ccontra quien no puede ejercitar una acci\u00f3n no corre la prescripci\u00f3n\u201d (contra non valentem agere, non currit praescriptio), tambi\u00e9n conocido a trav\u00e9s del enunciado jur\u00eddico: \u201cla acci\u00f3n que no ha nacido, no puede prescribir\u201d (actionis nondm natae, non praescribitur), postulado \u00e9ste que tiene como plausible cometido el garantizar que el t\u00e9rmino respectivo se inicie a partir de que la acci\u00f3n siendo cognoscible por parte del interesado, pudo ser ejercida, eliminando por tanto, de ra\u00edz, la posibilidad de que una acci\u00f3n prescriba sin que el interesado, incluso, se haya enterado de su previa existencia. Como lo expresa M. Planiol, no ser\u00eda consecuente, desde esta perspectiva, \u201c\u2026que el derecho se perdiera antes de haberlo podido ejercer, lo que ser\u00eda tan injusto, como absurdo\u201d (Trait\u00e9 El\u00e9mentaire de Droit Civil, L.G.D.J, Par\u00eds, 1.912, p. 210) (\u2026)38\u201d. <\/p>\n
Ahora, los precedentes de 7 de julio de 1977 y de 3 de mayo de 2000, sirvieron de b\u00e1culo para la providencia de 19 de febrero de 2002, donde la Sala insisti\u00f3 en punto a las dos clases de prescripci\u00f3n consagradas en el art\u00edculo 1081 del C\u00f3digo de Comercio, las cuales: <\/p>\n
\u201c(\u2026) se diferencian por su naturaleza: subjetiva, la primera, y objetiva, la segunda; por sus destinatarios: quienes siendo legalmente capaces conocieron o debieron conocer el hecho base de la acci\u00f3n, la ordinaria, y todas las personas, incluidos los incapaces, la extraordinaria; por el momento a partir del cual empieza a correr el t\u00e9rmino de cada una: en el mismo orden, desde cuando el interesado conoci\u00f3 o debi\u00f3 conocer el hecho base de la acci\u00f3n y desde cuando nace el correspondiente derecho; y por el t\u00e9rmino necesario para su configuraci\u00f3n: dos y cinco a\u00f1os, respectivamente. <\/p>\n
S\u00edguese de lo anterior que, por tanto, no es elemento que sirva para distinguir esas dos especies de prescripci\u00f3n, que una y otra se apliquen s\u00f3lo a ciertas acciones derivadas del contrato de seguro o de las normas que lo regulan, esto es, que la prescripci\u00f3n ordinaria cobre vigencia \u00fanicamente en relaci\u00f3n con determinadas acciones y que la extraordinaria, a su paso, tenga cabida frente a otras. Como con claridad suficiente lo consagra el inciso 1\u00ba del precepto que se analiza, \u00abLa prescripci\u00f3n de las acciones que se derivan del contrato de seguro o de las disposiciones que lo rigen\u2026\u00bb, de todas ellas por igual, reitera la Corte \u00abpodr\u00e1 ser ordinaria y extraordinaria\u00bb. Cabe afirmar, entonces, que todas las acciones de que se trata son susceptibles de extinguirse ya sea por prescripci\u00f3n ordinaria, ora por prescripci\u00f3n extraordinaria, y que, por tanto, la aplicaci\u00f3n de una y otra de esas formas de prescripci\u00f3n extintiva depende de la persona que ejerza la respectiva acci\u00f3n o intente la efectividad de alg\u00fan derecho y de la posici\u00f3n que ella tenga en relaci\u00f3n, precisamente, con el hecho que motive la acci\u00f3n o con el derecho que persigue (\u2026)39\u201d. <\/p>\n
Los precedentes anteriormente citados, de igual modo, sirvieron de soporte al prove\u00eddo de 31 de julio de 2002, donde la Sala, de cara al an\u00e1lisis del cumplimiento de un contrato de seguro de vida, mantuvo y reiter\u00f3 la interpretaci\u00f3n conferida al art\u00edculo 1081 del C\u00f3digo de Comercio, <\/p>\n
\u201c(\u2026) consistente en que las dos clases de prescripci\u00f3n mencionadas \u201cse diferencian por su naturaleza: subjetiva, la primera, y objetiva, la segunda; por sus destinatarios: quienes siendo legalmente capaces conocieron o debieron conocer el hecho base de la acci\u00f3n, la ordinaria, y todas las personas, incluidos los incapaces, la extraordinaria; por el momento a partir del cual empieza a correr el t\u00e9rmino de cada una: en el mismo orden, desde cuando el interesado conoci\u00f3 o debi\u00f3 conocer el hecho base de la acci\u00f3n y desde cuando nace el correspondiente derecho; y por el t\u00e9rmino necesario para su configuraci\u00f3n: dos y cinco a\u00f1os, respectivamente\u201d (Sent. 19 de febrero de 2002, expediente 6011). Ciertamente que, desde esa perspectiva, la extinci\u00f3n de las acciones derivadas del contrato de seguro por medio de la prescripci\u00f3n se halla regulada \u00edntegramente en el C\u00f3digo de Comercio, lo que imposibilita sobreponer a las disposiciones de \u00e9ste las reglas que, como las de suspensi\u00f3n de los t\u00e9rminos de prescripci\u00f3n, consagra el C\u00f3digo Civil. <\/p>\n
6. Situada la Corte en la especie de este proceso, observa que los hijos del tomador del seguro, beneficiarios del mismo, eran menores de edad cuando sucedi\u00f3 el siniestro y cuando se efectu\u00f3 el reclamo a la aseguradora, de manera que respecto de ellos cabe aplicar la prescripci\u00f3n extraordinaria referida, la cual, como se dijo, cobija a \u201ctoda clase de personas\u201d; y que a la fecha de presentaci\u00f3n de la demanda, o sea el 8 de abril de 1996, hab\u00eda vencido con creces el quinquenio que establece el art\u00edculo 1081 del C. de Comercio, contado a partir del suceso ocurrido el 29 de abril de 1979, que corresponde al t\u00e9rmino de la prescripci\u00f3n extraordinaria extintiva de las acciones provenientes del contrato de seguro, el cual no se halla sometido a la suspensi\u00f3n dispuesta en materia civil (\u2026)40\u201d (Subrayado para destacar). <\/p>\n
Luego, en sentencia de 12 de febrero de 2007, esta Colegiatura precis\u00f3 que el rechazo de la reclamaci\u00f3n, no puede tenerse como referente inicial para contar el t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n ordinaria previsto en el art\u00edculo 1081 del Estatuto Comercial <\/p>\n
\u201c(\u2026) como sugiere el recurrente, porque seg\u00fan la propia norma la prescripci\u00f3n se inicia \u00abdesde el momento en que el interesado haya tenido o debido tener conocimiento del hecho que da base a la acci\u00f3n\u00bb, disposici\u00f3n que indudablemente descarta la b\u00fasqueda de una ocasi\u00f3n distinta para despuntar la contabilizaci\u00f3n del citado t\u00e9rmino de dos a\u00f1os (\u2026)41\u201d. <\/p>\n
En fallo adiado el 29 de junio de 2007, la Corte analiz\u00f3 la prescripci\u00f3n extintiva aplicable a la acci\u00f3n directa ejercida por la v\u00edctima beneficiaria de un contrato de seguro de responsabilidad civil, ubic\u00e1ndola en el hito temporal de la prescripci\u00f3n extraordinaria, por cuanto, al tratarse de una persona ajena al contrato de seguro, muchas veces no conoce siquiera de su existencia: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Por consiguiente, resulta meridiano que aun cuando los c\u00e1nones 1081 y 1131 del C\u00f3digo de Comercio deben interpretarse conjunta y articuladamente, seg\u00fan se evidenci\u00f3, tampoco es menos cierto que el segundo de ellos, al fijar como \u00fanico percutor de la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n directa de la v\u00edctima en un seguro de responsabilidad, la ocurrencia misma del siniestro, pudiendo haber tomado otra senda o camino, opt\u00f3 por la prescripci\u00f3n extraordinaria que, por contar con un t\u00e9rmino m\u00e1s amplio -cinco a\u00f1os-, parece estar m\u00e1s en consonancia con el principio bienhechor fundante de dicha acci\u00f3n que, como se\u00f1al\u00f3 en breve, no es otro que la efectiva y real protecci\u00f3n tutelar del damnificado a ra\u00edz del advenimiento del hecho perjudicial perpetrado por el asegurado, frente al asegurador, prop\u00f3sito legislativo que, de entenderse que la prescripci\u00f3n aplicable fuera la ordinaria de dos a\u00f1os, por la brevedad del t\u00e9rmino, en compa\u00f1\u00eda de otras vicisitudes, podr\u00eda verse m\u00e1s comprometido, en contrav\u00eda de su genuina y plausible teolog\u00eda. <\/p>\n
En el entendido que la prescripci\u00f3n extintiva es tema que est\u00e1 indisolublemente ligado \u2013de una u otra manera- al ejercicio efectivo de los derechos y acciones, t\u00f3rnase indispensable, a la par que aconsejable, que la Sala se detenga en algunos aspectos de la acci\u00f3n directa, relacionados fundamentalmente con su efectiva utilizaci\u00f3n por la v\u00edctima frente al asegurador, que permitir\u00e1n comprender mejor su naturaleza, caracter\u00edsticas y finalidad y, por lo mismo, establecer, en definitiva, la prescripci\u00f3n que le resulta aplicable, as\u00ed como su modus operandi, pues su esclarecimiento necesariamente incidir\u00e1 en la tem\u00e1tica referente a la prescripci\u00f3n de las acciones radicadas en cabeza de la v\u00edctima que, justamente, son materia de escrutinio en sede casacional\u201d. <\/p>\n
\u201cEn este orden de ideas, es del caso puntualizar que si se admitiera que en frente de la comentada acci\u00f3n directa la prescripci\u00f3n aplicable fuera la ordinaria, de s\u00f3lo dos a\u00f1os \u2013como lo juzg\u00f3 el Tribunal-, ese t\u00e9rmino resultar\u00eda exiguo respecto de la consecuci\u00f3n real y efectiva por parte de la v\u00edctima de la informaci\u00f3n relativa al seguro, circunstancia que deviene trascendente en la medida en que, como ya se explic\u00f3, de ella, en \u00faltimas, depende el efectivo \u2013y no ret\u00f3rico o nominal- ejercicio de la acci\u00f3n. <\/p>\n
De suerte, pues, que considerado el inequ\u00edvoco y adamantino prop\u00f3sito del legislador encaminado -recta via- a autorizar al perjudicado dirigirse en contra del asegurador, siendo connatural al ejercicio de dicha acci\u00f3n la satisfacci\u00f3n, voluntaria o forzada, del deber de informaci\u00f3n a que se ha hecho m\u00e9rito en esta providencia, debe igualmente concluirse que el art\u00edculo 1131 del C\u00f3digo de Comercio, modificado por el art\u00edculo 86 de la mencionada ley 45 de 1990, en que se previ\u00f3 a favor de la v\u00edctima esa puntual reforma, estatuy\u00f3 para la referida acci\u00f3n directa solamente la prescripci\u00f3n extraordinaria de cinco a\u00f1os, cuyo t\u00e9rmino, adem\u00e1s por ser m\u00e1s amplio y holgado, acompasa con el mencionado cometido legislativo y con la posibilidad de obtener la v\u00edctima del asegurador la efectiva reparaci\u00f3n del da\u00f1o que le fue irrogado por el asegurado, conforme las circunstancias. <\/p>\n
Surge paladino de las precedentes apreciaciones de \u00edndole jur\u00eddica, que ciertamente el Tribunal, al acoger la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n propuesta por la aseguradora demandada, err\u00f3 en la aplicaci\u00f3n de los art\u00edculos 1081 y 1131 del C\u00f3digo de Comercio, como quiera que para arribar a tal determinaci\u00f3n, sin parar mientes en que dicho mecanismo defensivo se propuso en frente de la acci\u00f3n directa ejercida por la parte demandante en contra de la aludida empresa, hizo actuar la prescripci\u00f3n ordinaria de s\u00f3lo dos a\u00f1os y, con tal base, coligi\u00f3 que la acci\u00f3n se promovi\u00f3 por fuera de ese bienio, contado desde cuando tuvo ocurrencia el siniestro, cuando, como con amplitud se dej\u00f3 analizado, la prescripci\u00f3n llamada a disciplinar el asunto era la extraordinaria de cinco a\u00f1os, que de haberse tenido en cuenta, a las claras, hubiere conducido a la desestimaci\u00f3n de la referida excepci\u00f3n, pues parti\u00e9ndose igualmente del momento en que se ocasion\u00f3 el da\u00f1o a la actora por parte del asegurado, se impon\u00eda colegir que la demanda fue oportuna (\u2026)42\u201d. <\/p>\n
En igual direcci\u00f3n, en prove\u00eddo de 25 de mayo de 2011, precis\u00f3 la Sala que: <\/p>\n
\u201c(\u2026) i) la prescripci\u00f3n prevista en el art\u00edculo 1131 del C. de Co., en trat\u00e1ndose de un seguro de responsabilidad civil, cuando la v\u00edctima acciona es, sin duda, de cinco a\u00f1os, o sea, la extraordinaria; ii) que, por lo mismo, la consagraci\u00f3n de dicho aspecto temporal deviene, claramente, demarcada por matices objetivos y no subjetivos; iii) esto \u00faltimo significa que el t\u00e9rmino cuenta a partir del acaecimiento del siniestro o el hecho imputable al asegurado, independientemente que lo haya conocido o no el afectado; adem\u00e1s, corre frente a toda clase de personas, inclusive los incapaces. <\/p>\n
Aflora as\u00ed mismo y de manera incontestable, que tratamiento normativo de semejante talante impone la concurrencia de un elemento imprescindible, definitivo, en verdad, para fijar el sentido de la decisi\u00f3n reclamada, como es que la v\u00edctima haya sido quien acometi\u00f3 la acci\u00f3n judicial en contra de la aseguradora, o sea, comporte el ejercicio de un accionar directo (art\u00edculos 84 y 87 de la Ley 45 de 1990); en otros t\u00e9rminos, los efectos favorables que el actor pretende derivar de la norma invocada podr\u00e1n producirse siempre y cuando la litis involucre como demandante al agredido y como demandada a la aseguradora y, por supuesto, concierna con el seguro de responsabilidad civil. No aconteciendo as\u00ed, lisa y llanamente, la disputa devendr\u00eda gobernada por disposiciones diferentes, pues es evidente que la que en esos t\u00e9rminos prescribe es la acci\u00f3n directa de la v\u00edctima contra la empresa aseguradora. O, para decirlo m\u00e1s expl\u00edcitamente, tal hip\u00f3tesis concurre en la medida en que la reclamaci\u00f3n judicial involucre a la v\u00edctima como accionante y, en la parte demandada, a la sociedad emisora del seguro (\u2026)43\u201d. <\/p>\n
Como adelante puntualizo, luego de las presentes reflexiones de los dos tipos de prescripci\u00f3n que campean en materia aseguraticia, resulta inaceptable que la Corte ahora, no case la sentencia, procediendo a confirmar la de primera instancia. El 1081 del C. de Co. y toda la doctrina que sobre la prescripci\u00f3n se ha esbozado, deja claro que la prescripci\u00f3n ordinaria esencialmente tiene que ver con las partes intervinientes en el contrato; mientras para todas las otras, resulta l\u00f3gico y coherente, deban estar cobijadas con la prescripci\u00f3n extraordinaria. Por tanto, inferir que por el hecho de que una persona sea c\u00f3nyuge, compa\u00f1ero o asignatario de un causante que intervino en un contrato tenga la calidad de parte, para hacerle valer la prescripci\u00f3n ordinaria, es un argumento aventurado e insostenible, porque el parentesco no tiene la virtualidad de transferir y tornar cognoscibles las cl\u00e1usulas y condiciones de un contrato, como el de seguro, frente al cual jam\u00e1s actuaron los herederos, c\u00f3nyuges o compa\u00f1eros. <\/p>\n
9. Del caso puesto a consideraci\u00f3n de esta Sede y la imperativa necesidad de aplicar la prescripci\u00f3n extraordinaria y no la ordinaria <\/p>\n
Siendo as\u00ed el quid de la cuesti\u00f3n, la entidad financiera era en principio quien deb\u00eda reclamar la indemnizaci\u00f3n a la aseguradora y lograr que \u00e9sta le cancelara la deuda, una vez acaecido el siniestro, esto es, a la muerte del asegurado. Su \u201cpaciencia aquiescencia, pasividad o tolerancia caus[\u00f3] de rebote un perjuicio en el patrimonio de [la] causante y a su turno en el de la herencia y sociedad conyugal44\u201d. <\/p>\n
De este modo, a las instituciones financieras, en su doble condici\u00f3n de tomador y beneficiario del seguro a t\u00edtulo oneroso, como ocurre en el presente asunto, les corresponde delanteramente, promover, las acciones pertinentes encaminadas a formalizar las reclamaciones que les permitan obtener las compensaciones que cubran los saldos insolutos de los cr\u00e9ditos adquiridos por sus deudores y agotar esa v\u00eda, previo a cualquier requerimiento y\/o al inicio de cualquier acci\u00f3n ejecutiva frente a los causahabientes o codeudores. <\/p>\n
As\u00ed lo precis\u00f3 esta Corporaci\u00f3n al se\u00f1alar: <\/p>\n
\u201c(\u2026) En efecto, al morir el asegurado-prestatario el banco prestamista y tomador- beneficiario del seguro tiene dos acciones a su favor: la ordinaria o ejecutiva, y la de cumplimiento del contrato de seguro contra la compa\u00f1\u00eda de seguros, consiguiendo, a trav\u00e9s de cada una de ellas, la misma finalidad: cobrar lo que reste de la amortizaci\u00f3n del pr\u00e9stamo (\u2026)\u201d45. <\/p>\n
De manera que, como se expuso en el subex\u00e1mine, los demandantes, \u201cdada su calidad de c\u00f3nyuge y herederos del finado deudor asegurado, se vieron en la obligaci\u00f3n de adquirir cr\u00e9ditos por valor de $1.400.000.000 con Bancolombia S.A., para pagar aquellos que figuraban a nombre del causante Ochoa Correa [y as\u00ed, evitar] ser ejecutados\u201d. <\/p>\n
Como se apuntal\u00f3, no puede pasarse por alto que el ejercicio profesional especializado de la actividad bancaria, extensivo al ejercicio de las aseguradoras, como personas jur\u00eddicas profesionales y vigiladas por el Estado, exige un celoso cumplimiento de las obligaciones precontractuales y contractuales que dicha posici\u00f3n les acarrea, entre ellas, la de responder por los deberes que tienen como tomador y asegurador, actuar de buena fe y coherentemente con los deberes de conducta que de ella derivan, en este caso particular, es evidente que Suramericana S.A. soslay\u00f3 el objeto principal del contrato de seguro, que respaldaba el cumplimiento de la obligaci\u00f3n y, en perjuicio de los derechos patrimoniales de terceros. <\/p>\n
Desde esta perspectiva, si el acreedor, exigi\u00f3 el pago de la deuda no a la aseguradora sino a los herederos del causante, sin importarle las circunstancias anotadas, estos \u00faltimos, en efecto, estaban facultados para ejercer una acci\u00f3n de responsabilidad civil en contra del primero, tras acreditar tener un inter\u00e9s evidente en el cumplimiento del contrato. <\/p>\n
En el marco del lazo obligacional aseguraticio, solo est\u00e1n legitimados para actuar como demandantes o demandados, quienes han sido parte en el contrato, sus causahabientes o las personas que han sido beneficiadas por la estipulaci\u00f3n hecha a su favor dentro del mismo. <\/p>\n
Sin embargo, como los herederos asumieron las deudas del causante, se subrogaron en las acciones del acreedor, circunstancia que como se anot\u00f3, se explica por haber sido conminados a solucionar dichos cr\u00e9ditos, por tanto, adquirieron, un derecho propio (iure proprio), directo, inmediato y personal, con repercusi\u00f3n en sus bienes hereditarios, pues se les irrog\u00f3 un detrimento patrimonial, ello les confiere una acci\u00f3n personal para exigir el cumplimiento de las prestaciones propias de la relaci\u00f3n contractual aseguraticia, as\u00ed no hayan hecho parte de esta y, al margen de cualquier consideraci\u00f3n sucesoral (iure hereditario). <\/p>\n
En el caso, en efecto se da una subrogaci\u00f3n, por cuanto hubo traslado de un cr\u00e9dito, de que es titular la entidad financiera, el cual, por fuerza de los hechos, y por virtud de la mala f\u00e9 de la entidad bancaria, debi\u00f3 ser asumido por un tercero que pag\u00f3. <\/p>\n
Hubo mala fe de la entidad bancaria porque en lugar de exigirle el cr\u00e9dito asegurado a la aseguradora, procedi\u00f3, soslayando el contrato de seguros que conoc\u00eda, a favorecer a su asociada, la aseguradora, para emprender contra los intereses de terceros la exigencia de la obligaci\u00f3n, afectando los derechos subjetivos de la parte, ahora demandante en este declarativo. Contrastada esta circunstancia con las seis hip\u00f3tesis de subrogaci\u00f3n legal que presenta el art. 1668 del C.C., esta situaci\u00f3n se subsume en el numeral \u201c(\u2026) 5. Del que paga una deuda ajena, consinti\u00e9ndolo expresa o t\u00e1citamente el deudor\u201d. <\/p>\n
Bajo estas premisas, las v\u00edctimas, son simplemente afectados en su patrimonio, dado el comportamiento asumido en forma torticera por la entidad financiera, y tomadora del seguro, al exigirles un cr\u00e9dito que se hallaba a cargo de la aseguradora, una vez acaecido el siniestro. <\/p>\n
Los actores, en su condici\u00f3n de afectados y subrogatarios, por haber pagado una deuda que no era propia, ostentaban una legitimaci\u00f3n patente para la presente acci\u00f3n. Al contar el fallecido con un contrato aseguraticio que se ven\u00eda cumpliendo y tras haber acaecido su deceso, como siniestro asegurado, correspond\u00eda al Banco demandante cobrar a la aseguradora y no a los terceros, ahora demandantes, en su condici\u00f3n de interesados en la sucesi\u00f3n del asegurado, Juan Francisco Ochoa Correa. <\/p>\n
Acaecido el siniestro, estaba entonces a cargo de la aseguradora la obligaci\u00f3n de pagar el correspondiente seguro al Banco demandado; empero, no lo hizo. El ente financiero, por su parte, tampoco hizo valer la acci\u00f3n propia dimanante del contrato de seguro; y por el contrario, de mala f\u00e9 exigi\u00f3 a quienes no eran parte del contrato, la obligaci\u00f3n crediticia. <\/p>\n
Los demandantes en este decurso declarativo, al haber solucionado el cr\u00e9dito del difunto sin corresponderles, por no formar parte de esa relaci\u00f3n obligatoria aseguraticia, sin duda, estaban legitimados para solicitar la restituci\u00f3n de lo indebidamente pagado, o para ejercer la acci\u00f3n subrogatoria contra el Banco y la aseguradora. Tras haber solucionado la deuda, emerg\u00eda para \u00e9stos un inter\u00e9s directo para subrogarse en lo pagado. <\/p>\n
Sobre legitimaciones de este talante, esta Corporaci\u00f3n asent\u00f3: <\/p>\n
El an\u00e1lisis de lo trasuntado resultaba esencial para abordar el tema aqu\u00ed planteado, por cuanto incide rectamente en la clase de fen\u00f3meno extintivo aplicable al caso. La sentencia de segunda instancia revoc\u00f3 la de primer grado al considerar prescrita la acci\u00f3n de los demandantes, al verla gobernada por la prescripci\u00f3n ordinaria de 2 a\u00f1os, como si fueran partes del contrato de seguro, cuando lo pertinente era aplicar la prescripci\u00f3n extraordinaria de cinco a\u00f1os. <\/p>\n
Mem\u00f3rese, la prescripci\u00f3n de las acciones derivadas del contrato de seguro, est\u00e1 prevista en el r\u00e9gimen general, del art\u00edculo 1081 del C\u00f3digo de Comercio que alude a la prescripci\u00f3n ordinaria y a la extraordinaria; la primera, de dos a\u00f1os comput\u00e1ndose desde el momento en que el interesado haya tenido o debido tener conocimiento del hecho que da base a la acci\u00f3n; y, la segunda, de cinco a\u00f1os, la cual correr\u00e1 contra toda clase de personas y empezar\u00e1 a contarse desde el momento en que nace el derecho. <\/p>\n
Era esta \u00faltima prescripci\u00f3n, de cinco a\u00f1os, la \u00fanica admisible, acudiendo a la interpretaci\u00f3n arm\u00f3nica y sistem\u00e1tica, por cuanto, como se expuso, la c\u00f3nyuge sobreviniente y los hijos del causante, son ajenos al contrato de seguro y en el fondo, su inter\u00e9s se circunscribe a exigir que la aseguradora pague lo que debe. Por ello, en casaci\u00f3n la Sala, adoctrin\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) situada la Corte en la especie de este proceso, observa que los hijos del tomador del seguro, beneficiarios del mismo, eran menores de edad cuando sucedi\u00f3 el siniestro y cuando se efectu\u00f3 el reclamo a la aseguradora, de manera que respecto de ellos cabe aplicar la prescripci\u00f3n extraordinaria referida, la cual, como se dijo, cobija a \u00abtoda clase de personas\u00bb; y que a la fecha de presentaci\u00f3n de la demanda, o sea el 8 de abril de 1996, hab\u00eda vencido con creces el quinquenio que establece el art\u00edculo 1081 del C. de Comercio, contado a partir del suceso ocurrido el 29 de abril de 1979, que corresponde al t\u00e9rmino de la prescripci\u00f3n extraordinaria extintiva de las acciones provenientes del contrato de seguro, el cual no se halla sometido a la suspensi\u00f3n dispuesta en materia civil (\u2026)47. <\/p>\n
En el caso, si la viuda y los herederos no fueron parte en la relaci\u00f3n aseguraticia, por consiguiente, la prescripci\u00f3n llamada a disciplinar el caso era la extraordinaria, en cuanto demanda del transcurso de cinco (5) a\u00f1os contados a partir de la consolidaci\u00f3n del derecho, siendo oponible contra toda persona, incluidos los incapaces. Quienes son ajenos al convenio, muchas veces ni siquiera conocen de su existencia, situaci\u00f3n que deviene, claramente, demarcada por matices objetivos y no subjetivos, en pro de la protecci\u00f3n de las prerrogativas de los recurrentes. <\/p>\n
En efecto, ense\u00f1a el art\u00edculo 1081 del C\u00f3digo de Comercio que, \u201cLa prescripci\u00f3n ordinaria ser\u00e1 de dos a\u00f1os y empezar\u00e1 a correr desde el momento en que el interesado haya tenido o debido tener conocimiento del hecho que da base a la acci\u00f3n\u201d, con car\u00e1cter subjetivo; mientras que para la extraordinaria, con linaje objetivo indiscutido, se\u00f1ala que \u201c(\u2026) ser\u00e1 de cinco a\u00f1os, correr\u00e1 contra toda clase de personas y empezar\u00e1 a contarse desde el momento en que nace el respectivo derecho\u201d, permitiendo colegir siguiendo las pautas de la propia Sala, que \u201c(\u2026) la aplicaci\u00f3n de una y otra de esas formas de prescripci\u00f3n extintiva depende de la persona que ejerza la respectiva acci\u00f3n o intente la efectividad de alg\u00fan derecho y de la posici\u00f3n que ella tenga en relaci\u00f3n, precisamente, con el hecho que motive la acci\u00f3n o con el derecho que persigue\u201d48. <\/p>\n
En la providencia arriba citada, y ahora nuevamente recordada, compendi\u00f3 en el a\u00f1o 2007, la doctrina m\u00e1s relevante sobre la prescripci\u00f3n, se\u00f1alando, terminantemente que con relaci\u00f3n a una persona extra\u00f1a al contrato de seguros, como el caso de la v\u00edctima en la responsabilidad civil extracontractual por seguro de da\u00f1os, cuando ejerce la acci\u00f3n directa, el gobierno de su acci\u00f3n indemnizatoria es la prescripci\u00f3n extraordinaria de cinco a\u00f1os, no la ordinaria de dos a\u00f1os, y que como excepci\u00f3n: <\/p>\n
\u201c(\u2026) a la acci\u00f3n directa de la v\u00edctima contra el asegurador, autorizada expresamente por la Ley 45 de 1990, es aplicable \u00fanicamente la prescripci\u00f3n extraordinaria contemplada en la segunda de las disposiciones aqu\u00ed mencionadas, estereotipada por ser objetiva; que corre en frente de \u00abtoda clase de personas\u00bb, vale decir, capaces e incapaces, y cuyo t\u00e9rmino es de cinco a\u00f1os, que se contar\u00e1n, seg\u00fan el caso, desde la ocurrencia misma del siniestro, o sea, desde la fecha en que acaeci\u00f3 el hecho externo imputable al asegurado -detonante del aludido d\u00e9bito de responsabilidad\u201d49. <\/p>\n
Por consiguiente, analizando estos dos casos, y algunos otros arriba citados, salta patente que es especial el r\u00e9gimen aseguraticio. Esta postura la adopt\u00e9, por ejemplo, en el caso de las acciones indemnizatorias del 1131 del C. de Co., para se\u00f1alar que ninguna de ellas, puede estar guiada por la prescripci\u00f3n prevista en el C.C. o por vicisitudes que la vuelvan imprescriptible, para dar p\u00e1bulo a la reclamaci\u00f3n en cualquier tiempo, como lo expliqu\u00e9 en mi salvamento de voto a la sentencia de tutela CSJ. Civil, STC13948-201950, en la acci\u00f3n constitucional que formul\u00f3 Flota Occidental contra un declarativo que curs\u00f3 en el Tribunal de Antioquia, de los Urrutia contra la transportadora quejosa, donde bajo una interpretaci\u00f3n \u201csui g\u00e9neris\u201d se torn\u00f3 imprescriptible en la pr\u00e1ctica, la acci\u00f3n aseguraticia, en el caso del asegurado contra la aseguradora. <\/p>\n
Para quienes no intervienen en un contrato de seguros, como en la hip\u00f3tesis actual de la c\u00f3nyuge e hijos del asegurado en el seguro grupo deudores, no pueden estar expuestos a una prescripci\u00f3n ordinaria, ante todo, cuando ninguno de los actores fue parte en el contrato, y adem\u00e1s, se legitimaron por causa de la subrogaci\u00f3n. La Sala cambia estrepitosamente el criterio que expuso en el fallo de tutela anterior STC13958-2019, porque luego, de haber defendido que la acci\u00f3n del asegurado contra la aseguradora en relaci\u00f3n con la acci\u00f3n indemnizatoria directa donde hab\u00edan transcurrido m\u00e1s de diez a\u00f1os no era viable declarar la prescripci\u00f3n, sin embargo, ahora en un salto mortal inexplicable, aplica la prescripci\u00f3n de los dos a\u00f1os, para negarle el derecho a los demandantes. <\/p>\n
En este caso, se pasan por alto, los dos precedentes antes citados de los hijos del fallecido y el evento del 2007 para la acci\u00f3n directa de la v\u00edctima, respecto de la cual se sent\u00f3 la tesis de la prescripci\u00f3n extraordinaria, decisiones, las dos, donde se aplic\u00f3 la prescripci\u00f3n de cinco a\u00f1os, pero adem\u00e1s, se omite contemplar la singular sentencia STC13958-2019. <\/p>\n
De tal modo que el plazo extintivo en el caso, no pod\u00eda estar ligado con los dos a\u00f1os, sino con la cinco a\u00f1os, en cuanto corre contra toda clase de personas, sean capaces o con discapacidad, contabilizables desde la ocurrencia del hecho externo, identificado con la fecha cuando ocurri\u00f3 el siniestro, y dependiendo de la persona que ejerza el derecho, cuyo t\u00e9rmino, insisto, no puede ser sino el de cinco a\u00f1os, frente a quienes no son parte de un contrato, como los hijos y c\u00f3nyuge del fallecido, despuntando desde cuando ocurri\u00f3 el siniestro. No puede predicarse que el solo parentesco de consanguinidad o el v\u00ednculo matrimonial o marital los torne conocedores de las acciones de su causante, por cuanto de paso se afectan los derechos de los usuarios y asegurados, donde toda duda debe resolverse a favor de \u00e9stos. <\/p>\n
Era, por tanto, necesario acceder a las pretensiones confirmando la decisi\u00f3n de primera instancia, aplicando la prescripci\u00f3n extraordinaria para el caso juzgado. De esta manera, siguiendo los anteriores lineamientos y contrastada la foliatura, si esa era el t\u00e9rmino prescriptivo y no de dos a\u00f1os, la extinci\u00f3n extraordinaria a\u00fan no se hab\u00eda materializado, pues si Juan Francisco Ochoa falleci\u00f3 el 25 de enero de 2015 y la demanda se present\u00f3 el 5 de mayo de 2017, sin superar el quinquenio previsto en el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 1081 ejusdem, la acci\u00f3n se formul\u00f3 en tiempo, y la condena contra las demandadas deven\u00eda inobjetable, am\u00e9n de la forma fraudulenta como actuaron frente a los usuarios del sistema aseguraticio. <\/p>\n
Fecha, ut supra. <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1\u0002 Cfr. SC 19 feb. 2002, exp. 6011, SC 31 jul. 2002, exp. 7498, SC 19 feb. 2003 y SC130-2018, entre otras. <\/p>\n
2\u0002 La Corte cit\u00f3 en dicha oportunidad la sentencia de 7 de julio de 1977, G.J. CLV, p. 139. <\/p>\n
3\u0002 Sent. Cas. Civ. de 18 de mayo de 1994, Exp. No. 4106, G.J. t. CCXXVIII, p. 1232. <\/p>\n
4\u0002 GARRIGU\u00c9S, Joaqu\u00edn. Curso de derecho mercantil. Tomo IV. Bogot\u00e1: Editorial Temis, 1987. p. 258. <\/p>\n
5\u0002CSJ SC de 11 de octubre de 1995, exp. 4470 M.P. Carlos Esteban Jaramillo Schloss, citada, entre otras, en SC de 19 dic. 2009, rad. 2000-00075-01, SC 6709-015 de 28 de mayo de 2015, rad. 2000-00253-01. <\/p>\n
6\u0002 CSJ. Civil. Sentencia de 30 de junio de 2011, exp. 1999-00019-01. M.P. Edgardo Villamil Portilla. <\/p>\n
7\u0002 Citada entre otras en CSJ. Civil. Sentencia de 28 de mayo de 2015, Rad. n\u00ba 11001-31-03-031-2000-00253-0. M.P. Jes\u00fas Vall de Rut\u00e9n Ru\u00edz. <\/p>\n
8\u0002 CSJ. Civil. Sentencia de 29 de agosto de 2000, Exp. 6379. M.P. Jorge Santos Ballesteros. <\/p>\n
9\u0002 CSJ. Civil. Sentencia de 30 de junio de 2011, exp. 1999-00019-01. M.P. Edgardo Villamil Portilla. <\/p>\n
10\u0002 CSJ. Civil. Sentencia de 16 de mayo de 2011, exp. 9221-01. M.P. Ruth Marina D\u00edaz Rueda. <\/p>\n
11\u0002 \u201cArt\u00edculo 1137. Inter\u00e9s asegurable. Toda persona tiene inter\u00e9s asegurable: 1) En su propia vida; 2) En la de las personas a quienes legalmente pueda reclamar alimentos, y 3) En la de aquellas cuya muerte o incapacidad pueden aparejarle un perjuicio econ\u00f3mico, aunque \u00e9ste no sea susceptible de una evaluaci\u00f3n cierta\u201d. <\/p>\n
12\u0002 CSJ. Civil. Sentencia de 28 de julio de 1976, exp. 19769, MP, Jos\u00e9 Mar\u00eda Esguerra Samper. GJ CLII Parte II No 2393. <\/p>\n
13\u0002 CSJ. Civil. Sentencia de 29 de agosto de 2000, Exp. 6379. M.P. Jorge Santos Ballesteros. <\/p>\n
14\u0002 CSJ. Civil. Sentencia de 23 de marzo de 2004, exp. 14576. M.P. Silvio Fernando Trejos Bueno. <\/p>\n
16\u0002 CSJ. Civil. Sentencia 195 de 28 de julio de 2005, expediente 00449. M.P. Manuel Isidro Ardila Vel\u00e1squez. <\/p>\n
17\u0002 Sentencia 147 de 17 de octubre de 2006, expediente 1996-00059. M.P. C\u00e9sar Julio Valencia Copete. <\/p>\n
18\u0002 CSJ. Civil. Sentencia de 6 de julio de 2007. exp. 1999-00359-01. M.P. Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo. <\/p>\n
19\u0002 CSJ. Civil. Sentencia de 15 de diciembre de 2008, Ref. C-2001-01021-01. M.P. Jaime Alberto Arrubla Paucar. <\/p>\n
20\u0002 Cfr. Sentencia 195 de 28 de julio de 2005, expediente 1999-00449. M.P. Manuel Isidro Ardila Vel\u00e1squez. <\/p>\n
21\u0002 CSJ. Civil. Sentencia de 5 de octubre de 2009. exp. 2002-03366-01. M.P. Jaime Alberto Arrubla Paucar. <\/p>\n
22\u0002 CSJ. Civil. Sentencia de 16 de mayo de 2011, exp. 2000-09221-01. M.P. Ruth Marina D\u00edaz Rueda. <\/p>\n
23\u0002 CSJ. Civil. Sentencia de 30 de junio de 2011, exp. 1999-00019-01. M.P. Edgardo Villamil Portilla. <\/p>\n
24\u0002 Denominado en el common law como \u201cGood Faith\u201d. <\/p>\n
25\u0002 CSJ SC-19903-2017. <\/p>\n
26\u0002 El art\u00edculo 1.7 de los principios Unidroit, se\u00f1ala: \u201c(1) Las partes deben actuar con buena fe y lealtad negocial en el comercio internacional. (2) Las partes no pueden excluir ni limitar este deber\u201d. <\/p>\n
27\u0002 Para la Sala, la buena fe contractual \u201ces proceder con la rectitud debida, con el respeto esperado, es la actitud correcta y desprovista de elementos de enga\u00f1o, de fraude o aprovechamiento de debilidades ajenas\u201d. (Cas. Sentencia 105 de 9 de agosto de 2007, exp. 2000-0025; Cas. 23 de agosto de 2011, exp. No. 2002-00297-01; Cas. 2 de agosto de 2001, exp. No. 6146, citada en Cas. 16\/12\/2010. Cfr. cas. junio 23 de 1958. <\/p>\n
28\u0002 Sobre la funci\u00f3n creadora del derecho, sentencia 114 de 16 de agosto de 2007, exp. 1994-00200. <\/p>\n
29\u0002 C. de Co., Art. 2\u00b0.- \u201cAplicaci\u00f3n de la legislaci\u00f3n civil. En las cuestiones comerciales que no pudieren regularse conforme a la regla anterior, se aplicar\u00e1n las disposiciones de la legislaci\u00f3n civil. Art. 822.- \u201cAplicaci\u00f3n del derecho civil. Los principios que gobiernan la formaci\u00f3n de los actos y contratos y las obligaciones de derecho civil, sus efectos, interpretaci\u00f3n, modo de extinguirse, anularse o rescindirse, ser\u00e1n aplicables a las obligaciones y negocios jur\u00eddicos mercantiles, a menos que la ley establezca otra cosa. La prueba en derecho comercial se regir\u00e1 por las reglas establecidas en el C\u00f3digo de Procedimiento Civil, salvo las reglas especiales establecidas en la ley\u201d. <\/p>\n
30\u0002 C. de Co., Art. 871\u00b0.- \u201cLos contratos deber\u00e1n celebrarse y ejecutarse de buena fe y, en consecuencia, obligar\u00e1n no s\u00f3lo a lo pactado expresamente en ellos, sino a todo lo que corresponda a la naturaleza de los mismos, seg\u00fan la ley, la costumbre o la equidad natural\u201d. <\/p>\n
31\u0002 Para adoptar un modelo de negocio eficiente que respondiera al mercado masivo de bienes y servicios, los empresarios acogieron la elaboraci\u00f3n de contratos con condiciones homog\u00e9neas, a trav\u00e9s de los cuales se fijaron reglas uniformes o \u201cmodelos contractuales fijos, estereotipados\u201d (Rezz\u00f3nico, J., \u201cContratos con cl\u00e1usulas predispuestas, condiciones negociales generales\u201d, Astrea, Buenos Aires, 1987, pp. 130 y 131). <\/p>\n
32\u0002 Sobresale, por regla general, una desigualdad patrimonial, jur\u00eddica y t\u00e9cnica entre los contratantes, como ocurre, por ejemplo, en el contrato de seguro, y por quienes intervienen en las relaciones de derecho del consumidor. <\/p>\n
33\u0002 La posici\u00f3n dominante en la relaci\u00f3n contractual, recae en la parte fuerte de \u00e9sta, quien tiene la prerrogativa, no solo de elaborar el contenido del contrato, creando un modelo tipo o est\u00e1ndar, sino adem\u00e1s, cuenta con un mayor margen de autonom\u00eda, al decidir c\u00f3mo y con quien contratar\u00e1 seg\u00fan su esquema o modelo de negocio, en tanto que s\u00f3lo lo har\u00e1n si su contraparte, acoge el contenido contractual predispuesto por ellos (Mosset Iturraspe, J. y Soto Coaguila, C. \u201cEl contrato en una econom\u00eda de mercado\u201d, colecci\u00f3n internacional, n\u00famero 5, Pontificia Universidad Javeriana, Facultad de Ciencias Jur\u00eddicas, segunda edici\u00f3n, 2009, Bogot\u00e1 D.C. <\/p>\n
34\u0002 Por el virtual desequilibrio de las partes que ocasiona este tipo de relaci\u00f3n contractual, el Estado, a trav\u00e9s de su funci\u00f3n legislativa y judicial, fija normas imperativas, en perspectiva con las decisiones judiciales, atinentes a garantizar un m\u00ednimo de reciprocidad y justicia entre las partes, permitiendo a su vez la libre y honesta competencia en el mercado. <\/p>\n
35\u0002 CSJ. Civil. Sentencia de 3 de mayo de 2000, exp. 5360. M.P. Nicolas Bechara Simancas, reiterada, entre otros pronunciamientos, el 4 de abril de 2013. Exp. 2004-00457. <\/p>\n
36\u0002 Ministerio de Justicia, Bogot\u00e1, T.II, 1.958. <\/p>\n
37\u0002 CSJ. Civil. Sentencia de 7 de julio de 1977. M.P. Jos\u00e9 Mar\u00eda Esguerra Samper. <\/p>\n
38\u0002 CSJ. Civil. Sentencia de 3 de mayo de 2000, exp. 5360. M.P. Nicolas Bechara Simancas, reiterada, entre otros pronunciamientos el 19 de febrero de 2002, exp. 6011; el 6 de diciembre de 2018. Rad. 2007-00217-01. <\/p>\n
39\u0002 CSJ. Civil. Sentencia de 19 de febrero de 2002, exp. 6011, M.P. Nicolas Bechara Simancas, citada, entre otros pronunciamientos, el 19 de febrero de 2013, exp. 6571. <\/p>\n
40\u0002 CSJ. Civil. Sentencia de 31 de julio de 2002, exp. 7498 <\/p>\n
41\u0002 CSJ. Civil. Sentencia de 12 de febrero de 2007, exp. 1999-00749-01, M.P. Edgardo Villamil Portilla. <\/p>\n
42\u0002 CSJ. Civil. Sentencia de 29 de junio de 2007. exp. 1998-04690-01, M.P. Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo, reiterada, entre otros pronunciamientos, el 4 de abril de 2013. exp. 2004-00457; el 1 de diciembre de 2015. Rad. 2006-00343-01; el 6 de mayo de 2016. Rad. 2004-00032-01 <\/p>\n
43\u0002 CSJ. Civil. Sentencia de 25 de mayo de 2011. exp. 2004-00142-01, M.P. Pedro Octavio Munar Cadena. <\/p>\n
44\u0002 CSJ. Civil. Sentencia 195 de 28 de julio de 2005, expediente 00449. M.P. Manuel Isidro Ardila Vel\u00e1squez. <\/p>\n
45\u0002 CSJ. Civil. Sentencia de 22 de julio de 2015, Rad. 2009-00161-01. M.P. Margarita Cabello Blanco. <\/p>\n
46\u0002 Sentencia 195 de 28 de julio de 2005, expediente 1999-00449, M.P. Manuel Isidro Ardila Vel\u00e1squez. <\/p>\n
47\u0002 COLOMBIA, CSJ. Civil. Cas. el a del 31 de julio de 2002, M. P. Silvio Fernando Trejos Bueno, Exped. 7498. Demandante, F\u00e1tima Said De Faillace, Martha Luc\u00eda y Carmelo Faillace Said contra la compa\u00f1\u00eda de Seguros Bolivar S. A. <\/p>\n
48\u0002 COLOMBIA, CSJ. CIVIL. CAS. del 19 de febrero de 2002, M. P. NICOL\u00c1S BECHARA SIMANCAS, exped. 6011. Demandantes, Compa\u00f1\u00eda Agr\u00edcola de Seguros S.A., Seguros La Andina S.A e Interamericana Compa\u00f1\u00eda de Seguros Generales S.A. <\/p>\n
50\u0002 COLOMBIA, CSJ. Civil. Cas. del 11 de octubre de 2019, Rad. 2019-02764-00 de Flota Occidental S.A. contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioqu\u00eda M. P. Octavio Augusto Tejeiro Duque. <\/p>\n
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SC4904-2021 (2017-00133-01) OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE Magistrado Ponente SC4904-2021 Radicaci\u00f3n n\u00b0 66001-31-03-003-2017-00133-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de diez de junio de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., cuatro (4) de noviembre de dos mil veintiuno (2021). Decide la Corte el recurso de casaci\u00f3n formulado por la parte […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[42],"tags":[],"class_list":["post-59119","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-noviembre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/59119","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=59119"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/59119\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=59119"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=59119"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=59119"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}